El fiscal penal 1, Pablo Paz, investiga un incendio que se desató en la noche del domingo en una Alcaidía de la provincia de Salta que dejó el saldo de 14 internos que debieron ser asistidos con quemaduras y signos de intoxicación por monóxido de carbono, de los cuales seis están internados en terapia intensiva.

Paz lleva adelante la pesquisa en la que se busca establecer cómo se inició el incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta y en el cual varios presos resultaron heridos.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la provincia, realizando el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permita determinar el origen del foco ígneo. 

Además, desde por portal del Ministerio Público Fiscal, detallaron que también se dio intervención a Medicina Legal del CIF y de la Policía de Salta “para la revisación de las personas que resultaron damnificadas y que ya se encontraban hospitalizadas”.

El fiscal comunicó que 14 internos fueron asistidos, presentando quemaduras y signos de intoxicación por monóxido de carbono. En este marco indicó que seis de ellos se encuentran en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

“Se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento del hecho y que, ante la gravedad de lo sucedido, se girarán las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas”, sostuvo Paz.

Dicha acusación es en virtud de lo dispuesto por el artículo 186 inc. 4 del Código Penal, que condena a quien provoque un incendio, poniendo en riesgo de muerte a otras personas.

Tres presos rompieron los barrotes de una ventana y se fugaron de una alcaidía de la localidad bonaerense de Plátanos, partido de Berazategui. Los tres detenidos continúan prófugos hace poco más de un día y son intensamente buscados por la Policía.

La fuga se produjo durante la madrugada del sábado y fue protagonizada por Cristian Fernando Carrera, de 36 años; José Mario Cortez Ramírez, de 45; y Marco Agustín Pérez, de 24; todos detenidos y acusados por el mismo delito: robo calificado.

El primer informe policial indicó que los presos colocaron una manta en la ventana como si fuera un toldo para limitar la visión del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que custodiaba el lugar. De esta manera, rompieron los barrotes y salieron a un patio interno del pabellón.

Ya en el centro del pabellón de la alcaidía ubicada sobre la avenida Padre Mugica, entre 160 y 161, los sospechosos salieron del perímetro y terminaron escapando sin ser vistos por los policías, que se dieron cuenta de su ausencia varios minutos después.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone, ordenó las pericias de rigor para establecer cómo sucedió la fuga y dispuso una orden de captura para los tres hombres que se fugaron.

En el marco de un plan de infraestructura penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, la alcaidía de la que se fugaron los tres presos fue inaugurada en marzo del año pasado, en un acto con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi.

El establecimiento carcelario cuenta con una capacidad de 312 plazas destinadas a trasladar a quienes están detenidos en comisarías, posee tres módulos que suman 5900 metros cuadrados cubiertos y 900 de patios y espacios verdes, construidos de acuerdo a las Reglas Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de detenidos en un predio de 1,68 hectáreas.

Además, contempla áreas de visitas, centro médico, comedor, dormitorios y servicios para el personal penitenciario, despachos para miembros de la Justicia y profesionales, área de identificación de detenidos, un Salón de Usos Múltiples y doble alambrado perimetral de 4.50 metros de altura con concertina.

Actualmente, la cantidad de personas alojadas no alcanza el cupo máximo.

Como una derivación de la investigación por tenencia y venta de estupefacientes que el pasado sábado motivó la detención de 12 personas en localidades del norte provincial, en la tarde del miércoles personal de la Brigada de Drogas de Reconquista, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, allanó la Alcaidía Regional de la ciudad de Santa Fe.

Por disposición del juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, los uniformados pesquisaron el lugar ubicado en Avenida Blas Parera al 8.800 de la capital provincial. Específicamente, fueron a la celda en la que se encuentra alojado Darío S., sospechado de proveer -desde el centro de detención- material estupefaciente, especialmente cocaína, al resto de la organización para su posterior comercialización al menudeo.

