Una mujer de 36 años fue arrestada bajo la acusación de haber entregado a sus tres hijos varones, de entre 8 y 14 años, para ser explotados sexualmente por el propietario de la vivienda en la que residían, a cambio de cubrir el alquiler. 

La detención de Claudia R. (cuyo nombre completo se reserva para proteger a las víctimas) fue resultado de una investigación liderada por el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI 8 de Berazategui, especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming.

Las pesquisas indicaron que la madre facilitó la corrupción y prostitución de sus hijos con el objetivo de asegurar la permanencia en la vivienda. Según la investigación, el propietario de la casa solicitaba a Claudia R. que le enviara a "alguno de los nenes" para someterlos. El hombre ya está detenido, al igual que el padre de los niños, acusado también de participar en los abusos. Se mencionó, además, que la madre grababa los ataques sexuales.

Un vocero judicial indicó que Claudia R. colaboró desde el inicio en los abusos y luego abandonó a los menores en esa situación de explotación. 

La causa está caratulada como "producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado en su condición de cooperadora y corrupción de menores agravada".

La detención de Claudia R. se realizó durante un allanamiento en Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, donde se incautó su teléfono celular, el cual será sometido a peritajes. Además, en un domicilio en Quilmes, se secuestraron una notebook del programa Conectar Igualdad, un teléfono y un pendrive. Allí también se imputó a un joven de 25 años, Alexis A., por "tenencia de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales".

La Fundación Es VICIS lanzó una nueva convocatoria del programa “Bienvenido a mi pueblo” destinado a impulsar el desarrollo de pequeñas comunidades mediante la instalación poblacional.

“En caso de que tu perfil coincida, serás convocado/a a una reunión informativa y entrevistas”, reseña el sitio oficial del programa.

Desde médicos generalistas, gerontólogos hasta farmacéuticos, la iniciativa ofrecerá como puente de agilización de contraprestaciones de asentamiento para los profesionales interesados, tales como la asistencia de alquiler, siempre por impulso de las jefaturas locales.

“Desde nuestra comuna ofrecemos ayuda a los nuevos habitantes por seis meses”, repasó Bruno Iommi Cilea, presidente comunal de Labordeboy en diálogo con El Cronista. “Tenemos conectividad directa con ciudades vecinas gracias a dos rutas, una Provincial (N° 93) y otra Nacional (N° 8)”, sumó.

¿Cómo funciona el programa Bienvenido a mi pueblo?

“Bienvenidos a mi Pueblo” es un programa de la Fundación Es VICIS (organización sin fines de lucro con sede en Suiza) orientada a impulsar el desarrollo de las pequeñas comunidades.

Su ejecución trazada sobre metodologías de Bienvenida, Trabajo y Vivienda permite identificar oportunidades de negocio, capacitamos a residentes y selección de familias emprendedoras urbanas que tengan el potencial para radicarse en las pequeñas localidades, en colaboración con el sector público, privado y de la sociedad civil.

¿Cuáles son las profesiones buscadas en los pueblos de Santa Fe?

De acuerdo a las necesidades identificadas por los vecinos, existen algunas oportunidades para profesionales que se desempeñen en las siguientes áreas o que tengan un emprendimiento, microempresa o Pyme que pueda establecerse y desarrollarse desde la región.

Médico generalista.

Médico pediatra.

Médico gerontólogo.

Concesionario del restaurante y consejería del club.

Farmacéutico.

Servicio de traslado de pasajeros habilitado para traslado. interurbano.

Mecánico de maquinaria agrícola.

Mecánica de autos.

Emprendimiento y/o pyme.

¿Cuáles son los pueblos de Santa Fe que buscan habitantes?

La iniciativa “Bienvenidos a mi Pueblo” de implementación en Colonia Belgrano, se encuentra ahora activa de ser aplicada en Maggiolo, Labordeboy y Carmen.

Maggiolo

Ubicada en la provincia de Santa Fe, Maggiolo es una comunidad de 2042 habitantes, perteneciente al Departamento General López.

Con 10 manzanas por 10 de superficie, cuenta con electricidad, agua potable, Internet y acceso asfaltado desde la Ruta Nacional 8.

Su historia se remonta al siglo XIX, cuando las tierras de Felipe Maggiolo dieron lugar a la construcción de la estación de ferrocarril en 1890, lo que marcó así el nacimiento de la comunidad. Luego, con el arribo de familias como los Rubiolo, Baudracco y Digiovanni, se convirtió en un vergel de cultivos y tradiciones, fusionando las influencias italianas y españolas.

“Es un pueblo tranquilo, amable, generoso. Dispuesto a recibir a quienes vienen con ansias de un cambio y de mejorar la calidad de vida de todos. Respetuoso de la naturaleza que lo rodea y cercana a una gran ciudad con la que interactúa cotidianamente”, destacó el presidente comunal de Maggiolo,  Juan Fetter.

Labordeboy

De tan sólo 1011 habitantes y lindero a Hughes y Wheelwright, Labordeboy comparte tierra con Villa Estela.

La localidad del sur santafesino se destaca también por sus parques, centro cultural, biblioteca, museo, clubes y opciones deportivas. Además, cuenta con un secundario agro técnico que atrae a estudiantes de zonas cercanas.

Su principal actividad económica es la agricultura y ganadería, complementada con servicios de siembra, cosecha, pulverización, fumigación y transporte de cargas.

“Destaca la producción de ladrillos de alta calidad. La localidad alberga una oficina de Agricultores Federados Argentinos (AFA – Labordeboy), que comercializa productos e insumos agrícolas. Otra empresa relevante es Sianagas, dedicada a la comercialización y reparación de heladeras y freezers a gas”, detalló el flyer promocional de “Bienvenidos a mi Pueblo”.

A días del cierre del formulario, Labordeboy impulsa el arribo preferencial de farmacéuticos.

Carmen

Ubicada en la provincia de Santa Fe, Carmen es una localidad de 1886 habitantes, situada a 12 km de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 33.

