Son USD 300 millones para mejorar el servicio de agua y saneamiento y otros USD 120 millones para la construcción de vivienda social. Todo se destinará a proyectos en el área metropolitana.

El acceso al agua potable y a la vivienda digna sigue siendo un problema de envergadura en la Argentina. No hace falta viajar al interior profundo del país para notar la deficiencia de servicios básicos. A pocos kilómetros de la Casa Rosada hay bolsones de pobreza en donde el acceso al agua y a la vivienda digna parecen ser una utopía. Y esto quedó mucho más en evidencia en un proceso de pandemia donde una de las recomendaciones principales para mitigar las posibilidades de contagio es lavarse las manos y evitar los espacios hacinados.

Una forma de empezar a solucionar esto son los créditos de los organismo internacionales que tienen un destino específico, como por ejemplo el que se acaba de firmar con el Banco Mundial, que aprobó un financiamiento por un monto total de USD 420 millones para la Argentina, en el marco de dos préstamos; uno por USD 300 millones y otro por USD 120 millones para obras de agua y saneamiento y para la construcción de viviendas.

El crédito de US$300 millones permitirá ampliar y mejorar los servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en particular en las zonas más vulnerables.

En tanto, los otros US$120 millones estarán disponibles para la construcción de viviendas sociales, beneficiando a unos 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Parte del crédito será para fortalecer la red de agua potable

”En el contexto de la pandemia de Covid-19, es urgente incrementar los esfuerzos para asegurar el acceso universal al agua y a las redes cloacales, así como viviendas adecuadas, a las poblaciones más vulnerables”, afirmó Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, a través de un comunicado.

”Este proyecto ayudará en la construcción de una economía más inclusiva, robusta y resiliente, y permitirá que 140.000 personas tengan acceso a agua de red, 305.000 tengan acceso a redes cloacales y otras 10000 tengan una mejor vivienda”, agregó el ejecutivo del organismo de crédito.

El programa de agua y saneamiento con atención a zonas vulnerables apoyará a la empresa AySA en la realización de obras de infraestructura para proveer agua potable y redes cloacales, así como mejorar el tratamiento de desagües en veinte municipios del conurbano y en la ciudad de Buenos Aires.

La reestructuración del proyecto Apoyo a la Gestión Integrada de la Cuenca del Salado, que busca fortalecer la protección contra inundaciones, permitirá contar con US$120 millones para reducir el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, estimular la creación de empleo en el sector de la construcción.

En el conurbano bonaerense, 3,7 millones de personas no tienen acceso a agua de red y 6,8 millones carecen de cloacas. En 2020, la provincia de Buenos Aires estimó que existe un déficit de 3,8 millones de viviendas.

El nuevo proyecto prevé acciones para responder a situaciones de emergencia en el marco de la pandemia de Covid-19 y reforzar la capacidad de la estatal Aguas y Saneamientos (AySA) para mitigar los impactos en la salud de la población, por ejemplo, aumentando las herramientas digitales de pago y reclamos, entre otras.

Además, 312.000 personas se verán beneficiadas por la reducción de las pérdidas de agua, ya que el proyecto contribuirá a mejorar la eficiencia de AySA mediante la reducción de fugas y la optimización del uso de la energía en estaciones de bombeo y pozos profundos, junto con la instalación de paneles solares para generar energía in situ.

Estas medidas permitirán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como las del gas metano que se produce en el tratamiento de aguas residuales. El programa de agua y saneamiento con atención a zonas vulnerables es un préstamo que financia resultados de gestión, con indicadores específicos para medir el cumplimiento. De margen variable, es reembolsable en 32 años y tiene un período de gracia de 7 años.

Después de una reunión entre el ministro nacional de Educación Nicolás Trotta y su par porteña, Soledad Acuña, se llegó a un principio de acuerdo para que 6500 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires puedan volver a clases. O al menos a un entorno educativo.

La idea es que los jóvenes puedan asistir a sus escuelas pero tomar clases en los patios y en los polideportivos para mejorar las condiciones y evitar los contagios. Se trata de aquellos alumnos que se desconectaron de las clases virtuales ya sea por falta de conectividad o de acompañamiento de sus padres o algún adulto.

Además de este principio de acuerdo, los funcionarios acordaron mantener una mesa permanente para seguir evaluando alternativas para la vuelta a clases.

