Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo capítulo de su pelea en la Cámara Baja, durante la sesión del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Todo terminó en un bochorno, que por unos minutos dejó en un segundo plano las preguntas de fondo sobre las muertes por el fentanilo contaminado, la situación en el hospital Garrahan y los audios de Spagnuolo por preguntas coimas en Discapacidad.

La legisladora nacional del bloque Coherencia comenzó su interpelación al ministro, cuando su par libertaria -ex aliada política- se paró en su bancada frente a una de las cámaras de Diputados TV que transmitía en directo el debate. De esa forma, Lemoine ocupaba gran parte del plano de la cámara que transmitía en vivo la sesión.

"Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted me interrumpe, señor presidente, voy a preguntar", expresó Pagano ante Martín Menem, con quien mantiene una clara enemistad.

El presidente de la Cámara de Diputados le pidió a Lemoine que se siente en su banca y la exposición de la ex integrante del bloque de La Libertad Avanza continuó.

Pagano preguntó a Francos sobre la presencia de agentes de la SIDE en su cartera, en medio de gritos de otros legisladores libertarios y con Lemoine que filmaba con su celular con una sonrisa irónica.

Lo de Lemoine es para que estacione una ambulancia y la lleven con camisa de fuerza a una clínica psiquiátrica. Sólo en este país mediocre tenemos dirigentes tan burros, mediocres y papeloneros.pic.twitter.com/3xTU6Qr0AE

Tras su exposición, la diputada libertaria se paró al lado de Pagano, en una postura amenazante, mientras era filmada con el celular por una aliada suya, la legisladora Lourdes Arrieta.

"Por favor diputada Lemoine, así podemos continuar con el informe del jefe de Gabinete de Ministros", pidió Menem con tono de fastidio buscando poner orden en el recinto.

Jajajajajaja pic.twitter.com/Z3FgE6jNoD

No es la primera vez que ambas diputadas protagonizan un fuerte cruce durante un debate en Diputados.

En marzo, entre insultos, gritos, un vaso de agua arrojado directamente contra una diputada Lemoine y María Celeste Ponce, de un lado, y Marcela Pagano y Rocío Bonacci, del otro, protagonizaron un escándalo.

Las libertarias de a pie, cercanas al núcleo duro de LLA, acusaban a las otras libertarias que permanecían sentadas de ser funcionales al kirchnerismo.

La semana pasada, Lemoine explotó de furia por la votación de dos diputados de La Libertad Avanza contra el veto de Javier Milei, una maniobra con la que formalizaron la ruptura y un nuevo bloque liberal.

Entre los disidentes está Marcela Pagano, con quien Lemoine está enfrentada. La asesora de imagen del Presidente fue impiadosa: propuso que el nuevo armado se llame "Manliba", en alusión a la vieja empresa de recolección de basura municipal.

El enojo entre Lemoine y Pagano viene de lejos. Y había recrudecido cuando la periodista puso su voto para habilitar el debate sobre el veto a la emergencia en discapacidad, en una sesión en la que Diputados iba a tratar otros vetos presidenciales y buscaba avanzar en otros proyectos críticos para Milei.

Este miércoles, volvieron a enfrentarse entre gritos y denuncias de amenazas, luego de días donde desde el oficialismo vincularon a Pagano a la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron un esquema de supuestas coimas en la Andis.

"Y después yo no puedo ser diputado", la chicana del Turco García tras el cruce entre Lemoine y PaganoEl exfutbolista y candidato a diputado nacional por el Partido Integrar reaccionó en las redes luego del papelón que protagonizaron Lilia Lemoine y Marcela Pagano en el recinto mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondía las preguntas de los legisladores.

"Y después yo no puedo ser diputado", posteó García en su cuenta de X junto con el tuit de una periodista que muestra el video del momento del cruce entre Lemoine y Pagano.

Rápidamente, su publicación fue una de las tendencias en redes y el que también se hizo eco del tema fue el presidente del Partido Integrar, Daniel Amoroso, quien expresó: "Basta de gritos, por favor. Argentina merece algo mejor que esto".

Mariana Brey comenzó diciendo que todos coincidíamos en que los jubilados necesitan un aumento, pero cuando parecía que por una vez iba a decir algo lógico, justificó el veto de Milei asegurando que el magro aumento aprobado por la Cámara de Diputados “no los va a sacar de la pobreza”.

La periodista parece incapaz de armar un argumento de peso ya que si se escucha lo que dice, en realidad necesitarían un aumento mucho mayor.

"Brey":Por los comentarios de Mariana Brey sobre el aumento de las jubilaciones pic.twitter.com/3XK6CMx6Sa

Cuando uno come todos los días no tiene la capacidad de entender lo que te puede cambiar un aumento, por mínimo que sea.

Y cuando parecía que todo iba a quedar ahí, obviamente Brey le echó la culpa al kirchnerismo.

