Hay un detenido, múltiples allanamientos y la investigación se concentra en reconstruir sus movimientos antes de que se perdiera el contacto.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, mantiene en alerta a las autoridades y a su familia. A más de 100 horas de la última vez que fue vista, la investigación continúa con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes para intentar determinar qué ocurrió con la menor.

Por la causa ya fue detenido Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de que se perdiera su rastro.

Mientras la fiscalía sostiene distintas líneas de investigación, la familia insiste en que la adolescente habría sido engañada para ir hasta el lugar donde desapareció.

Cómo comenzó el caso

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo por la noche. Según reconstruyeron los investigadores, cerca de las 22:30 salió de la casa de su mamá, ubicada en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la adolescente habría enviado un audio en el que dijo que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, Melisa. También aseguró que saldría a comprar una empanada al negocio de su abuelo, pero nunca regresó.

La investigación determinó que Agostina tomó un remis hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

El chofer se presentó ante la Justicia después de reconocer la foto de la adolescente en los carteles de búsqueda difundidos por la familia y en redes sociales, y presentó información al respecto.

Según declaró el remisero, al llegar al lugar un hombre recibió a la adolescente y pagó el viaje. Más tarde, esa persona aseguró que Agostina caminó unas cuadras y luego subió a un Volkswagen Gol rojo entre las calles Urquiza y Avellaneda.

Esa versión se convirtió en una de las primeras hipótesis investigadas por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón. A partir de ese dato, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y distintos rastrillajes para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

Sin embargo, con el correr de las horas, la familia comenzó a poner en duda ese relato y apuntó directamente contra el hombre que dijo haber sido el último en verla.

Las sospechas de la familia

La tía y la abuela de Agostina aseguraron públicamente que creen que la adolescente fue manipulada por un adulto para trasladarse hasta barrio Cofico.

“Pensamos que la llevó engañada con la idea de hacerle un regalo sorpresa a la mamá”, sostuvo Elizabeth, la abuela de la adolescente.

La familia remarcó además que Agostina no solía movilizarse sola y que no tenía experiencia usando aplicaciones de viajes por su cuenta. También cuestionaron la demora en algunas medidas de investigación y reclamaron que se analizara el celular del principal sospechoso.

En medio de la búsqueda, surgió un dato clave para la investigación: un audio que Agostina le envió a sus amigas antes de perder contacto.

Según contó su abuela, en ese mensaje la adolescente decía que iba a encontrarse con el hombre que ahora está detenido para preparar una sorpresa para su mamá.

Ese elemento quedó incorporado a la causa y es analizado junto con otras pruebas para reconstruir las últimas horas previas a la desaparición.

La hipótesis de la fiscalía

El miércoles, tras una serie de allanamientos simultáneos y el avance de distintas pericias, la Justicia ordenó la detención de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años.

El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad. Según la investigación, era una persona cercana al entorno familiar de Agostina y mantenía una relación con la madre de la adolescente.

Los investigadores comenzaron a sospechar de él luego de detectar contradicciones en su relato sobre los movimientos de la chica la noche de la desaparición. La fiscalía sostiene que está acreditado que fue la última persona que tuvo contacto con Agostina.

Durante las últimas horas, la Policía de Córdoba realizó al menos 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial. Uno de los procedimientos principales se llevó a cabo en una vivienda de calle Campillo al 878 -el domicilio de Barrelier-, donde trabajaron distintas divisiones policiales, personal de pericias y la división de canes.

En medio del operativo, cinco personas fueron trasladadas para declarar ante la fiscalía, aunque todavía no se confirmó si lo hicieron en calidad de testigos o sospechosos.

El fiscal Garzón aseguró además que existe una alta probabilidad de que hayan participado más personas en la desaparición. “No me caben dudas que intervienen más personas”, afirmó en declaraciones.

Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional e internacional.

La Justicia también trabaja sobre el análisis de antenas de telefonía, cámaras de seguridad y geolocalización de celulares para intentar reconstruir los últimos movimientos de la adolescente.

Agostina tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello negro largo y ojos marrones. La última vez que fue vista, tenía puesto un jean negro, un buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanaba este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol. 

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

La lista con algunos de los lugares donde se realizan allanamientos por la causa Sur Finanzas:

-Sede de la AFA en Viamonte

-Predio de la AFA en Ezeiza

-Sede de la Superliga

-Racing

-Independiente

-San Lorenzo

-Argentinos Juniors

-Platense

-Barracas Central

-Armenio

-Los Andes

-Deportivo Morón

-Excursionistas

Noticia en desarrollo

Alrededor de 117 allanamientos se realizaron en 73 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la “Operación Protección de las Infancias VI” por grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil. Los procedimientos concluyeron con varios detenidos, así como también con menores rescatados y varios elementos secuestrados.

El pasado martes 2 de diciembre la Policía concretó, en la sexta operación de esta índole, más de una centena de operativos en la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes del caso.

Desde la Fiscalía N°8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo, se llevaron adelante 15 allanamientos en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui que finalizaron con tres aprehensiones y gran cantidad de elementos secuestrados entre ellos celulares, memorias sd y notebook.

