Recibirá atención médica en un centro asistencial el trabajador de la construcción de Paraná que denunció ser víctima de violencia institucional por parte de policías el jueves pasado. El incidente ocurrió cuando Marcelo Bruffal estaba retirando ramas podadas frente a su casa y un patrullero se detuvo tras escuchar su comentario "¿Qué pasa?". 

Tras un breve intercambio, uno de los policías lo redujo violentamente, arrojándolo al suelo, lo que le causó una lesión en la rodilla. La agresión fue grabada por una cámara de seguridad y se incorporó a la investigación judicial, que está a cargo de la fiscal Sofía Patat.

Bruffal explicó que no había agredido a los oficiales, y que su hermana fue empujada cuando intentó intervenir. Después de la agresión, fue subido al móvil policial, donde pidió que aflojaran las esposas por el dolor en su pierna, pero según su relato, los policías lo ignoraron y le echaron gas pimienta. En el destacamento, los oficiales se pusieron nerviosos al saber que el incidente había sido grabado y retiraron sus identificaciones.

El joven, que trabaja como albañil, expresó su preocupación por el dolor en su pierna, que le impide trabajar y afecta su situación económica. Además, su hermana también sufrió las consecuencias del incidente. Bruffal pidió una pronta respuesta a su lesión y que el caso no quede impune.

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Tras la entrevista que el joven concedió, personal del Centro de Salud “Dr. Ramón Carrillo” trasladó a Bruffal en ambulancia hasta el hospital San Martín de Paraná para que reciba la atención médica correspondiente.

Ocurrió esta madrugada, en la zona noroeste de la Capital. La esposa asegura que fue golpeado por efectivos. La Justicia interviene y no hay detenidos por ahora.

La Justicia investiga la muerte de un hombre ocurrida este lunes por la madrugada, en el marco de un confuso episodio sucedido en una estación de servicio ubicada en calle Octavio Pinto esquina Mariano Castex, en la zona noroeste de Córdoba capital.

Todo sucedió pasadas las 4 de la mañana cuando se habría desatado una discusión entre la víctima y los responsables del negocio en ese momento por el pago de una carga de combustible.

Agustina, la esposa de la víctima, denunció que su marido falleció a manos de los agentes. “Vino a cargar nafta. En ese momento estaba muy nervioso. No pagó. La Policía me llamó a mí para pagar”, relató Agustina, quien detalló que su esposo había olvidado el dinero para el combustible.

Cuando la mujer llegó se encontró, según su versión, con un dramático cuadro. “La Policía me dijo como que lo iban a detener, que no se podía hacer nada, que me querían detener a mí también por meterme”, explicó a Mitre Córdoba.

“Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”, relató.

“Al final lo terminaron matando”, dijo la mujer a ese medio.

En tanto, desde el área de Prensa de la Jefatura de Policía citaron este lunes a una conferencia de prensa a partir de las 9 para dar las explicaciones de este hecho. Será encabezada por el comisario Cristian Barrios.

En tanto, la Justicia confirmó que ha tomado cartas en el asunto a través de la fiscalía de turno, que ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido. Por el momento no hay detenidos por el hecho.

Periodistas de varios medios colombianos y de agencias internacionales denunciaron que fueron agredidos este jueves por policías cuando cubrían la noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Élmer Fernández.

Los periodistas, entre los que se encontraban fotógrafos y camarógrafos del diario El Espectador, la revista Semana y las agencias de noticias EFE y Anadolu, fueron agredidos por al menos cuatro policías que intentaban impedir su trabajo sobre el viaducto de la Calle 80 con Avenida NQS de Bogotá, donde fue asesinado el funcionario.

Los policías intentaron sacar a empujones a los periodistas, les taparon los lentes con la mano y amenazaron con esposarlos para que no hicieran su trabajo.

