La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva impuesta a la pareja imputada por el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado en septiembre.

La jueza Martha Feijoó presidió la audiencia realizada el lunes, solicitada por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes pretendían conseguir la excarcelación de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

Ambos fueron imputados por el fiscal Alejandro Benítez como coautores del “homicidio triplemente agravado” de Strada. Ante la Alzada, el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y pidió que las prisiones preventivas fueran confirmadas.

En la misma línea estuvo el planteo del Dr. Iván Carrión, que representó a Víctor Strada, el padre de la víctima, quien se constituyó como querellante en la causa y participó de la audiencia. Ante la jueza, manifestó que teme por su familia, que “si les da la libertad a los imputados pueden irse y no van a llegar a juicio” y exigió: “Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Los argumentos de las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) giraron en torno a las agravantes del delito imputado, el principio de inocencia y los riesgos procesales.

Señalaron que, a su entender, cuando el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva no respetó la excepcionalidad del encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que para ellas no existirían riesgos procesales.

Otro de los agravios de la apelación se enfocó en el agravante “criminis causa”, ya que para las defensoras no se logró acreditar que Tacundo y Roberts hubieran amenazado a Strada con un cuchillo para exigirle dinero. Por ende, no se podría probar que el motivo del crimen fuera el ocultamiento del delito previo.

Balanda sostuvo que Tacundo vive en Laguna Paiva, por lo que su libertad no supondría riesgos para la familia de la víctima, que reside en otra localidad. Lo mismo planteó Estrada sobre Roberts. Por eso, solicitaron la libertad bajo medidas alternativas. Subsidiariamente, Balanda propuso la aplicación de la prisión domiciliaria.

A su turno, Arietti defendió la resolución de Szeifert, detalló los pormenores del caso y recordó que hay registros fílmicos de los imputados llevando a la víctima en moto, entre ellos dos, hasta el lugar del crimen y luego regresando solos.

El querellante Carrión sostuvo que a Strada lo mataron porque no pudo darles más dinero, y para ocultar la extorsión. Para él, los riesgos procesales existentes son “altísimos”, y en esa línea indicó que “si estando libres hicieron lo que hicieron para ocultar el hecho, sabiendo Tacundo dónde vive la familia de Strada, sería capaz de ir allí”, lo que supondría un gran riesgo para la familia.

La camarista Feijoó analizó los agravios defensivos y decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, que continuarán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.

El Tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros imputados en la llamada “causa Vialidad” dará a conocer hoy los fundamentos de su veredicto y se abrirá la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 notificará por la mañana los fundamentos de su sentencia a las partes, en un trámite que no será presencial, sino que se incorporará el escrito a la causa judicial informatizada, explicaron fuentes judiciales.

Desde ese momento se abrirá el plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.

Pero como fija la ley, ahora difundirán los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación.

Pero a partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones.

Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.

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Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.

Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y “lawfare” por parte del Poder Judicial.

En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

En cuanto a la Vicepresidenta, opinaron que tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal” plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.

Días antes, al hacer uso de sus “últimas palabras” ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría “ya está escrita” por el “partido judicial”.

En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Los tres jueces como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.

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Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.

En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.

Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.

Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Lázaro Báez, dueño de la empresa “Austral Construcciones”, recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.

También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.

Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.

El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señala el comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias.

ARA San Juan: sobreseyeron a Macri en la causa por el espionaje ilegal a familiares

La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó este viernes su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje, y calificó la decisión como un “golpe judicial”.

Macri fue procesado por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

Y agregan: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional”.

“Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos”.

El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, calificó como “grotesco” el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, y adelantó que apelará la decisión dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una resolución sustentada sólo en lo que dice la defensa de Macri, desconociendo toda la prueba. Se trata de un fallo con características grotescas”, señaló Tagliapietra

“Haremos el camino que nos toque hacer y apelaremos este fallo ante Cámara de Casación y a la Corte Suprema”, apuntó Tagliapietra, quien representa en esta causa a 11 familiares de los marinos del sumergible, hundido en noviembre de 2017.

En este sentido, el letrado señaló que durante todo el expediente se “recolectó mucha prueba” en torno al espionaje ilegal que se llevó a cabo sobre los familiares, y consideró que, pese a eso, el fallo en vez de requerir que se “continúe investigando” dio un sobreseimiento para todos los implicados.

