En el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA, cuando faltaban siete minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, jornada que a partir de ese momento se convirtió en una de las fechas más negras de la historia argentina.

Desde entonces, 30 años han pasado sin que la investigación judicial ni las acciones de los distintos gobiernos hayan arrojado resultados satisfactorios para los familiares de los 85 muertos y los 300 heridos, que provocó ese ataque terrorista.

En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.

Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, la Justicia y los gobiernos como un ataque a la sociedad argentina toda.

La iniciativa del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para acordar con Irán el interrogatorio en Teherán a los acusados terminó rodeada de polémica, rechazo, inconstitucionalidad y resultados nulos.

Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei intenta implementar el juicio en ausencia para avanzar con el proceso que apunto a los iraníes.

El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía ya había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas.

Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación.

La organización había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.

El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945.

A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.

La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.

Desde ese momento, sin novedades judiciales a la vista, sobre el atentado a la AMIA se produjeron miles de artículos periodísticos y decenas de libros, ensayos y videos, así como centenares de testimonios orales, expresiones artísticas, imágenes y actividades educativas.

Cada 18 de julio a las 9.53 en la reconstruida sede de Pasteur 633 se hace sonar la sirena que buscar fortalecer la memoria y redoblar el reclamo de justicia.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue objeto de una amenaza de bomba en su sede, lo que activó los protocolos de seguridad correspondientes. La llamada de alerta se recibió a las 14.22 y de inmediato se dio aviso a las fuerzas de seguridad.

"Les informamos que, en el día de hoy, se recibió una intimidación telefónica. Tal como lo establece el protocolo de seguridad, en conjunto con la DAIA y el DAC, se decidió dar intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina", comunicó la AMIA.

Como parte de los procedimientos preventivos, la división policial mencionada está realizando una revisión exhaustiva de las instalaciones en este momento. 

Cabe recordar que la AMIA fue víctima de un atentado en 1994, cuando su antigua sede en la calle Pasteur del barrio porteño de Once fue volada, dejando un saldo de 85 muertos.

Agostina Spinelli hizo un repudiable comentario sobre la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el momento fue capturado por los televidentes y publicado en la red, donde los internautas piden a Telefe la expulsión directa de la policía.

La policía oriunda de San Fernando causó rechazo en las redes sociales y su continuidad en el reality corre peligro más allá de estar nominada. 

Todo sucedió en la cocina de la casa de Gran Hermano, mientras la jugadora lavaba los platos junto a Bautista. En un momento, el uruguayo le avisó que iba a buscar golosinas. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, tiró Spinelli comparando que sus compañeros se guarden caramelos con el atentado terrorista a la mutual judía en el que murieron 85 personas.

En junio se cumplirán 30 años y el pedido de justicia jamás cesó. Es el peor atentado perpetrado en Argentina. Dos años antes, en un atentado similar, fue volada la embajada de Israel en Argentina que causó la muerte de 22 personas.

Después de su repudiable comentario, se produjo un silencio entre sus compañeros, aunque Bautista y Virginia reaccionaron, dando cuenta de la situación. Sin embargo, en las redes el rechazo fue total tras viralizarse el video con sus palabras. Los fanáticos del programa piden su inmediata expulsión.

Comparto @telefe no puede mirar para otro lado.Manchan la pantalla con u. Ignorante que se caga en el dolor de las victimas. https://t.co/nsyqMP8cKM

Este es un comentario que por más bien que me caiga Agos no hay que tomarlo como algo liviano o algo al pasar ni con humor. Respetemos nuestras tragedias como la de la AMIA con 86 víctimas fallecidas. Estaría bueno que cosas así se repudien diga quien lo diga #GranHermano pic.twitter.com/ITLLkgH9o4

Lo de agostina toca lo cancelable ya☠️ es un montón pic.twitter.com/s8B4x4PRSp

Quiero creer que los de @GranHermanoAr @telefe van a tomar medidas y sancionar o expulsar a Agostina con su comentario completamente fuera de lugar y antisemita. El canal de la *familia* es inconcebible. @DAIAArgentina @InfoAMIA https://t.co/YmKRlSUTVy

Pasaron nueve años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y, aunque en los tribunales federales de Comodoro Py dieron por probado que se trató de un asesinato, a los investigadores judiciales todavía les resulta imposible esclarecer quién lo mató.

