El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue sentenciado hoy a cinco años de cárcel con un período de prisión aplazado tras ser hallado culpable de conspiración criminal por la supuesta financiación libia de su campaña presidencial en 2007, según informaciones del canal francés BFM TV.

La corte también multó a Sarkozy con 100.000 euros (117.000 dólares) y le inhabilitó para un cargo público o concurrir a las elecciones durante cinco años.

Sarkozy insistió en su inocencia y prometió apelar el veredicto, informa un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Dos de sus aliados más estrechos, el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Gueant, junto con el exministro Brice Hortefeu, fueron condenados a seis y dos años de cárcel, respectivamente.

Según los medios franceses, la corte condenó a Sarkozy por asociación criminal, pero le absolvió de corrupción y financiación ilegal de la campaña.

El caso se remonta a 2012, cuando la web de investigación Mediapart publicó un documento acusando que el régimen del entonces líder libio, Muammar Gaddafi, acordó contribuir a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.

Los fiscales franceses abrieron una investigación formal el año siguiente por presunta corrupción y financiación ilegal de la campaña vinculada a Libia.

Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes, informó este jueves el sitio RFI.

El ex mandatario conservador de 70 años reiteró que es “inocente” y anunció que recurrirá la condena, que consideró de “extrema gravedad para el Estado de derecho”.

“Dormiré en prisión con la cabeza alta”, aseguró y anunció que recurrirá la condena, un recurso no le librará de la cárcel, según el medio francés.

El dueño de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido este jueves en el marco de un megaoperativo en el marco de una causa por evasión impositiva, lavado y asociación ilícita.

Hasta el momento se realizaron más de 60 allanamientos.

Noticia en desarrollo

En su casa del barrio cerrado Las Delicias, fue detenido en las últimas horas Maximiliano Caliva, más conocido en el ámbito cuartetero como “El Cheto”, por su presunta participación en operaciones irregulares de venta de casas prefabricadas. En una decena de allanamientos, además de Caliva fueron detenidos su esposa y otras cuatro personas.

A la imputación por estafas reiteradas, la fiscal Daniela Maluf le adosó en las últimas horas la presunta conformación de una asociación ilícita, una figura penal que parte de los 5 años de prisión en caso de condena.

Todos los allanamientos y detenciones se produjeron en la noche de este martes en distintos barrios cerrados de la ciudad de Córdoba.

Por qué la Justicia investiga a “El Cheto”

Una Ferrari último modelo. Un departamento lujoso en las torres Gama. Una residencia y oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Un departamento en Miami... Estas son algunas de las propiedades que se le adjudican al empresario Maximiliano Jorge Caliva (36), también conocido en el mundo artístico como el cuartetero “el Cheto”.

La investigación judicial de la Fiscalía de Subrogancia de Córdoba analiza 17 denuncias de particulares que se consideran estafados por el Grupo Max, perteneciente a “el Cheto” y allegados, un pool de tres empresas que actúan indistintamente en la venta y fabricación de viviendas prefabricadas: White House SRL, Euro Casa SA y La Esperanza Viviendas Americanas SRL. Los denunciantes, patrocinados por el abogado Enrique Chumbita, sostienen que pagaron o están pagando sus casas, pero estas nunca les fueron entregadas.

“De dónde sale ese dinero; ese es el objeto de la investigación”, señala uno de los investigadores que analiza las denuncias de Chumbita.

“El Cheto” se presenta como el hombre que se hizo “desde abajo”, desde sus orígenes en barrio San Vicente, de la Capital provincial.

El Grupo Max tiene oficinas en Puerto Madero (Caba) y desde allí se comandarían las actividades de las tres firmas que se utilizan –según la investigación– de manera indistinta para vender viviendas a los clientes que pretenden conseguir el sueño de la casa propia.

Una presunción de la investigación –según fuentes calificadas– es que el uso diferenciado de las tres firmas tiene que ver con la capacidad económica del cliente y la calidad constructiva de las unidades habitacionales.

Por el momento, “el Cheto”, su esposa y otros señalados por la pesquisa no están imputados, si bien se insiste en que la semana próxima podrían sufrir el reproche de “estafas reiteradas”, una calificación legal que se aplica en este tipo de causas de presuntos fraudes inmobiliarios.