“Hubo seguimientos personales, fotografías, videos, escuchas acerca de qué le íbamos a plantear al Presidente antes de una reunión. La resolución está desajustada a derecho. Desconoce toda la prueba del expediente”, remarcó.

A su vez, el abogado querellante coincidió con el ministro de Justicia, Martín Soria, quien resaltó que al expresidente Macri “no lo sobresee la Justicia” sino que “lo salvan sus amigos”.

“No hay ninguna duda. Adulo esta aseveración del ministro, es grotesca la decisión”, recalcó Tagliapietra.

El abogado querellante hizo hincapié además en el hecho que la notificación del fallo la recibieron “justo” el último día antes de comenzar la feria judicial.

“Esto pinta de cuerpo entero lo que es la actuación de estos jueces”, indicó.

Por su parte, Isabel Polo, la hermana del tripulante del submarino ARA San Juan y cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, indicó sentir “bronca y decepción” tras el sobreseimiento del expresidente.

“Confirmo que la justicia existe solo para algunas personas, y no precisamente para los pobres. Siento una profunda mezcla de bronca y decepción. Era lógico que estos jueces iba a favorecer a Macri, son sus amigos. De todos modos, vamos a apelar, esto no puede quedar impune”, puntualizó.

La querella que representa a algunas de las familias que denunciaron al docente Juan T. del jardín Ceferino Namuncurá apelaron al beneficio que recibió de la justicia.

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La presentación se realizó el martes último en contra de la libertad bajo fianza que el profesor consiguió ante el juez Jorge Patrizi, al comprometer un pago de 20 millones de pesos.

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Vale recodar que en diálogo con LT9, la abogada querellante Carolina Walker Torres había tildado la decisión del magistrado de “clasista”.

“Si el juez enumera los motivos por los cuales considera que no hay riesgo procesal, por qué cautela ese proceso en 20.000.000 de pesos. ¿Existe o no existe la peligrosidad procesal? Además, en un mismo caso, una persona que no tiene recursos económicos no podría recuperar su libertad. Eso transforma a la resolución en clasista”, había manifestado Walker.

Ahora la disposición debe ser resulta en un plazo perentorio.

La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto al mundo en altos y se han presentado distintas medidas que van desde lo político y económico, principalmente, pero también desde lo sanitario con paquetes enviados desde la ONU y los mensajes de la OMS en cuanto a la preocupación por garantizar el acceso a cuidados de todas las víctimas.

En otros ámbitos, los bloqueos llegan al deporte en donde los distintos entes internacionales tomaron la postura de expulsar a clubes y selecciones rusas de todas las competencias y esto incluye el repechaje pensando en el Mundial de Qatar 2022, lo que sería el momento más destacado para dicho deporte.

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En este sentido, Rusia no se quedó de brazos cruzados, y este jueves por la mañana presentó un comunicado oficial desde la Federación (RFS) en donde anticipa que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la decisión de la FIFA e intentará apelar dicha postura para continuar en la actividad deportiva futbolística.

Previo a informarse su salida del repechaje, el conjunto euroasiático debía enfrentar a Polonia como local, en un partido que estába fijado para el 24 de marzo. Desde que se desató la invación a Ucrania, los jugadores polacos se expresaron en contra de jugarlo en territorio ruso, primero, y luego escaló en el pedido de la suspensión.

Mientras se espera una confirmación del TAS, Rusia afirmó en su comunicado oficial que la medida aplicará a todos sus equipos, incluyendo masculinos y femeninos, para que retornen a los torneos correspondientes y le solicitará un “proceso acelerado” al Tribunal con el apremio de las fechas.

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Por otro lado, ratificando la salida de Rusia de FIFA y UEFA, en la Cumbre FT Business of Football el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, se expresó. “¿Cuándo podrá Rusia volver a entrar en el fútbol europeo? Ahora mismo es imposible decirlo. Nuestra decisión fue la única correcta, vino por unanimidad del Comité Ejecutivo, pero es imposible decir qué pasará mañana”, cerró.

La Corte Suprema de Justicia de Chile revocó la libertad que se le había concedido al líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.

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Estaba en libertad condicional y el gobierno de Chile había apelado esa decisión, que había tomado el Tribunal de Apelaciones de Temuco.