Uno de los objetivos fue la Cárcel de Magdalena donde se requisó la celda de un agresor sexual que compartía material de violencia sexual infantil. Se determinó que el acusado estaba preso por el delito de abuso sexual. Por otro lado, se detuvo a una persona, de 60 años, que traficó gran cantidad de material de abuso de niños.

“Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino”, destacaron.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los otros operativos se llevaron a cabo en Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se logró un total de 112 personas investigadas, de los cuales 103 son hombres y nueve mujeres. A su vez, se comprobó que en la lista hay menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario, osciló entre los 13 años y los 62.

Respecto de los involucrados, “se advirtió que cuatro trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros dos pertenecen a las fuerzas de seguridad”.

Dentro de los domicilios allanados, entre los que se incluyen tres unidades carcelarias, se identificaron 40 menores que convivían con los acusados.

Otro punto expuesto tras los procedimientos es que se utilizó la Inteligencia Artificial para la creación de contenido de material de abuso sexual infantil (MASI).

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego. A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales incautados.

La red de fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la sexta edición de la Operación Protección de Infancias, está conformada por: María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Néstor Rodrigo Martínez Wakun y Vanesa Scanzani, Vanesa González y Fernando Dapiaggi, María Lorena González y Matías Margonari (Lomas de Zamora cabecera, Esteban Echeverría y Ezeiza respectivamente).

Además, la conforman: Graciela Trill (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Marisa Monti y Claudio Oviedo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Daniel Ichazo y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto y Julio Carretto (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

Asimismo, participaron efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Comisario Raúl Oscar Líbano; División Delitos Informáticos de Azul, Marcos Paz, San Nicolás y Trenque Lauquen.

También, Sub DDIs de Tandil y Olavarría, División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; Regiones AMBA Norte y AMBA Sur, Capital, Sedes Chivilcoy y Luján de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Bahía Blanca, Campana, Junín, Mar del Plata y Necochea.

Dos hombres y dos mujeres de entre 31 y 41 años fueron detenidos el pasado sábado por la tarde en allanamientos realizados por personal de Prefectura Naval Argentina en cinco viviendas de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal María Gabriela Arri en el marco de un legajo penal por la venta de droga al menudeo que tramita en la Fiscalía Regional 1.

La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA.

Además de las detenciones, el personal de Prefectura secuestró cocaína; una planta de marihuana; una pistola con pedido de secuestro por haber sido robada; 104 municiones de distintos calibres; dinero en efectivo; dos teléfonos celulares; tres balanzas de precisión; papeles satinados; elementos de corte y anotaciones de interés.

Este jueves se realizaron una docena de allanamientos en Rosario y la región en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación por comercialización de droga y hechos de violencia de alto impacto. Los procedimientos tuvieron lugar en los barrios Parque Casas y Empalme Graneros de la ciudad, y también en las localidades de Ibarlucea y Capitán Bermúdez.

Según fuentes del caso, se trata de un desprendimiento de la causa por asociación ilícita imputada en agosto pasado y vinculada a la banda de Maximiliano “Boli” Blanca, señalada como una organización dedicada al narcomenudeo en Parque Casas y relacionada a distintos hechos violentos.

Blanca está acusado, entre otros delitos, de cohecho, por intentar sobornar –a través de una menor de edad– a personal policial que había secuestrado armas y drogas en una de sus viviendas. También se le atribuyen ataques graves, como el lanzamiento de una granada contra la Comisaría 10ª y un atentado con bomba molotov dirigido a una mujer que vendía droga para él.

En el marco de esa investigación ya habían sido imputadas 12 personas, 11 de las cuales permanecen en prisión preventiva. Tras los allanamientos de este jueves, siete nuevos sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía.

Durante el operativo, encabezado por el fiscal César Luis Pierantoni del Equipo de Microtráfico, se secuestraron armas de fuego de guerra, cargadores y decenas de cartuchos. También cocaína y marihuana fraccionada para su comercialización, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y cámaras de videovigilancia.

Un megaoperativo tuvo lugar en la provincia de Córdoba donde se realizaron más de 30 allanamientos y se lograron 19 detenciones en el marco de causas por narcotráfico.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló este miércoles 30 allanamientos simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge de la ciudad de Córdoba y en dos celdas de la cárcel de Bouwer.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que se logró desbaratar a una organización narcocriminal compuesta por 19 personas, en su mayoría familiares.

Además, se pudo secuestrar cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y elementos relacionados a la causa.

Dos personas permanecen detenidas desde este domingo, acusadas de formar parte de una red de microtráfico de drogas que funcionaba en los barrios Centenario y Varadero Sarsotti, de la ciudad de Santa Fe.

Las detenciones se produjeron en el marco de un operativo llevado a cabo por efectivos de la delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que se allanaron siete domicilios de los mencionados barrios del extremo sur de la capital provincial.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, Sebastián Szeifert y con la intervención del Fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra, quien investiga hechos por infracción a la Ley Provincial 14.239 de Microtráfico.

