Un joven de 19 años fue imputado este domingo por haber sido uno de los dos presuntos autores del asesinato a tiros ocurrido el pasado jueves en un búnker ubicado en San Martín al 7000, en la zona sur de Rosario, donde fue ejecutada Daniela Salva (34) de un disparo en el cráneo y otras dos personas sufrieron heridas de arma de fuego. 

Thiago Gabriel Sosi fue llevado a audiencia este domingo por la mañana en el Centro de Justicia Penal. Ante la jueza María Trinidad Chiabrera, el fiscal Luis Schiappa Pietra lo ubicó como uno de los dos sospechosos que ingresó al punto de venta de droga y abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros sin mediar palabra. 

En el caso de Sosi, el fiscal lo sindicó como el presunto autor de los tiros que hirieron a una mujer de 35 años en el tórax y a un adolescente de 15 años en las piernas. Su cómplice –permanece prófugo–, de acuerdo a la acusación, fue quien mató a Daniela Salva de un balazo en la cabeza. 

Horas después del homicidio, el sospechoso cayó en un operativo que realizó el Comando Radioeléctrico en Rosa Silvestre y Clavel, en barrio Las Flores. Ahora, la jueza Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. 

El combate al narcomenudeo volvió a mostrar resultados concretos en la capital provincial. En una serie de allanamientos simultáneos realizados en el norte de la ciudad de Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló varios puntos de venta de droga y secuestró cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Las intervenciones estuvieron coordinadas por la División Microtráfico, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las medidas fueron ordenadas por el juez Martín Manuel Torres, del Colegio de Jueces de Primera Instancia, y solicitud de la fiscal Rosana Peresín, de la Fiscalía Regional I.

En total, se allanaron cuatro domicilios situados en los barrios Nuevo Horizonte y San José, donde la PDI irrumpió de forma simultánea en una investigación que se venía gestando desde hace semanas.

En una vivienda de calle Jauretche, entre Sarsotti y Pedro Espinosa, los agentes hallaron dos trozos compactos de cocaína (15 gramos), una balanza de precisión, tres cámaras de videovigilancia, una de ellas con tarjeta de memoria, y 98.050 pesos en efectivo.

Todo fue secuestrado por disposición judicial y remitido al área de peritajes de la PDI.

Otro procedimiento, esta vez en una casa de Azcuénaga al 3800, arrojó el secuestro de 26 envoltorios de cocaína, utensilios con restos de la sustancia, papeles satinados, recortes de nylon, una balanza y 162.700 pesos.

En ese domicilio se encontraba una adolescente de 14 años, cuya situación fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de la Niñez y del equipo local de la Municipalidad de Santa Fe.

En otro de los puntos investigados, sobre República Dominicana entre Azcuénaga y Matheu, los policías encontraron pipas y cucharas utilizadas para el consumo, una de ellas con restos de cocaína. Las tres mujeres presentes fueron notificadas en libertad por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Finalmente, en una vivienda de calle San José, entre Matheu y Azcuénaga, la PDI detuvo a una joven de 18 años, embarazada, identificada como Milagros Moreno. En su poder se incautaron 49 envoltorios de cocaína, un teléfono celular y 148.900 pesos. La mujer quedó imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron el trabajo conjunto entre la PDI, el MPA y el Poder Judicial, en el marco de la política provincial contra el microtráfico.

Las investigaciones continuarán para determinar si los domicilios allanados formaban parte de una red de distribución local, que abastecía distintos puntos del norte santafesino.

Cuatro personas señaladas por ocultar droga en Empalme Graneros quedaron detenidas en forma preventiva este jueves por el plazo máximo, es decir al menos dos años, tras ser capturadas en un búnker de ese barrio. Sobre dos de ellas pesa además una grave imputación: haber intentado asesinar a una pareja a comienzos de mes en Villa Fanta, un asentamiento cercano a Fisherton Industrial, en el noroeste de la ciudad.

De acuerdo con datos judiciales y policiales, este diario pudo reconstruir que en la tarde del 10 de septiembre personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba tareas de vigilancia en Cabal y José Ingenieros, en Empalme Graneros.

A las 15.45, los efectivos observaron descender de un Ford Ka a Micaela Pérez (32), Jorge Hernán Pérez (33), Rodrigo Duboe (32) y Axel Galarza (32). El grupo estaba bajo investigación y los detectives aprovecharon la ocasión para hacer el “corte”: detuvieron en el lugar a Micaela y a Jorge Pérez, mientras que los otros dos ingresaron al aguantadero. Rodrigo fue arrestado tras resistirse y agredir a los policías, mientras que Axel fue esposado luego de intentar ocultarse, relató la acusación.

En el operativo los policías se incautaron de más de 443 gramos de piedras de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios, una cantidad significativa en comparación con los habituales secuestros menores a soldaditos en barrios postergados. También secuestraron una balanza digital y precintos.

Por ello, los cuatro fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de coautores y en grado consumado, calificación que admitió el juez Hernán Postma.

Además, Micaela y Jorge Pérez recibieron otra imputación más grave: tentativa de homicidio doblemente calificada. Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, el 1º de septiembre, junto a otra persona con pedido de captura y dos aún no identificadas, planearon y ejecutaron un ataque contra una pareja en un domicilio de Tupac Amaru y Nicaragua, frente a las vías del Ferrocarril Mitre, en la zona conocida como Villa Fanta. Ese asentamiento debe su nombre a la cercanía con la planta distribuidora de Coca Cola.

El ataque se produjo porque una de las víctimas alquilaba una vivienda a los imputados y se opuso a que la usaran para vender drogas. Bajo la excusa de una cita, lo emboscaron y, tras una discusión, abrieron fuego con una pistola 9 milímetros, efectuando al menos diez disparos con la clara intención de matar, dijo el fiscal Adrián Spelta.

Las balas hirieron a una de las víctimas en la pierna derecha, provocándole fractura expuesta de tibia, mientras que la otra sufrió lesiones en tórax, abdomen, pelvis, muslo y brazo izquierdo. Nahuel y Verónica sobrevivieron al ataque, que según la pesquisa tuvo como objetivo silenciarlos.

