Wanda Nara declaró como testigo en la causa en la que se investiga a su ex abogado Nicolás Payarola por presuntas estafas contra varios damnificados, uno de ellos, el futbolista Gonzalo Montiel.

Este lunes la conductora y mediática se presentó en la fiscalía de Benavídez y, ante la prensa, expuso "no tengo miedo de nada".

La declaración duró cerca de dos horas, pero, por el momento, no trascendió cuál fue la testimonial que brindó frente al fiscal Cosme Iribarren.

Wanda Nara declaró en la causa en la que está detenido su exabogado Nicolás Payarola: "No tengo miedo a nada, no tengo nada que ver con esto". https://t.co/6lz20YduIb pic.twitter.com/QHFZ8J3osA

La investigación judicial por presunto lavado de activos que involucra a la financiera Sur Finanzas desencadenó tres detenciones. La firma es propiedad de Ariel Vallejo, cuya cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, forma parte del contexto de la causa.

Entre los detenidos se encuentra la tesorera de la entidad, Micaela Sánchez, aprehendida durante un allanamiento llevado a cabo el jueves pasado.

Junto a Sánchez, las fuerzas de seguridad federales procedieron a la detención de su chofer y de una tercera mujer que la acompañaba en el momento del operativo.

La detención ocurrió en un galpón ubicado en la localidad de Turdera, al sur del conurbano bonaerense. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de la investigación.

Al momento de su aprehensión, la tesorera se encontraba cargando documentación y dispositivos móviles en una camioneta de marca Toyota, modelo SW4. Bajo uno de los asientos del vehículo, los efectivos hallaron cinco teléfonos celulares ocultos, además de diversas cajas con papeles.

El allanamiento fue ordenado por la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación. La pista que condujo al galpón provino de una denuncia anónima recibida por la Fiscalía. El denunciante, quien se identificó como un comerciante de 72 años de la zona, relató haber observado una inusual "mudanza" en las últimas semanas.

Detalló que varias camionetas ploteadas con la identificación de "Sur Finanzas" realizaron múltiples viajes descargando cajas en la propiedad ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11818.

Este procedimiento en Turdera se suma a una serie de allanamientos consecutivos que se han realizado a lo largo de loa últimos tres días.

Los operativos previos tuvieron lugar en sedes de la AFA, oficinas de clubes de fútbol y distintas locaciones de Sur Finanzas.

En las últimas horas, trascendió que el juez federal Luis Armella podría disponer nuevas medidas de prueba y procedimientos , a medida que avanza el análisis de la documentación incautada.

A pesar de haber recibido la condena, todavía el fallo no está firme, ya que el actor tiene la instancia de apelación. Además, tampoco iría preso si no comete otro delito durante el tiempo en el que se ejecute el plazo de la sentencia.

La situación que complicó a Halit Ergenç ocurrió en junio de 2013, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por la tala de árboles en el Parque Taksim Gezi de Estambul.

En ese momento, las multitudinarias marchas tuvieron la presencia de decenas de artistas, cantantes y actores que apoyaron el reclamo. Con el correr de los años hubo varias investigaciones de la justicia turca que dictaminaron que la agencia de prensa ID İletişim promovió que sus artistas representados vayan a esas protestas.

El escándalo creció judicialmente hasta el punto que la dueña de esta compañía, Ayşe Barım, fue arrestada y condenada a 30 años. Hay sectores de la prensa turca que aseguran que todo podría ser parte de una persecución política de grupos ligados al presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La Fiscalía General de Estambul acusó a Ayşe Barım de ser una de las planificadoras de las protestas del Parque Gezi en 2013. De acuerdo a esta entidad, la profesional de la comunicación ordenó a los artistas afiliados a su empresa a que participen de las marchas entre el 29 de mayo y el 2 de junio de aquel año.

¿Cómo entra el actor conocido como Onur en esta historia? Cuando fueron las primeras audiencias por las distintas investigaciones que hubo se le preguntó a Ergenç, como testigo, si había sido obligado a ir a lo que él respondió que fue por voluntad propia.

En la condena se expusieron presuntas pruebas en contra de ese testimonio y del de otras figuras turcas que también fueron condenadas por lo mismo.

Durante la definición del caso, Ergenç negó que todo fuera como dijo el juez que lo condenó. “Mi declaración como testigo fue tomada y no mentí. (...) Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”, expuso el actor durante la audiencia en la que se lo condenó.

Este martes, Ergenç participó de la entrega de los Premios del Teatro Bedia Muvahhit. Se lo vio sonriente y sin preocucación, pero no se refirió al tema en ningún momento.

Los abogados de Darío Gastón Torres, quien había denunciado al cantante de cumbia L-Gante por "privación ilegítima de la libertad", solicitaron hoy la "detención inmediata" del músico.

Los asesores del denunciante, Leonardo Sigal y Pablo Becerra, basaron su pedido en el hecho que el artista "detenta multiplicidad de procesos abiertos, en esta y otras jurisdicciones, destacando que la pena en expectativa del presente tiene un mínimo de cinco años y que conforme los ideales del art. 371 in fine del C.P.P.B.A., ahora mismo, su libertad pone en serio riesgo la realización del plenario contradictorio de la semana próxima".

"A raíz de ello le solicitamos a vuestra señoría (Ignacio Racca) tenga a bien ordenar la inmediata detención de Elián Valenzuela", nombre real del músico, quien pasó casi cien días en prisión durante el año anterior, debido a la misma denuncia.

Los abogado de Torres consideran que las entrevistas que dio L-Gante durante los últimos días intentaron "lavar la imagen" del músico, antes del comienzo del juicio, previsto para el martes próximo.

El proceso se llevará a cabo en el partido bonaerense de Mercedes, en el marco de la causa en el que está imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado".

Según informaron fuentes judiciales a este medio, los abogados del particular damnificado solicitarán una pena de doce años de prisión efectiva.