Además de los dos detenidos -un hombre y una mujer-, fueron aprehendidas tres personas más -una mujer y dos varones-, las cuales fueron liberadas tras su identificación.

Como resultado del procedimiento, PNA incautó 296 gramos de marihuana (plantas y plantines); 78 gramos de cocaína (equivalente a 234 dosis); así como una pistola Bersa calibre 22 y 131 municiones de diversos calibres; 8 teléfonos celulares, $ 115.750 en efectivo y una balanza de precisión.

En el operativo intervinieron efectivos de la Prefectura Santa Fe, con apoyo de personal y medios de las Prefecturas de Zona Bajo Paraná, Rosario, Paraná, Diamante, La Paz, Victoria, Arroyo Seco y Villa Constitución, así como del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico y la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, aprehendió a una mujer de iniciales A.A.M. de 47 años y a dos hombres: C.A.V. de 29 años; y a A.H.Z. de 28 años, por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

Personal de la Policía de Investigaciones – Distrito Reconquista, en cumplimiento de una orden judicial emanada por la Unidad Fiscalía de Reconquista, a cargo del fiscal, Dr. Juan Sebastián Marichal, realizó este jueves 16 de octubre, dos allanamientos en un domicilio ubicado en Calle 87 N° 1300 de Barrio Nueva Fe y en Calle San Lorenzo N° 3700 de barrio Paraná Sur de la localidad de Reconquista.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del GOT UR IX, los efectivos secuestraron en el primer domicilio, 1 trozo compacto de cocaína, 33 Fracciones de cocaína, arrojando un peso total 313,1 gramos, 4 teléfonos celulares, 1 Balanza de precisión, la suma de $197.460 pesos argentinos y, recortes de nylon.

Mientras que en la segunda vivienda secuestraron 10 envoltorios de nylon conteniendo cocaína con un peso total de 3 gramos, 6 plantines de Marihuana, 2 balanzas, recortes varios de nylon, 7 aparatos celulares y dinero en efectivo de $ 477.900 pesos argentinos.

Un importante operativo contra el narcotráfico se concretó en Concepción del Uruguay, tras una exhaustiva investigación que se extendió durante varios meses. La acción fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Uruguay, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina (Zona Bajo Uruguay).

Los allanamientos se realizaron en distintas viviendas de los barrios 25 de Mayo y 30 de Octubre, donde operaba una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El operativo culminó con siete detenidos (cuatro mujeres y tres hombres), todos incomunicados por disposición judicial.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 10 kilogramos de marihuana y más de tres kilogramos de cocaína, además de 8.422.710 pesos y 3.802 dólares.

También se incautaron 10 armas de fuego -cinco revólveres, cuatro fusiles y una pistola- junto con 67 municiones de distintos calibres, además de tres vehículos: una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen Polo y una motocicleta Keller 110.

En el lugar, los agentes hallaron máquinas contadoras de dinero, una balanza de precisión, 33 teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y equipamiento informático utilizado para las actividades ilícitas.

En el marco del megaoperativo, también se procedió a la identificación de 38 personas, entre ellas 22 menores de edad (4 mujeres y 18 varones) y 14 adultos, que se encontraban en los domicilios allanados.

Las autoridades remarcaron que el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval permitió desarticular una estructura criminal con amplio alcance territorial.

El material incautado fue puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras se continúa con el análisis de la evidencia digital y documental.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Josefina Minatta, con la intervención de la Secretaría de la Dra. Mariela Montefinale y del Juez Federal Subrogante Dr. Hernán Viri.

Las fuerzas federales y provinciales actuaron conforme a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los investigadores no descartan que, a partir del material recolectado, la Justicia Federal disponga nuevas medidas o detenciones complementarias en el marco de la causa.

“Este trabajo es el resultado de meses de investigación y cooperación interinstitucional. Felicitamos al personal por la dedicación y el profesionalismo demostrado”, expresó el comisario Esteban Allegrini, tras el procedimiento.

El amanecer del lunes rompió la calma de barrio Coronel Dorrego, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, con el sonido inconfundible de los golpes contra las puertas. La Policía de Investigaciones (PDI), junto a efectivos del GOE y la Policía de Acción Táctica (PAT), irrumpió en varias viviendas vinculadas a la temida banda de “Los Pirañitas”, un grupo delictivo apuntado por una seguidilla de robos de motocicletas en la capital provincial y alrededores.

Los allanamientos —al menos nueve en total— se llevaron a cabo de forma simultánea en distintos puntos de Coronel Dorrego y también en la localidad de Monte Vera, bajo las órdenes del fiscal Ignacio Lascurain.

El dispositivo fue meticulosamente planificado por la División de Delitos Complejos de la PDI, que venía siguiendo los pasos de la organización desde hace semanas.

Hasta el momento, los resultados son concretos: dos hombres mayores detenidos, tres motos y una bicicleta con pedido de secuestro recuperadas. Pero eso no fue todo. Durante los procedimientos, los agentes también incautaron herramientas metálicas utilizadas comúnmente para violentar candados y partes de motocicletas desarmadas, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo operaba como un desarmadero informal.

