Las autoridades bolivianas confirmaron el hallazgo con vida de los cinco ocupantes de una avioneta que había desaparecido el miércoles mientras sobrevolaba la región amazónica del norte del país. 

El rescate fue posible gracias al aviso de pescadores locales, quienes escucharon pedidos de auxilio desde la orilla de un río y dieron aviso inmediato a las autoridades.

La aeronave, una Cessna 172CP, cubría la ruta entre Baures y Trinidad cuando perdió contacto. Durante casi 48 horas, se desconocía el paradero y el estado de los tripulantes, lo que mantuvo en vilo a sus familias y equipos de rescate.

Wilson Ávila, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) del Beni, confirmó que se organizó una brigada para asistir rápidamente a los sobrevivientes tras la alerta. Según detalló, el avión fue ubicado a unos 107 kilómetros de Baures, en una zona de difícil acceso.

Cientos de pobladores de Cobija, en la Amazonía boliviana, sufren inundaciones sin precedentes provocadas por copiosas lluvias y el posterior desborde del río Acre, en la frontera con Brasil.

La temporada de lluvias en la amazonia de este país, que empezó en diciembre y concluye en marzo, dejó hasta el momento 40 personas muertas y cerca de 10.000 familias afectadas, informó el gobierno local.

Ana Lucía Reis, alcaldesa de esta ciudad, señaló que "es un récord que no pensábamos superar. Estamos con 16 barrios completamente inundados. Hay familias que lo han perdido todo".

El nivel del agua a la altura del Puente de la Amistad, que une Cobija con la localidad brasileña de Brasileia, alcanzó los 17 metros, una cifra histórica que supera a la de 2015 cuando llegó a 15,5 metros, según indicó la Unidad de Gestión de Riesgos a AFP.

Cobija, con 100.000 habitantes, se ubica en la frontera tripartita entre Perú y Brasil, a 280 metros sobre el nivel del mar.

La zona fue declarada en "desastre municipal" para que las autoridades nacionales desembolsen recursos de emergencia.

"No registramos fallecidos, pero tenemos unas 300 casas completamente inundadas", señaló Reis.

Se calcula al menos una semana para que bajen las aguas y luego poder empezar a retirar el lodo de las calles, viviendas y comercios.

El municipio habilitó siete albergues mientras las autoridades sanitarias trabajan para evitar enfermedades propias de esta zona selvática como la malaria, el dengue, leishmaniasis, y donde es común la aparición de serpientes.

"Hay personas que están aprovechando la ocasión para ingresar a los domicilios y robar objetos", dijo a la prensa el teniente coronel Gonzalo Caballero en Cobija anunciando patrullajes pluviales.

Según estudios de la Fundación Tierra, entidad privada, Bolivia atravesó un periodo de sequías alrededor de seis meses lo que generó que las lluvias se concentren ahora en poco tiempo.

En ese sentido, alcaldesa Reis afirmó que tienen "problemas con la tala de árboles, estamos en el bosque amazónico y cada año hay quemas. Nosotros provocamos este cambio climático".

Datos del servicio meteorológico indican que desde 1980 el patrón de lluvias bajó 36% en los meses secos de agosto a octubre, pero la sequía azotó Bolivia hasta los primeros días de diciembre de 2023.

La alerta roja por "desborde inminente" de ríos y lluvias está activa hasta el 2 de marzo, y hasta el 11 en Cobija. La Paz es el segundo departamento más afectado por las lluvias.

Un trágico accidente se registró en la mañana del domingo en Brasil cuando una avioneta se estrelló en la Amazonia y dejó como saldo doce muertos, incluida una beba.

El gobierno del estado de Acre indicó que la aeronave “de pequeño porte, modelo Caravan” se desplomó cerca del aeropuerto de la localidad de Río Branco poco después de despegar.

“Diez pasajeros, siendo nueve adultos y una bebe; y dos tripulantes, piloto y copiloto; en total 12 personas, no resistieron al grave accidente y murieron en el lugar”, indicaron las autoridades.

El accidente ocurrió en un sitio de difícil acceso en el estado de Acre, el más occidental de Brasil (fronterizo con Perú y Bolivia), lo que dificultaba las labores de bomberos y rescatistas.

Según informaron medios locales, la avioneta explotó al estrellarse, lo que provocó un incendio en una zona boscosa. En ese sentido, señalaron que todos los ocupantes murieron carbonizados

Muchos de los pasajeros del vuelo privado volvían de recibir atención médica y se dirigían al vecino estado de Amazonas (norte), detallaron.

Ante este hecho, el gobierno regional decidió abrir una investigación para conocer los detalles del accidente y constatar si hubo fallas en el avión, si quedaron registros de algún problema en el motor o qué fue lo que sucedió.

Este no es el primer episodio trágico de este nivel, ya que en septiembre 14 personas murieron al estrellarse un avión cuando intentaba aterrizar en medio de un temporal en la localidad turística brasileña de Barcelos, en el estado de Amazonas.

Hasta el momento se registra un muerto, cuatro personas desaparecidas y una decena de heridos.

Un deslizamiento de tierra en la Amazonía brasileña 'borró del mapa' este sábado a una pequeña localidad del municipio de Beruri, a unos 173 kilómetros de la ciudad de Manaos, en el norte de Brasil.

Se calcula que el deslave arrasó con más de 40 casas y afectó a cerca de 200 personas de la comunidad rural de Arumã, donde hasta el momento se registra un muerto, cuatro personas desaparecidas y al menos una decena de heridos.

Casas, comércios e igrejas foram ‘engolidas’ por um deslizamento de barranco no sábado (30), em Beruri, a 173 km de Manaus.A tragédia ocorreu na comunidade de Arumã e deixou alguns mortos. A quantidade de óbitos ainda não foi confirmado. pic.twitter.com/y8mad5N8sL

De acuerdo con las autoridades locales, la escuela, la iglesia, el centro médico y un espacio para eventos quedaron completamente destruidos. El puerto y el paseo marítimo, así como otras construcciones aledañas, ahora se reducen a un enorme agujero de barro.

QUEDA DE BARRANCO EM BERURI -AM DEIXA MORTOS E FERIDOS.A queda de um barranco na Comunidade de Arumã, município de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), no Amazonas, causou um óbito e deixou quatro desaparecidos, informou o Governo do Estado. pic.twitter.com/1JmxNY8bYv

La Secretaría Estatal de Medio Ambiente envió este domingo 150 canastas con alimentos básicos para las familias que perdieron sus hogares. Entretanto, los Bomberos, la Defensa Civil y otros organismos departamentales brindarán asistencia en todo en todo el municipio y la región, donde el desmoronamiento de barrancas en las riberas de los ríos se produce, por lo general, durante la estación seca.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se retractó y reconoció que los cuatro niños perdidos en la Amazonia debido a un accidente de avión todavía siguen desaparecidos, en lo que representa un escándalo a nivel nacional

El mandatario difundió un comunicado realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, tuvo que borrar su publicación casi un día después y retractarse.

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“Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando”.

He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.

En este…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023

El mandatario había anunciado este miércoles la aparición de los cuatro niños indígenas, en el medio de un caso que mantenía en vilo al país. “Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo (…) Una alegría para el país”, indicaba Petro en Twitter.

Sin embargo y a pesar de la emoción generada en todo el país, Petro eliminó el mensaje de sus redes sociales y las fuerzas militares, a quienes Petro atribuyó el hallazgo, negaron contacto alguno con los menores.

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La información, anunciada por el presidente, se mantuvo activa durante horas hasta la mañana del 18 de mayo, cuando la noticia ya había sido celebrada por millones de colombianos.

“En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”, agregó en su pedido de disculpas.

El supuesto rescate fue expresado inicialmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): “En la tarde de este 17 de mayo, en medio de las tareas de búsqueda de sobrevivientes del accidente el avión HK 280, ocurrido en los límites entre Caquetá y Guaviare, se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PETRO DIFUNDE INFORMACIÓN FALSA

La confusión del presidente de Colombia tiene un aliciente: el 1 de enero de este año informó que el ELN, guerrilla con la que negocia un proceso de paz, había aceptado un alto el fuego.

Sin embargo, la organización negó cualquier tratado de entendimiento. “La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, indicó en un comunicado.

El accidente ocurrió en la tarde del 13 de octubre pero la aeronave recién fue avistada en la mañana de este 14 de octubre.

Los 10 pasajeros y 2 tripulantes de una avioneta que se precipitó a tierra en el departamento peruano de Loreto (Amazonía, norte), sobrevivieron pero aún no han podido ser rescatados, informó la televisora local América TV.

