Una violenta tormenta azotó este domingo a la ciudad marroquí de Safi, sobre la costa atlántica, y provocó inundaciones repentinas que dejaron al menos 37 personas muertas, además de decenas de heridos y severos daños materiales.

El fenómeno se desató tras una lluvia torrencial que cayó en menos de una hora y superó ampliamente la capacidad de drenaje de la ciudad. El rápido desborde de cauces anegó barrios enteros, mientras que las fuertes corrientes de agua arrastraron vehículos, derribaron muros y provocaron el colapso de viviendas precarias.

En un primer momento, las autoridades habían informado una decena de víctimas fatales, pero con el correr de las horas el número se elevó a 37 fallecidos y al menos 32 heridos, varios de ellos internados con lesiones de gravedad. No se descarta que la cifra aumente debido a la magnitud del desastre.

Ante la emergencia, el gobierno marroquí desplegó brigadas de defensa civil, ambulancias y helicópteros para asistir a los damnificados y continuar la búsqueda de personas desaparecidas. Las tareas de rescate se vieron complicadas por lluvias intermitentes y caminos colapsados, mientras se mantenían alertas meteorológicas por la posibilidad de nuevas precipitaciones en el oeste del país.

Especialistas locales advirtieron que Marruecos atraviesa un ciclo de clima extremo, con prolongados períodos de sequía seguidos de lluvias intensas y repentinas. Esta combinación deja a muchas zonas urbanas vulnerables, especialmente en ciudades costeras como Safi, donde la infraestructura resulta insuficiente para enfrentar este tipo de eventos.

Vecinos de los sectores más afectados relataron escenas de desesperación. “El agua subió de golpe, no tuvimos tiempo de sacar nada. Apenas pudimos correr con lo puesto”, contó un habitante del barrio Derb El Bahr. En redes sociales se viralizaron imágenes de calles convertidas en ríos de lodo, autos volcados y familias refugiándose en los techos de sus casas.

Organismos humanitarios, como la Media Luna Roja Marroquí y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ofrecieron asistencia a los damnificados, mientras países vecinos expresaron su solidaridad. La tragedia volvió a poner en agenda el debate sobre la planificación urbana y la necesidad de obras que permitan mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

La violencia volvió a golpear con fuerza el este de la República Democrática del Congo. Más de 400 civiles fueron asesinados en las últimas jornadas mientras el grupo armado M23, apoyado por Ruanda según denuncian autoridades locales e internacionales, avanza en su ofensiva en la provincia de Kivu del Sur.

El gobierno regional confirmó que 413 personas —entre ellas mujeres, niños y jóvenes— murieron baleadas o víctimas de explosivos en distintos asentamientos ubicados entre la ciudad de Uvira y la capital provincial, Bukavu. La escalada se produjo a pesar de que, la semana pasada, los presidentes de Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz en Washington, un entendimiento que no incluyó directamente al M23.

En un comunicado difundido el miércoles por la noche, el gobierno de Kivu del Sur aseguró que fuerzas especiales ruandesas y mercenarios extranjeros están desplegados en Uvira, operando “en abierta violación” del alto el fuego y de los compromisos asumidos en los acuerdos de Washington y Doha.

El M23 confirmó que capturó Uvira el miércoles por la tarde tras una ofensiva relámpago iniciada a principios de mes. El vocero del grupo, Lawrence Kanyuka, alentó incluso a la población a “volver a sus hogares”, pese a que miles de familias huyen de la zona.

Uvira es una ciudad clave: un importante puerto sobre el lago Tanganica, justo frente a Bujumbura, la capital económica de Burundi.

Expertos de la ONU, Estados Unidos y el propio gobierno congoleño acusan a Ruanda de sostener militarmente al M23, un grupo que pasó de tener cientos de miembros en 2021 a unos 6.500 combatientes en la actualidad. Kigali niega ese respaldo, aunque el año pasado reconoció que mantiene tropas y sistemas de misiles en territorio congoleño. Informes de la ONU estiman que habría hasta 4.000 soldados ruandeses en la zona.

El canciller de Burundi, Edouard Bizimana, advirtió en declaraciones a la radio francesa RFI que la caída de Uvira amenaza directamente la seguridad de Bujumbura. En apenas tres días, dijo, más de 30.000 personas cruzaron la frontera en busca de refugio.

La Embajada de Estados Unidos en Kinshasa exigió el miércoles que el M23 y las fuerzas ruandesas detengan todas sus operaciones ofensivas y llamó a que las tropas de Ruanda se retiren a su país. Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés había responsabilizado a las Fuerzas Armadas congoleñas por las últimas violaciones al alto el fuego.

El este del Congo es hoy uno de los escenarios más inestables del mundo, con más de 100 grupos armados activos disputando territorios ricos en minerales. Las autoridades calculan que el conflicto provocó más de 7 millones de desplazados.

Solo en los primeros días de diciembre, socios locales de la ONU reportaron más de 200.000 desplazados adicionales y al menos 70 asesinatos, además de ataques que incluso alcanzaron el lado burundés de la frontera, generando temor a una posible expansión regional del conflicto.

Una impactante tragedia sacudió este miércoles a la ciudad de Fez, una de las más antiguas y pobladas de Marruecos, donde dos edificios colapsaron y dejaron al menos 22 muertos y 16 heridos, según confirmó la fiscalía local. Entre las víctimas fatales hay menores de edad. El numero hasta ahora sería preliminar y se espera que las autoridades confirmen fallecidos en las próximas ahoras.

