La Justicia de Córdoba condenó este miércoles a Néstor Aguilar Soto a prisión perpetua por el femicidio de Catalina Gutiérrez. El juicio, que se reanudó el pasado 13 de marzo en el juzgado N° 11 de Tribunales II de Córdoba, concluyó con el veredicto del jurado popular, quien determinó la pena máxima para el acusado.

El fiscal Marcelo Sicardi había solicitado la condena perpetua para Soto, acusándolo de homicidio y lesiones leves calificadas por violencia de género. Durante su intervención, el fiscal calificó al imputado como un "mentiroso" y destacó que su relación con la víctima estaba marcada por el enamoramiento de Soto hacia Catalina, un detalle que el acusado negó en sus declaraciones.

El acusado, en su última intervención, intentó exculparse de la violencia de género, afirmando que "no es un femicida, sino un homicida" y pidió perdón a los padres de la víctima. Sin embargo, su testimonio fue recibido con gran rechazo. Marcelo Gutiérrez, el padre de Catalina, expresó su repulsión por las palabras de Soto y calificó su testimonio como "feo", añadiendo que se sintió "asco" e "impotencia" al escuchar al acusado. También lo describió como un "psicópata" y un "traidor", recordando que mientras cometía el crimen, invitaba a sus amigos a salir, como revelaron los chats presentados en el juicio.

El padre de Catalina, aliviado por la cercanía del fin del proceso judicial, reiteró su solicitud de que el imputado fuera condenado a prisión perpetua. "Mañana se termina todo. Cadena perpetua por violencia de género y alevosía o criminis causa, las tres tienen la misma pena", concluyó.

Catalina Gutiérrez fue asesinada el 17 de julio de 2024, tras haber ido a buscar a Soto para asistir a una reunión con amigos. Sin embargo, esa salida nunca ocurrió. La joven fue golpeada y estrangulada dentro de la vivienda de Soto, quien luego trasladó su cuerpo en su Renault Clio hasta el barrio Ampliación Kennedy. Allí intentó prender fuego al vehículo para eliminar las pruebas, aunque no logró incinerarlo por completo.

Los integrantes del juicio por jurados populares declararon por unanimidad culpable a Martín del Río, por el doble parricidio ocurrido en el partido bonaerense de Vicente López en 2022.

El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro halló responsable a del Río por el delito de "doble homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía, por el uso de arma de fuego y por ser premeditado" al haber matado a José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso el 24 de agosto de 2022.

Tras los alegatos de la defensa, representada por los defensores Mónica Chirivín y Gastón Salomón, la querella, conformada por los abogados Félix Linfante y Marcelo D’Angelo y la fiscalía, compuesta por Alejandra Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi, se conoció la decisión unánime del jurado popular.

El culpable, de 50 años, pronunció sus "últimas palabras" ante los doce miembros del jurado y afirmó nuevamente que es inocente, al tiempo que expresó: "Es imposible haber cometido este hecho al no estar en el lugar y sin que el arma homicida haya pasado cerca mío".

En este sentido, señaló: "Soy completamente inocente. Amo a mis madres y todos los días rezo por mis hijos. Quiero que la fiscalía pruebe quienes son los culpables de este asesinato. Espero que esto se resuelva".

Por su parte, Nina Aquino, la mucama que estuvo 13 días detenida, se mostró conforme y en diálogo con la agencia Noticias Argentinas dijo: "Perpetua para ese hijo de puta. Que se pudra en la cárcel y pague lo que le hizo a sus padres, a mí y a mis hijos. Estoy muy emocionada".

Durante la audiencia de cesura, los defensores afirmaron que su cliente no estuvo presente en la escena del crimen y reafirmaron que es inocente, mientras que tanto los fiscales y los querellantes reclamaron que Del Río sea condenado a prisión perpetua.

El giro de guion en el caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez no se lo esperaba ni Netflix. Este jueves 24 de octubre, el fiscal general del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha anunciado que buscará una nueva sentencia acerca del caso. Los hermanos cumplen cadena perpetua desde hace 35 años en una cárcel de San Diego, al sur de California, en Estados Unidos, por el asesinato de sus padres en 1989. Será un juez quien tome la decisión final acerca de si el proceso se reabre y, obviamente, sobre su posible salida de prisión, que podría ser casi inmediata. Por el momento, hay una vista sobre el caso fijada para la última semana de noviembre.

“No tenemos un acuerdo universal; hay gente de la oficina que cree que los Menéndez han de pasar el resto de su vida en la cárcel, y otra que creen que deben ser liberados inmediatamente. Tras una cuidadosa revisión [...] creo que bajo la ley buscar una nueva sentencia es lo apropiado”, ha afirmado el juez. Como los hermanos tenían menos de 26 años cuando mataron a sus padres, tendrían la posibilidad de ser elegidos para salir en libertad condicional; si el juez acepta su recomendación de una nueva sentencia, podrían hacer uso de dicha libertad condicional de manera inmediata. En tanto, este viernes presentarán el caso de manera oficial ante los tribunales.

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Gascón no le ha quitado hierro al asunto, explicando que los hermanos tenían 18 y 21 años cuando cometieron “estos horribles actos” y que “no hay excusa para este asesinato, aunque sufrieran abusos, debían haber buscado ayuda o acudir a la policía”. “Pero creo que pasaron por un hogar disfuncional y por muchos abusos. Entraron en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional [...] Aun sabiendo que nunca serían libres, tomaron el camino de la redención y la rehabilitación”, ha asegurado. Para el fiscal, “han pagado su deuda con la sociedad”, por lo que, para él, deberían tener acceso a la libertad condicional, y afirma que se siente “muy seguro” de que, por ello, deben ser reintegrados en la sociedad.

Hace tres semanas que Gascón ya explicó que su oficina ya estaba reevaluando el caso tras encontrar nuevas pruebas y después de que los abogados pidieran revisarlo: “Tenemos la obligación ética y moral de revisar lo que se nos ha presentado y hacer una determinación desde ahí”, afirmó. A principios de esta, comentó que haría un anuncio relativo al caso. Desde entonces la expectación ha sido máxima. El caso es tremendamente mediático. Primero, porque la ciudad quedó conmocionada cuando ocurrió el crimen, en 1989, y los jóvenes descargaron sus escopetas sobre sus padres una noche de agosto mientras ellos veían la tele. Después, por sus juicios: el de 1993, el primero televisado de la historia de EE UU, en el que el jurado no logró un veredicto unánime; y el segundo, que tuvo lugar en 1996, ya sin cámaras y en el que fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pero ahora, el caso ha vuelto a estar en la cresta de la ola por la serie de Netflix sobre su historia, que lo ha puesto sobre la palestra con un enorme éxito global; de hecho, la plataforma también ha estrenado un documental sobre sus vidas. Incluso el fiscal ha reconocido que todo ese nuevo material audiovisual ha acelerado la toma de su decisión. El morbo es tal que ante las puertas de la antigua casa de los Menéndez, en la lujosa Beverly Hills, se acumulan cada día decenas de turistas que merodean, observan por la verja y hurgan en el buzón de metal negro, casi siempre abierto. Hasta Kim Kardashian ha tomado partido por los hermanos, asegurando que “no son monstruos” y que sufrieron una condena pública y mediática: “El caso se convirtió en entretenimiento para la nación”, ha dicho la estrella de la telerrealidad, que busca ser abogada y que les ha visitado en prisión y aboga por su liberación.