La avioneta, perteneciente a la empresa local Saeta, cayó en una zona agreste y poco accesible de la selva lo que dificulta el rescate.

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Como consecuencia, el Ejército debió utilizar helicópteros para arrojar víveres y otros elementos de primeros auxilios para los 12 sobrevivientes.

La Defensoría del Pueblo de Perú solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tomar medidas urgentes de supervisión a una empresa aérea local luego de la caída de dos avionetas de su propiedad en menos de un mes.

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“Tras nuevo accidente aéreo de aeronaves de la empresa Servicios Aéreos Tarapoto [Saeta], solicitamos al MTC disponer con urgencia acciones de supervisión y evaluar el dictado de medidas correctivas para prevenir accidentes aeronáuticos”, indicó el ente a través de su cuenta en Twitter.

Tras nuevo accidente aéreo de aeronaves de la empresa Servicios Aéreos Tarapoto EIRL (Saeta), solicitamos al @MTC_GobPeru disponer con urgencia acciones de supervisión y evaluar el dictado de medidas correctivas para prevenir accidentes aeronáuticos. (1/2) pic.twitter.com/7EpgGFCXkO

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 14, 2022

El 20 de septiembre, otra avioneta de la empresa Saeta se estrelló antes de poder despegar en el departamento de Loreto, causando la muerte de una persona.

Bolsonaro afirmó este lunes que fueron encontradas “vísceras humanas” en la zona. Ambos realizaban una investigación sobre las amenazas de los nativos en la reserva indígena más grande de Brasil.

Versiones contrapuestas sobre el paradero del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y del indigenista brasileño Bruno Pereira Araújo aumentaron hoy la angustia e incertidumbre en Brasil, cuando se cumplen ocho días de la desaparición de ambos en una de las regiones más remotas de la Amazonía.

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El hallazgo de dos cuerpos en la región del Valle do Javari, donde Phillips y Araújo fueron vistos por última vez, fue comunicado por familiares del periodista al diario The Guardian y a la televisión brasileña Globo, tras ser contactados por fuentes diplomáticas.

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La información, sin embargo, fue desmentida posteriormente por el Comité de Gestión de Crisis creado para coordinar las búsquedas, así como por asociaciones indígenas que ayudan a rastrear la zona.

“No proceden las informaciones que están siendo divulgadas sobre haber sido encontrados los cuerpos del señor Bruno Pereira y del señor Dom Phillips”, comunicó el comité, coordinado por la Policía Federal (PF) y del que forman parte el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública regional, con sus policías locales.

El comité reiteró que hasta el momento fueron encontrados materiales biológicos que están siendo analizados, así como las pertenencias personales de los desaparecidos, entre ellos un computador portátil -al parecer de Phillips- y otros objetos personales de ambos en la zona donde se adelantan las búsquedas.

Al respecto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes en una entrevista concedida a una radio regional de Recife que fueron encontradas “vísceras humanas” en la zona donde desaparecieron el periodista y el indigenista y manifestó que hay “indicios” de que cometieron “alguna maldad” contra ellos.

“Fueron encontradas vísceras humanas flotando en el río y que ya fueron enviadas a Brasilia para realizar pruebas de ADN”, aseguró Bolsonaro, aumentando la confusión sobre el paradero de Phillips y Araújo.

La pista de los dos veteranos profesionales se perdió el 5 de junio cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael, lugar en el que fueron avistados por última vez, hasta el municipio de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, adonde deberían de haber llegado en esa mañana.

Ambos realizaban una investigación sobre las amenazas de los nativos en el Valle do Javari, la segunda reserva indígena más grande de Brasil y un escenario de conflictos donde predominan el narcotráfico, el robo de madera, la minería ilegal y la pesca y caza furtivas.

Hasta el momento, tan solo una persona ha sido detenida por su posible relación con la desaparición. Se trata del pescador Amarildo da Costa de Oliveira, más conocido como “Pelado”, de 41 años, quien fue enviado a prisión el viernes después de que las autoridades encontraran restos de sangre en una de sus embarcaciones, que fue vista el día del desaparecimiento detrás del barco en el que se transportaban el periodista y el indigenista.

Tras una semana de búsquedas y pocos resultados, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA han levantado la voz para instar al Gobierno de Bolsonaro a “redoblar” sus esfuerzos para encontrarlos.

El Gobierno brasileño intensificó su movilización el último martes, tres días después de la desaparición, solo cuando una juez federal en Amazonas atendió un pedido del Ministerio Público (fiscalía) para las autoridades no escatimar esfuerzos, determinación que fue reforzada también por un magistrado de la Corte Suprema.

A la presión internacional se sumó este lunes la famosa banda de rock irlandesa U2, liderada por el cantante y activista Bono, que publicó en su perfil de Twitter: “Estamos esperando saber qué les pasó a estos hombres valientes”.

Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, quienes habían estado desaparecidos durante más de una semana en la selva amazónica de Brasil, fueron encontrados este lunes, informó el medio de noticias G1, citando a la esposa del primero.

El diario británico The Guardian aseguró que el embajador de Brasil en el Reino Unido le dio la noticia a la familia de Phillips durante una llamada telefónica el lunes por la mañana. “Dijo que quería que supiéramos que… habían encontrado dos cuerpos”, dijo Paul Sherwood, cuñado de Phillips.

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“No describió la ubicación y solo dijo que estaba en la selva tropical y dijo que estaban atados a un árbol y que aún no habían sido identificados”. “Dijo que cuando hubiera luz, o cuando fuera posible, harían una identificación”, agregó Sherwood.

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El diario español El País también confirmó la información tras hablar con fuentes de la asociación Univaja, formada por indígenas de la zona.

Aunque la Policía todavía no confirmó la información, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo a la radio CBN Recife: ”Las evidencias nos llevan a creer que algo malo les hicieron, porque se encontraron tripas humanas flotando en el río, que ahora están siendo sometidas a pruebas de ADN”.

La Policía brasileña había anticipado este domingo que los equipos de búsqueda descubrieron algunas de sus pertenencias en un arroyo junto al río donde fueron vistos por última vez hace una semana y negaba en las últimas horas la información del doble hallazgo.

Los dos hombres estaban en un viaje de reportajes en la selva remota, una zona cercana a la frontera con Perú y Colombia que es el hogar del mayor número de indígenas no contactados del mundo.

La región atrajo últimamente a bandas de traficantes de cocaína, madereros, mineros y cazadores ilegales, por lo que se tornó muy peligrosa, como lo advirtió el propio presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro.

Se esperaba que las autoridades de Brasil o la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) que denunció la desaparición de ambos, brindaran la confirmación acerca del hallazgo de los cuerpos sin vida de Phillips y Pereira.

Sin embargo, Sampaio se anticipó a revelar que la Policía Federal le confirmó el hecho, mientras que la embajada británica se habría ya puesto en contacto con los hermanos de Phillips para comunicarles la noticias, informó el portal G1 del diario O Globo.

Ambos habían sido vistos por última vez el pasado 5 de junio en la comunidad de San Rafael -dentro de las tierras indígenas del Valle del Javari-, desde donde partieron hacia Atalaia del Norte, aunque finalmente no llegaron a su destino.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó al gobierno de Brasil por haber reaccionado en forma tardía para buscar a los desaparecidos.

Justamente este domingo se registraron protestas en Río de Janeiro, Brasilia y Belém, capital del amazónico estado de Pará, por los dos desaparecidos en la selva amazónica.

El presidente Jair Bolsonaro había dicho que el viaje de los profesionales había sido una “aventura” y deslizó que pudieron haber sido “ejecutados” por tratarse de una región conflictiva.

El Observatorio del Clima, una ONG que lucha contra la crisis climática, calificó como “surrealista” el registro del territorio devastado.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe), a través de su sistema de alerta Deter, indican que la deforestación de la Amazonía brasileña en abril de 2022 superó los 1.000 kilómetros cuadrados, cifra que representa un récord histórico para el mismo mes con respecto a años anteriores.

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Hasta el 29 de abril de 2022, el total de bosque detruido —según los gráficos divulgados por el Deter—, llegó a los 1.012,5 kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio que se deforestó en abril de 2021, cuando se arrasaron 579,98 kilómetros cuadrados.

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El Observatorio del Clima (OC), una Organización No Gubernamental que lucha contra la crisis climática, calificó la deforestación registrada en abril como “surrealista” e indicó que con este nuevo récord el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, “dobló el gol”.