Los gobiernos que se sucedieron desde entonces tuvieron distintas posturas sobre lo ocurrido. Finalizaba la gestión de Cristina Kirchner y el fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA, que había denunciado a la entonces presidenta por encubrimiento del atentado, fue encontrado muerto en su departamento del Complejo Le Parc de Puerto Madero. La administración de Mauricio Macri llegó al poder con una fuerte impronta: Tanto el expresidente como sus ministros sostenían que Nisman había sido víctima de un asesinato.

Año tras año se torna más lejana la posibilidad de arribar a una conclusión sobre quién o quiénes podrían haber sido los autores materiales del crimen.

Lejos de poder responder a esa pregunta crucial, el mundo del espionaje aparece, hace años, en el primer plano de la causa judicial. Y ahora los investigadores buscan reconstruir quiénes reportaban de forma inorgánica a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex-SIDE, con la hipótesis de que el técnico informático que le dio el arma a Nisman, Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario por la muerte, pudo haber trabajado para la central de espías. Los pedidos de la Justicia a la AFI todavía no tuvieron respuesta.

En noviembre pasado, LA NACION informó que un exjefe de la ex-SIDE admitió que la central de inteligencia sí recibía información de los que en la jerga se conocen como “buches”, a los que se les pagaba para hacer trabajos, según supo de fuentes judiciales . Los dichos no resultaron por sí solos reveladores para la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman, pero sí cobraron relevancia cuando estalló el caso asociado al espionaje kirchnerista, a partir del denominado agente inorgánico Ariel Zanchetta, un expolicía que espiaba, entre otros, a políticos y jueces. ¿Por qué? Porque Zanchetta hizo trabajos como agente inorgánico para la AFI y porque, según surge del análisis de uno de los dispositivos que le fueron secuestrados, tenía informes de inteligencia sobre Nisman.

Además, se supo por fuentes del caso, que del informe en base al entrecruzamiento de comunicaciones entre los agentes de inteligencia en las horas previas y posteriores a la muerte del fiscal se detectó que Zanchetta hablaba asiduamente con al menos cuatro de ellos. Ese entrecruzamiento dio lugar a 70 declaraciones testimoniales.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que uno de los agentes que hablaba con Zanchetta declaró como testigo que se trataba de un amigo personal y que nada tenía que ver con sus funciones. Luego, con las revelaciones del caso en el que Zanchetta está implicado, confirmaron que ese agente mintió y que en realidad hacían trabajos juntos.

Rompió el silencio Iara Nisman

Cada 18 de enero, Iara Nisman rememora el día que le informaron que su padre, Alberto Nisman, estaba muerto. “Desde ese momento nunca dudé de que se trató de un magnicidio”, dice la mayor de las hijas del fallecido fiscal que habla por primera vez y en diálogo con Clarín y contó en primera persona cómo transitó estos nueve años, las amenazas que sufrió y lo lejos que ve la posibilidad de que se encuentren a los responsables del crimen que representó en su vida “un antes y un después”.

Con 24 años, Iara está a un paso de convertirse en arquitecta. Su apellido, apenas ingresó en la universidad, resonó en el listado de alumnos. Habían pasado tan sólo tres años desde que recibió la noticia más difícil que le tocó afrontar: el crimen de su padre. Le llevó muchos años realizar el duelo de esa pérdida. Cuando habla, se toma el tiempo para elaborar cada respuesta y son contundentes. La firmeza de su carácter es visible. Ella dice que es así por cómo fueron sus padres con ella: directos y frontales.

No le incomoda hablar sobre el asesinato que conmovió a un país entero, del que se habló en el mundo y que cambió su vida para siempre. Elige recordar a su papá con una sonrisa. “De los momentos felices que pasamos juntos. Así nos gusta recordarte”, dice.

