Se comenzará a utilizar en los comicios municipales del año próximo. Alcanza a los tres poderes, entidades del Estado, partidos políticos así como cajas y colegios profesionales. Diputados introdujo modificaciones al texto original del Senado que terminó aceptándolas en la misma jornada. También la Cámara Alta aceptó los retoques al mensaje sobre la norma nacional de Riesgos del Trabajo.

Las restricciones que impone la pandemia impidió barras repletas en la Cámara de Diputados y la movilización de mujeres hacia la Legislatura pero también la presencia en esos lugares de empresarios saludando la sanción de la ley de ART y de dirigentes sindicales a favor y en contra de esa norma. Son tiempos de virtualidad. No obstante, hubo mucho debate interno especialmente sobre el tema paridad que hicieron retrasar la sesión y luego obligaron a un cuarto intermedio para terminar de acordar el texto a votar y que sea acompañado por el Senado.

Es que este jueves la Cámara de Diputados revisó proyectos ya votados por el Senado sobre la adhesión de Santa Fe a los últimos cambios a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y a la ley que instaura la paridad en el sistema electoral e institucional santafesino. Los cambios fueron rápidamente aceptados por la Cámara Alta que terminó sancionando ambas normas. Tres años después, Santa Fe se pone en línea con la ley de ART nacional y también en 2017 se votó la paridad a nivel de elecciones nacionales.

La nueva ley de paridad estuvo en duda hasta el inicio de la sesión por las tensiones entre el reclamo de la Mesa de Mujeres por la Paridad, las diferencias en la letra chica entre los diferentes bloques y además que los cambios sean aceptados por el Senado, cámara que se adelantó al votar meses atrás un proyecto del justicialista Rubén Pirola. En la anterior composición legislativa, Diputados votó dos veces leyes de paridad que terminaron en el cajón del Senado.

“El texto fue negociado a espaldas de la Mesa” denunció Agustina Donnet (Igualdad) al momento de fundar su voto favorable en general pero en disidencia con cuatro artículos. Es que el dictamen conjunto firmado el miércoles por un plenario de dos comisiones sufrió cambios durante un cuarto intermedio para que el Senado lo transforme en ley. Natalia Armas Bellavi (Somos Vida y Familia) cuestionó que la mayoría se haya conformado con lo poco que cedieron los hombres. “Es una ley para la élite, no para los barrios” afirmó. Antes entre las mujeres que fundamentaron el voto estuvo la justicialista Lucila De Ponti quien había aprobado en el Congreso nacional una ley de aplicación para el país.

La ley empezará a entrar en vigencia en los comicios de concejales del año próximo pero recién en 2023 en las elecciones de las diferentes comunas. La norma no alcanza a la fórmula a gobernador y vice y las mayores diferencias marcadas por las mujeres está en la conformación de duetos y no duplas tras las primarias. También cuestionaron que la ley no establezca que las vacancias debe ser por género y no por corrimiento de listas.

Desde todos los bloques políticos hubo largos discursos especialmente de las mujeres que integran el cuerpo. A esa hora, el Senado ya había sancionada la norma y Rubén Pirola decía que “la ley es producto del diálogo parlamentario. De la búsqueda propositiva de los consensos”. Las mujeres reivindicaron la larga lucha por logros desde el voto femenino para acá y no dejaron de cuestionar el machismo político.

En general el proyecto fue votado por todo el arco político excepción de los cuatro integrantes de Somos Vida y Familia que pidió la abstención. En particular, hubo votos negativos a varios artículos pero no cambiaron el dictamen.

Los alcances

El texto establece el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales.

El cambio se suma a los producidos en el sistema electoral santafesino a partir de 1983. En 1988 fue la ley de Lemas y en 1992 llegó el sistema de cupos (un tercio como mínimo de mujeres) que ahora pasa a ser paridad. En el medio, primarias obligatorias para seleccionar candidatos y luego con boleta única.

La paridad deberá estar presentes en listas de pre candidatos y luego de candidatos en diputados provinciales, concejales municipales; comisiones comunales y eventuales elecciones de convencionales constituyentes. En el caso de senadores será para las listas de pre candidatos.

Pero también la ley será para la integración del gabinete y todos los órganos del Estado ya sean sociedades, entes, empresas públicas, etc. Gradualmente llegará al Poder Judicial y en forma inmediata en el Consejo de la Magistratura. Los partidos políticos también deben ir a integración paritaria al igual que consejos, colegios y asociaciones profesionales.

BIOCOMBUSTIBLES

Diputados aceptó un texto del Senado que promueve el uso de biocombustible en lugar de combustibles fósiles en sectores como transporte de cargas, actividad agrícola y logística, obra pública, generación de energía y la administración pública. El proyecto del Senado fue impulsado por Armando Traferri (PJ – San Lorenzo) y en la Cámara Baja por el socialista José Garibay.

