Este viernes, desde las 9, comenzó la última jornada de las audiencias de oposición a la prisión preventiva solicitada por la defensa del Clan Sena en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski. El juez de Garantías N°2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, deberá resolver si les otorga la libertad a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los líderes piqueteros acusados de coautores del crimen de su nuera.

Será el cierre de una semana donde las calles de Resistencia se volvieron a cargar de tensión. Es que desde el viernes pasado los movimientos sociales que responden a los Sena vienen presionando en las calles para hacerse sentir y reclamar que Emerenciano sea liberado, afirmando que es "un preso político".

Del otro lado aparece Gloria Romero, la mamá de Cecilia, y un grupo de seguidores que la acompañan en su reclamo de justicia. El jueves, en otra multitudinaria marcha, Romero volvió a pedir que los Sena no salgan de la cárcel. Fue en un acto que organizó en el Paseo de la Democracia para celebrar lo que hubiese sido el cumpleaños 29 de su hija.

Para esta ocasión, Gloria prefirió recordar a su hija con alegría y organizó un evento con expresiones artísticas, tortas de cumpleaños y shows de música. Según explicó, Cecilia tenía mucho sentido del humor y le encantaba la danza. En el escenario subieron a bailar varios grupos de danza. "El dolor es increíble. Ella estaría bailando acá como esas nenas", dijo la madre.

A lo largo de toda la semana la puerta de la fiscalía presentó un fuerte vallado y un operativo policial para evitar encontronazos entre los seguidores de Emerenciano y de Gloria. El viernes pasado, Romero terminó cara a cara con un grupo de seguidores que la acusaron de "abandonar a su hija".

Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de coautoría en el crimen de Cecilia. El tercer acusado es César Sena, hijo del matrimonio y pareja de la chica. Ayer por la tarde, el adolescente fue trasladado a la fiscalía donde se le presentaron el total de las pruebas que tiene en su contra. No hizo declaraciones. Es el único de los imputados que no habló.

César tendrá la semana que viene una audiencia en la Cámara de Apelaciones para definir su libertad, un recorrido distinto al que tomaron sus padres. Según explicó Ricardo Osuna, abogado de los Sena, esto se debe a que el pedido de oposición fue pedido por el abogado anterior del clan, Juan Carlos Saife, antes de dejar la defensa.

César levantó ayer la huelga de hambre que había iniciado la semana anterior en protesta por una serie de pedidos que le fueron denegados por los fiscales. En concreto se trataban de un anafe, una pava eléctrica, un televisor, celular las 24 horas y un frigobar, de acuerdo a Diario Norte.

Según informaron, esta mañana pidió ampliar su declaración el chofer Gustavo Obregón, acusado de encubrimiento y el primer arrepentido del caso. Su testimonio es uno de los más importantes de la causa. De sus indagatorias se desprendieron los rastrillajes que permitieron hallar restos óseos en el Río Tragadero y un dije quemado que perteneció a Cecilia.

Obregón fue partícipe del operativo que habría descartado el cuerpo de la joven, según contó a los fiscales. Allí reconstruyó las horas posteriores al crimen. Dijo que ayudó a César a cargar "un bulto" en la camioneta Toyota Hilux y que luego lo acompañó a la Chanchería de los Sena, ubicada en Campo Rossi. Allí se incineró el cuerpo durante casi cuatro días. Obregón además contó cómo se descartaron los huesos en el río.

En horas de esta mañana, personal policial realizó un allanamiento con auditoría.

Entre las 8 y las 9 de la mañana un equipo encabezado por la fiscal de delitos flagrantes Rosana Peresín allanaron las dependencia del Hospital José María Cullen en busca de información en torno a los sobornos solicitados a los camilleros por parte de sus jefes.

Grave: camilleros del Cullen solicitan que aparten al jefe y al subjefe del servicio

Esta semana el propio director del nosocomio, Juan Pablo Poletti realizó la denuncia pertinente por las sospechas de extrusión de parte de los jefes de camillería.

