Después del reclamo de la familia, la Justicia resolvió separar de celda a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El traslado ya se efectivizó esta madrugada. Una de las acusadas quedó en el Complejo Penitenciario de San Luis y la otra fue al Complejo Penitenciario Federal N° 6 de Mendoza.

Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, fue acusada de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento; mientras que su pareja, Abigail Páez, fue condenada por homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Ambas cumplían su sentencia de cadena perpetua en la misma celda del Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, lo que para el abuelo y la tía de Lucio era considerado un beneficio. A raíz de esta situación, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunió con la familia de la víctima durante la semana pasada, en donde se le solicitó separar a las acusadas.

SE LES ACABÓ LA LUNA DE MIEL A LAS ASESINAS DE LUCIO DUPUYLo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo… pic.twitter.com/SM7OnqWuC2

El traslado de Espósito Valenti se llevó a cabo a las dos de la madrugada hacia el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Mendoza, mientras que Páez quedó alojada en la cárcel de San Luis.

La noticia fue difundida por Bullrich a través de sus redes sociales, donde aseguró que “las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia”.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró este lunes que la provincia de Santa Fe “va a poner todo lo que tenga que poner para restituir la paz social”. Así lo indicó en una conferencia de prensa luego de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la ciudad de Rosario.

“Estamos reforzando con toda nuestra policía y en coordinación con las fuerzas federales, y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esclarecer estos hechos y en llevar a los culpables ante la justicia y a la cárcel”, afirmó el funcionario, quien reconoció que “son momentos muy difíciles para la ciudadanía y para la provincia”, y manifestó “nuestro mas enérgico repudio a estos hechos criminales, y nuestra solidaridad con las familias de las personas atacadas”.

Estos crímenes “se investigan y todo esto está en manos de la Fiscalía y de nuestra Policía de Investigaciones para esclarecerlos y dar con los responsables”, indicó Cococcioni, quien insistió en que “desde la provincia se están poniendo todos los esfuerzos y todos los recursos”. 

En ese sentido, el ministro agregó que “en estos momentos se están llevando medidas producto de un Comité de Crisis en el que forman parte también la fiscal General (María Cecilia Vranicich), la fiscal Regional (María Eugenia Iribarren), los equipos de gestión del Ministerio Público de la Acusación, un equipo especial de cinco fiscales que se ha conformado para abocarse exclusivamente a los hechos de estos últimos días. En función de eso se han llevado adelante una serie de medidas, allanamientos, secuestros de elementos de utilidad para la investigación, y hasta el momento hay tres personas detenidas”, aunque “esperamos mayores novedades en las próximas horas”.

Asimismo, Cococcioni dijo que “se están adoptando medidas para poner hasta el último recurso policial en calle, y se está coordinando con las fuerzas federales una nueva división en zonas en la que va a haber un nuevo esquema operativo reforzado. Hoy se está trabajando la cobertura, que ha cambiado y ha aumentado rotundamente, y estamos en condiciones de dar cobertura a todos los llamados que recibe el 911”.

Controlar la cárcel

Durante la conferencia de prensa ofrecida en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, el titular de la cartera de Seguridad también hizo mención a la instigación de delitos desde el interior de las cárceles, y remarcó que “hay que aplicar la ley estrictamente, el régimen penitenciario tiene que ser muy estricto”, y recordó que “veníamos de un período de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente desde dentro de la cárcel. Eso en la provincia de Santa Fe se terminó y tenemos que ser muy firmes. Estos delincuentes van en contra de toda una sociedad que quiere vivir tranquila, y no se lo podemos permitir”.

Al respecto, dijo que eso “no es una postura del gobierno provincial o de una persona, es una postura de la provincia de Santa Fe expresada en todo su arco institucional. Todos los actores institucionales han dado muestras públicas de apoyo al cambio rotundo que se ha dado en la política penitenciaria. En esto no hay que retroceder, y la provincia tiene que mantenerse firme para impedir que los delincuentes vuelvan a dominar la cárcel como estaban acostumbrados a hacerlo”.

En busca de desactivar el narcotráfico y el poder de los presos de alto perfil de las cárceles de Santa Fe,  se establecieron nuevos protocolos. El Ministerio de Seguridad de la provincia confirmó que los internos usarán uniformes.

Esta medida facilitará la identificación y la supervisión de la custodia en los distintos pabellones, según informaron desde el ministerio.  También ayudará a la contabilización y permitirá la detección de situaciones extrañas o inusuales.

Se utilizaría durante la visita que reciban, en los espacios comunes y en la salida extramuros.

Según indicaron  los presos de alto perfil serían los primeros en usarlos. Pero el objetivo es implementarlo en todo el sistema penitenciario provincial.

El Ministerio dijo que esta incorporación no será para estigmatizar a los internos, si no para una "correcta visualización".

Desde que el gobernador Maximiliano Pullaro asumió e implementó cambios está siendo amenazado. Su familia por seguridad ya no está en Rosario.

Presos de seis cárceles de Ecuador mantienen secuestrados a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones, indicó este jueves el organismo rector de los reclusorios (SNAI).

En medio de una jornada violenta por el estallido de dos carros bomba en Quito, la entidad señaló en un comunicado que siete policías y 50 agentes carceleros “están retenidos en seis centros de privación de libertad”, sin dar mayores detalles sobre lo sucedido.

Más temprano el ministro de Interior, Juan Zapata, había indicado que todos los guardias estaban retenidos en la prisión de Cuenca, donde los reclusos protestan desde el miércoles por la presión policial.

“Este suceso sería una respuesta de los grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos”, indicó el SNAI.

El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la andina Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de las frecuentes matanzas entre reclusos que dejan más de 430 muertos en todo el país desde 2021.

