La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva impuesta a la pareja imputada por el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado en septiembre.

La jueza Martha Feijoó presidió la audiencia realizada el lunes, solicitada por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes pretendían conseguir la excarcelación de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

Ambos fueron imputados por el fiscal Alejandro Benítez como coautores del “homicidio triplemente agravado” de Strada. Ante la Alzada, el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y pidió que las prisiones preventivas fueran confirmadas.

En la misma línea estuvo el planteo del Dr. Iván Carrión, que representó a Víctor Strada, el padre de la víctima, quien se constituyó como querellante en la causa y participó de la audiencia. Ante la jueza, manifestó que teme por su familia, que “si les da la libertad a los imputados pueden irse y no van a llegar a juicio” y exigió: “Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Los argumentos de las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) giraron en torno a las agravantes del delito imputado, el principio de inocencia y los riesgos procesales.

Señalaron que, a su entender, cuando el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva no respetó la excepcionalidad del encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que para ellas no existirían riesgos procesales.

Otro de los agravios de la apelación se enfocó en el agravante “criminis causa”, ya que para las defensoras no se logró acreditar que Tacundo y Roberts hubieran amenazado a Strada con un cuchillo para exigirle dinero. Por ende, no se podría probar que el motivo del crimen fuera el ocultamiento del delito previo.

Balanda sostuvo que Tacundo vive en Laguna Paiva, por lo que su libertad no supondría riesgos para la familia de la víctima, que reside en otra localidad. Lo mismo planteó Estrada sobre Roberts. Por eso, solicitaron la libertad bajo medidas alternativas. Subsidiariamente, Balanda propuso la aplicación de la prisión domiciliaria.

A su turno, Arietti defendió la resolución de Szeifert, detalló los pormenores del caso y recordó que hay registros fílmicos de los imputados llevando a la víctima en moto, entre ellos dos, hasta el lugar del crimen y luego regresando solos.

El querellante Carrión sostuvo que a Strada lo mataron porque no pudo darles más dinero, y para ocultar la extorsión. Para él, los riesgos procesales existentes son “altísimos”, y en esa línea indicó que “si estando libres hicieron lo que hicieron para ocultar el hecho, sabiendo Tacundo dónde vive la familia de Strada, sería capaz de ir allí”, lo que supondría un gran riesgo para la familia.

La camarista Feijoó analizó los agravios defensivos y decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, que continuarán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.

El pasado viernes fue detenido en Bolivia, Lázaro Víctor Sotacuro,  un hombre de nacionalidad peruana que fue señalado como un quinto integrante de la banda narco detrás del triple femicidio en la provincia de Buenos Aires. Habría sido el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Con el avance de la investigación, se sumaron detalles que podrían ser determinantes en el expediente judicial. En las últimas horas, se conocieron imágenes de Sotacuro con lesiones visibles en sus manos al momento de su detención. De esta forma, se abrieron nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de septiembre, cuando asesinaron brutalmente a Lara, Morena y Brenda, las jóvenes de 20 y 15 años que estuvieron desaparecidas durante varios días.

Aunque Javier Alonso, el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires afirmó que eran "mordeduras" de defensa, investigadores coinciden en que podría ser como resultado de un forcejeo con las víctimas.

A raíz de estas sospechas, se enviaron muestras tomadas debajo de sus uñas para cotejar con los ADN de Brenda, Morena y Lara. El resultado del hisopado subungueal pedido por el fiscal de La Quiaca Alberto Mendevil será remitido a su par de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la causa.

Por otro lado, encontraron algunas "irritaciones" en la nuca del detenido pero sospechan que podría ser a causa de un posible corte de pelo rápido previo a su fuga.

El abogado del sospechoso, Guillermo Endi, admitió que no puede dar cuenta de qué hizo su defendido desde la 1.30 de la madrugada a las 5 del 20 de septiembre, el mismo lapso temporal en el que las tres jóvenes de La Matanza fueron brutalmente asesinadas.

Según declaró el peruano sobre aquel día, permaneció fuera de la casa de Florencio Varela, ya que fue contratado por un amigo para buscar a un albañil allí. De la casa salieron dos hombres con barbijo, ropa manchada y las zapatillas envueltas en un plástico.

En los últimos días, apareció también la figura de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien afirmó haber estado en la vivienda señalada por la Justicia y remarcó que no tiene ningún vínculo con las víctimas. Además, defendió a su tío, quien también quedó involucrado en la causa: “Es remisero y una buena persona”, afirmó.

Tras sus declaraciones, Ibáñez fue detenida por ser una presunta partícipe del crimen. Las cámaras de seguridad de aquel día la mostraron en un Volkswagen Fox que habría sido el auto de apoyo en el secuestro.

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”,  rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple femicidio Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

Valverde Victoriano, acusado de ser un capo narco y autor intelectual del crimen de Lara, Brenda y Morena fue atrapado mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por ser considerado el cerebro de la masacre.

Cuatro personas señaladas por ocultar droga en Empalme Graneros quedaron detenidas en forma preventiva este jueves por el plazo máximo, es decir al menos dos años, tras ser capturadas en un búnker de ese barrio. Sobre dos de ellas pesa además una grave imputación: haber intentado asesinar a una pareja a comienzos de mes en Villa Fanta, un asentamiento cercano a Fisherton Industrial, en el noroeste de la ciudad.

De acuerdo con datos judiciales y policiales, este diario pudo reconstruir que en la tarde del 10 de septiembre personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba tareas de vigilancia en Cabal y José Ingenieros, en Empalme Graneros.

A las 15.45, los efectivos observaron descender de un Ford Ka a Micaela Pérez (32), Jorge Hernán Pérez (33), Rodrigo Duboe (32) y Axel Galarza (32). El grupo estaba bajo investigación y los detectives aprovecharon la ocasión para hacer el “corte”: detuvieron en el lugar a Micaela y a Jorge Pérez, mientras que los otros dos ingresaron al aguantadero. Rodrigo fue arrestado tras resistirse y agredir a los policías, mientras que Axel fue esposado luego de intentar ocultarse, relató la acusación.

En el operativo los policías se incautaron de más de 443 gramos de piedras de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios, una cantidad significativa en comparación con los habituales secuestros menores a soldaditos en barrios postergados. También secuestraron una balanza digital y precintos.

Por ello, los cuatro fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de coautores y en grado consumado, calificación que admitió el juez Hernán Postma.

Además, Micaela y Jorge Pérez recibieron otra imputación más grave: tentativa de homicidio doblemente calificada. Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, el 1º de septiembre, junto a otra persona con pedido de captura y dos aún no identificadas, planearon y ejecutaron un ataque contra una pareja en un domicilio de Tupac Amaru y Nicaragua, frente a las vías del Ferrocarril Mitre, en la zona conocida como Villa Fanta. Ese asentamiento debe su nombre a la cercanía con la planta distribuidora de Coca Cola.

El ataque se produjo porque una de las víctimas alquilaba una vivienda a los imputados y se opuso a que la usaran para vender drogas. Bajo la excusa de una cita, lo emboscaron y, tras una discusión, abrieron fuego con una pistola 9 milímetros, efectuando al menos diez disparos con la clara intención de matar, dijo el fiscal Adrián Spelta.