Al propietario del lugar le labraron actas por violar los controles establecidos y por atentar contra el cuidado de la salud pública.

Ayer, la Agencia Municipalidad de Seguridad Vial de la ciudad bonaerense de Bolívar recibió varias denuncias de parte de vecinos que comunicaban que un productor agropecuario había habilitado en su campo un camino clandestino con el fin de esquivar los controles sanitarios en el ingreso a esa localidad que se llevan a cabo en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En los reclamos se indicaban además que el dueño de esas tierras cobraba un peaje de 500 pesos a los automovilistas que querían circular por esa atajo, que permitía conectar la ciudad directamente con la ruta provincial 226.

En consecuencia, personal de la agencia de control se dirigió hasta el campo, ubicado en una área rural lindante con la Escuela Nº 20 de Bolívar. Allí constataron la existencia del camino clandestino y procedieron a labrar actuaciones contra el propietario del terreno por la violación de los controles establecidos y por atentar contra el cuidado de la salud pública.

Según se precisó, por ese desvío de tierra, que era originalmente utilizado por productores con sus maquinarias, circularon principalmente autos, muchos de ellos remises, que llegaban desde la ruta 226 y eludían los retenes ubicados en el ingreso a la ciudad. “Circulaban por el lugar las 24 horas”, indicaron autoridades del Municipio. El juzgado de faltas local intervino en el caso.

Luis Gauna, a cargo de la agencia municipal, dijo que al momento del operativo, por el trayecto estaban pasando tres vehículos, cuyos conductores también fueron infraccionados.

El funcionario compartió la explicación que dio el dueño del campo, cuya identidad no se dio a conocer: “Lo entrevistamos, él mencionó que lo hizo para agilizar el tránsito vehicular, que tenía amigos que pasaban por ahí”, comentó Gauna a FM 10 Bolívar. El propietario campo, agregó el funcionario, además no llevaba ningún control de los vehículos que transitaban por ese camino.

Un caso similar ocurrió en la localidad de Olavarría, donde se descubrió un camino clandestino en la zona de Virgen de la Loma, donde también se cobraba peaje. Días después, en esa ciudad situada a unos 100 kilómetros de Bolívar, se inició un brote de coronavirus que actualmente llega a los 95 casos.

Es por esta razón que la secretaria de Gobierno de Bolívar, Fernanda Colombo, alertó sobre la “peligrosidad” de la actividad que ejercía el productor. “Este tipo de actitudes no sólo se vuelven peligrosas para quienes las realizan, sino que vulneran el enorme trabajo que venimos realizando, en cada acceso, en cada control, para cuidar la salud de todos los bolivarenses”, sostuvo.

“Tenemos que aprender a convivir con lo que nos toca, depende del compromiso y de cómo actuemos todos los vecinos lo que suceda en los próximos días en nuestra ciudad”, añadió Colombo. En la misma línea, el intendente Marcos Pisano apuntó: “Si no es juntos y con el compromiso de todos, no será fácil seguir cuidando a Bolívar”.

Hasta ayer, en Bolívar no se registraban casos de coronavirus. El último parte de salud difundido informó durante el lunes que tampoco hay casos en estudio, mientras que fueron descartados 83. La ciudad transita actualmente la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Se trata de siete agentes. Escucharon música en volumen alto y hasta detonaron armas de fuego. Los vecinos los denunciaron. Los peritos detectaron balazos en las fachadas de casas lideras. La justicia federal inició acciones por violación al aislamiento social.

Siete policías bonaerense fueron sumariados y quedaron imputados en una causa por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el coronavirus, al determinarse que participaban de una reunión de amigos en una casa del partido bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Además del sumario interno de la fuerza y la causa federal por violación al artículo 205 -referido a la violación del aislamiento-, el policía dueño de casa es investigado por averiguación de ilícito, ya que un vecino denunció que durante esa reunión efectuó disparos al aire, uno de los cuales impactó en su vehículo, añadieron las fuentes.

El hecho ocurrió ayer a la madrugada en una casa situada en Azopardo e Independencia, de Merlo Norte, adonde la policía llegó alertada por un llamado al 911 que indicaba que en una casa perteneciente a un efectivo de la fuerza bonaerense se desarrollaba una reunión de varias personas, y que se escuchaba la música alta y detonaciones de arma de fuego.

La denuncia fue realizada por dos vecinos, uno de los cuales aseguró que uno de esos disparos había impactado en la luneta de su Volkswagen Fox estacionado en la calle.