“Fueron años muy difíciles, en especial el 2015. Como familia vivimos momentos de mucha angustia y temor que más allá del dolor de la pérdida, tenían que ver con amenazas y acciones intimidatorias que recibíamos. Pudimos pasarlo gracias al apoyo de gran parte de la sociedad y de los comunicadores que visibilizaron el caso. Fue justamente en la marcha del 18F donde viví, por primera vez, todo este apoyo. Para mí, teniendo 15 años, fue un día muy movilizante que me marcó mucho”, contó a Clarín. 

Como todos los años desde el ataque terrorista, a las 9.53, hora hora exacta en que se produjo la voladura del edificio de la mutual judía de Pasteur 633, el acto se iniciará con el sonar de una sirena.

Este año, el acto oficial en Buenos Aires fue convocado a las 9.30 bajo el lema "Justicia ausente. Digamos presente".

"Cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible convivir con ella", aseguró el titular de la AMIA, Amos Linetzky, en la convocatoria.

En ese marco, añadió: "Volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestar, públicamente, que no nos han vencido, y que exigir justicia y castigo a los culpables es un imperativo ético al que no renunciaremos".

Asimismo, convocó "a toda la sociedad a que nos acompañe en este nuevo aniversario para juntos decir presente, ante una justicia que está ausente", instó el titular de la entidad.

"Seguiremos exhortando a que se redoblen todos los esfuerzos necesarios, para que la masacre contra la AMIA no quede impune, y para que los familiares de las personas que fueron asesinadas puedan, entonces, atenuar en parte su dolor", concluyó Linetzky.

Por su parte, la Agrupación Memoria Activa también convocó a su tradicional acto en Plaza Lavalle, y consideró que hay "un Estado culpable por falta de justicia y por no proteger la vida".

La presentación la realizó el juez Daniel Rafecas, que recibió el pedido del fiscal Basso y con una sugerencia de la Cancillería Argentina.

El juez Daniel Rafecas pidió este martes la detención del vicepresidente de Irán, Moshen Rezai, quien está apuntado como uno de los líderes intelectuales que provocaron el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires. El pedido llega tras una presentación del fiscal Sebastián Basso y por una sugerencia de la Cancillería Argentina.

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“Se deja expresa constancia que, para el caso de que el requerido sea habido y se proceda a su detención preventiva, esta judicatura se compromete a solicitar formalmente su extradición, ofreciendo reciprocidad en casos análogos”, dice la resolución firmada anoche por el juez que tiene la causa AMIA.

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La Justicia acusa a Rezai de haber participado en la reunión en la que se decidió el atentado a la AMIA. “Su acreditada presencia en la resolución final que se adoptó el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de atentar contra nuestro país, lo colocan invariablemente como otro de los personajes protagónicos del atentado que afectó a la Argentina”, agrega.

De esta manera, acusan al actual vicepresidente de Irán por delitos de homicidio calificado doblemente agravado, por haber sido cometidos por odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común, que dejó 85 víctimas fatales.

“Como comandante de los Guardianes de la Revolución, integró el grupo que, en el seno de la Oficina de Inteligencia, sometió a evaluación la propuesta inicial de atentar contra nuestro país y que consintió su posterior presentación ante el Comité Omure Vijeh”, completa la resolución.

En respuesta a ese pedido, la Cancillería le sugirió a Basso que pida una orden específica ante Rafecas. “Esta Dirección sugiere que se evalúe la posibilidad de requerir al juzgado interviniente se ordene el libramiento de una solicitud de detención preventiva con fines de posterior extradición a Qatar para ser presentado por la vía diplomática. En ese caso, no existiendo tratado de extradición con Qatar, se requiere se ofrezca reciprocidad para casos análogos”, le contestó la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerios de Relaciones Exteriores.

El oficio del juez Rafecas ya fue enviado a las autoridades qataríes, pudo saber este medio. Al mismo tiempo, el gobierno de Qatar le informó a la Cancillería que va a colaborar con la ejecución de la alerta roja.