Entre los objetos secuestrados también apareció un bolso con el logo de una fuerza federal y una réplica de arma de fuego, elementos que —según los investigadores— podrían haber sido utilizados para simular procedimientos o intimidar a las víctimas.

Los principales blancos del operativo fueron varias viviendas ubicadas en inmediaciones de Güemes y Azcuénaga, en pleno barrio Coronel Dorrego. La escena no pasó desapercibida: móviles policiales, agentes encapuchados y una postal que se repite cada vez que la policía va tras los rastros de grupos dedicados al robo y reventa de motos.

Paralelamente, otros allanamientos se concretaron en Monte Vera, donde la PDI sospecha que los integrantes de la banda guardaban parte de los rodados sustraídos o repuestos para su venta.

Vecinos y testigos del barrio describieron al operativo policial como “uno de los más importantes de los últimos meses contra una organización dedicada al robo de motos”. “Se trata de la famosa banda de ‘Los Pirañitas’, que fueron registrados cometiendo robos en diferentes viviendas de la zona norte”, explicó el cronista.

Con los primeros resultados sobre la mesa, el fiscal Lascurain ordenó que los detenidos sean trasladados a dependencias de la PDI para su identificación y toma de declaraciones. Mientras tanto, los investigadores buscan determinar si existen más implicados y la procedencia de las motocicletas recuperadas.

Todo indica que la historia de Los Pirañitas está lejos de terminar, pero esta vez la Justicia parece haberles mordido el rastro.

En un procedimiento realizado por personal de Prefectura de Reconquista el martes pasado en Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista, habían sido detenidos ambos por microtráfico.

Cabe mencionar que la fuerza federal realizó tres allanamientos, que les permitió secuestrar 900 gramos de cocaína, envoltorios con 73 gramos de cocaína. Además la requisa permitió el secuestro de una escopeta calibre 28. Se procedió al decomiso de seis celulares, dinero en efectivo y el secuestro de una motocicleta.

Fueron imputados Ángel Ramón R. y Vanina Noemí R., con domicilio en el Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista. Ambos bajo la figura de Comercialización de Estupefaciente y Tenencia de Estupefaciente con fines de comercialización y en el caso de la mujer se le suma la figura de tenencia de arma de fuego.

El fiscal Dr. Sebastián Marichal y el defensor Dr. Matías Daruich acordaron la prisión preventiva sin plazos y con la posibilidad de que la defensa pueda pedir una revisión en 60 días. El acuerdo fue avalado por la jueza Dra. Claudia Bressan.

La opinión del fiscal

«Se hizo una audiencia por la detención el día 7 de octubre de 2025. Es una investigación que viene desde mayo, que realizó tanto la Dirección de Microtráfico como la Prefectura Naval», reveló el Dr. Sebastián Marichal. Indicó que se trataba de varios domicilios que los implicados utilizaban, «y en algunos lo investigaba una fuerza y en otros otras», aclaró.

Reiteró que se investigó y se allanó tres tres domicilios, «dos vinculados a la familia de los imputados, con la sospecha de que se guardaba estupefacientes en uno de estos domicilios», consignó. No obstante quiso aclarar que también se realizó otro allanamiento en la casa de otra mujer. En cuanto al domicilio de la ahora imputada dijo que se encontró un ladrillo de cocaína con un peso de 900 gramos, «otro también de alrededor de 73 gramos», explicó.

Recordó que la imputada fue aprendida, luego detenida tanto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como por comercio de estupefacientes, «a su padre le adjudicamos haber vendido él y guardado la droga en la casa de su hija», desarrolló el representante del MPA.

Comentó además el fiscal de la causa que se dispuso a la prisión preventiva con la posibilidad de revisión recién a partir del día 60, «y también sujeta las pericias y demás evidencia que hay que hacer todavía», remarcó.

En la audiencia la defensa pública planteó la competencia. «Es un tema que no se discutió, que se va a hacer a futuro, que lo planteó que a futuro el defensor que le toque va a plantear la competencia», dijo al respecto el fiscal actuante.

Manifestó además que la droga se encontró en ladrillo, no fraccionada para terceros. En cuanto al hombre ahora imputado y en prisión el fiscal recordó que tiene una condena previa a dos años de ejecución condicional por tenencia simple, «que todavía habría que revocarla y unificarla», concluyó.

La ciudad de San Justo amaneció este viernes con un fuerte despliegue policial que sorprendió a sus habitantes. Desde muy temprano, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, todos enmarcados en una causa por microtráfico de estupefacientes.

Los procedimientos, producto de una investigación que demandó varias semanas de trabajo, culminaron con la detención de más de 10 personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa: material estupefaciente fraccionado y listo para la venta, dinero en efectivo, balanzas de precisión, anotaciones, un arma de fuego, correaje, una pistolera plástica y vehículos.

La magnitud de los allanamientos no pasó desapercibida en la comunidad, ya que varias manzanas quedaron copadas por móviles, agentes y grupos tácticos de la fuerza provincial.