Las hipótesis sobre las retenciones han ido cambiando a lo largo del día. En un principio el SNAI indicó que se trataba de una represalia por esa “intervención” de la fuerza pública.

Luego, autoridades señalaron que la retención es en protesta por el traslado de reclusos a otras cárceles.

“Estamos preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios”, expresó Zapata en rueda de prensa en Quito.

En redes sociales se hizo viral un vídeo grabado presuntamente desde dentro de la cárcel de Cuenca, aparentemente, por parte de los policías y guardias carcelarios retenidos donde hacen un llamado al Gobierno para encontrar una solución que permita su liberación.

De acuerdo con el SNAI, se “está tomando una serie de acciones para recuperar el orden en el sistema penitenciario” con el apoyo de militares y policías.

También hubo un intento de motín en el correccional de menores de Quito “Virgilio Guerrero”, donde los adolescentes causaron un incendio en el segundo y tercer piso de este centro, lo que obligó a los bomberos a un gran despliegue para controlar las llamas sin que aparentemente no se registrasen víctimas.

Bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder y usan las prisiones como centros de operaciones.

Ante los cruentos enfrentamientos entre las organizaciones aliadas a carteles mexicanos y colombianos en las cárceles, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.

Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Un segundo coche bomba explotó en Quito la madrugada de este 31 de agosto. Según confirmó la Policía, el vehículo causó afectaciones al edificio del Servicio de Atención Integral, la entidad encargada de las cárceles. El estallido se produjo en el centro norte de la ciudad, cerca a una universidad. La detonación del vehículo sucedió apenas unas horas después de la explosión de un primer coche bomba, que estalló en los exteriores del Ministerio de la Mujer. Entre ambas ubicaciones de los atentados hay una distancia de 1.3 kilómetros.

Los atentados sucedieron luego de que en la Cárcel de Turi, al sur del país, se registraran incidentes. La fuerza pública debía intervenir esa prisión el 30 de agosto, pero los reos tomaron el control de la cárcel y retuvieron a 45 uniformados, entre policías y agentes penitenciarios, y a una civil. Esa cárcel estaría bajo el liderazgo de la banda criminal Los Lobos. Como en otras ocasiones, el Servicio de Atención Integral no ha entregado información precisa sobre la situación en Turi hasta la mañana del 31 de agosto.

La Policía confirmó que “un vehículo tipo camioneta con dos cilindros de gas licuado de petroleo en su interior, habría explotado por la acción de un artefacto de mecha lenta, causando la destrucción del vehículo y daños en los exteriores del edificio del Servicio de Atención Integral, ubicado en la Av. 12 de Octubre entre Wilson y Foch, no se registran víctimas de este suceso”. El edificio donde sucedió el estallido es el lugar donde los presos firman las boletas de prelibertad.

“Estos dos coches bombas que han sido colocados la noche en la capital (Quito) son acciones para amendrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía en controlar estos centros penitenciarios”, dijo el secretario de Seguridad, Wagner Bravo en una entrevista con FM Mundo.

La Policía informó que detuvo a seis personas que habrían detonado el primer coche bomba en Quito. Algunos de los cinco ecuatorianos y un colombiano aprehendidos registran antecedentes por robo, extorsión y asesinato. Incluso algunos de los sospechosos fueron detenidos hace 15 días, pero la justicia les dio medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sobre estas detenciones, Bravo aseguró que ya están en marcha las investigaciones para conocer a los autores intelectuales de los atentados: “Se tiene algunos capturados que posiblemente son los autores y que tendrán que entrar en el proceso investigativo para ver de dónde provienen las órdenes para tratar de causar este terror a los ecuatorianos”.

Además el secretario de Seguridad aseguró que “estos grupos delincuenciales tratan de presionarnos para que el estado no actúe sobre ellos” por ello, cuando existen operativos en las prisiones se alerta a todas las unidades policiales y militares” para que estén atentas a las posibles respuestas de las bandas en las calles: “Es cuando se hace seguimiento inclusive aquellas personas como estos capturados que posiblemente pueden cometer actos delincuenciales. Inmediatamente se conoció de las dos explosiones se activó todo el proceso de investigación y de inteligencia de la policía”, esto habría permitido la rápida aprehensión de los sospechosos.

Bravo también indicó que los atentados explosivos suscitados en Quito “posiblemente son repercusiones ante los traslados (de presos) que se hacen a las diferentes cárceles del país”.

Durante la mañana del 31 de agosto se difundió un video que habría sido grabado en la cárcel de Turi donde habla un agente retenido: “Llevamos 24 horas. No sabemos de nuestras familias ni ellas de nosotros”, asegura el hombre. Pese a la insistencia de la prensa ante el Servicio de Atención Integral y de la Policía, no se ha confirmado la veracidad de la grabación.

Desde el fin de semana los hechos violentos en Ecuador no paran. El país mantiene dos Estados de Excepción para controlar la crisis en las prisiones y la violencia en las calles, sin embargo, este martes la ola de violencia continuó. Además del caos en las cárceles, en Esmeraldas, al norte del país, varios vehículos fueron incinerados, hubo amenazas con explosivos y las clases se suspendieron para salvaguardar a los estudiantes.

Sobre la violencia en las cárceles, hasta las 17:30 de este 25 de julio, la Fiscalía informó que la cifra de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral desde el fin de semana asciende a 31. Lo mismo sucede con el número de heridos que pasó de once a catorce.