Fuentes del caso confirmaron que se logró incautar elementos de interés para la causa, especialmente anotaciones con datos de importancia. En virtud de ello, el magistrado norteño ordenó una nueva detención de sindicado, que será indagado en las próximas horas por la presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El presunto dealer está detenido en virtud de otra causa por infracción a la ley de estupefacientes que fue instruida por el fuero federal del norte santafesino y que, oportunamente, fuera elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.

Ahora, afronta ambos procesos por drogas y quedó a disposición conjunta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe y del Juzgado Federal de Reconquista.

La construcción demandó una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. Su puesta en funcionamiento habilitará trasladar a internos alojados en comisarías. Esto permitirá que policías que están a su cuidado puedan prestar servicios en la calle.

El gobernador Omar Perotti visitó este jueves la nueva alcaidía que se construyó dentro del conjunto edilicio de la Unidad Penitenciaria Nº 2 – Cárcel de Las Flores, ubicada en avenida Blas Parera al 8800, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, y que tiene capacidad para 320 internos.

La obra demando una inversión superior a los 1.000 millones de pesos y se estima que en menos de un mes comenzarán a ingresar los internos que hoy permanecen alojados en comisarías.

“Hoy es el día de la recepción de obra de la Alcaidía de la ciudad de Santa Fe, algo muy necesario, imprescindible para el funcionamiento de la seguridad”, dijo el gobernador tras la recorrida. “Esta era una de las cosas que nos habíamos planteado como desafío: no podía ser que la ciudad capital no tuviese su alcaidía”, reflexionó.

Este espacio “va a tener 320 plazas. Se recibe hoy la obra, y a partir de la tarde comienza a funcionar el Servicio Penitenciario. Va a tener unas semanas de entrenamiento todo el personal, para después empezar la recepción de los internos”, explicó el mandatario.

Esta flamante unidad “no solamente mejora la infraestructura en el Servicio Penitenciario, sino que nos permite resolver una de las dificultades que hoy tenemos, que es la cantidad de detenidos en las comisarías, con policías dedicados a cuidarlos en lugar de estar prestando su servicio con acciones de prevención en la calle”, reconoció Perotti.

Asimismo, el gobernador aseguró que “el sistema del Servicio Penitenciario va a seguir recibiendo inversiones para seguir incorporando más plazas. Es parte de las inversiones que hacemos en el tema seguridad, que no solamente nos permiten ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario, sino también las condiciones en las que los detenidos van a estar permaneciendo aquí”, finalizó.

Más y mejor seguridad

La titular de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Dipai), Ileana Rossi, recordó que la obra “comenzó en diciembre de 2020 y que llevó muchísimo tiempo e inversión, más de 1.000 millones de pesos, y hoy se la entregamos al Ministerio de Seguridad”.

Rossi explicó que la Acaidía “va a tener un servicio de tecnología único: es la primera en la provincia que tiene escáner de personas y de equipamientos e insumos, eso permitirá que todas las requisas dejen de ser manuales, salvo para embarazadas y niños, garantizando mayor seguridad en el acceso a la unidad penitenciaria”.

La directora de la Dipai agregó que “la obra se entrega hoy y va a llevar un tiempo de implementación y de prueba. Esto va a hacer que el Servicio Penitenciario haga un estudio de fuga y de cómo se va a utilizar, y en unos 20 días van a poder comenzar a ingresar internos”.

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La obra

Los trabajos realizados incluyen la construcción completa del Módulo de Alcaidía y un Edificio de Gobierno, y las obras de infraestructura de servicios de cada uno de los edificios.

Como edificaciones complementarias se ejecutó una construcción anexa para la sala de máquinas que alojará las bombas del sistema de elevación de agua hasta la torre-tanque elevado y del sistema de presurización del servicio contra incendios.

Dentro del Módulo de Alcaidía se encuentra la sala de fuerzas, con los tableros, transformador, grupo electrógeno cabinado y tanque de almacenamiento de combustible externo; mas otro sector destinado a la ubicación de tanques para abastecimiento de gas, previendo la futura conexión a red de gas natural.

