Al mejor estilo “sicario” dos sujetos que se conducían en una moto ultimaron a tiros a un joven, en un sangriento suceso ocurrido durante la noche del lunes en Avda. Blas Parera y Gorriti, esto es, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

La víctima fatal fue identificada como Cristian Fernando Pérez. Tenía 20 años y se domiciliaba en la zona de Camino Viejo a Esperanza y Menchaca.

Del hecho se tuvo conocimiento minutos después de las 21 cuando varios llamados a la Central 911 dieron cuenta de una persona que había sido baleada en la mencionada avenida. 

De inmediato una comisión de la Subcomisaría 17ma. se dirigió al lugar donde ni bien arribó encontró a un muchacho que agonizaba caído en la calle, y con varios impactos de bala en su cuerpo.

El personal médico del servicio de emergencias 107 lamentablemente confirmó el deceso de la víctima en el lugar, como consecuencia de una lesión de gravedad en la zona cervical, resultado de un impacto de arma de fuego, como así también otra herida a la altura del cuello. 

Según las primeras averiguaciones, se sospecha la participación de dos individuos a bordo de dos motocicletas como los autores de este crimen, el número 74 que ocurre en el departamento La Capital durante 2023.

Distintos testigos aseguran que Pérez venía  al mando de una moto, siendo perseguido por sus agresores (que también se conducían en motos).

Durante esa secuencia los sicarios efectuaron varios disparos con sus armas, algunos de los cuales impactaron a Pérez y provocaron que caiga de su moto en la citada intersección.

Culminada la criminal faena sus autores escaparon raudamente en distintas direcciones, ante la mirada aterrada de los ocasionales testigos.

De todo lo acontecido fue impuesto el fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso la intervención del personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Este jueves personal de la Agencia de Investigación Criminal procedió al diligenciamiento de tres órdenes allanamientos en la localidad de Carcaraña. La investigación fue encabezada por la fiscal Marianela Luna del MPA Casilda, por una causa que quedó caratulada como robo y privación ilegítima de la libertad. Como resultado del operativo, tres individuos fueron detenidos e incomunicados.

Según lo informado por el denunciante, el mismo fue sorprendido en el interior de su domicilio por un sujeto, quien al ser descubierto lo encierra en la habitación y huye rápidamente. Asimismo, se llevaron a cabo diversas tareas investigativas, incluyendo la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, entre otras medidas. Además, se tuvo conocimiento que estos individuos podrían ocultar los objetos robados en la vivienda de un familiar. Ante esta información, se procedió a verificar los inmuebles de los implicados. Una vez informado a la Unidad Fiscal, se solicitó la orden de allanamiento para las residencias, las cuales fueron concedidas.

En tanto, el primer allanamiento arrojó resultados positivos con la aprehensión de uno de los investigados, se trataría de un joven de 28 años de edad. Luego, en el segundo allanamiento fue detenido un hombre de 29, al que se le secuestró un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El tercer allanamiento también arrojó resultados positivos y se logró apresar a una mujer de 35 años, a la que se le secuestró un teléfono celular, una garrafa, un secarropa, un tendedero, un televisor, una procesadora y una cámara de fotos.

Cabe destacar que los elementos decomisados en las viviendas resultaron relevantes para el esclarecimiento de otros hechos relacionados con estos individuos. Como resultado, se esclarecieron un total de cinco hechos delictivos. En virtud de eso, el Ministerio Público de la Acusación emitió órdenes de detención para las tres personas en cuestión.

Las medidas se llevaron a cabo de manera conjunta con el personal de la Comisaría 3ra Carcarañá, así como con el personal de CRE San Lorenzo, CRE Roldán, Comisaría 6ta de Roldán, Comisaría 8va San Jerónimo, todos pertenecientes a la UR XVII - San Lorenzo.

El robo de las cuentas de WhatsApp con el fin de cometer estafas se ha convertido en uno de los ciberataques más frecuentes durante este último tiempo. Cada vez son más las víctimas que tienen que padecer situaciones de estas características, entre ellas vecinos, comercios, empresas y hasta funcionarios, como el caso del ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna quien denunció días atrás el hackeo de su teléfono celular.

En Venado Tuerto estas estafas están a la orden y a diario se van conociendo nuevos hechos con modalidades similares: hacerse pasar por algún organismo, institución o empresa para solicitarle a la víctima un código con el cual logran apropiarse de las cuentas de WhatsApp. Lo mismo sucede en todo el territorio provincial, quedando demostrado a través de las denuncias que ingresan a diario a Fiscalía.

“Los delincuentes encontraron un medio de comunicación masivo, como es esta aplicación WhatsApp, que hoy prácticamente la usa toda la población, aunque se desconocen las medidas de seguridad para estar protegidos”, comentó en diálogo con el programa “A pesar de todo” (LT29) Rodrigo Álvarez, especialista en ciberseguridad y jefe de cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia.

“Vemos que los usuarios no le dan demasiada importancia a la seguridad que tiene cada aplicación, incluso no observamos una bajada de línea por parte de las empresas de tecnologías sobre la conciencia que se debe tener al momento de la utilización de estas herramientas y de los riesgos que se corren. Entonces, el delincuente o cibercriminal terminan aprovechando esta realidad para cometer algún hecho”, indicó.