De acuerdo con el decreto 823, que dispone el Estado de Excepción en las cárceles del país; en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del Ecuador ubicada en Guayaquil, los problemas iniciaron por una pugna entre Los Tiguerones y Los Lobos, bandas criminales que lideran los pabellones 8 y 9 de esa cárcel, respectivamente: “La actual ruptura de acuerdos entre los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, ha generado la intención de tomar posesión de forma unilateral en diferentes ciudades del país, ocasionando un ambiente de hostilidad entre estos dos grupos, lo cual ha desatado un enfrentamiento armado, siendo punto de inicio el Centro de Privación de Libertad Guayas No 1. (Penitenciaría)”, se lee en el documento que es de dominio público.

Desde la madrugada de este martes, 2.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ingresaron a la Penitenciaría y retomaron el control de algunos pabellones. Como parte del registro de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos que realizan las Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral, hasta las 17h30, decomisaron once fusiles de largo alcance, un lanza granadas, quince pistolas, dos revólveres, dos sub ametralladoras, un explosivo, más de 500 municiones, 100 celulares, cinco chalecos balísticos, seis radios de comunicación y USD 4. 441 en efectivo. Además, retiraron de los pabellones ventiladores, parlantes, refrigeradores y televisores.

El presidente Guillermo Lasso escribió en su cuenta de Twitter que “el Estado pone orden en la Penitenciaria del Litoral porque la fuerza coercitiva jamás se doblegará”. Sin embargo, el testimonio de un agente que labora en esa prisión desmiente lo sostenido por las autoridades.

Las declaraciones del agente penitenciario fueron publicadas por el medio Primicias. El funcionario, cuya identidad permanece el anonimato, señaló que las fuerzas del orden “solo esperan a que se calmen y dejen de dispararse y matarse para entrar y decir que ya tienen el control”. Además aseguró que “lo que suben (el gobierno) a redes sociales de que retomaron el control es solo para las fotos”. Finalmente dijo que “al parecer, se les acabó el armamento a los presos. Pero ellos vuelven a obtenerlo, porque la Policía y de la dirección de la cárcel les autorizan a ingresar por la puerta grande. Mañana vuelven a reabastecerse”.

Por su parte, el Servicio de Atención Integral (Snai) informó que la huelga de hambre cesó en las 13 prisiones del país. Sobre los agentes de seguridad retenidos, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció que 120 de 137 fueron liberados. Además, oficialmente se confirmó que, la tarde de este martes, en la cárcel de Esmeraldas se registró un nuevo amotinamiento. Como parte del levantamiento 15 guías penitenciarios y dos funcionarios administrativos están retenidos.

En un comunicado, el Observatorio de Prisiones de Ecuador advirtió que la violencia carcelaria se da porque el gobierno “privilegia a unas bandas criminales sobre otras”. Además, se informó que los presos llevan tres días sin comida ni agua. Sobre estas denuncias no ha existido ningún pronunciamiento oficial.

Terror en Esmeraldas

Mientras las fuerzas del orden tratan de retomar el control de las cárceles y de disminuir los hechos violentos en las provincias de Manabí, Los Ríos y en el cantón Durán, donde también rige un Estado de Excepción; en Esmeraldas al norte del país, los ciudadanos viven momentos de zozobra y terror.

Desde el mediodía de este martes, se reportaron balaceras cerca de las escuelas, amenazas con explosivos y vehículos incinerados. El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases para proteger a los estudiantes.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta, comandada por militares, y la Policía Nacional se desplegaron en toda la provincia de Esmeraldas. Hasta las 14h00 se confirmó, además del amotinamiento en la prisión del lugar, la incineración de dos autos y un autobús; la amenaza de atentados a las gasolineras de la estatal Petroecuador y la liberación de rehenes que fueron secuestrados en la Unidad de Policía Comunitaria del sector Guacharaca, donde se registraron enfrentamientos y la detonación de artefactos explosivos.

Las Fuerzas Armadas informaron que en el sector Guacharaca se aprehendió a un menor de edad que llevaba explosivos que iban hacer utilizados en actos delictivos liderados por miembros de Los Tiguerones. En esa misma zona, los miembros militares encontraron, en un terreno abandonado, 84 tacos explosivos, tres motos reportadas como robadas y dos rollos de mecha lenta que pretendían ser utilizados en actos delictivos en esta provincia.

La Policía también señaló que hubo dos detenidos por causar zozobra con artefactos explosivos en el centro de Esmeraldas. Un servidor policial que fue retenido por delincuentes, que incluso pusieron una granada en su cuello, también fue rescatado.

Además de los hechos violentos en Esmeraldas, en Guayaquil también se registraron actos delincuenciales. Según reportó La Defensa, “varios sujetos saquearon un local de electromecánicos, quemaron una moto y lanzaron explosivos en la Avenida Perimetral, a la altura de la Isla Trinitaria, sur de la ciudad“.

La tarde del martes se conoció que los periodistas Anderson Boscán y Mónica Velásquez de La Posta, quienes revelaron una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, abandonaron el país porque un grupo vinculado con la mafia albanesa habría arribado al Ecuador con instrucciones de atentar contra sus vidas. Con ellos, son cinco los periodistas que este 2023 han tenido que autoexiliarse para proteger su integridad, pues han sido amenazados por grupos delincuenciales.

Alarma por la tasa de reincidencia en cárceles de Santa Fe. La Defensora General de la Provincia, Jaquelina Balangione, manifestó que el 85% de las personas condenadas reinciden tras salir de la cárcel.

En tal sentido, explicó que los penales no cumplen la función de resocializar a los internos. «85% es el índice de reincidencia que tenemos en la provincia. Esa es la prueba contundente y objetiva de que la cárcel no está siendo un factor de solución, es meramente un castigo, pero después esas personas vuelven a la sociedad» detalló Balangione.

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Este dato se desprende del asesinato del comerciante de barrio Belgrano, cuyo asesino ya había cumplido una condena por otro homicidio.

