La Policía de Investigaciones puso fin a una búsqueda urgente en Alto Verde y detuvo este jueves a G. J. T., de 57 años, señalado como el autor de un intento de femicidio que casi termina en tragedia.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro ordenó su arresto después de que la víctima, una mujer del barrio costero, llegara al Hospital Cullen con quemaduras severas y con un relato que cambiaría el rumbo de la causa.

El incendio ocurrió el 30 de noviembre en esa conocida zona costera de Santa Fe. La vivienda de la mujer quedó envuelta en llamas en plena madrugada y, en un primer momento, algunos vecinos repetían versiones livianas: que una vela, que un espiral. Nada de eso era cierto. Lo sostuvo la propia víctima cuando, con la voz quebrada, contó en la comisaría lo que realmente había pasado.

La confirmación más cruda llegó de parte de una familiar directa, quien describió sin rodeos el infierno que su madre venía atravesando desde hacía años.

“Ella ya tenía episodios con este hombre. Estaba amenazada… que le iba a pegar, que le iba a cortar las piernas, los brazos, el cuello. Pero no se animaba a contarnos nada a nosotras, sus hijas, porque somos las únicas que andábamos con ella”, relató.

“Hace un mes la tuve en mi casa por el último episodio fuerte. Y recién ahí empezó a contarlo un poco. La gente decía que se le cayó una vela o un espiral… nada que ver. Ella contó lo que pasó en realidad”.

La mujer reconstruyó paso a paso la madrugada del ataque. “Él vino a las dos de la mañana, le golpeó la puerta. Ella le dijo que se fuera, que no quería saber más nada. A las cuatro volvió. Mi mamá pensó que se había ido, pero no.

Se metió detrás de la casita con una bolsa de colchón, la prendió fuego aprovechando que la casa es toda de naylon. Y ella había cerrado el frente con candado… si no lo hubiera hecho, hoy estaría sana, hubiera podido salir”, narró.

“Si mi expareja y mi papá no la escuchaban, mi vieja quedaba ahí. Ellos dos la sacaron. Por eso está viva. Lo que hizo este hombre es terrible”, agregó la hija.

Tras el incendio, el sospechoso desapareció del barrio y buscó refugio en la vivienda de una familia conocida. Pero la PDI le pisó los talones y lo localizó. Ahora quedó detenido e identificado por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras la investigación continúa para precisar cada detalle del ataque.

Mientras tanto la mujer permanece internada en el hospital Cullen en la sala de Quemados, en estado delicado y con pronóstico reservado.

Un individuo de 34 años fue detenido por los pesquisas policiales al hallarse sospechado de haber violado a su cuñada. El dramático suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y la víctima, que es discapacitada, quedó embarazada.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto resultó apresado días pasados en la manzana N° 34, en un barrio situado en las cercanías del cruce de Antofagasta y Juárez Celman.

Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Especial N° 2.

Trascendió que el hecho se descubrió el 29 de mayo, luego de una denuncia radicada por una vecina de la víctima, quien, mediante señas, le narró que se hallaba embarazada y que tenía dolores en la región del vientre.

Por tal motivo, a la damnificada se la condujo a un hospital, donde los médicos, tras revisar a la paciente, certificaron que cursaba en esos momentos un embarazo de seis meses de gestación.

Al comenzar a investigar esta situación, los efectivos policiales comprobaron, en base a los datos aportados por testigos al expediente, que la víctima había sido violada por su cuñado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Abuso sexual con acceso carnal reiterado”, el Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de dicha jurisdicción.

Como consecuencia de razones legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

El abogado Nicolás Payarola, que representó a Wanda Nara, fue arrestado hoy jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Será indagado mañana viernes.

Hay seis víctimas registradas en el expediente: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°.

Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

🚨 ASÍ DETUVIERON AL EX ABOGADO DE WANDA NARA- Nicolás Payarola está procesado por 11 hechos de estafas millonarias.- Entre las víctimas, la familia de Cachete Montiel. pic.twitter.com/39ABnihAwq

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan: Juan Marcelo, el padre de “Cachete”, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

El abogado, también, propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de la UFI de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Payarola, por otra parte, había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado. Luego, tuvo que pagar una fianza de $40 millones.

Macarena Posse no fue una clienta de Payarola, sino una colega con un negocio en común con Wanda Nara como protagonista. Posse representó a Nara. Aseguró que fue convocada en enero de este año por Payarola para trabajar en una causa que involucraba a la familia de la mediática influencer. Poco después, comenzó a intervenir en los diferentes expedientes en torno a Nara y sus problemas familiares con Mauro Icardi, con un convenio de honorarios.

“El convenio era entre nuestro estudio junto al estudio Payarola y Asociados con Wanda Nara. Desde el día uno, es decir el 21 de enero de 2025, se le dijo y explicó a Payarola que nosotras con mi socia no íbamos a trabajar sin tener el convenio firmado, a lo que Payarola respondió “Wanda está aca, todo adentro lo hablado, te envío el convenio”“, declaró en su denuncia.

Ese convenio contenía una cláusula al menos especial, de acuerdo a la declaración de Posse. Si Wanda revocaba el patrocinio al año, debía pagar 600 mil dólares. “La razón de ésa claúsula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc. Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras cosa que nunca sucedió”, continuó la abogada.

Así, Posse trabajó y trabajó junto con su estudio. Sin embargo, de acuerdo a su relato, Payarola y Nara esquivaban sistemáticamente fimar el acuerdo.

El 1° de abril último, Nara le revocó el patrocinio a Posse. La abogada le insistió por WhatsApp. La influencer y conductora, aseguró, le clavó el visto para jamás responder. Luego, Posse fue a la Justicia, para sumarse a la causa en curso que investigaba a Payarola.

Un caso inquietante sacude a la provincia de Chaco: un sargento de la policía que trabajaba como conductor en la app de viajes DiDi fue denunciado por una pasajera por presunta privación ilegítima de la libertad. El episodio ocurrió el último fin de semana en Resistencia y ya está siendo investigado por la Justicia provincial.

Según la denuncia de la joven de 21 años, el hecho ocurrió cuando solicitó un viaje desde su casa, ubicada en avenida Piacentini al 1300, hasta su trabajo, en la calle Brown al 89. En el trayecto, el conductor desvió el recorrido y no respondió a los reclamos de la pasajera.

Lo más grave vino después: la joven relató que el chofer le bloqueó las puertas, la sujetó de las piernas, extrajo una jeringa e intentó inyectarle una sustancia desconocida. Ante esa situación, comenzó a gritar desesperadamente hasta que logró escapar. Con la ayuda de sus familiares, radicó la denuncia.

El conductor fue identificado como Alejandro Resca, de 51 años, sargento primero de la División Infantería de la Policía del Chaco. Horas después de la denuncia, se presentó voluntariamente en el Departamento Investigaciones Complejas, donde negó los hechos.

Ante el fiscal Víctor Recio entregó su celular personal y un listado con los viajes que había realizado ese día, asegurando que no figuraba la denunciante. Pese a ello, se dispuso su aprehensión preventiva.

El fiscal Recio ordenó su detención inicial mientras esperaba un informe pericial por parte de la plataforma DiDi. Con ese informe en mano, y sin pruebas concluyentes, resolvió otorgar la libertad al imputado mientras la investigación continúa.

La causa está caratulada como “privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa” y sigue bajo la órbita de la fiscalía. Se espera que los próximos días aporten mayor claridad sobre lo ocurrido y que se incorporen pruebas tecnológicas clave.

Un hombre acusado de liderar una estafa piramidal en la provincia de Mendoza fue hallado muerto este martes con una herida de arma de fuego y en el interior de una camioneta. La Justicia investiga un suicidio: la víctima, identificada como Gastón Valestra, había sido denunciada por cometer un fraude de más de 10 millones de dólares contra al menos 20 empresarios.