Diez días después, dos de los sospechosos fueron capturados en el búnker de Cabal al 900 bis. Esa boca de expendio será tapiada e “inactivada” esta semana, según lo resolvió el juez Postma.

Minutos antes de las 13 desde un vehículo abrieron fuego en Magaldi y Servando Gallegos, hiriendo de un disparo en el tórax a un hombre de 56 años que ingresó sin vida al Heca.

Un hombre de 56 años fue asesinado de un balazo este miércoles por la tarde en el barrio Gráfico, en el extremo noroeste de Rosario.

La víctima, identificada como Gregorio Rodríguez, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez desde la zona de Magaldi y Servando Gallegos, a unos 300 metros al norte de Calasanz (prolongación de Mendoza al 8600). Ingresó sin vida al centro de salud poco después de las 14.30.

Según una de las primeras versiones, los disparos provinieron de los ocupantes de una moto, aunque otra versión preliminar apunta a un auto. Los atacantes abrieron fuego contra una vivienda y, en ese contexto, Rodríguez fue alcanzado por un tiro letal mientras se encontraba en la vereda. Aún no está claro si el ataque estaba dirigido directamente contra él.

Efectivos del Comando Radioeléctrico hallaron vainas servidas en la vía pública e impactos de bala en el frente de una casa ubicada en Magaldi y Gallegos, que sería el domicilio de la víctima.

Voceros policiales no descartaron que el ataque esté vinculado a un presunto búnker de drogas que funcionaría en la zona, según denuncias previas sobre maniobras de narcomenudeo en ese sector del barrio.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, quien encomendó tareas investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI).

El crimen de Rodríguez fue el segundo cometido en pocas horas. En la noche del martes, dos gatilleros que se movían a pie ejecutaron en Seguí y Solís a Elías Díaz, de 22 años. Sobre el joven pesaba un pedido de captura por un homicidio ocurrido en mayo pasado.

Además, en las últimas horas se registraron dos intentos de homicidio con víctimas internadas en estado reservado. Agustín Ernesto N., de 34 años, fue acribillado en Fausta al 5600, en barrio Saladillo, y permanece en estado crítico en el Heca. El otro hecho ocurrió en García González al 3100, en Villa Gobernador Gálvez, donde Franco M., de 20 años, recibió un disparo en el pecho y quedó internado en el hospital Provincial.

Un joven de 21 años permanece internado tras recibir siete disparos en barrio Toba. Dos encapuchados lo atacaron en Gregori y Cisnero, huyeron en bicicleta y la víctima fue trasladada al Heca.

La balacera ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde. Varios llamados alertaron a la policía por los disparos en la vía pública.

El herido llegó intubado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Fue asistido primero en un vehículo particular y luego derivado.

Los médicos confirmaron que presentaba dos heridas en cada pierna, una en el lado izquierdo del tórax y otra en la región lumbar derecha. También sufrió la amputación de la tercera falange de un dedo de la mano izquierda.

Según fuentes provinciales, los agresores escaparon hacia el norte. Tomaron la calle Vázquez y siguieron por Rouillón. No hubo detenidos hasta el cierre de la jornada.

El parte médico indicó que el paciente quedó en estado reservado. 

La Fiscalía del Departamento Judicial Zárate-Campana quedó a cargo de la investigación. Los peritos recorrieron la escena para recolectar pruebas.

El intento de homicidio tuvo lugar a cuatro cuadras de un antiguo búnker de drogas derribado en abril. La zona, según autoridades, era un punto de conflicto por venta ilegal.

Durante la mañana del martes, se llevó a cabo el derribo de un búnker narco en el barrio Villa del Parque, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta por la Justicia y solicitada por la fiscal Yanina Tolosa, en el marco de una causa por microtráfico priorizada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

El operativo tuvo lugar en un inmueble precario ubicado en Manuel Leiva sin número, entre Cristo Obrero y el pasaje Unidad. En el lugar no vivía ninguna familia: era utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes.

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, Sebastián Montenotte, explicó que "en el marco de la ley de implementación de la ley de microtráfico está prevista la desafectación de los inmuebles que se usan como puntos de venta de estupefacientes".

"A partir de una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a cargo de la fiscal Tolosa, se pidió destruir este inmueble donde se comercializaban drogas. Estamos llevando adelante la medida ahora", confirmó.

Montenotte destacó además: "Volvemos a estar en una zona donde muchas veces hemos venido por situaciones de violencia, y hoy afortunadamente venimos a destruir este punto de venta, que seguramente había generado no solo delitos de comercialización de estupefacientes, sino también otros delitos asociados cometidos por distintas bandas y delitos predatorios".

"La destrucción es exclusivamente de este punto de venta, que tenía fines de comercialización y consumo. No tenía condiciones para habitar, como baño ni cocina. Las veces que estuvimos presentes haciendo el reconocimiento previo, vimos que había sido usado como lugar para venta", cerró.

Por su parte, la fiscal Yanina Tolosa detalló que el inmueble demolido se encontraba en una "zona de hechos donde se dan delitos altamente lesivos, donde hay llamados al 0800 o al 911 denunciando detonaciones de arma de fuego, personas con portación de arma blanca o de fuego, amenazas".

"Entonces es muy propio que se puedan llegar a dar en estos lugares construcciones precarias, donde el objetivo es la compra-venta de estupefacientes", agregó.

La funcionaria judicial reveló que la existencia del búnker fue advertida "a través de un patrullaje de Gendarmería Nacional. Ahí fue que, por un hecho en flagrancia, desde la fiscalía se toman medidas, se inicia la investigación, hay una persona que está investigada al respecto, y dentro de esta pesquisa es donde se advierte uno de los denominados búnkers".

"Surge la medida que solicitamos ante un juez el viernes —en este caso fue el doctor Lazzarini—, que la autorizó, y hoy la estamos llevando a cabo", explicó Tolosa.

Además, la fiscal señaló que se trabajó con distintas fuerzas: "Se hace un relevamiento previo desde División Microtráfico y Criminalística de la PDI, que trabajan para determinar si había una familia viviendo, si el objetivo seguía activo, etc. También se articula con geolocalización, catastro, etc."