“Jair Bolsonaro dobló el gol. En plena temporada de lluvias, el área de alertas de deforestación en la Amazonía en abril alcanzó unos surrealistas 1.012 km2, un 74% superior al anterior récord de la serie histórica, establecido el año pasado por el propio Bolsonaro (580 km2). En comparación con el promedio de seis años anterior de abril, el área de alerta es un 165 % más grande”, dijo el Observatorio.

E #sextou para grileiros, madeireiros ilegais e assassinos de índios com o recorde absoluto de alertas de desmatamento para abril: 1.012 km2, 165% a mais que a média para o mês. É a primeira vez na série que os alertas nesse mês, que ainda é de chuva, ultrapassam 1.000 km2. pic.twitter.com/5uXAxa1yPq

— Observatório do Clima (@obsclima) May 6, 2022

La ONG también alerta que la cifra es aún más “grave” porque abril es parte del llamado “invierno amazónico”, el último mes lluvioso en la Amazonía, un periodo en el que “el ritmo de las motosierras naturalmente se enfría”. Además, señala, que antes del gobierno de Bolsonaro, “era raro” que las alertas mensuales de deforestación superaran los 1.000 kilómetros cuadrados, incluso en la estación seca.

De acuerdo a los registros del Deter, los estados con mayor área bajo alertas de deforestación en abril fueron: Amazonas, con 346,89 km²; Pará, 241,92 km²; Mato Grosso, 286,68 km²; y Rondonia, con 107,86 km².

Entre tanto, el OC advierte que, en el acumulado del año, que para el Deter comienza en agosto de 2021, la extensión de territorios deforestados ya se ubica en 5.070 km².

La cifra, según la OC es “5% más que la temporada pasada y la segunda cifra más alta de la serie histórica —superada solo por la récord de 5.680 km2 establecido por el propio gobierno de Bolsonaro en 2020. Desde agosto pasado, las alertas vienen batiendo récords: en octubre, enero, febrero y ahora en abril”.

Marcio Astrini, secretario ejecutivo del OC, responsabilizó al presidente Bolsonaro por el récord de deforestación e indicó que el próximo mandatario que se instale en Brasil, tendrá “una dificultad extrema” para revertir la situación del Amazonas.

“El causante de este récord tiene nombre y apellido: Jair Messias Bolsonaro. El ecocidio en jefe de Brasil ha triunfado al convertir el Amazonas en un territorio sin ley, y la deforestación será lo que los ocupantes ilegales quieran que sea. El próximo presidente tendrá una dificultad extrema para revertir esta situación, porque la delincuencia nunca ha estado más cómoda en la región que ahora”, señaló Astrini.

En 2021, la deforestación en la Amazonía brasileña marcó su nivel anual más alto en toda una década. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, este territorio perdió 10.476 kilómetros cuadrados de bosques, la tasa anual más alta desde 2012.

Los daños que causó el sismo del domingo de 7.5 de magnitud, con epicentro en la Amazonía norte de Perú, han llevado al presidente Pedro Castillo a declarar la emergencia en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín.

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Las personas cuyas viviendas han quedado destruidas o inhabitables sumaban este martes más de 13.200, de acuerdo a un reporte este miércoles del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Hay 223 casas destruidas, 772 inhabitables y otras 1.597 afectadas. Además, un niño de tres años de una comunidad indígena falleció aplastado por el derrumbe de maderas.

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Los deslizamientos de tierra a causa del terremoto han provocado el desembalse del río Utcubamba, que cortó la carretera Fernando Belaunde, destruyó más de 100 casas y causó la muerte de ganado y de animales de corral de dos pueblos de la región Amazonas.

Según las radios locales, la población pudo ser evacuada a tiempo. Esfera Radio de la provincia de Chachapoyas, en la misma región, difundió imágenes de la carretera triturada por el sismo en unos trechos e inundada en otros.

El reporte de Indeci registra además daños en 66 escuelas, nueve oficinas públicas y 12 locales comunitarios; pero un colegio, un centro de salud, 12 locales comunales y ocho oficinas estatales colapsaron totalmente. De los 42 establecimientos de salud afectados, 27 se ubican en la región Amazonas. El director regional de Salud, Elías Bohórquez, dijo a la emisora Radioprogramas que 11 de estos han quedado “totalmente inoperativos”

La noche del lunes, cuando el presidente Castillo anunció la declaración de emergencia en las cuatro regiones más perjudicadas por el sismo, calificó de “crítico” el momento que vive la población del nororiente. “Mi Gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Desde el primer momento he dirigido las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos”, aseguró el mandatario.

El jefe de Estado peruano afronta la emergencia causada por el terremoto en un contexto político adverso. La oposición ha pedido debatir una moción de vacancia (destitución) por “incapacidad moral permanente”. De admitirse a debate, los promotores requerirán al menos 86 votos para echarlo. En la región más golpeada por el terremoto, Amazonas, más del 30% de la población vivía en la pobreza antes de la pandemia, pero en 2020, esta creció en 10 puntos porcentuales en todo el país. Entre el martes y el miércoles el número de perjudicados por el sismo se ha duplicado, y ello se debe a que muchos de los caseríos afectados en las cuatro regiones declaradas en emergencia están lejos de las ciudades o no cuentan con servicios de telefonía, por ello las autoridades han tardado en registrar los daños.

La falta de infraestructura y personal de salud y educación en las regiones de la Amazonía peruana es un problema previo a la pandemia y al terremoto del domingo. Ahora se suma el daño a la escasa infraestructura de transporte. La entidad estatal de defensa civil reporta hasta este martes once puentes dañados, mas de seis kilómetros de carreteras destruidas, ocho kilómetros de vías afectadas y más de tres kilómetros de caminos rurales afectados.

Indeci registra la destrucción de 15 templos religiosos -uno de ellos considerado patrimonio histórico nacional en el distrito de La Jalca, en la provincia de Chachapoyas, construido en el siglo XVI. En La Jalca, además, colapsó el centro de salud. El decreto que hace oficial la declaratoria de emergencia por 60 días en 53 distritos de cuatro regiones indica que permitirá la “ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas”.

#Sismo me llega este vídeo donde se registró el rescate a un hombre tras el derrumbe de la Torre de la iglesia en la Jalca Grande en Chachapoyas – Amazonas, producto de temblor de 7.5 ocurrido esta madrugada.@COENPeru @Sismos_Peru_IGP @Rosario_Sasieta @julianaoxenford pic.twitter.com/ADu0ij9pMm

— Alexander Reyna (@peripateticoCR) November 28, 2021

Greenpeace había denunciado que 300 embarcaciones operaban desde hacía varias semanas a plena luz del día sin que ninguna autoridad hiciese nada.

Las autoridades brasileñas destruyeron desde el fin de semana un total de 131 balsas de ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) que invadieron el río Madeira, uno de los principales afluentes de la Amazonía brasileña, para extraer oro.

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“Acción rápida de Gobierno del presidente Jair Bolsonaro”, tuiteó el ministro de Justicia, Anderson Torres, que publicó un video de la operación conjunta entre la Policía Federal y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).

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El ministro no dio detalles sobre qué ocurrió con el resto de embarcaciones, ya que se calcula que eran unas 300.

#BomDia com balanço das operações do @JusticaGovBR , @mmeioambiente , @brasil_IBAMA , @policiafederal e @marmilbr : 131 balsas foram apreendidas e destruídas! Ação rápida e eficiente do governo @jairbolsonaro ! ???? pic.twitter.com/jmzYN4VBM4

— Anderson Torres (@andersongtorres) November 29, 2021

Operação desencadeada ontem (27)! #segurancapublica @JusticaGovBR #VamosEmFrente ???? https://t.co/78boSvM3Pq

— Anderson Torres (@andersongtorres) November 28, 2021

Desde hace unos 20 días, los ‘garimpeiros’ fueron llegando a la comunidad de Rosarinho, en el municipios de Autazes, a poco más de 100 kilómetros de Manaus, capital del estado, tras un rumor de que se había encontrado oro en el lugar.

Por su parte, Greenpeace informó que parte de las balsas de dragado ya habían salido de la ciudad de Autazes, donde se detectaron originalmente, y fueron destruidas en ciudades vecinas, como Nova Olinda do Norte.

“Diez ‘garimpeiros’ fueron detenidos y varios otros huyeron“, destacó la ONG, que la semana pasada denunció el retraso de las autoridades para poner cartas sobre el asunto.

Tras las críticas, el vicepresidente Hamilton Mourao adelantó el jueves que la Policía Federal y la Marina preparaban un operativo en la zona.

“Esperamos que el presidente Bolsonaro no ahorre recursos para que acciones como esta se lleven a cabo también en otros territorios muy perjudicados por el ‘garimpo’ ilegal, como las Tierras Indígenas Munduruku, Yanomami y Kayapó”, recordó Greenpeace.