ALIVIO PARA EMPRESARIOS

Tres años y medio después, la Legislatura sancionó la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 “Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo”, largamente reclamada por sectores empresariales que cuestionaron la diferencia de costos que tienen con provincias vecinas que rápidamente se pusieron en línea con esa norma.

Este jueves, la Cámara de Diputados juntó 27 votos para votar un dictamen que había elaborado la Comisión de Asuntos Constitucionales tras una larga ronda de consultas que realizó la Comisión de Asuntos Laborales y que habían terminado en tres dictámenes. A la hora de la votación, 8 legisladores pidieron la abstención y otros 8 votaron en contra. Entre las abstenciones estuvieron los justicialistas Leandro Busatto y Ricardo Olivera; todo el bloque de Somos Vida y Familia más Sergio Basile (UCR) y Mónica Peralta (Gen). Lo paradójico es que ninguno de los diputados del oficialismo votó a favor de la norma que impulsó el Poder Ejecutivo.

El Senado enseguida aceptó los cambios de Diputados y dejó sancionada esa adhesión que establece que el convenio entre el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinará que las comisiones médicas jurisdiccionales actuarán en la provincia como instancia prejurisdiccional. Serán ocho las comisiones médicas jurisdiccionales en el territorio y cinco móviles.

El socialista Pablo Farías hizo notar que el cambio votado en 2017 a instancias del gobierno nacional fue continuada por la gestión actual y no dejó de recordar que el propio ministro nacional, Claudio Moroni, vino a la Legislatura a pedir la adhesión. “Es el marco legal vigente, estamos adhiriendo a la ley que cambia el proceso previo a cualquier judicialización” aclaró no dejando de señalar que el anterior Poder Ejecutivo también propició el apoyo. Hizo mención a la diferencia de prima que pagan los empresarios santafesinos por el no acople. “Es una de las pocas cosas en que el Ejecutivo anterior y el actual estuvimos de acuerdo” señaló el ex ministro de Gobierno.

Sectores empresarios ligados a la Federación Industrial de Santa Fe recordaron que los empresarios santafesinos vienen pagando 350 millones mensuales de sobrecostos por la no adhesión.

Ambos temas dominaron los encuentros de últimas horas en bloques y cámaras. Previa a las sesiones de Senado y Diputados, reunión conjunta para votar la sanción a dos fiscales penales.

Con 56 proyectos con tratamiento preferencial, otros 45 ya dictaminados -entre ellos 7 de ley- la Cámara de Diputados abordará esta tarde un amplio temario y dará ingreso a los tres mensajes del Poder Ejecutivo sobre el tema seguridad. En la agenda se destacan la adhesión de Santa Fe a las reformas a la ley de ART y la futura ley de paridad en cargos electivos en provincia, municipios, comunas, así como en partidos políticos, asociaciones y colegios profesionales.

Estos dos proyectos ya fueron aprobados por el Senado y en ambos la decisión mayoritaria de la Cámara de Diputados es la de introducir reformas que obligarán a la vuelta a la Cámara Alta. La receptividad de los cambios por parte del Senado también fue motivo de análisis y el acuerdo parece estar mucho más avanzado en paridad que en ART. La Casa Gris y sectores empresariales están desde hace varias semanas con la expectativa del tratamiento de ART después de innumerables reuniones realizadas en comisiones. El mensaje tiene dictamen y solo resta la decisión política del Frente Progresista de bajarlo al recinto. Será una votación ajustada y sin votos afirmativos por parte de la bancada justicialista que tendrá la abstención de Leandro Busatto, Ricardo Olivera y Luis Rubeo y el voto en rechazo de Lucila De Ponti y Matilde Bruera mientras que Paola Bravo estará ausente por problemas de salud. Los cuatro diputados de izquierda también votarán por el rechazo como así también sectores radicales y del socialismo. No obstante, Frente Progresista, Juntos por el Cambio y algunos legisladores de Somos Vida y Familia conformarían la mayoría.

Los cambios en paridad, en tanto, son fruto de las reuniones con la Mesa de Mujeres por esa ley pero también la búsqueda de que los cambios a introducir al proyecto del Senado sean aceptados por la Cámara de origen y permitan que ya se aplique la norma en la elección del 2021. Precisamente ese es uno de los cambios a introducir en el texto. La vigencia de paridad en las elecciones de concejales, pero postergando hasta 2023 en los comicios de miembros comunales. No prosperaría el reclamo de mujeres para que las fórmulas a gobernador y vice sean mixtas ni la obligatoriedad de reemplazar por sexos ante la renuncia o fallecimiento de un legislador y concejal. Tampoco aceptarían cambiar el sistema de duplas con sistema D’Hont propiciado por Senado.