Fuentes oficiales confirmaron que la investigación se orienta a desbaratar distintas bocas de expendio que operaban en la ciudad y que mantenían en vilo a los vecinos con el incesante movimiento de consumidores y vendedores.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Daniela Montengroso, quien dispuso la detención de los sospechosos y la continuidad de las actuaciones judiciales.

No se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días, mientras se analiza la información incautada.

En medio de la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes de La Matanza que fueron encontradas muertas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela, la Policía Bonaerense confirmó que ocho hombres fueron demorados durante los allanamientos realizados este miércoles por la noche en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

Según informaron fuentes del caso, la fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires obtuvo una autorización judicial para llevar a cabo un operativo. En el marco de estos procedimientos, la Policía de la Ciudad actuó en calidad de acompañante, sin intervenir directamente en los trabajos de la Bonaerense.

Durante el operativo, las autoridades buscaban a un individuo de nacionalidad peruana, pero no lograron localizarlo en ninguno de los lugares allanados. Se trataría del principal sospechoso, ya que se cree que es quien habría ordenado el crimen.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos acusados del delito de homicidio agravado, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Los últimos tres sospechosos cuentan con nacionalidad argentina.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer los motivos detrás del triple femicidio, está previsto que los cuatro se presenten a indagatoria este jueves a la mañana. La misma será llevada a cabo por el fiscal titular de la UFI N° 2 descentralizada de La Matanza, Gastón Dupláa, quien deberá determinar los roles, las agravantes y figuras que podrían corresponderle a cada uno de ellos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Villanueva Silva e Ibarra fueron señalados como los presuntos dueños de la casa, donde se encontraron los restos de las víctimas. Ambos fueron detenidos cuando se ocultaban en un hotel alejamiento de la zona, mientras que los otros dos fueron encontrados en la vivienda, donde se presume que habría ocurrido el hecho.

El perfil de Villanueva Silva sería de interés para la causa, debido a que sospechan que podría tener un nexo con los narcos peruanos que operarían en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Aunque su nombre no fue encontrado en ninguna de las bases de datos por casos de narcotráfico en el país, se solicitó la colaboración del fiscal Diego Iglesias, representante de la PROCUNAR.

El caso

Según confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el caso estaría vinculado con una organización narcocriminal. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, detalló durante una conferencia de prensa.

Los datos recabados permitieron establecer que las jóvenes habían sido trasladadas en una camioneta Chrevolet Tracker de color blanca, que pasó a buscarlas en las cercanías de la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Las tres víctimas vivían en la zona.

Para el titular de la cartera de Seguridad, se trató de un asesinato profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”, subrayó.

Aparentemente, las jóvenes habrían aceptado la invitación el viernes pasado. Luego de que las cámaras de seguridad confirmaran que se subieron de forma voluntaria al vehículo, el seguimiento de la ruta marcó que se dirigieron directo a la casa donde sus restos serían encontrados.

Al día siguiente, cuando las familias de las chicas notaron que no regresaban y no podían comunicarse con ellas, se radicó la denuncia por desaparición. No obstante, sus familiares apuntaron que la búsqueda no habría comenzado hasta el lunes, es decir, dos días después de que les hubieran perdido el rastro.

Autopsias

Finalmente, los resultados preliminares de las autopsias revelaron que las tres fueron asesinadas durante la madrugada del sábado. Además, indicaron que habrían presentado signos de tortura previa a que se cometieran los crímenes.

En el caso de Brenda del Castillo, los forenses indicaron que sufrió una fractura de cráneo que resultó letal, junto con un aplastamiento facial severo y múltiples heridas punzocortantes en el cuello. Además, identificaron un corte transversal que abrió su abdomen de extremo a extremo, una lesión infligida después de su muerte.

A Lara Gutiérrez, la menor de 15 años, comprobaron que le habían amputado los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. También tenía quemaduras que habrían sido realizadas con cigarrillos, un corte que le amputó parcialmente la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

Por último, a Morena Verdi solo le habrían detectado una luxación cervical y varios golpes en el rostro. Asimismo, presumen que las habrían atacado una por vez, por lo que una de ellas habría sido testigo de las muertes del resto.

Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito en la comuna de Villa Saralegui, ubicada en el departamento San Cristóbal, derivó en la detención este jueves, del ex mandatario comunal, Walter A. Sola.

El caudillo local fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos del MPA, la Dra. Bárbara Ilera. Además, se encuentra privado de la libertad su hijo Nicolás.

La noticia comenzó a circular a media mañana y este mediodía fuentes del MPA confirmaron sendas detenciones.

Aunque la causa remite al pueblo de VIlla Saralegui, los allanamientos -unos diez en total-, se realizaron este jueves en la ciudad de San Justo, ubicada a 33 km al oeste, por ruta provincial Nº 2.

Una mutual, un hotel, un estudio contable, comercios y viviendas particulares, estaban siendo resguardados esta mañana por la fuerza policial especializada, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de distintas unidades regionales de la zona.