Fundada en 1894, cuna de figuras destacadas como el actor Pedro Buchardo, la Miss Argentina María del Carmen Vidal, y el pionero de la aviación Emilio Sauervein, su historia se remonta al siglo XIX, cuando las tierras de Don Tomás de San Jorge Armstrong dieron lugar al trazado de los rieles del Ferrocarril. En gratitud a ese gesto, se bautizó al incipiente asentamiento como San Jorge. Sin embargo, ya había un pueblo homónimo, así que se cambió el nombre a Carmen, en honor a la esposa de San Jorge Armstrong.

La principal actividad económica de la localidad es la producción agropecuaria. Se destaca uno de los acopios de la Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás, ubicada en el ingreso al pueblo. También existen emprendimientos de agregado de valor, como la fábrica de quesos Chamen y las fábricas de aceites industriales D.A.S., Baima y Ozcoidi.

¿Dónde completar el formulario para vivir en uno de los tres pueblos de Santa Fe que buscan habitantes?Las personas interesadas en participar en el programa “Bienvenidos a mi pueblo” y que reúnan las características del perfil solicitado podrán completar el formulario con datos personales y de contacto aquí: https://bienvenidosamipueblo.org/quierovivirenunpueblo/

Desde el ministerio de Economía tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020.

La resolución se conversó ayer en un almuerzo entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La normativa, sancionada en junio de 2020, terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario.

Alquileres: los contratos que se renuevan en febrero tendrán aumentos de hasta el 86%

El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.

En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Qué saber antes de alquilar: guía útil para inquilinos

Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.

Finalmente, en noviembre de 2021, Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.

Si este año se decide que el tema vuelva a ser tratado por el Congreso, no debería volver a pasar por comisión, ya que según explicaron fuentes legislativas el dictamen de comisión se sostiene porque la conformación actual de la Cámara baja es la misma del año pasado. En ese caso, si la modificación de la ley se incluye en el temario se va a tratar el dictamen del oficialismo en primer lugar.

Como todos los meses, los aumentos no cesan y cada vez se acumulan más a medida que la inflación avanza a un ritmo del 6% promedio.

Uno por uno: tips para gastar menos en la vuelta a clases

En este contexto donde los salarios intentan acompañar el índice de precios, algunos rubros ya comienzan a aumentar mensualmente.

A principios de febrero, el Ministerio de Economía acordó con los colegios privados entrar en el programa Precios Justos. Dentro de los elementos del acuerdo, además del beneficio estatal para la compra de útiles de la canasta escolar, también se negoció un tope de aumento para las cuotas de escuelas privadas.

Como suele ser todos los meses desde el acuerdo alcanzado en diciembre con Economía, las petroleras tendrán un tope de aumento por mes. En esta ocasión y en el marco del programa Precios Justos, tendrán un tope de 3,8%. Será un 0,2% menor al 4% establecido en los meses anteriores.

A partir del primero de marzo entrarán en vigencia nuevos aumentos en los alquileres, para los contratos que deberán renovarse este mes año/año.

El mecanismo de actualización para los alquileres está normado por la Ley de Alquileres, que establece que la suba se haga según un promedio de la variación anual de la inflación, que publica Indec, y el nivel de salarios de los trabajadores que realizan aportes a la seguridad social (RIPTE).

Para un inquilino que firmó contrato en marzo de 2022 por $50.000, renovará con un aumento del 89,6% interanual, por lo que pasará a pagar $94.780 por la misma unidad. En comparación con las renovaciones realizadas en febrero, que se realizaron con aumentos del 86%, las actualizaciones de marzo son más de tres puntos superiores.

Como viene sucediendo mes a mes, en marzo las prepagas también tendrán aumento. Esta vez, será del 7,66% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 (según RIPTE) y para quienes completen el formulario. Para aquellos que tengan salarios inferiores a ese monto, será del 5,04%.

La inflación de Argentina en 2022 fue del 94,8%

Con el reajuste de marzo, los precios de los planes de salud habrán tenido, en los tres primeros meses del año, un alza de 24,5% para quienes no califican para el tope, y del 17,8% para los casos en que sí se considere el índice máximo vinculado con el Ripte. Antes de las actualizaciones de febrero y marzo, en el primer mes del año se había concretado un aumento de 6,9%.

Los usuarios tendrán una única actualización en todo el 2023 según confirmó la Secretaría de Energía, que será de 28,3% a aplicarse en marzo.

Sin embargo, a este porcentaje luego se le agregarán las subas correspondientes a los servicios de transporte y distribución, que también impactan en el precio final de la factura.

Para febrero, el aumento de alquileres anual alcanzará el 85,88% y en dos años acumula más del 180%. Se aplica el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica el Banco Central. Ya es la segunda suba anual con la nueva Ley de Alquileres, que fue aprobada en el año 2020.

Rosario: uno de cada tres inquilinos no pudo renovar el alquiler

El mes de febrero arranca con un mal augurio para los inquilinos: mayor aumento de alquileres para quienes ya generaron un contrato por tres años. Estos incrementos vienen subiendo junto con la inflación, ya que en diciembre era inferior a 170% y en octubre no llegaba al 150% en dos años.

Alquileres: brindarán más asesoramiento antes de firmar un contrato

La actualización de los precios está conformada, en partes iguales, por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). Estos valores están regidos según el salario que corresponde a los trabajadores en Provincia de Buenos Aires, lo cual difiere mucho con la realidad que se vive en el interior del país.

En concreto, quienes hayan firmado su contrato de alquiler después de mediados del 2020 cuando se sancionó la nueva Ley de Alquileres y tienen la actualización anual en base al ICL registrarán aumentos del 85,88%. Esta actualización se da una vez al año y el precio se mantiene por doce meses; pero es una suba muy alta que afecta al bolsillo de los trabajadores.

Ante la gran demanda de consultas vinculadas a expensas y alquileres que se recepcionan en la Oficina Municipal del Inquilino, la Municipalidad organizó un charla con especialistas en el tema.

Con el objetivo de brindar información clara y precisa a vecinas y vecinos, expusieron María Ángeles Fernández, abogada y mediadora; y Martín Benitez, abogado, mediador y especialista en derecho notarial, registral e inmobiliario.