Haciendo referencia puntualmente al robo de las cuentas de WhatsApp, precisó: “Habitualmente la técnica más utilizada es a partir de un llamado telefónico suplantando la identidad de algo o de alguien, como ha sucedido con el Ministerio de Salud a partir de la pandemia por Covid-19 con la excusa de turnos de vacunación contra el coronavirus (también con otros organismos y empresas como Anses, Litoral Gas, PAMI y demás) y les dicen que les va a llegar un código o número, que en realidad es la forma que utiliza WhatsApp como medio de contacto para poder hacer una migración de cuenta de un dispositivo a otro; es decir que el delincuente carga nuestro número de línea a la aplicación y una vez que se apodera del código de verificación, automáticamente roba la cuenta”.

Álvarez contó que desde la AIC están trabajando en dos aspectos, por un lado en la prevención, tarea que está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe con comunicados diarios, para “advertir a los ciudadanos y usuarios de esta aplicación sobre la importancia de las medidas de seguridad, sobre todo en la incorporación del doble factor de identificación”, y por otro en la investigación que se inicia cuando el usuario ya es víctima de un hecho estas características, siempre y cuando suceda algo más que la pérdida del ingreso a su WhatsApp, que en sí no es un delito concreto.

De todo modos, el especialista en ciberdelito resaltó que “una vez que el delincuente logra hacerse de la cuenta del usuario, suplanta su identidad y empieza a solicitar dinero a todos sus contactos. Aquí es cuando se puede llegar a concretar la estafa, siendo, junto a la denuncia, el punto de partida para las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal”.

“Las líneas de acción son siempre las mismas, pedir información a las entidades bancarias, las billeteras virtuales y a las empresas cripto, donde empiezan a solicitar que se transfiera el dinero. En la mayoría de los casos, la plata va a cuentas mulas, que son utilizadas para mover dinero, con titulares que muchas veces si saben que existió ese movimiento o se uso la cuenta para ese fin. A partir de ahí, cada caso puntual nos va llevando por diferentes caminos”, completó.

Cabe señalar que en años anteriores y a principios de este 2023 se han logrado identificar a autores de ciberdelitos que incluso derivaron en allanamiento y detenciones en distintas ciudades del país. “Son delitos que atraviesan fronteras provinciales y nacionales, lo cual hace que las investigaciones sean mas complejas”, enfatizó.

Rodrigo Álvarez resaltó que muchos de estos delitos tienen como medios operativos billeteras virtuales o cuentas de otros países, aunque en su mayoría se cometen dentro del mismo país. También se ha logrado detectar hechos que han tenido como autores a personas que están privada de su libertad en cárceles o penales.

“Todos los días estamos recibiendo, al menos, una denuncia en la provincia de Santa Fe, y estoy siendo generoso”, afirmó el especialista, considerando que la gente denuncia porque sientes vulnerada su confianza, al creer que es alguien conocido, un familiar o amigo, el que le está solicitando el dinero.

En este sentido, desde la AIC recomendaron a la población que sufrió ataques de estas características, hacer la denuncia, que es fundamental para la investigación. Se pueden acercar a Fiscalía, a los centros territoriales de denuncia, a las dependencias policiales o a través de la página web www.mpa.santafe.gov.ar.

En la noche de este miércoles 4 de octubre se produjo un incendio en el predio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicado sobre calle Las Heras 4900.

El fuego se habría originado alrededor de las 20 en un galpón ubicado en un extremo del predio que supo albergar al batallón de comunicaciones 121, donde hay gran cantidad de motos que están secuestradas.

Las llamas habrían alcanzado un sector de oficinas, aunque en ese espacio los daños serían menores.

Al menos dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para apagar el fuego y que no se propague entre los galpones y también en los autos que, como las motos, están bajo resguardo policial (secuestro).

Se trata de la sede de la Agencia de Investigación Criminal donde, a mediados del mes pasado, fue asesinado un inspector policial, cuando estaba llegando a su lugar de trabajo. Además, el lugar había sido blanco de varios ataques intimidatorios.

Este miércoles, personal policial de la Unidad Regional VIII, en conjunto con Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía de Acción Táctica (PAT), realizaron en la ciudad de Venado Tuerto un total de 7 allanamientos, tras un incidente con arma de fuego ocurrido el pasado 3 de septiembre.

En este operativo, la policía secuestró varios teléfonos celulares, cartuchos de diferentes calibres y vainas servidas. Además procedieron a la detención de dos hombres de 23 y 32 años, quienes fueron señalados por la víctima como los autores del ilícito.

La Fiscalía dispuso que los notifiquen de la causa por el delito de Daño Calificado por el uso de Arma de Fuego en concurso ideal con portación de arma de guerra.

El operativo policial surgió de la investigación que se venía llevando a cabo luego del ataque que sufrió el pasado 3 de septiembre una vivienda ubicada en Turner al 100, en Venado Tuerto. El hecho fue denunciado por el propietario del inmueble (Enrique de 63 años). En el lugar trabajó personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Todo se habría desatado minutos después de las 20 horas en la zona de calle Turner al 100, donde habrían efectuado varias detonaciones de arma de fuego. El hombre de 63 años se encontraba en el interior de la vivienda cuando escuchó los disparos. En ese momento llamó a la policía y los agentes procedieron a realizar un rastrillaje por la zona, dando con seis vainas servidas en la calle, dos impactos en el frente de la vivienda, uno en un tapial y el último contra el portón.

Este martes por la tarde, en el Centro de Justicia Penal, se llevó a cabo la audiencia de imputación a los tres detenidos por el asesinato del inspector policial César Eduardo Carmona, ocurrido la semana pasada en Lamadrid al 500, frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Rosario. El juez Florencio Malaponte aceptó las imputaciones y determinó prisión preventiva por plazo de ley para los tres imputados.