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Jones Huala, condenado en 2013 a nueve años por un atentado contra una familia mapuche en Los Ríos, había recibido el beneficio de la libertad condicional hace menos de un mes. Había iniciado los trámites para volver a la Argentina.

Ayer, el activista mapuche había despedido a las abogadas que lo representaban ante el máximo tribunal chileno. “Venimos a renunciar al patrocinio y poder que nos fue conferido en esa causa por don Francisco Facundo Jones Huala”, escribieron ambas abogadas en una comunicación a la Corte Suprema de Justicia de Chile, según publicó el diario Río Negro.

El Ministerio de Ambiente presentó una apelación al fallo del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que está a cargo del juez Santiago Martín. Días atrás se había frando la exploración offshore en bloque CAM 1 en el mar, que se prevé a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

En el nuevo marco frente a la exploración offshore, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “el Gobierno ha apelado este fallo por dos razones centrales: sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en para las ciudades costeras”.

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Además, el funcionario agregó que “el fallo que esta apelando la apoderada del Ministerio de Ambiente, ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción Offshore y que aplicarán en estos proyectos”.

En esta línea frente a la explotación petrolera en el mar y las consecuencias ambientales que podría conllevar, Martínez explicó que “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.

En los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, indicaron desde el Poder Ejecutivo.

Para defender su postura ante las organizaciones ambientales que se posicionan en contra del proyecto de explotación en los mares, Martínez mencionó que “esta actividad y sus operaciones se desarrollarán a mas de 300 km de distancia mar adentro de la costa atlántica, por lo cual, además de la utilización de estrictos protocolos de seguridad y protección ambiental en las operaciones, garantizan que no existirá contaminación visual alguna”.

El juez Santiago Martín quedó inmerso en cuestionamientos públicos luego de que se revele una foto en la que, tras el fallo que frenó la explotación offshore, se lo ve junto al constitucionalista Daniel Sabsay y el abogado ambientalista José Esain, que actuó en el Estudio de Impacto Ambiental oficial en beneficio de empresas pesqueras, las cuales solicitaron paralizar la actividad hidrocarburífera.

A raíz de la foto, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al Juez actuante por manifiesta vinculación con principales actores que promueven la cautelar que frenó el proyecto offshore.

El ex presidente Mauricio Macri apeló el procesamiento en su contra por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, volvió a recusar al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, e insistió en que el expediente debe aterrizar en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. 

Pero además, sugirió que no fue el juez Bava quien escribió el auto de procesamiento sino una tercera persona, a la que no identificó pero calificó como “ghostwritter” (escritor fantasma).

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Sin mencionarlo, el escrito parece aludir al ex juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, hoy a cargo del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, ya que la estructura que lo acompañaba antes de la mudanza permanece intacta en el juzgado. El abogado Pablo Lanusse embistió nuevamente contra el juez Bava,  a quien descalificó por “su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento” y por la “falta de fundamentación” del procesamiento.

El letrado atacó al procesamiento porque –según su opinión- fue “parcial, sesgado, tergiversado y acomodaticio”. Según Lanusse, el juez Bava actuó movido por “prejuicios” y por una intención electoralista, pues produjo el llamado a indagatoria en pleno desarrollo del proceso de renovación parlamentaria.

Macri afirmó, a través de su abogado, que no ordenó ni utilizó informes de inteligencia ilegal producidos ni sobre familiares de víctimas del submarino hundido, ni en ningún otro caso. La acusación, en ese contexto, fue producto de  “una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad” del ex presidente en el espionaje ilegal.

La resolución –añadió el escrito de apelación- estuvo “marcada por un designio ideológico impropio de un auto jurisdiccional -más próximo a una mediocre arenga de barricada que de una decisión proveniente de un Juez de la Constitución Nacional-, que viola el principio de legalidad, de culpabilidad, de personalidad”.

Macri fue procesado por espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan

“Resulta tan repulsiva y estremecedora la barbaridad que se conjetura (…) que clama por su urgente e inmediata corrección para volver a colocar a la búsqueda de la verdad en el fiel de su balanza destruido por la parcialidad y ausencia de independencia del juez Bava”, resume el texto. La apelación será elevada a la Cámara Federal de Mar del Plata, que deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento contra el ex presidente Macri.