Las audiencias se realizarán desde las 10 en el Tribunal Oral número 3 de Mercedes, situado en la calle 27 al 600.    

RENUNCIO EL ABOGADO DE L-GANTE

El abogado Diego Gustavo Storto renunció luego de la nueva designación de un defensor para el juicio oral.

A través de un escrito, al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, Storto anunció que se aparta de la defensa.

"Atento a la designación de un nuevo letrado defensor por parte de mi asistido a fin de que lleve adelante el juicio oral y público que se llevará a cabo próximamente y en atención a las diferentes estrategias defensitas que puedan ocurrir y con la sola intención de no perjudicar ni obstaculizar la nueva defensa propuesta, vengo por la presente a renunciar al cargo de abogado defensor del Sr. Elián Ángel Valenzuela", señala el comunicado.

Tras su regreso a Argentina, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain fue citada a declarar en la causa que involucra a su ex pareja, el ministro de Desarrollo porteño, Roberto García Moritán, por falso testimonio en una investigación por estafa.

“En virtud del estado de la presente causa, vengo a solicitar la citación como testigo de la Sra. Ana Carolina Ardohain, con el objeto de que brinde testimonio sobre hechos relevantes para el esclarecimiento de las actividades financieras del Sr. Edgar Adhemar Bacchiani y su cónyuge, Roberto García Moritán”, inicia el citatorio.

El escrito hace referencia a Bacchiani, el dueño de la financiera Adhemar Capital, que irá a juicio por haber planeado una estafa piramidal en criptomonedas. El enlace por el que se involucra a Ardohain es García Moritán, quien desconoció a la organización y luego se reveló que había recibido coimas por parte de la misma.

En el escrito donde se cita a declarar a la modelo, refieren: “Dicho testimonio es crucial en razón de la relación personal y comercial que mantuvieron las partes involucradas”. Además, “Pampita” participó en los actos de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, siendo que el hermano del funcionario, Andrés Emilio Jalil fue uno de los principales acusados.

La denuncia fue presentada por el abogado Alfredo Aydar. El esquema piramidal habría dejado alrededor de 6,700 damnificados. La investigación se originó en Catamarca en 2022 y Moritán es señalado por encubrimiento agravado y falso testimonio. El ilícito se estima en cerca de 50 millones de dólares.

El lateral de la Selección argentina y actual jugador del Sevilla de España, Gonzalo Montiel, llegó al país para someterse a pericias psicológicas en la causa donde se lo acusa por abuso sexual.

El futbolista surgido en River arribó en la Asesoría Pericial de San Justo pasadas las 8:30 de la mañana junto a su abogado, se bajó encapuchado del auto y no realizó declaraciones ante la prensa.

A Montiel se lo acusa por un presunto abuso sexual ocurrido el 31 de diciembre de 2019, en la casa de su familia.

En un video publicado por la abogada de la denunciante, esta última asegura: “Gonzalo me violó”. En su declaración agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

Por su parte, Raquel Hermida, la abogada de la denunciante, se quejó por el cambio de sede para la pericia psicológica a Montiel: “¿Por qué tiene privilegios? Es el autor del último gol del Mundial, pero jurídicamente, ¿qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él”.

Además, subrayó que “al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación”.

El otro imputado en la causa es Alexis Acosta, quien ya fue sometido a las pericias psicológicas.

La reconocida cantante Shakira escribió una carta pública contando su versión sobre el enfrentamiento que tuvo con la Hacienda española. La colombiana explicó que solo residió en el país europeo para salvar su relación con Gerard Pique, tildó a la entidad de 'machista' y la comparó con la Inquisición.

El 20 de noviembre del 2023, la colombiana llegaba a un acuerdo económico con la  Agencia Tributaria española, que la acusaba de cometer fraude fiscal por la cual debió pagar 14,5 millones de euros. Por el supuesto delito, la intérprete de Hips Don´t Lie corría riesgo de pasar ocho años y dos meses en prisión.

En una carta inédita que publicó en el diario El Mundo, Shakira detalló lo sucedido con la Hacienda: “Lo hice para proteger a mis hijos y para seguir con mi vida, no por cobardía ni por culpabilidad”, aclaró sobre el acuerdo que realizó con la entidad y agregó: "Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español".

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no por trabajar poco, como todo el mundo sabe", detalló la cantante.

Shakira se refirió al circo mediático que causó la denuncia penal y culpó a la entidad española: "Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición".

La cantante sostuvo que no tenía intención de residir oficialmente en España y que solo “lo hacía para que prosperara” su relación con su ex esposo Gerard Piqué y detalló cómo uno de los años ni siquiera llegó a lo establecido por la ley.

“En el caso del 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque sólo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días. Una persona que sé la pasa de gira por todo el mundo no puede tener intención de residir fiscalmente en un lugar, solo porque vive allí la persona con la que en ese momento tiene una relación”, explicó.

Según Shakira, la estrategia de Hacienda española se basó en un prejuicio ‘machista’ para culparla: "Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene".

Y añade: "Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo".

Nuevamente, subrayó que su incentivo para darle fin a la causa fueron sus hijos: "Tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida".

Una vez finalizado el enfrentamiento, Shakira se mudó a su casa en Miami junto a sus dos hijos. 

L-Gante está atravesando, nuevamente, un duro momento a nivel personal. Tras el fuerte escándalo que protagonizó con Fer Dente, el ex novio de Tamara Báez sufrió un duro revés judicial en la causa que lo mantuvo preso durante 100 días y en la que fue acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas. En las últimas horas, el abogado denunciante, Leonardo Sigali, reveló que el padre de Jamaica podría volver a quedar detenido. 

L-Gante podría regresar a la cárcel

El periodista Juan Etchegoyen en "Mitre Live" le consultó a Sigali: “Doctor, acá me están dando una información que quiero preguntársela, me dicen que L-Gante podría ser detenido en los próximos días. ¿Usted sabe algo?”.