Convocan a un plenario para debatir la reforma de la Ley de alquileres

Los disertantes, miembros de la Oficina Municipal del Inquilino, brindaron información detallada sobre la composición de las expensas, los diferentes tipos que existen, las obligaciones que suponen y las posibles situaciones a las que se exponen quienes evaden el pago, entre otros puntos.

Al respecto, el director de Derechos Ciudadanos del municipio, Pablo Mainer, expresó que “la finalidad del encuentro fue responder a la gran cantidad de consultas que recibimos a diario en la Oficina Municipal del Inquilino, una oficina al alcance tanto de locadores como de locatarios, para cualquier tipo de consulta”.

En ese sentido calificó como “muy importante generar un vínculo para que las y los santafesinos puedan conocer un poco más sobre la ley de alquileres y expensas”.

Mainer insistió en que el encuentro “fue enmarcado en una serie de acciones planteadas por el intendente Emilio Jatón para que la Oficina Municipal del Inquilino tenga más alcance y cercanía, de modo de resolver más conflictos y brindar mayor información a las y los santafesinos”.

Ley de Alquileres: incorporarían incentivos fiscales para mejorar la oferta de viviendas

Oficina Municipal del Inquilino

Funciona en la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad, en el ala suroeste del ex Predio Ferial (Las Heras 2883). Atiende cualquier tipo de consultas de lunes a viernes, de 7 a 13, ya sea personalmente, por teléfono (0342) 4574119 o WhatsApp (3425315450). También puede remitirse un correo electrónico a la dirección of.inquilinos@santafeciudad.gov.ar.

Este jueves se realizará el segundo encuentro de la mesa de alquileres, donde se abordarán las propuestas de referentes de inquilinos y del sector inmobiliario.

El segundo encuentro de la mesa se realizará este jueves y se abordarán las propuestas de la Federación de Inquilinos Nacional, la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

La Federación de Inquilinos Nacional indicó en un comunicado que llevará a la mesa la iniciativa de regulación del precio inicial del alquiler, que se fije en 2% del valor fiscal de la vivienda, “siendo éste el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos”. La aplicación de un impuesto del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso por más de dos meses para todos aquellos que tengan más de tres propiedades, es otro de los puntos centrales de las propuestas de la Federación que preside Gervasio Muñoz.

“El impuesto a la vivienda vacía es una medida que se toma en casi todas las ciudades grandes del mundo. Su función es limitar la especulación, y aumentar la oferta para bajar la presión sobre los precios”, remarcó. También abordarán la necesidad de establecer un canal para denuncias ante Defensa de Consumidor/Secretaría de Comercio por incumplimiento a la legislación aplicable a las relaciones de alquiler; que se realice una medición oficial de precios de los alquileres; y mayor control de la AFIP sobre las inmobiliarias.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, dijo a Télam que en el encuentro presentarán un documento elaborado junto con Cucicba en el que se plantea la necesidad de “modificar la ley, hacer una nueva o retrotraerla, y atender la modificación de la ley de blanqueo, que se incorpore la unidad usada, no sólo la nueva, además de una batería de propuestas relacionadas con temas impositivos”. ]]>

Este jueves se realizará el segundo encuentro de la mesa de alquileres, donde se abordarán las propuestas de referentes de inquilinos y del sector inm...]]>

Ante la vuelta a la presencialidad total en el sector educativo, en la ciudad comienza a evidenciarse la demanda de alquileres para estudiantes. Frente a esta situación, la Municipalidad brinda recomendaciones a tener en cuenta en el momento de rubricar los correspondientes contratos.

Pueden inscribirse inmuebles destinados a alojamiento desde un día a tres meses. El trámite, que permitirá ampliar la oferta de plazas disponibles en Santa Fe, es 100 % virtual.

La Municipalidad de Santa Fe informa que ya abrió el Registro de Alquileres Turísticos Temporarios de casas y departamentos para alojamiento desde una noche hasta tres meses.

Ley de Alquileres: el municipio abre el diálogo con los actores locales

El trámite es 100 % digital desde la Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe a través de este enlace y también puede realizarse de forma presencial en la Dirección de Turismo que funciona de lunes a viernes de 8 a 14 en la Estación Belgrano, en Bulevar Gálvez 1050.

Franco Arone, director de Turismo del municipio, destacó las ventajas de la implementación de este registro para el municipio: “Como primera medida, permite ampliar la plaza de alquileres o alojamientos en la ciudad de Santa Fe. Estimamos que entre 1200 y 1500 plazas se incorporarán formalmente al registro”. En ese sentido, agregó que “hoy tenemos unas 3000 plazas y si logramos incorporar las más de mil disponibles como alquileres temporarios, nos va a permitir salir a buscar eventos que hoy no llegan a la ciudad porque no nos dan las plazas de alojamiento”.

El funcionario definió que esta iniciativa se enmarca en “el ordenamiento de la oferta turística de la ciudad: a partir de ahora toda esta oferta que permanecía invisible, porque no la podíamos promocionar, vamos a poder incorporarla y promocionar una modalidad de alojamiento que es muy demandada, fundamentalmente en el sector empresario y los jóvenes”.

Temporada de verano: recomendaciones sobre alquileres temporarios

El listado con el registro de inmuebles estará disponible en la web de la Municipalidad de Santa Fe, en QR de Información Turística y Centros de Informes.

Más beneficios

Otro de los puntos que destacó Franco Arone es que “brinda seguridad al anfitrión, que es el dueño del inmueble, y al huésped, porque la ordenanza prevé que se pidan una serie de requisitos como la verificación de instalaciones de gas, electricidad y otros servicios que son básicos para garantizar la seguridad”.

También destacó como beneficios que “promueve el trabajo decente y genera una sana y leal competencia frente a otras modalidades de alojamiento. Actualmente, al no estar regulado, es una competencia desleal frente a los hoteles que tienen que hacer una serie de tributaciones que no hacen las casas y departamentos de alquiler turístico temporario”.

Quienes se sumen a un inmueble al registro, desde el municipio se promocionará dentro de la oferta turística de la ciudad en Centros de Informe y sitio web, además de ofrecer asesoramiento legal para la promoción del inmueble. El registro se inscribe en la Ordenanza N° 12.731, a partir de un trabajo coordinado con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe.