Como lo ha hecho con otros emprendimientos de viviendas que comienzan a hacer agua, como el reciente caso de Conoc, la fiscal Daniela Maluf es quien se ocupa de estas denuncias.

Si bien “el Cheto” Caliva no está imputado, está claro que lo investigan a partir de las denuncias y, especialmente, por los allanamientos que se realizaron en bloque a sus propiedades: la vivienda de Las Delicias (y otra casa en ese country), el departamento de El Tropezón (torres Gama) y la sede de las oficinas de las empresas.

En esos lugares, se secuestraron computadoras, teléfonos particulares, documentación y otros elementos de prueba.

En un operativo dirigido por Prefectura Naval, el comisario mayor José Luis Segovia, jefe de la Departamental Mar del Plata de la Policía bonaerense, fue arrestado este miércoles en el marco de una causa por "asociación ilícita, estafas procesales y encubrimiento agravado". La detención se llevó a cabo mediante siete allanamientos, seis de ellos en Mar del Plata y uno en Santa Clara del Mar. Además de Segovia, fueron detenidos el policía Gastón Moraña, el ex efectivo Javier González y el integrante de la Policía Federal Nicolás Rivademar.

La investigación también implicó la detención del abogado Lautaro Resúa, Jorge Toletti y Christian Holtkamp, quienes ya se encontraban con prisión preventiva en el marco de la investigación por el secuestro y extorsión a un ladrón que cometió un millonario robo en un departamento de Cabo Corrientes.

La causa está a cargo del fiscal general adjunto Marcos Pagella y del Cuerpo de Ayuda Técnica de Instrucción (CATI). Según una fuente judicial citada por el sitio 0223, "los protagonistas se cruzan en la investigación de la banda que robó más de un millón de dólares y 42 millones de pesos en departamentos durante 2022 y en el secuestro y extorsión a Carlos Juárez por el que hay cuatro personas detenidas y un prófugo".

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, calificó la detención del jefe policial como "muy grave" y destacó la importancia de que "el que comete el delito tiene que ir preso". 

En una conferencia de prensa, Montenegro expresó: "Sobre la detención del jefe de la departamental, es grave, es muy grave. La verdad que yo soy sumamente cuidadoso en cuanto a la investigación judicial y que está en secreto el sumario, pero es grave, obviamente que nos afecta. Obviamente tiene que tener que defenderse de todo, pero es grave, en una situación como nuestra ciudad, o cualquier ciudad, pero nosotros, parece grave".

En la mañana de este miércoles 29 de noviembre, personal de la Agencia de Control Policial (ACP), ex Asuntos Internos, encabezó al menos una decena de allanamientos en distintos puntos de Rosario y la región, y detuvo a Andrés ‘Pillín’ Bracamonte, reconocido como jefe de la barra brava de Rosario Central y a Carlos Vergara, secretario general de la Uocra Rosario, entre otros.

El operativo fue ordenado por el fiscal Miguel Moreno, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y extorsiones.

Hay al menos media docena de detenidos, entre ellos delegados del gremio de la Uocra (que nuclea a trabajadores de la construcción), de San Lorenzo y Villa Constitución. También se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo y varias armas largas y cortas. 

Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telefé), fue nuevamente indagado por otro hecho de corrupción de menores.

Según indicaron fuentes judiciales, el productor seguirá detenido.

El mediático fue interrogado en los últimos días en Comodoro Py por el juez ante la aparición de nuevas pruebas. Corazza está acusado por asociación ilícita con fines de trata de menores para la explotación sexual en el marco de la causa por abusos sexuales que se remontan al año 1999 y por la cual hay otros cinco implicados.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo tiene diez días para definir si lo procesa o no por este nuevo hecho calificado como corrupción de menores.

No obstante, Corazza continuará detenido según se prevé hasta el juicio oral y público.

También Lijo amplió por hechos de abuso sexual y corrupción de menores a los otros implicados: Raúl Mermet, Andrés Fernando Charpenet, Francisco Rolando Angelotti, y otro hombre de 25 años que fue detenido en agosto pasado en Misiones. 

