La artista de 42 años ya rechazó un ofrecimiento previo para competir en las urnas.

Uno de los partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe analiza invitar a la cantante a incursionar en política.

Como si no tuviera suficientes proyectos en marcha, Soledad Pastorutti apareció este jueves en la discusión sobre la campaña de las elecciones 2023 en Santa Fe. Una de las principales fuerzas opositora la tiene en la mira como precandidata para completar sus listas.

La cantante de 42 años no es ajena al mundo de la política. En 2015, su padre compitió en la interna peronista durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Tiempo después, ella desechó una oferta similar.

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La “Sole” tiene una agenda cargadísima que complica el plan de entrada. De hecho, hace poco decidió reducir la cantidad de recitales porque la invitaron a conducir “La Peña de Morfi” en televisión.

A pesar de estas cuestiones, referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) creen que la intérprete oriunda de Arequito cumple con los requisitos para su estrategia en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Así, el sector más próximo a la senadora nacional Carolina Losada empezó a delinear una oferta.

La oposición cree que Soledad puede ser precandidata a diputada provincial en Santa Fe. Según fuentes consultadas por Radio 2, la premisa es contar con una figura fuerte en el primer puesto de la lista. El objetivo es competir con el gobernador Omar Perotti si sale a disputar el mismo lugar en las elecciones generales.

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Omar Pastorutti siempre estuvo cerca de la actividad política. Radicado en Arequito, en 2015 encabezó la lista “Somos Santa Fe” como primer precandidato a diputado provincial.

La titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia participó de una reunión prevista con jefes de bloque de la Cámara Baja, y brindó respuestas a las inquietudes planteadas sobre la cobertura de vacantes en los juzgados comunales.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, respondiendo a la convocatoria aprobada por Resolución en la Cámara de Diputados, acudió este miércoles al ámbito de Labor Parlamentaria, para dar respuesta a todas las inquietudes presentadas por las y los legisladores, acerca de cómo se sustancian los concursos en el seno del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, la funcionaria destacó “la profundización del camino del diálogo, en este caso con el Poder Legislativo, y la construcción de consensos en un proceso orientado a que cada localidad tenga un juez o jueza comunitaria que le resuelva problemáticas cotidianas a los y las ciudadanas”.

La ministra Arena, respondió las inquietudes relacionadas especialmente con las pautas de evaluación del procedimiento, de las que consideró importante “que se tenga en cuenta el decreto 268 de 2019 modificatorio del 573 de 2014, donde se elimina la puntuación y se instaura una evaluación integral y calificación global, normativas que vienen de gestiones anteriores”.

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Por último, la titular de la cartera de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, aseguró que “el proceso que se viene llevando a cabo está en un todo de acuerdo a la normativa vigente, el gobernador se ajustó al marco constitucional y a la legalidad, y ahora es la Legislatura la que en definitiva tiene la última palabra en un procedimiento que expresa las voluntades de dos poderes: el Ejecutivo que envía las propuestas y el Legislativo que define si las acepta o no”.

En el encuentro, la ministra Celia Arena estuvo acompañada por los secretarios de Justicia, Gabriel Somaglia, de Gobierno, Oscar Urruty, Electoral, Pablo Ayala, de Derechos Humanos, Lucila Puyol, de Protección Civil, Roberto Rioja, y de Coordinación Administrativa Legal y Técnica, Melisa Trabucchi, además de su equipo técnico.

La iniciativa es trabajada de manera conjunta entre el Ministerio de la Producción y los centros comerciales. La intención es que antes de fin de año, el proyecto pueda ingresar a la Legislatura.

Ivana Fux

El Ministerio de la Producción trabaja con entidades y centros comerciales de la provincia en la elaboración de un proyecto que permita dejar instaurada por ley Billetera Santa Fe. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de la Producción, Daniel Costamagna. El funcionario sostuvo que la intención es poder ingresar la iniciativa a las cámaras parlamentarias, incluso, antes de fin de año.

“Estamos trabajando en este proyecto como también lo estamos haciendo en Caminos para la Ruralidad o en el proyecto de ley (ya ingresado) sobre Riesgo Agropecuario. Yo diría que son tres de los ejes políticos más importantes que tienen que ver con la producción y con la tracción de la actividad a través del consumo, y con la posibilidad de mejorar la vida de muchos santafesinos”, planteó el ministro. Y acotó que se trata de programas que apuntan a “beneficios para todos los santafesinos desde el punto de vista del consumo; como para la producción a partir de la infraestructura y de que puedan los productores ‘colgar’ en su tablero de herramientas un proyecto de manejo del riesgo que les permita recuperar capital de trabajo, la utilización del seguro agropecuario y generar inversiones previniendo todo tipo de eventos”, planteó.

Continuidad

Respecto de la decisión de intentar plasmar por ley el incentivo al consumo que implica Billetera, Costamagna enfatizó que se trata de un trabajo conjunto que se lleva adelante con las entidades del comercio. “Qué mejor que tener un marco que le dé continuidad a través de los distintos gobiernos a estas cuestiones tan importantes para la producción pero también para todos los santafesinos. Estamos trabajando en eso y como siempre, lo hacemos en una articulación vinculadas al comercio, con FECECO, con ADEESSA, con todos aquellos que conocen bien de cerca toda esta actividad y que nos han apoyado durante todo este tiempo”, planteó. “La idea es que este proyecto llegue a la Legislatura antes de fin de año. Vamos a tratar de que así sea”, sostuvo Costamagna.

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Actualización

Billetera Santa Fe es un sistema de billetera virtual que permite un descuento del 30% en las compras, con un reintegro de hasta cinco mil pesos por mes. Ése es uno de los aspectos que ha generado reclamos puesto que el monto ha quedado desactualizado en función de la inflación. Consultado al respecto, Costamagna evitó – por ahora- adelantar si el proyecto incorporará algún mecanismo de actualización.

“Estamos trabajando en la iniciativa. Después, el gobernador, el ministro de Economía y todo el equipo irán analizando el tema para tratar de que la iniciativa sea lo más aggiornada posible y brinde un servicio a todos los santafesinos. La idea – insistió- es dejarlo como legado por ley. Y que sea a través del consenso y de la participación de los sectores que realmente están involucrados en esta actividad tan digna como es el comercio que hoy genera miles de puestos de trabajo en la provincia”, concluyó.

Para 2023, el gobierno de Omar Perotti decidió duplicar las partidas asignadas a Billetera. Según consta en el proyecto que en las próximas semanas deberá votar la Cámara de Diputados, la suma que estará disponible por dicho concepto para el próximo ejercicio será de 41 mil millones de pesos.