Las balas hirieron a una de las víctimas en la pierna derecha, provocándole fractura expuesta de tibia, mientras que la otra sufrió lesiones en tórax, abdomen, pelvis, muslo y brazo izquierdo. Nahuel y Verónica sobrevivieron al ataque, que según la pesquisa tuvo como objetivo silenciarlos.

Diez días después, dos de los sospechosos fueron capturados en el búnker de Cabal al 900 bis. Esa boca de expendio será tapiada e “inactivada” esta semana, según lo resolvió el juez Postma.

Uno de los miembros de la “Banda del Pasillo”, imputado por haber acribillado a Brian Joel Rodas en diciembre de 2023, pidió recuperar la libertad. La justicia santafesina no se lo concedió.

Javier Paredes continuará en prisión preventiva por decisión del juez penal Pablo Spekuljak, quien este lunes rechazó el pedido de excarcelación realizado por el defensor particular Claudio Torres del Sel.

Imputado como coautor de “homicidio calificado por haber sido cometido con un arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas”, Paredes permanece tras las rejas desde junio de este año. Es investigado por el fiscal Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rodas fue asesinado la madrugada del sábado 9 de diciembre de 2023 en el interior de su casa de barrio San Lorenzo, al suroeste de la ciudad de Santa Fe. Lo acribillaron. En el lugar encontraron numerosas vainas servidas, de calibre .45, .38, .22 y 9 milímetros.

El hombre de 27 años falleció en el acto, producto de las múltiples heridas en zonas vitales. La autopsia reveló que fue alcanzado por diez proyectiles.

La hipótesis fiscal es que cuatro miembros de la “Banda del Pasillo” acordaron concretar el homicidio y ese sábado por la madrugada, alrededor de las 4.30, se presentaron en la vivienda de la víctima.

Para Marchi fue Paredes el primero en disparar, despertando la lluvia de balas que terminó rápidamente con la vida de Rodas. Fue cuestión de segundos. Cuando los asesinos se fueron del lugar, algunos familiares cargaron el cuerpo del joven en un auto particular y lo llevaron al Hospital José María Cullen en un desesperado intento por salvarle la vida, sin saber que había fallecido en el acto.

Las primeras detenciones se efectuaron recién en marzo de 2024, cuando cayeron Alejandro Manuel Sosa Rey y Mariano Emir Pavón. El primero de ellos es señalado como el líder del grupo criminal.

A Paredes lo encontraron durante una Intervención Barrial Focalizada, un operativo de prevención efectuado por fuerzas locales y efectivos de Gendarmería Nacional. Estaba en una casa de calle Uruguay a la altura del 3900, la misma cuadra en la que está la vivienda de Rodas, donde fue ejecutado.

Sosa Rey, Pavón y Paredes permanecen tras las rejas, imputados como coautores del homicidio, mientras un cuarto involucrado continúa prófugo. Al jefe de la “Banda del Pasillo” le atribuyen haber cometido dos crímenes más y tres intentos de asesinato.

Maximiliano Pilepich, uno de los siete detenidos por el asesinato del comerciante Fernando Pérez Algaba en Ingeniero Budge, culpó este lunes a su amigo Nahuel Vargas por el brutal crimen.

En su primera declaración ante el fiscal del caso, Marcelo Domínguez, Pilepich aseguró que el 18 de julio, cuando se encontraban los tres en las oficinas del predio Renacer, Fernando comenzó a manipular una pistola y les dijo: “¿Qué pasa si los mato acá? No les paga nadie”.

En la ampliación de la indagatoria, Maxi le respondió que se dejara de “romper las bolas” y en ese instante se fue para otro sector.

Tardó alrededor de 15 minutos y cuando volvió observó a Nahuel “desencajado con una pistola en la mano”, quien también le dijo “este hijo de puta no daba para más”, en referencia a Pérez Algaba, quien ya estaba tirado en el piso sin vida.

Maximiliano le preguntó a Nahuel qué había pasado y respondió que Fernando le estaba mostrando en su celular que estaba manteniendo relaciones sexuales con su expareja.

De hecho, el comerciante le dijo que si cuando volvía de Europa no estaba la plata que le debía de unos departamentos los iba a mandar a matar a los dos -a Nahuel y su expareja- e incluso amenazaba con violar a su hija de 13 años.

Siempre según su declaración, cuando Fernando estaba cambiando unas lamparitas, le sacó un arma que tenía en la cintura y le dio dos o tres tiros. Pero no sabe dónde se los pegó, que le “se le había nublado la vista y le disparó”.

“Se quedó ´trabado´ cuando Fernando le dijo lo de la exnovia y entonces no dudó y le disparó”, sumó. Tras ser atacado, Pérez Algaba saltó por una ventana y quedó tendido a unos metros de la casa.

Minutos después, Vargas lo tapó con “una chapa o una puerta”, según Pilepich, quien sostuvo que “se arrodilló en el pasto y se agarró la cabeza” ya que “no entendía lo que había pasado”. Además, contó que después de matarlo quiso asesinar a su perro bulldog francés, pero no lo dejó.

Estando en las oficinas, Nahuel le dijo que tenían que hacer desaparecer el cuerpo, que “nadie lo iba a reclamar”. En ese momento se fueron a cargar nafta en un auto y la camioneta de Pilepich quedó en el predio.

Minutos después, vuelven al emprendimiento “Renacer” acompañados por otras personas. Sin embargo, Pïlepich afirmó que se fue hasta su vehículo y no quiso ir hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo porque “no se quería quedar con ninguna imagen ni ninguna impresión”.

No obstante, fue marcha atrás y se acercó hasta donde estaba el cadáver. Ahí observó que Nahuel metió a Fernando adentro de una bolsa negra de nylon en el baúl de un auto.

Al ver esto, Maximiliano se bajó y Nahuel le preguntó: “¿Qué hacemos? Tenemos que borrarlo”. Allí fue cuando Maxi se acordó que tenía un amigo mecánico en Budge que una vez le había dicho, en modo de chiste, que si tenía que desaparecer un cuerpo que cuente con él. Y lo llevaron para Lomas de Zamora, donde días después el cuerpo fue encontrado descuartizado.

En su extensa declaración, Pilepich aseguró que tenía una gran relación con Fernando. Sobre por qué no hizo la denuncia, dijo que “tenía miedo de ir preso” y que “temía por sus hijos”. En tanto que remarcó que desde ese día hasta el día de hoy “está viviendo una tortura, que no para de pensar en Fernando y que no para de llorar”.

La mala relación que tenían Nahuel Vargas y Fernando Pérez Algaba

Maximiliano también contó que Nahuel y Fernando tenían una muy mala relación. Nahuel vivía en Puerto Madero y a raíz de que el comerciante lo había fundido, lo obligó a volver a vivir a la casa de su madre: “Fernando pasó a ser una tortura para él”.

Según Pilepich, ambos estafaron a muchas personas y por eso el comerciante se fue a vivir a Europa. También le dijo a Nahuel que vaya con él, aunque éste se negó y ahí se profundizaron los conflictos. Por lo que desde el viejo continente volvieron las amenazas.