El programa de Mirtha Legrand se convirtió en un campo de batalla verbal cuando Virginia Gallardo y Elisa Carrió protagonizaron un acalorado debate sobre los salarios de los legisladores.

La vedette correntina cuestionó los supuestos 9 millones de pesos que ganan los senadores, acusándolos de trabajar poco y de "venderse".

En esta línea, la bailarina y expareja de Ricardo Fort, exigió un ejemplo de moralidad y transparencia, criticando la falta de acción en temas como la "Ficha Limpia" y mostrando desconocimiento sobre las leyes anticorrupción existentes.

La reflexión política de Gallardo sorprendió a Mirtha, pero no conmovió a Carrió, quien respondió con dureza.

La dirigente aclaró que los diputados ganan 4 millones, no 9, y lanzó una controvertida afirmación sobre "gatos" que ganan fortunas.

“Hay gatos que ganan fortunas y se casan con los corruptos, en el Conurbano sobre todo. No se puede generalizar, conozco a muchos diputados de todos los partidos”, señaló la dirigente.

VIRGINIA GALLARDO QUISO HABLAR DE MORAL… Y LILITA LA MANDÓ A RECREO.Con algo de razón, intentó dar cátedra en TV, pero Carrió la dejó sin palabras. ¿Es complicado hablar de ética ajena? 🤷‍♀️ #MisteriosMorales pic.twitter.com/gz7JSbmxtC

Gallardo replicó que esos "gatos" no son corruptos, a lo que Carrió respondió con una acusación generalizada sobre matrimonios entre "gatos" y corruptos en el conurbano. Lilita defendió a los diputados trabajadores y puso como ejemplo a Paula Olivetto, pero  Legrand interrumpió la discusión con su característica “campanita”.

Un fuerte cruce se vivió en la Cámara de Diputados durante el debate por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), cuando el diputado Esteban Paulón de Encuentro Federal habló sobre el discurso del presidente Javier Milei en Davos, que generó polémica por sus comentarios contra el colectivo LGBTIQ+.

Paulón, uno de los convocantes a la marcha de protesta contra los dichos del presidente, se dirigió al mandatario y a miembros de su gabinete de manera tajante: “Soy maricón y me la banco”.

“No vamos a volver a vivir entre 4 paredes como pretende Guillermo Francos, que vaya él” “Es mentira que se mutilan a niños, lo que se está mutilando son nuestros derechos”. Que bien tener voces como la de @EstebanPaulon en Diputados, por más trolos, travas y lesbianas pic.twitter.com/J6tS4TLH2M

En su intervención, Paulón afirmó: “Se cansaron de decir que era una marcha kirchnerista. No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos".

En este marco, el diputado reivindicó la movilización y advirtió que no permitirán retrocesos en materia de derechos.

Críticas al discurso de Milei y comparaciones

Paulón cuestionó por qué Milei usó como ejemplo a una pareja de varones en su discurso, argumentando que “tenía claro lo que quería decir”.

En cambio, sugirió que el jefe de Estado podría haber mencionado casos como el de Gisèle Pélicot, cuyo marido fue condenado por drogarla y violarla, o el caso del cura Julio César Grassi, condenado por pedofilia, si su intención era criticar a los heterosexuales o al catolicismo.

Paulón también se opuso al anuncio del Gobierno nacional de prohibir los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.

El diputado denunció una campaña de “demonización” contra el colectivo travesti y trans, considerado el sector más vulnerable de la sociedad. Enfatizó que la única posibilidad que tienen es con el apoyo familiar y criticó las declaraciones de Milei sobre los equipos de acompañamiento a estos jóvenes.

El presidente Javier Milei recibirá este martes por la noche en la Quinta de Olivos para celebrar con un asado a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria.

El mandatario nacional había llamado "héroes" a los 87 diputados nacionales que respaldaron su decisión de vetar la ley, incluidos los radicales que dieron vuelta su posición.

Los invitados recibieron una invitación por mail de parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la residencia oficial a partir de las 20.

Entre los diputados que votaron a favor del veto están los integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, del MID y cinco de la Unión Cívica Radical, que en las últimas horas fueron suspendidos del partido.

“Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, sostuvo Milei la semana pasada tras lograr esa victoria en Diputados.

La Legislatura de Misiones formalizó la expulsión de Germán Kiczka como diputado por la causa en la que está detenido y se lo investiga, junto con su hermano, por el delito de "tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil".

Este jueves, en una sesión ordinaria, los legisladores confirmaron que Kiczka deja su banca como diputado tras una extensa discusión, que generó polémica por la tardanza, aunque todavía resta un paso más para su definición.

Fue por medio de un proyecto de resolución impulsado por el diputado Carlos Rovira y otros legisladores que se llevó a cabo dicha sesión en la que se proponía “la expulsión de la Cámara de Representantes del diputado Germán Kiczka en virtud de los hechos aberrantes que involucran su accionar delictivo”.