De acuerdo a medios locales, uno de los inmuebles estaba vacío, pero en el otro se desarrollaba una Aqiqah, una tradicional ceremonia musulmana por el nacimiento de un bebé. La celebración terminó en desastre cuando la estructura cedió repentinamente.

Entre los sobrevivientes se encuentra un hombre que perdió a su esposa y a sus tres hijos. En diálogo con el canal Medi1, relató que los rescatistas solo habían hallado uno de los cuerpos y que aún aguardaba noticias del resto de su familia.

Vecinos del barrio Al-Mustaqbal aseguraron a SNRT News que las construcciones mostraban grietas desde hacía tiempo, y que ya habían advertido la situación. Ambas edificaciones habían sido levantadas en 2006, como parte de un programa estatal que permitía a residentes de barrios marginales construir sus viviendas en terrenos asignados por el gobierno.

Las autoridades dispusieron una investigación judicial, técnica y administrativa para determinar las causas del derrumbe. La tragedia ocurre en un momento sensible para Marruecos: en septiembre hubo fuertes protestas por la precariedad y la falta de servicios públicos. Además, a comienzos de año, el secretario de Estado de Vivienda, Adib Ben Ibrahim, reconoció que cerca de 38.800 edificios en todo el país están catalogados como “en riesgo de colapso”.

Un fuerte incendio sacudió este miércoles una concurrida zona comercial en la ciudad de Mansura, en la provincia de Dakahlia, al norte de Egipto. El siniestro ocurrió en un depósito de ropa mayorista dentro de un mercado —conocido como Souq al-Khawagat— donde hay cientos de comercios y pasillos angostos, según informó la prensa internacional. 

De acuerdo con un comunicado oficial de la provincia, murieron al menos cinco personas y otras trece resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo. Las víctimas fueron derivadas a hospitales cercanos, y se desactivó el suministro de electricidad y gas en el edificio afectado y en inmuebles aledaños para evitar la propagación del fuego. 

El fuego —cuyas causas aún se investigan— se desató en un depósito de ropa mayorista distribuido en cuatro pisos. El mercado es un punto comercial clave para la ciudad y alberga docenas de negocios. El desastre generó conmoción entre comerciantes y vecinos, y las autoridades locales dispusieron realizar peritajes para determinar el origen del incendio. 

Por su parte, los heridos —cuyos nombres no fueron difundidos— se encuentran internados, mientras las autoridades iniciaron operativos de inspección para garantizar la seguridad en los establecimientos de la zona. El episodio revive el debate sobre los controles de seguridad en lugares de alta concurrencia comercial en Egipto.

Nigeria vivió un nuevo caso de violencia cuando al menos 25 estudiantes de un internado femenino fueron secuestradas por un grupo armado durante la madrugada. Aun no fueron encontradas y se desconoce su paradero. El episodio mantiene en vilo al país africano y se agrega a una larga lista de incidentes similares que han ocurrido a lo largo de un año donde parece que la paz nunca termina de llegar.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 a.m. en la Government Girls Comprehensive Secondary School de la localidad de Maga, en el área Danko-Wasagu. Según la policía, un grupo de hombres armados irrumpió en el predio, se enfrentó con un equipo táctico de seguridad y logró escalar la valla para acceder a los dormitorios de las alumnas. Durante la irrupción, el vicedirector del colegio, Hassan Makuku, fue muerto al intentar frenar a los atacantes. Además, un guardia resultó herido mientras trataba de resistir.

Las fuerzas de seguridad de Nigeria —incluyendo la policía, el ejército y grupos de vigilantes locales— ya fueron desplegadas para rastrear a los delincuentes y rescatar a las alumnas secuestradas. Los operativos se centran en posibles rutas de escape hacia bosques cercanos, donde podrían haberse dirigido los secuestradores.

Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó la autoría del atentado. Sin embargo, el secuestro ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el norte del país, donde bandas armadas conocidas como “bandidos” llevan años utilizando el rapto como método para exigir rescates.

El ataque rememora uno de los episodios más mediáticos de Nigeria: en 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 276 jóvenes de la escuela de Chibok, lo que generó una gran repercusión internacional.

Las familias de las víctimas, vecinos y autoridades locales se encuentran consternados por el suceso. Se multiplican las voces que exigen una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno para garantizar el regreso seguro de las niñas y sancionar a los responsables.

El asesinato público de Mariam Cisse, una reconocida influencer de TikTok con 90.000 seguidores, ha conmocionado a Mali y ha puesto de relieve la creciente inseguridad en el país. Cisse fue secuestrada y ejecutada por presuntos miembros del grupo yihadista Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculado a Al Qaeda, tras ser acusada de colaborar con el ejército maliense. La ejecución, que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre de 2025 en la Plaza de la Independencia de la ciudad de Tonka, se realizó frente a su familia y a una multitud.

Según detalló DW, el secuestro de Cisse ocurrió el 6 de noviembre, cuando varios terroristas armados la sacaron de una feria local mientras transmitía en directo para sus seguidores.

Su hermano relató que los yihadistas la arrestaron ese jueves, acusándola de informar al ejército sobre sus movimientos.

Cisse era conocida por mostrar su apoyo a las fuerzas armadas en sus videos, donde a menudo vestía uniformes militares. Al día siguiente, los secuestradores la trasladaron en motocicleta hasta Tonka, donde la ejecutaron públicamente.

Su hermano, obligado a presenciar la escena entre la multitud, describió el acto como devastador.