“Respete el dolor de la familia, ya hay medios de comunicación allá”, se le escucha gritar varias veces a un policía de apellido Otálvaro que no dejó que fotógrafos y camarógrafos se acercaran a la baranda del viaducto para hacer imágenes desde arriba de la Avenida NQS, donde fue perpetrado el atentado.

En imágenes grabadas por los propios periodistas se puede observar cuando uno de los policías derriba al piso al fotógrafo Mauricio Alvarado, de El Espectador, mientras otro uniformado le grita a un colega “mande las esposas”, para detener a los periodistas.

#Viral | 📰 Periodistas de varios medios colombianos e internacionales, incluidos El Espectador, Semana, EFE y Anadolu, denunciaron agresiones por parte de la policía mientras cubrían el asesinato del director de la cárcel La Modelo, en Bogotá. pic.twitter.com/iLSUutgkoC

“A Mauricio Alvarado lo empujan y lo tumban al piso en la mitad del puente, donde los vehículos tuvieron que parar para no atropellarlo”, relató el camarógrafo de EFE Juan Diego López, quien estaba en el lugar con su compañero, el fotógrafo Mauricio Dueñas.

El director de La Modelo de Bogotá, una de las cárceles más importantes de Colombia, fue asesinado este jueves por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo por la Avenida NQS en dirección al norte de la ciudad.

“Los asesinos no nos van a amedrentar y saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que Fernández estaba en el cargo hace solo 42 días pues lo había asumido el 4 de abril y “estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias” en la cárcel La Modelo.

Aparten tanto, uno de los uniformados de la Policía que protagonizó las agresiones denunciadas por periodistas que cubrían el atentado en el cual fue asesinado el director de la cárcel La Modelo de Bogotá fue apartado del cargo.

Tres palestinos, dos con ciudadanía de Estados Unidos y otro con residencia permanente en el país, fueron tiroteados por un hombre en Burlington, Vermont, en el norte de Estados Unidos, informó este domingo la policía local.

Las víctimas del tiroteo -que ocurrió en la noche del sábado- "se enfrentaron a un varón blanco con una pistola" que disparó al menos cuatro tiros "sin hablar", según un comunicado de prensa del jefe de policía de Burlington, Jon Murad.

"Dos llevaban kuflya (pañuelo palestino) en el momento de la agresión; en este momento, no hay información adicional que sugiera el motivo del sospechoso", dijo la policía.

El gobernador de Vermont, Phil Scott, calificó de "tragedia" el tiroteo. El Comité Árabe Estadounidense contra la Discriminación informó que los tres jóvenes hablaban árabe.

Según la investigación preliminar, los tres "estaban visitando la casa de los parientes de una de las víctimas en Burlington, para las vacaciones de Acción de Gracias. Los tres estaban caminando por la calle Prospect cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola", dijo Murad.

"El sospechoso iba a pie por la zona; sin hablar, descargó al menos cuatro disparos de la pistola y se cree que huyó a pie", agregó, según recogió la cadena de noticias estadounidense NBC.

"En este momento cargado de tensión, nadie puede mirar este incidente y no sospechar que puede haber sido un crimen motivado por el odio", dijo Murad en un comunicado.

Murad dijo que ahora que las víctimas -que recibieron las balas en el torso y extremidades inferiores- están a salvo y recibiendo atención médica, la prioridad es encontrar al atacante.

El sospechoso fue descrito por la policía de Burlington como un hombre blanco con una pistola que no dijo ni una palabra antes de disparar al menos cuatro veces.

Las familias dijeron en una declaración conjunta emitida por las familias a través del Instituto para el Entendimiento de Oriente Medio que "están devastadas" por la "horrible noticia" de que sus hijos fueron atacados.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid y Tahseen Ahmed y los tres estudian en universidades estadounidenses.

"Estamos extremadamente preocupados por la seguridad y el bienestar de nuestros hijos", agregaron. Las familias dijeron que las víctimas son "estudiantes dedicados que merecen poder centrarse en sus estudios".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado del tiroteo contra tres estudiantes palestinos en Burlington, según la prensa estadounidense.