Desde el recinto, Anazul Centeno sostuvo: “La responsabilidad que nos cabe como Poder Legislativo, siendo nosotros soporte de la Justicia, respetando los tiempos procesales y de investigación y, sobre todo, respetando la independencia de los Poderes, para que no haya ni un ápice de dudas ni especulaciones al respecto de este caso que es gravísimo”.

“Hemos accionado como las normas lo determinan procediendo al desafuero, inmediatamente después de recibir el pedido judicial, y creando una comisión investigadora en ese mismo acto; y mientras eso sucedía y nadie más decía nada, Kiczka ya estaba prófugo, en rebeldía y desoyendo a la Justicia”, explicó la diputada.

A su vez, Centeno anunció que la formalización ya fue ingresada a la comisión investigadora, “cuyos miembros ya han sido debidamente notificados para que dicha comisión se expida de manera inmediata”.

Por último, la diputada expresó con enojo: “En nuestra Legislatura, en nuestra provincia, no hay lugar para estos delincuentes, el lugar es la cárcel”.

La Legislatura de Misiones sesionará este jueves para tratar la destitución del diputado Germán Kiczka, quien se encuentra detenido acusado de pedofilia junto con su hermano Sebastián.

La Cámara de Representantes debatirá este jueves a las 18 sobre tablas un pedido del Frente Renovador de la Concordia que solicitó la "inmediata expulsión" del legislador de 44 años.

La petición será elevada a la Comisión Investigadora presidida por Anazul Centeno que se reunirá el viernes 6 para tratar el asunto.

En este sentido, el pedido del bloque oficialista mencionado anteriormente cuenta con 25 de los 39 votos totales si concurren a la sesión todos los diputados.

Se necesitan dos tercios de los legisladores para aprobar la destitución, algo que puede llegar a ocurrir tras el antecedente del desafuero que se votó por 37 a 0 y los ex compañeros de banca de Kiczka, integrante del partido Activar, no tienen ninguna intención de diferenciarse en la condena.

El debate de la posible expulsión sería el jueves 12, al tiempo que el artículo 90 de la Constitución de Misiones otorga a la Cámara la facultad de sancionar a sus miembros por mala conducta con medidas que pueden incluir la expulsión, siempre que la medida cuente con el respaldo de dos tercios de los votos.

En esa línea, el documento argumenta que la permanencia de Kiczka en el cuerpo legislativo es insostenible y que su expulsión es una medida necesaria para preservar la integridad institucional y la confianza pública en las instituciones.

Luego de la aprobación en general de la denominada ley bases en la Cámara de Diputados, el kirchnerista Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) planetó una cuestión de privilegio donde advirtió por una posible “colonización narco”.

"Ley Pasta Base": Porque así llamó el diputado Tailhade a la Ley Bases. pic.twitter.com/XlzMm4RK29

“Es una Ley pasta base”, sostuvo sobre la iniciativa que se aprobó con 142 votos este martes.

“Yo no quiero ser cómplice del narco, ese va a ser el patético rol que nos va a tocar si se pretende resolver este drama con una norma penal o una decena de artículos en una ley que hasta ahora es un cachivache”, insistió.

También cuestionó al presidente Milei al señalar: “No se cansa de decir ante periodistas que algunos consideran delitos, cosas que no son delitos, refiriéndose a la fuga, la evasión, el lavado”.

En medio del escándalo por el aumento de sueldo para los jerárquicos del Poder Ejecutivo, incluido el propio Presidente, Javier Milei decidió echar al secretario de Trabajo, Omar Yasin, a quien hizo responsable por el decreto que dispuso un incremento de casi 50%. Curiosamente, la firma del funcionario no figura en el decreto que dispuso la suba, y sí la del jefe de Estado.

“Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo en una entrevista televisiva.

En respuesta a la polémica que generó durante el fin de semana el aumento salarial para la cúpula del Ejecutivo nacional autorizada por el presidente Javier Milei de 48%, a través del Boletín Oficial y bajo el Decreto 235/2024, el Gobierno oficializó la marcha atrás con el incremento y el congelamiento de los salarios del Poder Ejecutivo.

En un nuevo absurdo, Milei echó por televisión al Secretario de Trabajo, Omar Yasin, responsabilizándolo por el aumentazo de sueldos que el propio presiduende firmó. Ni Antonio Laje pudo ocultar su cara de sorpresa frente a esta estupidez y cobardía. pic.twitter.com/eDqzdsVxBz

Pese a que el decreto que dispuso el aumento llevaba su firma, la del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; el Presidente apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado un decreto que estipuló que los cargos políticos debían cobrar más que los empleados de la administración pública. Y ahora, además, responsabilizó a Yasin y lo echó.

"Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", expresó el mandatario nacional en redes sociales.

En esa línea, el Presidente aseguró: "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos".

"Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido", sostuvo el jefe de Estado.

Por otra parte, Milei consideró que en "un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política".

Una hora más tarde, Cristina Kirchner publicó una replica a la acusación del mandatario. “Lo hacía más valiente Presidente”.

Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48 por ciento ¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?", interrogó CFK.

"Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue", criticó la ex presidenta.

En tanto, ante la respuesta de la ex mandataria, Milei replicó: "Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter".

"Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección", escribió Milei.

Pero el debate en redes no terminó ahí, ya que la ex vicepresidenta lanzó un nuevo mensaje contra el libertario en el que mostró los decretos firmados por el propio mandatario, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, donde se aprueba el ajuste en los sueldos del Ejecutivo.

"Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", chicaneó Cristina.

En este sentido, agregó: "Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver".

El cruce entre Presidente y CFK se produjo después de que la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz denunció que Milei decretó un incremento del 48 por ciento para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

El Parlamento iraní aprobó hoy una ley que endurece las sanciones contra las mujeres que se nieguen a usar el velo islámico en público, incluyendo hasta 10 años de prisión, tras la represión de protestas por la muerte de una joven detenida por llevarlo mal puesto.La sanción llegó cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Masha Amini, una joven de etnia kurda de 22 años que falleció mientras estaba en un hospital al que había sido llevada por la Policía tras descompensarse en una comisaría de Teherán.Las sospechas de que murió golpeada por la Policía desataron una gran ola de protestas en el país fuertemente conservador, que es gobernado por clérigos islámicos no electos y tiene un estricto código de vestimenta para que las mujeres se cubran el cuerpo.Las protestas fueron aplastadas tras varios meses.

Con 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones, los diputados iraníes aprobaron hoy la ley "Apoyo a la cultura de la castidad y el velo", que era discutida desde hace varios meses y había sido cuestionada por la ONU, informó la agencia de noticias AFP.La legislación prevé sanciones financieras por "la promoción del desnudo" o la "burla del velo" en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuya empleadas no utilicen velo.Asimismo, contempla multas de 5 millones de rials (unos 12 dólares) a los vehículos en los que las conductoras o acompañantes lleven la cabeza descubierta o "vestimentas inapropiadas", según el texto.

Se considera "inapropiado" utilizar una vestimenta "ajustada" o que "exhiba una parte del cuerpo", agrega la ley.Asimismo, se endurecieron las penas de prisión, que actualmente van desde los 10 días a los dos meses, extendiéndose a entre cinco y 10 años.Estas penas de cárcel serán para "toda persona que" cometa el delito "de no llevar velo o usar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles o de manera organizada", según el texto.

Los diputados aprobaron el proyecto "por un periodo de prueba de tres años", pero para convertirse en ley en toda regla, el texto debe recibir la luz verde del Consejo de los Guardianes de la Constitución.Desde la muerte de Amini, cada vez más mujeres salen a la calle con la cabeza descubierta en Irán, sobre todo en las grandes ciudades.En reacción a esto, las autoridades han tomado una serie de medidas que van desde el cierre de comercios, especialmente restaurantes, hasta la instalación de cámaras en las calles para perseguir a aquellas que desafían la prohibición.

Mayoría en el Gobierno y el Parlamento por sobre los reformistas, los conservadores defienden con firmeza la obligación del velo y estiman que su desaparición lanzaría un proceso que modificaría de manera profunda las "normas sociales".El 14 de septiembre, la misión internacional independiente creada por la ONU tras las protestas de 2022 indicó que si la nueva ley era adoptada "expondría a las mujeres y jóvenes a crecientes riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria".

La iniciativa tuvo 214 votos a favor y 4 abstenciones, todas del Frente de Izquierda. Su implementación tendrá un costo fiscal anual que rondará los $7.500 millones

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Su objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco. Obtuvo 214 votos a favor -del oficialismo y la oposición- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.

La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, PRO, UCR y Socialismo- había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

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La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Siguiendo las experiencias de estas provincias, tanto oficialistas como opositores señalaron que el tiempo de trámite de las causas podría reducirse a la mitad.

Al inicio del debate, el oficialista Roberto Mirabella señaló que en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de drogas de todo el país, al tiempo que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional. El 80% de los asesinatos se relaciona con ajustes de cuentas entre bandas.

“Esto no va a estar en marcha mañana, pero es un gesto político importante. Estamos dando un paso importante para enfrentar la narcocriminalidad”, concluyó.

La importancia que la provincia atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.

El mandatario provincial también instó a los futuros candidatos presidenciales a “unificar una política común” para enfrentar el narcotráfico. “Fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, detalló.