Los tres hombres detenidos por el crimen del policía son Agustín "Calamar" Almirón, Alan Aragón y Fernando Cabrera. Fueron apresados en distintos allanamientos realizados en Rosario entre la noche del sábado y la madrugada del domingo por las divisiones de Homicidios, Operativa y de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal.

El fiscal del MPA Alejandro Ferlazzo les atribuyó a los tres el hecho ocurrido el pasado jueves 14 de septiembre, cuando realizaron una persecución en forma conjunta al inspector César Eduardo Carmona, que circulaba en su vehículo particular Ford Fiesta de color negro. Los tres delincuentes, por su parte, se trasladaban en un Citröen C3 de color bordó.

Según la Fiscalía, para trazar el plan criminal finalmente consumado, persiguieron a César Carmona desde el momento en que se retiró de su lugar de trabajo de policía en su función adicional en una empresa con actividades financieras, ubicada en calle Italia al 700 de Rosario, a las 14.46, hasta la central de la Agencia de Investigación Criminal para continuar con sus funciones policiales.

Los tres detenidos por el crimen del inspector Carmona

En los fundamentos que describe el fiscal Ferlazzo, advierte que a las 15.10 aproximadamente dieron alcance al vehículo de Carmona, cuando éste inició maniobras de estacionamiento frente al ingreso de la central de la AIC en calle Lamadrid al 500. En ese momento, le cruzaron el automóvil Citroen C3, que era conducido por Agustín Alfredo Almirón, apodado “Mojarra” o “Calamar”, llevando como acompañante a Fernando Cabrera.

Chocaron contra la parte delantera del auto de Carmona. A continuación, ambos agresores descendieron del Citroen C3, portando Almirón una pistola calibre 9 milímetros. Una vez que se acercó a la posición del policía, Agustín “Calamar” o “Mojarra” Almirón abordó al policía Carmona, abrió con sus manos la puerta del auto Ford Fiesta, apuntó con su pistola y ante el intento del policía de utilizar su arma de fuego reglamentaria, le efectuó disparos. Entonces, Fernando Cabrera pudo robar las pertenencias de la víctima.

Luego, cuando Carmona logró bajar de su vehículo, Almirón continuó disparándole, efectuando en total de por lo menos diez disparos de arma de fuego, causando la muerte del inspector de la Policía de Santa Fe.

Para lograr la sustracción de la mochila de Carmona, Fernando Cabrera rompió los dos vidrios de las puertas delantera y trasera del lado derecho del automóvil. Seguidamente, Almirón y Cabrera subieron nuevamente al Citroen C3 y se dieron a la fuga por calle Lamadrid y tomaron calle Leiva, donde los esperaba Alan Aragón en un automóvil Gol Trend. Ya en calle Leiva, entre calle H. de la Quintana y Sánchez de Bustamante, ambos vehículos se unieron y tomaron Sánchez de Bustamante haciael oeste. En dicha arteria, entre Salva y Leiva, dejaron abandonado el Citroen C3.

Allí descendieron del vehículo Almirón y Cabrera, transportando Cabrera la mochila de la víctima, y se subieron al vehículo Gol Trend de color gris en la esquina de Bustamante y Salva. Lo expuesto denota -según considera el fiscal Ferlazzo- el plan criminal trazado por el grupo, que individualizaron a la persona que se retiraba de la empresa con actividades financieras, y programaron el hecho de manera coordinada. Esto denota el concurso premeditado de los intervinientes, hecho que no podría haber ocurrido sin tal planificación.

Por lo descripto, a Agustín Alfredo Almirón y a Fernando Ariel Cabrera le imputaron homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por su conexión (criminis causa), robo calificado por uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

En tanto, a Alan Nahuel Aragón se le atribuye homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por su conexión (criminis causa), en concurso real con el delito de robo calificado por uso de arma de fuego, en calidad de participe primario.

El inspector César Eduardo Carmona (50 años) sufrió ocho heridas de arma de fuego en la rápida emboscada mortal ocurrida en la tarde de este jueves frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal, donde trabajaba hace seis meses. Según el trabajo llevado a cabo por peritos forenses, los sicarios realizaron trece disparos, ya que se secuestraron trece vainas servidas. El caso, investigado por el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo tiene al menos tres líneas investigativas.

Carmona, que se desempeñaba en la Dirección de Inteligencia de la AIC, murió en el hospital Roque Sáenz Peña, lugar al que fue trasladado en estado crítico. De acuerdo al preinforme de la autopsia, la causa del fallecimiento fueron dos impactos de bala en el tórax. El cuerpo también tenía tiros en las piernas.

Inmediatamente después del crimen, el Ministerio de Seguridad decidió vallar las fachadas de los edificios de la Agencia de Investigación Criminal de Lamadrid al 500 –frente al cual ocurrió el homicidio– y de la Agencia de Control Policial. Dicha medida responde al temor de atentados.

Según pudo conocer este medio de investigadores policiales, a pocas horas del homicidio hay tres hipótesis: una apunta a un ataque directo y otra a que el homicidio tenga relación con un atentado ocurrido el 25 de agosto pasado contra la base de la Agencia de Investigación Criminal.

La tercera, que por este momento no se descarta, es que los atacantes iban detrás de Carmona desde el centro de Rosario pensando que llevaba dinero en una mochila que estaba en su auto y le dispararan al verlo bajar con su arma reglamentaria, con la que se podía defender.

La primera línea investigativa fue dada a conocer por el fiscal Alejandro Ferlazzo, quien está a cargo de la causa. “El ataque fue dirigido a esta persona. Estamos viendo cuál fue el móvil, por qué le fueron a disparar. Alcanzó a bajarse del vehículo. Nosotros buscamos a dos personas”, dijo en conferencia de prensa.