La deforestación de la Amazonía de Brasil alcanzó niveles sin precedentes en octubre con la pérdida de 877 km2 de cobertura forestal.

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Los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (INPE) ponen bajo la lupa los ambiciosos compromisos anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro durante la cumbre climática de la ONU en Glasgow.

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Hace unos días el gobierno de Brasil se comprometía a eliminar la deforestación ilegal en el territorio para 2028, adelantando dos años la meta climática. El gigante sudamericano alberga un 60 por ciento de la selva amazónica. Sólo en octubre de 2021 el país perdió 877 kilómetros cuadrados, un 5 por ciento más de lo que se deforestó ese mismo mes en 2020 cuando se perdieron 836 kilómetros cuadrados de vegetación nativa.

En lo que va del año las actividades ilegales de minería y ganadería llevaron a la deforestación de unos 7.880 km2, un número similar al que se registró en 2020 con la pérdida de 7.890 km2 de zona boscosa. Según los datos del INPE, el estado de Pará fue el de mayor deforestación en octubre, con 501 kilómetros cuadrados, seguido por Amazonas con 116, Mato Grosso con 105 y Rondonia con 100.

At #COP26, the Brazilian government has acted to encourage deforestation, greenhouse gas emissions and the land chaos in the Amazon.  

No more false solutions, we need real climate action for a green and healthy future! #TodosPelaAmazônia

Illustration by @desenhosdonando pic.twitter.com/Eui4a7YF5V

— Greenpeace (@Greenpeace) November 11, 2021

Para las organizaciones defensoras del medio ambiente el último reporte del INPE contradice el discurso de los funcionarios de Bolsonaro en la COP26 que aseguraron que las tasas de deforestación vienen en caída por la intensificación de las acciones de control y vigilancia para frenar la devastación de la Amazonía. “Las emisiones ocurren en el suelo del bosque, no en las plenarias de Glasgow “, dijo Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 70 organizaciones ecologistas.

Durante la gestión de Bolsonaro los índices de deforestación llegaron a níveles inéditos.. Imagen: AFP

A su vez, desde la ONG Greenpeace indicaron que los anuncios del gobierno brasileño en Glasgow no modifican la realidad que se vive en el territorio donde los incendios sin control y la violencia contra pueblos indígenas va en aumento.

A juventude do @ENGAJAMUNDO e do @fridaysfuturebr critica a #MaquiagemVerde promovida por @joaquimleitemma na @COP26. O ministro afirmou que o Brasil é uma potência verde mas dados do DETER (@inpe_mct) mostram que o desmatamento continua batendo recordes na Amazônia! #COP26 pic.twitter.com/kvF4yNhiR4

— Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) November 12, 2021

“Mientras el Gobierno federal intenta vender a Brasil como potencia verde en la COP26, la deforestación en octubre rompió otro récord y ha sido impulsada por la política antiambientalista del presidente y del ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de parte del Congreso nacional”, señaló Rómulo Batista, portavoz de la campaña Amazonía de Greenpeace. Según consigna el matutino Folha de Sao Paulo, cuando se le consultó al ministro por el aumento de la deforestación de la Amazonía, Leite no respondió, “según sus colaboradores porque estaba involucrado en las negociaciones financieras del mercado de carbono”.

Además, organizaciones indígenas repudiaron el discurso de la Leite en la COP26. Treinta organizaciones firmaron un comunicado en el que rechazan las declaraciones del ministro de Medio Ambiente por ser “alejado de la realidad” y “distorsionado”. En uno de los pasajes de su discurso, Leite dijo “reconocer también que donde hay mucho bosque hay también mucha pobreza”.

30 entidades repudiam o discurso do Ministro @joaquimleitemma durante a #COP26, incluindo o Greenpeace Brasil. Confira íntegra da carta: https://t.co/2c70LXPvTO

— Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) November 12, 2021

En el comunicado las organizaciones señalaron que “tal afirmación es diametralmente opuesta al propio concepto de sostenibilidad, como si una supuesta solución a la grave crisis ambiental que azota al país fuera, en realidad, la profundización de un proceso ya acelerado de deforestación y desmantelamiento de la gobernanza ambiental de Brasil”.

A su vez, reprocharon que el gobierno no acredito a ningún integrante del movimiento indígena. En cambio, la delegación gubernamental que estuvo compuesta por militares, agroindustriales y otros actores de la industria, lo que “revela las verdaderas intenciones del gobierno en la COP”.

Desde el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) remarcan la falta de control sobre la tala ilegal del bosque puede perjudicar los compromisos realizados en la cumbre climática. “En las dos últimas semanas hemos visto al gobierno brasileño decir en la COP26 que tiene la deforestación bajo control”, afirmó Ane Alencar, la directora de ciencia del IPAM citada por Folha. “El verdadero Brasil es el que muestran los satélites”, añadió.

“El hecho de que la deforestación haya aumentado incluso con más lluvias de las previstas demuestra que las actuales acciones del gobierno federal no están funcionando”, aseguró Alencar.

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2019 los índices de deforestación llegaron a níveles inéditos en la última década. Ese mismo año fueron talados más de 10.100 kilómetros cuadrados de árboles nativos de la Amazonía. La cifra llegó a 10.900 kilómetros cuadrados en 2020.

El ultraderechista defiende la explotación de recursos naturales en la región boscosa, incluso en los territorios resguardados por pueblos indígenas. Además flexibilizó el control de actividades como las mineras y madereras, éstas últimas en general se realizan de forma ilegal en la Amazonía.

El plomo en sangre se relaciona a las extracciones y derrames de petróleo. Según los investigadores, el metal tóxico puede llegarles “a través de la dieta en las zonas donde hay más contaminación ambiental, ya que la población caza y pesca para alimentarse”.

Un equipo internacional de científicos ha encontrado altos niveles de plomo en la sangre de poblaciones indígenas de la Amazonía peruana. La concentraciones de este metal tóxico son más elevadas en las comunidades que viven cerca de áreas de extracción de petróleo y en las que se llevan a cabo labores de limpieza después de derrames de crudo.

La investigación, que contó con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Instituto Nacional de Salud de Perú, fue publicada este lunes en la revista Environment International.

El estudio se realizó entre mayo y junio de 2016 e incluyó a 1.047 personas, de las cuales 309 (31 %) eran niños menores de 12 años. Todos los participantes analizados habitan cuatro cuencas hidrográficas de la Amazonía del Perú, una remota zona no industrializada.

Como parte de la investigación, los científicos condujeron entrevistas presenciales para recoger datos sobre los factores de riesgo y el estilo de vida de los participantes y les tomaron análisis de sangre. 

Además, los investigadores tuvieron en cuenta la distancia existente entre las residencias de la poblaciones analizadas y las instalaciones petrolíferas. El mayor nivel de metal en sangre se encontró entre aquellos que vivían en la cuenca del río Corrientes, donde se concentra la mayoría de las actividades de extracción de crudo de la zona. También se detectó plomo en la sangre de quienes residían a menos de una hora a pie de una instalación petrolera. 

Cristina O’Callaghan-Gordo, una de las autores de la investigación, explicó que la principal hipótesis del equipo “es que el metal puede llegarles a través de la dieta en las zonas donde hay más contaminación ambiental, ya que la población caza y pesca para alimentarse”, agregando que estudios previos han demostrado la presencia de plomo en los animales de esa zona.

Asimismo, en los lugares con menos contaminación ambiental, “la vía más probable es por exposición ocupacional”, es decir, estar en contacto directo con el petróleo al participar en tareas de limpieza después de producirse derrames de crudo, señaló O’Callaghan-Gordo.

La experta advirtió que cualquier cantidad de plomo en la sangre implica consecuencias para la salud, entre ellas, problemas neurológicos y de neurodesarrollo en niños.

La pequeña sufría malaria, neumonía, lombrices y desnutrición. La foto, que su propia comunidad cree necesario que se conozca, evidencia el terrible abandono de los indígenas de la Amazonia brasilera.

Una hamaca oscura envuelve el pequeño cuerpo de una niña yanomami (etnia indígena de la Amazonia) tan delgada que su piel se amolda a sus costillas. La fotografía de esta menor de ocho años que solo pesa 12,5 kilos (el peso mínimo normal para su edad es de 20 kilos), tomada en la aldea de Maimasi, en el Estado de Roraima, en la región norte de Brasil, pone al descubierto un problema crónico de mala atención sanitaria al que se enfrentan los indígenas en el corazón de la Amazonia.