El Módulo de Alcaidía estará delimitado por un doble cerco antiescala con 4 garitas de seguridad, y la misma edificación, con 6 pabellones separados por patios, con celdas simples y dobles ubicadas en planta baja y planta alta; en la cabecera de los pabellones se ubican las áreas de Control de Guardia; y una circulación restringida vincula todos los pabellones entre sí y con el sector edilicio de apoyo e Ingreso donde se localiza la Dirección, oficinas administrativas, boxes para abogados, sector de admisión e ingreso de los internos, área de recepción de visitas de los internos con su requisa y control, SUM, y servicios centrales de cocina, lavadero y depósitos para mantenimiento.

Mientras, el edificio de Gobierno alojará funciones administrativas de oficinas, Casino de Oficiales, y zona de ingreso y requisa principal de visitas. Vinculado al edificio se encuentra un puesto de control de los ingresos

y egresos vehiculares a la Alcaidía y otros sectores de la Unidad Penitenciaria N° 2.

Pabellones para alojamiento de ofensores sexuales

En dicha alcaidía, se ha diseñado una estructura que, bajo condiciones técnicas actualizadas, permite alojar a aquellas personas que deban cumplir penas de reclusión por ofensas sexuales cometidas.

Cada pabellón tipo contará con una superficie cubierta de 585.10 m2 y una

superficie abierta intervenida de 405.20 m². Esta obra referencia un presupuesto oficial de $ 248.611.123,57.

La misma construcción, con montos similares de presupuesto, se prevé realizar en la Unidad Penal Nº10 de Santa Felicia y en la Unidad Penal N°11de Piñero.

Cárcel federal de Coronda

A las obras anteriormente mencionadas se le suma el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino. La obra, que data del 2014, en su proyecto original iba a albergar a 192 internos, pero por una solicitud del Servicio Penitenciario, se duplicó la capacidad, por lo que la construcción final albergará a 464 internos. Actualmente cuenta con más del 45% de avance, y está ubicada en un predio de 62 hectáreas, en las afueras de la ciudad de Coronda.

La medida la dispuso la fiscal en turno Dra. Fabiana Bertero en virtud a una publicación realizada en la red social Facebook, donde se daba cuenta de una situación absolutamente irregular con uno de los policías allí alojado, identificado como Gastón Eletti.

Los investigadores de la Agencia de Control Policial Delegación Centro Norte llevaron adelante las diligencias investigativas a fin de esclarecer el hecho.

En la noche de este domingo, se pudo saber de manera exclusiva que personal de la Agencia de Control Policial Delegación Centro Norte de la policía de la provincia de Santa Fe, llevaron adelante una requisa en la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V y, concretamente el movimiento se centró en la Alcaldía local.

Si bien sobre el particular no se proporcionó en ese momento información oficial trascendió que la medida habría estado relacionada a un festejo que tenía lugar en algún «sector vip» donde se aloja un exjefe policial -Gastón Eletti- acusado de múltiples delitos perpetrados hace unos meses atrás cuando se desempeñaba como Jefe de la Zona de Inspección 5 con jurisdicción en Frontera y Josefina. Las versiones daban cuenta de que se estaría celebrando allí el cumpleaños de la mujer de este exjefe concurriendo civiles con importante consumo de bebidas alcohólicas.

Ante ello y al viralizarse información e imágenes, los actuantes recibieron órdenes de la fiscal Bertero para que se realice una requisa y se obtengan las pruebas pertinentes de lo que estaba sucediendo.

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¿Y ahora, cómo sigue?

Si todo lo que se menciona ocurrió tal como lo señalan las fuentes consultadas, es otro verdadero escándalo que seguramente merecerá la intervención de la Unidad Regional y, obviamente, el desplazamiento de los jefes policiales a cargo. Ya hace algún tiempo atrás se mencionaba que la exjefa de la Comisaría Nº 6 de Frontera -también detenida acusada de los mismos delitos que Eletti- tenía una oficina del Comando Radioeléctrico puesta a su disposición para que no tuviera ‘contacto’ con otros detenidos. Ahora esto, sobre todo llama mucho la atención toda vez que quien trajo a Eletti a trabajar a Rafaela -contando con ‘oscuros’ antecedentes en Santa Fe, fue el propio jefe de la Unidad Regional Ricardo Arnodo Suárez, quien le dio vía libre para que ‘manejara a su antojo’ Frontera y Josefina. Como no podía ser de otra manera, la respuesta inmediata fue que lo único que hicieron fue delinquir en aquellas localidades.

A todo esto, así había obtenido el beneficio del arresto domiciliario por ser madre de hijo menor -del que no se hacía cargo-, incumpliendo dicha medida cuando salió de su casa para ir a reprocharle a una compañera del Comando Radioeléctrico de Frontera, que tenía una relación con su pareja.

Tras ello y con buen criterio, la Jueza Fortunato ordenó que sea detenida nuevamente y que la preventiva se transforme en detención efectiva.

Preventivas confirmadas

Días pasados se confirmó que continuarían privados de su libertad tres funcionarios policiales a los que se investiga por integrar una asociación ilícita que cometía delitos en Frontera y en Josefina (departamento Castellanos) abusando de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia de Santa Fe. La decisión fue tomada por el camarista Sergio Alvira, quien confirmó la medida cautelar que se les había impuesto en primera instancia.

Los imputados son el exjefe de la Quinta Zona de Inspección de la Unidad Regional V, Gastón Eletti; la exjefa de la Comisaría Sexta de Frontera, María Silvina Asís; y un integrante de la Policía Motorizada de esa ciudad.

Entre otros delitos, se les atribuye privar de su libertad a distintas personas; incorporar información falsa en actas de procedimiento; solicitar y recibir dádivas; realizar custodias sin cumplir las reglamentaciones. La fiscal a cargo de la investigación es Gabriela Lema. La funcionaria también fue la encargada de representar al MPA en la audiencia de segunda instancia.

Modus operandi

“Las personas investigadas conformaban una asociación ilícita que tenía como objeto principal la comisión de hechos delictivos haciendo abuso del ejercicio de sus funciones públicas como miembros de la policía de la provincia”, recordó Lema en la audiencia de apelación.

“El accionar ilícito era cometido en forma habitual y continua en Frontera y en Josefina”, precisó la fiscal y agregó: “fue en el período temporal comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de 2022”.

Al momento de precisar el accionar delictivo de los imputados, la fiscal del MPA remarcó: “privaban ilegalmente de la libertad a distintas personas». Además, indicó: “las víctimas fueron un periodista que estaba cubriendo una protesta frente a la comisaría de Frontera, el hijo de una mujer que había tenido una relación sentimental con uno de los investigados y otros dos hombres a los que también insultaron, agredieron físicamente y amenazaron de muerte”.

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Delitos atribuidos

Al exjefe de la Quinta Zona de Inspección de la Unidad Regional V, Gastón Eletti, se lo imputó como jefe de la asociación ilícita. Además, se le atribuyó privación ilegítima de la libertad mediando abuso funcional; apremios ilegales; vejaciones; exacciones ilegales; usurpación de funciones; defraudación a la administración pública; recepción de dádivas; exacciones ilegales; incumplimiento de los deberes de funcionario público; encubrimiento; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; lesiones graves en accidente de tránsito; falsedad ideológica de instrumento público y amenazas.

Por su parte, la exjefa de la Comisaría Sexta de Frontera, Silvina Asis, es investigada también como jefa de la asociación ilícita. Asimismo, se le endilgaron los delitos de secuestro activo; privación ilegal de la libertad; usurpación de funciones; defraudación a la administración pública; encubrimiento; incumplimiento de los deberes de funcionario público; falsedad ideológica de instrumento público.

En todos los casos, las calificaciones penales se le atribuyeron de forma agravada por su condición de funcionaria pública y, en algunos casos, también por abuso funcional.