Supuestamente, 15 o 20 días antes del 18 de julio, “se le meten a Nahuel cuatro o cinco personas encapuchadas en su casa y le gatillan en la cabeza y no salieron los disparos”.

De acuerdo al Ministerio Público, el crimen fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien -con el fin de cobrarla- fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio “Renacer” de General Rodríguez a encontrarse con él.

Uno por uno, los acusados por el crimen de Pérez Algaba

Además de Pilepich y Vargas, por el crimen de Pérez Algaba también están detenidos Luis Alberto Contreras, Horacio Mariano Córdoba, comisario mayor de la Policía de la Ciudad; la gestora Flavia Lorena Bomrad; y dos amigos y empleados de Pilepich, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil.

En tanto, fueron excarceladas Alma Nicol Chamorro, hermana de Contrera y primera detenida en la causa; y Gladys Cristaldo, la mujer dueña de la casa donde fue encontrado Pilepich tras permanecer varios días prófugo.

La investigación comenzó luego de que el equipo de Seguridad de la Información de dicha empresa alertara acerca de comportamientos sospechosos a partir de la creación de cuentas en la plataforma DGO, que permite ver la programación desde dispositivos móviles, en la provincia de Catamarca.Voceros policiales informaron que, a raíz de la denuncia, intervino la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación con competencia de Delitos Informáticos, a cargo de Agustín Grober, quien dispuso que la pesquisa fuera llevada adelante por las divisiones Ciberdelito e Investigaciones de la Policía de Catamarca.En ese marco, se pudo determinar que a través de un sitio web denominado “Mr. Membresías”, se ofrecían los servicios, promocionados en redes sociales.Los delincuentes lograban crear usuarios y abonar los costos de las membresías con tarjetas de crédito y débito, como así también billeteras virtuales sustraídas a las víctimas.

Para viabilizar este negocio ilegal, los acusados generaban pagos con datos de tarjetas de crédito y débito y billeteras virtuales que habían sido sustraídos a sus propietarios.Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a cargo de Héctor Rodolfo Maidana, ordenó allanar una vivienda ubicada en el barrio Parque América de San Fernando del Valle de Catamarca.Como consecuencia del procedimiento, fueron detenidos dos jóvenes, de 28 y 26 años y se secuestraron 15 tarjetas de crédito y débito, 69 cajas con números telefónicos de tarjetas SIM y un gabinete de computadora valuado en un millón de pesos, informaron fuentes policiales.El joven mayor fue indagado como coautor del delito de “estafas continuadas”, mientras que a su pareja se la investiga por su grado de participación en el hecho.

Este domingo la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas con pedido de captura que se acercaron a votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en escuelas de los barrios de Monserrat y Villa Soldati.

Uno de ellos fue un hombre de 47 años, que resultó aprehendido en la Escuela Cristiana Evangélica, ubicada en Irigoyen al 2100. El mismo tenía un pedido de captura por “violación con fuerza e intimidación”, pedido por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo de la doctora Del Viso.

El segundo hecho involucró también a un hombre por una causa de “robo a mano armada”, bajo instrucción del Juzgado Criminal y Correccional N°17. La detención se llevó adelante en horas del mediodía en el Instituto Nuestra Señora de Fatima, en Portela al 2700, en el barrio de Villa Soldati.

Finalmente, una mujer de 44 años fue capturada en el Instituto Sra. del Monserrat, en Belgrano al 1300, por el delito de “trata de menores”, a solitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo del Dr. Santiago.

Este martes se conocerá el veredicto contra los 14 policías de la Ciudad acusados de haber participado del crimen de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021 en Barracas.

Después de casi cuatro meses y más de 50 testigos que pasaron por el estrado, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero dará a conocer la sentencia. A partir de las 10 de la mañana, tendrán lugar las últimas palabras de los oficiales involucrados en el fatal episodio; luego, tras un cuarto intermedio, se leerán las condenas.

Quiénes son los acusados por el crimen de Lucas González

Los principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (47) y el oficial Juan José Nieva (36). Los tres pertenecen a la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Se trata de los tres efectivos que dispararon contra el auto en el que iba Lucas junto a Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.

Por eso mismo, serán juzgados como presuntos coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Tanto la querella como la fiscalía pidió prisión perpetua para ellos tres; mientras que la defensa solicitó su absolución.

También recibirán su pena Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejandro Ozán; Fabián Alberto Du Santos; Ramón Jesús Chocobar; Juan Horacio Romero; Roberto Orlando Inca; Héctor Claudio Cuevas; Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

Son juzgados por ser responsables de los delitos de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”. En su caso, el letrado del particular damnificado y el fiscal a cargo pidieron penas menores de acuerdo a la participación en el hecho; los representantes de los policías, que sean absueltos.

Cómo avanzó el juicio por el crimen de Lucas González

El 16 de marzo comenzó el debate y tuvo como protagonistas a Isassi, López y Nieva, quienes aseguraron -con las mismas palabras- haber actuado “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”. Esa primera audiencia duró cerca de 12 horas y no todos declararon, ya que varios se negaron a hacerlo.

La segunda jornada, también larguísima, le tocó el turno de declarar a los papás de Lucas, a los tres futbolistas que sobrevivieron y a sus padres.

Luego comenzaron a pasar por el estrado más de 50 testigos. Entre ellos, otros policías, autoridades, médicos que atendieron a los jóvenes y vecinos que estuvieron presentes aquel trágico día.

Durante el juicio se conocieron las modulaciones con las que los oficiales anunciaban el supuesto “enfrentamiento armado” con los chicos y los chats que se extrajeron de los diferentes celulares. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre”, “encima le ponen una pistola de juguete”, “yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron”, esos fueron algunos de los mensajes que enviaron los involucrados.

Incluso, gracias al informe realizado por el personal de la Dirección General de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), se difundió una conversación ocurrida a pocos minutos del crimen entre el comisario Rodolfo Ozán y Fabián Du Santos: el primero expresó que los oficiales de la brigada se habían mandado un “re mocazo” y que le había dicho al subcomisario Roberto Inca que “vaya y busquen lo que tenga que buscar para justificar esto”.

Además, detalló que “el tiro está de atrás hacia adelante y le voló el frasco”, en relación a cómo había sido el ataque a Lucas. “Por qué no llamas al perro y le decís que venga a emprolijar esta cagada”, cerró la charla Ozán.

Mientras avanzaba el debate, la auxiliar superior de la Policía Federal Argentina (PFA) aseguró frente al tribunal que Isassi, López y Nieva inicialmente reconocieron haber disparado contra el auto en el que viajaba la víctima junto a sus amigos y sostuvo que la confesión sucedió luego de que entregaran sus armas reglamentarias para que fueran sometidas a peritajes.

Asimismo, la agente que se desempeña en la División Balística confirmó que las pistolas reglamentarias de los imputados estaban cargadas: “Tenían todas balas en las recámaras”. Además, Riquelme detalló dónde y de qué forma impactaron los disparos en el Volskwagen Suran: “El vehículo tenía una rotura en el parabrisas del lado del acompañante y en el ventilete de la ventanilla trasera del lado derecho. El tiro del parabrisas es de adelante hacia atrás, y el de la ventanilla de atrás hacia adelante. El tercer impacto es de un rebote en el guardabarros trasero, que es de atrás hacia adelante”.