La niña padecía malaria, neumonía, lombrices y desnutrición en una región donde no hay visitas regulares de los equipos sanitarios y que está a 11 horas a pie del centro de salud más cercano. Su imagen fue captada el 23 de abril, días antes de ser trasladada por avión a un hospital de la capital, Boa Vista, donde se ha recuperado de la malaria, pero sigue siendo tratada de otras enfermedades. Su imagen se ha convertido en un símbolo del abandono histórico de Brasil hacia el pueblo yanomami, que lucha por sobrevivir en medio de varias crisis: la escalada de violencia de los mineros ilegales, los impactos ambientales que llevan el hambre a algunas regiones y la fragilidad en el acceso a la atención sanitaria.

El líder indígena Darío Kopenawa, quien autorizó la publicación de la fotografía en este reportajey, explicó que “en la cultura yanomami no podemos mostrar la imagen de un niño, frágil, enfermo. Pero es muy importante [hacerlo] por la crisis que estamos atravesando”. Para esta etnia, la imagen de la persona es una parte importante de su vida y difundirla en una situación de enfermedad puede debilitarla aún más. Incluso cuando mueres, debes quemar todos los recuerdos de los difuntos para preservar su espíritu en el mundo de los muertos, pero la comunidad decidió publicar la fotografía mientras la niña intenta recuperarse para denunciar ante los napëpë ―como llaman a los no indígenas ― su sufrimiento ante la grave crisis sanitaria que les amenaza.

“Esta foto es una respuesta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas”, resume Kopenawa. A medida que la malaria y la covid-19 avanzan en las aldeas, los dirigentes informan de que los equipos sanitarios se han reducido con profesionales de baja por la pandemia y otras enfermedades. Además, los centros de salud se han cerrado temporalmente y faltan helicópteros para transportar a los pacientes en las zonas de difícil acceso. “Llevamos mucho tiempo sufriendo, sin una buena estructura, sin todos los profesionales completos que nos den asistencia. Con la pandemia, la situación empeoró”, afirma Konepawa.

El problema afecta especialmente a las comunidades más aisladas, que dependen de las visitas esporádicas de los equipos. Júnior Yanomami, miembro del Consejo Distrital de Salud Indígena (Condisi), órgano responsable del control social de las acciones del Gobierno, añade: “Hay lugares que siguen sin recibir la vacuna contra la covid-19 porque no tienen profesionales. Son comunidades que están lejos de los centros, no hay forma de llegar a ellas”. En Brasil, los grupos indígenas se encuentran en la cola de vacunación.

“La salud de los yanomami está abandonada. Falta de todo”, continúa explicando el líder indígena. Según él, la aldea de Maimasi, que vive un brote de malaria y donde varios niños sufren desnutrición y verminosis, no había recibido la visita de los equipos sanitarios desde hacía seis meses, cuando los profesionales atendieron a la niña de la fotografía (difundida por un misionero católico y publicada por la Folha de São Paulo), a finales de abril. El equipo no tenía suficientes medicamentos para todos los que los necesitaban, cuenta el indígena.

La Secretaría de Salud Indígena (Sesai), responsable de la atención a los pueblos originarios, da una versión diferente: dice que la atención se produjo el 19 de marzo, “pero la familia no autorizó el traslado a un centro sanitario”. También garantiza disponer de reservas suficientes de medicamentos y de profesionales sanitarios contratados, pero no aclara la frecuencia de las visitas a la aldea. La Sesai tampoco informó a EL PAÍS de la incidencia de la malaria, la desnutrición y la mortalidad infantil para dar la dimensión del crecimiento de las enfermedades en la región.

Estos problemas de salud no están extendidos por todo el territorio yanomami ―tan grande como la superficie de un país como Portugal―, pero están presentes en varias comunidades. Un estudio realizado por investigadores de Fiocruz en dos zonas del territorio, Auaris y Maturaká, y divulgado el año pasado da pistas sobre la magnitud del problema: el 80% de los niños de hasta cinco años sufría desnutrición crónica y el 50%, desnutrición aguda en estas localidades.

La situación está relacionada con la escasez de agua potable y la falta de control nutricional y de atención prenatal durante el embarazo. También se debe a los frecuentes casos de verminosis, malaria y diarrea en las comunidades. “Desde 2019 informo de las necesidades y pedimos ayuda al Gobierno”, explica Júnior Yanomami. “Ahora está peor. La desnutrición ha aumentado mucho. Donde hay minería ilegal, existe el problema del hambre. Y en la pandemia las invasiones aumentaron. ¿Cómo explicar el hambre de los yanomami? Ellos [los mineros] ensucian los ríos, destruyen el bosque, acaban con los animales para caza. Nos alimentamos de la naturaleza”, explica el indígena.

Los habitantes de Maimasi son descendientes de uno de los grupos más afectados por la apertura de la carretera Perimetral Norte (BR-210) en los años setenta, durante la dictadura militar. En esa época, una parte importante del grupo murió ante los brotes de sarampión y otras enfermedades transmitidas por los trabajadores de la construcción. Llevan años reclamando un centro de salud, pero por ahora siguen dependiendo de las visitas esporádicas del equipo sanitario a la comunidad.

La situación, que ya era difícil, empeoró especialmente desde el año pasado. Las visitas han disminuido mientras que las actividades de los mineros ilegales han aumentado, incrementando la posibilidad de enfermedades contagiosas y la violencia. Y los casos de malaria, a los que se enfrentan los indígenas desde hace décadas y que la Sesai considera “endémicos”, siguen aumentando. Según Júnior Yanomami, solo este año se han identificado unos 10.000 casos, lo que corresponde a algo más de un tercio de toda la población yanomami, que es de unas 29.000 personas. “La niña de la foto expresa probablemente esta suma de tragedias”, afirma la Red Pro-Yanomami y Ye’kwana en un comunicado.

Los diversos problemas sanitarios, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las comunidades no están disociados. La deforestación en la Amazonia en abril pasado fue la más alta de los últimos seis años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La deforestación ha crecido año tras año, y el desequilibrio medioambiental interfiere en la dieta de los pueblos del bosque, que se alimentan de lo que cosechan, pescan y cazan.

En varias zonas, la presencia de mineros y madereros ilegales también provoca la contaminación de los ríos con mercurio, lo que contribuye a la desnutrición, la deshidratación y la diarrea. Ante la disminución de los recursos en la selva y el hambre que se avecina, algunos indígenas acaban trabajando con los no indígenas y adhiriéndose a una dieta industrializada y menos nutritiva. “No se puede generalizar que los niños mueran de desnutrición, de hambre”, dice Kopenawa. “Existe este problema cuando hay presencia de mineros ilegales. Donde no los hay, los niños están sanos, comen bien y se ocupan de sus actividades. Lo que falta es la atención sanitaria”, argumenta. “La vida del pueblo yanomami está en peligro. Nuestro territorio es vulnerable con tantos problemas al mismo tiempo”.

A la crisis sanitaria y medioambiental se suma la escalada de violencia en algunas regiones. Es el caso de la comunidad indígena Palimiu, en Roraima. Desde hace una semana, el pueblo se enfrenta a los ataques de los mineros ilegales, con disparos, bombas y gases lacrimógenos contra los indígenas. El martes pasado, los mineros ilegales intercambiaron disparos con la Policía Federal durante una visita para investigar las denuncias de ataques al pueblo. Júnior Yanomami, que estaba en la comunidad en ese momento, aseguró que el hecho fue insólito. “Nunca había visto tantos disparos. Solo en las películas. Eran muchos [los mineros ilegales] y tenían armas pesadas”, dijo.

El año pasado, los indígenas crearon una barrera sanitaria para impedir el paso de los mineros ilegales e intentar frenar la propagación del coronavirus. Pero el río Uraricoera, donde se encuentra la barrera, es una de las principales vías de la actividad. El 24 de abril, los yanomami impidieron el paso a un grupo. Intentaron negociar para que no volvieran. La respuesta, según Júnior Yanomami, llegó media hora después, con disparos en dirección a la comunidad. Los indígenas se defendieron con flechas y disparos de fusil.

Los diversos conflictos de la última semana, según los indígenas, han dejado tres mineros y un yanomami heridos. Dos niños se ahogaron al huir de los disparos, según los dirigentes. El último ataque que reportan fue el domingo. “Es algo muy serio. Todo el mundo allí tiene mucho miedo. Yo también me quedé”, explica Júnior Yanomami. “Hay yanomamis en peligro. Me temo que va a haber una masacre en cualquier momento. El Gobierno Federal tiene que moverse”, clama.

