En un fallo que no fue unánime, el tribunal federal N° 2, integrado por los jueces Otmar Paolucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte de Franco Casco, joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª en octubre de 2014, desaparecido por 24 días, hasta que finalmente fue encontrado ahogado en aguas del río Paraná. Además, ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.

El veredicto causó conmoción afuera de la vieja y señorial casona donde funcionan los tribunales federales, sobre bulevar Oroño al 900, en el centro de Rosario. Familiares de la víctima mostraron su disconformidad tras la resolución judicial que fue leída por el presidente del Tribunal, que votó en disidencia. Los fundamentos se conocerán el 25 de septiembre.

El debate oral tuvo 70 audiencias y comenzó en diciembre de 2021, poco más de siete años después del hallazgo del cuerpo del joven.

A comienzos de mayo pasado, el fiscal federal Fernando Arrigo solicitó la pena de prisión perpetua para 14 policías: el entonces jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez, y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli. Todos fueron acusados como coautores del delito de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”.

Además, a cuatro de ellos (Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco) también se los acusó del delito de “imposición a persona privada legítima o ilegítimamente de su libertad de cualquier clase de tortura seguido de la muerte de la víctima”.

Otros dos agentes, Belkis González y Rodolfo Murúa, el fiscal solicitó 14 años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación por el mismo lapso de tiempo, como partícipes secundarios de los delitos. Mientras que los efectivos de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar, fueron acusados como coautores de encubrimiento agravado, por lo que el fiscal pidió una condena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación. También solicitó la absolución de Walter Ortiz.

Además, el vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Crespo, quien había sido imputado por el delito de falso testimonio, también fue absuelto.

La lectura del fallo estaba prevista para el jueves de la semana pasada. Pero por pedido del Ministerio de Seguridad, se postergó para este martes ya que el personal policial iba a estar afectado a la cobertura de las elecciones primarias.

Este martes, desde muy temprano, la zona aledaña a los tribunales federales, ubicados sobre el coqueto bulevar Oroño, entre Rioja y San Luis, se llenó de uniformados. Un total de 300 agentes de distintas fuerzas, tanto provinciales como federales, formaron parte de un amplio operativo que incluyó el corte de calles, que seguirá hasta entrada la noche.

Luego de la lectura del fallo, que pudo seguirse a través de pantallas que fueron montadas sobre el cantero central del bulevar, Ramón Casco, padre del joven muerto hace casi 9 años, dijo que la decisión judicial es una prueba más de que "no hay justicia en este país".

Visiblemente dolido, remarcó: “Esto es una injusticia. Yo creía que iba a haber alguna condena. ¿A cuántos pibes han matado y quedaron impunes?”, se preguntó, para luego aclarar que seguirá luchando para que “Franco pueda descansar en paz".

Por su parte, Salvador Vera, abogado de la familia Casco, dijo estar muy impactado ya que la resolución del tribunal no era la que esperaban, entre otras cosas por “las audiencias, el análisis de la evidencia, y el propio parecer de los colegas de la defensa”.

“Quedaron todos absueltos por voto de mayoría y un voto en disidencia por el presidente del tribunal que consideró que existió la privación ilegal de la libertad seguida de muerte en relación a tres agentes”. Si bien dijo que esperarán los fundamentos del fallo para su análisis, adelantó que apelarán.

Según se reconstruyó durante el juicio, el 6 de octubre de 2014, Franco Casco, de 20 años, tenía previsto regresar desde Rosario hacia la localidad bonaerense de Florencio Varela cuando fue interceptado por policías de la comisaría 7ª de Rosario en terminal de ómnibus, ubicada en barrio Agote.

Tras su detención, fue llevado a un calabozo de la seccional ubicada en calle Cafferata al 300 (entre Catamarca y Tucumán) y testigos afirman que allí fue sometido a torturas.

La versión oficial indica que Casco fue liberado. Sin embargo, nunca volvió a tomar contacto con sus familiares (ni quienes vivían en Empalme Graneros, al noroeste de Rosario, ni en Florencio Varela).

Sus padres, Ramón Casco y Elsa Godoy, viajaron a Rosario y lo buscaron por todos lados. En la terminal de ómnibus averiguaron que su hijo había sido detenido por efectivos de la comisaría 7ª donde primero se lo negaron y luego reconocieron que Franco había pasado la noche detenido por resistencia a la autoridad, sin darle más datos.

Días después, el fiscal que investigaba el paradero del joven les mostró fotos de Franco visiblemente golpeado y un acta que decía que lo habían liberado.

Casi un mes después (el 30 de octubre, 24 días), y luego de varias movilizaciones exigiendo su aparición con vida, el cuerpo de Franco apareció flotando en el río Paraná.