En esa misma audiencia subió al estrado el alférez de Gendarmería Nacional, Alejandro Báez, que estuvo a cargo de la búsqueda de residuos de disparos en el cuerpo y ropa de los policías acusados.

Fue el quien afirmó que las muestras relacionadas al barrido de pólvora tomadas a los tres imputados más complicados en el juicio dieron positivas. En tanto, el resultado dio negativo a las pruebas realizadas a Huanca, Salas y Zúñiga, los compañeros de Barracas Central de Lucas. En ese sentido, ratifica la hipótesis de que no hubo un enfrentamiento entre la policía y los jóvenes.

Llegando a la etapa de alegatos, el principal Héctor Claudio Cuevas pidió la palabra. Su testimonio fue fundamental en la causa, ya que rompió el pacto implícito que había entre los agentes y contó lo que vio aquella mañana.

En sus declaraciones, incluyó en la escena del crimen al oficial Facundo Matías Torres y confesó haber presenciado el momento en que el agente, apodado “Cachorro”, llevó hasta al lugar a Isassi, quien plantó el arma en el auto de los jóvenes. Días más tarde, la Justicia ordenó la detención de Torres.

Además, se inició una investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, al considerar, tras el testimonio de Cuevas y de dos de los abogados defensores en sus alegatos, que la máxima autoridad policial porteña estaba al tanto de lo ocurrido durante la jornada donde fue asesinado Lucas.

Cómo fue el crimen de Lucas González

El 17 de noviembre de 2021, Lucas y tres amigos salieron de entrenar en el club Barracas Central. Los jóvenes iban en un Volkswagen Suran, que pertenecía al padre de uno de ellos, cuando fueron interceptados por tres oficiales de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, que se encontraban en un auto Nissan Tiida y no estaban uniformados.

A partir de las investigaciones sobre el caso, se supo que los adolescentes creyeron que los oficiales eran ladrones y por eso al verlos intentaron huir rápidamente del lugar. En ese mismo instante, los policías comenzaron a dispararles porque creían que “estaban armados”. Una de esas balas impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció un día después.

Para los fiscales, el clan Sena la asesinó por temas económicos en su casa de Resistencia y, luego, se deshicieron del cuerpo con ayuda de sus cuatro colaboradores, imputados del encubrimiento. Hallaron un cráneo en el Río Tragadero y el cadáver lo sacaron envuelto en una frazada

El Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga la desaparición y el femicidio de Cecilia Strzyzowski pidió este jueves la prisión preventiva para los siete detenidos del caso: César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron imputados como coautores por planear y ejecutar el homicidio; mientras que los cuatro asistentes del matrimonio de piqueteros fueron acusados por encubrir el asesinato.

Así lo dieron a conocer este jueves los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez en una conferencia de prensa en la que estuvieron acompañados de Hugo Miguel Fonteina, procurador general adjunto de Chaco.

Los fiscales están convencidos de que a Cecilia la mató el clan Sena el 2 de junio pasado en su casa de Santa María de Oro al 1.400, en una ventana de 45 minutos, pero no pudieron establecer cómo la asesinaron ni quién fue el autor material del crimen. Sí creen que el móvil fue económico, que quemaron el cadáver en la chanchería del “Campo Rossi” y se deshicieron de sus restos con la ayuda de sus cuatro asistentes.

Caso Cecilia Strzyzowski: acusaron de encubrimiento agravado a los cuatro asesores del clan Sena

“Hemos decidido, ante la gravedad del hecho, del entorpecimiento de la investigación y de las maniobras para eliminar rastros probatorios, que no es procedente la libertad de los mismos”, dijo Cáceres Olivera al tomar la palabra. Ante la prensa, los investigadores dieron datos de la teoría del caso, hablaron del hallazgo del cráneo de una persona adulta en el Río Tragadero y de que el cuerpo de Cecilia fue sacado de la casa de los Sena envuelto en una frazada marrón.

El fiscal Gómez contó: “Cecilia ingresó a esa casa a las 9.16 y no salió por sus propios medios. Ella creía que iba a viajar a Ushuaia y se despidió de su familia, les contó que tenía miedo de viajar en avión. Su última búsqueda fue cómo armar la valija, qué se puede llevar, dónde comprar chocolate en Buenos Aires y dónde tomar el mejor café. Ella, no solo creía en esa historia del viaje, sino que estaba ilusionada. Pero nunca se compraron los pasajes”.

Gómez fue muy claro cuando narró que el día que mataron a Cecilia, a las 18, de la casa de los Sena “salieron con bolsas de residuos en una actitud muy sospechosa”. Y agregó un detalle macabro: “Debajo de esa bolsa de residuo estaría el cuerpo de envuelto en una frazada de color marrón”.

Para los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio pasado: o sea, en una franja de 45 minutos. Desde ya que ese margen horario no es antojadizo. Surge del análisis de las cámaras de seguridad, las antenas del celular y de los testimonios.

Como detalló este jueves el fiscal, ese fatídico día, Cecilia ingresó a la casa de los Sena unos minutos después de las 9: fue registrada por una cámara de seguridad. Las filmaciones también permitieron establecer que César entró a las 11.41. La pareja estuvo en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

Un dato clave para los investigadores es que César, al retirarse, lo hace con el teléfono de Cecilia. Los fiscales creen que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

De esto surge una pregunta desde la lógica: ¿por qué no pensar que César asesinó a su novia entre las 11.41 y las 12.16, previo a la llegada de sus padres? Lo responde una alta fuente de la investigación: “Creemos que, como existía un plan, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”.

La hipótesis principal que se maneja es que a Cecilia la engañaron con el viaje a Tierra del Fuego por una falsa oferta laboral. Cesar se aprovechó —creen los investigadores— “de la relación desigual de poder y dependencia económica en la que se encontraba sometida Cecilia”. “A fin de ejecutar el plan, la engañaron manifestándole que viajaría con César a la ciudad de Ushuaia, bajo la promesa de que contarían con vivienda y 3 trabajo”, se agrega en el requerimiento a prisión preventiva.

Sin embargo, en el expediente consta que no hubo una propuesta de trabajo ni compra de pasajes.

Siguiendo la reconstrucción de los hechos del 2 de junio, a las 16.58 de aquel día se hizo presente en el lugar Gustavo Obregón, mientras que a las 17.12 lo hizo Fabiana González. Para los fiscales, ambos ingresaron a la vivienda con el objetivo “de colaborar con la tarea de hacer desaparecer rastros y/o pruebas de la escena del hecho”.

Seguidamente, a las 19.27, César Sena y Gustavo Obregón cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de una camioneta, para luego dirigirse hacia Campo Rossi, ubicado en zona rural de la localidad de Puerto Tirol, donde con la colaboración de Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, cuidadores del predio, “procedieron a incinerar el cuerpo, con el fin de hacer desaparecer los restos del mismo”.