En tanto, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10.000 dólares por información que permita detener al responsable del ataque, según publicó en la red social X. El CAIR es el grupo musulmán más importante de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó el ataque, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

La secuencia representa la violencia de la que fueron víctimas los hinchas argentinos en el Maracaná. Residentes o turistas, más de 3000 fanáticos del campeón del mundo se acercaron al mítico recinto para ver a La Scaloneta ante Brasil, pero la excursión resultó como la continuidad de la barbarie que padecieron los aficionados de Boca en la final de la Libertadores.

El duelo por Eliminatorias Sudamericanas apenas si había llegado a los himnos cuando luego de un intercambio de asientos entre parte de los locales (en enorme mayoría) y un grupo de los visitantes, la policía irrumpió para reprimir solo a los vestidos de albiceleste. Y con una brutalidad pasmosa. Tal fue el nivel de salvajismo que el plantel de Argentina intervino, primero acercándose al lugar para pedir calma y que los uniformados terminaran con el hostigamiento, y luego, capitaneado por Lionel Messi, retirándose del campo de juego a modo de protesta.

En medio del caos, dos personas tuvieron que ser retirados en camilla. Uno de ellos, con la cabeza bañada en sangre. ¿Cómo terminó así de golpeado? En el video se puede ver cómo uno de los agentes, munido de un palo largo, arremete contra el grupo y le aplica varios golpes. Detrás suyo, a modo de apoyo, se suman dos más, con idéntico nivel de belicosidad.

En realidad, el Maracaná había ofrecido señales de que la temperatura estaba demasiado elevada. Primero, porque lo sucedido con los fanáticos del Xeneize hace apenas unas semanas debía haber funcionado como señal de alerta, pero no ocurrió. Luego, porque en varios sectores del recinto los espectadores estaban mezclados, con el peligro latente que eso conlleva. Y luego, porque poco más de una hora antes del inicio pautado para el cotejo (que al final comenzó cerca de las 22), ya se habían dado algunas refriegas, rápidamente extinguidas, pero que preanunciaban lo que pasó.

Todo empezó cuando un hincha brasileño intentó ubicar una bandera de gran tamaño con la leyenda “núcleo” en un sector en el que abundaban los argentinos. En medio de las discusiones y empujones, uno de ellos colocó una camiseta albiceleste sobre la bandera, como tapándola, y las hostilidades se incrementaron. Tras las discusiones, intervino la seguridad, en este caso, pacíficamente y los problemas parecían haberse disipados. No obstante, apareció un rocedor local desde atrás y le aplicó un puñetazo a uno de los visitantes. Fue retirado del estadio, pero sembró el germen de la violencia, que no tardó en florecer.

Un hombre de 30 años falleció durante el fin de semana por un fuerte golpe en la cabeza, luego de ser detenido por la policía en inmediaciones del Parque Industrial de Sauce Viejo, y las autoridades tratan de determinar si la lesión fue provocada por los uniformados o fue consecuencia de una caída durante la persecución.

Según pudo reconstruirse, todo comenzó a última hora de la tarde del sábado, cuando varios vecinos observaron a un sujeto armado con una carabina deambulando en cercanías de la esquina que forman las calles Juan Díaz de Solis y Defensa.

Inmediatamente empezaron a sonar los teléfonos de la Central de Emergencias 911. Los testigos afirmaban que el amenazante sujeto escapaba hacia el sur, quitándose su vestimenta, para perderse entre los pastizales, en el viejo predio de la Fiat.

Un móvil del Comando Radioeléctrico llegó poco después a la zona y minutos más tarde se dirigió al Parque Industrial, donde varios trabajadores habían visto a un sospechoso que presentaba características similares a las del individuo buscado.

Los uniformados aprehendieron a este hombre, identificado como Ariel Alderete, pero no encontraron ningún arma de fuego al rastrillar el lugar.