Mermet, Charpenet y Angelotti están procesados por el delito de trata de personas agravada por la cantidad de víctimas, perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, todos ellos en concurso real.

"Corazza acordaba con Angelotti para que le facilitara y entregara a los niños con el objetivo de abusar sexualmente de ellos, como refirieron claramente las víctimas 1 y 3. La participación en los hechos que se le atribuyen, corrobora su intervención en la organización permanente, estable y con continuidad en el tiempo para cometer este tipo hechos, de la que forman parte todos los acusados, quienes prestaron para ello un acuerdo criminal, cuanto menos tácito, donde existen algunas conductas con mayor grado de injusto", sostuvo la Cámara del Crimen al confirmar la acusación. 

Walter Graff y Juan Pablo Sosa, ex empleados de la comisaría 10ª, recibieron 3 años de prisión condicional por la detención ilegal de cuatro jóvenes arrestados en junio de 2021 en base a testimonios falsos.

Dos policías que trabajaban en la comisaría 10ª de Alberdi fueron condenados a 3 años de prisión condicional por la detención ilegal de cuatro amigos que comían un asado en la vereda de Travesía al 3800. Fue un procedimiento de junio de 2021 armado con testigos falsos para favorecer a la banda del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval. Un acusado de pertenecer a esa organización participó del operativo sin bajarse de un auto, desde donde señaló uno por uno a quienes debían quedar presos por ser supuestos integrantes de un grupo rival. Los uniformados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por seis años.

La pena se acordó la tarde de este lunes en un juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal. La jueza Paula Alvarez homologó un acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y los abogados particulares de los policías acusados. Los condenados son Walter Edgardo Graff, de 36 años, quien se desempeñaba como sumariante, y el secretario Juan Pablo Sosa, de 38. “Esta pena supone para ambos el fin de la carrera policial, al menos por el tiempo que dure la inhabilitación”, dice el convenio que aceptaron los dos ex uniformados.

Sosa y Graff fueron condenados como coautores de los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Además los sentenciaron por privación abusiva de la libertad, una figura agravada por ser funcionarios públicos y porque para dos de las víctimas la detención se extendió más de un mes. Este último delito se le achacó a Sosa como coautor y a Graff como partícipe primario. Entre las reglas de conducta a cumplir durante el tiempo de la condena figura la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos de la causa.

Según el acuerdo, la pena “encuentra fundamento en la multiplicidad de delitos endilgados". Se puso el acento en la gravedad institucional del caso, ya que tanto fiscales como la jueza de la investigación preparatoria fueron inducidos a engaño. Por el caso ya había sido condenado Gerardo Malpassi, quien fuera jefe de la seccional 10ª al momento de los hechos. Cumple una condena dictada en febrero pasado a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación por abuso de autoridad, privación abusiva de la libertad agravada y falsedad ideológica.

El procedimiento fue el 21 de junio 2021. De acuerdo con la investigación, el policía del Comando Radioeléctrico Héctor Mario Dallia y el oficial Sosa pasaron a buscar a Mario S., un civil que actuó como nexo con la banda de Los Pimpis. El pasajero se ubicó en el asiento trasero de un Renault Clio vestido con un buzo con capucha y usando un barbijo. Se trasladaron a Travesía al 300 donde estaban reunidas diez personas que se disponían a comer un asado en la vereda.

Con el apoyo de otros efectivos de la 10ª que desconocían los pormenores, los cuatro jóvenes señalados por S. fueron detenidos. Dos de ellos recuperaron la libertad un día después. Pero a Tomás Agustín “Tomy” G., de 19 años, y a Andrés Adrián “Pancita” R., de 22, los acusaron de una serie de balaceras. Una jueza les dictó prisión preventiva por 90 días y así ambos jóvenes, supuestos integrantes de la llamada “banda de Patri”, también conocida como “Los Churrascos”, quedaron tras las rejas. Hasta que se descubrió el trasfondo a los 83 días y fueron liberados el 17 de septiembre de ese año.

