Estaban bajo custodia en la seccional. Lo investiga la fiscal del caso Fernando Báez Sosa e interviene Asuntos Internos.

Estaban, supuestamente, en el sitio más seguro, a resguardo, y en breve se conocerá a qué causas judiciales deberían sustentar como evidencia. Lo que sí es una certeza es que desaparecieron: 17 armas de fuego y municiones fueron robadas del depósito judicial de la comisaría 4ta. de Villa Gesell. También se llevaron autopartes. Un escándalo.

La Auditoría General Asuntos Internos de la Policía Bonaerense interviene en el caso, en el que ya tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación y Delitos (UFID) N° 6 de Villa Gesell, a cargo de Verónica Zamboni, la misma fiscal que instruyó la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes en el verano de 2020.

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Durante una visita de rutina para relevar el depósito judicial, los agentes de policía de la misma comisaría constataron la desaparición de 17 armas que se encontraban bajo custodia. El caso lo reveló el portal de noticias El Criterio Online, de Dolores, sede judicial de la zona norte de la Costa Atlántica.

“La mayoría son armas cortas de grueso calibre”, confió una fuente, que confirmó el faltante de autopartes correspondientes a vehículos secuestrados en distintos operativos. También se constató que él o los ladrones de la comisaría se llevaron proyectiles.

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“En verdad preocupa a los vecinos de Villa Gesell que esas armas estén circulando en manos de la delincuencia y que las usen para cometer delitos”, dijo una fuente del balneario a este diario.

De momento, los investigadores dispusieron una serie de medidas, como inspecciones y la toma de testimonios a quienes, de la comisaría, les llevaron nada menos que 17 armas de fuego.

Un total de 16 vehículos adulterados fueron secuestrados junto a una gran cantidad de autopartes por un valor de 11 millones de pesos en un desarmadero de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú. También fue detenido un sospechoso.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Delitos contra el Automotor de la Policía Federal Argentina (PFA). 

A raíz de las tareas investigativas que comenzaron en octubre de 2021, los efectivos determinaron que en cuatro talleres clandestinos se realizaba el desarme y adulteración de autopartes en vehículos de diversas marcas y modelos.

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Con las pruebas aportadas por los detectives, la fiscal Norma Beatriz Juárez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Descentralizada de Mar del Tuyú, ordenó los allanamientos de cuatro fincas ubicadas en la calle 8 entre 40 y 41.

Allí, la Policía detuvo a un hombre y secuestró un Peugeot 405, una camioneta Ika, un Fiat 147; una Renault Kangoo; dos Ford Focus, un Volkswagen Gol; un Mazda, una Renault Traffic, un ciclomotor Zanella, una moto Brava, un Peugeot 206, un Volkswagen Golf, dos Peugeot 205 y un Citroën Mehari.

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Los efectivos también se incautaron de distintas autopartes entre cigüeñales, amortiguadores, semiejes, tapas de cilindro, alternadores, radiadores, bombas inyectoras, ópticas, cajas de velocidades, electroventiladores, guardabarro, compresor de aire, correas de distribución usadas, motores de encendido, bombas hidráulicas, faros auxiliares, faros traseros, portón trasero completo de Ford transit, motores y tres areneros, por un total que supera los 11.000.000 de pesos.

El ex subjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe Ariel Zancocchia fue imputado junto a otros seis policías por integrar una asociación ilícita, acusados de lucrar con autopartes de móviles de la fuerza.

Sin embargo, ninguno quedó detenido, sino que se les dictó libertad con reglas de conducta.

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Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que llevaron adelante la investigación, indicaron que la asociación ilícita liderada por el ex segundo de la Policía provincial había comenzado a funcionar en febrero de 2019. No obstante, en julio de 2021, en el marco de esta misma causa fue imputado el suboficial Germán Trujillo. Se trata del policía que estaba a cargo del depósito y taller del Comando Radioeléctrico, quien fue acusado de lucrar con los vehículos que eran enviados al taller para ser reparados.

Para los fiscales de la causa, Trujillo utilizaba los vehículos “encomendados para su reparación o para depósito por encontrarse fuera de servicio o sin resolución, para extraer de ellos sus repuestos y utilizarlos en otros vehículos pertenecientes al Estado provincial o de personas particulares, recibiendo a cambio una retribución en dinero o especies”.

Con el tiempo, lo que motivó las nuevas imputaciones, se supo que Trujillo actuaba “con el conocimiento y la aquiescencia de los funcionarios de jerarquía policial”, entre ellos Zancocchia como subjefe de la fuerza a nivel provincial.

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Además de Zancocchia el miércoles fueron imputados los policías Sergio Cantero, quien era jefe de la Agrupación Cuerpo; Cristian Molina y Débora Savani, que ocupaban el cargo de jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; Francisco Fernández, Martín Ronsisvalle y Daniel Vega, que se ocupaban de tareas de logística y contabilidad en las unidades regionales de Rosario y San Lorenzo.

Los fiscales los acusaron de formar “una asociación ilícita dedicada a realizar maniobras defraudatorias que tuvo en miras obtener beneficios económicos indebidos en perjuicio del erario público de la provincia”. A Zancocchia también lo acusaron de realizar negociaciones incompatibles con la función pública.

La juez Paula Álvarez aceptó el pedido y dictó para los imputados la libertad con restricciones que incluyen el depósito de una caución de 200 mil pesos.

Una de las primeras pistas que desembocó en la investigación y posterior imputación de los funcionarios policiales fue una denuncia de otro policía, Cristian Fernando Güemes, quien estaba a cargo de la sección Administración y Finanzas de la policía de Rosario y dio cuenta de hechos de corrupción. Como respuesta el hombre recibió una serie de amenazas y atentados en su domicilio cuando ya cursaba la investigación que decantó en las recientes imputaciones.

Para entonces la ahora considerada asociación ilícita ya estaba siendo investigada. Sin embargo fue con el paso del tiempo que aparecieron más evidencias, es decir, algunas conversaciones por WhatsApp a las cuales se accedió por intervención judicial, que expusieron el funcionamiento del grupo en el marco de la administración de los vehículos que llegaban al depósito.

Según la acusación de Edery y Schiappa Pietra, el entonces subjefe de la policía Ariel Zancocchia “se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y Arfe Srl.“, de la cual él mismo había sido su creador. “Procuró que estas empresas sean contratadas por la policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la policía con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las empresas”, consideraron los fiscales. Rápidamente ambas firmas se convirtieron en las que más facturaron en el período 2016-2020. Puntualmente, por ejemplo, Genarino facturó en esa etapa 14.560.660 pesos, de los cuales 14.252.730 fueron por servicios a la provincia.

Una de las irregularidades por las cuales están acusados los policías es la arbitraria administración de repuestos para usos particulares o para móviles policiales pero por fuera de los procedimientos legales establecidos. En ese sentido, en la investigación surgieron muchas conversaciones telefónicas que dan cuenta de distintas transacciones entre funcionarios policiales que comercializaban repuestos.