Tiene 32 años y había recibido una pena de 13 años tras asesinar a Crisitian Iván Díaz en 2009. El año pasado había recuperado la libertad y hoy nuevamente está involucrado en un homicidio, que en este caso, terminó con la vida del comerciante de 73 años de barrio Belgrano.

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En tanto, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni detalló que de los 187 muertos que hubo el año pasado en Rosario, 22 eran personas con libertad transitoria o condicional.

Ante este escenario, están reforzando y potenciando «una Dirección que está dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, la de Patronato del Liberado, que es una dirección que está muy debilitada, sin recursos».

LA PALABRA DE LA PASTORAL CARCELARIA

El sacerdote de la pastoral carcelaria Bernardo Blanchoud habló sobre la situación que se atraviesa dentro de los penales en Santa Fe luego de que se conozca un alto número de reincidencia de los internos que recuperan la libertad. “La reincidencia que hay la veo en carne propia porque visito las cárceles, y veo muchachos que se van y a los meses o a veces semanas ya están de vuelta”, aseveró.

El sacerdote de la pastoral carcelaria Bernardo Blanchoud se refirió a la situación que se atraviesa dentro de los penales en Santa Fe luego de que se conozca un alto número de reincidencia de los internos que recuperan la libertad.

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“Coincido con la doctora Balangione (titular de la Defensa Pública). La reincidencia que hay la veo en carne propia porque visito las cárceles, y veo muchachos que se van y a los meses o a veces semanas ya están de vuelta en el mismo penal o en alguna otra alcaidía”, remarcó Blanchoud.

El religioso dijo además que hay que hablar de inserción de las personas privadas de su libertad, y no de reinserción “ya que muchos de los presos nunca estuvieron integrados a la sociedad, provienen de barrios, de situaciones marginales donde no han tenido educación”.

“A veces uno encuentra muchachos de 20 o 30 años que no saben leer ni escribir, o sea que han estado afuera del radar del Estado por completo. Y la situación es brava porque haber ingresado a una cárcel es un estigma que le impide integrarse, dificulta el acceso a un trabajo”, completó.

Sin embargo, rescató Blanchoud, hay experiencias como la de “Manos Libres” que ayudan con la integración de personas detenidas a través del empleo y el estudio. “Es para presas liberadas, tienen cerca de la terminal de ómnibus un lavadero de ropa y talleres de costura, calzados y demás. Se ganan el pan con el fruto de su trabajo. Es un ejemplo de que se puede reintegrar cuando se encuentran las condiciones aptas para hacerlo”, afirmó.

El Salvador aprobó nuevas medidas contra las maras. Prisión para periodistas y la amenaza de dejar morir de hambre a los pandilleros presos. Las críticas de organismos internacionales.

El descontrol de los narcos en Rosario se coló en plena campaña política y llevó a posibles candidatos electorales como el mediático abogado Fernando Burlando a consultar en las redes sobre la idea de replicar contra los narcos en Argentina las medidas sancionadas por el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador. Se trata de 3 leyes muy duras que fueron muy criticadas por organismos de derechos humanos.

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A pesar de las críticas de organismos internacionales, Bukele defendió las medidas aprobadas por la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- destinadas a sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras: que incluyen también la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.

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Pero no se quedó ahí, sino que el Presidente de El Salvador amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus cómplices comienzan a vengarse por el régimen de excepción declarado en el país. Y afirmó: “Y no me importa lo que digan los organismos internacionales”, agregó el mandatario durante un acto.

LAS POLÉMICAS MEDIDAS APROBADAS POR BUKELE:

La reforma ordena sancionar con penas de diez a quince años de prisión a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) expresó su preocupación y calificó la reforma como “mordaza”.

La reforma establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de “textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados”, donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.

Autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas. O sea reutilizarlos por el ministerios de Seguridad y de Defensa.

Estas medidas y los dichos del Presidente salvadoreño recibieron duras críticas de la ONU, de Unicef y de diferentes organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de varios países.

El motín del penal de Guayas se generó ante la resistencia de los internos a ser llevados a otros recintos y coincide con una ola de violencia en esa provincia y en la de Esmeraldas.

Al menos dos presos murieron y 11 policías y tres militares resultaron heridos este jueves en un nuevo motín en la mayor cárcel de Ecuador, en Guayaquil, mientras se registraron en la jornada otros siete ataques con explosivos en Durán y Santo Domingo.

La Fiscalía ecuatoriana informó en un comunicado que el motín en el penal de Guayas se generó ante la resistencia de los internos a ser trasladados a otros recintos y coincide con una ola de violencia en esa provincia y en la de Esmeraldas.

Atentados en Ecuador: asesinaron a cinco policías en reacción al plan de reorganizar cárceles

Una fuente del organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI), que pidió no ser identificada dijo que los uniformados fueron atacados a balazos y con explosivos cuando ingresaron a los pabellones de la penitenciaría Guayas 1, donde se enfrentan los reclusos, informó la agencia de noticias AFP.

Los choques estallaron en medio del estado de emergencia que rige en Guayaquil, azotada por una arremetida del narcotráfico que deja cinco policías y un civil muerto en ataques dirigidos contra puestos de mando y gasolineras.

El SNAI señaló en un comunicado que reclusos “responden con violencia contra servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, inclusive con el uso de granadas”.

Masacre carcelaria en Ecuador: hay al menos 15 presos muertos y 21 heridos

Con el apoyo de policías y militares, el SNAI inició el traslado de presos de la penitenciaria Guayas 1, controlada por organizaciones del narco, hacia otros centros de reclusión para reducir el hacinamiento.