“Este hecho macabro, como lo señaló el doctor Gómez, marca un antes y un después en Chaco, porque ustedes están tan asombrados como nosotros de cómo, primero, hacen desaparecer a Cecilia, de lo macabro que fue este hecho para hacer desaparecer las pruebas y de lo macabro que fue con la aparición de numerosos actores que pretendieron desviar la investigación, es por eso que marca un antes y un después”, consideró Fonteina en la conferencia de prensa de este jueves.

Caso Cecilia Strzyzowski: se confirmó que los restos encontrados son humanos y será clave la prueba de ADN

Ante la pregunta de quién la mató, el fiscal Cáceres Olivera primero dijo: “No lo vamos a poder saber, pero sí una reconstrucción lo más precisa y certera”. Y, entonces, detalló: “Tenemos entendido que hubo una premeditación entre los padres de César Sena, conjuntamente con César, para dar muerte a Cecilia. Si bien el cómo murió Cecilia no ha sido determinado, esperábamos que el equipo de antropólogos nos dé una pista, pero no se ha podido establecer esa información”.

Remarcó el fiscal que faltan pruebas por producirse y esperan “ansiosos” que surja algún dato que les ayude a completar esa información. “Sabemos todo lo que pasó afuera de la casa, y lo que está dentro de la casa, siendo de conocimiento de los tres imputados, hay circunstancias que no las vamos a poder conocer, pero es nuestra misión conocer la verdad”.

“Tenemos comprobado que una de las probabilidades más fuertes que llevó a esta familia a cometer este hecho aberrante fue económico. Es cierto que puede ir variando y para ello está la etapa investigativa y, si podemos, lo acotamos en la elevación a juicio”, remarcó el fiscal Cáceres Olivera cuando le preguntaron por el móvil del crimen.

La semana pasada fue el turno de la defensa a cargo de Gregorio Dalbón, quién pidió prisión perpetua para los tres policías imputados y entre 20 y 30 años para los otros efectivos por encubrimiento y tortura.

Este jueves la fiscalía dará a conocer sus pedidos de pena en el juicio oral por el crimen de Lucas González en la Sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25.

La semana pasada fue el turno de la defensa a cargo de Gregorio Dalbón, quién pidió prisión perpetua para los tres policías imputados y entre 20 y 30 años para los otros efectivos por encubrimiento y tortura.

Juicio por el crimen de Lucas González: pidieron prisión perpetua para los policías que dispararon

Ahora, es momento de que el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente dé a conocer sus alegatos contra los 14 policías imputados por el crimen del joven de 17 años en noviembre de 2021.

Cuando finalice, las próximas audiencias serán para las defensas de los acusados y la pena recién se daría a conocer a fines de julio.

Dalbón fue el primero en alegar y allí notificó que Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38) son culpables de los delitos de “homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial” de Lucas, además de “tentativa de homicidio agravado” de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).

Policias-acusados-de-asesinar-a-Lucas-Gonzalez-en-Buenos-Aires_copy.jpg Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38) son los tres policías imputados por el crimen

Ante este panorama, los tres Policías de la Ciudad de Buenos Aires solo podrán recibir la condena de prisión perpetua.

Para el oficial Sebastián Jorge Baidón, el abogado pidió 30 años de cárcel por el “encubrimiento” y “torturas” a las que sometió al joven Zúñiga.

Sobre Héctor Claudio Cuevas, la situación tuvo un giro inesperado cuando en el juicio rompió el silencio y marcó a uno de sus compañeros de haber plantado un arma en el auto de los chicos.

Juicio por el crimen de Lucas González: un policía identificó al efectivo que plantó el arma

En este caso solicitó pidió 3 años y 6 meses de prisión al quitarle el delito de “omisión de evitar tortura”.

Para los nueve policías restantes, Dalbón manifestó que debían recibir penas de 20 años “por haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito agravado doblemente por la calidad de funcionario público de los autores, por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privaron de la libertad a Lucas González, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Nieven Huanca, y porque, en el desempeño de un acto de servicio, omitió evitar la comisión del delito de tortura en su calidad de coautor todos en concurso real”.

En esta nueva audiencia se espera que de la Fuente siga por el mismo camino de la defensa de la familia de la víctima y pida la reclusión perpetua y condenas similares para los otros 11 efectivos acusados de encubrimiento y torturas.

Son 14 los agentes de la Policía de la Ciudad acusados por el asesinato del adolescente y posterior encubrimiento del homicidio ocurrido en el barrio de Barracas en 2021

Dos meses y medio después de la primera audiencia del juicio contra los 14 policías acusados por el asesinato del joven Lucas González y el posterior encubrimiento -que incluyó un arma plantada-, ocurrido a finales de 2021, este jueves concluirá la etapa de declaraciones testimoniales. A partir de la semana próxima comenzarán los alegatos de las defensas, la querella y los representantes del Ministerio Público Fiscal ante los jueces del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera que en la jornada de este jueves declaren dos testigos de concepto presentados por dos de los defensores de los policías porteños imputados. Sin embargo, según comentaron fuentes del caso a Infobae, hasta anoche a uno de ellos no habían podido ubicarlo.

De no mediar nada extraño ni inesperado, el juicio pasaría a partir del martes próximo a la etapa de los discursos finales antes del veredicto. Serán probablemente ocho audiencias más y la sentencia se prevé para finales de julio.

Juicio por el crimen de Lucas González: confirman que el joven murió de un tiro en la sien

Aunque deberán definir los jueces en poco más de un mes, durante el juicio se expusieron pruebas, testimonios y pericias que comprometen sobre todo a los agentes Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), los tres principales implicados por el asesinato, llevado a cabo durante la mañana del 17 de noviembre de 2021.

Issasi, López y Nieva integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Están detenidos y afrontan una acusación por “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

También están imputados por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En el debate oral se expuso desde dónde dispararon, quedó claro que estaban sin identificación y no dieron la voz de alto y también se demostró que el arma hallada en el auto en el que viajaban las víctimas fue plantada. Sin embargo, por ahora se desconoce quién la plantó y por orden de quién o cómo se decidió hacerlo.

La primera jornada del juicio oral fue el 16 de marzo pasado. Esa mañana declararon los acusados de matar, quienes coincidieron al asegurar que actuaron “en cumplimiento del deber”. Ninguno aceptó responder preguntas.

Un fotograma capturado por una cámara de seguridad callejera congela el momento en el que el Nissan sin identificación de los policías “marcan” el Volkswagen donde viajaban los futbolistas en el momento que habían frenado en un kiosco para comprar un jugo Un fotograma capturado por una cámara de seguridad callejera congela el momento en el que el Nissan sin identificación de los policías “marcan” el Volkswagen donde viajaban los futbolistas en el momento que habían frenado en un kiosco para comprar un jugo “Solamente tengo que decir que poseo 20 años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la Policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función”, dijo Issasi y agregó que “en este hecho actué en el cumplimento del deber, que ejercí la legítima defensa y que no cometí ningún delito”. Algo parecido, evidentemente ensayado, declararon sus cómplices.

