Después de sincerarse sobre cómo los comentarios negativos afectaron su salud mental, Coti Romero visitó El Debate del Bailando, luego de debutar en Bailando 2023, donde confesó que la China Suárez la aconsejó sobre cómo lidiar con los comentarios negativos que recibe en las redes y los haters para que no la afecten.

“La China me dijo ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”.

“Un día me crucé en un baño de una fiesta con la China Suárez y ella me decía ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”, reveló la ex Gran Hermano 2022, divertida.

“Cuando le conté al psicólogo me dijo que era así, que trate de reírme”, aseveró la correntina.

Coti Romero contó el consejo que recibió de la China Suárez

“Mi psicólogo me dijo que cuando esté enojada con alguien, trate de hacer un meme en la cabeza y eso es una buena herramienta”, detalló, sobre su método “anti haters”.

Coti Romero dio un llamativo dato que reavivó el rumor de romance con Gastón EdulDenise Dumas manifestó toda su sorpresa. “Miren qué locura que para tapar el odio de los demás y que no entre en tus redes, hay que hacer un meme en la cabeza”, comentó, tentada de risa.

“¡Esa es la imagen de los haters que tiene la China Suárez!”, lanzó.

El Parlamento de Ecuador aprobó hoy con 88 votos avanzar en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos y ahora el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar la destitución.

La solicitud es la de “enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la infracción constitucional de peculado”, señaló el texto, votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional (AN) presentes en la sesión.

La votación se inició pasadas las 14.44 (16.44 de Argentina) y luego de que 20 asambleístas de diferentes bancadas intervinieran y presentaran sus respectivos análisis a favor y en contra de proseguir con la moción, presentada por la mañana por la asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes), una de los interpelantes para la causa, informó el diario El Comercio.

En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, sufragaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.

“Un Presidente caído es un Presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará”, dijo Veloz en su cuenta de Twitter donde compartió un fragmento de su exposición en el hemiciclo.

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Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos, silbidos y gritos de “fuera Lasso” en el pleno del Parlamento, informó la agencia de noticias AFP.

La solicitud de juicio político se basa en una acusación por el delito de peculado que se habría cometido en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.

Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.

La defensa del presidente alega que el contrato en cuestión fue firmado en 2018, dos años antes de que tomara posesión del cargo, en mayo de 2021.

El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se obtuvo en el día de hoy, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o no de la censura y destitución del presidente.

El jefe de Estado podrá ser sancionado de reunirse un mínimo de 92 votos de los 137 integrantes del Parlamento (unicameral) y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.

Según el asambleísta Fernando Cedeño (Unes), la convocatoria debería ser para este lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades de la Asamblea prevista para este domingo 14 de mayo. Y el juicio debería llevarse adelante aun si el presidente Lasso no asiste a la sesión del Pleno.

El bloque oficialista acusó durante la sesión a los partidarios del expresidente Rafael Correa de promover un “golpe de Estado parlamentario” contra el Gobierno de Lasso.

El coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la resolución era “hacer una medición” de las fuerzas de la oposición para la posible destitución de Lasso.

Según Flores, las negociaciones del juicio político se mezclaron con las de la renovación de las autoridades de la Asamblea informó el portal de noticias ecuatoriano Primicias.

Más temprano, el Ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.

“No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado”, pues la comisión parlamentaria de Fiscalización y Control Político -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, aseguró la cartera en su cuenta de Twitter junto a un video con palabras similares del ministro Henry Cucalón.

La comisión de Fiscalización había recibido un informe confeccionado por otra comisión compuesta por asesores de los legisladores y que concluyó que el mandatario no cometió ningún delito.

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“No se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni una relación de causalidad entre los hechos y el funcionario acusado”, señala el borrador del texto, que será discutido mañana por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), según revelaron medios locales.

Así, el sábado la comisión de Fiscalización no alcanzó los 5 votos necesarios, de 9 posibles, para aprobar el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, el cual desestimaba el enjuiciamiento.

Al concluir la votación, Veloz apuntó en Twitter contra el presidente de la comisión: “Las falacias y mañoserías de Villavicencio sucumbieron ante la fuerza del Derecho”.

A las afueras del Palacio Legislativo, la Policía reforzó hoy el dispositivo de seguridad, debido a que el correísmo había convocado a manifestaciones y un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.

Sin embargo, no se produjeron desmanes.

Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.

Con 48 votos afirmativos y 9 negativos, la Cámara alta le dio sanción definitiva a la iniciativa que tiene como objetivo reducir sensiblemente las muertes por siniestralidad vial.

Tras casi 9 horas de sesión, el Senado convirtió hoy en ley por amplia mayoría el demorado proyecto de ley de Alcohol Cero, que prohíbe la conducción de vehículos en cantidades mayores a cero de alcohol en sangre, y que tiene como objetivo reducir sensiblemente las muertes por siniestralidad vial.