Cómo es el trámite

La inscripción al registro tiene vigencia por un año. El trámite puede ser realizado por propietarios, usufructuarios, apoderados, administradores, locadores, corredores, martilleros, intermediarios, mandatarios, simples tenedores y/o cesionarios que intervengan en alguna forma en la comercialización, promoción, contratación, administración, explotación, gestión o intermediación de la oferta de inmuebles en la modalidad locativa anteriormente definida.

Como requisito, se debe presentar en términos generales:

Escritura del inmueble autenticada que demuestre la titularidad del mismo o el título del que surja el derecho que permita la autorización para su explotación. Constancia del Sistema Registral de AFIP en cumplimiento de la Resolución 3687/2014. Actividad AFIP: “Servicios de hospedaje temporal n.c.p” Certificado de Sistema Eléctrico Póliza de seguro por responsabilidad civil por daños contra terceros. Declaración jurada en la que conste el cumplimiento de las disposiciones sobre Seguridad e Higiene vigentes en la Ciudad. (Ver botón Descargas/Enlaces) Fotos del inmueble a alquilar

Una vez finalizado el trámite, el municipio otorga un número de registro a cada inmueble, el cual debe estar visible en las plataformas de intermediación para su comercialización. “Así nos aseguramos que se está ofreciendo un alojamiento que está debidamente habilitado, que tiene normas de seguridad, que asegura la protección de la minoridad para evitar situaciones de trata, y una serie de cuestiones que da la garantía de que es un alojamiento cuidado”, concluyó Arone.

La Municipalidad brinda algunos consejos acerca de los vínculos contractuales entre locador y locatario, de cara al verano. Además, se recuerdan las vías de comunicación ante consultas o reclamos.

Se realizó el primer encuentro con los principales actores involucrados en la temática. El objetivo fue intercambiar opiniones y buscar herramientas que mejoren la relación locativa en el marco de la nueva ley nacional de alquileres.

La Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo la primera mesa de diálogo con los actores involucrados en la temática de alquileres de la ciudad. En la reunión, que tuvo lugar este miércoles en el nuevo espacio de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana (ex Predio Ferial, Las Heras 2883), participaron miembros de distintas instituciones y organismos públicos. Uno de los ejes del encuentro giró en torno a las consecuencias que la nueva ley nacional de Alquileres implicó en las relaciones locativas.

Estuvieron presentes el director de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad, Franco Ponce de León, junto a los responsables del área municipal de inquilinos Martín Benítez y María Fernández; Adriana Garrido, por la Defensoría del Pueblo de la provincia; Pedro Peralta, por el Frente de Inquilinos Nacional; Soledad Ureta Cortés, por la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe); Jorge Pighin, en representación del Colegio de Corredores Inmobiliarios; Walter Govone, por la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe (CECI); y Vanina Sturla, por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.

Piden informes por las demoras en el trámite del certificado único de discapacidad

En la ocasión, se dialogó sobre la aplicación del Índice ICL y los ajustes del precio, renovaciones y prórrogas contractuales, problemática de la vivienda y su disponibilidad, cauciones locativas, impuestos y sellados contractuales, entre otros. Asimismo, de la reunión surgieron propuestas para seguir avanzando en la búsqueda conjunta de soluciones y la realización de una jornada de capacitación sobre “locaciones” que será abierta a la comunidad, entre otras acciones a realizar.

Ponce de León calificó a esta primera reunión como “auspiciosa” y explicó que “el objetivo fue abordar la incidencia de lo que son las locaciones en la vida diaria de los santafesinos”. Destacó la participación de todos los involucrados en la temática de alquileres y dijo que “la idea es continuar con reuniones periódicas para el abordaje colaborativo con los actores de la sociedad civil y del sector privado a fin de avanzar en políticas públicas de promoción y protección de las relaciones locativas”.

El funcionario municipal mencionó que la Oficina Municipal del Inquilino brinda atención diaria a los ciudadanos que así lo requieran y también en cada uno de los barrios que requirieron la presencia de la oficina. Hasta la fecha las consultas ascienden a unas 3 mil.

Se viene la 9° edición de la Semana Comex

Informes

Los sitios donde dirigirse para realizar consultas son:

– Las Heras 2883 (ex Predio Ferial, ala sur oeste), de lunes a viernes, de 7.15 a 13 hs – Whatsapp: +54 342-5315450 – Teléfono: 4574119 – Correo: derechosyvinculacionciudadana@santafeciudad.gov.ar – Oficina Virtual municipal

Las imágenes de jóvenes durmiendo sobre los bancos de parques en Esmirna, frente a la universidad de Sakarya, en los asientos de los transbordadores que comunican las orillas europea y asiática de Estambul y otros rincones de Turquía han recorrido las redes sociales en los últimos días.

Barcelona: queman banderas españolas en una protesta contra la visita del rey

Son parte de una protesta iniciada a mediados del pasado mes contra las dificultades de acceder a una vivienda o a una plaza en residencias universitarias en un momento en que los alquileres se han disparado entre un 50% y un 300% respecto a los precios de hace un año. Cerca de un centenar de estudiantes han sido detenidos aunque posteriormente fueron puestos en libertad.

Múltiples arrestos tras una nueva protesta contra el confinamiento en Australia

“Publicamos un vídeo en el que se veía que varios estudiantes dormíamos en un parque. Al día siguiente, cuando íbamos a hacer lo mismo, la policía lo había acordonado y había desplegado a decenas de agentes y un vehículo blindado.

Nosotros les preguntamos si el problema era que 20 estudiantes durmiesen a la intemperie o las circunstancias que nos obligan a dormir en la calle”, explica Mert Batur, uno de los portavoces del movimiento Barinamiyoruz (No tenemos alojamiento) y estudiante de Derecho en la Universidad de Estambul.

“El vídeo tuvo mucha repercusión y al final la policía se retiró. Desde entonces hemos dormido todas las noches en varios parques de Estambul”, explica. Las protestas se han reproducido de diferentes formas en 24 provincias de las 81 del país, según datos del Ministerio de Interior.

Sakarya'da üniversite öğrencisi yurt ücretlerini ve ev kiralarını protesto ederek kampüs önünde yattı.

Barınamayanlar sessiz kalmayacak. Sesimizi her yerde, her şekilde yükselteceğiz.

