Los concejales Chuchi Molina, Inés Larriera y Carlos Pereira presentaron un proyecto en el que solicitan que el Municipio deje sin efecto las modificaciones en las líneas 2, 4 y 5 que afectan a los barrios El Pozo, Centenario, San Lorenzo y Chalet.

También piden que se restablezcan las líneas 20 -única que permitía la llegada de pasajeros de todos los puntos de la ciudad al Liceo Municipal- y 21. “El transporte público atraviesa una crisis profunda, y decisiones de este tipo, tomadas sin estudios serios y que perjudican a los vecinos, agravan el panorama”, señaló Carlos Pereira.

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A pocos días de cumplirse los dos meses de la puesta en marcha los nuevos recorridos de varias líneas de colectivos, en una decisión tomada por el Municipio y en la que no se contempló la opinión de especialistas ni vecinos, los concejales Cuchi Molina, Inés Larriera y Carlos Pereira (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto para que el Ejecutivo retrotraiga la situación y deje sin efecto los cambios en las líneas 2, 4 y 5 -en los tramos de barrio El Pozo, Centenario y San Lorenzo/Chalet, respectivamente-; y además solicitando que se restablezca el servicio de las líneas 20 -única que permitía que pasajeros de todos los puntos de la ciudad pudieran llegar al Liceo- y 21.

Advierten por falta de combustible para el transporte urbano

Los concejales detallaron que “en los últimos días hemos recibido el pedido de un importante número de vecinos y vecinas que vieron afectada de modo intempestivo su vida por una decisión del Ejecutivo Municipal en acuerdo con los empresarios del sector sin ninguna consulta previa”.

Para Carlos Pereira, “el sistema de transporte público se encuentra en una crisis casi terminal, la escasa frecuencia y las largas esperas de los usuarios ha hecho que mucha gente abandone el transporte público; la ecuación económica que daba sustento al sistema está seriamente afectada entre el recorte de subsidios y la abrupta caída en la venta de pasajes. Este panorama obliga a estudios serios de movilidad que el Municipio no ha hecho ni ha anunciado hacer. Y estas decisiones, tomadas de espaldas a los vecinos, no hace más que agravar el panorama”, señaló.

Los concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron justamente que “en este contexto se toman decisiones -como el recorte de recorridos- sin ningún tipo de sustento ni fundamentos serios”. Chuchi Molina, Inés Larriera y Carlos Pereira enfatizaron que los recortes de recorridos, como era esperable, han generado la reacción negativa de los usuarios en los barrios más afectados. “Vecinas, vecinos y las propias vecinales de los Barrios Centenario, El Pozo y San Lorenzo han manifestado públicamente su disconformidad con la medida y, además, han explicado claramente los perjuicios que estos cambios han ocasionado en su vida cotidiana”, señalaron.

Los ediles de JxC recordaron que “desde el Ejecutivo Municipal se dijo que estos recorridos iban a estar a prueba por el transcurso de un mes. Pues bien: a un mes de haberse implementado estos cambios, está claro que es necesario dar marcha atrás con la medida. El Municipio tampoco ha justificado técnicamente el por qué de estos cambios ya que no hay estudios de movilidad que se hayan realizado durante este período; el solo pedido de las empresas no es argumento suficiente para sostener la actual situación”.

Por la 20 y 21

Por otra parte, Carlos Pereira consideró “sumamente preocupante y ocasiona graves trastornos el hecho de que se haya sacado de recorrido a la Línea 20 que, entre otros lugares, daba cobertura al Puerto y, en particular, al Liceo Municipal donde concurren miles de niñas, niños y adolescentes”.

Como se sabe, la Línea 20 contaba con un transbordo en la Plaza del Soldado que permitía que pasajeros de todos los puntos de la ciudad pudieran llegar al Liceo. “No nos olvidemos que el Liceo Municipal es una institución gratuita al que concurren estudiantes de todos los puntos de la ciudad y la única alternativa que tienen aquellos que no pueden pagar estudios privados”, reforzó el concejal.