Lyle (de ahora 56 años) y Erik Menéndez (de 53) fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills, situada en el condado de Los Ángeles, California, en agosto de 1989. Ellos tenían 21 y 18 años; sus padres, 45 y 47. En el juicio, los hermanos aseguraron que habían sufrido abusos sexuales, pero también psicológicos, por parte de su padre desde que tenían alrededor de seis años, que su madre lo sabía y nunca lo frenó y que temían por sus vidas. Sin embargo, sus testimonios fueron acogidos en la corte con frialdad y no les sirvieron de atenuantes. Además, el hecho de que al morir sus padres fueran los herederos de 14 millones de dólares (más de 35 millones, ajustados a la inflación de 2024) y que tras el asesinato se gastaran miles y miles de dólares en relojes de lujo, coches de alta gama, estancias de hoteles y en montar un restaurante en Nueva Jersey, en la otra punta del país, pasó factura a su imagen pública.

Que los Menéndez mataron a sus padres es obvio, innegable y hasta ellos lo han reconocido. Cuestión distinta son los motivos, que si ahora se reevalúan, podrían cambiar su destino. Tras pasar casi 35 años en prisión, las penas podrían rebajarse si cambia la sentencia, especialmente con el atenuante de la edad. Hay dos vías por las que se podría abrir el juicio y, por ahora, la defensa ha pedido ambas ante el Tribunal Supremo del Condado de Los Ángeles. La primera sería el llamado habeas corpus, por el que la sentencia se revisa a la luz del hallazgo de nuevas pruebas. Y, efectivamente, en los últimos años se han conocido evidencias, como una carta escrita por uno de los hermanos a su primo, Andy Cano, publicada por el periodista Robert Rand, y datada de nueve meses antes de los asesinatos y en la que hablaba de aquellos abusos sexuales. Hay otra carta, de Lyle a Erik, de 1990, cuando ambos estaban ya en prisión a la espera de juicio, donde se habla de los abusos. Además, a mediados de 2023 Roy Roselló, uno de los cinco integrantes de la conocida banda juvenil puertorriqueña Menudo, que triunfó en todo el continente americano a mediados de los noventa, afirmó en una serie documental que había sido violado por José Menéndez cuando tenía apenas 14 años. La defensa ha pedido incorporar ese testimonio entre las nuevas pruebas.

En el primer caso, en 1994, sí se admitieron muchas de las pruebas de los abusos, aunque al final el jurado no llegó a ninguna conclusión. En el de 1996, en cambio, ese relato pasó casi desapercibido, porque se excluyeron muchos de esos testimonios. Ahora, Gascón —para quien el caso, con una gran exposición pública, ha supuesto un empujón en su carrera por la reelección como fiscal del distrito— cree que hay evidencias nuevas. “Es importante reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de abusos sexuales”, afirmó a principios de mes, cuando anunció la revisión. Los abogados de la defensa de los Menéndez también hablan de esas nuevas pruebas, que consideran suficientes para demostrar los abusos, y tratan de seguir el mismo camino que Gascón: “Si fueran las hermanas Menéndez, no estarían en prisión. Hemos evolucionado. Ya es hora”. En un programa de televisión hace una semana, Gascón fue un paso más allá, afirmando que “dadas todas las circunstancias”, él creía que “no merecen estar en prisión hasta que mueran”.

Por ahí iría la segunda vía, que es una especificación de las leyes de California por las que, si los presos tienen una conducta excelente y se han rehabilitado, la Justicia puede abrirse a considerar una nueva condena. De ahí que tanto la familia como los abogados quieran hacer ver el buen comportamiento de los hermanos poniendo en valor sus estudios en prisión y su buena conducta colaborando en Alcohólicos Anónimos o con enfermos. Incluso tratan de aportar cartas de personal de la cárcel en las que se les alaba por su evolución y comportamiento. Ambos hermanos están casados con mujeres a las que conocieron por carta. En 1999 Erik contrajo matrimonio con una mujer de nombre Tammi Saccoman, a la que sigue unido, aunque no tienen permitidas las visitas conyugales. Lyle se casó en 1996 con Anna Eriksson, de quien se divorció en 2001, y desde 2003 está con Rebecca Sneed, con quien llevaba una década escribiéndose.

En la cuestión familiar, los Menéndez no están demasiado unidos. Parte de la familia pide su liberación. El pasado 17 de octubre, familiares y amigos de los hermanos se reunieron en Los Ángeles y aseguraron que no son una amenaza para la sociedad y que deben ser liberados. “Si el caso fuera evaluado hoy, con el conocimiento que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno por estrés postraumático, no tengo dudas de que la sentencia hubiera sido diferente”, afirmó una sobrina de José Menéndez. “Estamos unidos aquí con la esperanza de que estos 34 años de pesadilla van a terminar y de que volveremos a reunirnos como familia”, aseguraba la portavoz. En cambio, Milton Andersen, de 90 años y hermano de Kitty, afirma que sus sobrinos deberían seguir en la cárcel. Incluso en la familia Menéndez todavía es, tres décadas después, complicado ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad y el futuro de los hermanos.

Luis Alberto Ramos fue condenado a la pena de prisión perpetua por el crimen de Tehuel de la Torre, el chico trans desaparecido y asesinado en marzo de 2021. A más de dos años, su cuerpo todavía sigue sin aparecer.

El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de La Plata anunció este viernes al mediodía que Ramos es culpable del delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género.

En las afueras del Tribunal hubo una movilización social de diversas entidades en donde celebraron la sentencia informada por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo.

Durante la lectura del veredicto se resaltó que Ramos en culpable, no solo del crimen, sino también de la desaparición del cuerpo y "el daño que eso provoca a sus seres queridos".

Durante los alegatos los abogados Flavia Centurión y Cristian González y el fiscal Juan Pablo Caniggia habían solicitado la prisión perpetua. Mientras que la abogada del acusado, Natalia Argenti, pidió su absolución.

Los informes de entidades de género presentados durante el juicio manifestaron que este caso se encuadró en un odio hacia la identidad de género que había elegido Tehuel.

El juicio comenzó el pasado 15 de julio y durante las audiencias pasaron más de 40 testigos y se presentaron diversas pruebas.

Con respecto al otro acusado, Oscar Montes, espera a que se dicte el inicio de su debate por jurados.

Durante la mañana del jueves 29 de agosto en Tailandia, el chef español Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el brutal crimen del médico cirujano Edwin Arrieta, cuyo cuerpo sin vida fue desmembrado por el victimario, que buscaba desaparecerlo esparciendo sus partes en diferentes zonas de la isla de Phangan, el 2 de agosto del año pasado.

En el tribunal de la Corte de Koh Samui consideraron que sí hubo premeditación por parte de Sancho para asesinar a Arrieta, así como por las posteriores y demenciales acciones contra su cadáver, y la destrucción de su pasaporte.

Además, Sancho tendrá que indemnizar a los Arrieta con 4 millones de baths, la moneda tailandesa, que a cambio de la fecha equivale a más de 480 millones de pesos, con lo que el español se libra de la sentencia de muerte, que es la pena que se acostumbra en esa nación por crímenes de esa naturaleza.

Según se conoció, en el tribunal tailandés consideraron que la colaboración de Sancho para lograr esclarecer el crimen, así como su arrepentimiento, lo que fue determinante para evitar su ejecución.