Un jefe policial reveló que los peritos que trabajaron más tarde en el lugar hallaron al menos diez impactos de bala en paredes de viviendas contiguas.

Al ingresar al domicilio denunciado, los efectivos de la Estación de Seguridad Departamental de Merlo identificaron al dueño de casa, un oficial del Comando de Patrullas de Moreno, quien estaba junto a otros seis policías y dos civiles participando de una reunión a pesar de la prohibición decretada ante la pandemia del coronavirus, añadieron las fuentes.

Fueron dos personas que entraron por un andamio montado en el frente del edificio. Se llevaron seis computadoras del área de Industria.El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 17 de mayo en el edificio del Ministerio de Producción y se mantiene en el más estricto de los secretos. Dos personas entraron por un andamio montado en la esquina de Diagonal Sur y Chacabuco e ingresaron a las oficinas de la Secretaría de Industria que funcionan en el Ministerio que conduce Matías Kulfas.

El lugar tiene custodia la Policía Federal, quienes, según pudo a Noticias ese día estaban con un grupo reducido de agentes. “Cuando se dieron cuenta, el lunes, avisaron y estaba hasta el ministro modulando por handie a los gritos. Fue un quilombo”, contó una fuente del ministerio a este medio.

Hasta el momento los investigadores solo dejaron trascender que robaron 6 computadoras, pero fuentes del Ministerio sostienen que faltaron más cosas.

Hasta el momento solo se pudo identificar a uno de los ladrones, de quien se obtuvieron sus datos a partir de las huellas dactilares en el lugar. La investigación está a cargo de la Policía Federal, porque no se realizó la denuncia en la Policía de la Ciudad.

El paciente se presentó en el Hospital central de San Luis con síntomas compatibles con el coronavirus. Tras solicitar su internación, arrojó al piso a la médica e intentó huir.

En los últimos días, el Gobierno presentó un proyecto ante la Legislatura porteña con el fin de penalizar a todo aquel que de lleva a cabo actos discriminatorios hacia el personal de salud. Las multas podrían valer hasta 17 mil pesos. La propuesta se planteó a partir de la cantidad de casos de profesionales de salud que sufrieron algún tipo de acoso en tiempos de pandemia. Este viernes 22 de mayo, se conoció otro episodio violento ejercido hacia una médica en el Hospital de San Luis.

Se trata de Giuliana Gatica, una joven de 25 años que se encuentra haciendo su residencia en la institución provincial. Mientras se encontraba en el consultorio de patologías respiratorias, la médica atendió a un paciente que ingresó con síntomas compatibles al del coronavirus.

De esta manera, Gatica tomó las medidas necesarias y activó el protocolo para internar al hombre y ubicarlo en las salas de aislamiento. Sin embargo, cuando le explicó la situación a su paciente, recibió una respuesta totalmente inesperada. El hombre se mostró en contra de la decisión de la profesional, por lo que se negó a ser internado y la atacó brutalmente.

Tomó a la médica de su campera y la tiró en el piso. Tras el episodio violento, trató de escapar. Sin embargo, no logró su objetivo. Los testigos de la agresión asistieron y contuvieron a la mujer.

Las autoridades locales detallaron: “Inmediatamente el resto del personal sanitario y de seguridad presente acudió en auxilio de la mujer y evitó que la desagradable situación se prolongue”.

En cuanto al paciente, fue retenido por los trabajadores del hospital.

Al menos 45 contagios y nueve muertes se registraron desde que comenzó la pandemia de coronavirus en los 1.000 geriátricos que están habilitados en el territorio bonaerense, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al que tuvo acceso Télam.

La cartera sanitaria que conduce el ministro Daniel Gollan precisó que se trabaja junto a los 135 municipios en diversas medidas para la prevención y ante la posible aparición de casos de Covid-19 en las residencias que funcionan para adultos mayores.

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, explicó hoy a Télam que ante el incremento de casos de coronavirus, el Gobierno implementará “un cambio de estrategia” para esas instituciones cerradas o semicerradas con una “vigilancia más activa”.

Además, detalló que “resolvimos que, desde ahora, cuando haya un caso positivo, se seleccionará a un grupo de personas de la institución y se les tomarán muestras tengan o no síntomas” y señaló que “en función del resultado, se verá si es necesario seguir hisopando al resto de los adultos mayores y del personal del lugar”.

