Amnistía Internacional (AI) se suma a las organizaciones israelíes, como B’Tselem, e internacionales, como Human Rights Watch, que califican a Israel como Estado de apartheid por su trato discriminatorio a la población palestina bajo su control mediante un “sistema de opresión y dominación”.

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Estas acusaciones, contenidas en un informe presentado este martes en Jerusalén por la secretaria general de AI, Agnès Callamard, desataron el lunes una ofensiva preventiva del Ministerio de Exteriores israelí, que las tachó de “falsas” y basadas en el “antisemitismo”.

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En el informe de 182 páginas El apartheid israelí contra la población palestina, Amnistía documenta que “confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y negación de la nacionalidad y la ciudadanía son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid (…) con violaciones de derechos que, constituyen un crimen de lesa humanidad, según la definición del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI)”. AI pide al TPI que incluya el delito de apartheid en sus investigaciones en curso y reclama a los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para juzgar a los responsables.

El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, pidió el lunes en un vídeo que no se difundiera el informe de AI, organización que calificó de “radical”. Su departamento afirmó que el documento “niega el derecho a existir de Israel como Estado nación del pueblo judío con un lenguaje que le demoniza y que echa leña al fuego del antisemitismo”.

La inusual reacción previa del jefe de la diplomacia israelí pone de relieve la preocupación de su Gobierno ante el creciente coro de voces en la esfera internacional que definen como apartheid la discriminación sufrida por los palestinos. La ofensiva diplomática se produce también después de que la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, abriese en marzo del año pasado una investigación por crímenes de guerra en Palestina.

“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón (Cisjordania) o en la propia Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”, ha asegurado la secretaria general de Amnistía en un comunicado. “Las políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen apartheid”, concluye Callamard.

AI señala que su informe es fruto de más de cuatro años de investigaciones de las 70 secciones de la organización en todo el mundo, que suman 10 millones de miembros. “Hubiésemos deseado un intercambio de información con el ministro de Exteriores israelí, pero nos pusimos en contacto con él en octubre y aún no nos ha contestado”, declaró el lunes a France Presse la responsable de AI. “Criticar las políticas del Estado de Israel no es antisemitismo, que es algo que nosotros denunciamos en todo el mundo”, puntualizó Callamard.

Amnistía Internacional asegura haber documentado actos prohibidos en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma en todas las zonas bajo control de Israel, aunque reconoce que se cometen con más frecuencia y violencia en los territorios ocupados desde hace más de medio siglo. “Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como draconianas restricciones a la circulación (…) traslados forzosos, detenciones administrativas (indefinidas y sin cargos), torturas y homicidios ilegítimos”, resume un comunicado sobre el informe, que hace hincapié en la muerte de más de dos centenares de palestinos a manos de francotiradores del Ejército israelí en las manifestaciones de 2018 y 2019 en la frontera de Gaza.

Las restricciones obligadas en todo el mundo por la pandemia de coronavirus generaron “preocupantes repercusiones en el acceso a la asistencia legal y en el derecho a un juicio justo” en muchos países, que mantuvieron las ejecuciones de personas durante el 2020, aunque se registró una tendencia hacia la baja del uso de la pena capital.

El documento deja en claro que no se tienen estadísticas de China, aunque se estima que sus penas de muerte son miles. Se sabe, sí, que ejecutó al menos a un hombre como castigo por delitos relacionados a las medidas de prevención de la Covid-19.

Estados Unidos, en tanto, fue el único país de América donde hubo ejecuciones en 2020, aplicada a 17 personas y reanudada a nivel federal después de un paréntesis de 17 años, con la alarmante cifra de 10 en menos de seis meses.

“La crueldad de ciertos Estados queda expuesta en el marco de un enorme esfuerzo colectivo por proteger la vida de las personas de un virus que ya mató a casi 3 millones en el mundo. La pena de muerte es un castigo intolerable”, advirtió la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.

El informe detalla que Irán, con 246; Egipto, con 107; Irak, con 45; y Arabia Saudita, son 27 fueron los países que más ejecuciones realizaron.