Las entidades indígenas ven la posición del presidente Jair Bolsonaro, que ya ha hecho declaraciones contra la demarcación de las tierras indígenas yanomami y suele defender la regularización de la minería en los territorios, como un estímulo a los conflictos. El miércoles pasado, el ejército llegó a desplegar soldados en la comunidad, pero los retiró horas después. La 1ª Brigada de Boa Vista no respondió al reportaje si volverá a enviar a los soldados y qué motivó su retirada.

Mientras tanto, los indígenas siguen en estado de alerta y miedo, dicen los dirigentes. Hasta que la situación cambie, también estarán sin los servicios sanitarios, ya que la Sesai retiró a los profesionales debido a la gravedad de la situación. “La unidad de servicio será reabierta tan pronto como sea posible operar con seguridad”, dijo la secretaría, agregando que la atención de emergencia se realizará puntualmente en el distrito de salud indígena que está fuera del territorio. Por su parte, la Fundación Nacional del Indio no respondió a este diario. “El ambiente es de miedo. Mucho miedo”, asevera Júnior Yanomami. “Ahora solo están ellos. Sin Policía Federal, sin Ejército, sin Sanidad. Están solos para defender su comunidad”, concluyó.

Partes protegidas de la selva amazónica de Brasil se están vendiendo ilegalmente a través de Facebook.

Es lo que descubrió una investigación de la BBC, que revela que algunas de las parcelas en oferta a través del servicio de anuncios clasificados de Facebook son tan grandes como 1.000 campos de fútbol.

A raíz de este hallazgo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha ordenado una investigación sobre la venta de zonas protegidas del bosque tropical del Amazonas a través de Facebook.

El Supremo, tras la investigación, pide ahora al Gobierno brasileño que “tome las medidas civiles y criminales apropiadas”.

Las áreas protegidas en venta incluyen bosques nacionales y tierras reservadas para los pueblos indígenas.

Facebook dijo que estaba “listo para trabajar con las autoridades locales”, pero indicó que no tomaría ninguna acción independiente para detener el comercio.

“Nuestras políticas comerciales requieren que los compradores y vendedores cumplan con las leyes y regulaciones”, agregó la firma de tecnología californiana.

El líder de una de las comunidades indígenas afectadas instó a la empresa de tecnología a hacer más.

Y, según afirman activistas, el gobierno del país no está dispuesto a detener las ventas.

“Los invasores de tierras se sienten muy empoderados hasta el punto de que no se avergüenzan de entrar en Facebook para hacer negocios ilegales de tierras”, señaló Ivaneide Bandeira, directora de la ONG medioambiental Kanindé.

Sin certificados

Cualquiera puede encontrar las parcelas invadidas ilegalmente escribiendo palabras como “bosque”, “selva nativa” y “madera” (en portugués) en la herramienta de búsqueda de Facebook Marketplace, y eligiendo uno de los estados amazónicos como ubicación.

Algunos de los listados incluyen imágenes satelitales y coordenadas GPS.

Muchos de los vendedores admiten abiertamente que no tienen un título de propiedad, el único documento que prueba la propiedad de la tierra según la ley brasileña.

Esta actividad ilegal está siendo impulsada por la industria ganadera de Brasil.

La deforestación en la Amazonía brasileña está en su punto más alto en 10 años, y el Marketplace de Facebook se ha convertido en un sitio de referencia para vendedores como Fabricio Guimarães, quien fue filmado con una cámara oculta.

“No hay riesgo de una inspección por parte de agentes estatales aquí”, dijo mientras caminaba por un trozo de selva tropical que había quemado hasta sus cimientos.

Con la tierra despejada ilegalmente y lista para la agricultura, Guimarães había triplicado su precio inicial de venta a US$35.000.

Guimarães no es agricultor. Él tiene un trabajo estable de clase media en una ciudad y ve la selva tropical como una oportunidad de inversión.

La BBC se puso más tarde en contacto con él para que respondiera a la investigación, pero se negó a hacer comentarios.

Muchos de los anuncios eran de Rondonia, el estado más deforestado de la selva tropical brasileña.

La BBC organizó encuentros entre cuatro vendedores del estado y un agente encubierto que se hacía pasar por un abogado que representaba a inversores adinerados.

Un hombre, llamado Alvim Souza Alves, estaba tratando de vender una parcela dentro de la reserva indígena Uru Eu Wau Wau por alrededor cerca de US$23.000 en moneda local.

Esta reserva es el hogar de una comunidad de más de 200 personas llamada Uru Eu Wau Wau. Y al menos cinco grupos más que no han tenido contacto con el mundo exterior también viven allí, según el gobierno brasileño.

Pero en la reunión, Alves afirmó: “No hay indios [sic] allí. De donde está mi tierra, están a 50 km de distancia. No les voy a decir que en un momento u otro no estarán caminando por ahí”.

La BBC le mostró el anuncio de Facebook al líder comunitario Bitaté Uru Eu Wau Wau.

Él dijo que el lote estaba en un área empleada por su comunidad para cazar, pescar y recolectar frutas.

“Esto es una falta de respeto”, dijo.

“No conozco a esta gente. Creo que su objetivo es deforestar la tierra indígena, deforestar lo que está en pie. Deforestar nuestras vidas, se podría decir”.

Dijo también que las autoridades deberían intervenir y además urgió a Facebook -“la plataforma de redes sociales más visitada”- que tome medidas por su cuenta.

Otro factor que impulsa el mercado ilegal de tierras es la expectativa de una amnistía.

Alves reveló que estaba trabajando con otros para presionar a los políticos para que los ayudasen a ser dueños legalmente de tierras robadas.

“Te diré la verdad: si esto no se resuelve con [el presidente] Bolsonaro allí, ya no se resolverá”, dijo sobre el actual gobierno.

Una estrategia común es deforestar la tierra y luego suplicar a los políticos que deroguen su estado de protección, sobre la base de que ya no cumple su propósito original.

Los acaparadores de tierras pueden entonces comprar oficialmente las parcelas al gobierno, legalizando así sus reclamos.

Alves llevó al reportero encubierto de la BBC a conocer a un hombre al que describió como el líder de la Asociación Curupira. La policía federal de Brasil describió al grupo como una operación ilegal de apropiación de tierras centrada en invadir territorio indígena.

Los dos hombres le dijeron al reportero que políticos de alto perfil los estaban ayudando a organizar reuniones con agencias gubernamentales en la capital, Brasilia.

Dijeron que su principal aliado era el congresista coronel Chrisóstomo, miembro del Partido Social Liberal, del que Bolsonaro solía ser miembro hasta que fundó su propio partido en 2019.

Cuando fue contactado por la BBC, el coronel Chrisóstomo reconoció haber ayudado a organizar reuniones, pero dijo que no sabía que el grupo estaba involucrado en invasiones de tierras.

“No me lo dijeron”, aseguró. “Si invadieron [la tierra], ya no tienen mi apoyo”.

Cuando se le preguntó si lamentaba haber organizado las reuniones, dijo: “No”.

La BBC se puso en contacto con Alves para obtener su respuesta, pero se negó a hacer comentarios.

La BBC también contactó al ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.

“El gobierno del presidente Jair Bolsonaro siempre ha dejado en claro que el suyo es un gobierno de tolerancia cero para cualquier delito, incluidos los ambientales”, dijo.

El gobierno recortó en un 40% el presupuesto de inspecciones de la Ibama, la agencia federal que se encarga de regular la deforestación.

Pero Salles dijo que la pandemia de coronavirus había obstaculizado la aplicación de la ley en la Amazonía y que los gobiernos estatales también eran responsables de la deforestación.

“Este año el gobierno ha creado la operación Verde Brasil 2, que busca controlar la deforestación ilegal, los incendios ilegales y unir esfuerzos entre el gobierno federal y los estados”, agregó.

Sin embargo, Raphael Bevilaquia, un fiscal federal basado en Rondonia, señaló que la situación había empeorado bajo el gobierno actual.

“La situación es realmente desesperada”, dijo. “El poder ejecutivo juega contra nosotros. Es desalentador”.

Por su parte, Facebook afirma que tratar de esclarecer qué ventas son ilegales sería una tarea demasiado compleja para llevarla a cabo ellos mismos, y que debería dejarse en manos del poder judicial local y otras autoridades. Y no parece ver que el problema sea lo suficientemente grave como para justificar poner un alto a todas las ventas en Marketplace de terrenos en la Amazonía.

Ivaneide Bandeira, quien ha estado tratando de combatir la deforestación en el estado de Rondonia durante 30 años, dijo que estaba perdiendo las esperanzas.