Sen de Barınamayanlar Hareketi'ne katıl birlikte mücadele edelim. https://t.co/PxwOKCPklr pic.twitter.com/1kkqJIcjtb

— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 15, 2021

Septiembre y octubre son meses de gran actividad en el mercado inmobiliario turco. Con la apertura del curso escolar, estudiantes universitarios y profesores buscan alojamiento y los propietarios tienden a aprovechar la mayor demanda para subir los precios.

Este año, una conjunción de factores ha hecho que esas subidas se conviertan en astronómicas: la educación ha vuelto a ser presencial por primera vez desde el inicio de la pandemia con lo que millones de estudiantes que habían retornado a sus lugares de origen han regresado a las grandes ciudades del país como Estambul, Ankara y Esmirna, donde están casi la mitad de las 200 universidades del país, además de las más grandes y más solicitadas. En Estambul, por ejemplo, se concentra un millón de los ocho millones que cursan estudios universitarios en Turquía.

Yurtsuzlar olarak fahiş ev kiralarına, yurt ücretlerine, niteliksiz yurtlara karşı bugün vapurdan sesimizi yükselttik:Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlarFalları grafiklerde bakılanlar siz de işitin..#YurtsuzlarGoezaltında#BARINAMIYORUZ pic.twitter.com/u2CKE6CSmK

— yurtsuzlar (@yurtsuzlar_) September 28, 2021

Otros países del mundo se enfrentan a una burbuja de precios en el mercado inmobiliario a medida que se recupera la normalidad interrumpida por la pandemia, pero “en Turquía este hecho se ha agravado por la política monetaria del Gobierno”, sostiene el economista Ugur Gürses. En 2020, explica, el Gobierno presionó a los bancos, especialmente a aquellos públicos, para extender créditos hipotecarios a toda costa.

Gaspettiğiniz binlerce yurdunBazılarını peşkeş çektinizBazılarını devrettinizBazılarını da atıl halde çürüttünüz

Gönül arzu ederdi ki madem aldınız Adam gibi işletip devam ettirseydiniz

Yazık ettiniz#BARINAMIYORUZ

Geleceğimiz SokaktaYatıyor pic.twitter.com/Ie1FdFYXIP

— _Dide_ (@Nur_825) September 29, 2021

Los bancos telefoneaban a posibles clientes para convencerles de que contratasen hipotecas a precios ventajosos (entonces, la tasa de interés de referencia se hallaba en el mínimo de los últimos cuatro años, al 8,25%, ahora está en el 18%), y estos eventuales clientes no eran necesariamente aquellos que necesitaban una vivienda con más urgencia, sino aquellos con un perfil más idóneo a la hora de devolver el crédito, es decir, con mayores ingresos.

20 yılda kaç nesil heba ettinizKaç gencin hayallerini, Hayatlarıyla birlikte karattınız Farkında mısınız ?

Muhalefet de dahil bu konudaBir rapor ortaya koyabilir misiniz ?#BARINAMIYORUZ

Geleceğimiz SokaktaYatıyor pic.twitter.com/czepeOK74g

— _Dide_ (@Nur_825) September 29, 2021

El volumen de créditos aumentó en pocos meses un 40% y las ventas se dispararon. “Pero como los costes de construcción han aumentado muchísimo por la depreciación de la lira turca, también ha aumentado muchísimo el precio de vivienda nueva, así que esas compras se han dirigido a pisos de segunda mano”, apunta Gürses. Si antes de la pandemia los pisos de segunda mano representaban poco más de la mitad de las compraventas del mercado inmobiliario, ahora son el 70%. Y esas eran viviendas cuyos propietarios solían dedicar al alquiler, con lo que se ha producido una importante reducción de la oferta en el mercado de alquiler y un rápido incremento de la demanda.

Por ley, los propietarios no pueden exigir incrementos anuales del alquiler superiores a la cifra de inflación oficial (19,25% actualmente), pero no hay una regulación sobre el precio de partida en viviendas vacías. Los precios medios que se exigen por un piso de dos habitaciones cerca de una universidad en Estambul están entre las 2.000 y 4.000 liras (unos 200-400 euros), y las becas y créditos estatales que permiten estudiar a un millón y medio de alumnos son solo de 650 liras mensuales (63 euros).

Otro problema es la falta de residencias universitarias. En los últimos años se han reducido las plazas en las residencias públicas (son menos de 700.000, a un precio de unas 400 liras por estudiante en habitaciones de cuatro a ocho personas) y se han incrementado las privadas, que cuestan dos y tres veces más y, en muchos casos, están gestionadas por cofradías religiosas cercanas al partido del presidente Recep Tayyip Erdogan. “Es parte del proyecto neoliberal del Gobierno de reducir la financiación pública de la educación y convertirla en un negocio”, denuncia Batur.

El ministro de Interior, Süleyman Soylu, respondió a las protestas alegando que la mayoría de los participantes “no son estudiantes” sino “miembros de organizaciones marginales de izquierda”. E incluso de “grupos terroristas” como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el Partido Comunista Marxista-Leninista (MLKP, en sus siglas en turco) “o esos miembros de (colectivos) LGTB que me quieren tanto”, añadió, utilizando las siglas del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales como si fueran una organización armada. También Erdogan cargó contra ellos acusándoles de querer “crear un segundo Gezi”, en referencia a las multitudinarias protestas juveniles que agitaron Turquía en 2013.

Con todo, los ayuntamientos del partido gobernante ―también los de la oposición― han abierto instalaciones municipales para alojar sin coste a los estudiantes con problemas de vivienda durante un mes y el Ejecutivo ha anunciado la creación de nuevas residencias universitarias públicas con 110.000 nuevas plazas, lo que ha llevado a los colectivos estudiantiles a reducir las protestas. “Veremos si esta solución es suficiente, pero si no, aumentaremos nuestras movilizaciones”, explica Batur: “El problema de la vivienda no afecta solo a los universitarios. De hecho, durante nuestras protestas nos han contactado cientos de obreros y desempleados con el mismo problema”.