Con 48 votos afirmativos y 9 negativos, la Cámara alta le dio sanción definitiva a esta iniciativa que posee un solo artículo (modifica la ley de Tránsito), y que tenía media aprobación de Diputados desde el 24 de noviembre del año pasado.

El oficialismo votó encolumnado a favor del proyecto, a excepción de los dos senadores de San Juan.

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La oposición, en tanto votó dividida. En definitiva, los rechazos vinieron de parte de los senadores mendocinos por la oposición, Alfredo Cornejo y Mariana Juri (UCR-Juntos por el Cambio), y de los sanjuaninos Cristina López Valverde, Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular-Frente de Todos) y Roberto Basualdo (Producción y Trabajo-Juntos por el Cambio).

Se trata de provincias cuyos ingresos dependen fuertemente de la actividad vitivinícola y hubo fuertes lobbys de empresas ligadas al sector por temor a que una ley de estas características haga mermar el consumo de ese tipo de productos.

También votaron en contra de la norma los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo de Angeli (PRO), Julio Martínez (UCR), Juan Carlos Romero (CF) y Dionisio Scarpin (UCR).

El oficialismo había intentado votar Alcohol Cero en la sesión fallida de dos semanas atrás, cuando la oposición dinamitó el quórum en medio de un escándalo, dado que no había podido resolver internamente una postura común sobre la temática.

Esa actitud generó un fuerte rechazo de asociaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito, y de hecho representantes que estaban en los palcos del recinto recriminaron con gritos a los senadores opositores que habían pedido postergar el tratamiento.

A raíz de esas presiones, se pudo acordar ayer en la comisión de Labor Parlamentaria que se incluyera el proyecto en el temario, y los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio consensuaron dar libertad de acción para votar en uno u otro sentido.

La flamante norma introduce una modificación a la Ley 24.449 de Tránsito, incorporando la alcoholemia cero, que reemplaza a la tolerancia de hasta 0,5 gramos que regía de acuerdo a la normativa anterior para conductores de vehículos que no fueran profesionales (en este caso sí aplicaba el paradigma de alcohol cero). En el caso de motociclistas, la ley establecía un tope de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

A partir de la promulgación y reglamentación de la nueva ley, quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional.

En la actualidad son 13 las provincias que ya tenían legislación de alcohol cero, a lo cual se sumaban varios municipios.

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Las exposiciones

La oficialista María Teresa González señaló que “este proyecto de alcohol cero tiene un solo artículo pero cambia el presente y el futuro de miles de familias”.

Para la formoseña, “marca un antes y un después y es un paso muy importante pero no es el ultimo, es el inicio de un gran cambio cultural que necesitamos”.

También a favor de la medida, el senador jujeño de la UCR Mario Fiad destacó que su provincia “fue una de las primeras en implementar la tolerancia cero de alcohol al volante” y “después de 4 años desde su implementación, las estadísticas han registrado un 75% menos de decesos”.

Con una posición diametralmente opuesta, la mendocina de la UCR Mariana Juri alertó que con la sanción de la alcoholemia cero se estaba atentando contra las fuentes laborales de miles de argentinos”.

“Lamento que se esté perdiendo una gran oportunidad para evitar muertes y, además, estemos atentando contra las fuentes laborales de miles de argentinos. Este proyecto de alcohol cero no toma ninguna recomendación de especialistas para bajar la siniestralidad”, afirmó la senadora opositora.

A su turno, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) relató las presiones (infructuosas) que recibió de parte de empresarios vitivinícolas de su provincia para que no apoyara la ley.

“Mi provincia tiene una economía regional importante, la vitivinícola, y recibí mensajes de que yo estoy apoyando una ley que va en contra del trabajo de los riojanos. No es así, queremos limitar el consumo del alcohol al volante: ese es el mensaje de esta ley”, aseguró.

El salteño Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio) fundamentó su postura contraria a la ley al sostener que no existen “estadísticas favorables” en las provincias donde ya se implementa el Alcohol Cero.

“Desde que se empezó con la tolerancia cero no veo estadísticas favorables porque faltó todo el complemento, Argentina tiene una cifra de 6.000 victimas fatales por año en siniestros viales, de las 10 provincias con mas victimas fatales en 5 hay alcohol cero”, señaló.

Por su parte, el jefe del flamante bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, apoyó la iniciativa aunque aclaró que lo hacía con algunas disidencias parciales, e hizo hincapié en que de ninguna manera esta norma tenía que significar que “se desligue a las compañías de seguro de la responsabilidad que tienen frente a un tercero damnificado” al momento de la reparación por siniestros viales.

“No quiero que por la premura y la falta de debate se deje en desamparo a las víctimas”, expresó el jujeño.