Fuentes de seguridad consultadas por Daily Mail calificaron el asesinato de Cisse como un acto de “barbarie”, mientras que un funcionario local lo describió como “innoble” y señaló que los terroristas buscaban desalentar el apoyo público a las fuerzas gubernamentales. La noticia ha generado indignación y temor entre la población, que percibe un aumento de la violencia yihadista en la región.

El grupo JNIM, considerado por Naciones Unidas como la principal amenaza en el Sahel, ha intensificado sus acciones en Mali en los últimos meses. Según The Telegraph, los terroristas han impuesto bloqueos de combustible que han obligado al cierre de escuelas y han dificultado la cosecha en varias regiones. Además, el grupo financia sus operaciones mediante secuestros y el cobro de impuestos, y ha expandido su control territorial, aunque la magnitud exacta de esta expansión aún no se ha determinado.

JNIM busca implementar la ley islámica y desplazar a los gobiernos locales, gobernando de manera indirecta a través de acuerdos con distintas comunidades.

La junta militar que gobierna Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021 enfrenta crecientes críticas por su incapacidad para frenar la expansión yihadista. El presidente Assimi Goita ha instado a la población a reducir los desplazamientos y ha prometido hacer todo lo posible para garantizar el suministro de combustible, en medio de una crisis que ha dejado al país sin control efectivo sobre gran parte de su territorio.

Alioune Tine, exexperto independiente de la ONU sobre derechos humanos en Mali, calificó las declaraciones del presidente como “una terrible admisión de fracaso”, según recogió Daily Mail. Por su parte, Bakary Sambe, del Instituto Timbuktu, afirmó que “el Estado maliense ya no controla nada dentro de su territorio” y que el régimen concentra sus fuerzas en Bamako para protegerse.

La situación en Mali se enmarca en una crisis más amplia que afecta a varios países de África occidental y central. En Sudán, la violencia armada ha alcanzado niveles alarmantes, con informes recientes sobre violaciones masivas y asesinatos en funerales, según testimonios recogidos por Daily Mail.

Amira, una madre desplazada, relató que los ataques incluían violaciones públicas y secuestros de niñas, mientras que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han atendido a más de 300 sobrevivientes de violencia sexual tras los asaltos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de El-Fasher. La crisis humanitaria se agrava con el desplazamiento de cientos de miles de personas y la destrucción de infraestructuras básicas.

En Nigeria, la violencia yihadista liderada por Boko Haram y otros grupos extremistas ha provocado una ola de asesinatos y desplazamientos, afectando tanto a comunidades cristianas como musulmanas. Líderes cristianos han expresado su apoyo a la intervención militar extranjera, mientras que el presidente Bola Tinubu ha manifestado su sorpresa ante las declaraciones de líderes internacionales que amenazan con acciones militares.

Un trágico accidente aéreo en Kenia dejó once personas muertas, entre ellas varios turistas europeos, luego de que un avión de la aerolínea Mombasa Air Safari se estrellara en una zona montañosa y boscosa del condado de Kwale, en la costa del país africano.

El siniestro ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada del martes, bajo intensas lluvias que azotaban la región. El avión, un Cessna Caravan, había despegado minutos antes desde el aeródromo de Diani, un enclave turístico a orillas del océano Índico, rumbo a la Reserva Nacional Maasai Mara, uno de los destinos más visitados de África.

De acuerdo con la información oficial, a bordo viajaban ocho turistas húngaros, dos alemanes y el piloto keniano. Minutos después del despegue, la aeronave perdió comunicación con la torre de control. Pese a los intentos de contacto durante media hora, no se obtuvo respuesta y se inició una búsqueda de emergencia.

El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, confirmó que el avión se estrelló y se incendió por completo, dejando los restos totalmente calcinados. “Los equipos de rescate encontraron cuerpos irreconocibles entre los escombros”, explicó a la agencia Associated Press (AP).

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia había informado inicialmente que el avión llevaba doce ocupantes, aunque la aerolínea y las autoridades locales luego confirmaron la muerte de once personas, coincidiendo con la lista de pasajeros.

Una ruta turística bajo la lupa

El vuelo siniestrado conectaba Diani con la Maasai Mara, una de las rutas aéreas más utilizadas por turistas internacionales que viajan a Kenia para presenciar la migración anual de ñus, un espectáculo natural que atrae miles de visitantes cada año.

La tragedia reavivó el debate sobre la seguridad aérea en el país africano. Según datos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Kenia se encuentra por debajo del promedio mundial en investigación de accidentes, lo que genera preocupación sobre los controles en vuelos turísticos.

Las primeras hipótesis apuntan a que las fuertes lluvias y la baja visibilidad fueron factores decisivos en la caída del avión. Los equipos de investigación continúan trabajando en el lugar para determinar si hubo fallas técnicas o errores humanos.

Antecedentes recientes

El siniestro es el cuarto accidente aéreo registrado en Kenia durante 2025. En enero, una aeronave ligera cayó cerca del aeropuerto de Malindi, provocando tres muertes en tierra; en marzo, un avión escuela se accidentó en Taita-Taveta; y en agosto, un jet sanitario de la organización AMREF se estrelló en el condado de Kiambu, dejando seis víctimas fatales.

La repetición de estos episodios preocupa tanto a las autoridades locales como a la industria del turismo, uno de los pilares de la economía keniana.

El accidente ocurrió luego de que vecinos se acercaran a recolectar el combustible derramado. Las autoridades calificaron el hecho como “una tragedia nacional evitable”.

Una nueva tragedia golpeó este martes al estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, donde al menos más de 30 personas murieron y unas 45 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna cargado con combustible.