“Yo no puedo decir ciertas cosas de la causa pero es cierto, está mucho más complicada la situación que cuando quedó preso L-Gante y hay que esperar los tiempos de la Justicia y las resoluciones”, afirmó el letrado.

Además, Sigali fue contudente sobre el posible regreso del cantante a prisión: “Como abogado no puedo adelantarte esto pero si te puedo afirmar que está más complicada la situación de lo que era antes. Procesalmente, lo que es pruebas, hay más pruebas en su contra”.

“Son raras las declaraciones del abogado de (Elían) Valenzuela cuando la situación no ha mejorado y no ha cambiado el status quo para bien, sino todo lo contrario, lo que va a camino a confirmar todo es que los hechos sucedieron y para L-Gante todo está más complicado”, continuó el abogado denunciante.

Para sorpresa, Sigali manifestó que también está siendo investigada Tamara Báez: "Es cierto lo que te están informado sobre lo de Valenzuela sin ninguna duda. Está más complicado que antes y dejame decirte también que Tamara Báez también sigue siendo investigada por un robo”. Tras este mensaje, en su cuenta de Instagram, L-Gante recibió miles de comentarios pidiendo que explique su situación.

La Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento contra el ex futbolista Claudio Paul Caniggia por abuso sexual agravado contra su ex esposa Mariana Nannis.

El tribunal de alzada ratificó la medida dispuesta hace dos meses por la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini y además confirmó el embargo por 5 millones de pesos contra Caniggia.

Los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro sostuvieron que "en modo alguno puede aparecer como arbitraria la apreciación que de ellas formuló la magistrada interviniente".

La defensa de Caniggia había objetado tanto la calificación legal cuanto la materialidad del hecho. Pero los jueces replicaron que "ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente".

"Los elementos reunidos permiten arribar, eventualmente, a la más amplia etapa del debate, de suerte tal que cabe descartar la certeza negativa invocada en el recurso y que hubiera justificado el sobreseimiento peticionado", añadieron al preanunciar la próxima etapa del expediente, el juicio oral y público en el que Caniggia podría ser condenado apenas de hasta 15 años de prisión.

Los hechos por los que fue procesado el ex astro de la Selección argentina de fútbol ocurrieron en 2018 cuando la pareja regresó de una fiesta de casamiento al departamento que por entonces compartían en el Hotel Faena de Buenos Aires.

El juez federal Guillermo Lleral consideró que el gendarme Emmanuel Echazú no cometió el delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado aquel 1 de agosto de 2017 en Chubut. “Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, remarcó el magistrado en un fallo de 344 páginas.

El juez federal de Rawson sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

En un fallo que no fue unánime, el tribunal federal N° 2, integrado por los jueces Otmar Paolucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte de Franco Casco, joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª en octubre de 2014, desaparecido por 24 días, hasta que finalmente fue encontrado ahogado en aguas del río Paraná. Además, ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

El veredicto causó conmoción afuera de la vieja y señorial casona donde funcionan los tribunales federales, sobre bulevar Oroño al 900, en el centro de Rosario. Familiares de la víctima mostraron su disconformidad tras la resolución judicial que fue leída por el presidente del Tribunal, que votó en disidencia. Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre.

El debate oral tuvo 70 audiencias y comenzó en diciembre de 2021, poco más de siete años después del hallazgo del cuerpo del joven.

A comienzos de mayo pasado, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez, y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli. Todos fueron acusados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.

Además, a cuatro de ellos (Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco) también se los acusó del delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.

Otros dos agentes, Belkis González y Rodolfo Murúa, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, como partícipes secundarios de los delitos. Mientras que los efectivos de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar, fueron acusados como coautores de encubrimiento agravado, por lo que el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación. También solicitó la absolución de Walter Ortiz.

Además, el vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Crespo, quien había sido imputado por el delito de falso testimonio, también fue absuelto.

La lectura del fallo estaba prevista para el jueves de la semana pasada. Pero por pedido del Ministerio de Seguridad, se postergó para este martes ya que el personal policial iba a estar afectado a la cobertura de las elecciones primarias.

Este martes, desde muy temprano, la zona aledaña a los tribunales federales, ubicados sobre el coqueto bulevar Oroño, entre Rioja y San Luis, se llenó de uniformados. Un total de 300 agentes de distintas fuerzas, tanto provinciales como federales, formaron parte de un amplio operativo que incluyó el corte de calles, que seguirá hasta entrada la noche.

Luego de la lectura del fallo, que pudo seguirse a través de pantallas que fueron montadas sobre el cantero central del bulevar, Ramón Casco, padre del joven muerto hace casi 9 años, dijo que la decisión judicial es una prueba más de que "no hay justicia en este país".

Visiblemente dolido, remarcó: “Esto es una injusticia. Yo creía que iba a haber alguna condena. ¿A cuántos pibes han matado y quedaron impunes?”, se preguntó, para luego aclarar que seguirá luchando para que “Franco pueda descansar en paz".

Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, dijo estar muy impactado ya que la resolución del tribunal no era la que esperaban, entre otras cosas por “las audiencias, el análisis de la evidencia, y el propio parecer de los colegas de la defensa”.

“Quedaron todos absueltos por voto de mayoría y un voto en disidencia por el presidente del tribunal que consideró que existió la privación ilegal de la libertad seguida de muerte en relación a tres agentes”. Si bien dijo que esperarán los fundamentos del fallo para su análisis, adelantó que apelarán.

Según se reconstruyó durante el juicio, el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, de 20 años, tenía previsto regresar desde Rosario hacia la localidad bonaerense de Florencio Varela cuando fue interceptado por policías de la comisaría 7ª de Rosario en terminal de ómnibus, ubicada en barrio Agote.

Tras su detención, fue llevado a un calabozo de la seccional ubicada en calle Cafferata al 300 (entre Catamarca y Tucumán) y testigos afirman que allí fue sometido a torturas.