Asimismo, se avaló la hipótesis de los representantes legales de la familia Arrieta, liderados por el abogado español Juan Gonzalo Ospina, que sostuvieron que Sancho actuó con dolo cuando asesinó al colombiano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, minutos después de la lectura del fallo, Ospina confirmó la sentencia contra el chef español.

“Asesinato con premeditación. Cadena perpetua. Gracias a tantos por vuestro apoyo y cariño. D.E.P. (Descanse en Paz) Edwin Arrieta (sic)”, minutos después de que se confirmara la sentencia en la corte tailandesa.

Entre tanto en Lecturas, medio español de noticias de farándula, lograron comunicarse con el jurista que expresó su conformidad con la condena.

“Mis sentimientos son de satisfacción procesal. Estoy muy satisfecho por el trabajo realizado. Ha sido un juicio muy complejo, con mucha tensión en los últimos días”, citaron de sus primeras declaraciones.

También indicó que los parientes del cirujano siguen en luto, pero tras un año del proceso judicial indicaron que hubo justicia con lo ocurrido a su familiar.

“Nos mostramos muy satisfechos con la sentencia como juristas. En la familia Arrieta siguen sumidos en el dolor, pero agradecen al tribunal esta decisión a la espera de conocer la motivación del fallo”, indicó.

En el medio ibérico también recogieron las primeras impresiones de la hermana de la víctima, Darlin Arrieta, que se mantuvo en contacto con Ospina durante la diligencia judicial en Tailandia.

“Ha pedido un rezo para su hermano y para darles fortaleza en este camino tan largo que tienen que afrontar (...) Quiere agradecer a los medios que han empatizado con su sufrimiento por el trato que han recibido de los mismos en unos meses muy complicados”, indicó en Lecturas.

La defensa de Sancho hizo más doloroso el proceso

Aunque inicialmente el confeso asesino de Arrieta aceptó su responsabilidad en el homicidio del cirujano, durante el juicio, que se llevó a cabo en abril de este año, se retractó y su defensa comenzó a enarbolar la versión de un supuesto homicidio imprudente, donde Sancho le provocó la muerte al médico al defenderse de un supuesto intento de abuso sexual, que concluyó con una pelea que tuvo como consecuencia un accidente en el que falleció el colombiano.

Sobre esa nueva hipótesis, que finalmente desestimaron en la Corte de Koh Samui, el abogado Ospina indicó que afligió más a los Arrieta.

“No entramos en valoraciones jurídicas, pero las líneas de defensa han aumentado el dolor de la familia. Hubiera sido más fácil haber pedir perdón y no esta confrontación de teorías que lo único que han hecho es abrir una herida que la familia es incapaz de cerrar”, reprochó el representante de las víctimas.

Un hombre de 31 años identificado como Iván Jesús Leguizamón fue condenado a prisión perpetua por haber cometido el femicidio de su expareja Claudia Lorena González en la localidad de Elortondo (departamento General López).

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal presidido por el juez Adrián Godoy e integrado además por las juezas Paula Borrello y Mariana Vidal, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Melincué.

El fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es Julián Cochero. En relación al veredicto, valoró que "el tribunal consideró probados los hechos delictivos por los que acusamos a Leguizamón y le impuso la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos".

El femicidio fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021.

Cochero indicó que “Leguizamón y otros dos policías circulaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en sentido contrario se trasladaba un automóvil en el que González iba con un hombre”.

“Entonces, los policías cambiaron el sentido de circulación y comenzaron una persecución –con señas de luces, baliza y sirena encendidas–, hasta que a unos tres kilómetros de Elortondo, cruzaron el patrullero, y el vehículo en el que transitaba la víctima tuvo que detenerse en la banquina”, relató.

Un hombre estranguló a su esposa con el cordón de un zapato en su casa, cuando salió se encontró con su hijo y le confesó el asesinato con una escalofriante frase.

El dramático episodio ocurrió en Nottinghamshire, Inglaterra. Según el Tribunal de la Corona de Nottingham, mencionado por el medio The Sun, la pareja estaba distanciada pero él habitualmente visitaba la vivienda para ver a sus hijos.

Michael McDaid estranguló a Rachel con el cordón de un zapato el pasado 19 de abril. Al salir de la propiedad, se cruzó su hijo, a quien le dijo: “No podés entrar a la casa porque la maté”.

Según contó el medio inglés, la familia de la víctima se expresó con un conmovedor mensaje: “Estamos desconsolados por la pérdida de nuestra amada madre, hija, hermana, tía y prima”.

“Rachel nos fue arrebatada de repente y no podemos aceptar el hecho de que nunca volveremos a ver su hermoso rostro y su sonrisa. Estamos realmente devastados”, finalizó.

Finalmente, McDaid se declaró culpable de asesinato y recibiría la sentencia de cadena perpetua.

Máximo Thomsen parece listo para salir a pasear. Recién bañado, con el pelo prolijo y la ropa impecable, limpia y bien planchada. Si no fuera por las esposas, parecería un joven como cualquier otro, con el físico trabajado y la seguridad de quien tiene todo bajo control. Solo que, a los 24 años, está condenado a pasar el resto de su vida en una cárcel como la que lo mantiene encerrado desde que participó del crimen de Fernando Báez Sosa.

No hay un solo gesto “tumbero” en él, a excepción de su postura corporal. Le sacan las esposas y se para firme, con las manos siempre detrás de la espalda. “Es la costumbre”, aclara, cuando los camarógrafos le piden que se relaje para empezar a grabar. Acto seguido, se larga a llorar, a pesar del esfuerzo de todo su cuerpo para contenerse. Va a llorar tres veces más durante la entrevista con Telenoche. Sobre todo al hablar de Fernando, de su propia madre y de la ruptura con su novia.

Thomsen tiene las manos frías. Se sienta, toma un par de sorbos de agua y se pone a recordar su vida en libertad. “Jugaba al rugby en el CASI y me decían ‘El Campesino’, porque iba a San Isidro desde Zárate. Me preguntaban si había llegado remando, me cargaban”, apunta.

A partir de ahí habla durante una hora y media sobre todo: cómo eran las peleas a la salida de los boliches de Zárate, de qué manera organizó el viaje a Villa Gesell, por qué llevó tanto alcohol en su auto y sus planes para aquellas vacaciones que terminaron con el crimen de Fernando.

El exrugbier cuenta en detalle la noche del asesinato. Señala a algunos de sus amigos, acusa a otros y recuerda cómo empezaron los incidentes dentro del boliche Le Brique. Por momentos, se pone en el centro de la escena. En otros, se corre y apunta a los demás. Pide perdón por lo que hizo, pero también ruega que la Justicia no le impute cosas que -según dice- hicieron otros.

Dos meses de conversaciones pasaron para que la entrevista se hiciera realidad. Ni Thomsen ni su abogado, Francisco Oneto, pusieron condiciones ni pidieron dinero a cambio de romper el silencio que los condenados por el crimen de Fernando mantienen desde 2020.

La nota termina con Thomsen aliviado, como si estuviera más liviano. “Me descargué”, dice y agrega: “Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento”.

Un guardia entra, lo esposa y se lo lleva de regreso al pabellón de la Alcaidía de Melchor Romero en el que pasa 20 horas por día.

Antes de irse asegura que esa noche, como lo hace siempre, rezará por la memoria de Fernando.

 La entrevista completa, este martes, a las 20, en “Telenoche”, por eltrece.