El organismo sostuvo que los ataques se deben a “acciones emprendidas para la reducción del hacinamiento, que contemplan mejoras en la infraestructura y fortalecimiento de la seguridad” en los centros y señaló que los responsables de los ataques son presos “integrantes de grupos de delincuencia organizada”.

Fue en el marco de reacciones ante un plan para reorganizar las cárceles. El presidente Lasso declaró el estado de emergencia.

Al menos cinco policías ecuatorianos murieron el pasado martes en una serie de atentados contra la fuerza en Guayaquil y Esmeraldas en reacción a un plan para reorganizar las cárceles del país, lo que llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar un estado de excepción en dos provincias.

Lasso ha culpado repetidamente de la violencia, incluso dentro de las prisiones, a las represalias de las bandas de narcotraficantes por los esfuerzos de su Gobierno para combatirlas.

Masacre carcelaria en Ecuador: hay al menos 15 presos muertos y 21 heridos

Ecuador es utilizado como punto de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos y Europa. Los ataques durante la madrugada del martes fueron una declaración abierta de guerra por parte de las bandas, en medio de una intervención de la fuerza pública a una de las cárceles del país, dijo Lasso, en una intervención televisada.

“Lo sucedido entre la noche de ayer y hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar”, sostuvo. “Estamos tomando acciones que los tiene preocupados, por eso la reacción violenta”.

Declaró estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde la fuerza pública intensificará operativos y entrará en vigor un toque de queda a partir de las 21.00 hora local (0200 GMT).

Lasso, quien canceló un viaje personal a Estados Unidos por los ataques, ha utilizado repetidamente declaraciones de emergencia para tratar de enfrentar la violencia.

Seis explosiones se registraron en la madrugada de este martes en varias zonas de Guayaquil, indicó la policía a periodistas. En tanto, dos policías murieron en un ataque a una patrulla en la periferia. Otros tres oficiales fueron asesinados en la ciudad y sus alrededores más tarde el martes, informó el gobierno.

Al menos 13 muertos tras una pelea en una cárcel de Ecuador

Se reportaron tres explosiones en Esmeraldas y siete agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes por reclusos en protesta por los traslados.

Los agentes fueron liberados luego de negociaciones, dijo la agencia penitenciaria SNAI. El sistema penitenciario de Ecuador ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, pero la violencia carcelaria se ha disparado desde finales de 2020, matando al menos a 400 personas.

SNAI informó que habían trasladado a 515 presos desde la Penitenciaría a otros reclusorios en el país. La entidad agregó que las medidas buscan reducir el hacinamiento y garantizar la seguridad de la población carcelaria.

La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de Latacunga, en la capital de la provincia de Cotopaxi, que aloja a unos 4.300 reos

Al menos 15 presos murieron y otros 21 sufrieron heridas durante un amotinamiento ocurrido anoche en una penitenciaría de Ecuador, en lo que constituyó la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021, con un acumulado de alrededor de 400 muertos.

“Se tiene como información preliminar que 21 personas resultaron heridas y 15 fallecidas” a causa del enfrentamiento entre reclusos, señaló en un comunicado el organismo que administra las prisiones SNAI, en las que bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder.

La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de Latacunga (en el centro andino y capital de la provincia de Cotopaxi), que aloja a unos 4.300 presos y es una de las más importantes del país, según reportaron AFP y Sputnik.

“Luego de los enfrentamientos registrados en el CPL (Centro de Privación de Libertad) #Cotopaxi, 15 cadáveres de PPL (personas privadas de la libertad) se levantaron en el lugar”, confirmó la Fiscalía por Twitter.

Luego de los enfrentamientos registrados en el CPL #Cotopaxi, 15 cadáveres de PPL se levantaron en el lugar. Respecto a la muerte del procesado #LeandroN., #FiscalíaEc informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso.

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 4, 2022

En una entrevista concedida anoche a un canal de televisión, el presidente Guillermo Lasso presentó “un mensaje de condolencia y de solidaridad con los familiares de aquellos que han muerto hoy en (la cárcel de) Cotopaxi”.

Presos treparon sobre las cubiertas mientras se escuchaban detonaciones, según imágenes retransmitidas por noticieros de televisión.

Momentos antes, el subdirector del SNAI, Jorge Flores, dijo a la prensa que “de lo que podemos conocer, preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas”.

Norero, conocido con el alias de “El Patrón”, fue arrestado en mayo pasado por el presunto delito de lavado de activos, en una operación en la que se decomisaron 6,4 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.

Al parecer, el hombre con nexos con el narcotráfico y que afrontaba una orden de prisión en Perú pasó a ser uno de los jefes entre los reclusos.

“Respecto a la muerte del procesado #LeandroN., #FiscalíaEc informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”, apuntó la entidad acusadora.

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en los últimos años en campos de batalla donde bandas vinculadas al narcotráfico se disputan el poder a sangre y fuego.

Al menos 13 muertos tras una pelea en una cárcel de Ecuador

Esa guerra se extiende también a las calles de varias ciudades como el puerto de Guayaquil (suroeste), donde opera un gran complejo carcelario con unos 13.100 detenidos y en el que desde el año pasado se han dado las mayores masacres con cuerpos desmembrados y calcinados, que han pasado a figurar entre las principales de Latinoamérica.

Ecuador, con 18 millones de habitantes, decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga en 2021, cuando la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.

La nación, localizada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, ha incautado unas 150 toneladas de estupefacientes en lo que va de este año.

En agosto, el gobierno inició un censo penitenciario con miras a mejorar las condiciones de vida ante el hacimiento en las prisiones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenaza con no dar de comer a los pandilleros encarcelados si la violencia persiste en el país. Por lo pronto, promete para ellos condiciones de encierro extremadamente duras.