La versión oficial indica que Casco fue liberado. Sin embargo, nunca volvió a tomar contacto con sus familiares (ni quienes vivían en Empalme Graneros, al noroeste de Rosario, ni en Florencio Varela).

Sus padres, Ramón Casco y Elsa Godoy, viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad, sin darle más datos.

Días después, el fiscal que investigaba el paradero del joven les mostró fotos de Franco visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.

Casi un mes después (el 30 de octubre, 24 días), y luego de varias movilizaciones exigiendo su aparición con vida, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná.

La autopsia determinó que fue arrojado sin vida al río y que se inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. A mediados de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco.

Tres años después (octubre de 2017), el juez Vera Barros procesó a 30 policías (pertenecientes a la seccional 7ª y a Asuntos Internos), ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en la muerte de Franco Casco y en la “intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Finalmente, este martes 18 de julio, a casi 9 años de la desaparición y muerte del joven, todos los policías involucrados fueron liberados.

El letrado de la modelo, Rafael Cúneo Libarona, explicó que el Juzgado no dictó sentencia en relación a la denuncia que la doctora Lidia Rosenstein presentó en nombre de Indiana

Este martes, la doctora Lidia Rosenstein, abogada de Fabián Cubero, habló con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, por Telefe, y dio detalles de la denuncia por violencia psicológica que Indiana, la hija del exfutbolista y Nicole Neumann, habría presentado en contra de la modelo en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre previo a tomar la determinación de irse a vivir a la casa de su padre.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, aseguró la letrada. Y contó, haciendo referencia sin nombrarlo a Manu Urcera, novio de Nicole: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables”.

La abogada de Fabián Cubero dijo que Indiana fue “agredida y maltratada” por Nicole Neumann

Lo cierto es que, según reveló el doctor Rafael Cúneo Libarona, abogado de Neumann, en diálogo con Ángel de Brito para LAM, por América, la jueza Silvia Celina Sendra nunca dictó sentencia en relación a la demanda en cuestión, que está en pleno proceso. Y, tras los dichos de la doctora Rosenstein, habría ordenado multarla a ella y a Cubero por “filtrar información” y “divulgar datos inapropiados” relacionado a una menor. Al mismo tiempo, habría dado intervención al Colegio de Abogados de San Isidro para que investigue la actuación profesional de la letrada por “incumplimiento de orden judicial” de acuerdo al artículo 239 del Código Penal y revea “todos los expedientes” que ella está tramitando en ese fuero.

“Se van a hacer informes médicos, se van a tomar declaraciones…Entonces, que una abogada esté hablando con una soltura llamativa sobre acusaciones dilacerantes tremendas, de una chica adolescente contra su madre, es peligroso para la abogacía. Habla mal de nosotros, básicamente”, comenzó diciendo Cúneo Libarona. Y, tras cuestionar a la letrada, agregó: “Los intereses de los niños son primordiales. ¿Quiénes protegen a los niños? En primer lugar los padres. Y en segundo lugar, cuando los padres no se ponen de acuerdo, los abogados y los jueces tienen que llevar una solución”.

En relación al estado de ánimo de la modelo, el letrado contó: “Hoy estuve con ella y está muy triste. Porque, ¿qué es lo que pasa en la realidad cruda? Seguramente sus hijas ya se enteraron de esta situación en el recreo del colegio, porque una madre le cuenta a su hija y la hija se lo cuenta a la hija de Nicole. Y todo esto genera una convulsión que no debería suceder. Entonces, ella como madre tiene que estar conteniendo, consolando y tratando de explicar lo inexplicable”.

Indiana Cubero denunció a su madre, Nicole Neumann

Finalmente, después de aclarar que consideraba que su representada era una muy buena madre, Cúneo Libarona amplió: “Acá hay que dividir las aguas. Una cuestión es el informe periodístico y de los abogados sobre diferentes temas de interés público. Que son absolutamente válidos y van con el derecho a la información. Pero otra muy distinta es que un abogado, quebrantando y vulnerando el principio de reserva que en todo proceso de familia rige para proteger al menor, hable sobre situaciones de niños y adolescentes. De chicos que quizá mañana se arrepientan como todos”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

El jugador de Boca enfrenta una segunda causa por “abuso sexual con acceso carnal”, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa irá otra vez a juicio, tras ser condenado el pasado viernes a dos años y un mes de prisión en suspenso por ejercer violencia de género contra Daniela Cortés.

Este lunes, la Justicia elevó a juicio la causa contra el delantero de Boca de 27 años por “abuso sexual con acceso carnal”, a partir de una denuncia de Tamara Doldán.

Boca Juniors le rescindiría el contrato a Sebastián Villa tras ser declarado culpable por la Justicia

En una resolución de 20 páginas, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dispuso en el requerimiento de elevación a juicio que el futbolista sea juzgado por un tribunal criminal unipersonal.

La fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Esteban Echeverría, había solicitado el 12 de mayo que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, que prevé una pena de 15 años de prisión.

La denuncia contra el delantero de Boca fue presentada por escrito el 13 de mayo del 2022 y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

La joven de 27 años contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country “Venado II” de Canning, una localidad del partido bonaerense de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Al día siguiente al hecho, el propio Villa y su entorno se comunicaron con la víctima con el objetivo de reunirse para ofrecerle dinero a cambio de que no realizara la denuncia.

Un audio y un video fueron incorporados a la causa donde se escucha al jugador de Boca hablando con ella sobre un “trato”, en supuesta alusión a que no lo denuncie a cambio de una suma de dinero.

“Supuestamente cerramos. Hicimos un trato, ¿no?. Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy un hombre de palabra”, se le escucha decir a Villa a Doldán en el video.

Ese video de 53 segundos surgió de una filmación hecha a escondidas por Doldán durante una charla que mantuvo con Villa en un restaurant del barrio porteño de Puerto Madero. Según consta en las declaraciones testimoniales, un amigo de Villa alcanzó a darle 5.000 dólares a Doldán.