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF), presentó un proyecto de Ley que prohíbe en todo el territorio provincial la quema de neumáticos y el uso de pirotecnia como medio de protesta y cualquier otro motivo por parte de particulares u organizaciones civiles.

“La práctica de quema de neumáticos y el uso de pirotecnia en las manifestaciones públicas es de larga data en nuestra provincia y en todo el país y los principales actores de esta modalidad desconocen las consecuencias dañinas que producen a su propio organismo como al resto de la población. De allí que considero que la iniciativa que se pone a consideración no sólo tiene que contener una penalidad para aquellos que infrinjan la norma que prohíbe la quema de neumáticos y el uso de pirotecnia, sino también una estrategia para concientizar sobre los efectos nocivos en la salud y en el medio ambiente” aseguró la representante de Miguel Pichetto en Santa Fe.

La iniciativa “no pretende coartar la libre expresión de los habitantes de nuestra provincia manifestándose en las calles. Sólo pretende proteger la salud de la población, cuidar nuestro medio ambiente, proteger edificios, viviendas particulares, evitando el gasto y deterioro que produce la práctica de quema de cubiertas en calles y rutas de nuestra provincia”, aclaró la precandidata a gobernadora por ERF dentro de Juntos por el Cambio. La autoridad de aplicación de la Ley será el Ministerio de ministerio de Ambiente y Cambio Climático que, entre otras funciones dispondrá la aplicación de sanciones a los infractores de la norma.

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En ese sentido se propone primero un apercibimiento y luego una multa que se establece desde un monto equivalente a 500 litros de nafta súper, según valor YPF de Santa Fe, hasta 150 veces esa suma.

Por otra parte el proyecto dispone la creación del programa destinado a la concientización de los daños a la salud y al medio ambiente que produce la quema de neumáticos y el uso de pirotecnia, el que deberá difundirse por medios masivos de comunicación, televisión, radio, periódicos, revistas, Internet, redes sociales, medios auxiliares o complementarios de comunicación, folletería, cartelería, volantes y medios alternativos de comunicación.

“La quema de neumáticos produce un fuerte impacto ambiental, con efectos como, entre otros, contaminación del aire, lluvia ácida, el calentamiento de la atmósfera, el adelgazamiento de la capa de ozono, dando lugar al efecto invernadero, que viene produciendo el cambio climático a nivel mundial, con las consecuencias ya conocidas”, concluyó Florito.

En la ciudad de San Lorenzo, Miguel Pichetto y Betina Florito, ratificaron sus precandidaturas a presidente y gobernadora respectivamente representando al espacio Encuentro Republicano Federal (ERF) dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

“Para ser presidente de los argentinos hay que pensarlo con la cabeza y sentirlo con el corazón. Espero estar a la altura de las circunstancias y que la sociedad me pueda acompañar y comprender el mensaje que estamos planteando. Me acompaña Betina Florito como precandidata a la gobernación de Santa Fe; una mujer que tiene una trayectoria de total transparencia que es un valor fundamental hoy. El cambio hoy es con transparencia, con honestidad”, afirmó el auditor general de la Nación.

Por su parte, la diputada provincial, Betina Florito contó que sigue recorriendo la provincia como lo hace desde 2021 cuando se presentó como candidata a senadora nacional obteniendo 80 mil votos. Constituyéndose en la cuarta fuerza más votada detrás de las grandes estructuras como el PJ, Cambiemos y el Socialismo. “Sobre esa base y con todo el respaldo, la experiencia y fortaleza de Miguel Pichetto desde la Nación, seguimos caminando y ampliando el espacio”, reseño la presidenta del bloque ERF en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Pichetto y Florito concretaron una intensa agenda en la ciudad del sur provincial, departamento homónimo. Primero visitaron la Cámara de Comercio, Industria y Servicios donde los anfitriones les trasladaron la necesidad de dotar a la región de infraestructura vial y ferroviaria y aspectos vinculados a la hidrovía Paraná-Paraguay. Luego visitaron la empresa Tubomec adonde acompañados por sus dueños y por la Unión de Comerciantes e Industriales (UCI) recorrieron la planta. Estos últimos les manifestaron sus preocupaciones por el estado del troncal hidroviario.

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Por la tarde, Pichetto recibió de manos del secretario de Gobierno y Cultura de San Lorenzo, Alejandro Cabral y de Salud y Medioambiente, Mariano Soria, en representación del intendente Leonardo Raimundo, el decreto que lo declaró huesped de honor.

Fue en oportunidad de participar en un acto institucional en el Campo de la Gloria, donde el destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo procedió al arrío de la bandera. “Esto es parte de la historia argentina; el lugar donde la patria se empezó a fundar” señaló un emocionado Pichetto, tras recorrer el complejo museológico. Para finalizar la jornada, Pichetto y Florito se acercaron hasta el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) donde junto al secretario general del Sitram, Edgardo Quiroga, precandidato a senador departamental por ERF, participaron de un multitudinario acto político.

También estuvieron presentes el integrante de la mesa nacional de ERF en representación de Santa Fe, Cristian Hoffmann; los dirigentes de Rosario, Victoria Pistono y Vicente Mastrocola, este último también integrante de la Mesa Sindical del ERF ; el secretario de Gobierno de la municipalidad de San Lorenzo, Alejandro Cabral, el dirigente departamental de San Lorenzo e integrante de la mesa provincial de Juntos por el Cambio en representación de ERF, Andrés Danelón, y la joven periodista Sol Ventura y Gustavo Zárate, ambos dirigentes de Capitán Bermúdez.

El ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, se reunirá este miércoles con la comisión Bicameral prevista por la vigente ley de emergencia en seguridad pública y servicio penitenciario.

Será el primer encuentro del funcionario con ese cuerpo que se constituyó recién a fines de septiembre cuando el Senado designó sus integrantes.

La reunión se hará en dependencias de la Cámara de Diputados y en los hechos significará la postergación de la interpelación a Rimoldi que había votado la Cámara Baja.

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Según la ley vigente, la Bicameral está conformada por tres senadores y tres diputados nominados por simple mayoría de legisladores presentes y sujetos a remoción por idéntico procedimiento

“Constituida la misma con sus miembros permanentes, se darán sus propias autoridades. Para el normal desarrollo y desenvolvimiento de la tarea asignada a los legisladores que componen la presente Comisión Bicameral, el Poder Ejecutivo deberá cada 60 días enviar informe de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos del Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario creado por la presente ley, y suministrar toda la información que se le requiera de cualquier naturaleza, a los fines de efectuar su análisis para la posterior aprobación y opinión de las acciones que le competen para la consecución de los trámites previstos en la presente ley” reza el artículo 21 de la citada norma (14.070) promulgada a inicios de este año.

“Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”, dijo la diputada provincial, al tiempo que alertó por la detracción de casi 2% de la recaudación santafesina que Perotti aceptó para financiar a la Afip.

La diputada provincial Clara García sostuvo que el acuerdo que el gobierno Provincial cerró con la Nación para cobrar la deuda de coparticipación reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “debe ser una verdadera política de Estado, porque involucra el futuro de Santa Fe”.

En este sentido, criticó al gobernador Omar Perotti por las condiciones en la que se cerró el acuerdo y señaló que la discusión “debe pasar por la Legislatura para conocer las condiciones y otorgarle legitimidad. Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”.

“La deuda de Nación que la Corte Suprema reconoció a Santa Fe no es propiedad de un gobernador. Es una lucha de 15 años por los fondos que los gobiernos kirchneristas le sacaron a nuestra provincia. Mientras Hermes Binner fue a la justicia con (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid, Perotti va solo a negociar con (el presidente) Alberto Fernández”, cuestionó García, en el marco de un foro de debate sobre el tema que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe con la participación de expertos y representantes de distintas fuerzas políticas.

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“Encima –añadió la legisladora-, nos enteramos de que el acuerdo incluye, a modo de Caballo de Troya, una nueva detracción de casi el 2% de la recaudación santafesina para financiar el régimen de autarquía de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos), algo que nosotros nunca hubiéramos permitido”.

Según estimó el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, esa deducción –para cuya instrumentación la Corte Suprema exige la conformidad de la provincia-, representa entre 7.000 y 8.000 millones de pesos menos por año para Santa Fe.

Saglione marcó, además, “el trato diferencial” que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a Santa Fe a la hora de cobrar fondos adeudados por la Nación. “A nosotros nos dicen que no hay plata sino bonos. Hay que ver de qué calidad son porque lo que estamos viendo es que los títulos CER están siendo muy castigados por el mercado. Si uno va hoy al mercado, de cada 100 pesos, le pagan 70. Es decir, que Santa Fe estaría perdiendo el 30% de la deuda. Por eso queremos ver el texto del acuerdo antes de dar nuestra conformidad”.

Quien fuera ministro de Economía de la gestión de Miguel Lisfchitz recordó que el ex gobernador “siempre opinó que una decisión de este tipo debía ser consensuada con todos los sectores porque involucraba a los más de 3,5 millones de santafesinos y santafesinas. Un tema así requiere de distintas miradas y las distintas miradas están en la Legislatura”.

García reforzó esa posición al señalar que “la Constitución provincial establece que una de las funciones de la Legislatura es dar acuerdo a firmas como esta donde se compromete a la provincia a futuro, como lo ha hecho este mismo gobierno con acuerdos como el de la deuda de la EPE con Cammesa o el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”.

Para cerrar, la diputada provincial sostuvo que “así como Binner fue el padre del federalismo fiscal al presentar el reclamo ante la Corte en 2010, Perotti es responsable de una firma que nos devuelve al centralismo fiscal”. Asimismo, hizo suya una expresión del constitucionalista Domingo Rondina sobre el tema: “Santa Fe lo ganó en la cancha y Perotti lo perdió en el escritorio”.

Funcionaría como herramienta para delinear políticas públicas que ayuden a reactivar el pleno funcionamiento de las entidades sociales post pandemia.

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile presentó un proyecto para que el Ejecutivo cree un Registro Provincial de Clubes Deportivos a los fines de cumplimentar con la Ley Provincial Nº 10.554 de Fomento y Desarrollo del Deporte que establece, en su artículo 32, un “censo permanente y actualizado” de los clubes provinciales.

El registro deberá contar con información específica como ser: localidad, dirección, contacto, barrio; razón social y número de personería jurídica (detallando si se encuentra vigente o en trámite); cantidad de socios activos; cantidad de usuarios (socios y no socios) que acuden a actividades en la entidad incluyendo menores de edad; valor de la cuota para socios activos; e infraestructura con la que cuentan para disciplinas deportivas.

Al respecto el Basile expresó: “la pandemia redefinió muchas actividades, como por ejemplo, el funcionamiento de clubes y la práctica de actividades deportivas. Muchas de las instituciones que antes funcionaban de manera correcta, cayeron presas de las decisiones del gobierno nacional y entraron en un vórtice descendente en cuanto a actividad y calidad institucional”.

“Proponemos esta herramienta para que, desde el gobierno provincial, se tenga una visión integral de la situación de los clubes que permita diseñar un plan de acción que devuelva el funcionamiento de dichas instituciones como lo estaban haciendo pre pandemia o inclusive mejor” agregó el legislador radical.

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Respecto de algunos puntos del registro, Basile destacó: “Un aspecto que creemos puede ser más relevantes es la capacidad de medir las condiciones estructurales de los clubes. De esta manera, se podrá pensar en un plan de obras que sea exclusivo para instituciones deportivas que necesiten poner en valor sus espacios para la práctica del deporte”.

Para finalizar el diputado fue contundente: “Sabemos que los clubes son entidades sumamente importantes en el entramado social. Son una puerta de posibilidades para niños, niñas y adolescentes de conocer y experimentar otra realidad. Y de eso se trata esta iniciativa, de que los chicos y chicas puedan y quieran volver a los clubes; y a su vez, que los clubes no se sientan solos, que haya un Estado presente acompañándolos en ese objetivo”.

La Cámara de Diputados de Santa Fe, en la sesión del jueves 7 de abril, aprobó dos iniciativas legislativas del Diputado Provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real.

Se trata del proyecto de Comunicación (Expte. Nº 47.248), donde solicita al Poder Ejecutivo que interceda ante el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), y se procedan a restablecer las prestaciones y lo servicios en la ciudad de Firmat y la región. Esto afecta a más de 9.000 afiliados que deben trasladarse a la ciudad de Rosario para poder obtener los beneficios de la obra social que nuclea a los trabajadores públicos provinciales en sus consultas, tratamientos, e inclusive en los servicios de alta complejidad.

El segundo proyecto es un pedido de Informes (Expte. Nº 47.179), donde también solicita a las autoridades de la misma obra social, información en relación a los subsidios por sepelio. “Puntualmente queremos conocer en detalle cómo está funcionando este beneficio o si está momentáneamente suspendido, además solicitamos información sobre los aranceles de servicios sepelios y si hay denuncias de prácticas abusivas en este sentido”, dijo Gabriel Real.