Para Carlos Pereira, “no solo se está obligando a muchas personas a caminar gran cantidad de cuadras para llegar al Liceo; también hay que tener el presente el hecho de que muchas clases terminan en horario nocturno y, en medio de la creciente ola delictiva, se está sometiendo a personas muy jóvenes a situaciones de inseguridad”, enfatizó, y entendió que ahora que las clases se están retomando con normalidad es imprescindible reponer este esencial servicio público.

El Concejo Municipal tratará este jueves 31 de marzo distintos proyectos que instan al Ejecutivo a dejar sin efecto el pase sanitario y el uso de barbijos.

El concejal Saúl Perman presentó un proyecto de resolución sobre tablas con el fin de declarar no obligatoria la presentación del denominado “pase sanitario” como requisito de ingreso en actividades culturales, laborales o de servicios en la ciudad de Santa Fe.

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Por otro lado, Carlos Pereira y Paco Garibaldi también elevaron iniciativas para flexibilizar medidas de restricción por el COVID-19. Puntualmente, recomiendan al ejecutivo municipal que el barbijo deje de ser exigido en todos los niveles educativos de la ciudad. El proyecto del representante de Juntos por el Cambio sostiene que “la vida social, aún en pandemia, ha vuelto a la normalidad en casi todos los aspectos de nuestra convivencia” y remarca el nulo uso de estas medidas en eventos masivos. Por el lado de Garibaldi, el documento recuerda que el gobierno nacional dejó a cada jurisdicción la libertad de tomar estas medidas o no, y remarcó que Santa Fe presenta un alto índice de población vacunada.

Sólidos argumentos

El proyecto de Perman solicita a las autoridades locales de organismos públicos y entidades privadas que no exijan este requisito a quienes quieran ingresar a dependencias de la capital provincial.

El edil remarca que en Argentina “no se ha establecido la obligatoriedad de la vacuna y esto podría resultar inconsistente con la exigencia de acreditación de la misma”.

En línea con lo planteado por Pereira, Saúl expresó: “En espectáculos masivos de distinta índole (deportivos, culturales, de ocio, etc.) en los cuales las aglomeraciones superaron los 40.000 espectadores, y en varios casos con un grado de hacinamiento importante, la exigencia y/o control del pase sanitario fue inexistente”.

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A su vez, el concejal afirmó que, en Santa Fe, estudios del CONICET indican que “los santafesinos estamos bien protegidos, con una gran mayoría de la ciudadanía con memoria inmunológica y un alto porcentaje (54%), con valores elevados de anticuerpos”.

Los concejales Inés Larriera y Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio) presentaron un relevamiento de la situación del parque lumínico de la ciudad, que tiene 9 mil luces apagadas sobre un total de 35.304 instaladas. Reclamaron al Ejecutivo un cronograma de inversión y de obras para revertir la situación.

Los concejales de la UCR en Juntos por el Cambio, Inés Larriera y Carlos Pereira, realizaron este miércoles una conferencia de prensa para reclamar al Ejecutivo un plan de inversión y el cronograma de obras previsto por el Municipio para atender una situación cada vez más preocupante: la falta de iluminación en las calles de la capital provincial, donde hay un total de 9 mil luminarias apagadas, lo que significa que 1 de cada 4 luces de la ciudad se encuentra sin funcionar.

“La falta de luminarias, los focos quemados en la vía pública, las plazas sin luces, los sectores o calles enteras de la ciudad que se encuentran apagados es, en estos días, el principal reclamo de los santafesinos”, aseguraron los ediles, y explicaron que “a través del presente pedido de informes queremos que el Ejecutivo Municipal nos informe los reclamos que recibe el Municipio y de esta manera validar lo que claramente percibimos en los barrios de la ciudad”.

Según el relevamiento, el parque lumínico de la ciudad es de 35.304 luces. “El intendente, en un reciente parte emitido por prensa municipal, ha reconocido que en la ciudad existen 9.000 luminarias apagadas. La cifra es la más alta de la última década. Eso implica que un 25 % de las luces se encuentran apagadas, cuando lo ‘aceptable’ es que un 5 % del parque lumínico se encuentre fuera de servicio. La situación es peor incluso a la que se ha vivido luego de las grandes tormentas de viento, en donde se vieron afectadas un 15 % de las luminarias de la ciudad”, enfatizaron.