Sobre el impacto en la comunidad, Tolosa fue clara: "Esta medida de seguridad impacta directamente en los vecinos que viven acá. Ellos denuncian que sus hijos no pueden ir a la escuela solos, o a la copa de leche; no pueden salir a hacer los mandados o ir a sus trabajos. Gente que se levanta muy temprano, va a tomar el colectivo y cuando sale ve permanentemente personas involucradas en actividades ilícitas".

"Las denuncias pueden hacerse a través de la página web del MPA, de manera online desde la computadora o el celular. También en una comisaría, en los Centros Territoriales de Denuncia, o por supuesto, al 0800 o al 911. El vecino que está en el lugar puede aportar datos clave que son tomados por el operador y comunicados a la policía", concluyó.

En tanto la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que este operativo "es el cuarto derribo en la ciudad de Santa Fe y ya llevamos más de 60 en toda la provincia".

"Cabe destacar otros puntos en la parte centro-norte de la provincia, como el departamento Castellanos, Frontera; y hace unos días estuvimos en Esperanza", recordó.

"Esto es una política de Estado que tiene que ver con una decisión, un acompañamiento legislativo, pero sobre todo con un trabajo mancomunado entre el MPA, el Ministerio de Seguridad, la PDI y las fuerzas de seguridad. Para nosotros es muy importante todo lo que la gente nos pueda transmitir", subrayó.

"Recién hablábamos del 911: eso es fundamental. Se puede denunciar de manera anónima. Nosotros lo catalogamos como información importante y eso se trabaja articuladamente con el MPA todas las semanas", finalizó Coudannes.

En un hecho sin precedentes en el departamento General López, se llevó a cabo la demolición total de dos direcciones en barrio Villa Moisés de Venado Tuerto, identificados catastralmente en la calle Pavón 1880 y Pavón 1880 -vereda impar-.

La medida fue impulsada por la justicia provincial, en un esfuerzo por erradicar focos de actividad delictiva y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.

La decisión de demoler los inmuebles se tomó tras una audiencia que comenzó alrededor de las 13.30 y se extendió hasta las 15.15 en Venado Tuerto, de la cual participaron el encargado de la Unidad Fiscal de Microtráfico dependiente de la Fiscalía General del MPA, quien asistió vía zoom, autoridades municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Unidad Regional VIII.

La solicitud estuvo a cago del fiscal Iván Raposo quien fundamentó que se trataba de dos inmuebles construidos en territorios fiscales con un largo historial de hechos delictivos.

Desde el año 2019, ambos domicilios habían sido allanados de manera frecuente “con resultados positivos en el secuestro de estupefacientes, tanto por la justicia provincial como federal”, detalló el fiscal Raposo.

Los allanamientos recientes también habían arrojado detenciones (cinco personas que quedaron con prisión preventiva) y el secuestro de gran cantidad de material estupefaciente, elementos de corte, dinero en efectivo, una máquina de contar billetes y un arma de fuego.

A raíz de este caso, “decidí llevar adelante esta audiencia y pedir por primera vez en el departamento General López esta medida de demolición total de esos dos inmuebles. Pedido que se basó primeramente en que se trataban de dos inmuebles ubicados en territorios fiscales”, mencionó el funcionario del MPA. La solicitud de Raposo fue habilitada por el juez Mauricio Clavero.

Además de la actividad criminal, Raposo relató que la situación generaba “intranquilidad en los vecinos residentes de Villa Moisés” y frecuentemente llamaban al 911 reportando incidencias de balaceras u otro tipo de violencia.

La medida de demolición busca erradicar esa situación y brindar seguridad y tranquilidad al barrio, especialmente a los vecinos de las calles Pavón y Marenghini.

“La demolición se llevó adelante alrededor de las 16 con la presencia de personal de la municipalidad, el intendente, el delegado del Ministerio de Seguridad, representantes del Poder Legislativo y las fuerzas policiales”, detalló.

El objetivo final es reutilizar esos terrenos para otros fines públicos o usos que no afecten la salud pública ni generen inseguridad o intranquilidad a los vecinos.

Este proceso marca un primer antecedente de este tipo de cese de actividad en el departamento General López en el marco de la nueva reforma del Código Penal.

La inactivación de estos puntos de venta forma parte de las medidas contempladas en la Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial. Esta normativa establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos vinculados al “narcomenudeo”, que antes eran competencia exclusiva de la Justicia Federal.

Durante la mañana del miércoles, personal de la Fiscalía, agentes policiales y autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia llevaron adelante la demolición de un búnker narco ubicado en Pasaje Galisteo, entre Pasaje Mitre y Juan Díaz de Solís, en barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe.

Allanamientos por un robo calificado en la zona norte de la ciudad de Santa FeLa medida fue dispuesta por la justicia a pedido del fiscal Gonzalo Iglesias y se enmarca en la política de persecución del narcomenudeo que impulsa el Ministerio Público de la Acusación, tras la desfederalización de estos delitos.

"Refugio de delincuentes"

En el lugar estuvo presente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien explicó los motivos del procedimiento:

"Estamos procediendo a inactivar este lugar que funcionaba como búnker. Tenía varias denuncias e incidencias relacionadas con venta minorista de estupefacientes en este barrio. Además, estaba vinculado a hechos de violencia. No es una vivienda, no es habitable. Era un refugio de delincuentes y escondite de objetos robados".

El ministro también recordó que, hace algún tiempo, en las inmediaciones se produjo un doble homicidio, donde las víctimas intentaron refugiarse en este mismo inmueble y fueron asesinadas.

"Es claramente un lugar cuya única utilización era para la actividad delictiva. Para el barrio representaba un factor criminógeno y de degradación social. Los vecinos tenían que convivir con delincuentes que entraban y salían constantemente", añadió Cococcioni.

Según detalló, en lo que va de la gestión ya se han desactivado alrededor de 50 lugares de similares características en distintos puntos de la provincia.

Sin detenidos, pero con identidades relevadas

Si bien no se registraron detenciones, algunas personas intentaron ingresar al lugar minutos antes del operativo.