La funcionaria especificó que “es una forma de adelantarnos y evitar la propagación del virus”.

Ceriani dijo que al asumir la actual gestión, se detectó que existen unos 1.000 establecimientos para adultos mayores habilitados y otros 2.000 clandestinos y expuso que “nuestra idea no es salir a clausurar masivamente en este contexto porque se genera un problema con las personas que residen allí, entonces lo que hacemos es fiscalizar que las condiciones sean dignas y preventivas para que no haya brote”.

Con el objetivo de regularizar esa situación, el Poder Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense que busca declarar el estado de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada mientras persista el estado de emergencia.

En caso de sancionarse, el ministerio de Salud y los municipios deberán empadronar, relevar y fiscalizar los geriátricos, “regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente” y mientras tanto, la provincia “podrá permitir el funcionamiento excepcional, precario y transitorio”.

Para ello la propuesta parlamentaria determina requisitos mínimos de capacidad ocupacional, higiene, alimentación, personal, normas de seguridad, historias clínicas y cumplimientos de protocolos.

“La idea es otorgar habilitaciones provisorias para que funcionen ahora con las condiciones necesarias de higiene y seguridad, y que luego presenten la documentación para habilitación definitiva”, afirmó la Subsecretaria.

Desde el ministerio además se especificó que, mientras tanto, la Dirección provincial de Fiscalización Sanitaria “trabaja fuertemente en acompañar a los municipios durante la inspección con el fin de constatar el cumplimiento de los protocolos, para evitar que el virus ingrese al establecimiento y cómo actuar ante un posible caso”.

El protocolo para la prevención y control de coronavirus que elaboró la Provincia y puso a disposición de todos los distritos ante la posible aparición de casos en geriátricos, determina las tareas de detección, derivación y contención si un residente o personal presenta signos y síntomas compatibles con la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo virus.

Así, desde hace un mes, trabajadores sanitarios visitan cinco municipios por semana acompañando el trabajo que debe realizar el área municipal en las residencias para adultos mayores, en donde el control es especifico en lo sanitario y edilicio para que el espacio que los aloja cumpla las normativas.

En concreto, promotores se acercan a las residencias pero sin ingresar con el fin de difundir recomendaciones y acompañar a los equipos de Salud.

En esas visitas, los especialistas de la cartera sanitaria recuerdan las recomendaciones para los casos sospechosos o confirmados de Covid-19 en un geriátrico, entre las que se destacan que “de inmediato se debe avisar telefónicamente al servicio de emergencia con que cuente la institución y de no contar, al equivalente municipal”.

Además, se informa a los encargados de geriátricos que mientras se espera la derivación, se debe aislar a la persona en el espacio destinado a tal fin “proveyendo un barbijo quirúrgico y alcohol en gel para reforzar las medidas de higiene de manos”.

Por otro lado, el personal de atención que ingresa a la habitación debe usar las medidas habituales de precaución, con higiene de manos, uso de guantes, barbijo quirúrgico, camisolín, protección ocular o máscara facial.

Los expertos remarcan que el material utilizado debe ser desechable y se debe identificar a los residentes y personal que mantuvieron un contacto estrecho para la indicación del aislamiento preventivo y el seguimiento diario correspondiente.

“Los propietarios y los directores de salud de los establecimientos que los albergan deben tomar precauciones especiales para proteger a los residentes, como así también a los empleados y las visitas”, según el protocolo.

Con 74 nuevos diagnósticos positivos en las últimas 24 horas, los casos de coronavirus en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires ascendieron a 759, informó esta mañana el Gobierno porteño.

Los fallecidos por Covid-19 en los barrios vulnerables de Ciudad fueron 8 y 103 personas ya fueron dadas de alta, de acuerdo al parte oficial.

Los ministerios de Salud de Nación y Ciudad vienen realizando en esos barrios un operativo para la búsqueda activa de personas que tuvieron contactos con enfermos del nuevo coronavirus y de casos sospechosos, con el objetivo de contener la propagación del virus.

Se trata del programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina). que procura testear a personas con sintomatología de Covid-19 para darles atención temprana y aislarlas de ser necesario en caso de ser positivas y que ya se realizó en el Barrio 31 de Retiro y el 1-11-14 de Flores.