Para el movimiento estudiantil, esta es una pequeña victoria de las que no están acostumbradas a saborear en un país que ha visto cómo las protestas eran prohibidas o disueltas a palos y con gases. Y además no es la única que se produce en los últimos meses. Las movilizaciones que comenzaron a principios de año en la Universidad del Bósforo, la más prestigiosa del país, han logrado que Erdogan destituyese al rector que él mismo había nombrado a dedo seis meses antes y, aunque el sustituto tampoco es del agrado de los universitarios ni de los profesores, la protesta ha servido para galvanizar al movimiento estudiantil y hacerle consciente de su fuerza.

En los pasillos del poder en Ankara, la posibilidad de unas protestas juveniles más amplias, similares a las de Gezi, supone una verdadera pesadilla. En las próximas elecciones, si se celebran en su fecha prevista (junio de 2023), habrá unos seis millones de nuevos votantes, y los sondeos indican que no ven favorablemente a un Erdogan que ha gobernado ininterrumpidamente desde 2003.

Las encuestas indican que el nivel de descontento entre los jóvenes es mayor que entre otros segmentos de la población, puesto que su precarización es cada vez mayor, igual que en economías más desarrolladas. Hasta hace pocos años, un título universitario era en Turquía un billete seguro a un empleo garantizado y mejor remunerado que la media. Ya no es así.

Además, dos tercios de las becas que se conceden son en realidad créditos, “con lo que un licenciado empieza la vida laboral con una deuda de mínimo 30.000 liras”, apunta Batur. Esto les obliga a buscar trabajos peor remunerados en un mercado con cada vez menos posibilidades de empleo (un 30% de los titulados superiores están en paro). “El Gobierno no está atendiendo los problemas de los jóvenes. Hay un gran problema de desempleo. Los salarios son muy bajos y muchos de los licenciados se mueven al segmento de los que cobran el salario mínimo [2.826 liras o unos 280 euros]. En toda Turquía, en torno al 40% de los trabajadores cobra el salario mínimo, y, además, desde el inicio de la pandemia se ha incrementado mucho el trabajo a tiempo parcial”, sostiene Gürses. Es decir, la vivienda es solo la punta del iceberg de los problemas a los que se enfrenta la juventud turca.

#barınamıyoruz yeni @bayanyani ve @lemandergisi sayılarının kapağı, çizerlere selam olsun https://t.co/b1S0nl13Hs

— engin_bodur (@enginbod1) October 3, 2021

Al cumplirse un año de la Ley de Alquileres N° 27.551, la Municipalidad, a través de la Oficina del Inquilino, brindará una charla dirigida al público en general, para explicar el cálculo del Índice de Contratos de Locación (ICL). En esa norma nacional, que rige desde el 1 de julio del año pasado, se estableció una variable de ajuste anual para los contratos de alquiler destinados a vivienda, que se compone de: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE).

En la oportunidad se conversará sobre los principales puntos y el impacto de la Ley, como así también de las acciones y las tareas que se han llevado adelante en este primer año por parte de la Oficina.

El encuentro, sin costo, estará a cargo de los responsables de la Oficina del Inquilino y se concretará de manera virtual, mediante la plataforma Google Meet, el miércoles 7 de julio, a las 13.30 horas. Quienes quieran inscribirse deberán hacerlo enviando un mail a derechosyvinculacionciudadana@santafeciudad.gov.ar y recibirá el link de acceso a la reunión.

Dónde consultar

La Oficina Municipal del Inquilino funciona en la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, en calle Salta 2840, de lunes a viernes, de 7.15 a 13 horas.

Ante cualquier duda o consulta, los vecinos y vecinas de la capital provincial pueden comunicarse por whatsapp al número 3425315450; por teléfono, al 4574119; vía correo electrónico, a derechosyvinculacionciudadana@santafeciudad.gov.ar; o ingresando a la web oficial del municipio, en el siguiente link.

La iniciativa apunta a mejorar los precios frente a la especulación financiera. “Esperamos desanimar el uso especulativo y pensar el acceso a la vivienda como un bien social”, explicó Lucila De Ponti, impulsora del proyecto.

La diputada Lucila De Ponti presentó un proyecto junto a la Asociación de Inquilinos de Rosario para la creación de un Registro Provincial de Viviendas Ociosas, con el objetivo de promover su incorporación para su uso efectivo residencial, comercial, cultural o público. La iniciativa plantea incorporar al mercado inmobiliario aquellos inmuebles que hoy se encuentran vacíos, aumentando la oferta disponible y reduciendo el precio de los alquileres.

“Para bajar los alquileres es necesario que el precio deje de estar determinado en el marco de la especulación financiera y sea definido en relación a los ingresos de la población”, explicó la legisladora del Movimiento Evita. “La vivienda tiene que ser un bien social en vez de un elemento para la especulación financiera”, aseguró.

“En primera instancia es fundamental conocer cuantas viviendas ociosas hay en la provincia para generar acciones para desincentivar la tenencia de inmuebles para uso especulativo y promuevan que estas viviendas sean alquiladas, por eso proponemos también un aumento del impuesto inmobiliario para quienes decidan mantener las viviendas deshabitadas”. En este sentido, el registro permitirá tener un panorama más preciso de la cantidad de inmuebles sin uso. “Es indispensable incluir la problemática de los alquileres para pensar una política de acceso a la vivienda digna porque un enorme porcentaje de la sociedad, mientras intenta alcanzar el sueño de la vivienda propia, alquila durante muchos años de su vida. Calculamos que un 30% de la población santafesina habita en viviendas alquiladas, es función del Estado poder garantizar que lo hagan en condiciones accesibles”, finalizó.

Por su parte, Emmanuel Canelli -presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario- amplió los detalles de la iniciativa. “El proyecto plantea varios ejes, el primero es que aquellas viviendas que consuman por seis meses menos de 46 Kwh/mes sean consideradas ociosas (lo que consume una heladera por mes); el segundo eje es que a esas viviendas se les incremente en un 50% el API y con estos fondos se busca financiar políticas para el sector inquilino; el tercer eje, es que se mantienen las excepciones en los pagos, planteados en las leyes impositivas provinciales; y por último es que se introduce una cláusula en la cual se establece que, de aprobarse, se implementaría en el ejercicio fiscal posterior a finalizar la pandemia”, explicó.