Según informaron fuentes policiales y de seguridad vial, el hecho ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando el vehículo perdió el control y volcó sobre una ruta en el área de Bida, provocando una fuga de gasolina. En cuestión de minutos, decenas de vecinos corrieron hasta el lugar para intentar recolectar el combustible derramado, sin imaginar que el camión estallaría poco después.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) confirmó que la explosión se produjo por una chispa generada en medio del derrame. “Se trata de una tragedia nacional innecesaria, nacida de la ignorancia, la codicia y el desprecio por las advertencias de seguridad”, señalaron en un comunicado oficial.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el fuego y remover los restos del vehículo.

El gobernador del estado de Níger, Mohamed Umaru Bago, expresó sus condolencias y lamentó la reiteración de este tipo de hechos:

“Es doloroso ver cómo la gente se acerca a camiones cisterna volcados para intentar sacar gasolina, ignorando el riesgo que eso implica. Este es otro evento trágico y difícil para nuestro pueblo y nuestro gobierno”.

En lo que va de octubre, más de 30 camiones cisterna han sufrido accidentes en rutas de la región, particularmente a lo largo del corredor Agaie–Bida, una de las vías más transitadas del país. Analistas locales atribuyen la alta frecuencia de siniestros a las malas condiciones de las carreteras y a la falta de una red ferroviaria eficiente que permita el transporte seguro de combustible. Vale la pena recordar que estas carreteras son las únicas conexiones con esta región del país.

La policía inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro e identificar tanto al conductor como al propietario del vehículo.

Nigeria atraviesa actualmente una profunda crisis energética y económica. Desde la eliminación de los subsidios a los combustibles, bajo la administración del presidente Bola Tinubu, los precios de la gasolina se han disparado, lo que ha generado mayor desesperación entre la población ante cualquier oportunidad de conseguir combustible.

“Cada litro perdido en un accidente se convierte en una trampa mortal para la gente que intenta sobrevivir”, resumió un trabajador del Sindicato Nacional de Petróleo y Gas (NUPENG), que pidió al gobierno reforzar las medidas de control y seguridad vial.

La tragedia de Níger se suma a una larga lista de accidentes similares en los últimos años, que dejan en evidencia una combinación letal de pobreza, falta de infraestructura y ausencia de conciencia sobre los riesgos del combustible.

Al menos 42 personas murieron y más de 30 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera y se despeñara por una ladera en la región de Limpopo, en el norte de Sudáfrica. Entre las víctimas fatales hay siete niños, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió a las afueras de la localidad de Louis Trichardt, sobre la carretera N1, cuando el vehículo, que viajaba con destino a Zimbabue, perdió el control y terminó volcado junto al camino. Muchos de los pasajeros eran ciudadanos de Malaui y Zimbabue que regresaban a sus países desde la ciudad de Puerto Elizabeth, en Cabo Oriental.

“Esto es una tragedia tanto para Sudáfrica como para nuestros Estados hermanos de Zimbabue y Malaui”, expresó el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado oficial, al tiempo que envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

La ministra provincial de Transporte de Limpopo, Violet Mathye, indicó que el siniestro pudo haber sido provocado por el cansancio del conductor o una falla mecánica. Tras el accidente, 38 personas fueron hospitalizadas y los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar en busca de posibles sobrevivientes. Entre los muertos se encuentra una bebé de 10 meses.

Sudáfrica enfrenta una elevada tasa de siniestralidad vial debido a la combinación de exceso de velocidad, condiciones precarias de algunos vehículos y la compleja geografía de sus rutas. Las autoridades locales reforzaron los controles en la zona mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

Al menos 15 personas murieron este jueves tras un ataque perpetrado por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) en la aldea de Maze, ubicada en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).

Según informaron las autoridades locales, el ataque se produjo alrededor de las 06.00 horas (hora local) contra varias personas que se dirigían a trabajar en el campo. Para limitar los daños, se recomendó que las fuerzas de seguridad no intervinieran durante el ataque, aunque sí solicitaron el despliegue del Ejército para proteger a la población.

CODECO, la milicia responsable del ataque, está compuesta mayormente por miembros de la comunidad lendu. Durante los últimos meses, la actividad del grupo se ha intensificado, reavivando viejas tensiones entre las comunidades lendu y hema.

Entre 1999 y 2007, un conflicto similar en la región dejó cerca de 50.000 muertos y estuvo marcado por disputas por derechos de pastoreo y representación política. Actualmente, Ituri sigue siendo escenario de múltiples ataques de grupos armados que amenazan a la población civil.

Las autoridades continúan evaluando la magnitud del ataque y reforzando la seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes.

Gobierno de Marruecos confirmó este jueves que ascienden a tres los fallecidos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el fin de semana en distintas ciudades del país. Las movilizaciones, encabezadas mayoritariamente por jóvenes (de entre 13 y 28 años aproximadamente), exigen mejoras sociales y condiciones de vida más equitativas, pero derivaron en fuertes choques con las fuerzas de seguridad.

Las muertes se produjeron en la localidad de Laqliaa, cercana a Agadir, en el sur marroquí. Allí, un grupo de manifestantes intentó asaltar un puesto de la Gendarmería y los agentes respondieron con fuego, lo que dejó como saldo tres víctimas fatales. El Ministerio del Interior defendió la actuación policial bajo el argumento de “legítima defensa”.

