Wanda Nara publicó en sus redes sociales un video en el que su nuevo novio, Martín Migueles, se mostraba acariciando a una de sus hijas mientras descansaba. Si bien la empresaria lo borró a los pocos minutos, su ex pareja, Mauro Icardi, lo vio y se indignó a tal punto que presentó un escrito ante el juez que tramita su causa.

Angie Balbiani mostró en Puro Show parte del escrito que realizó el propio Icardi. "Solicito urgentes medidas cautelares de protección a mis hijas, para que la progenitora se abstenga de permitir cualquier contacto físico por parte de su pareja, Martin Migueles, con aviso de suspender el cuidado", comenzó.

"Tengo la necesidad como padre preocupado y angustiado de que se cuiden los derechos y la salud de mis hijas", continuó el jugador del Galatasaray.

También se refirió a que él no pudo compartir tiempo con sus hijas y su novia, La China Suárez: "Fue usted quien me restringió el contacto de mis hijas con mi pareja, quien hoy permite que el novio de turno de la señora Nara toque indebidamente a mi hija".

Icardi no dudó en mostrarse desesperado ante el juez: “Aquí lo interpelo para que dimensione la desesperación y la impotencia que me invaden, teniendo que depositar en usted todo el poder de decisión, viendo en peligro a mis hijas, que son lo más sagrado en mi vida. Actualmente veo a mi hija en un video, siendo tocada mientras duerme por el reciente novio de Nara, Martín Migueles, quien está sindicado como socio del conocido Elías Piccirillo, actualmente preso”.

Mauro Icardi protagoniza un nuevo escándalo luego de que se conociera que Maxi López se presentó en la Justicia para pedir que el delantero del Galatasaray no pueda tener acceso, de ningún tipo, con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López.

Según especificó el documento presentado ante el juzgado de San Isidro, se habla de una “medida cautelar de prohibición, acercamiento, comunicación, difusión y contacto alguno de Mauro Icardi" con sus hijos.

De esta forma, trascendió el monto millonario que tendría que pagar Icardi de incumplir la perimetral: "Para que el demandado ante cada incumplimiento tenga que abonar a través de una cuenta judicial en este juzgado, la suma de 50 mil dólares”.

Además, el documento “prohíbe la difusión de todo lo vinculado entre el delantero del Galatasaray y los hermanos López en cualquier tipo de red social”, según relató Daniel Fava en A la tarde.

Por ello, el futbolista deberá abonar 50 mil dólares por cada incumplimiento. Es decir, por cada foto o por cada mensaje que le mande a los menores.

Dos hombres y una mujer fueron imputados este viernes por el juez federal Reinaldo Rodríguez por delitos vinculados con el narcotráfico. A los tres, además, se les dictó la prisión preventiva. Ella, por otra parte, cumplía de manera domiciliaria una condena provincial por homicidio calificado, por lo que ahora se le revocó el beneficio. Los tres fueron arrestados esta semana en la ciudad de Santa Fe, en distintos operativos vinculados entre sí que terminaron con el secuestro de medio kilo de cocaína y más de 38 kilos de marihuana. 

La audiencia se desarrolló en los tribunales de la capital provincial durante la mañana y en ella los fiscales del caso, los doctores Gustavo Onel y Gastón Theler (coadyuvante), relataron los detalles de los procedimientos que llevaron a los arrestos.

Así, contaron cómo a la medianoche del martes el acusado David Pauletti abordó un remís para llegar hasta un domicilio de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en Obispo Boneo al 2800. Este hombre entró a la casa y salió con una mochila que no tenía antes. Nuevamente abordó el coche de alquiler y le indicó al chofer que se dirigiera al sur. Como al hombre no le gustó el lugar señalado, comenzó entonces una fuerte discusión que llevó al conductor a apretar el botón antipánico.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico que recorría la zona llegó casi de inmediato adonde estaba estacionado el remís, en la esquina que forman las calles Jujuy y Doctor Zavalla. Los uniformados requisaron al pasajero y en su mochila encontraron medio kilo de cocaína. El sospechoso fue esposado en el acto.

Por este hallazgo, rápidamente dieron aviso a la fiscalía federal. Los funcionarios del Ministerio Público actuaron con la misma celeridad y pidieron que sean allanadas dos propiedades vinculadas a Pauletti, ante la presunción de que allí pueda haber más estupefacientes.