Pancita y Tomy habían sido incriminados por el testimonio de una joven que dijo haber sido amenazada y otra que dijo haberse negado a vender drogas para la banda de Patri y a tener relaciones sexuales con uno de sus miembros. Sin embargo, unos 15 días después ambas mujeres se presentaron en la fiscalía con una abogada para contar la verdad. Dijeron que habían sido amenazadas por integrantes de la banda de Los Pimpis, herederos de Ema Pimpi Sandoval que se disputaban el narcomenudeo en la zona de la comisaría 10ª. Las jóvenes aseguraron que para mentir en el acta policial a una de ellas le dieron 50 mil pesos y a la otra drogas.

Entonces se allanó la seccional de Darragueira al 1100 y fueron detenidos el entonces jefe Malpassi; el sumariante Graff, quien firmó denuncias y actuaciones, y los oficiales Sosa y Dallia, quien quedó imputado y en disponibilidad, a la espera de juicio. También fue implicada la suboficial Natalia Sánchez pero las actuaciones en su contra se archivaron al detectarse que no sólo era ajena a la maniobra sino que alertó sobre irregularidades en el procedimiento. Lo mismo ocurrió con el subjefe Sebastián Ojeda, quien llegó a la guardia aquella tarde y advirtió a sus superiores sobre “algo raro”.

La investigación arrojó que el operativo fue concretado a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a la comisaría. El acta de procedimientos estuvo plagada de irregularidades y las jóvenes testigos fueron obligadas a firmarla. En ese documento se omitió mencionar a Sosa y Dallia, quien ya en el penal les sacó fotos a los detenidos con su celular y las reenvió a una persona no identificada para certificar que Tomy y Pancita fueran quienes debían quedar presos.

En cuanto al eslabón civil, Mario Germán S., de 34 años, fue imputado en marzo por Caterina como partícipe primario de la privación ilegal de la libertad y como instigador de una falsa denuncia. En la investigación se refiere que trabajaba para los herederos de Sandoval y era quien proveía droga y retiraba la recaudación de un búnker donde una de las denunciantes había sido baleada. Era allegado a familiares de Ema Pimpi, jefe de una banda narco que había sido condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti de octubre de 2013. En octubre de 2019 fue asesinado —junto con otras dos personas— en un ataque comando a un chalé de La Florida donde cumplía prisión domiciliaria.

Mario S. además había declarado como testigo del crimen de Marcelo David Valdez, un adolescente de 16 años que el 19 de junio de 2021 fue alcanzado por las balas dirigidas a la gente de Ema Pimpi en Cavia al 1300; un crimen por el que hubo cuatro acusados. En aquella ocasión también fue herido un medio hermano de Mario S. Dos días después ocurrió el procedimiento ilegal por el que los dos policías aceptaron condena. Un operativo que, según el acuerdo, “simulaba ser fidedigno pero, en relación a toda la evidencia reunida, surge claro que no lo era”.

El exlíder de Generación Zoe apuntó contra la fiscal Juliana Companys y aprovechó para hablarle a sus asociados.

Leonardo Cositorto, fundador y líder de Generación Zoe, continúa detenido en la cárcel de Bouwer, imputado por asociación ilícita y estafas reiteradas. El pasado domingo, volvió a hablar desde su celda, apuntó contra la fiscal Juliana Companys y solicitó un pago de 10 dólares a sus seguidores.

El empresario envió un mensaje a “los medios libres de la Argentina” y detalló su situación penal. Cositorto aseguró que necesita ser “operado de un pulmón” pero que la fiscal a cargo de la causa, Juliana Companys, no le permite el traslado a un nosocomio de Buenos Aires.

“La fiscal me denegó el traslado a la ciudad de Buenos Aires, y sigue encaprichada con sus conjeturas”, aseguró el exlíder de Generación Zoe en el audio difundido por Javier Smaldone, programador que siguió de cerca la investigación.

En este sentido, reclamó la decisión de impedirle el viaje y manifestó: “Me voy a negar a recibir cualquier tratamiento en esta cárcel”.

Dictan prisión preventiva para Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe

Cositorto y un mensaje a sus “asociados”

Pese a estar preso por un actividad similar, se cree que Cositorto continúa con sus actividades en el mundo de las criptomonedas. En septiembre, animó a sus “asociados” a adentrarse en un nuevo proyecto al que definió como “una comunidad de líderes que va a permitir alcanzar a (…) cuatro millones de personas”.