Un caso que generó conmoción en la opinión pública. Una madre fue condenada a cadena perpetua por haber dejado morir de hambre en 2022 a su hija, de tan solo 18 meses.  El fallo fue emitido este lunes por un tribunal penal de Milán, en el norte del país.

El Juez lio Mannucci Pacini anunció la primera sentencia a Alessia Pifferi, la madre que fue acusada por fiscalía de homicidio voluntario agravado por la muerte de su hija, llamada Diana, de un año y medio de edad.

Según los investigadores del caso, la madre dejó sola a su hija en su casa de la periferia de Milán desde el 14 al 20 de julio del 2022 para ir a la casa de su pareja en la provincia de Bérgamo, en el nordeste de Italia. En ese sentido, la autopsia confirmó que la víctima había fallecido por deshidratación, informó el medio EFE.

Por su parte, la abogada de la acusada, Alessia Pontenani, había reclamado su absolución alegando que su defendida no tuvo intenciones de causar la muerte de su hija. Es por eso que solicitó que sea juzgada solo por el delito de abandono de menor.

En su defensa, atribuyó sus acciones a la “vida terrible” y “la desatención” que padeció en su vida. Además, durante el proceso, la madre reconoció que había dejado a la menor sola en casa en distintas ocasiones, incluso fines de semana completos.

“Sentimos un dolor atroz. Se ha olvidado de ejercer de madre. Debe pagar por lo que ha hecho... si al menos se hubiera arrepentido o pedido perdón... pero no lo ha hecho”, lamentó la madre de la condenada luego de conocer la sentencia.

Después de una serie de pericias psiquiátricas, solicitadas por la defensa y por el Tribunal, se confirmó que la mujer padece un “complicado cuadro psiquiátrico”. Sin embargo, no detectaron “incapacidades de entendimiento” en ella, por lo que los peritos consideraron que era consciente de las consecuencias de dejar a su hija sola.

Por último, la Fiscalía aseguró haber encontrado en el cuerpo de la víctima trazas de sedativos, aunque las pesquisas finalmente rechazaron esa posibilidad. En tanto, los fiscales abrieron una investigación paralela contra la abogada de la condenada y las psicólogas de la cárcel para esclarecer si manipularon sus exámenes psiquiátricos.

Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, asegura que el abogado que los representó a todos no hizo una defensa eficiente y reclama un nuevo juicio.

“Machu”, como le decían sus amigos, cuestiona que él nunca apareció grabado pegándole a Fernando aquel enero de 2020 y que no hubo premeditación en ir a matarlo ni hubo intención de hacerlo en ningún momento. Bajo esos argumentos, le pidió a la Corte Suprema de Justicia Bonaerense que declare nulo el juicio que lo condenó a prisión perpetua.

Lo hizo con su nuevo abogado Francisco Oneto al apelar el fallo de la Cámara de Casación Bonaerense que confirmó la condena a perpetua para él, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

El planteo del nuevo abogado es que Thomsen no tuvo una defensa anterior eficaz pues el entonces letrado Hugo Tomei representaba a los ocho acusados y, por querer hacerlo a la totalidad del grupo, no representó los intereses individuales de aquel. Por eso pide que se declare nulo aquel proceso y se haga un nuevo juicio.

En el escrito, el letrado Francisco Oneto aseveró que “Máximo omitió declarar que el que da la primera piña que derriba a Fernando Báez Sosa y lo pone fuera de combate es Enzo Comelli. Piña a la que D’alessandro (amigo de Báez Sosa) refiere que fue a traición”.

En su despliegue, Oneto puso en duda la estrategia de Tomei, quien aún sigue siendo el abogado de algunos de los integrantes del grupo: “Las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa no sea efectiva y sustancial”.

En ese sentido, refiere que hubo intereses contrapuestos y que teniendo un único abogado no pudo representarlos a cada uno de los ocho acusados.

El nuevo abogado aseguró que Blas Cinalli fue quien tuvo el altercado con Báez Sosa dentro del boliche aquella noche y no Thomsen, quien siempre fue el principal acusado del inicio de la pelea.

Al respecto y ante la inmediatez de los hechos, la defensa cuestiona que haya habido premeditación ya que ello se aplica cuando hay un tiempo para reflexionar sobre llevar adelante eso y en el caso no lo hubo.

También que no está probado en base a los varios videos de la secuencia de aquella madrugada que Thomsen le haya dado el golpe que provocó la muerte de Fernando y hasta sugiere que pudieron ser otros que dieron algunos de los demás acusados.

Por último, reclamó la nulidad del juicio y subsidiariamente que se aplique el artículo 95 del Código Penal, esto es el homicidio en riña que prevé pena de dos a seis años de prisión.

Los ocho condenados están todos juntos detenidos en el penal de Melchor Romero y ahora aguardan a que resuelva la Suprema Corte Bonaerense, que no es la última instancia sino que luego cuentan con la posible apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace tan solo días, Thomsen confirmó el cambio de abogado y de esta manera de a poco condenados empezaron a buscar nuevos argumentos para desligarse del asesinato ocurrido en enero de 2020.

Ante esta decisión, Oneto criticó a Hugo Tomei, quien todavía sigue siendo abogado de la mayoría de los jóvenes involucrados: "Las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa no sea efectiva y sustancial. La defensa eficiente necesariamente debe ser egoísta y no solidaria como en este caso".

Tras la confirmación de su condena a perpetua por parte del Tribunal de Casación Penal, Máximo Thomsen, uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, busca una nueva estrategia legal. 

Thomsen, quien se sintió mal representado durante el juicio, ha solicitado a su nuevo abogado, Francisco Oneto, que declare ante la Justicia para exponer lo que no se dijo anteriormente.

Oneto, mencionó que Thomsen se encuentra afectado por la decisión de Casación pero tiene renovada esperanza con su nueva defensa. La próxima semana, Oneto se reunirá con su cliente en la Alcaidía N°1 de Melchor Romero para planificar su estrategia legal. 

Thomsen desea relatar aspectos no mencionados previamente, enfocándose en el origen del conflicto en el boliche Le Brique y su participación en la golpiza a Fernando la noche del 18 de enero de 2020.

La defensa de Thomsen se centrará en dos aspectos clave: el dolo y la premeditación. Oneto argumenta que Thomsen no tuvo intención de que la situación desembocara en la muerte de Báez Sosa, y que buscará demostrar que el homicidio no fue doloso.

A pesar de reconocer que Thomsen merece un castigo por su participación en la pelea, Oneto argumenta que la perpetua es desproporcionada.

El cambio en el fallo de la Cámara de Casación consistió en eliminar el agravante de alevosía, ya que no se pudo determinar técnicamente. Sin embargo, al mantenerse la premeditación, la pena de Thomsen no cambió, ya que en ambos casos la condena prevista es la prisión perpetua.

En los últimos días, la película basada en el caso de Nahir Galarza y el crimen de su novio Fernando Pastorizzo ha vuelto a captar la atención del público. La plataforma de streaming Amazon Prime Video ha lanzado el primer póster oficial de la película, anunciando su próxima disponibilidad para su visualización. 

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para la serie, la plataforma ha compartido una nueva fotografía de la protagonista a través de su cuenta de redes sociales, generando aún más expectativas entre los espectadores.

Este no es el primer vistazo que se ha tenido de la película, ya que anteriormente se habían filtrado pósters inéditos que habían generado un gran interés entre la audiencia. La película sobre el caso de Nahir Galarza se ha convertido en uno de los contenidos audiovisuales más comentados y esperados en la industria cinematográfica argentina, especialmente por su enfoque en casos policiales y hechos reales que han marcado la historia del crimen nacional.

