El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que se hagan pericias oficiales sobre los originales de los cuadernos 4,7 y 8 atribuidos a Oscar Centeno, anotaciones por la que se inició la megacausa de corrupción conocida como “Los cuadernos de las coimas”.

La Justicia busca determinar si los cuadernos “pertenecen o no a un mismo puño escritural”, entre otros objetivos, a partir de la denuncia del empresario Armando Loson, que está imputado en la causa y acusa que hay “gravísimas irregularidades” en los textos como “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas”.

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Con la pericia oficial sobre los manuscritos por los que se inició la investigación por corrupción se quiere definir además “si se aprecian sobre escritos testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación”.

El estudio debe determinar también “cuál es el contenido de las anotaciones originales donde se enmendó la palabra ‘Armando’ (por Loson, uno de los imputados), ‘Alem’ u ‘850′”.

Además de establecer si las anotaciones enmendadas con el nombre “Armando” se corresponden con las restantes grafías al igual que las que habría realizado el exchofer del exfuncionario K Roberto Baratta.

Con la pericia a los cuadernos también se quiere establecer ”si las inscripciones originales pertenecen al mismo puño escritor que las restantes grafías, así como también si se corresponden con las indubitables de Oscar Centeno”.

El pedido de hacer una pericia oficial sobre los cuadernos de Centeno surgió a partir de la denuncia penal que hizo en abril Loson, uno de los imputados en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”.

La presentación del empresario fue a partir de un peritaje privado sobre los manuscritos por el que se detectaron cerca de 1600 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre los escritos.

El empresario imputado en la causa de “Los cuadernos de las coimas” aclaró en esa presentación que “no pretendía cuestionar el contenido de la totalidad de los cuadernos” sino únicamente aquel que asegura que “lo involucra maliciosamente para implicarlo y perjudicarlo”.

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Loson es empresario, está imputado en la causa de “Los cuadernos de las coimas” y pidió que se hagan pericias sobre los cuadernos de Centeno, por los que se originó la investigación.

Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi SA, una compañía centenaria de capitales privados nacionales que acreditó en la causa que no se trata de una empresa constructora, ni proveedora del Estado y que no tuvo obra pública alguna.

Albanesi es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país.

La presentación se realizará, este lunes por la mañana, a pedido de los abogados de la ex presidenta. El actual titular de la Cámara de Diputados hablará sobre su rol como jefe de Gabinete, tal como había hecho Alberto Fernández la semana pasada.

El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará este lunes por la mañana con la declaración como testigo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El testimonio fue pedido por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Massa fue jefe de Gabinete en su Gobierno, y será por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pedido del abogado de la actual vicepresidenta Carlos Beraldi.

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Como se anunció el martes último al final de la audiencia en la que declaró el presidente Alberto Fernández, quien también fue jefe de Gabinete, la declaración comenzará a las 9.30 en el debate que se realiza de manera semipresencial.

En la sala de audiencias de la planta baja de los tribunales de Retiro estarán los tres jueces del Tribunal: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. De manera remota preguntarán las partes y el interrogatorio será iniciado por Beraldi, ya que fue quien requirió el testimonio de los ex jefes de Gabinete.

El martes pasado, declaró el jefe de Estado, quien optó por ir en persona a los tribunales federales de Retiro en una audiencia que duró casi tres horas. Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

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Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018. En la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

En ese marco se juzga además al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a Báez y al ex secretario de Obra Pública. José López, entre otros acusados.

La Cámara Federal de Casación rechazó este miércoles un recurso de “queja” de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el proceso conocido como “Causa Cuadernos”, donde está acusada como jefa de una asociación ilícita y coautora de 27 hechos de coima.

En un fallo dividido, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone -Ana María Figueroa votó en disidencia-  consideraron que el procesamiento dictado por el fallecido juez Claudio Bonadio -y confirmado por la Cámara Federal- “no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. Por lo tanto, no habilitaron la intervención de la máxima instancia de la Justicia penal y rechazaron el planteo.

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Además, destacaron que “en la presente, han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, sin que se observe la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.

“La impugnación intentada sólo revela una disconformidad con la desestimación dispuesta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia casatoria”, sostiene el fallo.

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La causa fue elevada a juicio oral y público en 2019, pero el proceso aún no tiene fecha de inicio.