Señala el texto, además, que aunque “el derecho y las normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional”, China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam la usaron para delitos vinculados a drogas; China y Vietnam a la corrupción; y Pakistán por blasfemia.

Los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo 2020 fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.

Advierte también Amnistía que en Maldivas se mantiene la condena sobre 5 personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Aún con la salvedad del faltante de datos en varios países, Amnistía destacó que el número de 483 personas ejecutadas en 2020, “por escalofriante que resulte” representa el la cifra más baja en al menos una década y marca una disminución del 26% respecto a 2019, y del 70% desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015.

A la baja de casos en Arabia Saudita e Irak se suma que no se registraron ejecuciones en Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán, Singapur y Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019.

La organización alertó igualmente que las disminuciones registradas en varias zonas “parecerían estar relacionadas con retrasos de los procedimientos judiciales, debidos a la pandemia”.

En contraste, AI puso de relieve que Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a hacerlo y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la anularon en la ley o en la práctica, reseñó.

“Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”, anticipó Belski.

En el continente, además de los casos de Estados Unidos, únicamente Trinidad y Tobago impuso condenas a muerte en 2020.

La pandemia de coronavirus sirvió en algunos países para recortar derechos y libertades y para que sus líderes afiancen su poder, además de agravar las desigualdades entre las naciones, advirtió este martes la nueva titular de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard.

“La pandemia reveló con toda crudeza y agravó las desigualdades existentes entre los países y dentro de las fronteras nacionales ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad”, lamentó la dirigente, que trazó un cuadro severo con “un mundo sumido en el caos” y sistemas sociales, económicos y políticos “desmoronados”.

Para la jefa de AI, algunos gobernantes “han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado” y hay incluso quienes vieron en la pandemia una “oportunidad” para “afianzar su poder”.

La referente francesa citó los casos de Hungría, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán como ejemplos de países en los que se adoptaron medidas que restringen libertades, entre ellas las de cuestionar a los gobiernos.

También mencionó casos de violencia policial en Filipinas, Nigeria o Brasil, país este último en el que los abusos de las fuerzas de seguridad habrían aumentado durante la emergencia sanitaria al punto que AI estima que la Policía mató entre enero y junio de 2020 a una media de 17 personas por día, lo que da un total de más de 3.100 en total.

Para otros líderes, como el indio Narendra Modi o el chino Xi Jinping, la pandemia fue una oportunidad para desviar la atención de otras medidas controvertidas, como el allanamiento de viviendas y oficinas en el caso de India o la represión a la minoría musulmana en Xinjiang y la aprobación de leyes “abusivas” en Hong Kong en el caso de China.

El aumento de la represión, según el informe, generó también nuevos movimientos de protesta, ejemplo de la decepción de ciertas sociedades o colectivos.

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cambios”, destacó Callamard, que enumeró los casos de EEUU, Chile, Hong Kong, Irak y Polonia, donde se dieron fuertes movilizaciones en favor de los derechos humanos.

Callamard hizo un llamado a la comunidad internacional al reseñar que instituciones como el Tribunal Penal Internacional (TPI) y los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU “están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o Estados”, reportó la agencia Europa Press.

“Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas”, se quejó la secretaria de Amnistía, que advirtió sobre un creciente nacionalismo.

Como ejemplo de esa actitud, Amnistía expuso el acaparamiento de vacunas por parte de países ricos, a los que recriminó además que no presionaran a las farmacéuticas para compartir conocimientos y tecnología.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, concluyó la francesa.

La organización denunció que se violan los derechos humanos en esa provincia. Ayer, el Jefe de Gabinete convocó a su despacho a funcionarios formoseños.

“Hablaré con todos por la situación que se está viviendo en Formosa”, confirmó a sus allegado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y pidió que le organicen una reunión con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional Argentina, que denunció que en esa provincia se estaban violando los derechos humanos en los centros de aislamiento por coronavirus, incluso antes, al tener cerradas las fronteras por 9 meses para los formoseños que querían volver a su provincia.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron el encuentro que se está desarrollando en estos momentos en el despacho de Cafiero con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y su directora adjunta, Paola García Rey. Pietragalla y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos, acompañan al Jefe de Gabinete en el encuentro.