Al respecto, el detenido expresó en el último audio: “Estamos librando una batalla muy pesada con un sistema muy corrupto que destruyó a la compañía”. Y pidió un pago bimestral a sus seguidores: “Recuerden que del 10 en adelante, se hacen los pagos de 10 dólares”.

La organización La Razón de Vivir posaba como una comunidad terapéutica para rehabilitar personas dependientes a las drogas. Está acusado de asociación ilícita y reducción a la servidumbre. El fiscal Daniel Ichazo investiga el caso

Marcelo Medina, “El Teto”, fue detenido hoy por la Policía Federal tras una investigación del fiscal Daniel Ichazo, acusado de los delitos de asociación ilícita y reducción a la servidumbre. Se lo investiga por emplear su fama para captar víctimas para la organización La Razón de Vivir, que opera en la zona de Berazategui y Florencio Varela.

En el exterior, La Razón de Vivir funcionaba como una comunidad terapéutica. El fiscal Ichazo recibió denuncias que detallan que dentro de la comunidad los adictos eran esclavizados, puestos a trabajar en construcción, panadería o fabricación de muebles, o directamente enviados a mendigar mientras vivían en condiciones infrahumanas, en ranchos y casillas.

Como sigue la vida del Teto Medina tras su dura batalla contra las adicciones

Hay otros 16 detenidos, entre ellos policías que operaban fuera de los funciones como personal de seguridad para capturar adictos que se fugaban del lugar. Hubo más de 20 allanamientos en Capital Federal, el Conurbano bonaerense y la provincia de Córdoba, principalmente realizados por la Policía Bonaerense. Se estima que habría, al menos, 200 víctimas.

El teléfono de Medina fue intervenido, con escuchas que lo comprometen. En ellas, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae, pide dinero como comisión por las víctimas que capta. Cada víctima podía pagar, al menos, 40 mil dólares.

Denuncian al Teto Medina por violencia de género

Su actividad junto a la organización y su líder, Néstor Zelaya, también investigado en la causa, está ampliamente documentada. Su última presentación en conjunto sobre “consumos problemáticos” fue anunciada para el 6 de agosto último en la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos. La información para difundir el evento indicaba que Medina era un “operador socioterapéutico en adicciones” “tras su rehabilitación”.

Los 20 caballos secuestrados la semana pasada tuvieron como destino los corrales que dependen de la Municipalidad donde van a otros animales maltratados. También había cerdos, ovejas, gallos, terneros y chivos.

El allanamiento a la casa de Ariel Máximo “Viejo” Cantero, el primer líder de la banda narcocriminal Los Monos, y el posterior proceso judicial generó tanto impacto por sus ramificaciones con las cajas de alimentos municipales y las escuchas expuestas en la audiencia, que quedó en un segundo plano uno de los aspectos más llamativos de aquel procedimiento: los animales incautados.

La secretaria de Control municipal Carolina Labayrú aseguró en medios radiales del sur santafesino que cada uno de esos animales (desde caballos a gallos de riña y de ovejas a cerdos) fueron tratados de forma distinta según las características.

“Los 20 caballos secuestrados la semana pasada tuvieron como destino los corrales que dependen de la Municipalidad donde van a otros animales maltratados”, afirmó la funcionaria local.

Labayrú dijo que en ese predio existe “un veterinario que los está cuidando” y que conviven con otros 20 equinos que ya estaban en el lugar, como consecuencia de otros procedimientos por maltrato animal. Aclaró que en muchas casos, cuando existe una orden judicial, se liberan o entregan en adopción a ONGs o protectoras (bajo ciertos requisitos).

Allanan nuevamente la casa del “Viejo” Cantero para rescatar animales

Diferente fue la política empleada con los 31 cerdos que estaban en la casa de Avellaneda al 4500 y que, según se constató, estaban entre ratas y comiendo basura. Es decir, no eran aptos para consumo humano. “Los llevamos a un frigorífico de Pérez”, puntualizó la secretaria sobre cómo se procedió al sacrificio de esos chanchos.

Por otro lado, dos ovejas y dos terneros fueron llevados a otros corrales y “de los gallos de riña se encargó la Policía Comunitaria”, por lo que no tenía la precisión del destino final. También se separó a un chivo “agresivo” por la “inconveniencia de llevar a corrales” junto a los terneros, caballos y ovejas.