8M: Se inauguró un mural en el patio central del Hospital Cullen

El allanamiento, o auditoría, consistió en una importante recorrida e investigación, no sólo en el área de camillería sino que también en muchas otras áreas del Cullen.

Desde el móvil de LT10, Luis Amsler aseguró que el propio Poletti decidió no hacer ningún tipo de declaración para no obstaculizar la investigación en curso.

Días atrás el director del hospital declaró por LT10 que “el abuso era sobre aquellos monotributistas que fueron contratados como refuerzo durante la pandemia. Es decir, personas que no estaban en planta permanente.

Los sospechados utilizaban la potestad de certificar los servicios prestados para que nosotros supiéramos que venían a trabajar, había que hacer una certificación de servicio y renovar el nombre al mes siguiente para seguir trabajando“.

En ese contexto se daba “una extorsión donde aparentemente tomaban esa potestad para cobrar cierta parte del sueldo para renovarles la confianza de seguir trabajando en el servicio”.

Una auditoría interna y un sumario impulsado por la Dirección de Asuntos Internos intentan clarificar el uso de 60 millones de pesos en el Servicio Penitenciario de la provincia. Se trata de fondos que fueron girados por el Poder Ejecutivo al sistema carcelario, para la adquisición de insumos y la contratación de personal, en el marco de la pandemia.

El dato fue revelado durante la reunión que mantuvieron este lunes funcionarios de la repartición y diputados provinciales, a propósito de la fuga en la cárcel del Piñero. “Pero no es una faltante – aclaró más tarde y ante una consulta de El Litoral, el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi-. Es una situación que a priori se presenta como con desprolijidades, y donde se pretende determinar si eventualmente se cometieron irregularidades”, planteó.

Se trata de cuatro partidas que comenzaron a ser giradas a principios del año pasado. La primera se remitió el 16 de marzo, la segunda el 17 de abril, la tercera el 7 de agosto y la cuarta, el 10 de setiembre. Cada una, por quince millones de pesos.

Los hechos 

Apenas unos meses después de que se recibiese la última partida, se produjo un recambio de autoridades en el Servicio. Así, en febrero de este año, fue desplazado Héctor Acuña como director y asumió Bortolozzi en su reemplazo. A poco de iniciada su gestión, el flamante funcionario se topó con una observación del Tribunal de Cuentas de la provincia advirtiendo sobre la falta de rendición de los recursos que se habían girado con la primera cuota, el 16 de marzo. El nuevo director ordenó, entonces, una auditoría interna sobre los cuatro envíos, y el correspondiente sumario de parte de Asuntos Internos.

“Lo que detectamos cuando se inició nuestra gestión (a prácticamente un año de que se realizase el primer envío), es que esos fondos no estaban rendidos – dijo Bortolozzi-. Por eso decidimos iniciar una investigación interna para poder hacer la rendición correspondiente, pero además, para determinar cómo fue usado ese dinero; se realizó un peritaje de la facturación, se tomó declaración a las personas que intervinieron en el proceso de compra de insumos o de contratación de profesionales médicos, se hicieron inspecciones oculares… Se sabe en qué se usó el dinero, pero lo que queremos saber es si fue bien usado; si se pagaron los precios más convenientes y justos, si se buscaron más de una oferta… Nos encontramos con un montón de facturas sueltas”, mencionó el funcionario para graficar la “desprolijidad”.

Responsabilidades 

Bortolozzi admitió que las desprolijidades que se investigan pueden derivar en “irregularidades”, en cuyo caso se deberán determinar las eventuales responsabilidades. “Queremos aclarar la situación y determinar la calidad del gasto para despejar las dudas y posibles errores, y también para deslindar responsabilidades. Pero no se trata de una faltante de dinero”, insistió. Y acotó que las investigaciones internas continuarán para verificar si se cometieron faltas o delitos, y si correspondiese, la eventual aplicación de sanciones a los responsables. Según comentó, ya se terminaron de auditar y sumariar el primer y segundo envío de dinero; resta determinar qué sucedió con la tercera y cuarta cuota. “Los hechos son investigados y de surgir irregularidades, se imputará a quien corresponda como responsable”, concluyó.

El Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, denunció a Marcelo Sain ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, y solicitó su destitución por considerar que ha cometido “faltas graves”. En un extenso escrito de 32 fojas, apunta contra el ex ministro de Seguridad agrupando las presuntas irregularidades en cuatro tópicos: situación de hacinamiento en comisarías, compra de armas, descalificaciones sistemáticas, e incompatibilidad manifiesta para conducir el Organismo de Investigación (OI).

Por todo ello, Arietti reclamó la destitución de Sain del OI, cargo al que retorna este lunes tras la autorización pertinente del Fiscal General, Jorge Baclini. Y plantea que sea suspendido preventivamente en sus funciones, hasta tanto se sustancie el proceso en su contra. El escrito fue presentado la semana pasada y ya tuvo una respuesta de la auditora María Cecilia Vranicich. La funcionaria se declaró incompetente. Arietti apeló, entonces, la resolución y recurrió como instancia superior a la Junta Provincial de Fiscales que también se reúne este lunes en Rosario.

Comisarías 

En primera instancia, Arietti denunció a Sain por la “convalidación de tratos crueles, inhumamos y degradantes” a los detenidos en dependencias policiales del departamento La Capital. Se describe la recurrente situación de hacinamiento y superpoblación, y se concluye en que los alojados “exceden en un 200% las plazas existentes”. Se advierte la “falta de respuestas y acciones del Ministerio para morigerar la situación”, a pesar de los recurrentes hábeas corpus presentados.

Arietti recuerda en su escrito que la ley orgánica del OI plantea como incompatibilidad e inhabilidad para ejercer el cargo “la existencia de pruebas suficientes de participación en hechos que puedan ser subsumidos en la categoría de lesa humanidad o que hagan presumir razonablemente la participación, consentimiento o convalidación de hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”. Para Arietti, la conducta de Sain se enmarca en este último postulado.

Compra de armas 

El segundo punto sobre el que Arietti focalizó la denuncia es la compra de armas que impulsó el Ministerio de Seguridad. Allí le reprocha “haber violado los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad en el procedimiento de contratación pública”. Como se sabe, el proceso había sido impugnado por una de las empresas participantes – BERSA-. La firma entendía que el pliego se había confeccionado a “la medida” de la empresa israelí IWI. Desde el Ministerio de Economía se resolvió suspender la licitación, modificar el pliego y reprogramar la apertura de sobres. Arietti cita el dictamen de la cartera de finanzas cuando le plantea a la de Seguridad que resultan “escasos los conceptos para sustentar el agrupamiento de ítems” – ése había sido el centro de la controversia y lo objetado por Bersa puesto que dicha modalidad inducía a que se presentara una sola empresa- y recomienda su división en renglones. El proceso había sido frenado, incluso, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Y contó, además, con un dictamen de Fiscalía de Estado, que avaló lo sostenido desde Economía. Por todo ello, Arietti concluye en que Sain no garantizó como funcionario público, los principios de “publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad”.

Práctica agraviante 

En tercera instancia, el Fiscal Regional advierte sobre una “conducta sistemática que trae como consecuencia la obstaculización del servicio a prestar por el Ministerio Público de la Acusación, y puede afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”. En este apartado, Arietti citó expresiones de Sain contra Baclini, cuando expresó que su actitud “dejaba mucho que desear” y lo responsabilizó de “gran parte de la crisis por la que atraviesa el MPA”; también contra el propio Arietti sobre quien dijo que “está más pegado al poder que a los problemas criminales; lo hemos visto en su comportamiento con relación al caso Oldani, y tiene una mirada palaciega de la justicia”; y en general, contra todos los integrantes del MPA, cuando sostuvo que “hay fiscales que deforman el concepto de flagrancia para no laburar”.