También a favor de la iniciativa, el presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, indicó que junto a un sector de su bancada iba a acompañar como “mensaje ejemplificador” aunque aclaró que la medida no era suficiente.

“Llegamos a estas circunstancias de tener que aprobar esta ley de alcohol cero al volante porque el Estado desertó en sus obligaciones”, advirtió sobre la falta de controles en las rutas.

Por su lado, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, fue la voz cantante de la postura en contra del Alcohol Cero, y aclaró que “acá no se trata de que hay algunos insensibles ante las muertes por accidentes de transito y otros sensibles”.

“Acá queremos racionalidad para que los controles existan y de esa manera sí queremos reducir sensiblemente la alta tasa de siniestralidad que tiene la Argentina”, explicó.

Según dijo el mendocino, que quiere volver a ser gobernador de su provincia, “el argumento de que esto resuelve el problema se cae por su propio peso”.

“Un solo artículo en la ley de tránsito no lo resuelve, los argumentos deben ser con estricta racionalidad y con evidencias técnicas que los avalen”, agregó el radical.

El cierre estuvo a cargo de la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, quien hizo una ferviente defensa de la ley de Alcohol Cero y lamentó que algunos de sus pares hayan sido permeables a los “lobbys” de sectores vitivinícolas.

“Soy respetuosa de todas las opiniones, pero no puedo aceptar en silencio escuchar que esta ley es demagógica, cuando quienes dicen eso han construido toda su carrera política con demagogia punitiva. A través de esta ley se impulsa un cambio cultural”, enfatizó la mendocina kirchnerista.

Se trata de un plan escalonado, y recién en mayo de 2028 se llegará a la meta establecida por la nueva normativa

El Congreso de Chile aprobó este martes la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, por lo que se convertirá en el país latinoamericano con menor carga, junto a Ecuador.

El proyecto fue analizado y aprobado en la Cámara de Diputados, luego de haberse aceptado en el Senado, por lo que ahora solo resta que el gobierno de Gabriel Boric promulgue la ley, posiblemente a partir del 1° de Mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador a nivel internacional.

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La propuesta, que se aplicará únicamente en el ámbito privado, consiste en un plan escalonado de cinco años de duración. Por lo tanto, en mayo de 2026 la jornada laboral bajará a 42 horas y en mayo de 2028 a 40 horas, el tiempo recomendado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Además, la ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, a diferencia de la legislación actual, que establece a un mínimo de cinco días.

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La iniciativa fue una propuesta motorizada desde antes de la campaña electoral por el Partido Comunista, parte central de la alianza en el poder. Sin embargo, la oposición -que tenía algunos reparos- acompañó en pleno.

Luego de la aprobación, Chile quedó alineado con la mayoría de los otros 38 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde también está vigente la semana laboral de 40 horas. Las únicas excepciones son Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia y Países Bajos, donde se trabaja menos de 40 horas, y Alemania, Colombia, Costa Rica, Irlanda, Israel, México, Reino Unido, Suiza y Turquía.

La iniciativa tuvo 214 votos a favor y 4 abstenciones, todas del Frente de Izquierda. Su implementación tendrá un costo fiscal anual que rondará los $7.500 millones

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Su objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco. Obtuvo 214 votos a favor -del oficialismo y la oposición- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.

La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, PRO, UCR y Socialismo- había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

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La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Siguiendo las experiencias de estas provincias, tanto oficialistas como opositores señalaron que el tiempo de trámite de las causas podría reducirse a la mitad.

Al inicio del debate, el oficialista Roberto Mirabella señaló que en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de drogas de todo el país, al tiempo que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional. El 80% de los asesinatos se relaciona con ajustes de cuentas entre bandas.

“Esto no va a estar en marcha mañana, pero es un gesto político importante. Estamos dando un paso importante para enfrentar la narcocriminalidad”, concluyó.

La importancia que la provincia atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.

El mandatario provincial también instó a los futuros candidatos presidenciales a “unificar una política común” para enfrentar el narcotráfico. “Fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, detalló.

Uno de los impulsores de la norma sancionada fue el diputado Eduardo Toniolli, representante de la provincia de Santa Fe en la Cámara Baja e integrante del bloque Frente de Todos. “A Rosario la sacamos adelante entre todos, no haciendo turismo político o shows mediáticos”, disparó el santafesino.

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“En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos como el lavado de activos o el narcotráfico han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento”, explicó Toniolli.

Desde Juntos por el Cambio, que dejó de lado la estrategia de bloqueo y dio quórum, concentraron las críticas en la inacción del gobierno nacional y, particularmente, en la demora de la vicepresidenta Cristina Kirchner en constituir la comisión bicameral encargada de implementar el sistema acusatorio en Santa Fe y Mendoza.

“Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi, decidieron avanzar”, chicaneó el diputado del PRO, Federico Angelini.