Quedó detenido Máximo Ariel “el Viejo” Cantero, histórico líder de la banda Los Monos

Labayrú añadió que en un nuevo procedimiento de este viernes, además de perros, se incautaron dos caballos más que estaban en el predio de Avellaneda y que serían trasladados al mismo corral.

Los fiscales de la causa descubrieron además que los caballos se usaban para violentas cinchadas. Pudieron acreditar que al menos uno de los equinos murió por causa del maltrato que recibían de estas personas.

La Fiscalía de Villa María a cargo de Juliana Companys indaga al CEO de Generación Zoe Leonardo Cositorto por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas.

Según la investigación preliminar defraudó a muchos ahorristas por medio del sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.

Generación Zoe: Leonardo Cositorto llega al país para ser indagado por fraude

De acuerdo a la causa captaban a la gente a través de distintas maneras. En Villa María fue con cursos de coaching, mentoring y trading. 

A las víctimas les pedían una inversión en dólares y les prometían que iban a recuperar el 7,5% mensual. Según la fiscal en otras localidades usaban otros rubros para captar personas, como negocios de hamburguesas o hasta equipos de fútbol.

Companys explicó en declaraciones a TN: “Cositorto engañaba a las personas para que invirtieran en un proyecto financiero inviable”.

Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

A Cositorto lo detuvo Interpol el 4 de abril en un barrio privado de República Dominicana después de estar más de dos meses prófugo y con pedido de captura internacional, luego de que se realizaran múltiples allanamientos a partir de denuncias de ahorristas de Villa María por no haber recuperado sus inversiones.

Fuentes vinculadas con la investigación informaron que con la detención de Florencia Álvarez, quien se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Villa María, Cositorto y Batista son los únicos que se mantienen en calidad de prófugos que, según lo que se conoce públicamente, se encontrarían en el exterior.

Mientras tanto la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, continúa con la recepción de pruebas documentales y materiales, además de avanzar con las indagatorias, y una vez concluida con esa instancia resolver la situación procesal de cada uno, particularmente sobre la eventual responsabilidad penal y continuidad o no de la prisión preventiva.

Causa Generación Zoe: detienen a otras cuatro personas

La causa se conoció el 18 de febrero último luego de varios operativos de allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, a partir de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en Generación Zoe con promesas de importantes dividendos en conceptos de intereses.

El presunto ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor del 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.

Claves para detectar estafas piramidales y esquemas Ponzi

Paralelamente a la causa que se instruye en Villa María, sede principal de Generación Zoe, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 51.

Dalma y Gianinna Maradona pidieron que se investigue e indague al abogado Matías Morla por asociación ilícita por haber “despojado” la fortuna de Diego a partir de la firma de contratos con el uso de su imagen.

Con el escrito, acusaron que en agosto del 2020 en la localidad de Brandsen, donde Maradona habitó unas semanas, se firmaron contratos y se hicieron manejos irregulares de dinero.

Diego Maradona Jr apuntó fuerte contra Matías Morla y su cuñado

En la presentación, recuerdan que el neurocirujano Leopoldo Luque, imputado por la muerte de Maradona, el 16 de agosto tuvo una conversación con Morla donde le comunicó lo mal que estaba Maradona. “Al día siguiente le hacen firmar cesión de su imagen por 15 años, incluso después de muerto. No admite mayores comentarios”, sostuvieron los abogados Federico Guntin y Marcelo Warschavsky.

El pedido es ante una fiscal de La Plata, donde además reclamaron sean detenidos el apoderado Hernán Prandi, la escribana Sandra Iampolsky, el psicólogo Carlos Díaz (imputado por la muerte de Maradona) y Jonathan Espósito, sobrino del Diego.

“Todos participan de una asociación ilícita. Hay intencionalidad organizativa para garantizar el despojo de la víctima. Hecho este que formaba parte de una organización como tal que tenía delimitado claramente los roles cada uno”, acotaron.