Dudas respecto a los números

En el proyecto presentado en el Concejo, Larriera y Pereira solicitan “precisiones sobre la cifra que se ha brindado a través de prensa municipal, acerca de que durante el 2020 se procedió al recambio de 4.500 luminarias quemadas. Si en el primer semestre del año 2020 a través de licitación pública, el Municipio procedió a la compra de 1.750 luminarias (a través de la Licitación Pública Nº 2/2020): ¿cómo fueron adquiridas las 2.750 luminarias restantes?”, consultan.

Los ediles advirtieron que su reclamo se apoya según la información de prensa oficial, en la cual desde el gobierno local indican que se realizan entre 15 y 20 reparaciones por día desde el área de alumbrado público.

“¿Por qué se realizan tan pocas intervenciones teniendo en cuenta que el promedio histórico de reparaciones se encuentra entre 50 y 60 intervenciones diarias?”, plantean los concejales de la UCR en Juntos por el Cambio. En ese sentido, detallan que “para reposición de luminarias del segundo semestre se procedió a la compra de 1.430 artefactos lumínicos a través de la Licitación Pública Nº 7: ¿qué otras licitaciones se encuentran previstas durante el 2020 a los efectos de poder reponer la totalidad de las luminarias que se queman?”, se preguntan.

Otra de las consultas que se les hace al Ejectivo es sobre cuál es el protocolo de atención de los reclamos de “sectores” o “calles” a oscuras; por qué existen grandes sectores o tramos de varias cuadras sin reparar durante semanas; y qué cantidad de este tipo de reclamos se han recibido en el sistema de atención ciudadana del municipio acerca de sectores apagados durante el primer semestre del 2020.

Efectos colaterales

La falta de luces “no solo afecta la movilidad nocturna de vecinas y vecinos, además atentan contra la seguridad en un momento en donde los índices delictivos, los robos, los arrebatos se encuentran en continuo incremento”, advirtieron los ediles y agregaron: “A través del presente proyecto pretendemos conocer cómo se afrontan estas situaciones desde el Municipio y si existe un protocolo para la atención inmediata de estos reclamos”.

También destacaron que les llama la atención que el Municipio informe que desde el área de alumbrado público se realizan entre 15 y 20 intervenciones diarias. “La cifra es claramente insuficiente, el promedio histórico de atención de desperfectos ha estado por lo menos en un triple al actual. Para dar una idea de la situación: a 20 “intervenciones” por día, el recambio de la 9.000 luminarias insumiría 450 días de trabajo. Un disparate”, aseguraron.

Pero no todas las situaciones de “oscuridad” que padece la ciudad son ocasionadas por focos quemados. “En otras situaciones hay líneas o sectores enteros que salen de servicio por otros desperfectos (cables cortados, problemas con fusibles, contactores, células fotoeléctricas, etc.). Esta situación se advierte claramente en lugares como el circuito que circunvala la Ciudad, con 950 luminarias apagadas (Ruta 1, Ruta 168, avenidas Alem y 27 de Febrero, y las Circunvalaciones Mar Argentino y Oeste)”, apuntaron.

Los concejales remarcaron que “es común ver manzanas enteras en muchos barrios sin iluminación, o calles enteras sin luces”. Y dieron como ejemplo lo que sucede en Bv. Pellegrini y Galvez, que “ya tiene 110 luminarias apagadas; o en diferentes espacios públicos, como el Parque Garay, donde hay apagadas 2 de cada 3 luminarias”, graficaron.

Lo aseguró Miguel González, secretario General del municipio, quien respondió a la acusación del concejal Carlos Pereira. El opositor advirtió la ausencia de móviles de la Guardia de Seguridad Institucional y criticó que el gobierno municipal ofrece “menor presencia y control”.

Un comienzo de año caótico atraviesa la ciudad de Santa Fe en cuanto a los hechos de inseguridad. Ante este panorama adverso, el concejal Carlos Pereira (Juntos por el cambio) denunció, a través de un comunicado, que “la Guardia de Seguridad Institucional del Municipio (GSI) ha sido retirada de la calle y del espacio público. La GSI venía cumpliendo un importante rol en el patrullaje de la vía pública, y si bien es un cuerpo no armado, es destacada la tarea que ha realizado en materia de refuerzo en la detección de situaciones delictivas o presuntamente delictivas, complementando el rol que al efecto cumplen las fuerzas de seguridad provinciales y federales”, aseveró.