"No hubo detenidos, pero sí se identificó a quienes estaban allí. Fueron retirados por su propia seguridad antes de iniciar el derrumbe", explicó el ministro.

La medida contó con autorización judicial y se llevó adelante luego de constatarse que el inmueble no era un espacio habitable.

Investigación en curso

Por su parte, el fiscal Gonzalo Iglesias indicó que esta acción forma parte de una investigación más amplia, relacionada tanto con el narcomenudeo como con hechos de violencia de alto impacto.

"Esta no es la finalización de la investigación, sino una etapa dentro de un proceso complejo. Hay otras líneas abiertas y puede haber ramificaciones con otras causas en curso", afirmó.

El funcionario del MPA explicó que, además de las tareas de campo, las numerosas llamadas de vecinos al 911 fueron clave para sustentar la causa que derivó en la demolición. También destacó que la propiedad estaba en un lote perteneciente a la Municipalidad de Santa Fe, según lo acreditado en la audiencia judicial correspondiente.

"Estos lugares se caracterizan por su mutabilidad y rotación. Por eso se priorizan este tipo de medidas: tienen un impacto positivo en el tejido social y, sobre todo, en la vida del barrio", concluyó Iglesias.

Hartos de denuncias que no prosperaron, un grupo de vecinos del barrio Santa Rita, en Mar del Plata, decidió destruir a mazazos una vivienda que, según afirmaron ellos mismos en un video que se viralizó en redes sociales, funcionaría como un búnker de drogas.

“No va a haber más transas en el barrio. Acá los hacemos cortar al toque”, expresó uno de los jóvenes que participó en la demolición el lunes por la noche en la esquina de Hernandarias y Canosa, a metros del Estadio Mundialista “José María Minella”.

Armados con mazas, los vecinos procedieron a derribar las paredes, retirar las rejas de las ventanas y vaciar la propiedad al grito de “hay que romper todo”. En el lugar se habrían encontrado restos de paco, virulanas y pipas caseras, lo que reforzó las sospechas de que la propiedad era utilizada para actividades relacionadas con el consumo y la comercialización de drogas.

Además, según informaron medios locales, los vecinos también prendieron fuego a los objetos que encontraron en el interior de la vivienda, como colchones que sacaron a la calle para luego incinerar. La escena es cruda y violenta.

“Estamos cansados de la falta de respuestas de la justicia por numerosas denuncias”, declaró un vecino al portal 0223, mientras efectivos de la Policía Bonaerense y una dotación de los Bomberos de Mar del Plata acudieron al lugar para controlar el incendio provocado por los vecinos.

El fuego estuvo a punto de extenderse a las viviendas aledañas, pero fue sofocado a tiempo por los bomberos. A pesar de la magnitud de los hechos, no se registraron heridos ni detenidos durante la intervención.

En un operativo conjunto que incluyó la demolición de una vivienda utilizada como búnker de drogas, ocurrido a mediados de marzo, la Policía Federal Argentina (PFA), en colaboración con autoridades locales, desarticuló un punto de venta de estupefacientes en el barrio Libertad de Mar del Plata.

El procedimiento fue llevado a cabo por la División Unidad Operativa Federal de la ciudad, tras una investigación que se inició a raíz de la muerte de una persona vinculada al narcotráfico.

De acuerdo con la información publicada, las pesquisas revelaron que el inmueble, que había sido usurpado, funcionaba como un centro de distribución de drogas bajo la modalidad de menudeo. El Juzgado de Garantías Nº1 autorizó el allanamiento del lugar.

Durante el operativo, los agentes observaron cómo un vehículo abandonaba la vivienda a gran velocidad. Esto dio inicio a una persecución que culminó con el conductor del automóvil lanzándose del vehículo en movimiento para escapar. Aunque el hombre logró huir, la mujer que lo acompañaba fue detenida en el acto.

Durante el allanamiento, las autoridades también arrestaron a otros dos hombres, de entre 18 y 31 años, quienes se encontraban en el interior del inmueble.

En total, se incautaron 170 dosis de cocaína listas para su distribución, además de un automóvil y una motocicleta que contaban con pedidos de secuestro activo. Asimismo, se recuperó una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no fue especificado.

La localidad de Frontera, departamento Castellanos, ubicada en el interior profundo de Santa Fe y conocida por sus altos índices de inseguridad, vivió una jornada de tensiones y descubrimientos inquietantes.

En el marco de un operativo de demolición de búnkeres de droga, dispuesto por la Justicia de Rafaela bajo la reciente ley provincial de microtráfico, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a tiros en un predio del barrio Eucaliptal.

El procedimiento, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) Región 5 Rafaela, derivó en un inesperado hallazgo: el inmueble funcionaba como espacio clandestino para la faena de vacunos robados en la región.

Según informaron fuentes policiales, el sitio fue resguardado tras un enfrentamiento con un grupo de jóvenes armados que escaparon al notar la llegada de las autoridades.

La investigación, liderada por la PDI de Rafaela, vinculó el lugar con delitos de microtráfico y abigeato en la región. (Foto: PDI)

El operativo permitió la captura de Jorge Ñañez, de 25 años, un individuo con un extenso prontuario penal que incluye delitos contra la propiedad y antecedentes por violencia de género.

Ñañez ya había cumplido condena por once causas de robo en 2020 y, nuevamente, se lo vinculó con actividades delictivas en la zona.

La demolición había sido ordenada a fines de diciembre por el juez Nicolás Stegmayer, a solicitud de los fiscales Franco Carbone y Fabiana Bertero, y abarcaba la destrucción de tres inmuebles relacionados con microtráfico y violencia en los barrios San Javier, San Roque y Eucaliptal.

Este último, situado en Calle 80, concentró la atención debido a los hechos de violencia registrados durante la intervención.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para desarticular redes criminales y recuperar la seguridad en Frontera, un territorio históricamente golpeado por la violencia y la ilegalidad.

En tanto, el hallazgo de actividades clandestinas de faena plantea nuevos desafíos para el abordaje de los delitos conexos al narcotráfico en esta región santafesina, señalaron.