La Cámara Federal de Casación rechazó volver a colocarle una tobillera electrónica de monitoreo al ex ministro de Planificación Julio De Vido para controlar su sujeción a las causas penales en las que sigue imputado, aunque actualmente está en libertad.

El Tribunal Oral Federal número 7 –que tiene a su cargo, entre otras, la Causa Cuadernos- había dispuesto que el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica le colocara el dispositivo que De Vido ya tuvo mientras cumplió prisión domiciliaria en su casa de Puerto Panal, en la provincia de Buenos Aires.

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El Tribunal 7, por orden de la Cámara de Casación, había dispuesto la excarcelación de De Vido el 13 de diciembre de 2019, pero la libertad no se hizo efectiva pues estaba con prisión domiciliaria por otra causa relacionada con presuntas irregularidades en la explotación de la mina de carbón de Río Turbio.

En marzo de 2020, De Vido fue excarcelado también en ese expediente, por lo que recuperó la libertad.

Pero el Tribunal de la Causa Cuadernos intentó hacer valer las medidas de sujeción al proceso que había dispuesto con anterioridad, entre ellas “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; presentarse ante el Tribunal en forma mensual; la prohibición de salir del país sin autorización previa; la entrega del pasaporte y la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS”.

La defensa de De Vido, a cargo de los penalistas Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló la medida y ahora la Casación, con las firmas de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, entendió que la decisión de volver a colocarle la tobillera no está fundamentada.

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Por ello, anuló ese fallo y ordenó el dictado de uno nuevo, explicando por qué De Vido debe ser nuevamente controlado por un dispositivo satelital, sobre todo porque desde que recuperó la libertad su conducta no ha ameritado una medida de esa naturaleza.

“La resolución puesta en crisis presenta aspectos que resienten su motivación y que por ello la descalifican como acto jurisdiccional válido”, dijeron los jueces.

“La decisión cuestionada contiene una fundamentación insuficiente para cumplir con el estándar necesario de fundamentación exigido”, añadieron los jueces al devolver el expediente al tribunal oral.

En su fallo dos de los tres camaristas desestimaron los planteos de las defensas para declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido e invalidar los dichos de quienes fueron aceptados como imputados colaboradores en la investigación.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes por mayoría la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la llamada “Causa Cuadernos”, al rechazar recursos de las defensas de procesados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

En un fallo de 200 carillas al que tuvo acceso Télam, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos de las defensas para declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido e invalidar los dichos de quienes fueron aceptados como imputados colaboradores en la investigación.

Los argumentos

Los jueces, con la disidencia de la tercera camarista Ana María Figueroa, consideraron que será en la etapa de un futuro juicio oral donde “con la amplitud probatoria propia del debate, serán dirimidos todos los planteos que puedan surgir para el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales”.

“Es menester reiterar que la alegada defectuosa registración de las declaraciones recibidas en el marco del acuerdo de colaboración -art. 6 de la Ley 27304- no afecta la validez del acto en sí”, consideró el fallo al rechazar planteos vinculados a la falta de registro fílmico o de audio de esas confesiones.

Sin embargo, los jueces sí advirtieron que la falta de registro de las declaraciones de los imputados colaboradores “podría incidir, en su caso, con mayor o menor intensidad en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados”.

En la investigación está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de De Vido, entre otros exfuncionarios de su gobierno y empresarios vinculados a la obra pública además del arrepentido Oscar Centeno, entre otros.

Todos fueron enviados a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho.

El voto en disidencia

En su voto minoritario, la camarista Figueroa consideró que debía dictarse la nulidad de las declaraciones de todos los imputados colaboradores en el marco de la ley 27304, del Arrepentido, por “violación al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa” y por las “deficiencias procesales” en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Germán Castelli prepara el juicio por los cuadernos de las coimas.

El juez Germán Castelli, pidió a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de per saltum, que frene el intento del kirchnerismo de trasladarlo del tribunal que ocupa. Y denunció que el oficialismo busca sacarlo “de manera ilegal” del tribunal oral porque debe juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en tres expedientes por casos de corrupción, incluido el caso de los cuadernos.