“En Rosario, lo último que conocemos es un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en el cual destaca que casi hay 80 mil viviendas vacías. Es aquí donde el estado debe poner el eje, haciendo gala de su rol de árbitro, pero, sin dejar de ver que actores somos los que corremos con las de perder. Lo que solicitamos conocer es, cuántas viviendas ociosas hay, dónde están esas viviendas, por qué están vacías, quiénes son sus propietarios y si están en buen estado. Para que desde allí el Estado pueda generar políticas que incentiven a colocarlas efectivamente en el mercado del alquiler y logren desalentar la especulación inmobiliaria de los grandes tenedores de viviendas, los corredores inmobiliarios y las constructoras”.    

Este jueves vence el plazo para registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) alcanza a los locadores de todo el país, que están obligados a inscribir los acuerdos de alquiler de bienes urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles.

Los locadores deben registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, de acuerdo a lo establecido por AFIP.

Entre los sujetos excluidos se encuentran la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno porteño, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Los locatarios o arrendatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

Eso está previsto en la propia de alquileres, la 27.551, que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria.

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

Cómo y dónde hacerlo

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y sus modificaciones, es de 15 días corridos desde su celebración.

En la última sesión, el Concejo aprobó un pedido para que se gestionen ante el gobierno nacional subsidios y/o créditos para aquellos inquilinos que estén en situación de vulnerabilidad y no puedan afrontar el pago del alquiler. Esta propuesta del concejal Lucas Simoniello se da en el marco del vencimiento del Decreto 320/2020, que –entre otras medidas- establecía el “congelamiento” de los precios de los alquileres desde el 31 de marzo del año pasado.

“En su momento apoyamos el congelamiento de los precios de los alquileres en el marco de la pandemia, dado que fue un alivio para muchos inquilinos saber que no iban a tener que afrontar un aumento más en un contexto económico complejo. La realidad hoy es diferente, porque en muchos casos existe una deuda acumulada producto de ese alivio momentáneo. Por eso lo que buscamos es acompañar a esas personas a afrontar esta deuda con el acceso a créditos blandos, garantizando instancias de mediación y evitando posibles desalojos”, explicó Simoniello.

“Afrontar el costo de un alquiler, en un contexto de alta informalidad e inestabilidad laboral como el que estamos viviendo, se vuelve muy complicado. A eso se le suma que en la mayoría de los casos se hace imposible de acceder a créditos de las entidades bancarias o financieras por los requisitos que se exigen” expresó el concejal. “Por eso creemos que desde el Estado debemos crear políticas públicas que ayuden a aquellas familias que desde hace ya meses no pueden afrontar el pago de sus alquileres o lo están haciendo con mucha dificultad”.

“Tenemos que pensar, además, que esta situación es compleja tanto para las familias que dejaron de pagar el alquiler, los servicios u otros consumos, como para los garantes, a quienes les puede generar posibles problemas, o los mismos propietarios” agregó.

Cabe destacar que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios propone, en este mismo sentido, crear un subsidio o crédito, similar al instituido a través de la Tarjeta AlimentAR, para aquellas personas o familias que no puedan afrontar el pago del alquiler de su vivienda.

“En la actualidad son muchas las familias que para garantizarse una vivienda deben afrontar el pago del alquiler. Si miramos los datos, comparando los censos de 2001 y 2010, el porcentaje de propietarios tiende a disminuir, mientras que las viviendas alquiladas fueron aumentando. El año pasado, durante los meses de aislamiento y restricción de actividades económicas, realizamos encuestas a inquilinos a través de las cuales advertimos sus dificultades para cumplir con el pago de los alquileres” explicó Simoniello.

En este proyecto también se propone la intervención en el mismo sentido de la Oficina del Inquilino dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad. Dentro de sus objetivos, se incluyen facilitar el acceso a viviendas en alquiler, gestionar el otorgamiento de garantías bancarias y/o seguros de caución, entre otros. “La intervención de este área es imprescindible para mejorar las condiciones del inquilinato en la ciudad” afirmó el concejal.

“Por todo esto creemos que es fundamental aportar y construir soluciones pensando en acompañar a las familias santafesinas en estos momentos difíciles para que puedan ejercer su derecho a una vivienda adecuada” finalizó Simoniello.

Los Países Bajos han aprobado una ley que limita a un 1 % (más inflación) la subida del precio del alquiler en el mercado libre durante los próximos tres años, para rentas de más de 750 euros al mes, explica el socialdemócrata Henk Nijboer, autor de la norma, que el pasado martes obtuvo el respaldo del Senado

Aunque la ley ya era necesaria antes de la pandemia, puesto que los precios del alquiler privado se han disparado desde hace años, el coronavirus la ha hecho indispensable para proteger a los inquilinos contra grandes subidas, sobre todo quienes han perdido todos o parte de sus ingresos por la covid.

“El sector privado no está regulado en Países Bajos. El dueño puede pedir 100 o 300 euros más al mes a los inquilinos. No había ninguna regulación, y mi proyecto de ley regula estas subidas a la inflación más un 1 % máximo”, explica Bijboer, tras lograr el respaldo del Parlamento el 9 de febrero y del Senado esta semana, a la espera de que el Gobierno en funciones la adopte “pronto”.

El socialdemócrata (PvdA) presentó el proyecto de ley el pasado junio, meses después de declararse la pandemia ante las posibles dificultades que muchos tendrían para pagar su alquiler si se incrementaba al ritmo actual. A excepción de la ultraderecha de Foro para la democracia (FvD) y GO, todos los senadores dieron su respaldo al proyecto.

La nueva regulación estará vigente durante los próximos tres años y afectará a los alquileres superiores a 750 euros mensuales, lo que beneficiará a unos 560.000 hogares neerlandeses. El año pasado, en plena emergencia sanitaria hicieron frente a subidas de renta 87.000 inquilinos, a los que ahora protegerá la nueva legislación.

Podrán además, acudir al Comité del Alquiler (Huurcommissie), organismo del Gobierno que resuelve las diferencias entre inquilinos y propietarios.