Muerte de Maradona: citan como testigo a Matías Morla

Según denunciaron, Morla y su hermana Vanesa, a cargo de la contabilidad, y Maximiliano Pomargo (cuñado de aquel), eran la “cabeza” de la asociación ilícita. En ese sentido, acotaron que la firma Sattvica, que explota la imagen de Maradona en distintos contratos, es el 20% de Pomargo y el resto de Morla.

Tenían una “marcada intencionalidad de despojar a la víctima mientras lentamente se acercaba a su marcado final”, la muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. En el escrito, también pidieron allanamientos y una batería de medidas de prueba. Esta es una causa paralela a aquella donde se investiga la muerte de Maradona y hay siete imputados hasta el momento, todos médicos, enfermeros y personal sanitario.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue apartada por “falta de imparcialidad”, en la causa que tiene como imputado al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como presunto jefe de una asociación ilícita, integrada también por más de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, quienes están acusados de robar cargamentos de droga y extorsionar a narcotraficantes con causas armadas entre 2013 y 2015 , informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal de San Martín, en un fallo en el que hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió por tercera vez (los dos planteos anteriores habían sido rechazados) el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.

Causa Nisman: Arroyo Salgado renuncia a la querella

Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan.

“Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso’”, señala el fallo que fue firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández.

Habló Diego Lagormasino y criticó a Sandra Arroyo Salgado

“Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso’” Fallo judicial

De esta manera, la sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza que se aparte del expediente que tiene al fiscal Scapolán como imputado y de “todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones”, y pidió la intervención de la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Federal para que sortee un nuevo magistrado.

Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.

Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada” y que era víctima de una “cacería”.

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

La causa de la imputación

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.

El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.

Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.

Un juez federal de Santa Fe procesó hoy al ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA) y a otros cinco miembros de la fuerza por asociación ilícita al considerar que implementaron un “mecanismo recaudatorio” a través de narcos a los que les cobraban para encubrirlos, informaron fuentes judiciales.

El fallo del juez federal 2 santafesino, Francisco Miño, recayó sobre el comisario Marcelo Lepwalts, el inspector Cristian Bogetti, el oficial Michael Arbildo; el agente Carlos Fernando Gómez Navarro y los cabos Lucas Bustos y Darío Duarte.

Cuatro de ellos, el jefe Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro ya habían sido procesados el 30 de mayo pasado por “falsedad ideológica de documento público, sustracción de pruebas, encubrimiento y desaparición de rastros del delito, incumplimiento de deberes y tenencia simple de estupefacientes”.

En aquella resolución, Duarte y Bustos fueron acusados de “tenencia de estupefacientes.

Según la resolución del juez Miño, a la que accedió Télam, los policías involucrados “habrían tomado parte de una organización delictiva, liderada por Lepwalts en su condición de Jefe, persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales, mediante la comisión de delitos indeterminados durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 09 de mayo de 2019”.

“Dicho mecanismo recaudatorio habría tenido como objeto la obtención de dinero que era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo; como así también de material estupefaciente que se resguardaba para comprometer judicialmente en futuros procedimientos a personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales”, sostuvo el magistrado.

Luego señaló que el sistema implementado en la delegación Santa Fe de la PFA incluía “el ofrecimiento de cobertura policial” a presuntos vendedores de drogas “a cambio de sumas de dinero periódicas”.

Uno de los casos que investigó el fiscal del caso, Walter Rodríguez, fue la detención en abril de 2018 de un presunto narco, Guillermo Kernc, quien habría pagado 120 mil pesos para recuperar uno de los dos teléfonos móviles que le secuestraron.

En una escucha telefónica, el policía Gómez Navarro le explicó a su interlocutor: “Para que le devolvamos el celu, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que tenía que cobrar, y citamos ahí en la costa, puso 70 más lo que había puesto 50 el otro día”.

Cuando la Justicia allanó la sede la PFA en Santa Fe encontró también un cuaderno con anotaciones que llevaba Lepwalts, que el juez asignó en el procesamiento a una posible cobertura a vendedores de dólares en el mercado negro.

En aquella oportunidad también se secuestraron varios envoltorios con marihuana y cocaína guardados en una oficina de la sede de la PFA, que para los investigadores la banda policial usaba para “embagallar” –como se dice en la jerga a plantar drogas en forma ilegal en un procedimiento- y que conseguían en procedimientos oficiales en los que declaraban un secuestro menor de estupefacientes.