Las detenciones se produjeron como resultado de una denuncia iniciada en 2023 y ampliada en 2024, cuando un grupo de productores rurales de la zona pusieron bajo sospecha el destino de los fondos recaudados en concepto de la tasa por hectárea, que desde su asunción tuvo aumentos exorbitantes, alcanzando cifras de hasta el 400%.

En ese entonces se produjo lo que se denominó una “rebelión fiscal” por parte de los productores locales, que ya habían instalado el caso a nivel nacional, luego de un hecho de violencia en octubre de 2022, cuando los Sola -padre e hijo-, golpearon al productor Leonardo González Kees, vecino del lugar y cuñado del diputado nacional José Luis Espert.

Por ese hecho, Walter y Nicolás Sola deberán enfrentar un juicio oral, fijado primeramente para agosto, pero reprogramado para el 17 de octubre próximo, bajo los cargos de "lesiones, daños y amenazas".

Entre tanto, el 7 de marzo de 2024 el nombre de Sola volvió a los medios, cuando fue acusado de instigar una tentativa de homicidio, cuando un ladero suyo -Rodrigo Nicolás Basigaluppo, quien actualmente está detenido- atacó a balazos a Matías Gamboa, quien lo había enfrentado en las últimas elecciones y había salido electo como primera minoría.

El lunes la Policía de Investigaciones (PDI) actuó en Villa Gobernador Gálvez y Rosario  tras un ataque incendiario a una panadería en San Diego al 400. Ejecutó 15 allanamientos, incautó dos armas (una pistola calibre .380 y otra calibre 22)  y detuvo a dos sospechosos.

En total realizó quince operativos, 3 en Rosario y 12 en Villa Gobernador Gálvez. Ingresó a domicilios en Campbell al 1600 bis, Roma al 200, Pineda al 7000 , Capuchinos al 200 dos mil, Nogués al 200 doscientos, Thompson al 100 cien, San Juan y Córdoba, Edison al 100 cien y Dorrego al 100.

En la escena de la intimidación la policía retiró un bidón con combustible y una nota con un mensaje mafioso que habrían arrojado los agresores. El hallazgo fortaleció la hipótesis de extorsión vinculada a la organización criminal.

En los allanamientos cayó preso Leonardo Fabián S., de 40 años, y T. R., de 17,  hermano de dos reclusos de la banda de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera. Ambos estaban vinculados a las coacciones.

Uno de los inmuebles allanados había sido atacado a tiros el 4 de julio. Ese antecedente, junto al incendio del 11 de julio, motivó la investigación encabezada por el fiscal Pablo Socca.

Un operativo conjunto entre la Justicia provincial y fuerzas de seguridad terminó con siete empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario detenidos bajo cargos de hurto y malversación de medicamentos e insumos médicos. Las detenciones se produjeron el pasado 3 de julio, luego de una investigación iniciada tras una denuncia interna del hospital.

Los acusados fueron identificados como Antonio A., Javier D., Darío F., Oscar L., Roberto R., Nelson S. y Eduardo T.. Todos tienen o tuvieron vínculos laborales con el HECA, en sectores como Control Interno, Economato, Ropería y el área de residuos. La jueza Trinidad Chiabrera dispuso prisión preventiva por 30 días ante el posible entorpecimiento de la causa.

Durante los allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, se recuperaron fármacos e insumos médicos cuya procedencia se comprobó en el inventario del hospital. Se secuestraron barbijos, agujas, gasas, soluciones fisiológicas, medicamentos bajo receta y otros elementos sanitarios.

Según el fiscal José Luis Caterina, la causa se organiza en dos líneas investigativas. Un primer grupo fue monitoreado durante 10 meses. El segundo fue detectado hace mes y medio. Ambos habrían operado por cuentas separadas, pero con métodos similares.

Uno de los principales investigados es Eduardo T., empleado de Control Interno, que habría retirado insumos desde la oficina de “Teléfonos (‘Cero’)” en cajas y mochilas, trasladándolos a una cochería contratada por el municipio que tenía acceso a la morgue. En su domicilio se hallaron 180 comprimidos de Enalapril, 21 agujas y cinco paquetes de barbijos.

Antonio A., coordinador del área en el mismo período, está acusado de encubrimiento agravado y omisión de denuncia, pese a tener conocimiento de las maniobras. En su casa se encontraron muestras médicas de Niten Max, Losartán y Amlodipina.

Otro imputado, Darío F., también de Control Interno y ex responsable de Economato, tenía en su poder gasas, agua oxigenada, barbijos y medicamentos recetados, entre ellos dexametasona y diclofenac.

Desde el sector de residuos, Fernando L. está acusado de guardar en su locker personal y domicilio medicamentos para tratar hipertensión, acidez estomacal, ansiedad y dolor. Entre ellos, diazepam, diclofenac, dexametasona y otros fármacos de uso restringido.

En Ropería, se investiga la responsabilidad de Roberto R., Nelson S. y Javier D., quienes habrían ocultado sondas, jeringas, pervinox, alcohol, omeprazol y medicamentos inyectables en sus puestos de trabajo. Se secuestraron 450 cajas de Normolipol, 90 de Furotral, 30 de Vedilep Multidosis, 60 de Valsalep y 150 de Nebibloc.