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Fueron dos proyectos que se aprobaron en la última sesión y reflejan la preocupante situación actual de la obra social de los empleados del Estado Provincial. “Necesitamos respuestas urgentes, estos temas los abordé incluso en reunión de la Comisión de Salud con el propio director de IAPOS; antes de las manifestaciones y asambleas que reclaman se restablezcan las prestaciones a los beneficiarios”, agregó el legislador del PDP.

La situación actual de IAPOS hoy es deficiente en términos de respuestas para con sus afiliados. “Esto sucede en todo el territorio provincial y es un tema que se debe resolver en lo inmediato para evitar un efecto dominó en la suspensión de cobertura de las distintas prestaciones. Los afiliados deberían acceder a los beneficios que brinda la obra social con respecto a todas sus prestaciones en las respectivas localidades y zona de influencia. Hoy esta situación dista mucho de la realidad, incurren en gastos innecesarios de traslados por no contar con los servicios suspendidos en sus lugares de residencia, e incluso en muchos casos es imposible conseguir turnos en ciudades como Rosario”, finalizó el Diputado Provincial, Gabriel Real.

Diputados completó la votación iniciada por el Senado y la medida alcanza a 1819 profesionales representados por AMRA.  Votación dividida sobre la reforma al Código Procesal Penal por la portación ilegal de armas.

Por unanimidad y con fuertes reclamos a la gestión actual del Ministerio de Salud, la Cámara de Diputados sancionó una ley que permitirá el pase a planta de 1819 profesionales médicos de toda la provincia, acuerdo que había sido alcanzado en el marco de la paritaria de profesionales de la salud pero que carecía del respaldo de la norma. El Poder Ejecutivo no envió mensaje alguno para cumplir el compromiso pero dio luz verde al proyecto de ley presentado por el senador Marcos Castelló (PJ – La Capital), que aprobó el Senado por unanimidad en el período Ordinario, que habilitó para Extraordinarias el Poder Ejecutivo y que sancionó ayer la Cámara de Diputados.

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La ley -que establece una serie de exenciones legales para el pase a planta- permitirá la normalización de la relación laboral de 689 médicos que prestan tareas bajo contratos o como monotributistas, y de 1.130 interinos. La ley 9282 de Profesionales Universitarios de la Salud determina que profesionales mayores de 40 años no pueden ingresar a la planta permanente y también establece una antigüedad en la carrera para sumarse a dicha planta.

La sanción fue saludada por la dirigencia de AMRA que ‘caminó’ pasillos legislativos en los últimos 20 días para lograr el objetivo acordado en paritarias. La secretaria general, Sandra Maiorana, se encargó de hablar bloque por bloque para explicar la necesidad de la ley.

Oscar Martínez (100% Santafesino) fue encargado de explicar los alcances de la norma así como la necesidad del dictado de esa ley, señalando que desde 2013 no se realizan concurso de ingreso a profesionales en Salud. Las críticas a la actual situación del sistema de salud provino de Silvia Ciancio (UCR – Evolución) y de Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). “Como médicos sabemos que sin buen diagnóstico no podemos tratar a un paciente y el ministerio de Salud no tiene diagnóstico de la situación del sistema santafesino” dijo la primera para advertir que el 31 de diciembre se les vencerá el contrato a médicos contratados por el Covid. “La pandemia no terminó y no podemos bajar los brazo” para advertir que hoy el peso la reparación de ambulancias y Samcos está en manos de las cooperadoras. Armas Belavi -también profesional médica- advirtió sobre la situación de interinos y la situación irregular de muchos otros profesionales de la salud en el sistema.

También celebró la sanción de la ley la justicialista Matilde Bruera quien además hizo hincapié en otro tema que abordó la cámara que es el descuento de haberes a profesionales de salud nucleados en Siprus y asistentes escolares de ATE. En ambos casos fue como sanción por haber realizado medidas de fuerza. “El descuenta afecta el derecho constitucional de huelga”, advirtió. “Los médicos merecen aplausos, pero también merece que se los respete”, acotó.

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En tanto, el socialista Nicolás Aimar se detuvo en marcar la importancia de la paritaria como ámbito para dirimir diferencias entre trabajadores y el Estado. “Esta ley consolida el acuerdo paritario”, señaló.

Armas

Con la abstención de Matilde Bruera (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) más el bloque Igualdad, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley modificando un artículo del Código Procesal que agrega como peligrosidad procesal al uso de armas, estableciendo para ello la prisión preventiva.

En el marco de un extenso debate que incluyó, por supuesto, el tema de la inseguridad, la mayoría respaldó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tomó el proyecto de Oscar Martínez y dejó de lado un mensaje del Poder Ejecutivo sobre la materia.

Martínez había ingresado el proyecto en septiembre del año paso y apunta a modificar el artículo Nº 221 del Código Procesal Penal que se refiere a la “peligrosidad procesal”, a través de lo cual si al momento de cometerse un delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva.

Suspensión a Spelta

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario, Adrián Spelta, fue suspendido por 60 días en el cargo por la Sesión Conjunta de Senado y Diputados realizada ayer en el recinto de la Cámara Jóven.

La suspensión -siguiendo el dictamen de la Comisión de Acuerdos- fue votada por los 15 senadores presentes y por 43 de los 45 diputados. Carlos Del Frade y su compañera de bloque, Dámaris Pachioti, se abstuvieron de votar.

El diputado Fabián Bastía -presidente de la Comisión de Acuerdos- presentó una moción para que se reanude el tratamiento del dictamen de la anterior sesión conjunta que quedó suspendida hasta tanto la justicia se expidiera sobre la cuestión. Luego se puso a votación el dictamen emitido por unanimidad de la Comisión de Acuerdos y que aconseja suspender en el ejercicio de sus funciones por 60 días, sin goce de haberes, a Spelta por la causal de mal desempeño de sus funciones. El dictamen agrega la expresa prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

También participaron los intendentes de Santa Fe y Rosario. “Hay un completo aval de todo el gobierno de la provincia al accionar de la Justicia, para que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo el ministro Corach.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se reunió este miércoles con representantes de los bloques de la Cámara de Diputados y los intendentes de las ciudades de Santa Fe, Emilio Jatón, y de Rosario, Pablo Javkin, para analizar las políticas de seguridad. Luego del encuentro, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, detalló que “el gobernador estaba esperando esta reunión con los legisladores. Hay un completo aval de todo el gobierno de la provincia al accionar de la Justicia, para que haga lo que tenga que hacer. Los legisladores se mostraron con absoluta disposición, todos y cada uno de los diputados presidentes de bloques y del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Todos estuvieron absolutamente dispuestos a conversar y proponer. La verdad que fue una reunión larga y productiva”.