Con respecto a la evolución del coronavirus en todo el distrito porteño, los casos confirmados hasta el momento ascienden a 2.871 (con 148 diagnósticos positivos en las últimas 24 horas), en tanto la enfermedad causó 126 muertes y 766 personas fueron dadas de alta.

El dramático hecho sucedió en la localidad bonaerense de Cañuelas. Los padres de la nena de 1 año habían acordado con una mujer el pago total de 30 mil dólares. La policía busca intensamente a la criatura.El hecho se produjo a pocos metros de la estación de trenes de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires-El hecho se produjo a pocos metros de la estación de trenes de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires

Funcionarios de la Justicia de La Plata resolvieron detener preventivamente a una joven, de 26 años, y a su esposo, de 46, quienes se encuentran sospechados de haber vendido a su beba de 12 meses a una mujer, que se presume residiría en la provincia de Córdoba y que habría pagado, en cuotas, 30.000 dólares para quedarse con la nena. El dramático caso fue descubierto por los pesquisas en la localidad bonaerense de Cañuelas. Los pesquisas tratan de averiguar el paradero de la supuesta compradora para rescatar a la menor.

Los voceros de los tribunales de La Plata revelaron a cronica.com.ar que la dramática situación fue descubierta la noche del lunes, cuando una muchacha, de 26, y su marido, de 46, denunciaron que una mujer, que se desplazaba a bordo de una camioneta blanca, provista de vidrios polarizados, les había sustraído a la beba, en el cruce de Leandro N. Alem y Libertad, justo frente a la estación de trenes de Cañuelas.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, la pareja que reside en la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini había arribado a esa esquina para encontrarse con la mujer, a quien la madre de la bebita había conocido en Facebook mientras se hallaba embarazada. Según lo informado, ambas habrían acordado que la sospechosa, que aseguró tener domicilio en Córdoba, se convertiría en la madrina de bautismo de la nena.

Al respecto, la denunciante sostuvo que esa mujer los había citado en Cañuelas porque quería conocer a la beba, que habría nacido en un centro asistencial del partido bonaerense de Ezeiza, pero que la ladrona, en forma repentina, les arrebató a la pequeña y les arrojó 2.000 pesos en la cara.

Finalmente, y tras una serie de contradicciones, la muchacha dijo que en realidad había vendido a su hijita en cuotas, por un total de 30.000 dólares, pero que a último momento se había negado a entregar la bebita.

Lisandro Damián Damonte, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de Cañuelas, dependiente del departamento judicial platense, caratuló la causa como “Sustracción de menor”, y resolvió que la pareja fuera detenida preventivamente, mientras que a su vez decidió solicitarle colaboración a los integrantes de la Policía de Córdoba, ante la presunción de que la criatura haya sido trasladada a esa provincia.

Vaccaro es oriundo de la localidad de Sierra Chica, en el partido de Olavarría, y en la actualidad ocupaba el cargo de Director General de Seguridad, tras haber sido director de la Unidad 17 Urdampilleta; Director de Operaciones y subdirector General de Seguridad y de Complejos Penitenciarios.

Según las fuentes, además de Vaccaro, asumió Cristina Córdoba como Directora General de Coordinación; Roberto González como Director General de Seguridad; Pablo Bonafé como Director General de Asistencia y Tratamiento y María Luján Arbe como Directora General de Institutos de Formación y Capacitación.

Una fuente de la cartera de Justicia explicó a Télam que los cambios “obedecen al pase a retiro habitual de los funcionarios y no tienen nada que ver con la situación de crisis que atraviesan las cárceles bonaerenses por la superpoblación”.

Además de la renovación en la Plana Mayor, Alak dispuso cambios en 13 subdirecciones generales que quedaron a cargo de Raúl Gómez (Seguridad), Carlos González (Supervisión Electrónica), Cecilia Suárez (Operaciones), Javier Cáceres (Resolución de Incidentes), Norma Díaz (Asistencia y Tratamiento), Carina Dopta (Gerenciamiento Asistencial y Tratamental) y María de los Ángeles González Nuevo (Políticas de Género).

La lista de nuevos subdirectores generales continúa: Marcos Blanes (Eduación), Néstor Gascué (Trabajo Penitenciario), Eduardo Acuña Laz (Coordinación), Juan Carlos Torres (Complejos Penitenciarios), Carlos Piralí (Política y Desarrollo de Recursos Humanos) y Magno Fabián Giménez Villalba (Institutos de Formación y Capacitación).