El Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, denunció a Marcelo Sain ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, y solicitó su destitución por considerar que ha cometido “faltas graves”. En un extenso escrito de 32 fojas, apunta contra el ex ministro de Seguridad agrupando las presuntas irregularidades en cuatro tópicos: situación de hacinamiento en comisarías, compra de armas, descalificaciones sistemáticas, e incompatibilidad manifiesta para conducir el Organismo de Investigación (OI).

Por todo ello, Arietti reclamó la destitución de Sain del OI, cargo al que retorna este lunes tras la autorización pertinente del Fiscal General, Jorge Baclini. Y plantea que sea suspendido preventivamente en sus funciones, hasta tanto se sustancie el proceso en su contra. El escrito fue presentado la semana pasada y ya tuvo una respuesta de la auditora María Cecilia Vranicich. La funcionaria se declaró incompetente. Arietti apeló, entonces, la resolución y recurrió como instancia superior a la Junta Provincial de Fiscales que también se reúne este lunes en Rosario.

Comisarías 

En primera instancia, Arietti denunció a Sain por la “convalidación de tratos crueles, inhumamos y degradantes” a los detenidos en dependencias policiales del departamento La Capital. Se describe la recurrente situación de hacinamiento y superpoblación, y se concluye en que los alojados “exceden en un 200% las plazas existentes”. Se advierte la “falta de respuestas y acciones del Ministerio para morigerar la situación”, a pesar de los recurrentes hábeas corpus presentados.

Arietti recuerda en su escrito que la ley orgánica del OI plantea como incompatibilidad e inhabilidad para ejercer el cargo “la existencia de pruebas suficientes de participación en hechos que puedan ser subsumidos en la categoría de lesa humanidad o que hagan presumir razonablemente la participación, consentimiento o convalidación de hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”. Para Arietti, la conducta de Sain se enmarca en este último postulado.

Compra de armas 

El segundo punto sobre el que Arietti focalizó la denuncia es la compra de armas que impulsó el Ministerio de Seguridad. Allí le reprocha “haber violado los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad en el procedimiento de contratación pública”. Como se sabe, el proceso había sido impugnado por una de las empresas participantes – BERSA-. La firma entendía que el pliego se había confeccionado a “la medida” de la empresa israelí IWI. Desde el Ministerio de Economía se resolvió suspender la licitación, modificar el pliego y reprogramar la apertura de sobres. Arietti cita el dictamen de la cartera de finanzas cuando le plantea a la de Seguridad que resultan “escasos los conceptos para sustentar el agrupamiento de ítems” – ése había sido el centro de la controversia y lo objetado por Bersa puesto que dicha modalidad inducía a que se presentara una sola empresa- y recomienda su división en renglones. El proceso había sido frenado, incluso, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Y contó, además, con un dictamen de Fiscalía de Estado, que avaló lo sostenido desde Economía. Por todo ello, Arietti concluye en que Sain no garantizó como funcionario público, los principios de “publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad”.

Práctica agraviante 

En tercera instancia, el Fiscal Regional advierte sobre una “conducta sistemática que trae como consecuencia la obstaculización del servicio a prestar por el Ministerio Público de la Acusación, y puede afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”. En este apartado, Arietti citó expresiones de Sain contra Baclini, cuando expresó que su actitud “dejaba mucho que desear” y lo responsabilizó de “gran parte de la crisis por la que atraviesa el MPA”; también contra el propio Arietti sobre quien dijo que “está más pegado al poder que a los problemas criminales; lo hemos visto en su comportamiento con relación al caso Oldani, y tiene una mirada palaciega de la justicia”; y en general, contra todos los integrantes del MPA, cuando sostuvo que “hay fiscales que deforman el concepto de flagrancia para no laburar”.

Para Arietti, esa conducta puede terminar “interfiriendo en actuaciones judiciales en las que (Sain) no tenga ninguna intervención oficial”. Y amplía su escrito con muestras de esa “práctica agraviante” también hacia otros integrantes del Poder Judicial -en ese blanco sitúa a la Oficina de Gestión Judicial; y al ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, entre otros-, hacia funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hacia intendentes. En este sentido, Arietti aludió a “palabras soeces” con las que Sain descalificó al propio gobernador Omar Perotti, a los intendentes Emilio Jaton y Pablo Javkin – los llamó “especuladores y de cuarta categoría”-; al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; a otros legisladores y periodistas.

Finalmente, citó expresiones y conductas “despectivas, burlonas y discriminatorias hacia la provincia y sus habitantes y otras instituciones, así como impropias de cualquier funcionario público”. Los integrantes del Poder Judicial, planteó Arietti, deben tener según la ley “una conducta irreprochable”, y recordó que es una falta grave “ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la obstaculización del trámite o del servicio” en el OI del MPA. A su criterio, con la conducta ejercida por Sain se obstaculiza “la objetividad en la aplicación de la ley penal, el respeto por los derechos humanos y la gestión de conflictos para restablecer la paz social”.

Incompatible 

Finalmente, el Fiscal planteó la existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tiene a Sain, sus colaboradores y otros funcionarios públicos de la provincia, como imputados y/o investigados . Ello, sostiene, constituye un motivo de impedimento y una incompatibilidad actual para ser director del OI. Y “trae como consecuencia – acota- la obstaculización de los trámites y del servicio a prestar por el MPA, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”.

Sobre la base de los argumentos planteados, Arietti reclama la suspensión preventiva de Sain “en forma inmediata” como titular del OI, hasta tanto finalice la investigación administrativa iniciada sobre su conducta, y que pueda derivar eventualmente, en la destitución que reclama.