Lo que comenzó como un operativo antidroga en Frontera derivó en el hallazgo de un centro de faena clandestina donde se encontraron dos vacunos faenados de forma rudimentaria y sin las condiciones de refrigeración necesarias.

Los animales, colgados desde el techo, correspondían a dos vacas lecheras robadas días atrás en un predio de la comuna Bauer y Sigel, cercano a la localidad.

La carne de los vacunos faenados fue decomisada y quemada por el personal municipal de Frontera. (Foto: PDI).

Las víctimas del delito, propiedad del tambero Juan Carlos Calvo, residente en Josefina, habían denunciado múltiples casos de abigeato en el pasado.

El personal municipal de Frontera procedió a la desnaturalización de los 700 kilos de carne decomisada, mientras que Ñañez, el principal detenido durante el operativo, fue trasladado a la alcaidía de Rafaela por agentes de la PDI.

Los restos de los animales sacrificados de manera cruel y precaria subrayan la problemática del robo de ganado en la región, un delito que afecta tanto a pequeños productores como a la seguridad alimentaria local.

Tres personas fueron arrestadas este viernes en la ciudad de Esperanza, durante un operativo diagramado por la Policía de Investigaciones y ejecutado por un equipo del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XI.

Se trató de un allanamiento solicitado por el fiscal Alejandro Benítez y ordenado por el juez Sergio Carraro.

La irrupción se realizó en una vivienda de la cuadra de calle Dr. Gálvez al 1.000, donde los uniformados sorprendieron a un hombre de 20 años, otro de 39 y una joven de 18.

La causa investiga distintos delitos: microtráfico, desobediencia a mandato judicial y tenencia indebida de arma de fuego.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

El allanamiento fue el resultado de una intensa investigación en la que se logró determinar un inmueble que había sido usurpado y que estaba siendo utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Los detectives individualizaron a una mujer como sospechosa. Ella ya había sido detenida en enero de 2024 por infracción a la llamada "ley de drogas", pero recuperó su libertad con medidas cautelares alternativas, que incluían la prohibición de ingresar a la provincia de Santa Fe.

En el procedimiento se logró la detención de las personas mencionadas y el secuestro de 2 teléfonos celulares, 14 envoltorios de nailon con un peso total de 7,6 gramos de cocaína, un trozo compacto de 29,7 gramos de cocaína, la suma de $126.000, elementos de corte y fraccionamiento, un arma de fuego de fabricación casera, dos armas blancas largas tipo lanzas con mango de madera y 3 cartuchos.

Personal de la Municipalidad de Esperanza, una vez finalizado el procedimiento, realizó el cerramiento temporal del inmueble hasta que el propietario finalice las gestiones para la demolición del lugar, con el fin de evitar futuras intrusiones.

Por orden del fiscal Dr. Alejandro Benítez, los aprehendidos fueron alojados en la Comisaría 1a y Subcomisaría 18a de la ciudad de Esperanza.

Una insólita secuencia ocurrió el lunes por la madrugada en el hospital Cecilia Grierson, de Presidente Perón. provincia de Buenos Aires.

Allí, un joven llegó al lugar con un disparo en el empeine de uno de sus pies. Sangrando en la guardia, los médicos le practicaron las curaciones necesarias para contener la herida, aparentemente superficial.

Los médicos de la guardia, desde ya, sospecharon del motivo de la herida. El joven, visiblemente nervioso, rechazaba contestar preguntas, incluso se negó realizar una denuncia. Con el agujero de bala todavía fresco y las vendas recién colocadas, el joven escapó, literalmente saltando en una pata.

Luego de que un testigo en el lugar filmó su fuga, los médicos del lugar reportaron el hecho a la Policía Bonaerense.

Así, comenzó una causa en la UFI N°2 de Presidente Perón, que ordenó a la Policía Bonaerense una investigación para llegar a los agresores. Se creyó, desde el comienzo, que el joven herido habría intentado comprar droga a transas de la zona.

Así, tras varias tareas de campo del GTO de la Comisaría 2° de la zona, comenzó una redada a tres objetivos en el barrio La Toma de Guernica, precisamente en una zona rural de ranchos y casillas marcada por varios lotes sobre la calle Brasil. La calificación del expediente: tentativa de homicidio y violación a la ley de drogas.

Los investigadores arrestaron a seis sospechosos, entre ellos Javier Silva, de 27 años, acusado, precisamente, de intentar matar a la víctima. En los allanamientos, realizados por la Comisaría 2° de Presidente Perón, se incautaron 32 envoltorios con porro, pasta base, una balanza electrónica y seis celulares que podrán ser peritados en busca de más pruebas.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este viernes el derribo de un puesto de venta de estupefacientes relacionado al “Clan Tripi”, que funcionaba sobre Pasaje Acuña al 5700 (Acuña y Av. Rouillón) en Fonavi Parque Oeste de la ciudad de Rosario. Además, el juez provincial Gonzalo Fernández Bussy, a instancias del fiscal Franco Carbone, ordenó desactivar otros dos puntos situados en Pedro Lino Funes al 2400 y Riobamba al 5700, considerados puntos de venta o bien aguantaderos de la banda. 

“En acciones de esta naturaleza se configura lo que establece la Ley de Microtráfico, ya que es un punto de venta de estupefacientes que genera en un barrio Fonavi característico de Rosario, una situación de violencia extrema con muertos, armas, disparos, a metros de la escuela del barrio, convirtiéndose en un punto que corrompe la tranquilidad de los vecinos”, enfatizó el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, para luego puntualizar que "en estos puntos de venta inactivados se vendía cocaína y marihuana. Continuaremos trabajando en esta línea por la que ya llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone detalló que se llevó adelante “el derribo de una instalación que tiene que ver con una disputa territorial que viene sucediendo hace mucho tiempo en esta zona de la ciudad y que está relacionado al clan Tripi, el grupo narco criminal que lidera la venta de estupefacientes en la zona rosarían de Parque Oeste”. De ese modo, Carbone explicó que “este lugar fue sindicado por vecinos como un punto neurálgico de la familia Tripi y acá comenzó una investigación este año por amenazas que nombraban al gobernador Maximiliano Pullaro con distintas balaceras y con mención también a la Tropa de Operaciones Especiales”. 