“Creo que esta es una batalla muy dura. Es realmente doloroso ver que el bosque se destruye y se encoge cada vez más”, afirmó.

“Nunca, en ningún otro momento de la historia, ha sido tan difícil mantener el bosque en pie”.

La historia del piloto Antonio Silva parece el guion de una película de acción: aterrizó de emergencia en el corazón del Amazonas en Brasil, logró salir del aparato antes de que el fuego lo consumiera, caminó en una selva repleta de peligros y finalmente fue rescatado después de 36 días perdido. 

La aventura de Toninho comenzó el pasado 28 de enero, cuando despegó en su avioneta Cessna de la localidad brasileña de Alenquer, en el estado de Pará. A medio trayecto, el aparato comenzó a fallar y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en medio dela selva amazónica.

Las cosas no fueron bien, según informa O Globo, pues aunque logró tomar tierra, la avioneta comenzó a incendiarse. Solo tuvo tiempo de sacar algunas pertenencias y un poco de pan antes de que el aparato fuera consumido por las llamas.

Sin medios de comunicación, Sena pasó una semana junto al aparato esperando que alguien viniera en su auxilio. Aunque había varios equipos de rescate sobrevolando la zona, ninguno dio con él.

Tras varias jornadas, Toninho, como le han llamado los medios brasileños, comprendió que si no cambiaba de estrategia moriría. Decidió adentrarse en la selva pese al riesgo de ser atacado por un animal. Caminó durante varios días, alimentándose de huevos que lograba robar de nidos de aves y frutas silvestres.

Así pasaron las semanas, hasta que se topó con un grupo de recolectores de castañas, a quienes pidió ayuda. Los trabajadores llamaron a los servicios de emergencia del municipio, Laranjal do Jari, vecino de Pará, que llegaron al lugar para atenderlo.

Toninho se encontraba bien pese a los peligros. Tenía síntomas de deshidratación, había perdido varios kilos de peso y presentaba algunos rasguños, pero tras un chequeo médico fue llevado con su familia.

El mismo gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, dio cuenta en sus redes sociales del feliz rescate.   

Pessoal, uma ótima notícia. O piloto Antônio Sena, que estava desaparecido há mais de um mês, foi encontrado vivo hoje nas matas próximo ao município de Laranjal do Jari, no Amapá. Amanhã cedo, uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará fará o resgate. pic.twitter.com/IvVpvLiA51

Al recibir la noticia de que el piloto había sido encontrado después de cinco semanas perdido, su familia no lo podía creer. De hecho, cuando recibieron el aviso telefónico, llegaron a pedir una prueba de que efectivamente se trataba de su hijo y solicitaron a los equipos de emergencia que preguntaran al piloto el nombre de su perro. Cuando escucharon el nombre de la mascota, Gancho, supieron que de verdad habían encontrado a su familiar y se dirigieron al hospital a encontrarse con él. 

El hallazgo fue posible gracias a la tecnología de escaneo LiDAR, la misma que presentan algunos coches autónomos y los nuevos modelos iPhone.

Un equipo internacional de científicos ha descubierto en la Amazonia brasileña diseños arquitectónicos de antiguas aldeas levantadas entre los años 1300 y 1700 d. C. en forma de círculo, con una disposición similar a la de un reloj, informa la Universidad de Exeter (Reino Unido), que lideró la investigación.

El descubrimiento se realizó en el estado de Acre y ha sido posible gracias a tecnología de escaneo LiDAR, la misma que presentan algunos coches autónomos y los nuevos modelos iPhone de Apple para escanear el entorno y calcular distancias. Los investigadores utilizaron un sensor RIEGL VUX-1 UAV, montado en un helicóptero, que permitió documentar un paisaje mucho más complejo y organizado de lo que se pensaba, escondido debajo del dosel arbóreo.

https://t.co/6FdvFg5r4s

— Jürgen Braungardt (@JBraungardt) December 10, 2020

En particular, fueron documentadas más de 35 aldeas y decenas de carreteras, pero se cree que muchas más continúan ocultas en la selva inexplorada. Los pueblos estaban compuestos por entre 3 y 32 montículos dispuestos en círculo, cuyo diámetro variaba entre 40 y 153 metros con una plaza en medio.

Esas aldeas se conectaban entre sí por caminos que tenían una orientación cardinal: dos que parten en dirección norte y otras dos hacia el sur. Por lo general, las vías rectas conectaban un pueblo con otro, creando una red de comunidades a lo largo de varios kilómetros.

Según este estudio, que ha sido publicado en la revista Journal of Computer Applications in Archaeology, la disposición distintiva y ordenada de las aldeas sugiere que los antiguos habitantes de Acre tenían modelos sociales muy específicos para la forma en la que establecían sus comunidades.

Anteriormente, ya se habían documentado la presencia de aldeas circulares de montículos en esa región brasileña, pero hasta ahora se desconocía su extensión, diseños arquitectónicos y organización.

“LiDAR nos ha permitido detectar estos pueblos y sus características como caminos, lo que antes no era posible porque la mayoría no son visibles con los mejores datos disponibles por satélite“, explicó José Iriarte, profesor de la Universidad de Exeter y coautor del trabajo.

Esta es una prueba más de que la selva tropical ha sido ocupada durante mucho tiempo por comunidades indígenas, cuyas culturas surgieron, sucumbieron, se transformaron y volvieron a surgir, mucho antes de que los europeos tuvieran un impacto en las Américas, destaca el estudio.

Malas noticias para el planeta. La deforestación de la Amazonia —la cifra anual por la que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil— se ha disparado en el último año hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 12 años. La mayor selva tropical del mundo, clave para frenar el cambio climático, perdió 11.088 kilómetros cuadrados de árboles, según el balance anual difundido este lunes por las autoridades. Este aumento del 9,5% respecto al año anterior pone en evidencia los graves efectos de la política del presidente, Jair Bolsonaro, de debilitar las inspecciones medioambientales, alentar la impunidad para los invasores de tierras y despreciar a los indígenas que quieren preservar sus tierras.

La Amazonia es tan inmensa que Greenpeace ha hecho unas cuentas para que sea más fácil entender el calibre de la pérdida. Son 626 millones de árboles talados. Es como si cada minuto del último año la Amazonia hubiera perdido el equivalente a tres campos de fútbol, hasta sumar cerca de 1,58 millones de estadios. La ONG sostiene en una nota que “el desmantelamiento de los órganos y las políticas medioambientales nos ha llevado a una tasa casi tres veces mayor que la meta de reducción de la deforestación para el año 2020 establecida por ley”.

El responsable del Observatorio del Clima, Marcio Astrini, sostuvo el lunes en el principal informativo nocturno de Brasil que el “preocupante” aumento de la deforestación es “resultado de un proyecto que está siendo implementado por el Gobierno”. Y enumeró algunas de esas acciones: “Por ejemplo paralizó el cobro de multas, debilitó el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), echó fiscales que combatían los delitos ambientales, redujo las operaciones sobre el terreno, el presupuesto… El Fondo Amazonia (con dinero noruego y alemán) está congelado, existen una serie de medidas de incentivo al grilagem (usurpación) de tierras, a la extracción ilegal de madera…”.

La cifra conocida este lunes es resultado de las mediciones que realiza mediante satélites el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE). Es un balance anual que abarca la superficie de árboles destruida entre agosto de 2019 y julio de 2020. Siempre tardan varios meses en ser públicas. Y suponen un balance preliminar que solo se consolida con los datos definitivos en el primer semestre del año.

El Gobierno de Bolsonaro es perfectamente consciente de que la política medioambiental es crítica en sus relaciones exteriores, tanto con la Unión Europea como los será con Estados Unidos cuando Joe Biden asuma la presidencia en enero. La ecología tiene un enorme peso en el proceso de ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El despliegue de miles de soldados brasileños en las zonas más sensibles y la creación del Consejo de la Amazonia para coordinar a todos los organismos implicados en el cuidado del medioambiente y la lucha contra los incendios no ha revertido el aumento de la deforestación que comenzó antes de que Bolsonaro llegara al poder, pero que se ha acelerado en estos dos años.

La destrucción de la Amazonia superó en 2004 los 27.000 kilómetros cuadrados (casi el triple que ahora). Fue el primer año de Lula da Silva como presidente. A partir de entonces la destrucción anual de árboles fue disminuyendo hasta alcanzar en 2012 los 4.570 kilómetros cuadrados (el mínimo desde que hay mediciones). Y a partir de ahí, con Dilma Rousseff en el poder, comenzó de nuevo el aumento hasta alcanzar la cifra actual.