La segunda hipótesis es algo que se desprende del último ataque a tiros contra la sede de la AIC, que tuvo lugar el 25 de agosto pasado, cuando dos sicarios en moto dejaron una nota y realizaron nueve disparos. El cartel decía: “Nico Camino, Eric Masini, fiscal Edery, dejen de matar gente inocente. Si no, vamos a matar policías, jueces y fiscales”. Las referencias eran sobre los presos Pablo Camino y Héctor Rodolfo Masini, vinculados a Los Monos, que están alojados en el penal federal de Rawson.

Por ese atentado, la División de Inteligencia de la AIC detuvo cinco días después a Lautaro Román Núñez (21), quien fue imputado como presunto autor de la balacera y quedó en prisión preventiva efectiva. Sin embargo, al ser arrestado, el sospechoso afirmó que un recluso que está en una cárcel federal de Buenos Aires estaba ofreciendo 400.000 pesos por disparar contra un uniformado o contra la Agencia de Investigación Criminal.

En la investigación por la que cayó Núñez, casualmente, Carmona fue uno de los pocos policías que vio cara a cara a los dos ocupantes de la moto que dispararon contra el edificio de la fuerza de seguridad, a quienes no les resultaba descabellado pensar en una correlación entre el atentado y una posible venganza por el arresto del presunto gatillero.

La última hipótesis surgió en la noche del jueves a partir de la reconstrucción del recorrido del Ford Fiesta Kinetic en el que se desplazaba la víctima y el Citroën C3 bordó en el que circulaban los sospechosos –que fue hallado sin ocupantes a cinco cuadras y quedó secuestrado para pericias–. Se investiga si al inspector comenzaron a seguirlo al salir de un lugar, que se presume que funciona como una financiera. No obstante, llama la atención la cantidad de tiros que realizaron los sicarios, que no robaron nada.

Este lunes se realizó una gigantesca operación internacional denominada "Aliados por la infancia", destinada a combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La investigación alcanza a países como Brasil, Chile, Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos, entre otros, además de Argentina. En nuestro territorio se llevaron a cabo 146 allanamientos, dos de los cuales se practicaron en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario.

En la gran cuidad del sur santafesino, fue designada la Agencia de Investigación Criminal para irrumpir en los domicilios. Detectives de la Dirección de Trata de Personas encontraron los lugares de residencia de los sospechosos y les cayeron encima. En el acto, técnicos de la Dirección de Cibercrimen analizaron las distintas unidades de almacenamiento y comprobaron que en ambos casos los involucrados guardaban material de pornografía infantil y lo habían compartido con otras personas en los sitios más oscuros de la Internet profunda.

La Policía Federal explicó que este operativo mundial "llevó varios meses de investigación, resultante de los constantes monitoreos virtuales, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas como ser el sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), originario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS - United States Department of Homeland Security), que permitieron individualizar usuarios que habían puesto a disposición en la red material de abuso sexual infantil".

"Cabe destacar que otras fuerzas federales y provinciales realizaron diversos allanamientos en provincias como Chaco, Chubut, Corrientes, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego", se puntualizó en un comunicado.

Tres hombres mayores de edad fueron #Detenidos tras #Allanamientos realizados en distintos domicilios de Bº Ituzaingó, Amp. Rosedal, Nva Cba y en la ciudad de Villa Carlos Paz, en relación al operativo denominado "Operación Internacional Aliados por la Infancia”. pic.twitter.com/IZTBdkB6AK

En Argentina, fueron detenidas 46 personas y se secuestraron más de 200 dispositivos electrónicos.

Todo quedó a disposición del Juzgado Penal y Contravencional de Faltas N°20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a cargo del Dr. Brandoni Nonell y la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones del Ministerio Público de CABA, la Dra. Daniela Dupuy.

Personal de la policía rural de la provincia - de la Sección San Justo-, en colaboración con Agencia de Investigación Criminal, investigó una denuncia radicada por un productor ganadero, propietario de un campo destinado a la cría de ganado mayor en el departamento San Justo, quien dio cuenta que en marzo del año corriente se contactó con un consignatario de hacienda para que le realice una venta de animales. 

Entregó de esa manera, en forma de confianza al consignatario, 9 terneros y un toro, por un total de $ 900.000. Luego de la entrega de los animales, el representante cortó todo tipo de contacto con el propietario; pasados unos meses, el vendedor se contactó con la cooperativa ganadera donde suponía que seguía trabajando el comerciante, y fui ahí cuando se anotició de que había sido desvinculado de la entidad, por lo cual cayó en la cuenta de que habría sido estafado.

Seguidamente, los agentes de Los Pumas recibieron de parte del damnificado detalles de una camioneta y el tráiler, los que al momento de la venta de los animales en cuestión eran conducidos por un estanciero, quien lo acompañó a realizar la carga de los animales.

El dueño de ese vehículo fue citado con fines de entrevistarlo para aportar datos, pero este se presentó en dos ocasiones con actitud evasiva y les manifestó que no declararía al respecto.

En base a la información recabada, Los Pumas establecieron que el estanciero también se hallaría involucrado en el hecho.

Interiorizado el fiscal de turno sobre los pormenores del hecho, ordenó el allanamiento en su fundo rural (al norte de San Justo), donde secuestraron una camioneta, una escopeta calibre y un fusil calibre 7.65, numerosas municiones de diferentes calibres, y documental de interés para la causa. El sujeto carecía de la correspondiente documentación para la tenencia de las armas.