Seguidamente, Carbone remarcó que a partir de estas amenazas se inició una investigación que culminó con “un procedimiento que fue falseado por tres agentes del Comando Radioeléctrico quienes plantaron tres armas de fuego a una persona allegada al clan Tripi y esa plantación de las armas fue en este lugar, teniendo al objetivo seleccionado a propósito, porque los Tripi trabajan en esta zona en particular. A partir de ahí, esos efectivos fueron detenidos y luego continuamos con allanamientos que derivaron en la detención de siete personas vinculadas al clan Tripi. La teoría del caso es que está todo relacionado a una banda rival de este clan”. Por último, el Fiscal recordó que “el clan Tripi regentea la venta de droga en el Fonavi Parque Oeste de Rosario hace años” y que “el otro punto que se inactivó está cruzando una cancha de fútbol, sobre calle Riobamba al 5700 y junto con otro lugar sobre Pedro Lino Funes al 2400 son dos puntos muy importantes donde vendían droga al menudeo”.

Ley de Microtráfico

Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principio de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.

En el marco de al Ley de Microtráfico, este lunes se realizaron las primeras demoliciones de puntos de venta de droga en la ciudad de Santa Fe. “Es atacar fuertemente la venta minorista, la venta en barrios, y poder devolver un poco de tranquilidad a los vecinos que muchas veces no podían salir de sus casas porque alrededor de un punto de venta de droga hay disparos, hay desorden urbano, hay desorden social”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad”.

Se llevaron adelante esta mañana los tres primeros derrumbes de puestos de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico. Los tres estaban en zona de calle Cochabamba, en la intersección con Iturraspe. 

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue quien brindó los pormenores en el lugar al momento de dialogar con los medios de prensa: “Hoy estamos cumplimentando las tres primeras medidas de inactivación coercitiva de puntos de venta de estupefacientes ordenadas por la Justicia a instancias del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe; estamos inactivando -mediante desmantelamiento y derrumbe- tres lugares que fueron señalados, indicados en audiencia como punto de venta de estupefacientes”, explicó.

El ministro afirmó que “hoy se da inicio puntualmente en la ciudad de Santa Fe, a una parte de la política de microtráfico que ha generado la provincia a partir de la Ley de Federalización que consiste en atacar fuertemente la venta minorista, la venta en barrios y poder así devolver un poco de tranquilidad a los vecinos que muchas veces no podían salir de sus casas porque alrededor de un punto de venta de droga en un barrio hay disparos de armas de fuego, hay gente, hay desorden urbano, hay desorden social”. 

Cococcioni dejó en claro que “entendemos que más allá de lo que es la política de drogas como política sanitaria a nivel nacional, nosotros como Provincia tenemos que pensar también el impacto en la violencia territorial que desencadena la venta de drogas, así que esto es la anulación de este lugar como punto de venta”.

En toda la provincia

El funcionario contó que “esto es muy frecuente en distintos puntos, a lo largo y ancho de toda provincia, y le diría que ha ocurrido también la misma problemática en otras provincias; también hay intervenciones judiciales que por ahí resultan en detenciones o en imputaciones a las personas, pero muchas veces el que atiende un kiosco de drogas o es una persona fungible dentro de una organización que los maneja, con lo cual si uno de alguna manera desactiva el kiosco, uno detiene dos o tres personas y mañana hay cinco más ocupando ese lugar”, señaló.

“Se trata de bloquear de cualquier manera la posibilidad que, en el medio de un barrio y el medio de un vecindario, se instale esta lógica mafiosa que no deja a la gente vivir en paz”, aseveró.

Finalmente, Cococcioni informó a los vecinos que “ni siquiera hace falta formalizar la denuncia, con el mero anoticiamiento se toma con Fiscalía y las áreas de inteligencia; no vamos a exponer a los vecinos a declarar porque pensamos en preservar a quienes nos brindan información. Así que pueden comunicarse con la página web del Ministerio de la Acusación, ir a un Centro Territorial de Denuncias, a una comisaría o llamar al 911”, alentó. 

 En tanto, el fiscal Diego Vigo destacó “el trabajo interagencial en el que se ha priorizado el abordaje de determinados puntos de venta y se ha materializado de esta manera la recuperación del espacio público que tiene un efecto simbólico muy importante, entonces el vecino pueda recuperar cierta tranquilidad de pacificación social”.

Primeros derrumbes

La demolición de estos tres búnkeres de venta de drogas, situados en la misma zona capital provincial, se suman a los 20 derrumbados en Rosario y localidades cercanas, tras haber sido identificados y judicializados en el marco de la Ley de Microtráfico. Esos 20 eran puntos de venta ubicados en Tiro Suizo, Empalme Granero y La Tablada de Rosario; uno en Fray Luis Beltrán, uno en Villa Constitución y uno en Puerto General San Martín.

A los imputados se les secuestraron cocaína y marihuana, 1.038.190 pesos, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal que está a cargo de la investigación y solicitó las preventivas es Agustín Nigro. "La Defensa propuso medidas alternativas a la privación de la libertad de las tres personas, pero nos opusimos y el magistrado coincidió en que eran insuficientes para mitigar los riesgos procesales e hizo lugar a nuestro requerimiento", valoró.

El funcionario del MPA sostuvo que "en función de la evidencia que presentamos, se consideraron acreditadas la materialidad de los ilícitos y la participación de cada uno de los imputados", y señaló que "el juez contempló que las penas en expectativa previstas en los delitos atribuidos son de cumplimiento efectivo".

Asimismo, el fiscal planteó que "el entorpecimiento probatorio estaba latente porque una mujer que tiene un pedido de detención vigente aún está prófuga", y agregó que "no se descarta que pueda haber otras personas involucradas en los hechos ilícitos".

A su vez, remarcó que "para ubicar a los imputados, debieron realizarse 11 allanamientos en los barrios Barranquitas y Las Flores". En tal sentido, explicó que "en la audiencia pedimos que no recuperen su libertad para que no tengan la posibilidad de fugarse y evadir el proceso judicial".