En el domicilio del hombre, en Santo Tomé, no encontraron nada, pero en el de Obispo Boneo al 2800, en barrio Belgrano de la capital provincial, personal de la Policía de Investigaciones tropezó con un freezer lleno de ladrillos de marihuana compactada. La balanza arrojó un peso total de 38,5 kilogramos.

Como resultado de ese procedimiento, se detuvo a Paula González y Joaquín Sanabria, que vivían en el lugar. Luego, se percataron de que la mujer cumplía de manera domiciliaria una condena a 15 años de prisión por homicidio calificado.

Ante el juez de Garantías, el MPF solicitó que se dicte la prisión preventiva por 90 días para los tres involucrados, mientras se llevan adelante una serie de medidas con el objetivo de profundizar la investigación.

A la hora de fundamentar el pedido, la fiscalía tuvo en cuenta el riesgo de fuga, la seriedad y gravedad de la conducta llevada adelante por los imputados, el peligro que implicaba semejante cantidad de droga para la salud pública y la presunción de que los tres manejaban sumas de dinero considerables.

También valoró que la calificación de los hechos no permitiría, en el caso de una eventual condena, un cumplimiento condicional, ya que los delitos atribuidos conllevan a penas de entre 4 y 15 años de prisión.

A Pauletti se lo acusa de tenencia con fines de comercio de la cocaína mientras que a Sanabria y a González se los señala como responsables del almacenamiento de la marihuana.

En el final de la audiencia, el juez Rodríguez formalizó la imputación e hizo lugar tanto al encarcelamiento preventivo de los acusados como a las medidas requeridas por la Unidad Fiscal: apertura de cinco teléfonos y peritaje de las drogas, entre otras.

La Asociación de clínicas, sanatorios y hospitales privados (Aclisa) presentó un amparo contra la decisión del gobierno nacional, sostiene que el decreto es inconstitucional y solicitó una medida cautelar

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el decreto de necesidad y urgencia 841/2020, que estableció el pago de un bono de hasta $24.000 para trabajadores con salarios netos inferiores a los $185.859, y solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad. Es decir que sus asociados no estén obligados a abonarlo.

Según el escrito que presentó el estudio Escuti y recayó en el juzgado federal N°1 de Córdoba, el decreto sería inconstitucional porque el poder ejecutivo “carece de facultades para legislar en la materia referida” y tiene “su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio estado en materia económica”.

Bono de fin de año de $ 24.000 para trabajadores privados:¿es obligatorio el pago?

En el mismo sentido, tampoco existiría la urgencia e imprevisibilidad requerida, además de que implicaría “una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales, tanto de orden nacional como provincial y sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra el sector de la sanidad”.

“Es decir, existe no solo un severo agravio económico, de carácter enorme, que por su notoriedad y arbitrariedad que conspira contra la más elemental noción de seguridad jurídica, entendida esta en el contexto jurídico de un Estado de Derecho si no además una imposibilidad material de afrontar el pago inconstitucionalmente decretado”, agregaron.

Por último, solicitaron que, hasta tanto se resuelva la acción, se suspenda la aplicación del decreto respecto de Aclisa y se notifique al Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.

Aclisa nuclea a la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Córdoba y sus asociados dan prestaciones de salud de todo tipo (consultas, guardias, terapias, cirugías, transplantes, tratamientos oncológicos, etc.).

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A lo largo de esta semana se conocieron distintos planteos de entidades en contra del bono. El lunes fue el caso de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que se prorrogue y ayer se sumó la Confederación de Pymes Constructoras que le mandó una carta a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Allí planteó la imposibilidad de cumplimiento material y objetiva de la retribución no remunerativa “por ser arbitraria y por ende, ilegítima”.

El escrito menciona que el 2 de diciembre pasado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (Faec) resolvieron reabrir y complementar los acuerdos paritarios de mayo y septiembre previéndose aumentos escalonados para diciembre de este año, enero, febrero y marzo de 2023. “Dichos porcentajes posicionan al sector con una variación interanual que significa un incremento de sueldo del obrero de la construcción en un 105% sobre marzo de 2022. Es decir que el sector previó con anterioridad al dictado del DNU 841/2022 la necesidad de un ajuste salarial”, alegan.

Según la Confederación, de lo anteriormente mencionado, surge claramente que la asignación no remunerativa de $24.000 establecida por el artículo 1 del decreto “no es de aplicación para el sector que nuclean y ello por cuanto dicho importe queda absorbido por los ajustes pactados en la paritaria del mes de diciembre/2022″.