Bijboer subraya que los inquilinos del sector privado afectados por la nueva norma podrán ahora acudir a este comité si el incremento del precio “es muy alto” para que haga una valoración, y si el denunciante tiene razón podrá recuperar el dinero extra que haya pagado. “Esto está regulado, está recogido en la ley y todo el mundo tiene que actuar acorde a ello”, dice.

Esta ley solo afecta a las rentas con contrato mensual, y no a los alquileres vacacionales con plataformas como Airbnb, un problema al que el Gobierno busca solución con un proyecto de ley que quiere regular con licencias y límite de días para evitar abusos.

“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, adelantó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo este martes que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.

“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, dijo el ministro en diálogo con Télam, en referencia a la medida adoptada por el Gobierno nacional durante los meses de pandemia para proteger a los inquilinos.

Proponen una “Tarjeta alquilar” para subsidiar a inquilinos

El funcionario reafirmó que “no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”.

La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.

“No hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”. JORGE FERRARESI

En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia ayer, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.

Deducción de alquileres en el Impuesto a las Ganancias

Además, la implementación del Registro de Locaciones de Inmuebles permite que la AFIP simplifique el procedimiento para que los inquilinos deduzcan sus alquileres del impuesto a las Ganancias.

“Los locatarios que declaren sus contratos en el registro podrán acceder a la deducción de hasta el 40% del monto del alquiler sin necesidad de presentar una factura emitida por el locador”, indicó la AFIP.

Según el organismo, “la cantidad de personas que efectivamente acceden a ese beneficio es muy limitada”, y “esto responde a que son muy pocos los propietarios de inmuebles que emiten las facturas necesarias para presentar en el sistema de deducciones de la AFIP”.

Para simplificar el procedimiento y garantizar el acceso al beneficio, cuando un inquilino presente su contrato en el registro, la posibilidad de deducir la porción correspondiente del Impuesto a las Ganancias figurará en forma automática en el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig).

El Registro de Contratos de Locación de Inmuebles comienza a regir este lunes

“Viene todo un tiempo nuevo, por eso está la convocatoria a que los inquilinos inscriban el contrato; hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas y va a haber un control”, afirmó Ferraresi.

La finalización del decreto que congela alquileres y suspende desalojos

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

Consultado sobre si se analizan mecanismos de ayuda para los inquilinos, Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento “podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”, y destacó la importancia de “empezar a poner en función la Ley de Alquileres”.

Además, dijo que con el índice de actualización de los alquileres creado en la nueva ley “se va a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, y el Banco Central fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”.

La construcción de viviendas

En este contexto, el ministro consideró que “la solución es que la Argentina construya vivienda”, y confió en que “las 264 mil soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”.

“La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario”, agregó.

En ese sentido, el ministro se refirió a lo expresado ayer por el presidente Alberto Fernández acerca del Plan Casa Propia, y dijo que “se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55 mil viviendas en todo el país”.

“El concepto Casa Propia genera ascenso social y el fondo de recupero solidario para generar circuito virtuoso que nos permite recuperar en el tiempo para que sea sustentable”, afirmó.

“Además, seguimos con el esquema de viviendas Procrear, en los próximos meses vamos a entregar cerca de 6 mil y seguimos con los sorteos”, detalló el ministro.

Ferraresi también señaló que además de las políticas públicas, “los privados determinarán otras alternativas, el mercado tendrá que ofertar para otro tipo de sectores, ofrecer créditos hipotecarios, por el momento no hay; estamos estudiando algunas cuestiones desde el Estado”.

“Siempre estamos del lado de los más vulnerables; los recursos que tiene el Estado van en dirección de construir vivienda en Argentina y el tema de la vivienda en un plazo determinado será un tema resuelto”, concluyó.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el miércoles el régimen de registración de contratos de locación de inmuebles previsto en la Ley 27.551, según informó el organismo.

“La herramienta permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes en distintas operaciones”, destacó la AFIP en un comunicado.

La Resolución General N° 4933, que será publicada este jueves en el Boletín Oficial, da forma a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley N° 27.551.

Recomendaciones sobre la nueva Ley de Alquileres

Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos quedan obligados a la registración de la operación.

Si bien no son sujetos obligados, la normativa contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El régimen también prevé que los sujetos que asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informar en forma voluntaria un contrato.

El Régimen de Registración de contratos de Locación de Inmuebles entra en vigencia a partir del 1° de marzo. Los contratos celebrados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril de 2021, inclusive.

La normativa de la AFIP dispone que los contratos alcanzados por el régimen son las locaciones de bienes inmuebles urbanos, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, locaciones temporarias de inmuebles –urbanos o rurales- con fines turísticos, de descanso o similares.

También están comprendidas las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- delimitados dentro de bienes inmuebles como locales comerciales y/o “stands” en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías de compras, etc.

El Gobierno promulgó la Ley de Alquileres

Todos los contratos deberán ser informados en forma digital ingresando con Clave Fiscal en afip.gob.ar al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – reli-contribuyente”.

Los sujetos obligados deberán proporcionar datos vinculados a su rol de locador, a la identificación del inmueble y del resto de los intervinientes, y además, deberán adjuntar en un archivo “.pdf” o “.jpg” el contrato celebrado.

El plazo para informar estas operaciones, tanto para cuando se suscriba el contrato de locación o arrendamiento, o para cuando se modifique uno ya existente, será dentro de los 15 días corridos posterior al acto.

Cuando en los contratos celebrados intervengan intermediarios, éstos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendadores.

En el caso de un condominio, la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes.

La resolución establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración de contratos de locación de inmuebles.

Asimismo, la ley N° 27.551 dispuso que, cuando se inicien acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato.

El sistema para las comunicaciones judiciales se encontrará disponible a partir del 15 de abril de 2021

El gobierno nacional anunció este sábado que se extiende la medida, hasta el 31 de marzo de este año, que incluye además la suspensión de desalojos y la duración de los contratos.

El Gobierno nacional prorrogó este sábado la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.

Lo hizo mediante el decreto 66/2021 publicado este sábado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional.

De esta forma continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.

Además, la norma amplía de 6 a 12 el número de cuotas que los inquilinos tienen para pagar deudas de locación y promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

Por otra parte, se estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato.

La prórroga, es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020.