Amnistía Internacional alertó por la violación de los DDHH en Formosa

Ayer mismo, Cafiero encabezó una reunión de trabajo con autoridades nacionales y provinciales para diseñar un nuevo abordaje sanitario y epidemiológico, así como “intercambiar información con respecto a las denuncias referidas al abuso y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que, en el cumplimiento del aislamiento vigente en dicha provincia, constituyan actos de violencia institucional”.

El Jefe de Gabinete estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Por el lado de Formosa, estuvieron el vicegobernador, Eber Solís y el poderoso ministro de Gobierno, Jorge González, además una representante de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Rodríguez.

Pietragalla defendió a Gildo Insfrán y manifestó que las denuncias en Formosa “son casi un chiste”

El Gobierno defendió la actuación del Secretario de Derechos Humanos en la provincia al expresar que “en su visita se entrevistó con las autoridades locales, las organizaciones sociales, dirigentes y referentes de la oposición política y representantes de la sociedad civil”, según informó.

Entre las intervenciones, banderas y carteles creados por quienes se manifestaron a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el martes por la noche, impactó una particular iniciativa. Bajo el lema “adiós a las perchas”, los ganchos luminosos, de color verde, coparon un sector de la plaza y captaron la atención de los presentes, y también en las redes.

La campaña llamó la atención en la plaza. (Foto: Télam).

El texto remarcó que las perchas “son símbolos asociados a las prácticas de abortos inseguros con las que muchas mujeres arriesgan su vida en la clandestinidad”. Por ese motivo, el lema “adiós a las perchas” se mantuvo desde el inicio de la campaña en 2015 y fue utilizado también hace dos años, cuando se trató el primer proyecto en el Congreso.

“Los senadores deben saldar una deuda histórica que tiene Argentina con las mujeres, niñas, y personas con capacidad de gestar”, indicó Amnistía antes de que iniciara el debate. “Además de tratarse de una cuestión sanitaria, el acceso al aborto en condiciones de seguridad es esencial para la realización integral de los derechos humanos y el logro de la justicia de género, social, reproductiva y económica”, agregó el comunicado.

✊ Es hora de decir ADIÓS a los abortos clandestinos.

? Hay mucha emoción y gran expectativa en los alrededores del Congreso.

¡La marea verde pide #AbortoLegal2020!#EsAhoraSenado ? pic.twitter.com/xsL6R1ULbs

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) December 30, 2020

En esa línea, el texto agregó que el Congreso tenía “una nueva oportunidad de honrar los compromisos internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos y que son parte de su Constitución Nacional”.

“No podemos seguir esperando, el aborto debe ser legal en 2020”, había remarcado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El Estado debe sumar al país a los que ya dijeron ‘Adiós’ al aborto inseguro”, agregó.

Hacia la noche, la zona de los “verdes” de la plaza del Congreso se iluminó por las perchas y las imágenes recorrieron las redes sociales rápidamente.

La votación, que se concretó a las 4.12 de la madrugada de este miércoles, terminó con 38 votos a favor, 29 en contra, 4 ausencias y 1 abstención.

Con el apoyo de los cinco legisladores que hasta último momento estaban dentro del grupo de los indefinidos, lograron sacar una diferencia en el poroteo de votos.

De esta manera, el aborto pasa a ser legal en la Argentina y se puede implementar hasta la semana 14 de gestación por decisión de la mujer.

La iniciativa, que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, llegó al Senado desde Diputados, que le dio media sanción el pasado 11 de diciembre por 131 votos a favor contra 117 negativos.

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región”, sostuvo un comunicado de la organización.

Amnistía internacional calificó hoy como “una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina” la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, sostuvo un comunicado de la organización.

“Esta es una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina, que hace décadas viene luchando por sus derechos. Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Argentina generó un importante avance en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, y también envió un fuerte mensaje al continente, donde las leyes restrictivas en acceso al aborto legal y seguro provocan graves riesgos a la salud y la vida de millones de personas”, dijo en tanto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ley reconoce el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y permite al Estado argentino avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud pública y derechos humanos, concluyó la organización.