El caso avanza también sobre una segunda línea investigativa: una posible red de venta ilegal de los insumos sustraídos. Según fuentes judiciales, se detectaron publicaciones en redes sociales donde se ofrecían medicamentos de manera irregular. La hipótesis apunta a que parte del material podría haber sido robado también de otros centros de salud municipales.

La investigación se apoya, además, en intervenciones telefónicas que revelarían una reiteración sistemática de maniobras de hurto, así como el uso de vehículos oficiales para el traslado del material robado.

Una mujer de 42 años, hija del destituido ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Roggiano, fue detenida este martes por la mañana durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Siete Jefes. La aprehensión ocurrió en el marco de una investigación por robo de motocicletas, causa que lleva adelante el fiscal Ignacio Lascuraín.

La mujer fue arrestada junto a su pareja, un hombre de 30 años, en una casa ubicada en Luciano Molinas al 700, a pocos metros de la costanera santafesina. En ese domicilio se secuestró una importante cantidad de motopartes y motos completas, muchas de ellas con pedido de secuestro. El lugar funcionaba como un desarmadero clandestino, al que iban a parar los vehículos robados en distintos puntos de la ciudad.

Según indicaron voceros de la investigación, el grupo delictivo tenía como zona de acción el centro de la ciudad, donde robaban las motos, para luego trasladarlas a domicilios "seguros" como el de Siete Jefes, o bien a otros dos inmuebles ubicados en Juan Díaz de Solís al 1800 y Huergo al 3600, también allanados este martes.

El momento en que personal policial retira motos y motopartes de la vivienda en barrio Siete Jefes. Crédito: El Litoral.

En ocasiones, los sospechosos incluso dormían en la calle o en sitios abandonados, lo que dificultaba su localización. A pesar de ello, los agentes del Departamento Complejas I de la PDI lograron reunir los elementos probatorios suficientes para solicitar los allanamientos.

La irrupción en los domicilios se realizó con la participación de la Unidad Regional I, la Policía de Acción Táctica (PAT) y la Unidad Regional XI, bajo estrictas medidas de seguridad. El saldo fue altamente positivo: se incautaron múltiples partes de motos, vehículos completos con pedido de secuestro y documentación relevante para la causa.

Junto a la pareja, también fue detenido un tercer hombre que también integraba la banda. Crédito: El Litoral.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, y se evalúan medidas cautelares.

El apellido Roggiano no pasa desapercibido en la historia judicial santafesina. En mayo de 2003, el entonces juez de Menores Julio César Roggiano —padre de la mujer detenida este martes— fue sorprendido "in fraganti" mientras recibía una coima de $3.000 en la esquina de Tucumán y Peatonal San Martín, en pleno microcentro.

El ex juez de Menores Julio César Roggiano. Crédito: Archivo El Litoral.

El dinero, previamente marcado, le había sido entregado por la madre de una adolescente de 17 años que buscaba su liberación. El escándalo derivó en su suspensión inmediata por parte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la apertura de un sumario y su posterior destitución como magistrado.

Dos décadas más tarde, el apellido vuelve a resonar en una causa judicial, pero esta vez con su hija en el centro de la escena, acusada de integrar una organización criminal dedicada al robo y desguace de motos.

El jefe de la Policía Caminera de Córdoba y otros agentes fueron detenidos en la causa donde se investiga una red de estafas de grandes dimensiones, en la que también se involucra a civiles y abogados.

Este viernes el fiscal Guillermo González ordenó la realización de 11 allanamientos y la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera de Córdoba, que está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

Las pesquisas se desarrollaron en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín, en viviendas particulares, estudios jurídicos y hasta en oficinas dentro de Jefatura de Policía.

La semana próxima extraditarán a Damián Reifenstuel y el miércoles llegará a RosarioDe acuerdo al expediente, los investigados “accedían a información confidencial del sistema policial y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares”.

A su vez, los otros detenidos son el civil Gabriel Élido Burkhard; los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia; el hermano de Maximiliano, Gastón Miguel Ochoa Roldán; y el suboficial Dante Gabriel Villalba.

Se espera que en los próximos días puede haber nuevos allanamientos y detenciones.

El sujeto se fugó por los techos y se tiró desde una casa. Lo atraparon herido y lo trasladaron al hospital Cullen. También cayó otro prófugo por tentativa de homicidio y a una mujer por encubrimiento.

Durante la mañana de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevó adelante un extenso despliegue en el marco de una causa por tentativa de femicidio. En total, se concretaron nueve allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe y de Recreo, los que habían sido solicitados por la fiscal Luciana Escobar Cello y autorizados por la jueza Cecilia Labanca.

Las irrupciones se concretaron de forma simultánea en domicilios ubicados en Ayacucho al 6200, y Azcuénaga al 1700 (tres procedimientos) en la ciudad de Santa Fe.

En tanto, en Recreo se allanaron viviendas en Venezuela y Rosario; Alberdi al 1800; Sargento Chile al 1300; Mateo Booz y Cayetano Silva; y Carlos Sánchez S/N (zona rural).