Uno de los impulsores de la norma sancionada fue el diputado Eduardo Toniolli, representante de la provincia de Santa Fe en la Cámara Baja e integrante del bloque Frente de Todos. “A Rosario la sacamos adelante entre todos, no haciendo turismo político o shows mediáticos”, disparó el santafesino.

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“En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos como el lavado de activos o el narcotráfico han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento”, explicó Toniolli.

Desde Juntos por el Cambio, que dejó de lado la estrategia de bloqueo y dio quórum, concentraron las críticas en la inacción del gobierno nacional y, particularmente, en la demora de la vicepresidenta Cristina Kirchner en constituir la comisión bicameral encargada de implementar el sistema acusatorio en Santa Fe y Mendoza.

“Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi, decidieron avanzar”, chicaneó el diputado del PRO, Federico Angelini.

A su vez, reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas de corto plazo como, por ejemplo, restablecer la inteligencia penitenciaria, volver a los pabellones de presos de alto perfil, saturar las zonas calientes con fuerzas federales. “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes”, concluyó.

Por su parte, el socialista Enrique Estévez también apuntó contra la Vicepresidenta por frenar la designación de jueces y fiscales. “En la vieja estructura hay un 33% de cargos vacantes. No tenemos Procurador General de la Nación, lo mismo con el Defensor del Pueblo y un miembro de la Corte Suprema”, enumeró.

Diputados del Frente de Todos cuestionaron a la oposición por su oportunismo político. “Hipocresía es tirar este proyecto dentro de la grieta”, contestó Leonardo Grosso ante las críticas de la oposición.

En la misma línea, el camporista Marcos Cleri aseguró que “con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”.

“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que “algo hay que hacer”, agregó Toniolli.

También reclamaron por las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas durante el gobierno de Cambiemos, que son utilizadas por los narcotraficantes para lavar el dinero que obtienen con la venta de droga.

“Una investigación de la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe demostró que un entramado de 40 SAS permitió lavar $1.200 millones por parte de la banda de Los Monos”, detalló Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición sospecha que será “freezado” por el kirchnerismo.

Una trifulca estalló este jueves en el Parlamento de Senegal luego de que un diputado de la oposición abofeteara a una colega oficialista en la cara, provocando una serie de peleas entre los presentes.

La sesión fue inmediatamente suspendida mientras los legisladores intercambiaban golpes, acusaciones e insultos.

Durante un debate sobre el presupuesto nacional 2023, Massata Samb, miembro del partido opositor Yewwi Askan Wi (Liberen al pueblo), aprovechó su turno de palabra para recordar los comentarios “despectivos” que hizo la legisladora Amy Ndiaye Gniby, de la coalición gobernante Benno Bokk Yakaar, contra el líder religioso Serigne Moustapha, que apoya a la oposición y se manifestó en contra de una posible reelección del actual presidente, Macky Sall.

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Gniby se burló de su intervención y afirmó que no le importaba haber hecho esos comentarios sobre Moustapha, tras lo cual Samb se acercó a ella y la abofeteó. Acto seguido, la mujer le arrojó una silla, antes que otro parlamentario la tirase al suelo de una patada. La sesión fue inmediatamente suspendida mientras los legisladores intercambiaban golpes, acusaciones e insultos.

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TENSIONES EN AUMENTO

Las tensiones han aumentado entre los políticos gobernantes y de oposición desde las elecciones legislativas de julio, en las que el partido en el poder perdió su mayoría absoluta en las cámaras, dañado en parte por las preocupaciones de que el presidente Sall buscará un tercer mandato en 2024.

El jefe de Estado se negó a decir públicamente si planea buscar su reelección, la cual, según la oposición, violaría el número máximo de mandatos establecido en la Constitución y una promesa anterior del mandatario.

Por otro lado, los partidarios de Sall argumentan que una reforma constitucional restableció la cuenta de los mandatos y le permite volver a postularse.

El momento protagonizado por la parlamentaria Kathya Mabel González se viralizó en las redes sociales

En una de sus intervenciones en la sesión parlamentaria, González increpó a sus adversarios en la cámara haciendo su propia versión del hit “Te Felicito”, creado por la famosa artista colombiana en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro.

“Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, canta la diputada dirigiéndose a otros políticos en la sala, e incluso animándose a imitar la coreografía de la reconocida canción. La escena se viralizó rápidamente en las redes sociales y diversos medios de comunicación la destacaron en sus portadas online.

González es una reconocida dirigente política de Paraguay que a inicios de 2022 se lanzó como candidata a Presidenta del país para los comicios de 2023. Pero en agosto decidió bajar su precandidatura presidencial para encabezar la lista de postulantes al Senado por la Alianza Encuentro Nacional.

Y “Te felicito” es una de las canciones más famosas de Shakira, con más de 380 millones de reproducciones en YouTube. En junio de 2022, tuvo un gran impacto en las plataformas digitales a raíz del mensaje de su letra y de los rumores de una presunta infidelidad de Gerard Piqué a la cantante colombiana.