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En la concesión de la elevación a juicio, se sostiene que “en ningún momento la defensa niega que hubiere habido, el día del hecho, contacto sexual de índole carnal entre el imputado y la denunciante, así que sobre el punto hay nada que discutir ni evaluar. La línea de acción de la defensa consiste en señalar que el acto fue consentido y que la víctima miente al respecto”.

“Aun cuando es cierto que algunos aspectos de los dichos de la víctima se han visto desmentidos o no acreditados (…) no lo es menos que otros elementos de juicio parecen avalar lo central de su relato esto es que el día del hecho fue abusada por Villa Cano contra su voluntad”, agrega el escrito.

El juez sostiene finalmente que “resulta prematuro el sobreseimiento que propugna la defensa, en tanto constituye la culminación del proceso. Y, por ende, habré de elevar esta causa a juicio de conformidad con el pedido fiscal”.

Un informe médico revela que el joven de 18 años asesinado por una patota de rugbiers frente al boliche Le Brique no falleció en la vereda.

Un informe médico indica que Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado en enero de 2020 por una patota de rugbiers en Villa Gesell, llegó con vida al hospital del balneario bonaerense.

Según adelantó el periodista Germán “Pampa” Mónaco, Báez Sosa no falleció en la vereda frente al boliche Le Brique, tal como quedó asentado en la causa.

Un informe médico indica que Fernando Báez Sosa llegó con vida al hospital, lo cual contradice el motivo por el cual se condenó a los rugbiers de Zárate que lo golpearon y patearon en la vereda del boliche Le Brique de Villa Gesell.

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Según informó el periodista Pampa Mónaco, el informe en cuestión no había sido anexado al expediente de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa a pedido de la defensa de los rugbiers, liderados por el abogado Hugo Tomei.

Mónaco señaló que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores “no habían hecho a lugar a que se pida en tiempo y forma la historia clínica del Hospital Municipal de Villa Gesell y se anexe a la causa para, obviamente, tenerla en mano al momento del debate”.

En el documento médico aparecen los electrocardiogramas que le hicieron a Fernando Báez Sosa, que prueban que estuvo vivo hasta las 6 de la madrugada del 18 de enero de 2020.

Si bien la información no contradice el hecho de que los ocho rugbiers de Zárate son responsables -en distintos roles- por el crimen de Fernando Báez Sosa, sí es una prueba de que “hay personas que omitieron decir la verdad”, señaló el periodista.

Por caso, en el expediente hay una declaración testimonial de la doctora Silvana Garibaldi Larrosa, que es la médica emergentóloga que llegó en la ambulancia pasadas las 5 de la mañana a la vereda del boliche Le Brique.

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La médica declaró que “Fernando no tenía posibilidad de sobrevida, cuando llegó la ambulancia ya estaba fallecido, no tenía ningún signo vital”, pero en el Hospital de Villa Gesell lograron encontrarle el pulso y registrar los latidos del corazón del adolescente al menos desde las 5.27 hasta aproximadamente las 6 de la mañana del 18 de enero de 2020.

Tal como pronosticó la evaluación de la médica emergentóloga, Fernando Báez Sosa no tuvo “sobrevida” después del episodio sino que murió en el centro médico municipal mientras la Policía se presentaba en la casa que los rugbiers alquilaban en Villa Gesell para detenerlos por el crimen.

Es por la supuesta presión que ejerció para designar un funcionario sin perfil técnico, a cambio de prebendas.

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.

Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era “idónea” porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad” y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstaculización de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.

Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado. El juez Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.

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La segunda condición es que la posibilidad de la pena supere los 4 años. Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Castillo Terrones podría recibir una pena de 32 años.

“La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, dijo Meza en una audiencia previa.

La causa

La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.

Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.

De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.

Checkley afirmó que “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”.

Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo “cuando pretendía asilarse en la embajada de México”, lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del embajador en Lima y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.

Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.

Castillo lo niega

En la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó “rotunda y categóricamente” que sea autor y forme parte de una organización criminal conformada durante su Gobierno (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y forme parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, señaló Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley.

“No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial”, señaló.

Rechazó que la petición fiscal se sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra “en un penal de alta seguridad” y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilados en México.

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“Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)”, reiteró antes de decirle al juez que “tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos”.

El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.

Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado del delito de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.

La familia sostiene que fue un crimen mientras que la Justicia está por cerrar la investigación tras el informe de autopsia que revela que murió por una “falla multiorgánica”.

Se cumplen cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt en un salón de fiestas de Benavídez y hasta hoy todavía no hay avances en la investigación sobre qué ocurrió aquella noche envuelta en misterio.

A pesar de los años, la familia insiste que fue un crimen, mientras que la Justicia está por cerrar la investigación tras el informe de autopsia que revela que murió por una “falla multiorgánica”.

Esto último, según la pericia, se debió a una sobredosis de cocaína, pero a pesar de los resultados la familia desmiente que eso sea verdad ya que el hecho ocurrió a menos de un año de un tweet de Natacha donde anunció que no se iba a suicidar y dando a entender que la iban a matar.

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“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, escribió en su cuenta personal.

En las vísperas de un nuevo aniversario su hermano Ulises Jaitt utilizó sus redes sociales para expresar el dolor ante su pérdida y el cese de la causa con una sumatoria de items: “Ya son 4 años que se cumplen de la muerte de Natacha, donde fui ignorado y maltratado en la fiscalía de violencia de género de Tigre por los fiscales corruptos Diego Calegari, Cosme Iribarren y Sebastián Fitipaldi. Ellos 3 borraron la causa del sistema”.

La familia de la conductora sostiene que su muerte está relacionada a un crimen por las reiteradas amenazas que sufría después de ciertas denuncias dadas a conocer de forma pública que realizó.