El último balance oficial da cuenta de 354 heridos, de los cuales 326 pertenecen a las fuerzas de seguridad. Además, las autoridades denunciaron ataques contra casi 80 establecimientos. Según datos oficiales, más del 70% de quienes participan en las protestas son menores de edad. Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía advirtieron que los actos de vandalismo, incendios o violencia serán perseguidos penalmente, con penas que van de 10 a 30 años de cárcel, e incluso con posibilidad de cadena perpetua en casos agravados.

Pese a la tensión, el primer ministro Aziz Ajanuch se mostró dispuesto a abrir una mesa de diálogo. En la apertura del Consejo de Ministros expresó su voluntad de escuchar las demandas juveniles y al mismo tiempo condenó lo que calificó como una “peligrosa escalada” que pone en riesgo la seguridad y el orden público. También destacó la labor de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.

Mientras tanto, el movimiento Gen Z 212, uno de los organizadores de las manifestaciones, anunció que seguirá convocando nuevas marchas. A través de las redes sociales llamó a mantener el carácter pacífico de las movilizaciones y rechazó cualquier forma de violencia o destrucción de bienes, en un intento por diferenciarse de los incidentes que ya dejaron víctimas fatales.

Thabo Bester, conocido en Sudáfrica como el “Facebook rapist”, construyó durante años una oscura reputación al utilizar las redes sociales como su principal herramienta para captar víctimas. Bajo un perfil de falso empresario exitoso, ofrecía empleos y oportunidades de negocios que nunca existieron. Con un discurso convincente y una imagen cuidadosamente fabricada, lograba que mujeres jóvenes confiaran en él. Una vez que caían en la trampa, eran sometidas a abusos sexuales, estafas y, en el caso más extremo, la muerte.

Bester nació el 13 de junio de 1986 en Sudáfrica. Desde muy joven se vinculó con pequeños delitos y estafas, desarrollando una notable habilidad para manipular y engañar. Con el tiempo trasladó esas prácticas al mundo digital, encontrando en Facebook el escenario perfecto para expandir su red de engaños. Su modus operandi consistía en crear perfiles falsos en los que se mostraba como un empresario internacional, con contactos de alto nivel y proyectos atractivos.

Prometía entrevistas de trabajo, contratos y negocios. Muchas mujeres lo contactaban ilusionadas, pero tras citarse con él en hoteles o casas particulares, eran víctimas de violaciones, robos o estafas. Su peligrosidad quedó al descubierto en 2012, cuando el caso de una de sus víctimas terminó en tragedia.

En julio de ese año, Bester fue declarado culpable del asesinato de su exnovia, la modelo Nomfundo Tyhulu. La investigación reveló que la había citado en un lugar apartado, donde discutieron y él la atacó sexualmente antes de matarla. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que lo vinculaban no solo con este crimen, sino también con una serie de violaciones y fraudes previos.

La Justicia fue contundente: lo condenó a cadena perpetua más 75 años de prisión por la multiplicidad de delitos. Bester fue enviado a la cárcel de máxima seguridad Mangaung Correctional Centre, en la provincia de Free State, un penal privado administrado por la compañía británica G4S.

Todo parecía indicar que Bester pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, el 3 de mayo de 2022 se produjo un incendio en su celda. Tras sofocar las llamas, los guardias aseguraron que el cuerpo calcinado hallado en el lugar era el suyo. Durante meses, esa versión fue aceptada como oficial.

Pero con el correr del tiempo surgieron dudas: no había pruebas concluyentes de su identidad. En marzo de 2023, una autopsia independiente confirmó lo impensado: el cadáver correspondía a otra persona y había sido colocado en la celda antes del fuego. Bester, lejos de estar muerto, había ejecutado una fuga minuciosamente planeada.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a Nandipha Magudumana, una reconocida cirujana estética de alto perfil social y mediático, que mantenía una relación sentimental con el criminal. Según la fiscalía, ella colaboró activamente en la fuga, utilizando documentos falsos y contando con la complicidad de funcionarios penitenciarios sobornados.

La escapada no duró demasiado. En abril de 2023, Bester y Magudumana fueron detenidos en Arusha, Tanzania, a pocos kilómetros de la frontera con Kenia. Intentaban huir con pasaportes falsos cuando la policía local, en un operativo conjunto con fuerzas sudafricanas, los interceptó.

Tras su captura, Bester fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Kgosi Mampuru II, en Pretoria. Magudumana, en tanto, fue enviada a un penal femenino. Paralelamente, varios funcionarios de la cárcel Mangaung fueron arrestados bajo sospecha de haber participado en el plan de fuga.

El escándalo generó un terremoto político y social en Sudáfrica. El gobierno abrió una investigación interna y revisó los contratos con G4S, acusada de graves fallas en la supervisión y seguridad del penal. El caso expuso la vulnerabilidad de un sistema penitenciario privatizado y dejó al descubierto una red de corrupción que habría facilitado la evasión.

Actualmente, Bester cumple su condena original de cadena perpetua, pero también enfrenta nuevos cargos por fuga, fraude, incendio intencional y corrupción. Magudumana, por su parte, fue procesada por fraude, encubrimiento, complicidad en la evasión y hasta “violación de cadáveres”, por el traslado ilegal del cuerpo utilizado en la simulación de la muerte.

En 2025, la Corte Suprema de Apelaciones rechazó su pedido de anular la extradición desde Tanzania, lo que habilitó el avance de las causas judiciales. El proceso contra ambos, junto con sus coacusados, continúa en desarrollo y se espera que se prolongue debido a la magnitud de las imputaciones.