Como presentaba visibles lesiones, los policías trasladaron a Alderete hasta dependencias del Área de Medicina Legal, sobre la Comisaría 1a, en el centro de la ciudad de Santa Fe. El médico recomendó su traslado al Hospital Cullen y los agentes lo llevaron hasta el centro público de salud. Allí, los profesionales lo revisaron y le ordenaron una serie de estudios. Finalmente, la misma patrulla del Comando volvió con el detenido a Sauce Viejo, más precisamente a la Subcomisaría 13a.

Alderete quedó alojado en una celda, pero no por mucho tiempo. A las 2.35 se le concedió la libertad, porque se retiró la denuncia en su contra y el arma de fuego nunca fue encontrada. Aparentemente, ya entonces se sentía mal. Trascendió que como su familia no tenía los medios para buscarlo, un móvil lo llevó hasta su casa.

Su estado de salud empeoró y cuatro horas después -cuando empezó a convulsionar- fue llevado de urgencia por sus allegados nuevamente al Cullen, donde finalmente falleció.

Investigación

La muerte de Alderete activó los mecanismos previstos para posibles casos de violencia institucional. Así, el caso quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández y las actuaciones a cargo de la Agencia de Control Policial (ACP).

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación dispuso una serie de medidas de rigor para tratar de determinar con precisión en qué momento y circunstancias Alderete sufrió la lesión fatal en su cabeza.

Así, se tomaron declaraciones testimoniales a las personas que llamaron al 911 y a personal de una empresa que habría visto caer al Alderete en una zanja. También se secuestraron los audios de la Central de Emergencias y el libro de guardia de la dependencia policial involucrada. El fiscal, por otra parte, ordenó la autopsia, cuyos resultados todavía no fueron dados a conocer.

Este marte, Hernández y detectives de la ACP recorrieron el lugar de la detención en busca de rastros. Según pudo saberse, se habrían hallado elementos de interés para el caso, por lo que se convocó a peritos de la Policía Científica de la Agencia de Investigación Criminal para que los recojan y analicen. Además, se secuestraron videos de cámaras de vigilancia que aportarían luz para esclarecer lo ocurrido.

Familiares de Alderete se habrían presentado en la Subcomisaría 13a para recriminar a los policías por presuntos abusos cometidos, pero otro recluso negó que haya existido cualquier tipo de maltrato.

Video: un policía de San Luis le pegó un cachetazo a un joven que se burló de su camisa

Video: un profesor y un alumno a las piñas tras una discusión por Twitter

En el proceso de conciliación, el juez dispuso que el oficial principal Rubén Alejandro Romero le pague al joven 45 mil pesos en tres veces como resarcimiento económico.

La agresión del oficial se viralizó en las redes sociales a través de un video.

Se produjo cuando el alumno de la Universidad Nacional de San Luis y sus cinco amigos caminaban por la vereda de la avenida Jorge Newbery, luego de una fiesta, y de una patrulla Ford Ranger descendieron dos efectivos.

En ese momento, según el joven, una mujer policía que se les acercó, aunque él dijo no sabía qué quería ya que estaba distraído con su celular. Después, escuchó la voz de un hombre que, al parecer, le criticó su camisa y lo siguiente que vio y sintió fue la cachetada de un policía.

Uno de sus amigos intervino para tratar de separar al efectivo del agredido y fue allí cuando la oficial inspectora apartó a su compañero y le dijo “vamos” para evitar que el uniformado discutiera con los chicos.

La bofetada del efectivo se produjo segundos después de increpar al chico diciéndole “mirá la camisa que tenés“, en alusión a una prenda floreada que llevaba puesta.

Por el hecho, ambos policías fueron pasados a disponibilidad en la fuerza policial y el que abofeteó al joven fue denunciado. Luego de la audiencia de conciliación, el juez declaró extinguida la acción penal y estableció el pago de 45 mil pesos al joven por parte del oficial.