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“La convocatoria a extraordinaria está prevista en lo inmediato, hemos conversado junto a los legisladores el temario, que incluiría el presupuesto provincial, la tributaria, el proyecto de emergencia en seguridad, el proyecto de emergencia en servicio penitenciario y un convenio de Anses. En lo inmediato, vamos a discutir los proyectos de emergencia en seguridad y de servicio penitenciario. Esto es lo más urgente”, agregó Corach.

El ministro dijo que “el gobernador hizo un resumen de todo el accionar del gobierno provincial y de toda la inversión que estamos haciendo desde los diferentes ministerios. Además, hizo una devolución a cada uno de los planteos de los diputados y dio una respuesta a muchos de los reclamos y peticiones”.

Finalmente, el titular de la cartera de Gestión Pública, informó que “le vamos a solicitar al Procurador General de la Nación, el Dr Eduardo Casal, que utilice las facultades que le otorga la ley para designar fiscales auxiliares, y que estos apoyen el trabajo en los delitos vinculados al narcotráfico que realizan los fiscales federales que cumplen funciones en la provincia”.

Por su parte, el diputado provincia Leandro Busatto, indicó: “Creo que hay que dar vuelta la página y probablemente en algún punto, generar un diálogo más intenso respecto de una problemática que nos está llevando a todos a una situación muy incómoda, fundamentalmente para los ciudadanos y las ciudadanas”.

“El responsable más importante que tiene la provincia en términos institucionales, que es el gobernador, ha convocado a un diálogo franco y sincero. Fueron cinco horas y media de escucharnos como hacía tiempo probablemente que no lo hacíamos. Creo que es importante empezar a entablar una metodología de trabajo mucho más dinámica entre la Legislatura, el Poder Ejecutivo y, sin lugar a dudas, también el Poder Judicial”, finalizó Busatto.

Por último, el diputado provincial Maximiliano Pullaro destacó que “fue una muy buena reunión, el gobernador fue claro y eso lo valoro profundamente, dijo que va a haber apoyo a la Justicia para que vaya a fondo. Lo tomo como un buen gesto político”.

“Como dijo Lagna, es momento de mirar para adelante”, señaló Pullaro, y manifestó sus expectativas en el actual ministro: “Lo veo como una persona sensata y con vocación de diálogo”.

PRESENTES

Durante el encuentro, llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad capital, participaron también la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el ministro de Seguridad, Jorge Lagna; la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; los secretarios de Gobierno, Oscar Urruty; y de Justicia, Gabriel Somaglia; el fiscal de Estado, Rubén Weder; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías; el senador y presidente de la comisión permanente de Seguridad Pública en el Senado, Rodrigo Borla; y los presidentes de los distintos bloques que componen la Cámara de Diputados de la provincia.

Impulsada por la diputada socialista Érica Hynes, la iniciativa prevé la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas en esa materia y fomenta una mayor participación de la producción local en las compras del Estado.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley de alimentación pública con el objeto de regular las políticas y programas del Estado a la hora de proveer alimentos en cantidad y calidad nutricional adecuados, apoyar la producción santafesina, y habilitar la participación de las personas beneficiadas en el diseño de las iniciativas en la materia.

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La diputada socialista Erica Hynes, autora del proyecto, explicó que el objetivo es “por un lado, que el Estado provincial articule las ayudas alimentarias que brinda y, por otro, que los beneficiarios tengan voz y voto en la implementación de dichas acciones”.

Durante la sesión, Hynes destacó que se trata de una propuesta “largamente trabajada de manera participativa con representantes de la sociedad civil y prevé la participación ciudadana en el diseño e instrumentación de políticas de alimentación, esto es, todo lo que el Estado brinda de manera directa a través de comedores escolares, pero también por vías indirectas como subsidios, tarjetas alimentarias, ayudas a organizaciones civiles que gestionan merenderos o copas de leche, e instituciones como geriátricos provinciales”, según detalló.

Además, la norma prevé una mayor participación de la producción local en las compras del Estado. “Se establece una cuota creciente hasta alcanzar un 40% en 2030 de compras del Estado a pymes santafesinas y también a pequeños productores, cooperativas, empresas sociales y de pueblos originarios, de mujeres productoras de alimentos. De esta manera –remarcó la legisladora- buscamos hacer crecer este circuito de la economía, fomentar la innovación en las empresas más grandes y consolidar la formalización de las más pequeñas”.

Presentaron un proyecto de ley de Alimentación Pública

El proyecto de Hynes incorpora elementos innovadores, como la creación de un Foro de Alimentación y un Consejo de Alimentación Pública. “El primero es un espacio de participación de las personas beneficiarias, que incluye iniciativas para recomendar tipos de alimentos, formas de preparación y menúes que resalten sus preferencias, así como el armado de presupuestos participativos y la elaboración de un banco de recetas de acervo cultural gastronómico santafesino, explicó.

El Consejo, en tanto, es un órgano especializado que garantiza la interacción e intercambio de información entre todos los participantes para lograr el éxito de la implementación de las políticas de alimentación.

La iniciativa que condona deudas de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio y organizaciones de pueblos originarios logró el apoyo de todos los bloques y será debatida en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que busca aliviar las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrios, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes).

La iniciativa, que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $ 100.000, fuevotada afirmativamente en el recinto por unanimidad, con 198 votos afirmativos y ninguno en contra.

El proyecto de alivio fiscal presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, da una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonen las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a $ 100.000 para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054, y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

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Al defender el proyecto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, sostuvo que la iniciativa “busca regularizar la situación de deudas que tienen que ver con la pandemia”.

Explicó que, a través de esta iniciativa, “se condonan deudas vencidas hasta 21 de agosto de 2021 de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio, y se resolvió incorporar entre los beneficiarios a organizaciones de pueblos originarios”

“Se condonan deudas vencidas hasta 21 de agosto de 2021 de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio y organizaciones de pueblos originarios” CARLOS HELLER

Al finalizar los discursos, Massa agradeció el respaldo de los diputados al proyecto que beneficiará a más de un millón de contribuyentes y más de 150.000 mipymes.

Al hablar en el recinto, el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) puso de relieve que “la Argentina crece de manera despareja” y destacó la importancia de que el país crezca “con inclusión social”.

Desde el radicalismo, el diputado nacional por Misiones Luis Pastori destacó que las modificaciones planteadas por la oposición “han sido incorporadas”, y sostuvo que se trata de “una ley absolutamente necesaria e imprescindible para que el contribuyente comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP”, al anticipar el respaldo a la norma.

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La iniciativa propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de 100.000 pesos.