De acuerdo a las manifestaciones sobre la ubicación del tráiler, la uniformados rurales se dirigieron unos 30 kilómetros al oeste, donde constataron la existencia del rodado, procediendo también a su secuestro.

Por orden del fiscal, identificaron al conductor del vehículo por el delito de estafa y tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra; y al consignatario de hacienda le pintaron los dedos por al figura penal de estafa, ambos en estado de libertad.

El Departamento Operativo Región IV de la Agencia de Investigación Criminal dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, realizó el día martes un procedimiento de recuperación de una bicicleta que había sido robada desde el garaje de una vivienda en Reconquista, y detuvo al autor del hurto, un hombre de 31 años apodado “Pan casero”.

El detenido, oriundo de Buenos Aires, es un conocido malabarista y limpiavidrios de los semáforos de la localidad del norte santafesino.

El personal de AIC no tardó en localizar al sujeto, a quien le secuestró la bicicleta robada.

En las primeras horas de la noche del martes un cruento suceso sacudió al barrio Guadalupe; el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado dentro de un zanjón al costado de Gral. Paz al 8600.

Un ocasional transeúnte fue quien advirtió la escena tras lo cual dio aviso a la Central de Emergencias 911. La novedad fue comunicada a las autoridades policiales que de inmediato enviaron peritos e investigadores al lugar.

El cuerpo hallado es de un hombre, de aproximadamente 70 años. 

Hasta el momento se desconoce si presenta algún signo de violencia por golpe o herida de arma de fuego o de arma blanca. Tampoco se sabe si fue atropellado por algún vehículo.

No obstante existe una fuerte sospecha que el infortunado podría ser un hombre que se encuentra desaparecido desde hace unos días y sobre el que pesa un pedido de paradero.

Como es de rigor lo ocurrido fue comunicado al fiscal de Homicidios, quien dispuso una serie de medidas.

En este sentido peritos de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en el lugar y se encuentran a la espera de la morguera de la Agrupación Bomberos Zapadores.

Durante la noche del lunes un hecho de extrema violencia se produjo en la intersección de French y Peñaloza, el que dejó como saldo un hombre muerto a tiros y otro que permanece herido grave tras ser acribillado. 

De acuerdo a los primeros trascendidos la secuencia se inició en Juan Díaz de Solís, casi Azcuénaga, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el paso de un Renault Fluence en el que se conducían Ezequiel Calcaterra Vega (31) y Rodrigo Vallejos (22)

En dicha circunstancia hubo un intercambio de insultos y amenazas hasta que el automóvil salió raudamente del lugar. 

Lo que siguió fue una persecución que culminó en Avda. Peñaloza y French donde los motociclistas se pusieron a la par del automóvil e iniciaron un feroz ataque a tiros.Calcaterra Vega, que venía al mando del auto, fue alcanzado por tres balazos. Poco después fue llevado en una ambulancia al hospital Iturraspe donde ingresó en condición crítica.

Al cabo de 50 minutos, donde se le practicaron maniobras de reanimación, se produjo su deceso.

Los balazos que llovieron sin piedad sobre el Renault Fluence alcanzaron también a Rodrigo Ezequiel Vallejos (22). También fue trasladado al hospital donde se le diagnosticó: dos impactos de bala en el cuello; 1 en tórax; 1 en abdomen e ingle y otro en el rostro, a la altura de la mandíbula. 

Tras la criminal acción sus autores escaparon a toda velocidad del lugar.

El hecho provocó una gran conmoción entre los vecinos y los ocasionales transeúntes que se encontraron con la escena.

Como es de práctica se informó lo sucedido al fiscal de Homicidios en turno, quien dispuso la intervención de los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En horas de la tarde de este miércoles, se inició un nuevo allanamiento en la central del SIES 107 de Venado Tuerto. La policía junto a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación llevaron adelante el procedimiento ordenado por la Justicia.

Si bien aún se desconocen los motivos o detalles de la investigación, fuentes consultadas por El Litoral adelantaron que la medida podría demorar varias horas y el objetivo es relevar documentación que pueda servir a la causa.

Mientras tanto, las puertas de la central del servicio de emergencia fueron cerradas y se restringió el ingreso y egreso al inmueble ubicado sobre avenida Santa Fe. Incluso, se solicitó a los empleados que permanezcan en salas con las que cuenta el edificio, sin posibilidad de salir.

En el lugar acompañó el procedimiento, el coordinador del SIES 107, Ramiro Aguilar.

Cabe señalar que este no es el primer allanamiento que se realiza en dicha dependencia, ya que en el mes de diciembre del año pasado se había desarrollado un proceso similar, solicitado por la fiscal Mariana Vidal y a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En aquel momento, se secuestraron diferentes documentos que podían tener vinculación con el caso investigado.

La víctima fatal fue identificada como Franco Timermat, de 22 años, quien se domiciliaba en en la zona de calle 21.

Por Danilo Chiapello

Poco antes de la medianoche un trágico hecho de sangre se produjo en barrio Adelina Oeste, esto es, en el límite entre Santo Tomé y Sauce Viejo.

Del hecho se tuvo conocimiento cuando varios llamados a la Central de Emergencias 911 dieron cuenta de disparos de arma de fuego en la zona de calle 21, entre 6 y 8, en jurisdicción de la subcomisaría 23ra.

Condenaron a 33 años de prisión al ladrón que mató al Trinche Carlovich

Los primeros policías que arribaron al lugar se encontraron con una escena de descontrol, con personas que corrían desesperadas, gritando y pidiendo auxilio.