A los otros 11 policías se los juzga por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de los policías Héctor Cuevas y Rubén Orlando Inca, también se los juzga por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Según la instrucción, realizada por el fiscal Leonel Gómez Barbella, el 17 de noviembre de 2021, cuatro jóvenes iban en un Volkswagen Suran cuando un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, se acercó a ellos. En ese auto iban tres policías de la Brigada, quienes en Vélez Sársfield e Iriarte les cruzaron el auto intempestivamente y se bajaron del vehículo a punta de pistola.

Juicio por el crimen de Lucas González: declaran los tres amigos y testigos del asesinato

Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, además de Lucas, pensaron que eran ladrones y aceleraron para escapar, pero los policías comenzaron una persecución y dispararon al auto. Una bala entró por la nuca de Lucas, quien murió un día después en el hospital.

Los otros tres jóvenes fueron detenidos y tratados durante como delincuentes. Durante la investigación, los jóvenes declararon que los policías los insultaron con frases racistas y los sometieron a tratos denigrantes durante más de dos horas mientras Lucas agonizaba en el auto.

“Ah, sos de Varela, a los negritos como vos hay que pegarles un tiro en la cabeza”, le dijo uno de los efectivos a Zuñiga. “Villeritos”, “dónde tenés la falopa”; “dónde está el arma con que mataron a su amigo”, “hay que pegarles un tiro”; fueron otras de las frases racistas y denigrantes que los policías les dijeron.

Fueron denunciados por un efectivo que participó de un procedimiento junto con ellos en el cual se habían incautado los estupefacientes.

Cuatro efectivos policiales mendocinos que se desempeñaban en la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) fueron detenidos tras ser acusados de quedarse con drogas secuestradas durante un allanamiento.

Según informaron los medios de Mendoza, fueron capturados tras una serie de allanamientos realizados durante el martes a la noche en los domicilios particulares y en una de las sedes de la Policía. El descubrimiento se produjo luego de que un uniformado notara que cuatro de sus compañeros decidieron dejarse la droga secuestrada en un procedimiento realizado en el barrio La Favorita horas antes.

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En tanto, según indicó El Sol, todo se inició en la tarde del martes cuando los efectivos de la UID realizaron un registro en un domicilio que estaba sospechado por narcomenudeo en el citado barrio y en el lugar incautaron marihuana y cocaína, de acuerdo con fuentes policiales consultadas.

Pero, aparentemente, uno de los uniformados que participó del operativo advirtió que cuatro de sus compañeros se quedaron con parte de la droga incautada y declararon en el acta una cantidad menor a la que habían encontrado, agregaron los voceros.

Ante esta situación, el oficial le informó sobre la conducta a su superior y las autoridades de la UID realizaron una denuncia formal ante la Justicia Federal que ordenó los correspondientes allanamientos y detenciones de los sujetos apuntados.

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Pasadas las 22 del martes, efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) se dirigió hasta la base de la UID Capital donde detuvieron a un oficial inspector, de 36 años; un oficial ayudante, de 28 años, y un auxiliar, de 35 años. Todos ellos fueron requisados y se les incautaron 15.900 pesos en billetes y cuatro celulares.

Por su parte, el cuarto policía fue capturado en otro operativo, ya que no se encontraba en la base de la UID al momento del allanamiento y se trata de un auxiliar, de 34 años.

Con los policías detenidos e investigados, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició en paralelo un sumario administrativo a los policías implicados, mientras que los sujetos se encuentran en la U-32 de los Juzgados Federales ubicados en Ciudad.

Este domingo dejaron la cárcel de Melchor Romero, en las afueras de La Plata. Están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, fueron trasladados esta madrugada de domingo a la cárcel de Dolores. Este lunes comenzarán a ser juzgados.

Cerca de las 8 de la mañana, un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) trasladó a Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) desde la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero hacia la Unidad 6 de Dolores. En el mismo lugar estuvieron detenidos entre el 29 de enero y el 13 de marzo de 2020.

Caso Báez Sosa: tres rugbiers se negaron a hacerse pericias

Los rugbiers quedarán alojados en ese lugar -en celdas de dos personas- para el lunes a primera hora ser trasladados al Palacio de Tribunales de Dolores, de acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales. Desde las primeras horas del día, la calle Riobamba al 200, donde está el ingreso principal del penal, se encuentra vallada entre Alberdi y Leandro N. Alem.

En la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones, la misma en la que casi 23 años atrás se realizó el debate oral por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, serán juzgados por el Tribunal en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. Están acusados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” contra Báez Sosa y las lesiones sufridas por cinco de sus amigos durante el ataque.

Caso Báez Sosa: tres rugbiers se negaron a hacerse pericias

En tanto, está previsto que los padres de Fernando, Silvino Báez y María Graciela Sosa, lleguen este domingo por la tarde a Dolores. En cuanto al debate oral, las audiencias se desarrollarán desde las 9 de la mañana a lo largo de 22 jornadas, aunque el cronograma podría modificarse a partir del número final de testigos que declaren, sobre una lista original de 177.

A su vez, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola encabezarán la representación de los padres de la víctima, mientras que la defensa de los imputados estará a cargo de Hugo Tomei. Según fuentes cercanas a la defensa, los ocho imputados seguirán de manera presencial cada audiencia.

Los dos adolescentes detenidos acusados de haber baleado en el rostro a un niño de 12 años el pasado miércoles cuando intentaron robarle la mochila con la que regresaba desde la escuela a su casa de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, se negaron a declarar, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de dos adolescentes de 16 y 17 años se negaron a declarar este domingo ante el fiscal Emilio Spatafora, a cargo del la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza.

La Matanza: un nene de 13 años recibió un disparo en la nuca durante un robo

Fuentes judiciales confirmaron que ambos acusados fueron trasladados a un instituto de menores ubicado en la ciudad de La Plata, en calidad de detenidos.

Los sospechosos fueron apresados el sábado por la madrugada tras ser identificados a través de una cámara de seguridad que captó el momento del ataque.

El episodio se registró cerca de las 18 del pasado miércoles cuando el niño de 12 años caminaba con su mochila escolar de regreso a su vivienda, situada a tres cuadras del colegio, hasta que fue interceptado por dos delincuentes cerca de la avenida Perón al 1500 en el partido de La Matanza.

En ese momento, los asaltantes dispararon contra el niño, que fue asistido por una comerciante y trasladado al Hospital Balestrini a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, aunque en ningún momento corrió riesgo su vida.

Estremecedor relato de la madre del nene baleado en La Matanza

Según fuentes judiciales, la “inexperiencia” de los delincuentes provocó que “disparen accidentalmente” contra el niño.

El nene que fue baleado había realizado una breve declaración judicial sobre la situación en la que fue abordado el pasado miércoles por dos delincuentes que le dispararon en el pómulo derecho cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500 de Ciudad Evita.

“Declaró que venía caminando, lo tocaron de atrás y enseguida sintió el disparo. Fue todo muy rápido. Encima venía con los auriculares puestos. No llegó a escuchar nada”, afirmó a esta agencia una fuente ligada a la causa.

Los agresores fueron grabados por una cámara de seguridad municipal, en la que se vio que “iban a pie” y que “la mecánica del hecho fue muy veloz”.