“Es absolutamente necesaria para que el contribuyente comience el 2022 sin esa pesada mochila que significa la deuda con la AFIP” LUIS PASTORI

También señala que la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y punitorios, multas y demás sanciones, y no comprende los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

Con 200 votos a favor, 22 negativo y 16 abstenciones la normativa fue convalidada por la Cámara baja. La iniciativa busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

El proyecto sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, en tanto que se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación.

La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 y su análisis se agotó pasadas las 23, tras la intervención de más de 70 diputados, que participaron de la primera reunión presencial tras la metodología de trabajo mixto aplicado durante los primeros meses de la pandemia de Covid.

Diputados debate sobre el etiquetado frontal de alimentos

Al abrir el tratamiento del proyecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), afirmó que “el Estado argentino no va a mirar para otro lado” en un contexto de “enfermedades crónicas no transmisibles” como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación.

Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas “son ilegibles”.

Su compañera de bloque, Liliana Schwindt, ponderó la ley como un “hito para consumidores y usuarios”, pero también “para la producción alimentaria argentina”.

“Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz”, dijo.

Desde su condición de presidente de la comisión de Salud y con su pertenencia al Frente de Todos, el tucumano Pablo Yedlin mostró sus diferencias parciales: “El azúcar no es un veneno, es un producto natural. Muchos edulcorantes, en cambio tendrán que explicar cuán saludables son. Vamos a acompañar el proyecto proponiendo mejoras”.

La también tucumana Beatriz Ávila (Frente de la Justicia Social) advirtió que el etiquetado color “negro remite a la idea de muerte”, y sostuvo: “Esta ley de etiquetado frontal, tal como está, va a generar más pobreza y mayor desempleo para la región. Creo que todos los diputados de la región debemos unirnos y hacer una mejor ley, que no deje las economías regionales”.

El proyecto sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones

Por el Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales dio otro punto de vista: “A la provincia de Misiones hay cuestiones que le afectan con la yerba y el té, pero vamos a acompañar la ley y esperamos que en la reglamentación pueda arreglarse”.

Desde otro espacio provincial, el médico Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, remarcó: “Esta ley es más que bienvenida. Datos matan relato; según trabajos científicos en Uruguay hubo modificaciones en las decisiones de compra en base al rotulado y en Chile no hubo disminución del trabajo a partir de esta medida como muchos dicen”.

La diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin (UCR) celebró el tratamiento de esta ley que “derriba mitos” y destacó que logró no “haber caído en la grieta”, sino que se ponderó la “defensa del derecho a la salud”.

“Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”, dijo, y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que “ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos”.

En cambio, la diputada del PRO Carmen Polledo planteó críticas a la iniciativa al afirmar que se debe “pensar en un sistema de etiquetado integral y completo” y dijo que por ese motivo se propuso en un dictamen “una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios”.

El cierre del debate, estuvo a cargo de la kirchnerista Florencia Lampreabe, quien destacó: “Esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria. Detrás de lo que consumimos, está también el modelo de producción que alentamos. Para poder decidir primero hay que saber, una condición que hoy se encuentra empañada porque las empresas no van de frente y ocultan información básica”.

“Esta ley es poner en lo más alto a los consumidores, que hace años reclaman información clara, precisa y veraz”, LILIANA SCHWINDT

La precedió en la palabra el radical Alejandro Cacace, quien argumentó: “Hay un enorme aumento de la obesidad, una prevalencia del exceso de peso, una clarísima y abundante evidencia que marca la relación entre el incremento de los alimentos procesados y ultraprocesados con ese fenómeno de la obesidad y exceso de peso y la relación que tiene con las enfermedades no transmisibles, con la prevalencia de las enfermedades cardíacas, respiratorias, el cáncer y la diabetes”.

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En ese sentido, se preguntó: “¿Entonces qué estamos esperando para regular esta problemática de salud?”

El tratamiento del proyecto comenzó con una demora de más de tres horas debido a que varios legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, presentaron pedidos de apartamiento del reglamento para incluir otros temas, aunque esas peticiones en su totalidad fueron rechazadas y se mantuvo el temario acordado entre los bloques políticos.

La sesión, que se inició a las 12.35, fue observada por diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen solicitando la aprobación de la ley de etiquetado frontal para que la sociedad conozca los excesos de grasas, sodios y azúcares que tienen algunos productos de los alimentos.

El dictamen de mayoría prevé la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro con letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia.

Además, dispone que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

La iniciativa apunta a mejorar los precios frente a la especulación financiera. “Esperamos desanimar el uso especulativo y pensar el acceso a la vivienda como un bien social”, explicó Lucila De Ponti, impulsora del proyecto.

La diputada Lucila De Ponti presentó un proyecto junto a la Asociación de Inquilinos de Rosario para la creación de un Registro Provincial de Viviendas Ociosas, con el objetivo de promover su incorporación para su uso efectivo residencial, comercial, cultural o público. La iniciativa plantea incorporar al mercado inmobiliario aquellos inmuebles que hoy se encuentran vacíos, aumentando la oferta disponible y reduciendo el precio de los alquileres.

“Para bajar los alquileres es necesario que el precio deje de estar determinado en el marco de la especulación financiera y sea definido en relación a los ingresos de la población”, explicó la legisladora del Movimiento Evita. “La vivienda tiene que ser un bien social en vez de un elemento para la especulación financiera”, aseguró.

“En primera instancia es fundamental conocer cuantas viviendas ociosas hay en la provincia para generar acciones para desincentivar la tenencia de inmuebles para uso especulativo y promuevan que estas viviendas sean alquiladas, por eso proponemos también un aumento del impuesto inmobiliario para quienes decidan mantener las viviendas deshabitadas”. En este sentido, el registro permitirá tener un panorama más preciso de la cantidad de inmuebles sin uso. “Es indispensable incluir la problemática de los alquileres para pensar una política de acceso a la vivienda digna porque un enorme porcentaje de la sociedad, mientras intenta alcanzar el sueño de la vivienda propia, alquila durante muchos años de su vida. Calculamos que un 30% de la población santafesina habita en viviendas alquiladas, es función del Estado poder garantizar que lo hagan en condiciones accesibles”, finalizó.

Por su parte, Emmanuel Canelli -presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario- amplió los detalles de la iniciativa. “El proyecto plantea varios ejes, el primero es que aquellas viviendas que consuman por seis meses menos de 46 Kwh/mes sean consideradas ociosas (lo que consume una heladera por mes); el segundo eje es que a esas viviendas se les incremente en un 50% el API y con estos fondos se busca financiar políticas para el sector inquilino; el tercer eje, es que se mantienen las excepciones en los pagos, planteados en las leyes impositivas provinciales; y por último es que se introduce una cláusula en la cual se establece que, de aprobarse, se implementaría en el ejercicio fiscal posterior a finalizar la pandemia”, explicó.