Desde el 4 de septiembre, un nuevo brote de Ébola golpea a la provincia de Kasai, en el Congo, dejando al menos 35 muertos y 57 contagios confirmados, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). La tasa de mortalidad supera el 61%, mientras las autoridades locales reconocen que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

Kasai, ubicada a más de 1.000 kilómetros de la capital, Kinsasa, es una región aislada, con escaso acceso al agua potable y sin vías férreas. La enfermedad no se registraba allí desde 2007, lo que aumenta la preocupación de las organizaciones sanitarias.

Susan Nzisa Mbalu, responsable de comunicación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja –equivalente islámico de la cruz roja- (IFRC) en África, advirtió sobre la gravedad de la situación:

“Necesitamos urgentemente que nuestros socios y donantes intensifiquen su apoyo a esta respuesta que salva vidas para asegurarnos de que podamos contener el brote rápidamente y proteger a las comunidades más vulnerables”.

El único centro de tratamiento de la zona, ubicado en Bulape, ya opera al 119% de su capacidad, lo que refleja la crítica falta de infraestructura médica.

Para contener la enfermedad, la IFRC solicitó 25 millones de dólares, destinados a proteger a cerca de un millón de personas en riesgo. Actualmente, la provincia cuenta con apenas 4,3 millones de dólares, aportados en parte por Reino Unido, Alemania y la alianza de vacunas Gavi. La OMS estima que se necesitarían 20 millones de dólares adicionales para responder al brote en los próximos tres meses.

La combinación de aislamiento geográfico, falta de recursos y la alta tasa de mortalidad convierte a Kasai en un epicentro crítico del Ébola, y expertos alertan que la rápida ayuda internacional es vital para evitar una tragedia mayor.

Uno de los peores escenarios posibles seria que el virus nuevamente se expanda, primero al resto del país y después a países cercanos.

Al menos tres agentes de la Policía de Nigeria han muerto y otros siete han resultado heridos por una emboscada de grupos armados registrada en el estado de Benue, en el sur del país africano, donde este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes.

 Un portavoz de la Policía del estado de Kogi, William Aya, ha confirmado la muerte de al menos tres policías tras un ataque que ha provocado el despliegue de un grupo de respuesta táctica en la zona.

El ataque ha tenido lugar tan solo unas semanas después de que el pasado 10 de septiembre se produjera otra emboscada en la localidad de Egbe, cerca del estado de Kwaya, donde también tres agentes fallecieron en un puesto de seguridad.

Las fuerzas de seguridad han confirmado la detención de al menos seis sospechosos en el marco de una operación llevada a cabo en Benue tras el ataque, perpetrado por presuntos hombres armados de grupos milicianos de Agu Centre, según informaciones del diario 'The Punch'.

 "La Policía sigue adelante con las operaciones para rescatar a los policías que siguen desaparecidos y lograr detener al resto de sospechosos de haber participado en este ataque", recoge el texto.

El inspector general de la Policía, Koyode Egbetokun, ha descrito la emboscada como un ataque "cruel" y una "afrenta para la buena gente del estado de Benue", por lo que ha ordenado el despliegue de "efectivos tácticos adicionales a la zona".

"Levantaremos hasta la última piedra para poder restaurar la paz y la seguridad en el estado", ha dicho.

De momento, los seis sospechosos detenidos permanecen bajo custodia policial, donde están ofreciendo información detallada.

Un valioso brazalete de oro y lapislázuli, con más de 3.000 años de antigüedad, desapareció del laboratorio de restauración del Museo Egipcio de El Cairo y encendió todas las alarmas entre las autoridades culturales del país. El objeto perteneció al faraón Amenemope, de la Dinastía XXI, y se extravió mientras el museo se preparaba para la exposición internacional “Tesoros de los Faraones”, que se realizará a fines de octubre en Roma. Además, su pérdida se produjo pocas semanas antes de la esperada inauguración del Gran Museo Egipcio.

Investigación y alerta máximaLa desaparición se detectó durante una inspección de inventario previa a la muestra. Según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se abrió una investigación interna y se alertó a aeropuertos, puertos y pasos fronterizos para impedir que la pieza salga del país.

Un hallazgo arqueológico cargado de simbolismoEl brazalete fue hallado originalmente en Tanis, en el delta oriental del Nilo, en la tumba del rey Psusennes I. Allí, los arqueólogos constataron que Amenemope había sido enterrado nuevamente tras el saqueo de su tumba original. El egiptólogo Jean Guillaume Olette-Pelletier aseguró que, aunque el objeto “no es el más bello”, posee un valor científico muy importante. La joya, de diseño sencillo, estaba hecha de una aleación de oro resistente; el oro representaba la “carne de los dioses” y el lapislázuli, traído desde Afganistán, evocaba el cabello divino.

El Museo Egipcio bajo la miraEl Museo Egipcio, situado en la plaza Tahrir, alberga más de 170.000 piezas, incluida la famosa máscara funeraria de Amenemope. La desaparición del brazalete coincide con un momento crucial: el Gran Museo Egipcio abrirá sus puertas el 1 de noviembre, un evento que el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi considera un hito cultural y turístico. No es la primera vez que Egipto enfrenta un hecho similar: en 2021, 22 momias reales, entre ellas las de Ramsés II y la reina Hatshepsut, fueron trasladadas al Museo Nacional de la Civilización Egipcia en un desfile histórico.