En escuchas al celular de Gómez Navarro el policía le dijo a otra persona que un presunto narco al que amenazaron con allanar pagó “60” y le sacaron “8 y 3 de un gramo para bagallo”.

Según el fallo, el jefe Lepwalts tampoco pudo demostrar por qué tenía 42 mil pesos en efectivo en su oficina el día que la allanaron.

Piden nueve años de prisión para dos exjefes policiales investigados por liderar una organización criminal que realizaba maniobras ilícitas en la reparación de móviles oficiales.

Así lo plantean los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial. Los acusados son RRG de 56 años y OAO de 54. Además, hay otras nueve personas de la misma banda que ya fueron condenadas y ya se recuperaron más de cinco millones de pesos.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitan penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Así lo plantean los funcionarios del MPA en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Los acusados son RRG de 56 años y OAO de 54. Hernández y Jiménez les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública. Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro. “La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.

Asociación ilícita “Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron. En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva. “Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”. “El accionar ilícito del acusado cuyas iniciales son OAO fue entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico que causó al Estado asciende a 1.058.664,20 pesos”, indicaron Hernández y Jiménez. “Por su parte, el accionar del otro exjefe provincial –cuyas iniciales son RRG– fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 y el perjuicio patrimonial causado al erario público fue de 958.385 pesos”, sostuvieron.

Modalidad delictiva En el escrito de acusación, los fiscales explican la modalidad delictiva de la asociación ilícita. “Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques”, relataron los fiscales. “Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el Habilitado como el Jefe de Logística coordinaban esta tarea con Facundo José Testi –organizador de la asociación ilícita–, quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”. “Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”. Por último, los fiscales apuntaron que “el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.

Condenados Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez. El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor. Las personas condenas hasta el momento son: * Raúl Alberto Patriarca de 50 años, policía, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; pago de una reparación económica de 40.658,98 pesos (25 mil pesos en concepto de capital y 15.658,89 pesos en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. * Ariel Hernán Villanueva de 44 años, policía y Contador Público Nacional, exhabilitado de la Jefatura provincial de la Policía, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 795.922 pesos (600 mil en concepto de capital y 195.922 en concepto de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 600 mil pesos a cinco entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. * José María Leiva de 53 años, policía, exjefe del departamento de Logística de la Policía Provincial, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; pago de una reparación económica de 204.420,50 pesos por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 150 mil pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. Además de la condena por ser miembro de la asociación ilícita, coautor de defraudaciones en perjuicio de la administración pública y autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. * Facundo José Testi de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; pago de una reparación económica de 1.430.836,67 pesos (1 millón de capital y 430.836,67 de intereses) por el perjuicio patrimonial causado al Estado; donación de 1 millón de pesos a entidades de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. * Rodrigo Exequiel Ruiz de 30 años, civil, dueño o responsable tributario del taller “Servicio Mecánico”, miembro de la asociación ilícita:condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional. * Maximiliano Edgardo Ambrosio de 38 años, civil, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a instituciones de bien público y pago de una multa de 90 mil pesos al MPA. * Noelia Biscari de 40 años, civil, dueña o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA. * Artemio Biscari de 42 años, civil, dueño o responsable tributario del comercio de repuestos “TC Repuestos”, miembro de la asociación ilícita: condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional; donación de 90 mil pesos a entidades de bien público y pago de 90 mil pesos de multa al MPA. * Andrés Daniel Soto de 41 años, chapista, dueño o responsable tributario del taller “Los Hermanitos”, miembro de la asociación ilícita: condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, la pena fue por integrar la banda criminal, por la defraudación a la administración pública y también por la autoría de los delitos de corrupción de menores agravada (por el vínculo y la guarda) en perjuicio de una niña menor de edad, y tenencia de un arma de guerra sin la debida autorización legal.

Denuncia anónima “La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento anónimo dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio provincial”, recordaron los fiscales.

Audiencia preliminar Luego de la presentación hecha por los fiscales, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá establecer la fecha para la realización de la audiencia preliminar. En ella, las partes debatirán acerca de la acusación presentada y de las evidencias que ofrecerán en un futuro juicio oral y público.