En concreto, el texto del decreto dice que la asignación no remunerativa prevista podrá ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023, lo que lleva a distintos actores a blandir el argumento de la validez que tendrían las reaperturas de paritarias en ese período.

Pero, según fuentes del Ministerio de Trabajo, esto será un foco de discusión a futuro. “Eso se hablará en cada revisión paritaria. En la revisión, la parte empresaria podrá esgrimir eso y la parte trabajadora lo discutirá y dirá que un bono es una suma no remunerativa y que eso no es parte del salario a negociar”, dijeron.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que desde la entidad venían alertando sobre las implicancias que tendría la determinación unilateral del bono. “En el caso del sector privado el camino es el de la negociación colectiva y, si hubiera otro tipo de acuerdo, debe ser con la participación de los actores. No fuimos consultados por el bono, ni por las características y no compartimos ni la necesidad ni la conveniencia de establecerlo. Destacamos que iba a generar superposiciones e interferencias con lo pautado en los propios convenios, perturbando las escalas más bajas y generando expectativas en otros eslabones de la cadena”, explicó.

“Por todo ello, no nos sorprende lamentablemente que ahora se evidencien los problemas que destacamos porque la interferencia de la voluntad estatal sin respetar el ámbito de la negociación colectiva primero crea dudas en cuanto a la propia realidad de la negociación colectiva, obliga a establecer cláusulas de pagos a cuenta o absorciones para evitar estas superposiciones y, finalmente, en el caso de las pymes, obliga a pagos que están fuera de la realidad de muchos sectores. Una vez más, la imprevisibilidad se impone sobre la previsibilidad”, agregó.

En el Ministerio de Trabajo adelantaron que esperan que la semana próxima empiecen a llegar reclamos aislados de trabajadores “tal vez fuera de convenio o sueltos” a los que no se les haya depositado el bono en diciembre.

El Juzgado Civil 74 le ordenó a Matías Morla no utilizar la imagen de Diego Maradona para la firma de nuevos contratos luego de la muerte del astro.

Se trata de una medida cautelar iniciada por Dalma y Gianinna Maradona en medio de la disputa entre las hijas del astro y Morla por la utilización de la imagen, y tiene el fin de prohibir la utilización de imagen, la voz, el nombre y los pseudónimos de Maradona. Es para los nuevos contratos que se firmaron posterior a su muerte, el 25 de noviembre del 2020 en el barrio San Andrés de Tigre.

Las hijas de Maradona recalcaron que ellas fueron consideradas herederas en un expediente judicial que tramita en la Justicia de La Plata. Para ellas, Morla se apropió de la utilización de la marca.

En ese sentido, hicieron saber al juez que a través de la firma Sattvica se autorizó al uso de la marca Maradona en distintos contratos, entre ellos uno con la provincia de Corrientes. Todo posterior a su muerte.

El juzgado, por otra parte no hizo, lugar al embargo de los saldos pendientes de pago.

El juez fundó su decisión en el derecho marcaría y dictó una medida cautelar. Tras tomar su decisión y en el mismo fallo, el juez se declaró incompetente y giró el expediente a la Justicia federal en lo civil y comercial, por lo que Morla podrá apelar a la Cámara.

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, dictó una cautelar para frenar el pago de un bono de $15.000 a artistas por el programa Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria. La decisión de la jueza que fue comunicada al Ministerio de Cultura es que el subsidio se pague después de las elecciones del 14 de noviembre próximo.

La presentación la hizo un apoderado del PRO, Santiago Alberdi, pues concluyó que el programa tiene la intención de “condicionar el voto de las personas beneficiarias del subsidio no reembolsable ‘Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria’ del Ministerio de Cultura de la Nación”. El programa contemplaba la entrega de un quinto pago de hasta $15.000 pagadero en octubre, a artistas y trabajadores de la cultura.

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Por eso la jueza hizo saber al ministro de Cultura, Tristan Bauer, de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1561/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo.

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En su fundamento, la jueza dijo que el pago del subsidio “podrían significar una violación a los derechos establecidos por la normativa vigente”. Días atrás, la jueza ya había frenado el pago en plena campaña del programa Más Cultura Joven, destinaba a jóvenes de bajos recursos entre 18 y 24 años.

Una de las asistentes a la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos al principio de la pandemia, obtuvo una medida cautelar que obliga al dueño de un portal a quitar tres artículos en los que se alude a ella como “el gato” o “la amante del Presidente”.