“La actual vicepresidenta de la Nación registra distintos procesos en trámite por la supuesta comisión de graves delitos que habría cometido al amparo del poder ejercido como Presidenta de la Nación en otra gestión de Gobierno. (…) La maniobra ilegal aquí comunicada, tendría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos”, escribió Castelli. Y recordó que el presidente Alberto Fernández dijo que Cristina Kirchner era inocente en esos procesos. De esa forma, Castelli vinculó al Presidente con maniobra.

El caso de Castelli se suma al de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que ya habían planteado mediante un recurso similar que la Corte se aboque de inmediato a su caso y frene los traslados que se están tramitan en el Senado.

El caso de Castelli es similar al de Bruglia y Bertuzzi, pues es un juez federal trasladado a otro tribunal federal. Para el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura, a pesar de ser un traslado horizontal a un tribunal de la misma materia y competencia similar debe contar con un nuevo acuerdo del Senado.

Castelli, al igual que lo habían hecho Bruglia y Bertuzzi, recurrió a la justicia contencioso administrativo federal para que frene su traslado, pero en primera instancia le dijeron que no.

Ahora, Castelli fue directamente ante la Corte en un recurso de per saltum o salto de instancia. Se trata de un recurso que se saltea la Cámara de Apelaciones y pretende una respuesta de la Corte ante un peligro inminente de ser trasladado.

La Corte, por ahora, analiza los recurso de Bruglia y Bertuzzi en este sentido y aún no se pronunció sobre su admisibilidad o no, lo que es interpretado como una buena noticia por los jueces que promovieron el caso.

Castelli pidió a la Corte que declare admisible el recurso y dicte una medida cautelar urgente para evitar su traslado. En 39 carillas le dijo a la Corte que su intervención está justificada por la “notoria gravedad institucional del caso”, que podría ser víctima de una “remoción encubierta” del tribunal oral que integra y que, por lo tanto, el conflicto se proyecta sobre el “interés general”, pues compromete principios constitucionales y tratados internacionales.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi también resisten sus trasladosLos camaristas Bruglia y Bertuzzi también resisten sus traslados El juez dijo que desde su traslado de un tribunal oral federal de San Martín a un tribunal similar de Capital fue posibilitado porque intervinieron funcionarios y organismos durante las gestiones de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri sin que hubiera objeciones y que tampoco las hubo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Incluso expresó que la Corte dictó dos acordadas, la 4 la 7 de 2018, que avalaron designaciones similares a la suya propia, en el caso del camarista Bruglia, por ejemplo, que es cuestionado ahora por el mismo motivo.

Al enumerar los antecedentes del caso, mencionó que es nula la decisión del Consejo de la Magistratura por el cual se cuestionó su traslado y dijo que esa facultad no es ni del Poder Legislativo ni del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.

El juez terminó argumentado que se trata de una maniobra del oficialismo para sacarlo del tribunal donde están radicadas cuatro causas contra el kirchnerismo. Dijo que fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz quien impulsó su traslado y que fue analizado en el Senado, presidido por Cristina Kirchner y donde el oficialismo tiene mayoría.

Massa citó a la oposición a una reunión para destrabar el conflicto en la Cámara de Diputados Castelli afirmó que “la maniobra ilegal aquí comunicada, tendría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos” Y enumeró:

1) El caso de los cuadernos: “causa N° 9.608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros 19 s/asociación ilícita”, en la que se investigan las presuntas entregas de dinero – cohechos- efectuadas por distintos empresarios, que habrían sido anotadas por Oscar Bernardo Centeno, como así también la presunta actividad recaudatoria ilegal llevada a cabo desde las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo Nacional en el período comprendido entre 2003 y 2015 – asociación ilícita-. Recibida en el Tribunal el 20/9/2019.

2) Subsidios en el trasporte: “causa N° 13.820/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet s/asociación ilícita”, en la que se investigan hechos vinculados a presuntos pagos ilícitos efectuados a funcionarios con relación al otorgamiento de subsidios a empresas concesionarias de transporte – METROVÍAS S.A., FERROVÍA S.A. e HIDROVÍA S.A.- por parte del Estado Nacional -a través de la Secretaría de Transporte-, dentro del ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Según la base fáctica atribuida en la etapa anterior, la maniobra endilgada habría consistido en el presunto pago indebido a funcionarios por parte de los empresarios titulares de las concesiones de servicios de transporte ferroviario, de un porcentaje de los subsidios recibidos del Estado. Recibida en el Tribunal el 25/9/2019.