El anuncio del póster oficial de "Nahir" ha generado aún más expectativas entre los espectadores, quienes han estado debatiendo sobre la pertinencia de abordar este tema en una producción audiovisual. 

La película contará con la actuación de Valentina Zenere, conocida por sus roles en series como "Soy Luna" y "Elite", quien interpretará a la protagonista en esta historia. 

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de estreno en la plataforma, se espera que "Nahir" llegue pronto a Amazon Prime Video para cautivar a la audiencia con esta historia que ha generado tanto interés y controversia en Argentina.

El Poder Judicial de La Pampa absolvió a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores, Elisa Catán, en relación al caso del asesinato del niño Lucio Dupuy. Ambas funcionarias fueron acusadas de "mal desempeño" por conceder la custodia a la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, ambas condenadas a prisión perpetua por el crimen del niño.

La sentencia fue dictada por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia, junto con las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio. Por unanimidad, concluyeron que las funcionarias no fueron responsables del posterior asesinato del menor y ordenaron su reincorporación inmediata a sus funciones.

El veredicto se anunció en la Legislatura de la provincia, con la presencia de Ballester y su abogado, mientras que Catán no asistió, alegando problemas familiares. Sus defensas estuvieron presentes en la audiencia.

El análisis sobre la actuación de Pérez Ballester y Catán se centró en dos expedientes: el de la tutela que otorgó la custodia a la madre y el del cuidado personal del niño.

La votación del Jury fue 4 a 1 a favor de la absolución, con la legisladora María Silvia Larreta votando en minoría por la destitución de ambas funcionarias.

Durante el juicio, el procurador subrogante, Guillermo Sancho, acusó a las funcionarias de no citar al padre y de no informar el acuerdo a la autoridad de aplicación administrativa ante la posible vulneración de los derechos del niño. También imputó a Catán por consentir el archivo del expediente de cuidado del pequeño.

Pérez Ballester entregó la tutela de Lucio a su tía política, Leticia Noemí Hidalgo, en julio de 2019, después de un estudio socio-ambiental que demostró la idoneidad de la tía para cuidar al niño. La entrega se hizo de común acuerdo con la progenitora.

En el juicio, se argumentó que no se escuchó al niño Lucio sobre quedar bajo el cuidado de su madre. Respecto a la tramitación del cuidado personal, Pérez Ballester homologó un nuevo acuerdo entre Hidalgo y Espósito Valenti en noviembre de 2020 para dejar sin efecto la tutela, devolviendo la tenencia a la madre. Un año después, el niño fue asesinado, y Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, hizo un desesperado pedido en contra de los ocho rugbiers condenados por el crimen del joven en enero de 2020 en Villa Gesell.

A través de su Instagram personal, Graciela subió un video donde solicita que Casación dé a conocer el resultado del fallo: "Soy la madre de Fernando Báez Sosa asesinado en Villa Gesell. Le pido a todas las personas que me sigan ayudando a pedir justicia por él".

"Hagamos una cadena de oración para que el fallo de Casación sea favorable para mi hijo y que no sea que la espera sea para favorecer a los que asesinaron injustamente a mi hijo, que era un chico joven que fue solo a divertirse y nunca regresó", cuestionó.

Luego, expresó que vive sus días con mucha angustia y que solo espera saber que resolución tomó la Justicia en torno a las condenas de los ocho jóvenes.

"Justicia por Fernando Báez Sosa", concluyó el video. La mamá del joven suele utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre otras causas relevantes del país y también para continuar con la lucha diaria del asesinato de su hijo. 

Tres años después del brutal crimen, la causa llegó a juicio oral en Dolores y en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia dictaminaron contra los rugbiers.

En este sentido, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado.

Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del asesinato.

Goodale, junto con Willard Miller, de 17 años, admitió haber golpeado brutalmente a su maestra con un bate de béisbol el 2 de noviembre de 2021, un crimen que conmocionó a la comunidad.

Durante la audiencia de sentencia, Goodale, con sangre saliendo de su nariz, se disculpó entre lágrimas con su familia y los seres queridos de la fallecida. “Lo siento, lo siento mucho. Lo que he tomado nunca podrá ser reemplazado”, expresó, mostrando signos de remordimiento.

El juez Shawn Showers reconoció el arrepentimiento de Goodale pero destacó que era un joven inteligente que podría haber evitado el trágico desenlace.

Los fiscales revelaron que el motivo del brutal asesinato fue una mala calificación que Graber le otorgó a Miller, quien planeó el crimen preocupado por las consecuencias académicas. Los adolescentes emboscaron a la maestra en un parque, donde llevaron a cabo el violento ataque.

A pesar de la edad de los acusados al momento del asesinato, 16 años, fueron tratados como adultos en el proceso judicial. Sin embargo, debido a la legislación de Iowa, no están obligados a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Antes de la sentencia de Goodale, 10 miembros de la familia de Graber compartieron impactantes declaraciones sobre la víctima. Tom Graber, el hermano del esposo de la maestra fallecida, cuestionó la autenticidad del remordimiento de Goodale, destacando su percepción de que las acciones del joven socavaron cualquier muestra de arrepentimiento genuino.

En julio pasado, Willard Miller, el cómplice en este crimen atroz, también fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 35 años.

El pintor Omar Gabriel Albornoz fue condenado a prisión perpetua por las muertes de Rafael Espino, Mónica Rampazzo y su hijo Rodrigo Espino, ocurridas en octubre de 2018. El veredicto de los jueces Sebastián Szeifert, Pablo Ruiz Staiger y Pablo Spekuljak fue unánime.

El hombre de 44 años llegó a juicio acusado por el “doble homicidio calificado criminis causa (para lograr su impunidad)” del matrimonio, “robo” y el “abandono de persona seguido de muerte” de Rodrigo, quien tenía parálisis cerebral y permaneció cuatro días postrado en su habitación. Por esas mismas calificaciones, fue condenado por el tribunal, que dará  a conocer los fundamentos detrás de su decisión en los próximos días.

Los fiscales Ana Laura Gioria y Andrés Marchi se mostraron conformes con la resolución, mientras que el defensor particular Dionisio Ayala adelantó que apelará el fallo y señaló que “vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque me parece que es totalmente arbitrario lo que están haciendo”.

El crimen

El matrimonio fue asesinado en su vivienda de Francia al 1180, de Barrio Sur, entre el sábado 20 y el domingo 21 de octubre de 2018. Según señaló el forense en el juicio, se pudo determinar como causa de muerte la asfixia. Albornoz, quien llevaba semanas trabajando como pintor para ellos, se llevó del lugar la camioneta Renault Duster bordo de la familia,  dejando desamparado en su habitación a Rodrigo Espino, quien no podía valerse por sí mismo.

La denuncia de la empleada doméstica, que no lograba contactarlos, llevó a que la policía se presentara en el domicilio el miércoles 24 por la noche. Fue entonces que encontraron al matrimonio muerto y rescataron a  su hijo, que estaba en muy malas condiciones. Rodrigo falleció cuatro días después en el Hospital Cullen, producto de una infección generada por una broncoaspiración, que ocurrió durante el período en el que permaneció sin atención.

Investigación exhaustiva

“El tribunal resolvió condenar con las calificaciones legales por las cuales la fiscalía había acusado, con lo cual entendemos que se pudo comprobar nuestra teoría del caso y todas las proposiciones que nosotros demostramos a lo largo del debate”, señaló la fiscal Gioria tras conocer el veredicto.