Por otro lado, Nigro adelantó que "en los próximos días, requeriremos que sean derribados dos inmuebles en los que, a partir de las tareas investigativas desplegadas en torno a este caso, se detectaron actividades de venta ilegal de drogas".

Cocaína y marihuana

El representante del MPA expuso que "los hombres que quedaron en preventiva fueron detenidos como resultado de operativos policiales que se concretaron el viernes de la semana pasada".

"En una vivienda ubicada en Juan Díaz de Solís al 4.100, se constató que el imputado de 45 años y la mujer que está prófuga tenían 252 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en 645 envoltorios", detalló Nigro. "Las dosis estaban escondidas en un mismo lugar y su destino era la venta al menudeo", manifestó.

"En la alacena de un departamento localizado en Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez, el hombre de iniciales CM además contaba con 12 gramos de clorhidrato de cocaína que pretendía comercializar", afirmó. "La sustancia estupefaciente estaba distribuida en pequeños envoltorios que fueron encontrados junto a una balanza de precisión y billetes de baja denominación", indicó.

Por otra parte, especificó que "en Cochabamba al 4.100, al imputado de 23 años se le secuestraron 176 dosis de clorhidrato de cocaína, por un peso total de 71 gramos, papeles satinados y otros elementos relacionados al negocio ilícito". Al respecto, apuntó que "el sitio había sido acondicionado exclusivamente para la venta al menudeo de estupefacientes".

En tanto, Nigro refirió que "en un inmueble lindero al de calle Cochabamba, el hombre de iniciales JRS tenía en su poder 63 gramos de cannabis sativa destinados a la comercialización". Precisó que "la marihuana estaba dentro de 49 envoltorios", y añadió que "el autor del delito también poseía una balanza, recortes de nylon y papeles de colores similares a los utilizados para distribuir la droga".

"En total, los uniformados que realizaron los allanamientos hallaron 1.038.190 pesos", subrayó Nigro. "Además, se secuestraron 17 teléfonos celulares y dos chips de líneas telefónicas que estaban fuera de los dispositivos", explicitó.

En total, fueron 14 los detenidos en igual número de allanamientos ordenados por el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, que se efectivizaron mediante operativos conjuntos en los que participó personal de Policía Federal , Prefectura Naval y de la Agencia de Investigaciones Criminales de la Policía de la provincia. 

En el marco de la lucha contra el narcotráfico, los efectivos de las fuerzas federales y provincial pesquisaron 9 viviendas de Avellaneda, 6 en el barrio Cooperación y 3 en el barrio Cooperación Norte; 1 en Reconquista, en el barrio América; 1 en la localidad de Fortín Olmos, Dpto. Vera; 1 en el barrio San José de la ciudad de Santa Fe; y 2 en la Unidad Penitenciaria 1 de Coronda.

Según la investigación, se trataría de organizaciones narcocriminales en las que intervienen miembros de diversas familias que cuentan con vastos antecedentes penales por infracción a la ley de estupefacientes, cuyo modus operandi consistiría en la comercialización al menudeo de cocaína y marihuana, siendo abastecidos por miembros de las familias involucradas que se encuentran radicados en la ciudad de Santa Fe.

A su vez, la actividad ilícita habría sido organizada desde el interior de la Cárcel de Coronda, donde fueron allanadas las celdas de Cristian David Vázquez, alias “Pachano”, y Tobías Ezequiel Sumasky, quienes cuentan con antecedentes penales por infracción a la ley de estupefacientes, justamente en causas que tramitaron por ante el Juzgado Federal de Reconquista, y que fueron oportunamente elevadas a juicio. Puntualmente, se halló cocaína, celulares y anotaciones con CBU de terceros.

De los operativos conjuntos participó personal de Policía Federal, Prefectura y de la Agencia de Investigaciones Criminales de la Policía de la provincia.

Cocaína, dinero y autos 

De la multiplicidad de procedimientos, los uniformados lograron incautar cocaína y marihuana fraccionada y acondicionada para su comercialización y 57 plantas de marihuana; elementos de corte y pesaje, balanzas y recortes de nylon sin vestigios (para el armado de envoltorios); elementos de tecnología: 48 teléfonos celulares, notebooks y tablets; anotaciones de interés a la causa; entre ellas CBU bancaria y alias de terceras personas.

Asimismo, incautaron dos autos, un Renault Fluence y un VW Gol; más dos motocicletas de baja cilindrada; una camioneta S10; 1.859.000 pesos en efectivo; entre otros elementos de interés a la causa.

En virtud de todas las tareas de inteligencia previas, que dieron motivación suficiente para el libramiento de las órdenes de allanamiento aludidas, y los elementos incautados, el juez Alurralde dispuso la detención de los 14 sospechosos. 

9 de ellos son de Avellaneda, 1 de Reconquista, 1 de Fortín Olmos, 2 de Santa Fe y 2 que estaban presos en Coronda. Será indagados el próximo lunes por el juez federal de Reconquista, que les imputará a cada uno los hechos por infringir la ley de estupefacientes. 

El oficial Fernando Molina fue acusado este martes por haber buscado entre mayo y julio pasado sumas de dinero semanales de un kiosco de estupefacientes ubicado en Juan B. Justo al 8300.

Fernando Abel Molina, el policía de 49 años que fue detenido el sábado pasado luego de haber sido denunciado por recaudar recibir coimas semanales para dejar funcionar un búnker de droga de Juan B. Justo al 8300, en la zona noroeste, fue imputado este martes y quedó preso. La fiscal Viviana O’Connell lo acusó de haber recibido dinero entre mayo y julio de este año.

Molina, que ostenta una antigüedad de 22 años en la fuerza de seguridad, fue arrestado el fin de semana pasado en un operativo de la Agencia de Control Policial en la subcomisaría 21ª de Ayala Gauna al 7900. Dicho procedimiento se dio como consecuencia de la denuncia que radicó un joven, que lo sindicó como el recaudador de plata de ese kiosco de droga, donde lo habían mantenido cautivo durante dos meses obligándolo a vender estupefacientes para una banda.

La fiscal O’Connell no solo lo acusó por cohecho. También le atribuyó el incumplimiento en los deberes de funcionario público y el delito de encubrimiento. 