“En un total tenemos 22 000 pandilleros, a los que tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, asignados con dos tiempos de comida y en condiciones que ninguno de los pandilleros que están afuera quiere ir a tener adentro.

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Es importante que sepan que si se tratan de pasar de listos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y veremos cuanto duran”, dijo Bukele durante un acto de graduación de militares.

El Salvador intercepta dos “narcosubmarinos” con más de 4 toneladas de cocaína

“Me lleva a pensar que los que se jactaban de tener el control y el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa a las ratas, por supuesto”, añadió

Bukele acusó a los pandilleros de ser el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional y partidos opositores. También dijo que “no le importa lo que digan los organismos internacionales”.

El Salvador lleva desde el 27 de marzo bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. El Congreso suspendió, a petición del presidente, derechos constitucionales como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han realizado detenciones masivas, capturando a más de 5 700 presuntos pandilleros en una guerra sin cuartel contra las maras.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en El Salvador y acusa a las autoridades de estar haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza y se hace eco de denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El condado de Volusia situado en Florida, Estados Unidos, comenzará a cobrar a los internos 5 dólares diarios por su “alojamiento, alimentación y servicio de lavandería”.

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“Les estamos dando de comer todos los días. Los estamos cuidando todos los días. Esa tarifa deberá ser pagada por el recluso”, dijo Mark Flowers, director del Departamento Correccional de Volusia.

Sastre: Hacinamiento de reclusos en la alcaidía

Asimismo, la dirección del recinto penitenciario agregó que dicha iniciativa tiene como objetivo compensar los gastos que representa para el condado la manutención de los presos mientras esperan su juicio o cumplen sentencias.

Vale acotar que la ley de Florida permite a los condados facturar a los prisioneros por su tiempo en la cárcel, sin embargo, se debe tener en cuenta el estado financiero del recluso, con el fin de que pague con sus ingresos y activos la totalidad o una parte justa de sus costos diarios de subsistencia.

En las elecciones de este domingo, en las que votó más del 70 por ciento del padrón general, hubo también buena participación en las Unidades Penales

Unos 738 internos e internas alojados en Unidades Penales de la provincia de Entre Ríos votaron este domingo.

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De acuerdo a los datos oficiales suministrados a AHORA por el Servicio Penitenciario, en las nueve unidades de la provincia hubo participación electoral, distribuidos de la siguiente forma:

El delincuente asesinado por el jubilado había salido días antes de la cárcel

Unidad Penal N° 1: 201

Unidad Penal N° 2: 85

Unidad Penal N° 3: 123

Unidad Penal N° 4: 95

Unidad Penal N° 5: 62

Unidad Penal N° 6: 36

Unidad Penal N° 7: 56

Unidad Penal N° 8: 22

Unidad Penal N° 9: 58

Total: 738 votos.

Grupos élite de la policía “retomaron el control” de dos cárceles.

Al menos 21 personas detenidas murieron en dos cárceles de Ecuador y otras 50 quedaron heridas durante motines que luego fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales. La versión oficial habla de “enfrentamientos entre internos” en los que también hubo algunos policías heridos e intentos de fuga.

Los hechos ocurrieron en la prisión ubicada en la provincia costera de Guayas, al suroeste del país, y en la de Cotopaxi, al centro de Ecuador. En la primera prisión se registraron 8 muertos y en la segunda 13.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) señaló que grupos élite de la policía “retomaron el control” en ambas prisiones, tras los intentos de fuga en que fueron recapturados al menos 45 internos.

?HASTA EL MOMENTO son 45 los ppl que fueron recapturados luego de que intentaron fugar del #CPLCotopaxi No. 1.??‍♂️Continuamos informando pic.twitter.com/ozQ8ljemeS

La noche anterior, en Cotopaxi, hubo otro intento de fuga, cuando al menos 70 presos se apostaron en la puerta principal del complejo carcelario y fueron contenidos por operativo policial que evitó escapes durante la revuelta.

OPERACIONES POLICIALES ?@PoliciaEcuador con sus unidades preventivas, investigativas y de inteligencia, ejecuta operativos simultáneos para recapturar a los ppl que se fugaron del #CPLCotopaxi No. 1.?Hasta el momento son 61 ppl recapturadosContinuaremos informando ? pic.twitter.com/48Jy7xpoyK

Las cárceles de Guayas y de Cotopaxi fueron dos de las cuatro prisiones en las que se produjeron sangrientas revueltas simultáneas en febrero de este año. Por esos días hubo 79 reclusos muertos y una veintena de heridos.

Esos incidentes dejaron escenas aterradoras, como cuerpos decapitados. Luego de esto, la semana pasada la Policía Nacional ecuatoriana detuvieron a una persona que intentó ingresar a la cárcel de Guayaquil fusiles, pistolas, explosivos y municiones.

Ecuador tiene alrededor de 60 cárceles con capacidad para albergar a 30 mil personas, pero en la actualidad aloja cerca de 39 mil reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4 mil agentes para ejercer un control efectivo de las cárceles.

El índice de hacinamiento en las prisiones del país bordea el 30 por ciento. En 2020, según la Defensoría del Pueblo, hubo 103 asesinatos en las cárceles.

En medio de la pandemia y para reducir la población carcelaria, Ecuador aplicó medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42 a 30 por ciento la sobrepoblación de las prisiones.

Una quincena de allanamientos por una causa de abuso de armas y extorsión se llevaron a cabo este lunes en diferentes domicilios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez y también en la cárcel de Piñero.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial intervino en el Barrio Villanueva de Rosario y en otras viviendas de la zona. También en la Unidad Penitenciaria Nº 5, la prisión de mujeres de la ciudad.