“Desde el momento de la imputativa, fue algo que se mantuvo sin ningún tipo de modificación, y siendo coherentes con eso toda la prueba que ofrecimos vino a corroborar que Albornoz fue el autor de este hecho”. “Los testimonios fueron muy contundentes y, a su vez, todo eso se vio corroborado con otro tipo de elementos que presentamos ante el tribunal y que tuvieron que ver con una investigación muy exhaustiva”.

En concreto, la funcionaria se refirió a “un estudio realizado en relación a las líneas telefónicas, que permitió ubicar a Albornoz en la ventana temporal en que ocurrió el hecho” y en el lugar del crimen, “por una cuestión de impactos de antena”. Además, “una intervención telefónica permitió reproducir en el debate un fragmento de una escucha que compromete seriamente a Albornoz” y  “se pudo relevar el lugar exacto donde estuvo guardado el vehículo robado antes de ser abandonado en la vía pública”.

La causa tardó casi cinco años en llegar a juicio. “El tema aquí fue el avanzado estado de descomposición que presentaban los cuerpos, que no permitió en un primer momento determinar la causa de muerte. Fueron necesarios muchísimos estudios complementarios que fueron solicitados desde la oficina forense, muchos de los cuales se llevaron a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Fue recién dos años después del hecho que nosotros tuvimos una causa de muerte y la posibilidad así de atribuir el hecho a quien nosotros ya considerábamos que era el posible autor”. Si bien “la fiscalía abordó distintas hipótesis de investigación”, todas se fueron descartando excepto una, la que “se centró en Albornoz, que se profundizó” con el tiempo. “Esta situación de la detención tardía (en 2020), si se quiere, se debe a que sin causa de muerte, sin la posibilidad de relatar cómo ocurrió el hecho, era imposible imputarle técnicamente un hecho”, explicó la fiscal.

Apelación

El defensor Dionisio Ayala también habló tras la sentencia. Sostuvo que “Albornoz no cometió ese delito” y que “nos llama poderosamente la atención que se hayan manejado con total y absoluto libertinaje en un proceso tan serio”.

A su entender, “no ha llegado la investigación a fondo en relación a todos los testigos que estuvieron alrededor del Sr. Espino y la Sra. Rampazzo”. Además, anunció: “Presentaré una apelación y vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque me parece que es totalmente arbitrario lo que están haciendo”.

Resta esperar que el tribunal de a conocer los fundamentos detrás de la decisión, unánime, de condenar al pintor a la pena máxima.

"El impacto de sus crímenes ha sido inmenso", dijo Goss en sus declaraciones antes de condenar a Letby. El juez agregó que se había causado "un daño de por vida" después de que Letby se cruzará con bebés cuyas vidas fueron truncadas "casi tan pronto como empezaron".

La enfermera se negó a comparecer ante el tribunal este lunes para ser sentenciada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros seis en el hospital del Reino Unido donde trabajaba.

Lucy Letby, de 33 años, pasará el resto de su vida tras las rejas, luego de recibir la sentencia en el Tribunal de la Corona de Manchester, en el norte de Inglaterra. Un jurado la declaró culpable el pasado viernes, en un caso que horrorizó a la comunidad y la convirtió en la asesina en serie de niños más prolífica de los últimos tiempos.

La negativa de Letby a comparecer tanto para los veredictos como para su sentencia ha desatado indignación, y llama a cambiar la ley para exigir que quienes cometen los delitos más graves se enfrenten a las familias de las víctimas.

El primer ministro Rishi Sunak dijo este lunes que Letby fue “cobarde” por no presentarse. “Creo que es una cobardía que las personas que cometen delitos tan horrendos no enfrenten a sus víctimas y escuchen de primera mano el impacto que sus crímenes han tenido en ellos y sus familias y seres queridos. Estamos buscando y hemos estado cambiando la ley para asegurarnos de que eso suceda y eso es algo que presentaremos a su debido tiempo”, informó PA Media.

Letby atacó a los bebés bajo su cuidado administrándoles aire en la sangre y el estómago, alimentándolos en exceso con leche, agrediéndolos físicamente y envenenándolos con insulina, se escuchó en el tribunal el pasado viernes.

Las acusaciones  y su posterior condena provocaron una investigación del gobierno en medio de preguntas sobre cómo pudo escapar de la detección durante tanto tiempo.

La mujer agredió en secreto a 13 bebés en la sala neonatal del hospital Countess of Chester entre 2015 y 2016, según dijo este viernes el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido en un comunicado.

Los fiscales argumentaron que la intención de Letby era matar a los bebés mientras engañaba a sus colegas haciéndoles creer que había una causa natural de muerte.

Letby escribió una nota que decía: "Soy malvada, yo hice esto".

El tribunal de Manchester escuchó testimonios desgarradores durante el juicio de los padres de las víctimas, incluso en un caso en el que Letby había intentado matar a un bebé después de asesinar a su hermano gemelo.

La madre del niño E y el niño F dijo que confiaba “completamente” en las recomendaciones de Letby, mientras presentaba su testimonio ante el tribunal.

Sin embargo, dijo que “sabía que algo andaba mal” cuando su bebé, el Bebé E, comenzó a gritar en la unidad de cuidados intensivos una noche.

Se supo que antes de que Letby asesinara al Bebé E, comenzó a sangrar cuando ella trató de agredirlo. El hermano gemelo de ese bebé, el Bebé F, sobrevivió más tarde a un intento de Letby de matarlo por envenenamiento con insulina. Y se reveló que la policía había encontrado una serie de notas escritas a mano por Letby, incluida una que decía: “Soy malvada, yo hice esto”.

En 2018 y 2019, Letby fue arrestada dos veces por la Policía en relación con su investigación, dijo PA Media. Fue arrestada nuevamente en noviembre de 2020.

Las autoridades encontraron las notas que Letby había escrito durante los registros de su dirección.

“No merezco vivir. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos”, escribió en una nota, y agregó en otra: “Soy una persona horriblemente malvada” y en mayúsculas, "soy malvada, yo hice esto".

El viernes, el gobierno del Reino Unido emitió una investigación independiente sobre los asesinatos, incluida la forma en que los reguladores y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido abordaron las inquietudes planteadas.

Los médicos del hospital notaron un aumento en la cantidad de bebés que morían o colapsaban inesperadamente en la unidad neonatal, escuchó el tribunal de Manchester.

Pero la gerencia del hospital inicialmente descartó las preocupaciones planteadas por los médicos sobre el aumento de la tasa de mortalidad de los pacientes bajo el cuidado de Letby, informó PA Media.

Los abogados de las familias de las víctimas han dicho que la investigación “no fue lo suficientemente buena” ya que no tiene facultades para citar testigos.

En 2016, Letby ganó una queja de agravio que había presentado contra sus empleadores después de enterarse de sus alegaciones iniciales.

Tenía programado regresar al departamento de neonatología en marzo de 2017, pero su vuelta no se llevó a cabo. El fideicomiso del hospital se puso en contacto con la Policía, que abrió una investigación.

Una mujer de Arizona que se declaró culpable de asesinato por la muerte por inanición de su hijo de 6 años fue sentenciada el jueves a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional después de que testigos describieran los horrores del diminuto armario. que apestaba a orina donde él y su hermano menor fueron retenidos y se les negó la comida.