De acuerdo a los indicios ventilados, el oficial se negó a entregar su celular al momento del operativo en la subcomisaría 21ª y también intentó golpear al denunciante.

La jueza penal de primera instancia Silvia Castelli le dio 90 días de prisión preventiva efectiva. 

En paralelo, interviene la Justicia federal por la denuncia del joven que apuntó contra el policía, ya que se debe seguir la pista de la organización que expende estupefacientes en la zona de los barrios 7 de Septiembre y Stella Maris.

La Policía Federal realizó un operativo en la ciudad de Fray Luis Beltrán que culminó este sábado desbaratando cinco puntos de ventas de droga que habían sido denunciados un año atrás por autoridades locales. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros.

De acuerdo al reporte policial, los allanamientos se realizaron en búnkers de calle San Luis al 2100, Junín y Bahía Blanca, Larrea y Rosario, General López al 100 y Las Heras y Azcuénaga.

Luego de los procedimientos hubo cuatro detenidos y secuestro de cocaína en envoltorios listos para la venta.

Además, secuestraron dinero en efectivo, armas, celulares, balanzas de precisión, elementos de corte y notebook y una Tablet.

La Policía Federal detalló que los operativos se iniciaron por una denuncia realizada por el intendente Mariano Cominelli en la justicia federal, donde daba cuenta del accionar de bandas delictivas dedicadas a la venta de estupefacientes.

En abril comenzaron las tareas de investigación y una vez libradas las órdenes de allanamiento se realizaron los allanamientos en los cinco puntos de venta de drogas.

A poco más de una hora de haber cerrado los comicios en todo el país, en el búnker del precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, había optimismo a partir de las primeras proyecciones con las que contaba su espacio, que lo colocaban peleando por el primer lugar.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del partido, aunque por el momento no hay datos oficiales, el economista estaría sacando alrededor de 2 millones de votos, por lo que estaba a poca diferencia de quien se encontraba liderando el podio en estos momentos.

El dirigente opositor estaba esperando los resultados finales en una de las habitaciones del Hotel Libertador, ubicado sobre la avenida Córdoba al 690, en pleno centro porteño, acompañado por su hermana y jefa de campaña, Karina.

Al lugar ya llegaron también varios de los otros precandidatos del frente, como Ramiro Marra, que compite por la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Juan Nápoli, que encabeza la lista a senadores en la provincia de Buenos Aires, y Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que hacen lo propio en la boleta de diputados.

No obstante, solamente Marra habló ante los medios de prensa que se encuentran en el búnker y se mostró cauto al evitar hablar de números provisorios, aunque sí denunció el robo de boletas del espacio en algunas escuelas y cuestionó el sistema de elecciones concurrentes que se implementó este año en la ciudad.

En sintonía con él, el propio Milei se expresó al respecto, al compartir en su cuenta de Twitter un mensaje que publicó el economista Darío Epstein: “En un país normal las boletas no se roban, las urnas no se cambian, los telegramas no se adulteran. Cuando dicen que es culpa de LLA porque no tiene fiscales es lo mismo que naturalizar el delito. Robar boletas es ilegal. Y 100.000 fiscales es un gasto que muy pocos pueden pagar”, señaló.

El precandidato presidencial pasó la noche en el hotel y por la mañana bajó a desayunar junto a su hermana para, cerca del mediodía, dirigirse a la Universidad Técnica Nacional (UTN), donde emitió su voto, y posteriormente regresar a la habitación.

“Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”, dijo al salir del establecimiento.

Aunque tiene conocimiento de los resultados preliminares, que algunos consideran que es irremontable, principalmente gracias a los votos que consiguió en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, donde estaría bien posicionado, por el momento no salió a hablar.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, recién cuando se conozcan los resultados oficiales, seguramente pasadas las 21:00, el líder de La Libertad Avanza dará un discurso en un atril que ya se encuentra preparado en el salón de prensa del hotel.

De manera oficial, a una hora y media de finalizada la elección, el 0,70 por ciento del padrón fue escrutado. Son los primeros resultados del escrutinio provisorio de las elecciones nacionales PASO. Las primeras mesas que llegaron al centro de cómputos fueron de Córdoba y Chaco pero ya hay de todo el país, informaron a Infobae fuentes que trabajan en el escrutinio. Entre ellas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, los distritos donde se esperan las mayores demoras.

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento este miércoles por la noche en un búnker en el barrio porteño de Once, donde un periodista había comprado droga en vivo para mostrar cómo comercializaban estupefacientes.

El procedimiento se produjo en un edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100. En ese lugar, el notero había estado un mes atrás y había sido amenazado.

Pese a vivir ese tenso momento, el periodista Fabián Rubino se dirigió nuevamente a este lugar, que se encuentra frente al Centro Cultural Kónex, y preguntó si vendían drogas.

Ante esto, le respondieron que sí y le ofrecieron una dosis por $1.500. La secuencia fue captada por la cámara y fue emitida en vivo. Desde el estudio, uno de los panelistas se encargó de realizar la denuncia al 911.

Una publicación compartida de América TV (@americatv)

“Ahora me estoy enterando que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos”, explicó Rubino en declaraciones radiales.

Sobre lo que pasó después del llamado a la Policía, dijo: “Ahí quedamos al aire, llamamos al 911, llegó la policía, llamaron a secretarias, fiscalías, me llevaron a la comisaría, me tomaron la declaración y quedé afuera. Me fui caminando al canal”.

“La bolsita se la di a la policía que hicieron el reactivo. No lo compré para consumir, se lo di a ellos para que tengan la prueba”, explicó el periodista, que no fue “imputado en nada”.

“Son las cosas que se pasan por la cabeza y no lo analizas y no lo pensás. Habían ido a un bunker y, a punto de entrar, sale un chiquito menor de edad y me partió la cabeza. Cuando pregunté si había alguien y si se podía comprar me dijeron que sí para mi sorpresa. Pregunté cuánto salía y me dijeron 1500. Todo por una puerta que tenía 7 centímetros. No sé qué vendían pero algo vendían”, concluyó.