Para Arietti, esa conducta puede terminar “interfiriendo en actuaciones judiciales en las que (Sain) no tenga ninguna intervención oficial”. Y amplía su escrito con muestras de esa “práctica agraviante” también hacia otros integrantes del Poder Judicial -en ese blanco sitúa a la Oficina de Gestión Judicial; y al ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, entre otros-, hacia funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hacia intendentes. En este sentido, Arietti aludió a “palabras soeces” con las que Sain descalificó al propio gobernador Omar Perotti, a los intendentes Emilio Jaton y Pablo Javkin – los llamó “especuladores y de cuarta categoría”-; al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; a otros legisladores y periodistas.

Finalmente, citó expresiones y conductas “despectivas, burlonas y discriminatorias hacia la provincia y sus habitantes y otras instituciones, así como impropias de cualquier funcionario público”. Los integrantes del Poder Judicial, planteó Arietti, deben tener según la ley “una conducta irreprochable”, y recordó que es una falta grave “ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la obstaculización del trámite o del servicio” en el OI del MPA. A su criterio, con la conducta ejercida por Sain se obstaculiza “la objetividad en la aplicación de la ley penal, el respeto por los derechos humanos y la gestión de conflictos para restablecer la paz social”.

Incompatible 

Finalmente, el Fiscal planteó la existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tiene a Sain, sus colaboradores y otros funcionarios públicos de la provincia, como imputados y/o investigados . Ello, sostiene, constituye un motivo de impedimento y una incompatibilidad actual para ser director del OI. Y “trae como consecuencia – acota- la obstaculización de los trámites y del servicio a prestar por el MPA, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del OI”.

Sobre la base de los argumentos planteados, Arietti reclama la suspensión preventiva de Sain “en forma inmediata” como titular del OI, hasta tanto finalice la investigación administrativa iniciada sobre su conducta, y que pueda derivar eventualmente, en la destitución que reclama.

Dijo que el “rojo” de las cuentas públicas que heredó la actual gestión equivale a un 2,5 % del presupuesto, que la deuda flotante -exigible- no supera los 4.500 millones y la consolidada posiciona muy bien a Santa Fe. Y que cuando asumieron había casi 4.600 millones disponibles para pagar jubilaciones adeudadas.

El ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, sostuvo que el informe de la Auditoría General de la Nación sobre las cuentas de la provincia hasta el 30 de noviembre de 2019 (previo al cambio de gobierno), “viene a ratificar lo que siempre hemos dicho y proyectado antes de terminar el mandato, y que quedó corroborado después: el déficit a esa fecha era de 8.199 millones de pesos, el 2,5 % del presupuesto ejecutado durante ese año”.

“Desde el gobierno -entonces electo y ahora en ejercicio- siempre se habló de una cifra de 20 mil millones, la auditoria ratifica lo que siempre hemos dicho, que está muy lejos de eso”, dijo el ex funcionario.

Saglione abordó a continuación, en diálogo con este diario, los ítems más polémicos que componen el informe. “Sobre la deuda flotante, en enero el gobierno habló de 27 mil millones. Nosotros siempre focalizamos en la deuda flotante exigible, la real, la que demanda efectivamente recursos para poder ser cancelada, que son los montos que están pendientes de pago a proveedores y contratistas. Nosotros hablábamos de 4.500 millones, el informe habla de 4.401 millones, a lo cual le agrega la deuda con municipios y comunas, por 487 millones. Esa es la deuda donde hay alguien esperando cobrar: proveedores, contratistas y municipios y comunas”.

En ese punto, Saglione explicó “cómo llegamos a los casi 14.800 del total de deuda flotante. Ahí aparecen otros conceptos que merecen ser explicados, porque si no se puede pensar que realmente hay una deuda real pendiente de cancelación, y no es así.

“Vamos por partes: el informe habla de casi 2022 millones en concepto de sueldos y aportes. Pero los sueldos al 10 de diciembre ya estaban pagos; lo que faltaba son lo que llamamos terceros en la administración financiera. Son los aportes. El grueso de esos aportes son al Iapos y a la Caja de Jubilaciones. Cuando uno hace la liquidación de los sueldos, retiene un porcentaje de esos sueldos a cada trabajador, que luego son transferidos a esos organismos, junto con las contribuciones que hace el propio Estado. Esos 2022 millones de pesos aparecen como deuda del Tesoro, a favor del propio gobierno provincial, de su Caja de Jubilaciones y de Iapos. Entonces, financieramente es neutro, porque sale de una cuenta del gobierno de la provincia y entra a otra. Con lo cual se registra como deuda flotante del Tesoro, pero no significa que haya una deuda financiera para con un tercero”, precisó.