En este contexto los oficiales ingresaron a un inmueble donde observaron a un joven que yacía sin vida. El infortunado presentaba varios impactos de bala en su cuerpo.

La víctima fatal fue identificada como Franco Timermat, de 22 años, quien se domiciliaba en el lugar.

Homicidio en barrio San Lorenzo: asesinaron a un hombre de un tiro en el pecho

Como es de práctica lo ocurrido fue informado al fiscal de Homicidios en turno quien dispuso la intervención del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre otras medidas.

Por su parte los agentes de la subcomisaría 13ra. aseguraron con cintas para preservar la escena y esperar el arribo de los peritos de la división Criminalística y Forense de la AIC.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de ningún sospechoso relacionado con este crimen; el número 32 que ocurre en el departamento La Capital en lo que va del año.

Ricardo Walter Piris, ya condenado por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral de Corrientes luego de que lo detuvieran con nueve kilos de marihuana en 2008. Además, es yerno de Natividad “Roger” Terán, ex intendente de la localidad correntina, condenado como integrante de la asociación ilícita que traficaba 15 toneladas mensuales de marihuana desde de Paraguay.

El yerno del ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, fue detenido en las últimas horas con más de 500 kilos de marihuana en la ciudad de Funes, Santa Fe, informaron fuentes oficiales. Además, fueron aprehendidos otros dos correntinos.

Cayó en Paraguay el capo narco argentino más buscado por la causa Itatí

Según señalaron medios locales, el operativo se realizó en un galpón y taller mecánico donde encontraron ladrillos de marihuana con un total de 567 kilos.

En el lugar, quedaron detenidas ocho personas, entre ellas tres correntinos. Y unos de ellos, yerno de un ex intendente condenado por asociación ilícita para comercio de drogas desbaratada en el llamado Operativo Sapucay.

El secuestro de la droga se produjo a la tarde, cuando a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le llamó la atención el  ingreso de un hombre sospechoso aparentemente armado a un galpón  de Tucumán al 2000. En un procedimiento de flagrancia, lo detuvieron en el interior del predio.

Detuvieron al narco más buscado del país

Efectivamente, le secuestraron un arma de fuego, pero además se toparon con una sorpresa: gran cantidad de ladrillos verdes acondicionados en distintos sitios de la propiedad.

En el predio, había varios autos. Y otras personas a las que sorprendieron cuando acomodaban la carga de estupefacientes, que intentaron pero no pudieron escapar del lugar.

Como se trata de un hecho de narcotráfico, en el caso intervienen el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a cargo de la Fiscalía Federal de Rosario, y el titular del Juzgado Federal 3, Carlos Vera Barros.

El personal de la AIC apresó en e galpón y taller a ocho las personas: seis varones y dos mujeres. Además, en el sitio había dos niños.

Funes: hallaron más de 500 kg de marihuana en un taller mecánico

Tres de los detenidos son oriundos de Corrientes. Y uno de ellos es Ricardo Walter Piris, ya condenado por tráfico de estupefacientes por el Tribunal Oral de Corrientes luego de que lo detuvieran con nueve kilos de marihuana en 2008.

El hombre, además, es yerno de Natividad “Roger” Terán, ex intendente de la ciudad de Itatí, quien fue condenado como integrante de una asociación ilícita que traficaba unas 15 toneladas mensuales de marihuana proveniente de Paraguay.

En octubre de 2021, Terán fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de asociación ilícita, luego de que se homologara el juicio abreviado que él y otros 26 acusados firmaron en el marco del denominado “Operativo Sapucay”, procedimiento que en 2017 consiguió desbaratar una banda dedicada al narcotráfico internacional.

Las penas en esa causa alcanzaron a tres ex miembros de fuerzas de seguridad. El ex viceintendente de Itatí, Fabio Adrián Aquino, recibió tres años y ocho meses de cárcel por el delito de “asociación ilícita”, agravada por ser funcionario público y servirse de menores de 18 años de edad para los negocios delictivos.

En junio de 2017, mismo año del operativo Sapucay, pero por otra causa, fue condenado en Corrientes a seis años de prisión al ahora detenido en Rosario, Piris. Fue por droga que le secuestraron en 2008, cuando lo apresaron junto a la hija del “Patrón de Itatí”, Mariela Terán.

Una escucha telefónica revela que uno de los delincuentes que tomó la subcomisaria 20° de Arroyo Leyes le confesó a su pareja que había robado $ 1.500.000 que le permitieron pagar a la policía para que le cambien el nombre.

Al “Orejón” Hernán Matías Sosa se lo notó inquieto en las dos audiencias -imputativa y de prisión preventiva- en la que se trató su participación como uno de los integrantes de la banda que tomó la subcomisaria 20° de Arroyo Leyes. No quería ser asistido por la defensa pública y pedía con insistencia la presencia de su abogado particular.

La actitud del reo llamó la atención de quienes participaron el lunes de la audiencia de medidas cautelares, incluso llevó a la jueza Rosana Carrara a ir más allá en la explicación y decirle que se habían comunicado desde la Oficina de Gestión Judicial con su abogado, que éste se encuentra “de vacaciones” y que “tiene derecho” al descanso. Y dado que la causa tiene múltiples imputados y defensas, la misma no podía ser postergada, ni reprogramada a la espera del profesional indicado.