“Lo increparon por atrás, como para sacarle la mochila y cuando uno de ellos saca el arma, pareciera que se le escapa el disparo”, afirmó la fuente.

Fiscalía y defensa acordaron condenas de prisión en suspenso para el grupo, por un hecho registrado el domingo 24 de julio en la ruta 1, en el ingreso a Colastiné Norte. Sólo uno de los acusados quedó preso porque cuenta con antecedentes. 

Cuatro de los cinco acusados por perseguir y golpear a un motociclista en Colastiné Norte a fines de julio recuperaron la libertad este martes en sede judicial, luego de que reconocieran su responsabilidad en el hecho y firmaran una condena de un año y medio de prisión en suspenso. Sólo uno de ellos quedó en prisión preventiva a la espera de un abreviado, dado que era el único que contaba con antecedentes penales.

La audiencia en la que tuvo tratamiento el caso estuvo a cargo del juez penal Pablo Busaniche, quien en primer lugar avaló el acuerdo alcanzado entre la fiscal Bárbara Ilera y el abogado particular Ignacio Alfonso Garrone, en relación a tres de los implicados: los hermanos Oscar Daniel y Jonatan Denis Quiñones de 22 y 19 años de edad y su primo Luis Alfredo Bork (18).

Los tres aceptaron pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, tras declararse culpables por los delitos de “amenazas calificadas”, “lesiones leves dolosas” y “daño” en perjuicio de un motociclista con el que mantuvieron un feroz altercado la siesta del domingo 24 de julio.

Con antecedentes

Otro de los hermanos Quiñones -Sergio Nicolás, de 21 años-, es el único que quedó en prisión preventiva bajo acuerdo de partes, a la espera de otro proceso abreviado, que será diferente al de sus parientes dado que éste cuenta con una condena de 3 años por el delito de “portación de arma de guerra, sin fines ilícitos”.

Sólo hubo debate y oposición entre fiscalía y defensa, acerca de la situación de Maximiliano Gastón Calderón (32), para quien la fiscalía solicitó que continúe privado de la libertad, atento a otras causas en trámite por un conflicto entre vecinos del distrito La Guardia. Por su parte, el defensor Alfonso Garrone argumentó que se trata de un asunto saldado y que no representa riesgos para la investigación, ni para terceros, por lo cual el juez Busaniche terminó por concederle la libertad bajo alternativas.

Cabe destacar que Calderón también suscribió el abreviado y se retiró del tribunal con la misma condena que el resto de los acusados. La particularidad del caso radica en que a diferencia del resto, deberá mudarse de La Guardia, a donde tiene prohibida la entrada mientras dure el proceso.

Persecución y paliza

El hecho por el cual firmaron condenas ocurrió el domingo 24 de julio, en horas de la siesta, en el km “0” de la ruta provincial Nº 1, en el acceso a Colastiné Norte. Según el relato de Gonzalo E. (32) quien circulaba en una moto Rouser de 125 c.c. el problema se originó cuando se topó con un auto Peugeot 407 sports con las puertas abiertas bloqueando el camino en el sector de colectora.

Para sobrepasarlo, debió cerrar una de las puertas del vehículo, que se encontraba detenido por causas que no fueron especificadas. La acción fue mal recibida por los ocupantes del coche, que tras proferir algunos insultos, comenzaron a perseguirlo por la ruta 1.

La cacería incluyó la exhibición de un arma de fuego de puño por parte de los perseguidores y derivaron en maniobras de alto riesgo del motociclista, que se cruzó de carril para eludir al grupo. Ya en las calles internas de Colastiné, los perseguidores lograron derribarlo y luego emprendieron con golpes de puños, patadas y con una barreta de hierro con la que le destrozaron la moto.

La Justicia porteña dispuso la detención de una mujer policía acusada por el homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González.

La mujer detenida es Teresa María Luján Scorza. Tras el fiscal Leonel Gómez Barbella, el juez dispuso la detención de la policía que se efectivizó y será indagada en las próximas horas.

Prisión preventiva para los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas González

La acusación que pesa sobre la mujer es de haber alterado las pruebas tras el crimen por el que directamente están detenidos Juan José N., Fabián Andrés L. y Gabriel Alejandro I.

En ese sentido, la fiscalía la acusó de haber sido parte de la trama de encubrimiento y también de malos tratos a los amigos de Lucas.

La mujer policía fue reconocida en una rueda fotográfica por parte de uno de los sobrevivientes y amigos de Lucas.

Cuando al joven se le mostró la foto de la policía, dijo: “Me guío por su mirada, yo no la podía ver a la cara directamente porque estaba esposado boca abajo, esta persona cuando tenía los brazos esposados por detrás me agarró el dedo para desbloquear el teléfono”.

La víctima contó que le revisó el celular “en busca de los datos de Niven (uno de los amigos) y como no lo encontraba le decía que lo busque en el chat de Independiente”.

“Me decía dónde tenía la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal. Todo el relato era con ironía”, añadió.

“Me preguntó por Niven, quién era Niven y yo le comenté que lo conocía de jugar en Independiente y que si podía ubicarlo a Niven donde vivía más o menos y yo le dije que vivía por Avellaneda, no tenía idea dónde y me dice tenés el número de él, debe estar en el grupo de Independiente, le digo y me dice bueno desbloqueame el celular, decime qué dedo lo desbloquea, y me llevó el celular a la parte de atrás de las manos, porque yo estaba esposado boca abajo, tirando en el piso boca abajo y me llevó el celular y buscó el contacto de Niven”.

Crimen de Lucas González: indagan a los acusados del encubrimiento

Para la fiscalía, la policía Teresa María “fue una de las mujeres policías que le produjo sufrimientos psíquicos a Joaquín Zuñiga Gómez mientras se encontraba ilegítimamente detenido en las condiciones repasadas”.

Los simpatizantes de Boca fueron demorados en las inmediaciones del estadio Neo Química Arena, de Corinthians.

Cinco hinchas de Boca Juniors fueron demorados este martes por la noche en las inmediaciones del estadio Neo Química Arena, de Corinthians, acusados de llevar adelante actos racistas contra parciales del equipo paulista.

La acusación al primero de los detenidos fue realizada por dos hinchas locales que filmaron al agresor, un argentino que no tenía documentos pero es residente en Brasil, ataviado con una camiseta de Boca e imitando a un simio para burlarse de ellos. Los dos denunciantes fueron Gabriel Ferreira y Guilherme Vieira. El primero de ellos le dijo a Télam que están “cansados de que los hinchas de Boca hagan siempre lo mismo, con estos ataques racistas”.

Por su parte Vieira manifestó que a partir de estos episodios no tenía “ganas de hablar con la prensa argentina ni con ningún argentino”.

Este hecho, caratulado como “injuria racial”, se produce apenas tres días después de que Boca fuera multado por Conmebol con el pago de 100.000 dólares justamente por agravios racistas realizados por hinchas “xeneizes” a parciales de Corinthians acontecidos durante el encuentro de mayo pasado en la Bombonera, en el encuentro que ambos protagonizaron por la Zona E de la fase de grupos de esta Copa Libertadores.