“En Rosario, lo último que conocemos es un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en el cual destaca que casi hay 80 mil viviendas vacías. Es aquí donde el estado debe poner el eje, haciendo gala de su rol de árbitro, pero, sin dejar de ver que actores somos los que corremos con las de perder. Lo que solicitamos conocer es, cuántas viviendas ociosas hay, dónde están esas viviendas, por qué están vacías, quiénes son sus propietarios y si están en buen estado. Para que desde allí el Estado pueda generar políticas que incentiven a colocarlas efectivamente en el mercado del alquiler y logren desalentar la especulación inmobiliaria de los grandes tenedores de viviendas, los corredores inmobiliarios y las constructoras”.    

La legislatura santafesina acompañó el proyecto para convertir en Ministerio a la actual Secretaría de Igualdad y Género.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe aprobó en la sesión de hoy el proyecto de Ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Género, en reemplazo de la actual Secretaría del área, lo que significa un avance institucional y el reconocimiento de la importancia de las políticas que contribuyan en este sentido.

“Jerarquizar las áreas de género y brindarles un marco institucional indicado mejora la calidad de las políticas de prevención y asistencia que se pueden llevar adelante”, aseguró la diputada Lucila De Ponti.

Para la legisladora del Movimiento Evita, “Es una decisión del Ejecutivo, que la Legislatura convierte en ley, y que pone a Santa Fe en línea con las disposiciones del derecho internacional, con la tendencia institucional a nivel nacional pero que fundamentalmente es reflejo de la enorme contundencia que el movimiento de mujeres y disidencias ha adquirido en la reivindicación de su agenda convirtiéndose en un elemento ineludible de este momento histórico”.

Según De Ponti, “pretendemos que esta decisión política pueda impactar profundamente en la vida de las mujeres santafesinas, garantizando más igualdad e integración, para lo cual es indispensable que la creación del Ministerio de Igualdad se acompañe con más presupuesto y más estructura”.

“Es un orgullo y un privilegio ser parte de este tiempo histórico en el cual las mujeres damos pasos agigantados en la conquista de nuestros derechos mientras seguimos exigiendo que el Estado pueda dar respuestas contundentes frente a la violencia que sigue atravesando y precarizando nuestras vidas”, finalizó.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe tomó la iniciativa de pedir que se liberen las patentes de las vacunas contra el COVID 19, y reclama al Poder Ejecutivo que se ponga al frente de la gestión. El proyecto busca “intervenir en esta situación de desigualdad en la que a los países ricos les sobran vacunas y en los países pobres se siguen perdiendo vidas por no acceder a tiempo a la vacunación”.

“La vacuna debe ser declarada un bien público, exenta del derecho a la propiedad intelectual”, pidió la diputada socialista, Claudia Balagué, autora del proyecto. “Si la comunidad científica internacional pudo romper fronteras y compartir años de conocimiento acumulado para socializar vacunas que salvan vidas, no vemos por qué no se pueden romper fronteras que atañen exclusivamente a intereses comerciales, para poder acceder a este bien esencial, así como a los kits de diagnóstico y a los medicamentos que van probándose como efectivos para el tratamiento del coronavirus”, agregó.

Balagué recordó que Santa Fe es pionera en la producción local de medicamentos, ya que las políticas del Frente Progresista han desarrollado una estructura científico-tecnológica que concibe a los medicamentos como bien social y favorece el acceso universal. Liberadas las patentes, se dispondría de conocimiento, tecnología y plataformas no solo para acceder a vacunas producidas en otros países sino para producirlas en la misma provincia, en el mismo Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que produce medicamentos para abastecer a todo el país.

Balagué señaló que resulta urgente tomar estas medidas, que ya fueron solicitadas por más de 100 países, incluida la Argentina, “porque las sucesivas mutaciones del virus van siendo cada vez mas agresivas y resistentes a las vacunas que se han desarrollado”. Por eso, agregó, que también desde la Cámara de Diputadas y Diputados tomaron la iniciativa de generar espacios de divulgación a la comunidad, porque circulan mensajes contradictorios, que terminan favoreciendo esta desigualdad. “Estamos convencidos de que esta información debe circular con claridad para que la comunidad conozca la situación, y pueda reclamar con contundencia su derecho a las vacunas, que en definitiva es su derecho a la vida”.

Desde todos los bloques se ponderó la figura de Lifschitz pero también se destacó la capacidad de diálogo, de escucha y de respeto del nuevo titular. No hubo acuerdo sobre la designación de vicepresidentes.

Por Mario CáffaroPablo Gustavo Farías fue electo casi por unanimidad -él se abstuvo- para presidir la Cámara de Diputados en el marco de una sesión Preparatoria donde se resaltó la figura del recientemente titular del cuerpo, Miguel Lifschitz fallecido el domingo pasado.

Desde los diversos bloques se ponderó la figura de Farías y se destacó su apertura, su diálogo y permanente búsqueda de consenso y se lo consideró la persona indicaba para llevar adelante el momento institucional.

La Preparatoria fue presidida en forma provisoria por el justicialista Ricardo Olivera y fue el socialista Joaquín Blanco quien propuso a su compañero de bloque para presidir el cuerpo.

A pedido del Frente Progresista y con el rechazo del justicialismo y de la izquierda, la Cámara difirió por siete días la elección de las vicepresidencias.

Existe acuerdo político para definir las autoridades de la Cámara tras el deceso de Miguel Lifschitz. Darán ingreso a más de 600 proyectos.

Por Mario CáffaroLa Cámara de Diputados realizará este jueves por la tarde la demorada Sesión Preparatoria donde elegirá al socialista Pablo Farías como presidente y de esta manera pondrá en marcha el centésimo trigésimo noveno período Ordinario en la primera reunión que se hará en forma inmediata.

La reunión Preparatoria fue postergándose en la Cámara Baja debido a la internación del entonces presidente, Miguel Lifschitz quien falleciera el domingo pasado. Este jueves prestará juramento en su reemplazo el capitalino Nicolás Aimar quien esta semana dejó su cargo de secretario de Gobierno en la Municipalidad de Santa Fe.

Los catorce diputados socialistas acordaron el martes proponer a Farías como nuevo presidente del cuerpo y el nombre le fue informado a los bloques que integran el Frente Progresista y también a los opositores. Con 28 de los 50 miembros, nadie discute que al Frente le corresponde la conducción de la Cámara.