El hecho ocurrió en la ciudad de Dayton. La fuerza inició una investigación interna. El ciudadano les explicó en varias ocasiones a los agentes que no podía salir de su vehículo por su discapacidad. El hombre fue arrastrado fuera del vehículo en forma violenta (Foto: captura Video policial) La Policía de Dayton, en el estado de Ohio, abrió una investigación interna después de que se conociera un video en el que se ve a dos agentes cuando sacan de un auto y arrastran violentamente a un hombre afroamericano parapléjico, sospechoso de un caso de drogas, en medio de los gritos desesperados del hombre.

El video muestra cómo Clifford Owensby, de 39 años, explica en reiteradas ocasiones que no puede salir del vehículo, como le exigen los policías que lo pararon en un control de tránsito, debido a su discapacidad.

”No puedo salir. Soy parapléjico”, se le escucha decir a Owensby de manera reiterada ante los policías en el video.

La cinta fue filmada por la cámara corporal de uno de los efectivos que participaron del episodio y difundida por el propio departamento de Policía de la ciudad.

Cómo fue la secuencia del escándalo El auto había sido detenido después de salir de una vivienda sospechada de integran una red de tráfico de drogas.

Durante la tensa conversación, grabada por la videocámara policial, uno de los agentes le ofrece ayuda para que salga del vehículo, pero el conductor se niega. “No va a ser posible”, afirma.

“No puedo salir. Soy un parapléjico”, explicó Clifford Owensby a la policía de #Ohio cuando le exigieron que saliera de su automóvil; un elemento arrastró al joven a pesar de sus declaraciones ? #Mundo pic.twitter.com/9V596XWW2R

— Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2021

Después de una discusión acalorada, uno de los policías le lanzó al hombre una amenaza directa. “O coopera y sale del automóvil o lo arrastraré fuera del vehículo”, afirma, al desechar las explicaciones del conductor.

Los policías buscaban que un perro especialmente adiestrado revisara el vehículo en un control antidroga. Finalmente, los agentes sacaron del vehículo a Owensby, lo arrastraron por los pelos y lo dejaron caído sobre el asfalto.

El incidente se produjo el 30 de septiembre pasado cuando el hombre fue demorado por la Policía en un control en la ciudad de Dayton.

En una rueda de prensa, James Willis, abogado de Owensby, dijo que probablemente presentará “el próximo mes” una demanda formal contra los agentes que participaron en el operativo ya que considera lo sucedido “como ilegal e innecesariamente brutal”.

El reporte policial señaló que los agentes involucrados en el hecho querían investigar el vehículo por posible tenencia de drogas y denunció al sospechoso por obstrucción a la Justicia y resistencia al arresto.

”Me arrastraron como un perro, como una bolsa de basura”, dijo Owensby durante una conferencia de prensa

Según la policía, el hombre tiene antecedentes penales por delitos vinculados con drogas y armas. En el vehículo encontraron una bolsa con más de 22.000 dólares en efectivo. El acusado dijo que se trata de sus ahorros.

Owensby acusó al Departamento de Policía de Dayton de detención, registro e incautación ilegal, y de no haberle leído sus derechos antes de ser llevado a la cárcel.

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre de 2020 en Perú concluyó este martes que la Policía “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza” y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.

La misión, que llevó a cabo sus investigaciones en Lima del 17 al 22 de noviembre, destacó entre otras conclusiones que los agentes de Policía no hicieron distinción entre manifestantes pacíficos, que integraban la mayor parte de las protestas, y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.

La alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló al publicarse los resultados de la misión que “el Estado debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición”.

Las protestas se iniciaron el 9 de noviembre, a raíz de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, y los sucesos más graves se registraron el día 14 de ese mes, en el que hubo dos muertos y casi 200 heridos.

El informe de la oficina de la ONU, que entrevistó a víctimas y testigos de esos sucesos, afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, “de manera indiscriminada y a corta distancia”.