3) Dádivas en obras públicas: “causa N° 13.816/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ cohecho y aceptación de dádivas”; desprendimiento del expediente N° 9.608/2018, en la que se imputa que la presunta asociación ilícita allí investigada habría también operado en el rubro específico de la obra pública civil. Recibida en el Tribunal el 14 4/2/2020.

4) Fraude al estado: “a) causa N° 832/2016 (N° Int. 190), caratulada “Daura, Katya Soledad, Desmarás, Héctor Raúl – partícipe necesario-, Enrici, Mario – partícipe necesario- s/ peculado – art. 261, segundo párrafo del Código Penal-“; y su acumulada: b) causa N° 7992/2016 (N° Int. 195/190), caratulada “Daura, Katya Soledad; Parrilli, Oscar Isidro; Nkirjak, Matías Ariel -partícipe necesario-; y Grosman, Javier Alberto -partícipe necesario- s/ defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público -art. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7° del CP-“. Ambas ingresaron al Tribunal el 22 14/6/2018.

Con estos antedentes, Castelli aseguró:” el suscripto es juez natural de diversos procesos seguidos a la señora Vicepresidenta de la Nación, respecto de los cuales, el Presidente de la Nación se ha pronunciado públicamente acerca de su inocencia, en uso de su derecho de libertad expresión. Y que ha sido su representante en el Consejo de la Magistratura, quien originó el trámite de remoción encubierta del suscripto, que luego el mismo Poder Ejecutivo trasladó al Senado de la Nación y que de prosperar, tendría como consecuencia que el suscripto deje de ser juez natural de esos procesos”.

Por eso pidió a la Corte que admita su recurso y que dicte una medida cautelar para evitar su traslado.

El ex secretario de Obras Públicas José López prestó su consentimiento para qué parte de los 9 millones de dólares que le secuestraron hace cuatro años en un convento sean entregados al hospital Garrahan para comprar insumos para luchar contra el coronavirus.

Así lo expresó mediante una carta de puño y letra que envió al tribunal oral Federal número uno que lo condenó a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito y dispuso el decomiso de los 9 millones de dólares.

“Sobre esto quiero expresar que manifiesto mi consentimiento expreso pero con la salvedad que esta disposición anticipada no perjudique mi defensa ni en esta causa ni en el caso “cuadernos””, expresó en la carta a la que accedió NA.

“Aclara todo esto porque el tribunal está disponiendo de estos fondos de manera sorpresiva y sin que la sentencia condenatoria esté firme”, explicó López.

Lo jueces dispusieron que 1.275.700 pesos y 1.988.139 dólares a favor del hospital Garrahan y dispuso que el dinero sea liberado desde el Banco Central donde está resguardado.

José López fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la tenencia de esos casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez a mediados de 2016.

Junto con la sentencia el Tribunal dispuso decomisar su dinero para entregar en partes iguales al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez, pero la sentencia no estaba firme y por eso no se había ejecutado.

Pero a raíz de la pandemia por el coronavirus y la situación de emergencia, sumado a la necesidad de los hospitales en tener recurso, es que el Tribunal dispuso sea entregado.

Cristina Kirchner está procesada en la causa de los cuadernos de las coimas y tenía dictada una prisión preventiva en este casoCristina Kirchner está procesada en la causa de los cuadernos de las coimas y tenía dictada una prisión preventiva en este caso.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la prisión preventiva dictada contra Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Sigue vigente, no obstante, su procesamiento en este caso.

La decisión fue tomada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que sostuvieron que no se habían verificado los peligros de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Sin estos riesgos procesales no corresponde la prisión preventiva.

Los jueces no se pronunciaron sobre la cuestión de competencia que les habían planteado sus colegas de la Sala III de la Casación, que hoy sostuvieron que era otra la sala que debía intervenir en esta causa. Ante la consulta de LA NACION, fuentes del tribunal dijeron que no habían recibido notificación alguna que les quitara la competencia.

La prisión preventiva de Cristina Kirchner había sido dispuesta por el juez Claudio Bonadio, que fue también quien la procesó y la envió a juicio oral por este caso. La detención nunca se hizo efectiva por los fueros que impiden su arresto.