La investigación surge a partir de un hecho ocurrido el pasado 20 de mayo, donde resultó víctima un hombre de iniciales G.

C.

A raíz de diversas tareas de rigor, la AIC comprobó una red que cometería abusos de armas y extorsión realizadas a través de carteles con frases amenazantes y llamadas telefónicas, que se digitaban desde la cárcel de Piñero a través de sus principales cabecillas.

Los acusados ya están detenidos y fueron identificados por la Policía como Pablo Nicolás Camino y Brian Maximiliano Méndez, ambos integrantes del pabellón Nº 7 del mencionado establecimiento penitenciario, a 30 kilómetros de Rosario.

También, el parte oficial señala a Manuel Elías Martínez y, desde la cárcel de mujeres, Érica Nerina Mansilla.Otra parte de la banda cumpliría las órdenes por fuera de la cárcel, sostienen los investigadores, baleando diferentes domicilios y comercios y recolectando las cobranzas de las extorsiones cometidas. Por ello fueron demorados diferentes personas a raíz del procedimiento.

Fruto de los allanamientos, los agentes secuestraron también gran cantidad de dinero en efectivo (cerca de 1 millón 200 mil pesos) y 5.500 dólares estadounidenses; aparatos de telefonía celular ( 24 teléfonos), elementos informáticos (6 discos rígidos y 2 notebooks) y material estupefaciente ( un frasco con marihuana), además de documentación de interés para la causa.Con respecto a los demorados, se trasladó a sede de AIC Región II Rosario a tres hombres: M. E. M. y J. F. E. por Infracción a la ley 23.737; y también a E. P. M.

Los agentes constataron, en presencia de testigos, que una de las viviendas allanadas en Rosario se encontraba deshabitada y sin mobiliario, con gran cantidad de impactos de armas de fuego en su sector externo.Durante la requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 5, pabellón N° 3, en la que se encuentra alojada la interna Mansilla, la AIC encontró dos tarjetas sim para celular, ocultas en lavandina y en un ventilador.Interviene en la causa la Agencia de Delitos Complejos y del Crimen Organizado, a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Este año, el estado de Uttar Pradesh planea liberar durante 90 días a 2.456 presos para descongestionar las cárceles durante la pandemia.

21 reclusos en 9 prisiones del estado indio de Uttar Pradesh han rechazado la libertad condicional temporal de 90 días ante el temor de contagiarse con coronavirus, reporta el diario The Indian Express citando un informe de la agencia PTI.

Uno de ellos, Ashish Kumar, sentenciado a 6 años por incitación al suicidio de su mujer, declaró que se siente más seguro entre rejas que fuera de la prisión. Por su parte, el director general de la Administración de Cárceles de Uttar Pradesh, Anand Kumar, indicó que los rechazos podrían ser causados por el hecho de que los 90 días de libertad condicional no se agregan al período de cumplimiento de pena. Además, aseveró que varios reos temen quedarse sin alimentos ni atención médica al salir.

“Los reclusos dicen que los chequeos médicos se realizan regularmente en las cárceles. Reciben comida a tiempo, están seguros y sanos en las cárceles. Los reclusos dicen que una vez que salgan de la cárcel, tendrán que luchar para ganarse la vida”, afirmó Kumar.

La India es el país más afectado por la pandemia del covid-19. Según los datos oficiales a 30 de mayo, hay más de 28 millones de casos registrados, entre ellos 152.734 en las últimas 24 horas. Más de 202.000 casos todavía están activos.

La libertad condicional temporal ya se introdujo en Uttar Pradesh durante la primera ola de la pandemia en el 2020. Entonces, salieron 2.256 reclusos. Este año, se planea liberar a 2.456 prisioneros.

Al menos 50 reclusos muertos dejan los amotinamientos que estallaron en tres cárceles de Ecuador, informó la Policía.

“Al momento Criminalística reporta más de 50 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidos”, reportó la institución policial a través de Twitter. La policía no ha precisado si ya restableció el orden en los establecimientos.

INFORMAMOS ?

Ante los hechos suscitados el día de hoy en los CRS Guayas, Azuay y Cotopaxi @PoliciaEcuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento Criminalística reporta más de 50 PPL fallecidos.

Seguiremos informando… pic.twitter.com/OTbX3ziazU

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 23, 2021

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, atribuyó los motines a “organizaciones criminales” que están atacando de manera simultánea. Las las autoridades “están actuando para retomar control de cárceles”, señaló el mandatario en la misma red social.

Organizaciones criminales realizan acciones de violencia simultáneas en varios centros penitenciarios del país. La @PoliciaEcuador en coordinación con el Ministro de Gobierno, @ppazminoec, están actuando para retomar control de cárceles en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. https://t.co/9gdGoWTQHr

— Lenín Moreno (@Lenin) February 23, 2021

Poco antes, una fuente del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertas (SNAI) había confirmado a la agencia Efe una cifra más austera de al menos 16 reclusos de dos cárceles de Ecuador fallecidos en amotinamientos ocurridos en las provincias de Guayas (8) y Cotopaxi (8).

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Sin embargo, esta fuente apuntó también que la cifra podría subir pues hubo otro amotinamiento en una cárcel de la provincia andina del Azuay, y “es ahí donde, tal vez, tengamos la mayor cantidad de fallecidos”.

Consultada por Efe sobre versiones de la prensa local de al menos medio centenar de fallecidos, la fuente apuntó que aún no tienen datos oficiales al respecto.

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Tras la aprobación de un estricto protocolo sanitario, a partir de este lunes se restablecen las visitas en las nueve unidades penales de Entre Ríos. Cada Unidad Penal podrá dictar disposiciones específicas teniendo en cuenta la dinámica del establecimiento.