En junio, la cantante barranquillera comentó que algunas de las cosas que se ven en el videoclip de “Te Felicito” surgieron de la creatividad de sus hijos con Gerard Piqué: Milan (nueve años) y Sasha (siete años).

“La idea del video fue de Milan y Sasha porque yo quería algo que no se ciñera a la realidad, un video surrealista y Sasha pensó: -Mami, un robot… Yo me imagino tú bailando con un robot- y Milan dijo: -Y yo fuego verde- y a partir de ahí llamé al director y le conté de las ideas sin decirle que eran mis hijos los que habían pensado en ellas para que no fuera de pronto a rechazarlas”.

Shakira rompió el silencio y habló de su separación de Gerald Pique: qué dijo

No hay que dejar por fuera que, los hijos de Shakira y Gerard Piqué -cuya historia sentimental de 12 años de duración terminó este año- son unos niños muy activos en la música y el deporte. Por un lado, Milan toca instrumentos como el piano, por el otro, Sasha tiene aparentemente un mayor foco en lo deportivo, de hecho, en septiembre de 2021 la artista colombiana publicó una fotografía con la que dio muestra que su hijo menor toma clases de artes marciales.

El tema será debatido a partir de las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos); y de Legislación General, a cargo de Cecilia Moreau (Frente de Todos).

Semanas atrás, los interbloques de Juntos por el Cambio y Federal pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se debata en el “menor tiempo posible” la reforma de la Ley de Alquileres, para que pueda emitirse un dictamen unificado para ser tratado en el recinto de sesiones.

Ley de Alquileres: incorporarían incentivos fiscales para mejorar la oferta de viviendas

Las modificaciones a la norma tuvieron tres dictámenes en la comisión de Legislación General a principios de mayo, pero como se incluyeron incentivos fiscales para mejorar la oferta de alquileres esas medidas deben ser analizadas por la comisión de Presupuesto.

En la carta, los legisladores solicitaron que para “poder cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General”, de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.

En esa ocasión, el Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propuso mantener los aspectos esenciales de la ley vigente, que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios.

Además, impulsó que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinada a alquiler, y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

Diputados comienza a debatir las modificaciones a la ley de alquileres

También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, entre otras cuestiones.

Por su parte, Juntos por el Cambio impulsó un dictamen donde propone en su despacho reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral, que puede ser pactado entre las partes.

El próximo miércoles, la Cámara de Diputados comenzará a debatir un proyecto kirchnerista que ya logró media sanción en el Senado. Se trata de la iniciativa que propuso Oscar Parrilli para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dólares fugados al exterior.

La discusión comenzará en la comisión de Legislación General y luego llegará a Presupuesto y Hacienda. Durante el debate, los legisladores contarán con la presentación de especialistas. El proyecto busca crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional”.

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En ese sentido, apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares al fisco. En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%.

De aprobarse la ley, el fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo. A su vez, será administrado por el Ministerio de Economía, mientras que el proceso de control, fiscalización y supervisión de este fondo estará a cargo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

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Sin embargo, la aprobación de la propuesta kirchnersita en Diputados será complicada dado que la oposición adelantó su rechazo a la iniciativa. Diferentes sectores de Juntos por el Cambio, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) ya manifestaron que no acompañarán la idea oficialista.

Funcionaría como herramienta para delinear políticas públicas que ayuden a reactivar el pleno funcionamiento de las entidades sociales post pandemia.

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile presentó un proyecto para que el Ejecutivo cree un Registro Provincial de Clubes Deportivos a los fines de cumplimentar con la Ley Provincial Nº 10.554 de Fomento y Desarrollo del Deporte que establece, en su artículo 32, un “censo permanente y actualizado” de los clubes provinciales.

El registro deberá contar con información específica como ser: localidad, dirección, contacto, barrio; razón social y número de personería jurídica (detallando si se encuentra vigente o en trámite); cantidad de socios activos; cantidad de usuarios (socios y no socios) que acuden a actividades en la entidad incluyendo menores de edad; valor de la cuota para socios activos; e infraestructura con la que cuentan para disciplinas deportivas.

Al respecto el Basile expresó: “la pandemia redefinió muchas actividades, como por ejemplo, el funcionamiento de clubes y la práctica de actividades deportivas. Muchas de las instituciones que antes funcionaban de manera correcta, cayeron presas de las decisiones del gobierno nacional y entraron en un vórtice descendente en cuanto a actividad y calidad institucional”.

“Proponemos esta herramienta para que, desde el gobierno provincial, se tenga una visión integral de la situación de los clubes que permita diseñar un plan de acción que devuelva el funcionamiento de dichas instituciones como lo estaban haciendo pre pandemia o inclusive mejor” agregó el legislador radical.