Tras la aprehensión del hincha de Boca, el consulado argentino en San Pablo tomó cartas en el asunto. Los hinchas argentinos, según le indicaron fuentes policiales a Télam en la comisaría situada en el subsuelo del estadio Neo Química Arena, podrían ser trasladados ya en la próxima madrugada del miércoles a otro lugar de detención fuera de este escenario deportivo, tal como aconteciera con un aficionado mendocino en abril pasado, cuando aquí jugaron el partido de ida de la fase de grupos. Este pagó una fianza y fue liberado.

La madre de la víctima radicó la denuncia y la fiscal de Cura Brochero los imputó por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor

Los operativos se hicieron en las últimas horas en las localidades Villa de Pocho y Chancaní, en el departamento de Pocho, Córdoba. La causa es aberrante: tres hombres de 17, 20 y 26 años fueron detenidos tras una denuncia por violación grupal.

Todo habría comenzado el viernes pasado cuando la madre de la víctima denunció que su hija había sido atacada la semana pasada en una propiedad de Villa Pocho. Aunque hay versiones periodísticas que indican que en realidad las víctimas son dos hermanas, ambas adolescentes, de 15 y 16 años. Lo cierto es que ni desde la Justicia ni desde la Policía de Córdoba dieron precisiones sobre el caso.

Sí, fuentes judiciales y policiales informaron que policías de la Jefatura Departamental de Pocho hicieron una serie de allanamientos donde se incautaron tres teléfonos celulares y prendas varias, entre otros elementos, cuando se concretaron las detenciones de los tres sospechosos.

Confirman la prisión preventiva de los acusados de la violación grupal en Palermo

El jefe de la Departamental Pocho de Policía, Jorge Funes, dijo en declaraciones a Radio Juntos de Villa Dolores: dijo que el menor de los detenidos es oriundo de Chancaní y que los tres “están alojados en la comisaría de distrito de Salsacate”.

Se trata de un caso a cargo de la fiscalía de Cura Brochero, que encabeza la fiscal Analía Gallaratto, quien imputó a los sospechosos por el delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de personas en perjuicio de una víctima menor de edad.

A juzgar por la imputación de la fiscal, la víctima sería una adolescente y no dos, como trascendió este lunes. Lo cierto es que los detenidos serán indagados en los próximos días.

A casi 90 kilómetros de Pocho, en Villa Dolores, provincia de Córdoba, a mediados de marzo pasado una menor denunció que fue violada en grupo a la salida de un boliche local. En ese caso, la madre de la víctima también fue quien hizo la denuncia. Hoy los tres jóvenes se encuentran detenidos.

Los sospechosos del ataque fueron arrestados por orden de la fiscal de Instrucción de Primera Nominación de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra: se trata de Nicolás Alejandro Roveres, de 28 años; Matías Jesús Contrera (24) y Leandro Ariel Oviedo (22).

Los tres están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

En el marco de la investigación, la víctima declaró luego de haberse “entrevistado con una psicóloga del poder judicial, y también de testigos”. El ataque sexual habría ocurrido a la salida de un boliche de Villa Dolores, ubicado sobre la avenida Belgrano.

En contraste con la reserva de la Justicia cordobesa en este caso, las redes sociales sirvieron como espacio para dar a conocer algunos datos de los involucrados. Incluso fue a través de Facebook que trascendieron las identidades de los detenidos, que luego serían confirmadas por fuentes con acceso al expediente.

Violación grupal en Córdoba: abusaron de una adolescente a la salida de un boliche

El caso se conoció apenas unas semanas después de que seis jóvenes fueron detenidos luego de haber sido descubiertos mientras violaban en grupo a una chica de 20 años en el barrio porteño de Palermo: La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó este martes el procesamiento y la prisión preventiva para los seis imputados.

El fallo fue de la Sala VII y rechazó las apelaciones formuladas por las defensas de tres de los acusados -los otros tres no lo hicieron-, y de esta menara dejó a todos detenidos como presuntos coautores por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas, que prevé de 8 a 20 años de cárcel, contra una joven de 20 años.

El tribunal rechazó las apelaciones formuladas por las defensas de tres de los acusados por el “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas” de una chica de 21 años. El delito prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel.

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó este martes el procesamiento y la prisión preventiva para los acusados detenidos por la violación grupal de una chica de 21 años ocurrida el pasado 28 de febrero dentro de un auto en inmediaciones de la Plaza Serrano del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales.

Violación grupal en Palermo: los seis detenidos podrían quedar en libertad

El fallo es de la Sala VII de ese tribunal, que rechazó las apelaciones formuladas por las defensas de tres de los acusados -los otros tres no habían apelado-, y de esta menara dejó a todos detenidos como presuntos coautores de un “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas”, delito que prevé de 8 a 20 años de cárcel.

Indignantes dichos de Flavio Azzaro sobre la violación grupal en Palermo

Se cumple un año del asalto al Capitolio realizado por adeptos del entonces presidente Donald Trump, luego de diversas denuncias por supuesto fraude en las elecciones que dieron por ganador a Joe Biden y que dejó cinco muertos y más de 140 agentes policiales heridos.

Ese 6 de enero Trump realizó un discurso en el cual trató nuevamente de anular los comicios, pero antes de que finalice el mismo, los manifestantes marcharon hacia el Capitolio y muchos de ellos evadieron a la seguridad e ingresaron al edificio.

Asalto al Capitolio: Donald Trump pidió bloquear la divulgación de registros

A un año de ese hecho, muchos de los acusados argumentan que fueron a manifestarse de manera pacífica y que pensaron que la policía los estaba dejando ingresar al edificio, aunque las cámaras muestran como algunos llevaban hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas.

Actualmente hay 700 personas imputadas por planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden y agredir a la policía. Según datos del Departamento de Justicia, del total de imputados, 165 se declararon culpables de los cuales cuatro recibirán una condena de casi 20 años de prisión y 71 una pena de hasta cinco años.

Desde hace seis meses, un Comité investiga exhaustivamente el caso: recaudó más de 35 mil documentos y entrevistaron a más de 300 testigos y ahora comenzará la segunda fase que corresponde a las audiencias abiertas que serán televisadas. Se estima que en estos días comenzaran las primeras audiencias.

Los miembros del panel son nueve legisladores, siete demócratas y dos republicanos, que están a cargo de revelar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Pero como suele suceder, muchos de los ciudadanos creen que dicho panel está integrado por un grupo parcial hacia un pensamiento y por eso desde un comienzo los miembros trataron de llevar tranquilidad de que son imparciales y sus investigaciones corresponden a documentos existentes y creíbles en un ciento por ciento.

Por asalto al Capitolio de EE. UU hay más de 150 acusados

Desde el Comité señalan que este hecho estuvo armado desde un principio por la Casa Blanca y es por eso que faltan recaudar datos sobre los preparativos del ataque y como Trump incitó a sus seguidores para que lleven el ataque hacia donde se estaban contabilizando los votos.

El expresidente iba a realizar una conferencia de prensa este miércoles, pero la suspendió sin dar mayores justificativos. Según un comunicado que circuló, Trump señaló que los medios de comunicación y el comité de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio, están actuando con “total parcialidad y deshonestidad