En Labor Parlamentaria terminará de definirse las vicepresidencias que hasta abril estuvieron a cargo de la justicialista Lucila De Ponti y la radical Jimena Senn. También se discutirá entre jefes de bloques las autoridades de las comisiones internas que deberán quedar electas la semana próxima. Los tironeos por los cargos son una constante en la historia parlamentaria.

La llegada de Farías a la presidencia deja vacante la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la comisión filtro de todos los proyectos de ley antes de llegar al recinto. Resta saber si seguirá en manos de un/a socialista o pasará a manos del radicalismo.

La Preparatoria será presidida por el justicialista Ricardo Olivera. Debido a la pandemia sólo estarán en el recinto los jefes de bloques y las futuras autoridades mientras que el resto lo hará en forma virtual. También estará en el recinto Aimar quien se sumará al cuerpo.

Además de presidir Asuntos Constitucionales, Farías representaba a Diputados en la estratégica Comisión de Acuerdos y en ambos lugares deberá ser relevado ya que habitualmente el titular de la Cámara no integra grupos de trabajo.

El nuevo presidente de la Cámara es un dirigente con sobrada experiencia política. Fue concejal en la ciudad de Santa Fe y luego fue ministro de Desarrollo Social durante la administración de Hermes Binner mientras que fue titular de la cartera de Gobierno junto a Lifschitz. “Jamás hubiera deseado o querido asumir este importante cargo ante esa situación” le dijo a El Litoral en alusión a la muerte del ex gobernador.

Dialoguista y componedor ejercerá la presidencia de la Cámara Baja en un año electoral donde además de los comicios nacionales están los municipales y comunales ocasión en que los legisladores tienen marcado interés en cada uno de sus territorios. La bancada frentista -y en forma muy especial el socialismo- está muy golpeada emocionalmente por el deceso de Lifschitz, para todos el líder indiscutido de la coalición. Fue el propio ex gobernador junto al radical Maximiliano Pullaro los que definieron la integración de la lista que hoy ostenta la mayoría en la Cámara. En el primer período Ordinario -finalizado en noviembre- el sector llevó adelante una agenda propia de proyectos para plasmar en leyes muchos de los programas puestos en marcha por la gestión anterior. El sector terminó apoyando iniciativas económicas del Poder Ejecutivo -ley Covid, necesidad pública, presupuesto 2021, ley tributaria- pero puso en el freezer una serie de otras iniciativas como los dos proyectos sobre conectividad y los tres sobre seguridad. Los temas fueron reclamados el pasado 1 de Mayo por el gobernador Perotti en su discurso ante las cámaras, pero funcionarios del Poder Ejecutivo habían abierto un canal de diálogo con el propio Lifschitz sobre ambas cuestiones.

Ahora, en la Casa Gris, esperan que Farías se siente en la presidencia para retomar las conversaciones. La sanción de las normas está en manos del Frente que podría producir algunas modificaciones a los proyectos. El interbloque oficialista tiene apenas 7 bancas.

Después de la Preparatoria, Diputados hará la primera sesión del período y en los Asuntos Entrados hay 633 temas para darle ingreso. Además más de 40 temas con preferencia y varios pedidos sobre tablas cuya aprobación dependerá de un acuerdo de bloques debido a que las comisiones no pudieron emitir dictámenes debido a que en abril se terminaron los mandatos.

La sesión también servirá para rendir homenaje a Lifschitz aunque la bancada socialista mocionará realizar una sesión especial en semanas más cuando haya menos restricciones debido a la pandemia.

FEINEn una reunión mayormente virtual, esta tarde, Mónica Fein asumirá como presidenta del Partido Socialista a nivel nacional y sucederá en el cargo al ex gobernador Antonio Bonfatti. Fein se impuso en los comicios internos realizados en abril donde participaron tres listas y una de las primeras tareas que deberá encarar es la estrategia electoral para los comicios nacionales de este año.

Funcionarios en el Senado 

La Cámara de Senadores utilizó el recinto para una serie de reuniones previstas con anterioridad y que formaban parte de la agenda semanal. Primero estuvo el encuentro con el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman quien llegó acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Urruty.  Durante las casi dos se planteó la necesidad de reencauzar la relación entre ambos poderes. El compromiso del ministro es reconocer el espacio que les otorgó el voto ciudadano y en principio los senadores celebraron retomar el diálogo. Hubo incluso un pedido de explicaciones a Sukerman acerca del término jeque que había utilizado hacia los representantes departamentales y alguna salida aclaratoria para distender la situación.

Luego, varios senadores recibieron a integrantes de la llamada Carpa Negra que motorizan la sanción de una ley que conmemora el 29 de abril como el día de la memoria del pueblo inundado al que el Senado pretende adicionar también de la solidaridad. El asunto tiene preferencia para este jueves.

Finalmente los senadores se reunieron con el presidente de la EPE, Mauricio Caussi, con eje en el uso del Fondo de Electrificación Rural (FER).

NUEVO INTERBLOQUEEn las próximas horas en la Cámara de Diputados se conformará un interbloque político que lo constituirán Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia. El espacio pasará a ser la primera minoría de la Cámara y su conformación se terminará de bosquejar en reuniones a realizarse este jueves. Los cuatro diputados de Juntos por el Cambio son los macristas Ximena Sola y Gabriel Chumpitaz y los radicales Julián Galdeano y Alejandro Boscarol. En tanto, Nicolás Mayoraz, preside Somos Vida y Familia que integran Arnaldo Ghione, Natalia Arma Belavi y Juan Domingo Argañaráz. 

El nombre y la decisión está siendo comunicado a  los diferentes bloques de la Cámara.

El bloque socialista resolvió impulsar el nombre de Pablo Farías para presidir la Cámara de Diputados, lugar que ocupó Miguel Lifschitz desde diciembre de 2019. 

El nombre y la decisión está siendo comunicado a  los diferentes bloques de la Cámara. No se descarta que este miércoles por la tarde se confirme para este jueves la realización de la sesión Preparatoria para elegir autoridades y poner en  marcha el perìodo Ordinario en Legislatura.

Cabe recordar que el domingo por la noche se produjo el deceso de Miguel Lifschitz quien hasta entonces presidía Diputados. El ex gobernador de Santa Fe estuvo internado en Rosario por una complicación en su cuadro respiratorio tras contagiarse de Covid-19. 

Durante la internación del ex intendente de Rosario también se produjo un hecho inusual que fue la apertura de sesiones ordinarias sin el presidente de la Cámara de Diputados; su lugar fue ocupado circunstancialmente por las vicepresidentes De Ponti y Jimena Senn.