Se trata de la modelo Sofía Pacchi, amiga y colaboradora de Fabiola Yáñez y una de las comensales en su celebración de cumpleaños, quien demandó judicialmente a Mario Rubén Casalongue, titular del sitio de internet “Agencia Nova”.

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La jueza penal, contravencional y de faltas María Alejandra Doti le ordenó a Casalongue “la baja, bloqueo y desindexación de las publicaciones que obran en el sitio, efectuadas los días 3 y 5 de agosto de 2021”, referidas a Pacchi.

La medida cautelar fue impulsada por la abogada Paula Ojeda, quien representa a la modelo, cuyo nombre real es “Severina Sofía Elizabeth Pacchi”.

“La Agencia Nova comenzó a realizar sistemáticamente diversas publicaciones atacando a mi persona, con un claro mensaje agraviante, hostigante, discriminatorio y con imágenes de mi persona sin la debida autorización”, denunció Pacchi ante la Justicia porteña.

En ese sentido, advirtió sobre “destratos claramente discriminatorios” e “información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias”.

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Los artículos publicados llevaban por título “Los secretos del Presidente. Entre todos le pagamos 85 mil pesos de sueldo al gato de Alberto Fernández”, “Conocé a la supuesta amante del Presidente como Dios la trajo al mundo” y “Sofía Pacchi, la amante de Alberto que aumenta su billetera junto a su pareja asiática a costa de visitas a Olivos”.

Pacchi invocó la violación a los artículos 70 –discriminación-, 74 – difusión no consentida de imágenes íntimas– y 75–hostigamiento digital– del Código Contravencional porteño, “en un contexto de violencia de género simbólica, según lo establece la Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.

La novedad fue confirmada por Mónica Lobos, abogada que patrocina a este particular. La letrada aseguró que la mujer gestante ya fue notificada por la Justicia.

La Sala III de la Cámara Civil -conformada por los jueces Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Noguera Ramos y Sergio Rodríguez- avaló la cautelar presentada por un sanjuanino para que su pareja no aborte. Esta resolución llegó luego de que los abogados defensores de este particular apelaran el fallo desfavorable que obtuvieron en primera instancia cuando la jueza Amanda Días del Juzgado N.º 11 decidió rechazar el pedido por errores procedimentales.

“Es una gran noticia porque protege los derechos esenciales de un papá que simplemente representa a su hijo por nacer y que quiere ejercer la responsabilidad parental”, precisó a DIARIO HUARPE Mónica Lobos, abogada del interesado. “Estamos muy contentos con esta primera medida”, agregó.

La letrada contó que apeló la primera resolución de la magistrada Días porque consideró que “no hubo una valoración de la prueba” y que se “desacreditó la labor profesional en vez de abocarse a analizar el caso conforme a la ley procesal”. Este sábado la Cámara Civil avaló el pedido recurrido y dictó la medida de protección del embarazo.

Lobos contó que la mujer gestante ya fue notificada de la medida judicial por lo que deberá proteger el embarazo. La abogada del sanjuanino contó que tras analizar varios informes de clínicas y sanatorios en ninguno consta que la mujer se haya sometido a la interrupción del embarazo.

“El embarazo continúa adelante. Se presentaron tres oficios en los cuales se acreditaba que en ninguno se había autorizado la práctica abortiva. Constaba la existencia de la vida del niño por nacer, como también el peligro de la demora porque estaba el pedido de aborto. Tanto el Sanatorio Argentino como el Ministerio de Salud confirmaron que la práctica no había sido realizada”, puntualizó Lobos.

Luego de esta resolución se vendrá un “proceso urgente” para la protección del niño por nacer y del padre, según manifestó la abogada. “El padre quiere ejercer la responsabilidad legal en cuanto a su hijo”, explicó Lobos. En el marco de la investigación, la pareja del interesado tiene un embarazo aproximado de entre 11 a 12 semanas, es decir, que según la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estaba dentro de los plazos establecidos para concretar el aborto, si es que ella decidía ponerle fin a este proceso gestacional.

“Marcará un antecedente”Lobos consideró que esta resolución, sin dudas, “marcará un antecedente en el país”. “Ya está marcando un antecedente no tan solo en nuestra provincia que sigue en vilo a más de una semana y media, sino que en todo el país porque es un padre que pide solamente la protección de su hijo por nacer y la responsabilidad parental”, manifestó.