Copamiento a la subcomisaria de Arroyo Leyes: detienen a dos policías y tres civiles

La postura renuente y esquiva pudo comprenderse a la luz de la evidencia, cuando las fiscales Laura Urquiza y Rosana Peresín argumentaron en contra de Sosa y la maniobra que había llevado a cabo para conseguir una condena de ejecución condicional, apenas unos meses antes de su última detención.

¿Complicidad o engaño?

La fiscalía sostuvo esta semana que Hernán Matías Sosa, de 36 años, oriundo de CABA y con domicilio en Santo Tomé, a quien sus consortes llaman el “Orejón”, había cambiado su identidad en octubre de 2022 para evitar una condena de prisión efectiva y declaración de reincidencia.

La maniobra, detectada por el MPA, sumada a otro caso donde se presume el cambio de nombre de un recluso, dio lugar a una investigación, para evaluar el desempeño policial y si acaso fue producto del engaño o la complicidad de un sector de la fuerza.

A raíz de ello, este miércoles por la tarde la Agencia de Control Policial (ACP) llevó a cabo un procedimiento en las oficinas del Gabinete de Identificaciones que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que está ubicado en Primera Junta 2851, al lado del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Robo de identidad

Se trató de una intervención para “preservar y secuestrar evidencia en formato digital y soporte papel”, que llevó a cabo la División de Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos, bajo las órdenes del fiscal Federico Grimberg.

Los primeros en hacerse eco de la medida fueron las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que a última hora informó sobre “la supuesta falsa identidad de dos detenidos” para lo cual “la fiscalía interviniente solicita que personal de la ACP procesa al resguardo de toda la información que sea de interés para la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario”.

Según lo expuesto por el Ministerio Público de la Acusación en tribunales, en la investigación por el robo a la dependencia policial de Arroyo Leyes aparece un teléfono a nombre de un tal “Andrés Alberto Borda”, el cual había sufrido un “robo de identidad”.

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Las escuchas

La línea había sido adquirida el 16 de agosto de 2022, dos meses antes de que el impostor usará los datos falsos para engañar a la Justicia. El 19 de octubre del mismo año Borda -es decir Sosa-, fue detenido junto a un cómplice por un hecho de amenazas calificadas y portación de arma de fuego por el cual firmó un abreviado que le permitió recuperar la libertad, atento a que Borda tenía el prontuario en blanco.

Sin embargo, volvió a quedar detenido el 16 de diciembre, por un escruche cometido en 2021 en la localidad de Franck por el cual le dictaron la prisión preventiva. Estando Sosa preso, el teléfono a nombre de Borda se volvió a activar.

Las escuchas entre el 28 de diciembre de 2022 y los días previos a las detenciones de la semana pasada, la fiscalía terminó por acreditar que la línea era utilizada por Sosa. Así lo demuestran las conversaciones con su pareja desde el penal, donde le cuenta que fue detenido con Sebastián C. en octubre y que tenía 1.5 millones de pesos que le permitieron “arreglar con la policía para falsear la identidad”.

También le confiesa que “siempre fue un delincuente” y que cuando está en la calle “vive de eso” y que “lo hizo toda la vida”, reseñó la fiscalía que finalmente pudo corroborar que quien fuera detenido realmente fue Sosa y no Borda.

En las últimas horas de la tarde del miércoles el cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en el interior de una vivienda particular en la ciudad de Laguna Paiva, en un hecho que está siendo investigado.

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Del caso se tuvo conocimiento pasadas las 18 hs cuando un vecino se presentó en la sede de comisaría distrito 13a. y manifestó que había un fuerte olor nauseabundo, el que provenía de un departamento interno ubicado en Alberdi al 1800.

De inmediato un grupo de agentes salió para el lugar y ni bien ingresaron al inmueble observaron el cuerpo sin vida de una mujer que yacía en el piso en medio de un gran charco de sangre.

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De la infortunada se supo que tenía aproximadamente 45 años, y era personal policial con prestación de servicio en la Unidad Regional XI (Esperanza).

La novedad fue comunicada a la fiscal Gioria quien una vez interiorizada del hecho solicitó se comisione la Brigada de Femicidio junto a los peritos de la AIC, toda vez que se daría conocimiento al fiscal Broggi de la Fiscalía de Femicidio.

Según las primeras informaciones, la mujer -identificada como G. A., de 42 años- se habría quitado la vida.

Durante la noche del miércoles personal de la División Criminalística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Santa Fe se hizo presente en la cárcel de mujeres de la capital provincial, por el fallecimiento de una interna.

La mujer, identificada como G. A., de 42 años, fue encontrada sin vida en uno de los baños de la unidad, ubicada en San Jerónimo 1170, y las primeras averiguaciones indicarían que la víctima había atentado contra su propia vida.

La investigación quedó a cargo del fiscal Giavedonni.

Por Manuela Días Fredes y Mauro Dalmazzo

Un brutal hecho se conoció este miércoles y sacudió al sur santafesino. Allí, una mujer, en circunstancias que se intentar establecer, fue atacada a balazos (se cree que fueron unos 17) en inmediaciones de calles Tiro Federal y San Juan, en el barrio Carlos Casado de la ciudad de Firmat, en el departamento General López.

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El episodio se registró aproximadamente a las 3.30 de este miércoles y en un primer momento, la víctima fue trasladada en forma urgente al hospital San Martín de esa ciudad, donde la estabilizaron y más tarde la derivaron al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.

Es en el nosocomio venadense donde confirman las múltiples heridas a causas de impactos de balas en diferente partes del cuerpo con orificio de entrada. Su estado es crítico, requiere de asistencia respiratoria mecánica y es evaluada por profesionales médicos de cirugía y traumatología.