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Respecto de algunos puntos del registro, Basile destacó: “Un aspecto que creemos puede ser más relevantes es la capacidad de medir las condiciones estructurales de los clubes. De esta manera, se podrá pensar en un plan de obras que sea exclusivo para instituciones deportivas que necesiten poner en valor sus espacios para la práctica del deporte”.

Para finalizar el diputado fue contundente: “Sabemos que los clubes son entidades sumamente importantes en el entramado social. Son una puerta de posibilidades para niños, niñas y adolescentes de conocer y experimentar otra realidad. Y de eso se trata esta iniciativa, de que los chicos y chicas puedan y quieran volver a los clubes; y a su vez, que los clubes no se sientan solos, que haya un Estado presente acompañándolos en ese objetivo”.

La diputada por la Unión Cívica Radical (UCR), Roxana Reyes, presentó un proyecto en el Congreso que tiene como objetivo la creación del “Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias”.

En ese sentido, la legisladora manifestó que “es necesario contar con este registro para evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hagan”.

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El proyecto explica que las funciones del registro son:

Al mismo tiempo, Reyes expresó “El Estado es precisamente el garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y por eso debe diseñar e implementar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la protección integral a la infancia”.

Por su parte, tanto la inscripción como la baja del registro se hacen por orden judicial o a petición de parte. En ese sentido, según el proyecto, es considerada persona deudora alimentaria “toda aquella que está obligada al pago de prestación alimentaria, que conste en sentencia firme o convenio y que incumpla con el pago en tiempo y forma”.

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Finalmente, la diputada del radicalismo concluyó en la importancia del proyecto porque “Cuando las familias no pueden asistir a sus hijos o hijas el Estado debe estar presente y cumplir su rol de garante, pero cuando pudiendo contribuir a las necesidades de sus hijos o hijas, teniendo recursos y medios dejan de cumplir con sus obligaciones alimentarias, también tiene que estar el Estado presente y actuar. Basta de hijos mendigando la cuota alimentaria”.

Con enorme respaldo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva.La iniciativa fue aprobada por 241 votos afirmativos y 8 negativos, y pasará ahora al Senado de la Nación, donde tiene grandes chances de ser convertida en ley. Es la cuarta vez en casi una década que es tratada en el Congreso.

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El proyecto hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.

Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.

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También prevé a creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades, entre otros puntos.

Mañana, la cámara de diputados de la nación debatirá el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, que recibió dictamen ayer por la tarde, en una sesión conjunta entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se trata del texto que fue impulsado y redactado por las organizaciones de la sociedad civil y que ya había recibido dictamen en comisión el año pasado, pero había perdido estado parlamentario por tercera vez, tras la renovación de las autoridades parlamentarias.

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La semana pasada, cuando se conformó la comisión, las organizaciones demandaron el tratamiento de este proyecto de manera inmediata y les diputades se habían comprometido a hacerlo: “Esta va a ser la primera ley que tratemos”, había dicho en esa oportunidad la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, del Partido Socialista.

“Estamos muy contentes de haber conseguido el dictamen. Es la cuarta vez que presentamos el proyecto. Es fundamental que sea ley porque todos los años siguen muriendo más de 5100 personas a causa del VIH y las Hepatitis. Este proyecto salvará vidas, muchas de esas muertes se evitarían si este proyecto ya fuera ley”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación Gep, al cierre de la sesión.

A diferencia de la ley actual, que ha sido muy útil durante estos treinta años pero tiene un enfoque biologicista acorde a la época en que fue sancionada, el proyecto que acaba de ser enviado a recinto para su debate tiene un enfoque de género, basado en los condicionantes sociales y en los derechos humanos.

“Es una gran satisfacción haber logrado que este proyecto, que redactamos entre más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país y terminamos de definir en continuas reuniones virtuales los fines de semana durante la pandemia, hoy haya pasado a recinto para ser debatido por todes les diputades”, subrayó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

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Es posible que se propongan modificaciones al texto redactado por las organizaciones sociales. Los diputados de Juntos por el Cambio ya dijeron que iban a realizar una propuesta. Esas modificaciones van a ser debatidas durante el tratamiento de mañana.

Entre los principales puntos cuestionados se encuentra la implementación de jubilaciones anticipadas y pensiones no contributivas. El proyecto prevé que se reduzcan los años de aportes a 20 en vez de 30 y que la edad jubilatoria para personas con VIH sea de 50 años y deben tener más de 10 años de diagnóstico. Esto es así ya que la evidencia científica ha demostrado que quienes tienen VIH sufren un proceso inflamatorio crónico que conduce a la inmunosenescencia es decir tienen un envejecimiento prematuro de su organismo que además también consecuencias severas producto de los años de tratamiento con antirretrovirales.