El gobierno municipal no tardó en defenderse y Miguel González, secretario General del municipio, sostuvo: “La GSI nunca se fue de la calle, no entiendo estos dichos de un concejal que dice que cambió el sentido. Para cambiar el sentido de la GSI hay que modificar la norma que da cuenta de porqué se formó y para qué”.

Respecto a la acusación de Pereira, quien mencionó que “mientras se habla de la necesidad de mayor ‘patrullaje’ en la vía pública, la ciudad de Santa Fe ofrece menor presencia y control”; el secretario General analizó que “el rol de la GSI no tiene que ver con el patrullaje tal como se espera de un patrullero policial, su rol es otro”.

La falta de mantenimiento de los rodados de la GSI fue una de las primeras denuncias que realizó la gestión de Emilio Jatón a la anterior intendencia, al no poder utilizarlas durante el fuerte temporal que sufrió la ciudad el sábado 14 de diciembre.

“Había una enorme cantidad de vehículos fuera de funcionamiento de la propia GSI, con lo cual lo primero que tuvimos que hacer es solucionar el problema de los móviles”, comentó González y destacó que la Guardia del municipio continuará “haciendo las tareas de coordinación y prevención que debe hacer junto a los vecinos, pero no tiene que ver con el tipo de trabajo que hace un policía, son tareas diferentes”.

Más críticas

En el mismo comunicado, Pereira expresó que “el actual Gobierno Provincial, ante la ola delictiva que padece la provincia y la ciudad, ha tomado la decisión de una mayor coordinación de las políticas de seguridad con los Municipios. Se ha hablado de ‘Mesas de Coordinación’. Decisión que nos parece acertada y que hemos venido reclamando desde hace varios años ya que son las autoridades locales quienes mejor conocen los problemas, la dinámica del delito y las situaciones que se suceden en el territorio que gobiernan. Pero queremos alertar que este nuevo panorama se da en un contexto en donde el intendente de la ciudad de Santa Fe viene tomando decisiones que alejan al municipio de la problemática de la seguridad”.

En esta línea, el edil opositor sostiene que “en el nuevo organigrama de secretarias de la Municipalidad ha desaparecido la Subsecretaría de Seguridad, habiendo sido reemplazada por una Subsecretaría de Convivencia Ciudadana. El cambio terminológico no es casual e implica un verdadero cambio de rumbo: no es lo mismo trabajar por la ‘convivencia’ que por la ‘seguridad’. Trabajar por la seguridad implica involucrarse en las políticas de prevención del delito”.

El secretario General, al ser consultado sobre su parecer de estas declaraciones, dijo: “Corren por su cuenta y la verdad me parece un desconocimiento o simplemente una animosidad de poner, en un momento muy crítico social, en vilo a la sociedad. No se pueden hacer declaraciones sin tener nivel de responsabilidad”.

Marco regulatorio de la GSI

A mediados del 2018 se sancionó una ordenanza que establece los criterios de selección de personal, funcionamiento, deberes y obligaciones de la GSI.

Dentro de sus objetivos, el cuerpo preventivo deberá “ejercer presencia en lugares públicos para advertir a las autoridades sobre posibles hechos delictivos y vandálicos; colaborar con los organismos de tránsito en caso de accidentes, tumultos o manifestaciones populares dentro del ejido urbano, y colaborar en eventos públicos de concurrencia masiva”.

La GSI dependerá orgánicamente de la Dirección de Seguridad Institucional y funcionalmente del Programa de Seguridad Institucional dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad ciudadana municipal, o quien la reemplace a futuro. Actuará las 24 horas todos los días del año, y para ello esa dirección tendrá que organizar su personal.

Entre los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos de la Guardia Urbana, la norma puntualiza: “Solicitar auxilio y dar intervención a la Policía Provincial en todos los casos en que fuera necesario; abstenerse de hacer uso de la fuerza en los casos que intervenga y dar aviso a las fuerzas de seguridad; actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de distinción ni discriminación”. El impulsor de la ordenanza, sancionada por unanimidad, fue el ex concejal Sergio Basile (FPCyS).