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En el caso, del que aún no se tienen demasiados datos, trabaja la flamante fiscal Vanina Servidio Pozzi, y también personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Según la representante del MPA están en pleno trabajo investigativo, tomando medidas con Agencia de Investigación Criminal y Comisaría 13 para recabar la mayor cantidad de evidencias, tomando entrevistas y demás para intentar llegar a una hipótesis del caso.

Hasta el jueves Díaz se desempeñó en la delegación que la policía rural “Los Pumas” tiene en la localidad de Frontera y quedó acusado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso y atentado a la autoridad.

Se trata del subcomisario Cristian “Paco” Díaz, quien fue jefe antidrogas en la ciudad de Santa Fe y se desempeñaba en la guardia rural “Los Pumas”

Cristian “Paco” Díaz, ex jefe de la Brigada Departamental Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la capital provincial, fue detenido por orden del fiscal federal Walter Rodríguez acusado de haber sido el ideólogo de un anónimo que llegó a la mencionada agencia estatal y que tenía como objetivo desviar una pesquisa para favorecer a un grupo narco y afectar la credibilidad de un fiscal, un funcionario y un comisario.

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Con la detención de Díaz el fiscal Rodríguez redondeó otra causa que él mismo investigó y que terminó con el arresto de un subalterno de Díaz, el policía Carlos Rodrigo, quien se encuentra en una prisión de Entre Ríos después de que en 2021 fuera procesado por el juez federal Marcelo Bailaque por encubrimiento, favorecimiento personal agravado por ser funcionario público, atentado contra la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de drogas.

Esa historia tuvo un hecho previo que la disparó. Fue el 10 de junio de 2021 cuando en un correo electrónico recibido en la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe se denunció anónimamente hechos de gravedad institucional que involucraban a un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación a quien señalaban como líder de una organización delictiva.

Ante la hipótesis de que la denuncia fuera un ardid para desviar otras investigaciones, el fiscal Rodríguez convocó a peritos del Departamento Técnico de Narcotráfico de la Policía Federal para realizar distintas diligencias que culminaron con cuatro procedimientos: en la dependencia donde trabajaba Rodrigo, en su casa y en otros dos domicilios. En esos allanamientos se secuestraron un pan y un trozo compacto de cocaína que pesaron 667 gramos.

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En el avance de la investigación, el fiscal Rodríguez detectó que Díaz (por entonces jefe de Rodrigo) “abusó de su condición de titular de la Brigada Departamental Antidrogas de la AIC para impartir órdenes inconstitucionales a sus subalternos”, entre ellas fue el autor intelectual del anónimo que envió por mail Rodrigo desde una cuenta que armó desde su computadora personal de la Brigada, en el cual refería que había una banda narco operando en Santa Fe y que sus jefes eran el fiscal federal Gustavo Onel, el funcionario del Organismo de Investigaciones (OI) Rolando Galfrascoli, y el ex comisario de Drogas Martín Oliva.

De acuerdo a la pesquisa, a esas tres personas se las acusaba en el mail de darle protección y encubrir a las narcos santafesinas Lorena Melgarejo, entonces prófuga, y Vanesa “La curandera” Saravia, a quién justamente Onel, Galfrascoli y Oliva detuvieron con casi 150 kilos de cocaína en noviembre de 2019.

De esa manera, dice el fiscal federal, “Rodrigo colaboró con Lorena Melgarejo para eludir las investigaciones de la autoridad competente y hacer afirmaciones de gravedad institucional desde el anonimato de un correo electrónico eludiendo su responsabilidad como funcionario público”. Al ser indagado, Rodrigo señaló que hizo el escrito por pedido de su jefe, el ahora detenido subcomisario Díaz, y que al único que conocía de todos los que mencionó en ese mail es a un agente de apellido Bressan”.

En ese entonces Díaz tenía cierto poder que le había conferido el comisario Marcelo Cruz, quien era el jefe Antinarcóticos de la AIC en la región y que reportaba al entonces hombre fuerte del Ministerio de Seguridad en la materia: el Director de Investigación Criminal Rodolfo “Coqui” Gallardo, dice el portal santafesino. El enlace entre ellos era el subcomisario Martín Mansilla, quien aparece mencionado en varias causas penales.

Para que no queden huellas digitales, Díaz llevó a la casa de Rodrigo (ambos vivían en la localidad de Laguna Paiva) un papel escrito con el contenido de la denuncia que su subalterno debía enviar por mail. Todo ello fue corroborado con el frecuente impacto en las antenas de telefonía entre los móviles de ambos policías más el aporte del escrito original entregado por Díaz y por la relación que ambos tenían en un contexto en el que era evidente la intención de desprestigiar y ensuciar a quienes investigaban.

El Fiscal Rodríguez también pidió que se indague a Paco Díaz por concusión y encubrimiento ya que los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron le encontraron anotaciones que dan cuenta que el subcomisario “contaba con alrededor de 50 personas físicas y/o jurídicas de las cuales recibía colaboraciones que casi siempre tenían que ver con cargas de combustibles o donación de carne por parte de personas ligadas a ciertos ilícitos”.

La hipótesis del fiscal es que Díaz “hacia la vista gorda” frente a ciertos delitos y los facturaba por impunidad en su rol de jefe de la Guardia Rural Los Pumas en la localidad de Frontera. Tan entusiasmado estaba Díaz con sus días al frente de esa repartición que le envió un mensaje de texto a Rodrigo diciéndole: “Venite a Los Pumas, acá a Frontera, que está la papa. No sabes lo que es…millos. Los 2, campos, cereal, ganado, una mina virgen”.