El hallazgo perdido de Amenemope ahora pone a prueba la seguridad del Museo Egipcio. Mientras la investigación sigue en marcha, las autoridades buscan pistas que permitan recuperar el valioso brazalete y garantizar la integridad de uno de los patrimonios más importantes del mundo.

Al menos tres personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando un tren de pasajeros descarriló el sábado en el oeste de Egipto, informaron las autoridades. El incidente se suma a una serie de accidentes ferroviarios en el país en los últimos años.

El tren viajaba hacia El Cairo desde la provincia de Matrouh, en la costa norte del país, cuando siete de sus vagones se salieron de las vías. Dos de ellos volcaron, según indicaron las autoridades ferroviarias en un comunicado oficial.

El Ministerio de Salud precisó que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la zona. Los equipos de emergencia trabajaron para atender a los pasajeros y controlar la situación en el lugar del descarrilamiento.

Investigación en curso

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunciaron que investigan las causas del accidente, que aún no fueron aclaradas. Ambos organismos aseguraron que cualquier responsable del descarrilamiento será sancionado según la ley. Además, se enviaron cuadrillas técnicas para limpiar los escombros y restablecer los servicios lo antes posible.

El Ministro de Salud, Dr. Khaled Abdul Ghaffar, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos, según informó la BBC. El funcionario visitó el lugar del accidente para supervisar la respuesta de emergencia y luego recorrió los hospitales donde fueron trasladadas las víctimas.

Los descarrilamientos y choques de trenes son frecuentes en Egipto debido a un sistema ferroviario antiguo y a problemas de gestión. En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur del país, dejando al menos una persona muerta y varios heridos.

En los últimos años, el gobierno egipcio anunció planes para modernizar la red ferroviaria. El presidente Abdel Fatah el-Sisi indicó en 2018 que serían necesarias alrededor de 250.000 millones de libras egipcias, equivalentes a 8.130 millones de dólares, para renovar de manera adecuada las vías y mejorar la seguridad del transporte ferroviario.

El número de víctimas fatales por el naufragio ocurrido el jueves frente a la costa de Mauritania ascendió a 70, según informó la Guardia Costera local. La embarcación llevaba a más de un centenar de migrantes que intentaban llegar a las islas Canarias, en España.

Ese día se recuperaron 20 cuerpos y 17 personas sobrevivieron al desastre. Las tareas de búsqueda y rescate continúan, aunque las autoridades advirtieron que las posibilidades de hallar más sobrevivientes son mínimas. Los equipos planean inspeccionar el barco hundido y bucear en la zona para localizar más restos.

El siniestro tuvo lugar en la región de M’haijratt, a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot. Los sobrevivientes contaron que la embarcación había partido de Gambia seis días antes con el objetivo de cruzar el Atlántico.

La llamada “vía atlántica”, que conecta la costa africana con las islas Canarias, es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Solo en 2024, más de 46 mil personas lograron llegar a España por esa vía, mientras que casi 10.800 murieron en el intento, según la ONG Caminando Fronteras.

Este nuevo naufragio vuelve a exponer los riesgos extremos que enfrentan los migrantes y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y rescate en la región. Autoridades y organizaciones internacionales trabajan para asistir a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.

Un video compartido en redes sociales por un turista español ha desatado un torrente de indignación en Kenia. En las imágenes, el hombre aparece bebiendo de una lata de Tusker, una cerveza local muy popular, para luego vaciar el resto del contenido dentro de la trompa de un elefante. “Solo un Tusker con un amigo con colmillos”, escribió en Instagram, texto que fue eliminado poco después ante el rechazo masivo de los usuarios.

La verificación del material, realizada por la BBC, se apoyó en el análisis del terreno y en la identificación de un elefante macho de colmillos muy reconocibles. Todo apunta a que las imágenes se tomaron en Ol Jogi, una reserva privada de Laikipia conocida por sus programas de conservación. Este santuario, que se extiende sobre más de 23.472 hectáreas, acoge a unos 500 elefantes y ha sido pionero en el rescate de animales huérfanos y en su posterior reintroducción a la vida silvestre.

Un empleado de la reserva, identificado solo como Frank, expresó su consternación. “Esto nunca debió ocurrir. Somos una reserva dedicada a la conservación y esto nunca debió ocurrir. No permitimos que la gente se acerque a los elefantes”, dijo a la BBC, anticipando que el material sería entregado a las autoridades.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS), agencia estatal encargada de proteger la fauna en virtud de la Wildlife Conservation and Management Act de 2013, también anunció la apertura de una investigación. “Estamos analizando lo ocurrido”, señaló su portavoz, Paul Udoto, en declaraciones a la BBC.

El elefante macho en cuestión coincide con Bupa, un ejemplar de gran tamaño y carácter amistoso, fácilmente reconocible por un colmillo dañado. Bupa fue rescatado en Zimbabue en 1989, cuando tenía apenas ocho años, tras una matanza masiva de elefantes. Desde entonces vive en Ol Jogi, donde se ha convertido en uno de los animales más fotografiados por los visitantes.

El usuario que subió los videos, conocido en redes sociales como Skydive_Kenya, ya había publicado imágenes en otra reserva, Ol Pejeta, donde aparecía alimentando a un rinoceronte con zanahorias. “También rompió nuestras reglas porque no debía tocar a los rinocerontes: no son mascotas”, explicó Thige Njuguna, representante de esa reserva, al recordar que los visitantes deben mantener distancia con los animales.