La autopsia determinó que fue arrojado sin vida al río y que se inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. A mediados de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco.

Tres años después (octubre de 2017), el juez Vera Barros procesó a 30 policías (pertenecientes a la seccional 7ª y a Asuntos Internos), ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en la muerte de Franco Casco y en la “intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.

Finalmente, este martes 18 de julio, a casi 9 años de la desaparición y muerte del joven, todos los policías involucrados fueron liberados.

El fiscal federal Arrigó empezó este miércoles su alegato final en la causa donde se investiga el homicidio seguido de desaparición forzada del joven en Rosario, en octubre de 2014. Hay 19 imputados.

El fiscal federal Fernando Arrigó empezó su alegato final de acusación al grupo de 19 personas imputadas en distintos roles en la causa donde se investiga el homicidio seguido de desaparición forzada de Franco Casco en Rosario, el joven bonaerense de 22 años que en octubre de 2014 estuvo preso en la comisaría 7° y cuyo cuerpo fue encontrado 22 días después en aguas del río Paraná.

Detienen a 32 policías y al jefe de Asuntos Internos por la muerte de Franco Casco

La acusación refrendó los planteos previos del trámite. Arrigó sostuvo que Franco fue detenido ilegalmente, que no se registró su detención, que fue sometido a golpes y torturas en el penal de la comisaría 7°. Que en esa circunstancia advirtieron que le causaron la muerte por asfixia y que en consecuencia, al tener cuenta que hubo testigos, los autores esperaron el momento propicio para sacar el cuerpo. Fue durante un corte de luz. Luego arrojaron el cadáver al río Paraná.

Arrigó inició su alegato pasadas las 10.30 mientras allegados a Franco y agrupaciones sociales contra la violencia institucional se mantenían en la puerta de los Tribunales Federales en Oroño al 900. Antes de desplegar la prueba acusatoria, lo que se presume puede llevar dos jornadas enteras, Arrigó hizo dos resúmenes. En uno explicó qué pasó según la fiscalía en la comisaría. En otro quiénes estuvieron implicados y qué papel jugaron.

Dijo que en octubre de 2014 Franco Casco estaba en Rosario en casa de sus tíos. Extrañaba a sus padres y por eso decidió volver. En una tarde se dirigió a la estación de trenes. Terminó en la comisaría 7°. Adujo que fue identificado como grupo vulnerable para la violencia institucional. Los móviles de la comisaría cazaron a Franco y lo ingresaron a la seccional. No documentaron el ingreso para trabajar tranquilos y sin plazos. Lo torturaron, le hicieron firmar un acta del hecho, con fechas erradas. Luego lo siguieron torturando. Según los detenidos que fueron testigos “cayó en la guardia más jodida”. Le pegaron y Franco gritaba. Lo asfixiaron.

El fiscal federal reiteró que mientras lo observaban los policías presentes tomaron conciencia de lo que pasó esa noche. “Supieron que lo ocurrido con Franco no había pasado inadvertido para los demás en la comisaria porque él gritaba y había hablado con otros detenidos, que luego escucharon gritos desgarradores”.

Según planteó no pudieron hacerlo solo desaparecer, sino que necesitaban una coartada. Con ella se podía garantizar la impunidad. Se dedicaron entonces a sacar el cuerpo y limpiar la sangre del penal transitorio para que no quedaran huellas que pudieran ser vistas por los detenidos. El día siguiente al hecho, el 7 de octubre, era jornada de visita.

El acusador destacó que para concretar el plan de la desaparición requerían de un momento oportuno. Según el relato de un detenido hubo un momentáneo corte de luz. Entonces lo sacaron y lo tiraron al río. “Era la forma de borrar la prueba de la responsabilidad de los que habían participado”.

Un vecino de confianza de confianza del comisario Diego Álvarez, afirmó Arrigó, proporcionaría el motivo de una detención que según el fiscal era inmotivada. “El vecino cumplió. No había testigos. Un invento de resistencia a la autoridad era suficiente”. Esa persona está fue incorporada hace unas semanas a este juicio acusada por falso testimonio. Es Alberto Daniel Crespo, habitante del barrio Agote que llamó al jefe de la comisaría 7ª para dar cuenta de que un sospechoso merodeaba el barrio y que según la policía desembocó en el arresto de Casco.

Luego el fiscal entró en la segunda parte del planteo que englobó a los imputados, los roles que jugaron y sus acciones concretas. Sostuvo que el 6 de octubre entre 21.08 y 23.30 el personal salió a recorrer su jurisdicción. “En una de las patrullas iban Diego Alvarez y Romina Díaz. En el camino privaron de libertad a Franco Casco y lo ingresaron a la comisaría. No documentaron el procedimiento y no se dejó registro en la guardia. Franco fue alejado en un cuartito sin acceso a un baño denominado el freezer, la jaulita, el transitorio. Habitualmente alojaban ahí a las personas sin causas invocando averiguación de captura.