El abogado de Elizabeth Archibeque había pedido que su sentencia incluyera la posibilidad de libertad condicional después de 35 años, en parte porque aceptó declararse culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil por la muerte de Deshaun Martínez en 2020.

Pero el juez de la Corte Superior de Coconino, Ted Reed, dijo que si bien su expresión de remordimiento era genuina, su “comportamiento atroz, cruel y depravado” justificaba el encarcelamiento por “el resto de su vida natural”.

Una detective de la policía testificó el jueves que nunca había visto algo tan horrible en toda su vida: una pesadilla para los niños demacrados hacinados en un armario de 21 por 25 pulgadas (53 por 63 centímetros) durante 16 horas al día.

Archibeque, de 29 años, quien subió brevemente al estrado para testificar en su propio nombre el jueves, dijo que se culpaba a sí misma por la muerte de su hijo y aceptaba por completo cualquier sentencia que recibiera.

“Una gran parte de mí murió junto con mi hermoso hijo”, dijo. “No pasa un día sin que me aflija... lo siento mucho”.

Archibeque fue acusado junto con el padre del niño, Anthony Martínez, y la abuela, Ann Martínez, quienes se declararon inocentes y están siendo juzgados por separado por cargos de asesinato y abuso infantil.

La defensora pública de Archibeque, Christine Brown, sugirió el jueves que los otros dos eran los principales culpables del abuso de los niños.

Una autopsia determinó que Deshaun Martínez, que pesaba solo 18 libras (8,1 kilogramos), murió de inanición severa. Las autoridades lo encontraron inconsciente después de que Ann Martínez llamara al 911 el 2 de marzo de 2020 y dijera que pensaba que su nieto estaba muerto. La forma de muerte más tarde se catalogó como homicidio.

Los padres del niño inicialmente atribuyeron el estado de desnutrición de su hijo a una condición médica ya la ingestión de pastillas para adelgazar o cafeína. Eventualmente, le dijeron a la policía que lo mantuvieron a él y a su hermano mayor en un armario durante 16 horas al día y les dieron poco de comer. El hermano sobrevivió.

El confinamiento de los niños fue un castigo por robar comida mientras los padres dormían, dijo la policía. Sus dos hermanas, de 4 y 2 años, fueron encontradas sanas en el departamento donde vivían.

La detective de la policía de Flagstaff, Melissa Seay, testificó durante la audiencia de sentencia del jueves que el día que se encontró el cuerpo de Deshaun en el apartamento de la familia en Flagstaff, ella examinó el pequeño armario donde dormían los niños con un plástico naranja en el suelo y un "olor asqueroso a orina."

“Nunca había visto algo tan horrible en toda mi vida”, dijo Seay. Ella dijo que Deshaun "era solo huesos".

“Su rostro estaba completamente hundido. Era como un esqueleto”, dijo Seay. Dijo que a su hermano no le fue mucho mejor.

“Sus huesos sobresalían de su espalda. Pude ver sus costillas”, dijo.

El fiscal adjunto del condado, Michael Tunink, dijo que decidió no mostrar las fotos de evidencia durante la audiencia de sentencia porque eran tan “inquietantes que es difícil para cualquiera que tenga que verlas”.

Brown dijo que Archibeque era adicto a la metanfetamina al nacer, tuvo una crianza traumática y padecía problemas mentales. Ella dijo que su esposo y su suegra la infligieron abuso físico y emocional y que ella “se sentía impotente” para hacer algo al respecto.

Brown dijo que Archibeque le dijo durante una visita a la cárcel que “me siento más libre aquí que con él”.

Ella dijo que Archibeque “es muy consciente de que pasará el resto de su vida en prisión”, pero siente una “gran sensación de alivio” al saber que sus hijos ahora viven en un lugar mejor.

Los abogados de ambas partes solicitaron y el juez accedió a sellar todos los documentos previos a la sentencia debido a su naturaleza delicada en un esfuerzo por proteger la privacidad de los otros niños.

La madre adoptiva que acogió a los hermanos de Deshaun dijo que su hermano estaba "tan traumatizado por la comida y el comer" que "preguntaba cada cinco minutos" cuándo volverían a comer y guardaba una "pequeña lonchera especial con refrigerios que nunca se apartaba de su lado". .”

Dijo que le tomó tres años a una de las hermanas comenzar a hablar y que la otra “cree que cargó a sus dos hermanos sobre su espalda y los salvó”. “Se les ha quitado mucho a estos niños”, dijo.

Está previsto que los abogados de Ann Martínez comparezcan en una conferencia de gestión de casos el 18 de septiembre, y su juicio actualmente está programado para comenzar en enero de 2024. Se había programado que Anthony Martínez fuera a juicio a principios de este año, pero la fecha del juicio quedó anulada y no se ha cancelado. ha sido reiniciado.

El tribunal lo halló culpable de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. Juan Luis Chara aceptó la autoría del hecho, ocurrido en Las Toscas en 2020. Fue condenado en un procedimiento abreviado de juicio.

Por Gustavo Capeletti

Juan Luis Chara descreía de su paternidad sobre el segundo hijo que criaban con su esposa en una vivienda del barrio Virgen Niña de las Toscas. A pesar de haberlo anotado como suyo, este albañil de 38 años tenía la idea fija: sospechaba que Estela Maris Gómez (35), su pareja, lo había engañado con otro hombre cuando estuvieron separados y ella, para escapar de los tormentos a la que a sometía, había recalado en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires.

Hasta esa ciudad del sudoeste bonaerense la fue a buscar la reiniciar la relación. La convenció y volvieron a convivir en la misma casa de la urbe del norte santafesino, que a la postre sería escenario de un femicidio macabro.

Femicidio en Las Toscas: la mató y la enterró en su casa

Una vez acomodados de nuevo en la morada, el esposo no tardó en recriminarle a la víctima que el hijo que gestaba no era suyo. En reiteradas oportunidades, la acusó que era fruto de una relación extraconyugal y, ciego de los celos, sumió a su pareja en una espiral de violencia física y psicológica aberrante.

El maltrato cotidiano que le propinaba incluía desdén, desprecio, no la dejaban hablar en reuniones familiares sin su consentimiento, la humillaba en público, no la dejaba salir del hogar sin su permiso y tan solo con la mirada la hacía callar.

En medio de todo ese cuadro de violencia, Chara pergeñaba su acción de femicida: día a día cavaba un pozo en la parte del baño de la casa. El desenlace fatal llegaría el martes 11 de agosto de 2020. Por la tarde, luego de una discusión, el hombre golpeó a la víctima por diversas partes del cuerpo, incluso en la cabeza, lo que provocó que cayera contra la pared de la habitación quedando en estado semiconsciente.

Con la mujer en estado de indefensión, la ató con una soga tanto en los miembros inferiores como en el cuello. Con las pocas fuerzas que tenía y desesperada por ver la muerte tan cerca, Estela Maris luchó tratando de sacarse las ataduras. Pero su marido no le dio ninguna oportunidad y la ultimó por asfixia mecánica con la misma soga.

De ahí en más, Chara se dio a la tarea de ubicar el cuerpo en el pozo que estaba preparando desde hacía dos semanas, lo cargó con arena y tierra, lo mojó y lo dejó listo para realizar el contrapiso, hormigón que luego realizó con ayuda de dos vecinos.