Expertos en conservación señalaron el riesgo que implica este tipo de conductas. “Alrededor del 95% de los elefantes en Kenia son salvajes y es incorrecto tener publicaciones en redes sociales que den la impresión de que se puede acercarse a ellos y alimentarlos”, advirtió a la BBC la bióloga keniana Winnie Kiiru, quien subrayó que la conducta del visitante puso en peligro su vida y la del animal.

El episodio ocurre apenas una semana después de otra polémica en el Maasai Mara, donde turistas fueron grabados bloqueando la migración anual de ñus, uno de los mayores espectáculos naturales del planeta. Las imágenes mostraban a visitantes bajando de los vehículos, amontonándose en las orillas del río y forzando a los animales a cruzar aguas infestadas de cocodrilos. La indignación llevó al Ministerio de Turismo a anunciar reglas más estrictas, como reforzar la señalización, obligar a los operadores a hacer cumplir las normas y limitar los descensos de vehículos a zonas seguras y autorizadas.

El turismo de vida silvestre representa más del 10% del PIB de Kenia y es uno de los motores centrales de su economía. El país atrae a más de dos millones de visitantes al año, muchos de ellos interesados en sus parques nacionales y en la Gran Migración. Los incidentes recientes han reavivado el debate sobre cómo equilibrar la creciente afluencia de turistas con la necesidad de proteger un patrimonio natural que se encuentra entre los más valiosos de África.

Human Rights Watch (HRW), la organización internacional de derechos humanos, difundió nuevos detalles sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en el marco del conflicto entre el ejército congoleño y la milicia ruandesa M23. Según el informe, la cifra de asesinatos en el territorio de Rutshuru durante julio podría superar los 300, un dato que coincide con los hallazgos recientes de las Naciones Unidas.

El documento se basó en entrevistas con civiles que sobrevivieron a los ataques y ofrecieron desgarradores testimonios. Una mujer relató que fue testigo del asesinato de su esposo, atacado con un machete por miembros del M23. Luego, contó que fue obligada a marchar todo el día hasta un río junto con unas 70 mujeres y niños:“Nos dijeron que nos sentáramos en la orilla del río y entonces empezaron a dispararnos”, declaró la sobreviviente, quien explicó que logró salvarse al caer al agua sin recibir impactos de bala.

Otro hombre afirmó haber visto desde la distancia cómo los rebeldes mataban a su esposa y a sus cuatro hijos, de entre nueve meses y diez años, sin que pudiera regresar a tiempo para auxiliarlos.

El M23, que en ocasiones anteriores ha negado su implicación en estos hechos, no respondió al pedido de comentarios sobre este informe. Se duda que en algun momento lo haga.

Según HRW, los ataques se produjeron en al menos 14 aldeas y zonas agrícolas cercanas al Parque Nacional de Virunga, en el este del Congo. A partir de 25 testimonios, sumados a información de personal médico, trabajadores de la ONU y otras fuentes, la organización señaló que la mayoría de las víctimas eran de etnia hutu y algunas de etnia nande.

HRW pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los gobiernos involucrados que amplíen las sanciones, impulsen arrestos y procesos judiciales, y exigió a Ruanda que autorice el ingreso de expertos forenses independientes y de la ONU a las áreas bajo control del M23. Aun se desconoce si los aliados del Congo enviaran tropas como apoyo y si el gobierno de Ruanda tomara un papel mas activo en la lucha contra el terrorismo. 

El enfrentamiento con el M23 tiene raíces en las secuelas del genocidio de Ruanda de 1994, cuando milicias hutus asesinaron a entre 500.000 y un millón de personas, en su mayoría tutsis, además de hutus moderados y miembros del pueblo twa. Tras el contraataque de las fuerzas lideradas por tutsis, cerca de 2 millones de hutus huyeron a la vecina República Democrática del Congo (RDC), lo que generó tensiones que perduran hasta hoy.

El M23 está integrado principalmente por tutsis congoleños y opera en la provincia de Kivu del Norte. Entre 2012 y 2013 mantuvo un fuerte enfrentamiento con el ejército congoleño, que contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas, y que culminó con un acuerdo de paz firmado en diciembre de 2013.

Sin embargo, en octubre de 2022, el grupo lanzó una nueva ofensiva, reactivando un conflicto que llevaba una década inactivo. Esta escalada provocó una crisis diplomática entre la RDC y Ruanda. Kigali acusó a Kinshasa de colaborar con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo rebelde hutu señalado como responsable del genocidio de 1994.

El M23 sostiene que el Gobierno congoleño incumplió el acuerdo de paz y que ha marginado a los tutsis congoleños, al no integrarlos plenamente en el Ejército ni en la administración estatal.

Cuatro personas murieron y 20 quedaron atrapadas tras el derrumbe de un pozo minero en Akyem Wenchi, Región Oriental de Ghana este miércoles; el rescate se complicó por el agua acumulada.

Las labores de auxilio continuaron con apoyo de los residentes locales.Las autoridades informaron que el nivel de agua afectó las tareas al caer la noche y que aún no se conocía la causa del colapso.

Un día antes, el presidente John Mahama bin Tok declaró que “la minería ilegal se había convertido en una emergencia nacional” y exigió “medidas urgentes”. Ghana a sido en los últimos años uno de los países con mayor crecimiento económico del continentes africano y las actividades mineras han tenido un papel fundamental en este proceso. Lastimosamente, accidentes como este son comunes y debido a las bajas medidas de seguridad que suelen tener las excavaciones ilegales 

El derrumbe ocurrió en un área con actividad informal de extracción. Los equipos de rescate aun trabajan a contra reloj para llegar hasta el resto de personas atrapadas bajo tierra.