El ex ministro consignó que, también, dentro de los casi 14.800 millones de deuda flotante, se informa sobre 3.596 en concepto de jubilaciones. “Eso es así, corresponde a las jubilaciones de montos más elevados, que por cronograma de pagos estaba proyectado para ser cancelado, y así fue, entre el 13 y el 16 de diciembre. Más o menos, como todos los meses. Quizás se corrió un par de días, justamente para darle tiempo al nuevo gobierno. Ahora bien, a esos 3.596 millones de pesos, efectivamente había que pagarlos con posterioridad a la asunción del nuevo gobierno, pero estaban disponibles los fondos en la cuenta bancaria para hacerlo. Y eso consta en el informe de Auditoria. El informe consigna que, al 10 de diciembre, en caja, en cuentas bancarias a favor del gobierno de la provincia, había 4.593 millones de pesos. Es decir, quedaban jubilaciones por pagar, de acuerdo al cronograma habitual, pero estaban todos los fondos disponibles, incluso en exceso. Y de hecho, eso fue lo que pasó: pagaron las jubilaciones sin ningún tipo de inconveniente. Pero de que tenía ese dinero disponible, el gobierno no habla.

“Y por último aparece como deuda flotante un monto de 1615 millones de pesos de Lotería de Santa Fe, que tiene que ver con la propia lógica de funcionamiento del organismo, con los premios a pagar. Lotería no puede pagar todos los premios sin pasar por todo el tamiz que las normas establecen con respecto a las verificaciones. Ahí no hay una acumulación financiera de deuda por incapacidad de pago, sino por imposibilidad administrativa o jurídica. Con lo cual no hay una deuda real, no hay una deuda exigible”, remarcó.

Foto: El Litoral

Saglione puso de resalto que, sobre la base de estas precisiones, “cuando vamos a la deuda que realmente es relevante, a la que nunca hemos desconocido, que tiene que ver con proveedores y contratistas, el informe de Auditoría viene a ratificar esos números. La deuda real, con proveedores y contratistas que están esperando cobrar, es de 4.400 millones de pesos. Lo demás son cuestiones internas de la administración. Es decir, la deuda existe, pero de ninguna manera supone una dificultad para el manejo de la provincia. En la anterior transición de gobierno, en 2007, la deuda flotante representaba un porcentaje más alto del presupuesto anual”.

“El otro concepto es la deuda consolidada, a largo plazo. De la cual tampoco habla mucho el gobierno, porque pone a Santa Fe en una posición de privilegio. La deuda de Santa Fe de largo plazo, con organismos internacionales y a través de la emisión de títulos públicos, representa porcentajes irrelevantes del presupuesto anual y el PBG (producto bruto geográfico) de la provincia”, añadió el economista.

“Y otro elemento que me parece importante agregar es lo que llaman la deuda con el FUCO. Es como decir que el gobierno de Santa Fe le debe al gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobierno es simultáneamente deudor y acreedor, entonces, en términos financieros, es absolutamente neutro. Es un simple ejercicio contable,aunque se diga otra cosa”, subrayó.

Como último dato a tomar en cuenta, Saglione hizo notar que la AGN “ratifica que el gobierno saliente dio cumplimiento a la ley de Responsabilidad Fiscal, en cuanto a lo que podía y lo que no podía hacer. El informe dice claramente que se cumplió con las reglas de fin de mandato, y no ví que el actual gobierno haya informado de eso”.

“El informe de la AGN describe la situación de una gestión responsable y transparente que dejó una provincia en marcha, con fuerte inversión pública en un país que atravesaba una grave crisis económica, con estancamiento, inflación y caída del empleo”. Miguel Lifschitz, ex gobernador de la provincia.