Los dos fallecidos el 14 de noviembre murieron por disparos con este tipo de perdigones, que impactaron contra su torso, siempre según el informe.

Bachelet recordó que la fuerza letal solo puede usarse para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y que ese tipo de armas deben ser empleadas únicamente en situaciones donde medidas menos dañinas sean claramente ineficaces para enfrentar una posible amenaza.

La ex presidenta chilena indicó que las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, aunque subrayó que en algunos casos las pesquisas preliminares ya se han iniciado.

“El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas, pero es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, expresó la principal responsable de la ONU en materia de derechos humanos.

El informe también señaló que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron detenciones, contraviniendo las normas internacionales, y que algunas víctimas denunciaron no haber tenido acceso a asistencia legal o hasta fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias.

Además, “varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19”, y por otro lado diez de ellas dijeron haber sufrido abusos físicos y otras ocho de tipo psicológico, lo que podría constituir tortura o malos tratos.

La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres, y denuncias de restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas.

La oficina que dirige pidió a la vista de los resultados del informe enmendar la ley peruana de protección policial de conformidad con las normas y estándares internacionales, incluyendo el principio de proporcionalidad, y derogar la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.

Bachelet se mostró preocupada asimismo por ciertos “patrones de violencia institucional en el país” que también se advirtieron en las posteriores protestas agrarias de diciembre, en las regiones de Ica y La Libertad, donde se registraron al menos tres fallecidos.

La portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell subrayó al presentar los resultados de la misión en rueda de prensa que el Gobierno peruano cooperó positivamente a la hora de facilitar las investigaciones, y que conoce los resultados de las pesquisas.

“Esperamos que las recomendaciones del informe ayuden al Gobierno a avanzar”, señaló Throssell, quien subrayó el hecho de que las investigaciones sobre los incidentes de noviembre ya hayan comenzado en Perú pero afirmó que algunos familiares de las víctimas se han quejado de los escasos avances en las pesquisas

Durante la madrugada de este domingo, efectivos de la Seccional 6° desactivaron una fiesta clandestina en Vera Pintado y 2° Pasaje, barrio Barranquitas.

Cuando se retiraban los infractores de la fiesta, arrojaron elementos contra los autos policiales que habían ido al lugar.

Al respecto, intervino también personal municipal, que realizó las multas correspondientes.

El ciudadano se dirigía a realizar compras para un centro comunitario. Dos uniformados que circulaban en una camioneta de la fuerza sin luces hicieron dos disparos al aire y luego lo embistieron de atrás. La víctima está internada en el Heca con múltiples fracturas. 

Un hombre fue atropellado de atrás mientras circulaba en una moto por una camioneta policial que se movía sin luces, fuera de su jurisdicción, en la zona sur de Rosario, y ahora está internado con múltiples fracturas en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Darío, la víctima, es un hombre que vive en Garibaldi al 3900 y dirige un centro comunitario en su barrio. El sábado a la noche le pidió una moto prestada a un vecino para ir a comprar alimentos para darle de comer a chicos de la zona y notó que una camioneta sin luces lo seguía.

Según relató desde el hospital, no pudo ver que era un móvil policial y aceleró por temor. Entonces, la camioneta lo atropelló de atrás y lo tiró contra una pared.

En el barrio los vecinos manifestaban absoluta indignación. Según contaron, fueron amenazados por los policías cuando asistían a Darío. Si bien en la zona tiene jurisdicción la 18ª, la camioneta era de la comisaría 21ª.

Hasta esta segunda seccional fueron luego del hecho y de que Darío fuera trasladada al Heca. Allí una vecina quiso fotografiar la camioneta en cuestión, que tenía un abollón y perdía agua, pero los uniformados se lo impidieron.

“No entendemos por qué hicieron lo que hicieron. Mi papá es una perosna de bien que tiene un comedor y ayuda a todos los vecinos”, dijo el hijo de la víctima. “Pedimos ayuda para que esto no quede impune”, agregó.