A su vez, reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas de corto plazo como, por ejemplo, restablecer la inteligencia penitenciaria, volver a los pabellones de presos de alto perfil, saturar las zonas calientes con fuerzas federales. “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes”, concluyó.

Por su parte, el socialista Enrique Estévez también apuntó contra la Vicepresidenta por frenar la designación de jueces y fiscales. “En la vieja estructura hay un 33% de cargos vacantes. No tenemos Procurador General de la Nación, lo mismo con el Defensor del Pueblo y un miembro de la Corte Suprema”, enumeró.

Diputados del Frente de Todos cuestionaron a la oposición por su oportunismo político. “Hipocresía es tirar este proyecto dentro de la grieta”, contestó Leonardo Grosso ante las críticas de la oposición.

En la misma línea, el camporista Marcos Cleri aseguró que “con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”.

“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que “algo hay que hacer”, agregó Toniolli.

También reclamaron por las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas durante el gobierno de Cambiemos, que son utilizadas por los narcotraficantes para lavar el dinero que obtienen con la venta de droga.

“Una investigación de la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe demostró que un entramado de 40 SAS permitió lavar $1.200 millones por parte de la banda de Los Monos”, detalló Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición sospecha que será “freezado” por el kirchnerismo.

Se trata de una iniciativa del diputado nacional José Luis Gioja que busca que la fecha conmemorativa deje de ser trasladable.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley por el que se establece que el feriado nacional del 17 de agosto, por la muerte de José de San Martín, no sea trasladable y se tenga que ser efectivo ese mismo día.

La iniciativa del diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja (Frente de Todos) fue aprobada por 205 contra 2 que correspondieron a los legisladores de la bancada de la Libertad Avanza, que conduce Javier Milei.

Diputados buscará convertir en ley el proyecto de Alcohol Cero al volante

Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de alcohol cero para conducir

La iniciativa fue aprobada en el último tramo de una sesión especial pero sin debate ya que tenia un amplio consenso político.

El ex gobernador sanjuanino busca con este proyecto que la fecha conmemorativa no sea trasladada a los lunes anteriores o siguientes, según caiga en martes y miércoles o jueves y viernes, respectivamente.

Por amplia mayoría, el oficialismo logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2023

Qué otros feriados son inamovibles

De aprobarse el proyecto, el feriado del 17 de agosto alcanzaría el rango de inamovible que ya ostentan:

Por otra parte, continuarán como feriados trasladables: el 17 de junio, fallecimiento del General Güemes; el 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural y el 20 de noviembre, día de la soberanía nacional.

En tanto se mantiene como día no laborable el Jueves Santo; mientras que el calendario contempla los tres feriados con fines turísticos dispuestos cada año por el Poder Ejecutivo.

Como parte de la línea de crédito destinado a la descarbonización energética, se aprobó una primera operación de US$200 millones del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó este miércoles la aprobación de una línea de crédito para la Argentina por un monto total de US$1.140 millones con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable, que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.

Como parte de la línea de crédito se aprobó una primera operación de US$200 millones del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), precisó la entidad multilateral en un comunicado.

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Esta línea permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional III, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país.

Estas obras son de particular relevancia para integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad, señalaron desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica

En su mayoría se trata de la construcción de líneas de 132kv y estaciones transformadoras, con un fuerte eje en el federalismo, para lo que está prevista una obra por provincia, que fueron definidas en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, donde están representados los gobiernos provinciales.

Las obras promoverán el trabajo argentino tanto directo como para la fabricación de insumos nacionales.

Si bien durante la gestión anterior hubo un impulso a la generación renovable, al no realizar inversiones en transporte, las redes se saturaron al punto de no resultar posible incorporar nueva potencia de ese tipo, que en su mayoría está ubicada en regiones alejadas de los grandes centros de consumo.

El préstamo del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos).

Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica.

La aprobación del préstamo fue dada a conocer luego de que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sostuviera -en una columna de opinión- que no podía “aprobar automáticamente y sin estudio previos” el otorgamiento de fondos a la Argentina

Dentro de las inversiones a realizar se encuentran obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país.

Al respecto, el BID señaló que “se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el trasporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel”.

Esas inversiones, añadió, “permitirán la mejora de la calidad y la confiablidad del servicio para la atención de nueva demanda derivada del crecimiento tendencial y de una mayor electrificación del consumo energético, habilitando un mayor desarrollo productivo en las provincias”.

El préstamo del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos)

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Como parte del diseño de cada una de las intervenciones se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático. Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.

La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector, que en la actualidad es menor al 20%, y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.

La aprobación del préstamo fue dada a conocer luego de que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sostuviera -en una columna de opinión- que no podía “aprobar automáticamente y sin estudio previos” el otorgamiento de fondos a la Argentina.