La jueza federal de San Isidro consideró que el pronunciamiento judicial “fue valiente”, habló de una situación de “cuasi anarquía institucional”; qué dijo de la polémica en torno a los chats de jueces filtrados

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, cuestionó este jueves las reacciones oficialistas al fallo contra Cristina Kirchner, y aludió a una doble vara de la vicepresidenta respecto de las medidas judiciales. Afirmó que ella “debe someterse a la sentencia “como cualquier otro ciudadano”

En el programa La trama del poder, conducido por Laura Di Marco, la magistrada cuestionó la defensa que hizo Cristina Kirchner. “No puede ser que se diga que el Poder Judicial es independiente e imparcial cuando a uno lo favorecen o lo sobreseen por el delito de enriquecimiento ilícito, y después no lo es cuando se emite un fallo condenatorio”, enfatizó.

Así, la magistrada aludió a uno de los argumentos de la vicepresidenta, quien ante las acusaciones en el caso Vialidad, había resaltado su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. “Así como uno respeta los fallos del Poder Judicial cuando los beneficia, también debería hacerlo cuando le son adversos”, agregó.

Arroyo Salgado, quien aclaró que no tuvo acceso al expediente, consideró que la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 fue “valiente”. “Emitir un pronunciamiento condenatorio de una vicepresidenta en funciones habla de una independencia del poder vigente”, dijo.

La magistrada comparó esa situación con las estadísticas que marcan la escasa cantidad de fallos condenatorios, en particular sobre aquellos que se encuentran en el poder en el mismo momento en que la tramitación de la causa involucra a funcionarios que se encuentran en el poder.

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En ese sentido, vinculó esa situación con lo ocurrido con la denuncia que realizó en 2015 su exmarido, el fiscal Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“No nos olvidemos de la denuncia de Alberto Nisman y los distintos pronunciamientos que fueron emitiendo a los distintos jueces a los que les tocó intervenir en el trámite de esa denuncia”, expresó. Cristina Kirchner fue sobreseída en causa junto a varios miembros de su gabinete.

Arroyo Salgado señaló que otros jueces al pronunciar un fallo condenatorio de estas características han dispuesto que el cumplimiento de la condena fuera efectiva “con la sola emisión del fallo”.

Dado que la defensa de la vicepresidenta apelará la sentencia, observó que la condena no quedaría firme hasta que se agoten todas las instancias. “Genera en la gente la sensación de que no todos somos iguales ante la ley y la justicia”, aseveró.

En ese sentido, habló de una desconexión de los tres poderes del Estado con respecto a la realidad local. “Lamentablemente estamos viviendo un momento muy complicado en nuestro país. un momento bisagra, una cuasi anarquía institucional, desde los tres poderes del estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial”.

Arroyo Salgado cuestionó, particularmente, que Cristina Kirchner haya hablado de “mafia judicial” y de “Estado paralelo”. “Me parece sumamente grave que quien ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo se manifieste de este modo respecto de otro poder, al que debe respetar y a cuyas decisiones debe someterse”, añadió.

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La polémica de los chats

Arroyo Salgado hizo referencia a la polémica de los supuestos chats filtrados de un grupo de Telegram de jueces, empresarios y de un funcionario porteño respecto de un viaje realizado a Lago Escondido.

La magistrada de San Isidro criticó el rol del Alberto Fernández, al que le reprochó hacerse eco y tomar como base “información obtenida de manera ilegal para exponer medidas de acción” mediante cadena nacional.

No obstante, fue igualmente dura respecto de la controversia abierta a partir del supuesto contenido de esas comunicaciones.

“De ser real, lo que hemos conocido a través de los medios, me parece altamente preocupante, porque sin duda significa un gran desprestigio para el Poder al que pertenezco. Genera la confianza y la falta de credibilidad que todos los ciudadanos tienen respecto del quehacer judicial”, manifestó.

En ese sentido, habló particularmente del juez Julián Ercolini, involucrado en el caso. Se trata, además, del mismo magistrado que investiga la muerte del fiscal Nisman. “Mancha sin duda la investidura del juez Ercolini, quien lleva adelante una investigación como la del magnicidio de Alberto Nisman”, dijo.

Y profundizó: “Hechos como estos, que resaltan un actuar irregular de parte de un magistrado, hace toda su actuación sin duda sea puesta en tela de juicio”

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue apartada por “falta de imparcialidad”, en la causa que tiene como imputado al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como presunto jefe de una asociación ilícita, integrada también por más de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, quienes están acusados de robar cargamentos de droga y extorsionar a narcotraficantes con causas armadas entre 2013 y 2015 , informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal de San Martín, en un fallo en el que hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió por tercera vez (los dos planteos anteriores habían sido rechazados) el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.

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Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan.

“Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso’”, señala el fallo que fue firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández.

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“Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso’” Fallo judicial

De esta manera, la sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza que se aparte del expediente que tiene al fiscal Scapolán como imputado y de “todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones”, y pidió la intervención de la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Federal para que sortee un nuevo magistrado.

Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.

Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada” y que era víctima de una “cacería”.

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

La causa de la imputación

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.

El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.

Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.