“Además, le da a la ley un sentido de integralidad que busca permitir que las personas en tratamiento puedan tener una alimentación adecuada para tomar los medicamentos necesarios para mantener la adherencia. Además, 7 de cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público, lo que implica que no están en el sistema laboral”, advirtió Di Giano, y agregó que el envejecimiento prematuro también provoca una pérdida de proyección a futuro: “¿para qué aportar si no te va a dar la vida para poder jubilarte? Así ha pasado con algunes compañeros que nos han dejado en el camino de la lucha por esta ley”, lamentó.

Por el contrario, algunos diputados de Juntos por el Cambio se plantearon en contra de los artículos sobre seguridad social, planteando que personas con otras dolencias o enfermedades pueden empezar a reclamar lo mismo o, desconociendo sobre el tema, alegando que con la adherencia al tratamiento, las personas con VIH ahora pueden estar saludables, desconociendo que el VIH por sí mismo produce un proceso inflamatorio constante que lleva al envejecimiento prematuro.

Otro de los cuestionamientos fue por la prohibición de despidos o suspensiones a causa de estas enfermedades, así como la realización de pruebas de VIH pre ocupacionales. Al respecto, si bien algunes diputades manifestaron su oposición a prohibirlas “para proteger al resto de los trabajadores”, la principal preocupación que se consensuó modificar tiene que ver con las pruebas diagnósticas de tuberculosis; ya que su modo de transmisión es diferente al resto de las infecciones.

Otro de los puntos puestos en cuestión se vinculan a la obligatoriedad de que las empresas de salud pre-pagas y las obras sociales tengan que brindar estos tratamientos de manera gratuita, algo que ya ocurre acorde a la legislación actual. Sin embargo, algunes diputades consideran que la gratuidad debería ser solo para quienes no puedan pagar los tratamientos.

Otro aspecto cuestionado se vincula a la prevención. Algunes exigen que en el proyecto conste que el sistema de salud, ya sea público, privado o mixto, contemple los distintos tipos de prevención (primaria, secundaria y terciaria) para atender a estas infecciones, detallando que se obligue a ofrecer lo que se conoce como prep (la profilaxis pre exposición) y pep (tratamientos post exposición).

Al respecto, el proyecto es más abarcativo ya que se refiere a la “prevención combinada”, que incluye ambos tipos de tratamientos y deja la posibilidad abierta a que la autoridad de aplicación vaya actualizando lo que resulte más apropiado en cada momento, puesto que los métodos preventivos que hoy se consideran eficientes pueden ser diferentes el día de mañana, ya sea porque surjan nuevos métodos e incluso vacunas.

“Todas estas cuestiones responden a lo mismo: buscan evitar la discriminación, la poca posibilidad de acceso al ámbito laboral y hasta la dificultad de acceder a los servicios mismos de salud y mantener una buena calidad de vida. Muchas de las modificaciones que piden les diputades es por falta de conocimiento, inclusive hasta del propio proyecto”, cuestionó Di Bello.

La Comisión de Legislación General escuchará a asociaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias y luego tendrá un debate interno sobre los distintos proyectos presentados para modificar la normativa.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias, entre otros.

La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

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La comisión que preside la oficialista Cecilia Moreau cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos acordaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratarlo -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En el temario de ese pedido de sesión especial, Juntos por el Cambio había solicitado la derogación lisa y llama de la Ley de Alquileres aprobada en 2020; una norma que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, y que en los últimos tiempos desde la mayoría de las fuerzas coincidieron en señalar que “fracasó”.

Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.

De acuerdo a las opiniones periodísticas y por redes sociales emitidas por varios diputados de diferentes sectores, la coincidencia mayor se da en torno a la necesidad de avanzar con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación.

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Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

En los extremos de las coincidencias mayoritarias que llevarían a un dictamen de consenso con la eliminación de estos dos artículos, se encuentran posiciones antagónicas expresadas en los últimos días por grupos más reducidos de diputados, e incluso plasmadas en proyectos de ley.

Se trata de las de quienes pretenden eliminar toda legislación para “dejar que sea el mercado el que regule”, como lo expresan los libertarios y algunos legisladores del PRO; o las de quienes proponen, independientemente, crear un organismo que fije precios de referencia o que grabar impositivamente las viviendas ociosas, tal el caso de algunos diputados del Frente de Todos o de la Izquierda.

En la comisión el Frente de Todos cuenta con mayoría, ya que posee 16 de los 31 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma 14 y una del interbloque Federal; aunque las fuentes consultadas dan a entender que se llegará a un proyecto consensuado y que la votación será transversal a los partidos o coaliciones políticas.

Además de Moreau, integran la comisión de Legislación General los oficialistas Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Lia Marín, Mónica Litza y Carolina Gaillard, entre otros.

Por Juntos por el Cambio están Carla Carrizo, Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal y Maximiliano Ferraro, entre otros.

La restante integrante es Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense.