El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, quedó hoy en libertad, más de 24 horas después de un fallo que lo benefició y que generó una ardua polémica de la que participaron incluso organismos internacionales.

Fujimori salió a bordo de un automóvil del penal policial de Barbadillo, en el barrio limeño Ate, minutos antes de las 18.30 (las 20.30 en la Argentina), cerca de dos horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que se disponía a cumplir la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

Viajó en el asiento trasero del vehículo, flanqueado por dos de sus cuatro hijos, el exdiputado Kenji y la también exdiputada y tres veces candidata presidencial derrotada Keiko, líder del partido populista de derecha Fuerza Popular, que recoge el ideario del exmandatario.

"Gracias a todas las autoridades que permitieron que mi padre esté en casa", afirmó Keiko en conferencia de prensa en su residencia, donde el expresidente quedó descansando esta noche.

"Siento una profunda gratitud hacia (el expresidente) Pedro Pablo Kuczynski", quien indultara a Fujimori en 2017, agregó Kenji.

Poco antes de que la liberación se hiciera efectiva, el INPE dijo en un comunicado que "en cumplimiento del mandato del TC que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad".

La noticia fue celebrada inmediatamente por familiares y abogados de Fujimori que, junto a simpatizantes, se reunieron en los alrededores del penal de Barbadillo, a la espera de que el exmandatario saliera de allí.

La salida de Fujimori de la cárcel se demoró debido a que las huellas dactilares del exmandatario no coincidían con las registradas años atrás en la misma cárcel, posiblemente debido a su avanzada edad, según el diario local La República.

El TC ordenó ayer la liberación "inmediata" de Fujimori y remarcó que la medida debía ejecutarse "en el día", aunque uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, avisó que probablemente la medida se cumpliera hoy, debido a que fue publicada después del horario de atención de la autoridad penitenciaria.

La decisión del TC provocó una intensa polémica en la que intervinieron incluso la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la reprobaron.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en una declaración que la orden de liberar a Fujimori "es un revés preocupante para la rendición de cuentas" y agregó que "cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional".

En tanto, la Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" de su propia jurisprudencia.

Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando Kuczynski lo indultó, hasta que pocos meses después la Justicia revocó el beneficio.

En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.

Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.

Desde que volvió a la cárcel, su defensa presentó diversos recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori.

Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte IDH ordenó al Estado peruano que no liberara al exmandatario.

Para liberar a Fujimori, el TC declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto, que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.

Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.

De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.

Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.

Asimismo, el fallo del TC publicado ayer considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado

El Tribunal Constitucional le restituyó el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado a Fujimori en 2017. El exmandatario cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

El Tribunal Constitucional de Perú publicó este martes de forma oficial la resolución que permite la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

En el documento oficial se demanda la “libertad inmediata” del exmandatario.

La resolución, aprobada por mayoría, restituye el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en 2017, informa el diario El Comercio.

Juzgarán a Fujimori por la esterilización forzosa de unas 350 mil mujeres indígenas

Los abogados Ernesto Blume, José Ferrero y Luis Sardón votaron a favor de restituirle la libertad, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Manuel Miranda se mostraron en contra de esta decisión, según informó la cadena de radios peruana RPP.

La Fiscalía de Perú solicitó el pasado 23 de marzo la prohibición de salir del país a Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el “caso Pativilca”, una acción perpetrada el 29 de enero de 1992 en la localidad homónima que consistió en el secuestro, la tortura y el asesinato de seis personas supuestamente vinculadas al grupo armado Sendero Luminoso en la localidad de Barranca.

El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial.

La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su Gobierno entre los años 1990 y 2000.

Alberto Fujimori vuelve al penal, tras recibir el alta médica

En tanto, una investigación encargada y publicada este martes por el diario La República, registró que el apoyo al indulto a Fujimori es minoritario entre los ciudadanos del país.

Según el sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP, un 52% de los peruanos está en contra del reciente indulto a Fujimori y un 43% de la población está a favor del mismo.

El estudio consultó a la población del lunes 21 al jueves 24 de marzo recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de representación nacional.

Durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) y bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar, se realizaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías.

Tras décadas de impunidad, la Justicia peruana fijó para el primero de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas, uno de los episodios más oscuros de una Presidencia (1990-2000) marcada por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo.

Además de Fujimori, deberán comparecer los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, según informó la agencia de noticias AFP.

Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.

Bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar se realizaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, según datos de la Defensoría del Pueblo peruano.

La mayoría de los hombres y mujeres que fueron objeto del programa eran de origen humilde, hablantes del quechua y firmaron un consentimiento escrito en español que no entendían.

Una de ellas fue Josefina Quispe. Tenía 33 años y 5 hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento.

Cuando despertó de la anestesia estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo empezó a preguntar qué le habían hecho y por qué tenía una cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió.

Su caso es parecido al de otras cientos de miles de mujeres indígenas peruanas, como Victoria Vigo.

“Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia”

Su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.

“Había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'”, pero otro médico le respondió: “No puede tener más hijos. La hemos esterilizado”.

“Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso”, aseguró Vigo, quien un año después de haber sido esterilizada empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, tras años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.

Fue la única que recibió una compensación y ella está convencida de que lo consiguió porque, a diferencia de la mayoría de las personas esterilizadas en contra de su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.

Otro de los miles de casos es el de Mamérita Mestanza Chávez. El de ella es conocido porque fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Chávez tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando comenzó a ser acosada por las enfermeras del centro de salud al que asistía para los controles de su bebé.

Le decían que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían.

Así fue como la operaron sin haberle realizado estudios previos ni brindarle atención postoperatoria y murió a los ocho días de la cirugía. Dejó siete hijos huérfanos.

Fujimori había defendido su política de natalidad con el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización quirúrgica, que hasta ese momento era ilegal en Perú.

“Pero la verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr”, explicó en una entrevista con la BBC Rosemarie Lerner, directora del proyecto Quipu, que recoge y comparte testimonios de víctimas de ese programa fujimorista.

En diálogo con la revista Nueva Sociedad, la congresista peruana Tania Pariona coincidió y afirmó que “existió una cadena de mando para la implementación de dicha política” y contó que “se ofrecía una comisión de 30 dólares por cada paciente que esterilizaban con fines de cumplir metas”.