“No me permitieron tener una copia de la totalidad de la causa para un análisis profundo. Ante las contradicciones de los testigos jamás se produjo un careo aun habiéndolo solicitado”, sostuvo Ulises además de manifestar enojo por las irregularidades en algunas pruebas: “La tablet que no desbloquean hace 4 años, no hubo nunca un antecedente en la historia penal que se tarde tanto”.

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Muerte de Natacha Jaitt

Todo ocurrió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 cuando Policía de la provincia de Buenos Aires acudió a una llamado del 911 que alertó sobre el fallecimiento de una mujer en un salón privado de la zona de Benavídez, llamado Xanadú.

Aquella noche Natacha se encontraba junto a otros amigos donde la escena de su muerte generó más dudas que certezas. A cuatro años de su fallecimiento la familia manifiesta que las denuncias que realizó la conductora son clave para sostener que se trató de un crimen, así como también las irregularidades en la causa.

A pesar de la insistencia la Justicia sigue por el camino de lo revelado por la autopsia sobre una “falla multiorgánica” producto de una sobredosis de cocaína. De esta manera está la posibilidad de que en los próximos meses se de por finalizada la investigación.

Muerte por desnutrición fue el resultado de la autopsia practicada al niño de 4 años que encontraron semi-sepultado en el barrio de Las Flores en Paso de los Libres, Corrientes.

Según el informe de los médicos tras la operación de autopsia, el nene no tenía signos de malos tratos, no tiene traumatismo ni heridas visibles. Se descarta entonces una posibilidad de castigos o accidente.

El cuerpo presenta evidentes indicios de tener un estado de desnutrición alarmante, que en definitiva fueron el causal de su muerte. La investigación supone que ante este cuadro la madre podría haberse asustado y en su desesperación optó por hacer desaparecer el cuerpo.

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Las primeras pericias estimaron que el deceso del pequeño niño habría ocurrido hace 20 días o un mes. Esto quiere decir que el pequeño falleció cuando tenía 3 años y cumplió los 4 años el 9 de febrero cuando ya estaba sepultado.

Parte de la investigación también está centrada en su madre, quien sigue siendo sospechosa y permanece detenida en la Comisaría de la Mujer. En su declaración le contó a la fiscalía que había entregado al niño para que lo críe otra familia, sin embargo no dio detalles de los adoptantes.

Por otro lado se deduce de la información filial de la detenida, quien al momento de dar a luz tenía 14 años, la fiscalía quiere saber quién es el padre de la víctima y si ese embarazo fue producto de un abuso. Para la ley argentina no existen las relaciones consentidas cuando se trata de una menor de edad.

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Desde la justicia no se descarta la responsabilidad parental: derechos y obligaciones que, como mamá o papá, se ejerce sobre hijas e hijos cuando son menores de edad. Antes se llamaba patria potestad y existe siempre que se trate madre o padre en forma biológica o a través de adopción, aun cuando la desnutrición sea la causal de muerte.

La mujer detenida tiene otro bebe y la justicia ordenó realizar el relevamiento de la situación familiar para evitar que ese niño no sufra lo mismo que la víctima.

La Sala III de ese tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará el 7 de marzo de manera virtual.

La Cámara de Apelaciones de San Isidro fijó para el próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud imputados que podrían terminar condenados a penas de entre 8 y 25 años, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala III de ese tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará ese día a partir de las 11.30, aunque no en los tribunales de San Isidro sino de manera virtual.

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Quiénes son los ocho imputados por el homicidio de Maradona

1.Leopoldo Luciano Luque (41): neurocirujano. Principal imputado, para los fiscales era el médico de cabecera de Maradona. Firmó la externación de la Clínica Olivos para llevarlo a la internación domiciliaria.

De qué lo acusan: -“En su carácter de médico de cabecera (…) evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Maradona”.

-“No garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos”.

-“En forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados”.

-“Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón y a la posibilidad cierta de que se encontrara cursando un edema agudo de pulmón, se abstuvo de actuar” y despreció “los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte”.

-Además del homicidio, lo imputaron por “uso de documento privado adulterado” por pedir una historia clínica del “10” con una firma falsificada de su paciente.

2. Agustina Cosachov (37): era la psiquiatra de Maradona. Otra de las principales imputadas en la causa. Era la encargada de indicar la medicación psiquiátrica que tomaba el por entonces DT de Gimnasia y también firmó la externación de la Clínica Olivos.

De qué la acusan: -“Teniendo pleno conocimiento de la patología cardíaca (…) no adoptó los recaudos adecuados”.

– Le atribuyen “no imponer límites al doliente”.

-“No aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos (…), desentendiéndose de los efectos adversos”.

-Fue la responsable del “apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos”.

-“Omitió encargarse personalmente de la reanimación del paciente”.

-Además, la imputaron por “falsedad ideológica” porque le atribuyen haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Maradona sin haber ido a visitarlo.

3. Carlos Ángel “Charly” Díaz (30): era el psicólogo de Maradona. Ingresó al staff médico de la mano del abogado y representante del “10”, Matías Morla. Es considerado como uno de los integrantes del “equipo médico tratante”.

De qué lo acusan: -“Omitió proceder a su internación en un centro de rehabilitación adecuado”.

-“Fue involucrándose el ámbito de actuación profesional de la psiquiatra Cosachov, y avocándose incluso a tomar decisiones hasta entonces ajenas a su incumbencia”.

-Lo acusan de “manipular” a la familia “proponiéndoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión de Maradona”.

-“No hacía más que ocultar la información relativa al verdadero cuadro de salud del causante”.

-Le atribuyen una “palmaria indiferencia de su conducta frente a la situación de emergencia y la posibilidad del resultado muerte”.

4. Nancy Edith Forlini (53): médica a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical. Era la coordinadora para la prepaga de la internación domiciliaria de Maradona.

De qué la acusan: -“Omitió cumplir con los deberes mínimos a su cargo, entre los que se encontraba, de conformidad al cuadro del paciente, dotar al lugar, del personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma”.