La organización ecologista WWF destaca en un comunicado que la deforestación registrada desde que Bolsonaro gobierna indica la desconexión del Gobierno de los desafíos y oportunidades (también económicas) que supone la Amazonia.

El INPE tiene otro sistema, que contabiliza alertas cada mes y sirve para movilizar a los inspectores ambientales o la policía, que ya había indicado que la deforestación seguía en aumento. Greenpeace critica que pese a eso “la respuesta del Gobierno federal al aumento de la deforestación ha sido maquillar la realidad, militarizar cada vez más la protección ambiental y trabajar para frenar las acciones de la sociedad civil, dañando nuestra democracia”, según una portavoz.

“El ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus”. El boicot a los inversores en actividades de ganadería o minería en áreas de protección natural y en tierras indígenas fue una de las demandas de esta Asamblea, así como la moratoria de actividades extractivas, vector de contagio del coronavirus.

“Se levanta la lucha de los pueblos amazónicos, atacados en sus territorios, memorias y culturas. Crece el grito ensordecedor de la selva, derribada, quemada, saqueada por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia”, concluye la declaración de la primera Asamblea Mundial de la Amazonia, que se realizó el pasado fin de semana de forma virtual, con participantes de los nueve países panamazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia.

Más de 1.000 indígenas amazónicos han fallecido en los últimos cuatro meses, víctimas de la covid-19, y unos 20.000 se han contagiado, según los últimos datos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). “Nos une el dolor, nos une la emergencia, nos une la esperanza, la rebeldía (…) Estamos de luto por una pandemia que se ha llevado nuestros abuelos y abuelas, nuestras familias. El mundo también está de luto pero a pesar de eso no quiere despertar todavía”, expuso Gregorio Mirabal, coordinador general de la COICA, en el discurso de apertura de la Asamblea.

Entre las demandas expuestas a los gobiernos amazónicos figura el cese de actividades extractivas que están actuando como vector de contagio de las poblaciones locales, auxilios públicos de alimentación e insumos sin tener que salir de los territorios, así como la garantía de personal de salud y de materiales médicos para tratar a las poblaciones de la Amazonia frente a la pandemia de coronavirus.

Todo ello con un énfasis especial en la necesidad de respeto por las diferencias étnicas y culturales, tanto en los tratamientos médicos como en la elaboración de las estadísticas, que incluyan también las cifras de pueblos indígenas que viven en las ciudades.

Del total de los 375 pueblos indígenas amazónicos reconocidos oficialmente, 172 de ellos ya presentan casos de contagio y muerte por la covid-19. Este 10 de julio, varios representantes de pueblos originarios de la Amazonia se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el abandono del Estado y solicitaron que intercedan para que los gobiernos garanticen el respeto a los derechos de estos pueblos, principalmente en este momento de urgencia sanitaria.

El grupo de trabajo sobre el coronavirus concluyó que la amenaza actual de la pandemia es el resultado de varios factores que confluyen, entre los que se destacaron la aglomeración en urbes más grandes y pobladas, la cría de animales muy concentrados en granjas industriales, los efectos del cambio climático, uso de transgénicos, cambios de alimentación y consumo, así como actividades destructivas del medio ambiente, como la deforestación y la minería.

“Hay una minga [grupos comunitarios de trabajo] de resistencia dentro de las comunidades del bosque, del campo y de las ciudades, que se organizan frente a la devastación y al hambre que continuarán después de esta pandemia. Porque el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus“, añade la declaración final de la Asamblea.

Además de los impactos del coronavirus en la Amazonía, durante el encuentro mundial se abordaron otros dos ejes principales: el boicot a las actividades económicas predatorias y la movilización, tanto regional como internacional, para proteger a los ecosistemas y a los habitantes de esta región. La cuenca del río Amazonas alberga 3.344 Tierras Indígenas (TI) delimitadas y homologadas, así como 522 áreas naturales protegidas (ANP).

Según los estudios de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) presentados en la Asamblea, la minería ocupa ilegalmente 36 millones de hectáreas de territorios indígenas demarcados y 22 millones de hectáreas de ANP en la Panamazonia.

Asimismo, identificaron concesiones de extracción de gas y petróleo sobre 21 millones de hectáreas de tierras indígenas y en 6 millones de hectáreas de ANP.

La ganadería es la principal responsable de la tala de la Amazonía: 4,8 millones de hectáreas de tierras indígenas y 5,5 millones de hectáreas de ANP están deforestadas, como resultado de actividades criminales para colocar pasto y ganado para la venta de carne.

“Queremos un diálogo mundial con los que toman decisiones, que se consulte este modelo de desarrollo que prefiere desangrar la Amazonía y a sus pueblos. No queremos que nuestra riqueza natural y cultural solo sirva para llevar petróleo, oro y beneficios a los supuestos países desarrollados”, expuso Mirabal en su discurso. Y añadió: “Nos dejan el mercurio, enfermedades, río contaminado, selva devastada. Necesitamos hablar con los gobiernos de Estados Unidos, Europa, China y Rusia, y también con nuestros propios gobiernos, y evitar la destrucción y la falta de diálogo”.

La Asamblea acordó la necesidad de exigirle a los gobiernos de los nueves países panamazónicos la moratoria inmediata de las actividades extractivas, ya que muchas de ellas, sobre todo las ilegales, están aprovechando la preocupación por la pandemia para cometer crímenes medioambientales. Entre ellas destacan la búsqueda de oro y otros minerales, así como la extracción de madera, invasión de tierras indígenas y apropiación de predios públicos para invertir en ganadería.

Por ello, los panelistas propusieron un boicot a los grandes grupos económicos que  invierten en actividades predatorias de la Amazonia. Entre los principales financiadores de las empresas que llevan a cabo estas actividades destacan: HSBC, Goldman Sachs, Black Rock, Citi o JP Morgan. “El extractivismo es una desaforada tendencia de este sistema económico por convertir en capital todos los bienes de la naturaleza, donde ponen los ojos las empresas mineras no ven vida, no ven río, no ven naturaleza, no ven comunidades, ven solamente dinero”, expuso Pedro Sánchez, representante de la Red Iglesias y Minería, una campaña que pretende denunciar la violación de derechos humanos y ambientales resultante de la búsqueda de minerales en la Amazonía.

“Una gran parte del territorio amazónico está concesionada a la minería, a la destrucción, a la muerte para el enriquecimiento de muy pocos. La minería no trae progreso, no trae desarrollo. No existe un solo lugar en América Latina que pueda ser mostrado al mundo y decir ‘fíjense como la minería trajo el desarrollo, cómo vive la gente feliz’. Tenemos una historia en la que la minería ha sido impuesta a sangre y fuego”, explica Sánchez que participa en una campaña de incentivo a la desinversión en minería.

“¡Ni una gota más de sangre y dolor en los productos de consumo en las ciudades del mundo!”, añade la Declaración de esta primera Asamblea Mundial por la Amazonía.

La deforestación en la Amazonía brasileña creció un 54 % en los últimos diez meses, en relación con el período inmediatamente anterior, con un total de 4.567 kilómetros cuadrados de selva devastados entre agosto del año pasado y mayo de 2020, según un estudio privado divulgado este martes.

Tan solo en mayo, la Amazonía perdió 649 kilómetros cuadrados de selva nativa, la segunda tasa más alta de deforestación para este mes en la última década.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta de Deforestación del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), en el período acumulado entre agosto del año pasado hasta mayo de este año la destrucción de la selva siguió aumentando.

Aunque los 649 kilómetros de árboles devastados en mayo suponen una reducción del 19 % en relación con el mismo mes de 2019, fue la segunda tasa más alta de deforestación registrada en el mes en los últimos diez años.

Los datos indican que el avance de la deforestación ilegal continúa planteando riesgos para las tierras indígenas, principalmente por el peligro de contagio del COVID-19 en las aldeas.

En funcionamiento desde 2008, el Sistema de Alerta de Deforestación es una herramienta de monitoreo desarrollada por Imazon que, con base en imágenes satelitales, detecta zonas desforestadas a partir de una hectárea, así existan condiciones de nubosidad.

Los estados brasileños de la Amazonía que fueron más afectados con la tala de árboles en mayo fueron Pará, que registró el 40 % de la deforestación, seguido de Amazonas (25 %), Mato Grosso (19 %), Rondonia (10 %), Acre (4 %) y Roraima (2 %).

Desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó a la Presidencia brasileña, el 1 de enero del 2019, la deforestación en la Amazonía del país se ha disparado.

La sociedad civil responsabiliza de ese incremento al discurso de Bolsonaro, un defensor de la explotación de los recursos naturales en busca del “progreso” de la Amazonía.