Caso Franco Casco: Repudian la libertad para policías

El fiscal delimitó primero los niveles de responsabilidad de Diego José Alvarez, Walter Eduardo Benitez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Contino Silva y Franco Zorzoli. Sostuvo que no dieron aviso a la Justicia por la detención de Franco Casco.

“Sabían que si registraban como averiguación de identidad solo contaban con seis horas. Si registraban la detención de ese modo debían ponerlo a disposición del fiscal en un plazo que no excediera las seis horas. Sabían que no cumplirían los plazos legales y decidieron no registrarlo. Sabían a esa altura que el fiscal (provincial) de flagrancia era el doctor Alvaro Campos. Dijeron que no atendían llamadas. La circunstancia de omitir lo ocurrido les daba tiempo”.

Alvarez, Benítez, Blanco y Contino afrontan la imputación más grave que es autores de desaparición forzada agravada por muerte de la víctima y torturas. El destino en caso de condena es prisión perpetua.

Enrique Gianola Rocha, César Daniel Acosta, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva están imputados de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

Los que participaron del delito principal, dijo el fiscal, fraguaron un documento público, hicieron un montaje para probar que Casco había sido detenido el 7 de octubre de 2014. La maniobra orquestada exigió que el vecino Alberto Crespo dijera que vieron a Casco intentando abrir las puertas de algunos domicilios en la calle de modo de justificar la detención.

Como partícipes secundarios de este delito son juzgados Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortiz y Franco Luciano Zorzoli.

Finalmente los policías de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar están procesados por encubrimiento agravado. Arrigó dijo que estos omitieron informar al fiscal a cargo lo relatado por varios detenidos cuando los internos les manifestaron haber escuchado los tormentos. Dijeron que estos empleados de control trasladaron los relatos en forma genérica sin analizar los dichos de cada uno. Y que hicieron entrevistas en la propia comisaría donde estaban presos, un contexto impropio, sin resguardar a esos testigos en un ambiente libre de presión.

Respecto del momento del ataque físico a Franco Casco, el fiscal Arrigó sostuvo que una vez que se realizó la detención la víctima fue sometida a agresiones, malos tratos y asfixia. “Los presos relataron que se escuchaba que lo sacudían contra las paredes, se notaba que no era del ambiente, porque no sabía que tenía que dejar de gritar para que dejaran de pegarle”, sostuvo. Agregó que “el imputado Benitez le recitaba fragmentos de la Biblia y le decía: ‘arrepentite’. Durante la salvaje golpiza Franco gemía de dolor. Esto duró dos horas. Lo golpearon salvajemente”.

Luego de este primer momento, señaló Arrigó, le tomaron los datos personales, le sacaron fotografías, donde aparece golpeado y con la ropa mojada. Lo volvieron a golpear. En esa nueva paliza, dijo el fiscal, participaron Álvarez, Contino y Silva. “Se escuchó silencio total. Les dijeron que se les iba la mano. Un policía dijo: ‘no se mueve, no se mueve’. Murió por asfixia tal como lo explicó la doctora (forense Virginia) Kreimer”.

Un pasaje especialmente fuerte del fiscal fue cuando reseñó los testimonios de los detenidos en la comisaría 7ª que es una base de la acción violenta. Dijo por ejemplo que “el detenido Pablo Argüello vio a Franco a través de la hendija de la puerta. Dijo que estaba en una celdita enfrente. Vio la imagen de Franco por televisión luego y lo reconoció. Lo escuchó decir ‘no me peguen más, si ya me tienen detenido’. Le preguntaron el nombre y dijo Franco Casco. Y después nos enteramos que había muerto”.

Consignó que los testimonios de los presos coincidieron en que “Franco denotaba no ser del ambiente en el sentido que no estaba acostumbrado a sufrir detenciones por la forma en que gritaba como le pegaban y cómo se dirigía a las autoridades. Lloraba, se quería ir, y no aguantó que lo hubieran metido ahí adentro”. Sostuvo que Argüello dijo que el joven “no manejaba el lenguaje tumbero. No era como ellos porque sino se habría defendido de esa manera”.

También citó el testimonio de otro interno, Ariel Sosa, quien sostuvo: “Lo que pasaba siempre cuando traían a los que estaban incomunicados es que todos gritaban. Le pegaban un par de cachetadas y paraban. Pero Franco gritaba todo el tiempo que se quería ir”.