Efectivos de las secciones Huanqueros y Gato Colorado de la guardia rural Los Pumas realizaban tareas preventivas cuando interceptaron los vehículos con carga, sin las correspondientes cartas de porte.

Por Gustavo Capeletti

Cinco camiones fueron demorados por Los Pumas en el norte provincial.

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Los vehículos de gran porte circulaban con aproximadamente 30 toneladas de algodón y 90 toneladas de maíz sin guías que avalaran su procedencia y destino.

Efectivos de las secciones Huanqueros y Gato Colorado durante la realización de tareas preventivas interceptaron a 3 camiones con cargas de maíz y 2 camiones con carga de algodón respectivamente transitando sin las correspondientes cartas de porte de las mercaderías, incurriendo así en infracción a Ley Provincial N°13.774 y evasión impositiva para con el organismo estatal AFIP.

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Los transportes de algodón fueron demorados provisoriamente hasta regularizar la situación aportando la CPE respectiva y continuaron su recorrido.

En cuanto a las cargas de maíz, fueron interdictadas y depositadas en Cooperativa Agrícola de la ciudad de Rafaela por personal de AFIP a fines que estime corresponder.

Realizadas consultas telefónicas a fiscal interviniente ordeno la notificación de los transportistas por “Infracción al Art. 128 Inc. II de Ley Prov. 13,774” continuando en estado de libertad.

Personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento de más de ocho toneladas de soja y semillas de algodón, en dos procedimientos realizados en Misiones siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El primer operativo ocurrió en la localidad de El Soberbio cuando una patrulla de la Fuerza detectó a tres hombres descargando bultos desde un camión hacia la costa.

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Al identificarlos, se constató que no contaban con la documentación correspondiente del vehículo ni la carga, que se trataba de 110 bolsas de soja, con un peso de más de cinco toneladas y media.

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Por otro lado, en Alba Posse, se identificó a otros cinco hombres que estaban acopiando en la costa 87 bolsas con más de dos toneladas y media de semillas de algodón.

Se dio intervención, en ambos casos, a la Aduana de Oberá. Además de la mercadería, se secuestró preventivamente el mencionado rodado.

Lleva 19 días el conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa del grupo Vicentín que se encuentran manifestándose, pacíficamente, la entrada del Parque Industrial.

La situación de los obreros es apremiante. El sueldo promedio es de $ 25.000 a $ 122,40 la hora. Parte del sueldo, como en la época de La Forestal S.A. es abonado con vales de carne de FRIAR y de aceite Vicentin. El reclamo y el corte ha sido judicializado por parte del Ministerio Público Fiscal quien ordenó la citación de los participantes en la medida de fuerza con el insólito objetivo de “marcar” a los delegados y organizadores.

La escalada del conflicto laboral se dio a partir de que la empresa no se presentó a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el miércoles, pasado. El motivo, aducido por la empresa, es que no reconoce la representación gremial de los trabajadores agrupados en Aceiteros y Desmontadores al que pertenecen 300 obreros de la planta.

La paritaria debía realizarse en mayo pasado, siendo suspendida esta instancia en razón del Aislamiento Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional. Sumado al retraso en los haberes, los empleados de Algodonera Avellaneda, están recibiendo sus salarios parcialmente ya que se les abona, solamente, lo correspondiente a los ATP implementados por el gobierno nacional para asistir a los trabajadores, ante la crisis económica. Al respecto, este medio, se comunicó con el Gerente general de la firma, Roberto Vicentín, quien no quiso hacer declaraciones.

Conflicto en aumento

Luego de que los obreros de la Algodonera, decidieran comenzar con su protesta al ingreso del Parque Industrial, el jueves 23 de Julio por la medianoche, los participantes de las protestas recibieron sendas citaciones para presentarse en sede policial. La representante legal de los trabajadores, Dra. Luciana González, expresó su preocupación por la inminente criminalización del conflicto “estamos hablando de trabajadores, padres y madres de familias que hoy tienen hambre que perciben por su trabajo un salario con el que, con esfuerzo, llegan a la primera quincena del mes. Manifiestan, ejercen su derecho de hacerlo legítimamente y como respuesta les cae todo el peso del Estado en una clara intimidación.

Tenemos una mujer que se descompensó al recibir la citación que claramente es irregular y anticonstitucional ya que no establece el objeto de la convocatoria. No hay denuncia, es el Ministerio Público de la Acusación quien actúa de oficio”, describió la abogada, a la vez que reflexionó sobre “que hubiese ocurrido si el Fiscal Regional hubiese actuado de la misma forma con los manifestantes que se congregaron en la puerta del hotel en donde se encontraban los funcionarios que iban a conformar el directorio de Vicentín”.

Mientras tanto las medidas de fuerza continúan, la planta sigue parada y según el propio Secretario de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, “la solución lejos está de llegar a buen puerto por ahora si no se acepta la autoridad del Estado como intermediador en el conflicto”.