Consciente del crimen cometido, buscó darse una coartada: comenzó a utilizar el aparato telefónico celular de la víctima fingiendo ser ella y manifestándole a una amiga que se iría a vivir sola al campo; le contó a su hijo de 10 años que su madre se había ido a vivir sola; envió mensaje de WhatsApp al celular de su esposa asesinada pidiéndole que vuelva, los cuales respondía él mismo.

Y, por último, el 13 de agosto de 2020, dos días después de matar y tras llevar a sus hijos hasta un cajero automático para hacer una extracción con la tarjeta se su cónyuge, fue hasta la comisaría local y radicó una denuncia de pedido de paradero.

De nada le sirvieron tantas artimañas desplegadas para borrar la sangre de sus manos homicidas. Por la tarde, una comisión policial accedió a requisar su domicilio. Numerarios de la Agencia de Investigación Criminal de Las Torcas advirtieron un contrapiso de un metro cuadrado que servía como escalón en el antebaño. Lo rompieron y debajo dieron con al cadáver de Estela Maris.

Chara quedó detenido hasta la mañana de este viernes cuando el tribunal pluripersonal conformado por los jueces Natalia Palud, Martín Gauna Chapero y Mauricio Daniel Martelossi le dictó la condena a prisión perpetua por ser penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. El imputado aceptó expresamente la responsabilidad penal por los hechos atribuidos y la calificación legal adoptada y firmó al pie de la sentencia a la arribaron las partes en el marco de un procedimiento abreviado de juicio

El acusador fue el fiscal Norberto Ríos, de la Unidad Fiscal Las Toscas, en tanto actuó como defensor público el abogado Arnaldo Binaghi Mussín.

Otros dos hombres resultaron absueltos. 

Por Luciano Mascali

Pascual Eduardo Fagundes (24) y Leonardo Gastón Godoy (32) fueron condenados a la pena de prisión perpetua. En tanto que, Juan Daniel Godoy (32) y Brian Carlos Altamirano (23) quedaron absueltos de culpa y cargo, disponiéndose la libertad inmediata para ambos.

Rocío Magalí Vera, la víctima, tenía 14 años y se encontraba en estado de vulnerabilidad social cuando fue atacada en una vivienda en Reconquista. Además, la menor estaba embarazada.

Rocío Vera habría sido violada en manada antes de su brutal crimen

El atroz episodio ocurrió en Reconquista en el año 2022. Luego de estar desaparecida unos días, fue encontrada sin vida el 13 de julio en un baldío lindante a una vivienda abandonada, en inmediaciones del barrio Carmen Luisa.

El juicio había comenzado el miércoles 24 de mayo de 2023 y el tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Olivera -presidente-, Martin Gauna Chapero y Gustavo Gon.

Por el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Aldo Gerosa, acompañado del fiscal Adrián Ereñu. La fiscalía había solicitado la pena de reclusión perpetua para los cuatro imputados, al igual que los querellantes.

En representación de la madre de Rocío Vera, estuvieron las abogadas Maria Laura Tailleur y Mariana Cisera, del Centro de Acción Judicial. Por el lado de la hermana de la víctima, la querella fue integrada por Carolina Walker y Matías Pautasso, de la ONG Juanito Laguna.

Femicidio de Rocío Vera: imputaron y dictaron prisión preventiva a cinco acusados

La defensora pública Maria Noel Severo dio asistencia legal a los cuatro mayores de edad llevados a este juicio oral y público; y había sostenido la inocencia de todos quienes se encontraban con prisión preventiva desde julio de 2020.

El Tribunal pluripersonal resolvió condenar a Leonardo Gastón Godoy y Pascual Fernando Fagunde a la pena de prisión perpetua, como autor material penalmente responsable de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal calificado por la comisión de dos o más personas, y por la intervención de menores de edad; en concurso real, con homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía razón ocultar otro delito y por mediar violencia de género, por la intervención de menores de edad».

Asimismo, los jueces absolvieron de culpa y cargo a Leonardo Gastón Godoy y a Pascual Eduardo Fagundes por delito de amenazas, por insuficiencia probatoria.

También, quedó absuelto de culpa y cargo, Juan Daniel Godoy, por los delitos de «abuso sexual con acceso canal calificado por la comisión de dos o más personas, en relación con el inciso D del código penal, y por la intervención de menores de edad; homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía para ocultar otro delito y por mediar violencia de género, y por la intervención de menores de edad; y amenazas, todo en concurso real».

Además, Brian Carlos Altamirano quedó absuelto de culpa y cargo por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal calificado por la comisión de dos o más personas, en relación con el inciso D del código penal y por la intervención de dos menores de edad; homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía para ocultar otro delito, por mediar violencia de género; y por la intervención de menores de edad, y por amenazas, todo en concurso real».

El tribunal ordenó el decomiso de los elementos secuestrados en el marco de este proceso, procediéndose a su restitución. Como asi también la devolución al Ministerio Público de la Acusación de los restantes efectos registrados en el marco de la presente causa, a los fines que estime corresponder.

Una vez que tome firmeza el decisorio, ordenar la extracción de muestras pertinentes para realizar la identificación que de los condenados, procediendo a su inscripción en el registro respectivo de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 26.879.

Por último, ordenar la libertad de Juan Daniel Godoy y Brian Carlos Altamirano. Tener presente la reserva de recursos formulados por la defensa de los imputados.

Mientras que los condenados fueron trasladados a la cárcel apenas conocido el veredicto.

Finalizado el juicio en tribunales de Reconquista sobre el caso de Rocío Vera. El fiscal y las defensas tienen la intención de apelar. Existe desacuerdo sobre la sentencia porque se cree que los acusados son igualmente responsables del hecho y no se entienden los motivos por los que algunos fueron condenados y otros absueltos. Se espera conocer los fundamentos del fallo para tomar medidas.

La abogada Mariana Cisera, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), representando a la mamá de Rocío, consideró «que es muy pronto para dar una impresión, la verdad que con respecto a los cuatro imputados, considerábamos que había elementos más que suficientes para lograr la cadena perpetua, se fue explicando la participación que tuvieron cada uno de ellos, de los cuales dos se logró una cadena perpetua y dos absoluciones. Así que tendríamos que esperar que lleguen los fundamentos para luego realizar la correspondiente apelación, porque para nuestra parte, como para la del fiscal, la otra querella, no hay dudas de que los cuatro debían tener prisión perpetua, condenados los cuatro».

La profesional contó que «consideramos que había más que elementos suficientes; lo adelantamos en los alegatos de apertura, lo probamos en el juicio y se lo explicamos en los alegatos de clausura, cuál fue la participación que tuvieron cada uno, pero bueno, ahora esperar a los fundamentos para la realizar la correspondiente apelación».

La menor fue atrozmente asesinada en la fría madrugada de 12 de julio de 2020 en un local abandonado del barrio Carmen Luisa, de Reconquista tras padecer torturas y abusos. Su cuerpo fue descartado en un descampado ubicado detrás de la casa del horror.

La autopsia describió su calvario: el cuerpo presentaba acho fracturas en la cabeza, tres de ellas en la zona mala, maxilar y esfenoidal causadas con un palo de 60 centímetros, y un golpe en la región auricular asestado con un hierro; hemorragia por la nariz, lesiones externas, quemaduras de segundo y tercer grado, ya que cayó sobre un fuego con el que cocinaban un guiso; lesiones post mortem en los glúteos, producto de haber sido arrastrada; numerosas muestras de semen en el cuerpo por abusos sexuales reiterados.