-“Omitió analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas para un paciente con las limitaciones físicas de Maradona”.

-“En pleno conocimiento del deficitario servicio de enfermería (…) omitió tomar medida alguna, siendo de ese modo funcional a las conductas que ejecutaban los restantes imputados, fruto de lo cual se produjo el resultado fatídico antes mencionado, que ineludiblemente debió representarse por la condición que detentaba”.

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5. Mariano Ariel Perroni (41): era el coordinador de enfermeros de la empresa “Medidom”, subcontratada para aportar enfermeros y médicos a la internación domiciliaria de Maradona.

De qué lo acusan: -“Completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Maradona recibía”.

-“Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia”.

6. Ricardo Omar Almirón (39): era el enfermero que cuidaba a Maradona durante el turno noche y madrugada.

7. Dahiana Gisela Madrid (38): era la enfermera del turno mañana y tarde.

De qué acusan a ambos enfermeros: -“Omitieron asistir a Maradona los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió”.

-“Realizaron chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación”.

-“Los días previos no pudieron advertir los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca que ya eran evidentes y detectables”.

-“Fueron los últimos (…) que tuvieron contacto directo con la víctima, cuando ya había comenzado el período agónico previo al deceso, datado al menos 12 horas antes del fallecimiento”.

8. Pedro Pablo Di Spagna (49): fue el clínico contratado para el seguimiento de Maradona en la casa de Tigre. Estaba en el chat de enfermeros y médicos donde se reportaban las novedades sobre el paciente.

De qué lo acusan: -“En su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo de controlar regularmente el estado de salud del paciente”.

-“Se presentó en esa calidad solo en dos oportunidades”: el 12 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre, cuando avaló “una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol”.

Las víctimas tenían 87 y 42 años. Fueron encontradas debido al olor nauseabundo que emanaba su habitación. No había signos de violencia en la escena

Un hombre de 87 años y su hijo de 42 fueron encontrados muertos en un hotel familiar ubicado en el barrio porteño de Constitución. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo se produjo después de que el encargado sintiera un olor nauseabundo proveniente de la habitación en la que estaban hospedados, por lo que sospechan que las víctimas fallecieron hace varios días.

Los cadáveres fueron descubiertos ayer hacia las 19 horas en el hotel Palace Rondeau, ubicado sobre la avenida Entre Ríos al 2100. Hasta allí llegó el personal de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad después de que el empleado del alojamiento los llamara al sentir un fuerte olor cerca de la habitación Nº121, en la que se encontraban alojados. Además, les indicó un dato clave: los hombres no habían sido vistos en los últimos días por ninguno de los empleados del lugar.

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Cuando los efectivos ingresaron, observaron de inmediato una escena macabra. De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, una de las víctimas estaba recostada de espalda sobre la cama, mientras que la otra estaba de rodillas, boca abajo, junto a la puerta de ingreso a la habitación. Otro dato llamativo que acrecienta el misterio aún más es que en el dormitorio no se encontraron signos de violencia.

Luego de realizadas los primeros peritajes en el lugar, no se pudieron establecer las causas de muerte debido a que tampoco había heridas en los cuerpo de los fallecidos que indicaran algún tipo de enfrentamiento. Además, los investigadores no hallaron ningún tipo de drogas ni elementos que sugieran que el padre y su hijo hallan estado involucrados en algún ilícito.

Es por eso que admiten las fuentes que la clave ahora se centrará en los resultados que arroje el examen de autopsia y así conocer por qué murieron. Asimismo, los policías entrevistaron a los ocupantes de otras habitaciones del hotel, quienes manifestaron que nunca observaron ni escucharon peleas ni discusiones entre los fallecidos.

El padre fue identificado como Ángel Invernizzi, un jubilado de 87 años, viudo y con domicilio fiscal en la calle Santiago del Estero, de la localidad bonaerense de Martínez. Estaba afiliado al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI) y percibía jubilación y pensión. Como actividad principal figura en registros oficiales que se dedicaba a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.

En 2015 había creado junto a su hijo Diego Invernizzi (42) -la otra víctima- una sociedad para dedicarse a “la fabricación, construcción y reparación de todo tipo de artículos realizados en plástico reforzado con fibra de vidrio, en especial embarcaciones y su equipamiento”. En el caso del hijo, como actividad principal figura la venta al por mayor de materiales y productos de limpieza y su domicilio fiscal era en la localidad bonaerense de Pilar.

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Según señalaron las fuentes, el encargado sostuvo que los hombres ocupaban la habitación desde hace tres años, y que al que se lo veía cotidianamente era a Ángel, quien se encargaba de las compras. En tanto, el hijo sólo había sido visto en tres o cuatro oportunidades, ya que no salía nunca de la habitación.

La investigación por las extrañas muertes quedó en manos de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°38, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

En el oficialismo está instalada la idea de que “la sentencia ya está escrita”, como lo ha asegurado la Vicepresidenta. Divisiones en el kirchnerismo sobre las marchas. Espera y tensión en el Frente de Todos

En el oficialismo hay pocas dudas sobre el resultado de la última audiencia que tendrá el juicio de Vialidad este martes. Estiman que el Tribunal Oral Federal 2 condenará a Cristina Kirchner y la inhabilitará de por vida para ejercer cargos públicos. No existe dentro del peronismo la idea de que la Vicepresidenta pueda ser absuelta.

Esa sensación está fundada en las palabras de la propia CFK, quien en varias oportunidades aseguró que la “sentencia ya está escrita”, en un movimiento que buscó ejercer presión sobre el tribunal que tiene que juzgarla en una de las causas más complejas en las que está involucrada.

Si el TOF 2 la condena, será la primera vez en la historia de la política argentina que un vicepresidente en ejercicio es condenado por un caso de corrupción, lo que marcaría un hecho de gravedad institucional sin precedentes.

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La Vicepresidenta ha dicho hasta acá que la causa no tiene sustento jurídico, que la fiscalía, a cargo de Diego Luciani, miente y que lo único que busca la justicia federal, en complicidad con la oposición, es perseguirla. Es decir, que toda la causa es un armado político judicial para inculparla en supuestas maniobras de sobreprecio y direccionamiento de partidas como consecuencia de la conformación de una asociación ilícita.

“El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, sostuvo Luciani cuando presentó el alegato. Y agregó: “Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos”.

Luciani le pidió al tribunal que condena a la Vicepresidenta a 12 años de prisión y que la inhabilite para ejercer cargos públicos. En el caso de que existe una condena en la sentencia, no quedará firme hasta tanto no la confirme la Corte Suprema, última instancia, posterior a la Cámara de Casación.

Una posible pena solo se aplicará cuando la condena quede firme y, llegado el caso, si el Congreso decide quitarle los fueros a la actual Vicepresidenta. Por eso en el oficialismo se especula mucho con la posibilidad de que el próximo año CFK se presente como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.

Si así lo hiciera, su jugada electoral tendría un doble efecto. Apuntalar la performance del kirchnerismo en el distrito electoral más importante del país y asegurarse seis años más de fueros, ya que por la mayoría o la minoría, ganaría su banca en el Senado.

Si una condena queda firme en ese tiempo, la única forma de efectivizar una detención es a través de un juicio político – que le quite los fueros – y para eso se necesita una mayoría especial en el Congreso. El contexto puede cambiar unas cuantas veces hasta que eso suceda. Al día de hoy sobran las especulaciones.

El proceso judicial y político es largo y espinoso. Por eso lo que más tensión genera en este momento es el impacto público que puede generar una condena a la Vicepresidenta. Así como también la decisión del TOF 2 de absolverla por considerar que no hay pruebas necesarias para endilgarle la conducción de un mecanismo de corrupción en el seno del Estado.

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“Inventaron una causa y le inventaron pruebas a la Vicepresidenta. ¿Si se lo hicieron a ella, que le queda a la ciudadanía? ¿Cómo van a poder pensar que es una justicia confiable?”, reflexionó un funcionario del gobierno bonaerense, estructura donde el kirchnerismo tiene una gran influencia.

En el ala K del Frente de Todos están completamente convencidos que la causa Vialidad es un acto de “persecución” a la Vicepresidenta y que lo único que busca la Justicia es sacarla del escenario político. En base a esa mirada construyen la idea sobre una pelea de titanes entre Cristina Kirchner y los “sectores de poder” de la Argentina.

Un dirigente que conoce bien a CFK asegura que la agenda judicial que tiene la Vicepresidenta – en la que otros temas de gestión quedan tapados – se debe a que “está sola contra el mundo” y frente a una justicia federal que la hostiga. Entiende que encuentra en las redes sociales el canal idea para ejercer su defensa de manera legítima y sin intermediarios.

El kirchnerismo está en estado de alerta y movilización, etapa en la que ingresó luego del alegato del fiscal Luciani, cuando los diferentes sectores del Frente de Todos expusieron un respaldo público inmediato a la postura de CFK y se unificaron detrás de ella planteando que la causa solo tenía como objetivo perseguirla políticamente.

“Nosotros estamos en estado de movilización permanente desde hace bastante tiempo, porque si bien esto empezó cuando Cristina asumió su primer mandato, se recrudeció con absoluta claridad este año, cuando ella sentó posición frente al Fondo Monetario”, expresó este domingo el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque.

Para Larroque, como para otros tantos dirigentes importantes del kirchnerismo, la respuesta a una posible condena tiene que ser “política”. Nada de violencia, nada de disturbio, nada de caos. Por eso el mundo K no ha bajado línea para organizar una movilización masiva en respaldo a CFK como lo ha hecho en otras oportunidades. No quieren problemas en la vía pública.

Por el momento los únicos que se volcarán a la calle son los militantes de ATE Capital, gremio que conduce Daniel “Tano” Catalano y que anticipó que si hay condena, harán un paro, y los seguidores del partido Miles, que lidera Luis D’Elía. Sin embargo, la puerta quedó abierta para que haya más militantes que salgan a respaldar a la Vicepresidenta antes de que el tribunal se pronuncie sobre su futuro judicial.

Uno de los que dejó picando la idea de empujar una marcha fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, muy cercano a Alberto Fernández pero, al mismo tiempo, respetado en la cúpula del kirchnerismo y con lazos estrechos con todos los intendentes del conurbano bonaerense.

“Tenemos que tener la capacidad, la templanza y la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy pero muy grave. No van contra Cristina, sino que apuntan contra Cristina y lo que ella representa”, sostuvo durante el fin de semana.

La Cámpora y el cristinismo no alientan las marchas previas a la sentencia. Por lo bajo aseguran que cada uno tiene libertad de acción, por lo que no habrá movimientos en bloque. Lo que nadie puede asegurar es qué sucederá después de que se conozca el veredicto. Sea cual sea el resultado, en el oficialismo prevén que la militancia saltará a las calles. Sobre todo en el caso de que la condenen.

Más allá de las movilizaciones callejeras, lo que si está definido en el mundo K es que si el tribunal condena a CFK, la dirigencia se volcará a las redes sociales y los medios de comunicación para empezar a librar una batalla pública contra la justicia federal.

Se espera que el martes por la tarde -después de las 16- se conozca el fallo. A esa hora el Presidente, según estiman en la Casa Rosada, estaría de regreso en Argentina, luego de presenciar en Uruguay una reunión del Mercosur.

Más allá de donde esté en el momento de la sentencia, la postura de Fernández ha sido clara respecto a la causa Vialidad y la inocencia de Cristina Kirchner. Considera que es un invento sin fundamentos y que lo único que se busca es desprestigiar a la Vicepresidenta. El apoyo de su parte está garantizado. Es, sin dudas, uno de los pocos puntos de coincidencia que tiene la pareja presidencial.