A través de la Resolución 750 de la Dirección General de Servicio Penitenciario de la provincia, eljueves pasado se estableció el retorno de las visitas en las cárceles de Entre Ríos a partir del lunes 2 de noviembre.

Según la norma, el protocolo establece que sólo podrán ingresar personas de entre 18 años y 60 años con residencia acreditada en la provincia, y lo harán en sectores aptos que cuenten con habitáculos, mamparas, paneles o elementos divisorios a fin de evitar cualquier contacto físico con la persona privada de la libertad.

Además, se establece que las visitas tendrán una duración de una hora y serán de frecuencia quincenal. Podrá ingresar solo un familiar o allegado por interno por turno, quien deberá presentar una declaración jurada con preguntas tendientes a detectar sintomatología con COVID o con cualquier situación considerada de «riesgo». Durante la visita será obligatorio el uso del barbijo también para el interno, y se deberá respetar el distanciamiento social.

Entre turno y turno se deberá proceder a una profunda desinfección del sector y proveer de una solución de alcohol al 70 por ciento o sanitizante. En tanto, aquellos internos que estén cumpliendo con el aislamiento, no podrán recibir visitas.

Por otra parte, y debido a que durante las visitas no se podrá ingresar con paquetes, las Unidades Penales deberán disponer de días y horarios específicos para la recepción de pertenencias.

En lo que respecta al personal penitenciario abocado a la requisa, estos deberán ser dotados de elementos de bioseguridad como barbijos, mascarillas, guantes de látex, camisolines descartables, etc. previa instrucción para su correcta utilización, y evitar el contacto con el personal de otros sectores.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país, al inaugurar 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.

“La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario”, aseveró el mandatario al encabezar, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, un acto -por videoconferencia- desde la residencia de Olivos.

Durante la inauguración en el marco del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” dentro del programa “Más trabajo, menos reincidencia”, Fernández señaló que “si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro”.

“No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama”, destacó.

El mandatario sostuvo que “el encierro es una penuria muy grande y no puede haber más penuria que esa” para la persona condenada y añadió: “No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento”.

“Cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito”, advirtió en su mensaje.

Asimismo, agregó: “No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad”.

“Lo que necesitamos es que quien soporta el castigo del encierro tenga la capacidad de prepararse para el día de mañana cuando esté libre. Para esos necesitamos dos cosas: que el encierro no lo vuelva más violento y que también se capacite para encontrar un futuro”, precisó el Presidente, quien además es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

“Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada y los condenados deben recibir un trato humanitario y ético”, dijo Alberto Fernández, quien aclaró: “No estoy contento de crear cárceles. Estoy conforme”, remarcó.

Fernández agregó: “Que hoy estemos inaugurando unidades y nos comprometamos a más unidades penitenciarias que le den a los detenidos lugares más aptos y puedan capacitarse habla bien de nosotros”.

Por último, el mandatario se refirió, además, a la necesidad de que las cárceles “no se conviertan en mercados negros”.

Desde el penal del municipio bonaerense de Florencio Varela, Kicillof consideró que “es un día importante que marca un cambio de dirección de la política respecto al sistema carcelario porque veníamos de cuatro años donde dejaron una deuda económica para pagar y una deuda importantísima porque aumentaron los detenidos de 33 mil a casi 44 mil detenidos y sólo aumentaron mil plazas porque no hubo inversión”.

“Este es un plan que en los próximos meses nos va a llevar a 2 mil nuevas plazas en el sistema penitenciario de la provincia, algo que no ocurría hace mucho tiempo”, señaló el mandatario bonaerense.

Sobre los beneficios de invertir en mejoras de infraestructura penitenciaria, Kicillof reflexionó: “Todos hablan de la reincidencia de aquellos que cumplen su condena, pero nadie decidió invertir para mejorar las condiciones de las cárceles y que allí se pueda estudiar. Esto hace a una política de seguridad integral”, remarcó.

Según un dato estadístico que precisó Kicillof, “quienes hacen cursos universitarios durante su condena, al salir tienen reincidencia cero”, lo que luego fue destacado por el propio Presidente.

En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires remarcó: “En el sistema penitenciario bonaerense vamos a priorizar la formación académica y en oficios”.

A su turno, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, afirmó que “cada una de estas construcciones en unidades penitenciarias incorporan equipamientos para tener un contexto de encierro digno y que no se los prive del derecho de salud, por ejemplo”.

Gil también destacó la importancia de haber alcanzado un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda pública porque “haber quitado esta hipoteca nos permite volver tener a la obra pública como una herramienta para poner a la Argentina de pie, más integrada, más justa y más federal”.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak; y los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín) y Gonzalo Peluso (Magdalena).

Durante el acto se inauguraron también salones de usos múltiples y espacios comunes como talleres y aulas, todo como parte del “Plan de Infraestructura”.

Además, los tres penales forman parte de la construcción de 15 Hospitales Penitenciarios en complejos ubicados en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 390 camas de internación, en el marco de la pandemia por coronavirus.

En el Complejo Penitenciario de Florencio Varela se están construyendo tres módulos sanitarios, con 72 camas y están realizando la base de hormigón donde se apoya el Hospital modular.

Los módulos, que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas, se emplazarán en las cárceles de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Campana, San Martín, Ituzaingó, La Plata, Magdalena, Mar del Plata (Batán), Olavarría y General Alvear.

Estos hospitales cuentan con pabellones de 382 metros cuadrados, 24 habitaciones individuales y 8 baños, servicio de laboratorio, sala de rayos y ecografía, cama de terapia intensiva, unidad de diálisis, así como el respectivo equipamiento e insumos: camillas, ecógrafo, equipo de rayos y mamógrafo.