La caída de un prófugo

El resultado más importante del procedimiento fue la detención de R.G., de 34 años, quien tenía pedido de captura por intento de femicidio. El hecho que se le atribuye ocurrió el pasado 26 de febrero, cuando una mujer de 24 años ingresó al hospital Cullen con una herida punzocortante en el cuello, tras ser atacada en una vivienda de Recreo.

Del análisis de las lesiones recibidas por la víctima —herida punzocortante en zona cervical—, y del testimonio brindado en Cámara Gesell, se infiere con claridad la intención del acusado de causarle la muerte.

La víctima refiere que tras una discusión, el imputado tomó un cuchillo de cocina y le dijo 'de acá no salís viva'. El accionar fue interrumpido por vecinos que alertaron los gritos y solicitaron auxilio.

R.G. fue localizado en una de las viviendas allanadas de la zona de Venezuela y Rosario, pero al advertir la presencia policial intentó huir por los techos y se arrojó desde lo alto.

Pese a la temeraria maniobra, fue reducido por los agentes de la División Capturas. Debido a posibles lesiones (fractura en la pierna o cadera), se solicitó asistencia médica y fue derivado al hospital Cullen con custodia policial.

Drogas, encubrimiento y más detenidos

Además de la detención de R.G., los allanamientos arrojaron otros resultados positivos. Fue aprehendido otro sujeto que tenía pedido de captura por tentativa de homicidio, y una mujer fue detenida por encubrimiento.

En uno de los inmuebles allanados, los efectivos hallaron material estupefaciente, el cual fue debidamente secuestrado para su análisis e incorporación a la causa.

Del procedimiento participaron agentes de la División Capturas, Brigada de Femicidios, equipos tácticos de distintas Unidades Regionales, y personal especializado en investigaciones de delitos contra la integridad de las personas.

Durante la madrugada de este martes y cuando el reloj marcaba las 5.30, las fuerzas policiales llevaron adelante un impresionante operativo que sacudió a varios barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe.

Por orden del juez Juan Pablo Busaniche, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1, se realizaron once allanamientos en simultáneo en el marco de una causa por amenazas calificadas y abuso de armas, entre otros delitos, bajo la instrucción del fiscal Dr. Federico Grimberg, en conjunto con la Dra. Laura Urquiza.

La irrupción en los domicilios fue realizada con apoyo de grupos tácticos especiales, que actuaron de forma coordinada para evitar cualquier intento de fuga o resistencia.

Los procedimientos se concretaron en los barrios Santa Rosa de Lima, Villa del Parque y Barranquitas, entre otros.

Las requisas se efectuaron en cinco domicilios de un mismo pasillo ubicado en Gaboto y Crespo; Moncada y Estrada; Estrada y La Palmera; Padre Catena al 4300; Pasaje Vecinal al 4300; Brasil al 3800 y Pasaje Sedlacek al 6200

Los resultados fueron positivos, según confirmaron fuentes cercanas a la causa: se incautaron armas de fuego, cocaína, marihuana, celulares y otros elementos de interés para la investigación.

A su vez, seis personas fueron trasladadas, de las cuales cuatro quedaron formalmente aprehendidas y a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Uno de los hechos que impulsó esta serie de allanamientos fue el ataque a tiros contra Fabián "El Melli" Galeano, de 34 años, quien es sindicado como uno de los líderes de la facción de la barra "La Bomba", que responde al Club Atlético Unión.

El pasado lunes 31 de marzo, cerca de las 4.50 de la madrugada, el automóvil particular de Galeano —un Peugeot 208 negro— fue emboscado y recibió al menos siete disparos de arma de fuego en la esquina de Av. López y Planes y Pedro Díaz Colodrero.

El barra regresaba de un baile en el club Villa Dora cuando fue atacado. En un principio dijo que los tiros provinieron desde un taxi, pero luego cambió su versión y mencionó a un hombre armado que se acercó a pie.

El "Melli" sufrió una herida leve en su mano izquierda por los vidrios rotos, pero se negó a recibir asistencia médica o realizar una denuncia formal.

El trasfondo de los recientes episodios se vincula con una feroz disputa interna por el control de la histórica barra de "Las Bombas", grupo que por décadas tuvo predominio en la popular del club rojiblanco.

Según fuentes de la investigación, los roces comenzaron a mediados de 2024, cuando durante varios partidos se registraron peleas entre exintegrantes del grupo histórico y jóvenes de una nueva facción. En una ocasión, incluso, se arrojó pirotecnia desde la tribuna, lo que derivó en una fuerte sanción al club, que por cuatro fechas no pudo ingresar bombos ni banderas.

Otro hecho clave ocurrió en inmediaciones de la sede de Unión, donde tres personas resultaron heridas de bala luego de que sujetos a bordo de un Chevrolet Onix dispararan desde la calle.

Por estas horas, la Fiscalía espera avanzar con las audiencias imputativas y no se descartan más detenciones en los próximos días. La tensión por el control de la hinchada sigue latente, mientras la Justicia intenta desarticular a los grupos que operan por fuera de la ley.