La paridad regiría para listas de precandidatos/as y candidatos/as para los cargos de diputados provinciales, concejales municipales, miembros de comisiones comunales, candidatos a convencionales constituyentes; precandidatos a senadores: designación de ministros y secretarios de Estado; integración de de cargos según leyes orgánicas o estatutos para el sector público provincial no financiero para empresas, sociedades y otros entes públicos, ya sean empresas públicas, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas del Estado; sociedades de economía mixta: sociedades del Estado, entes interestatales e interjurisdiccionales u otros entes estatales. También para el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura; partidos políticos; consejos, colegios y asociaciones profesionales

El tema paridad no es nuevo en la Legislatura de Santa Fe. Uno de los primeros antecedentes fue el propio presentado en noviembre de 2003 por la entonces diputada radical Alicia Tate que había logrado el acompañamiento en la firma de sus pares radicales, pero también de varias justicialistas y de otros bloques de entonces. El proyecto perdió estado parlamentario dos años después sin avanzar en ninguna de las comisiones. Casi 17 años después, hoy podría ser ley de la provincia para aplicarse desde el año venidero.

DESTINO

Diputados dará ingreso formal esta tarde a los tres mensajes del Ejecutivo sobre Seguridad Pública y los enviará a varias comisiones. Tanto los proyectos de ley de Seguridad como de control del sistema policial y de nueva orgánica de Policía irán -en principio- a cinco comisiones.

Educación

La Comisión de Educación que preside la socialista Claudia Balagué firmó un dictamen de mayoría sobre la futura ley de Educación de la provincia y el tema podría llegar al recinto en la próxima sesión. El dictamen lleva la firma de todos los bloques con la excepción de Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia).

La comisión trabajó en base a tres proyectos originados -en orden cronológico- por Rubén Giustiniani (Igualdad); Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) y Balagué. La base del dictamen es la media sanción de años anteriores de la Cámara más temas de educación virtual.

El Gobierno nacional publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) deberán considerar “presuntivamente una enfermedad de carácter profesional” al coronavirus, y no podrán “rechazar la cobertura”.

Mediante el decreto 367/2020 se dispuso que “la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS- CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional”.

Además, aclara que la resolución incluirá a “las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, mientras que “se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas”.

En ese marco, el DNU precisa que “las (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias”, y deberán “adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias”.

“La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la Comisión Médica Central (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción”, señala uno de los artículos del DNU.

Además, indica que la Comisión Médica Central deberá establecer “la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

La Comisión podrá “invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto”.

A la vez, podrá determinarlo cuando “en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas”.

En el artículo 4 se dispone que se considerará que la enfermedad COVID19 “guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico”.

Según indica el DNU, esta presunción rige para los trabajadores del sector salud “hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas”.

El decreto establecerá las “modalidades requeridas a los efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro”.

El DNU lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros que integran el Gabinete nacional.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señaló hoy que responderán en los casos de denuncias de trabajadores afectados por el coronavirus donde se verifique que la enfermedad se contrajo por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo.

La aclaración surgió dado que el Covid-19 no integra el listado de las enfermedades profesionales. Y como todas las patologías que están fuera del listado deben ser evaluadas por la Comisión Médica Central que determina si la afección o el contagio tuvo relación con el trabajo desempeñado, en cuyo caso debe ser cubierto por la respectiva ART

La nota apunta a echar luz sobre la situación de los trabajadores que hoy están desempeñando tareas esenciales como son enfermeros, médicos, pilotos, colectiveros o trabajadores de aquellos rubros que han sido declarados esenciales por el Gobierno nacional..

El comunicado de la UART recalcó el “compromiso de acompañar a empleadores y trabajadores asegurados” en este contexto y que “las medidas preventivas son primordiales para contener la propagación del virus Covid-19 y disminuir los riesgos de contagio”.

No obstante, la entidad precisó que la atención de todas las personas que puedan resultar afectadas por el virus se encuentra centralizada y coordinada por el Estado y la Salud Pública, en conjunto con los efectores de salud del sector público y privado.

“Estamos frente a una pandemia declarada como tal por la OMS y reconocida por el Estado Nacional, ello hace que se trate de una situación de excepción para todos los sistemas de cobertura de seguros, especialmente para los obligatorios y universales, como define la ley 24.557”, indicó la entidad.

“En este sentido, las ART como operadoras de ese sistema legal se deben ceñir a lo regulado por la norma” continuó y concluyó que tomarán “las medidas necesarias a los fines de responder a las inquietudes de los asegurados, las que se irán adecuando a las normativas que en el futuro se puedan dictar para regular esta particular situación”.