El hallazgo ocurrió en la localidad de Alto Salvador, en el departamento de San Martín. Allí se encontraba el vehículo donde los investigadores descubrieron el cuerpo del hombre.

Según informaron medios locales, las autoridades llegaron al lugar tras la denuncia de un joven, quien había pactado un encuentro con Valestra en ese lugar. Al llegar, sin embargo, se encontró con el hombre ya si vida. Presentaba un disparo.

En la escena trabajaron los fiscales Oscar Sívori y Miriam Escudero, junto con personal de Policía Científica y forenses, para determinar las circunstancias del fallecimiento. Fuentes del caso señalaron a Infobae que todo apunta a un suicidio.

El fallecido era vecino del departamento de San Martín. Un año y medio atrás, había iniciado un presunto esquema de estafas haciéndose pasar por agente de inversiones: ofrecía a empresarios conocidos invertir parte de su capital en una supuesta “bolsa de dinero” con sede en Buenos Aires.

De acuerdo con el diario Los Andes, las promesas de ganancia eran del 4 al 5% mensual en dólares. Pero había una condición: mantener el capital inmovilizado durante 20 meses antes de poder retirarlo.

Así, Valestra comenzó a cerrar acuerdos de manera informal en mesas de café y estaciones de servicio de San Martín. Y, aunque al principio los inversores no tuvieron inconvenientes, el sistema empezó a mostrar fallas en noviembre del año pasado.

Por un lado, se cumplieron los 20 meses de plazo estipulados para recuperar el capital. Por otro, la oferta del Gobierno nacional de blanqueo de capitales motivó a varios inversores a pedir la devolución total de su dinero para poder adherirse al plan.

Fue entonces cuando el supuesto agente de inversiones dejó de poder devolverles el dinero a sus clientes. Al principio les informó que una disposición oficial había inmovilizado los fondos y que un estudio jurídico y económico con sede en Buenos Aires estaba gestionando su recuperación. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi diez años en Villa Cañás.

Según consta en la acusación, el imputado se habría aprovechado de la convivencia con la menor para someterla sexualmente de forma reiterada. Los hechos comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años y se prolongaron hasta que, ya adolescente, pudo abandonar el domicilio que compartían en diciembre de 2024.

Detalles de los delitos imputados

La fiscal Cavallero describió que el acusado habría cometido múltiples abusos de carácter sexual: tocamientos en partes íntimas, acceso carnal y obligarla a realizar distintas prácticas. Todo esto ocurrió en reiteradas oportunidades y durante un período extenso, lo que agrava la imputación.

La denuncia fue radicada por la joven en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido de la vivienda. A partir de allí, se inició una investigación que derivó en la detención de Marcelo en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Rechazo al pedido de prisión domiciliaria

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Mauro Blanco, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a este pedido, y el juez Mauricio Clavero terminó rechazándolo. En su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado puede continuar con el tratamiento médico pertinente bajo la atención del servicio penitenciario.

Camino al juicio oral

Días atrás, la fiscal Cavallero presentó la acusación formal contra Marcelo y solicitó una pena de 18 años y medio de prisión. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 26 de noviembre, paso necesario antes del inicio del juicio oral y público.

De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de delitos sexuales en contextos familiares, especialmente cuando las víctimas logran romper el silencio tras años de padecimientos.

Un hombre fue detenido este martes por la tarde en barrio 2 de Abril la ciudad de Rafaela, en el marco de una investigación iniciada la noche del lunes, cuando durante una balacera resultó herido de gravedad un vecino que estaba en la vereda.

El sangriento incidente se desencadenó minutos después de las 21, en inmediaciones de la cuadra de calle Paul Harris al 1900.

Había varias personas en la calle cuando se desató el tiroteo. Uno de los tantos que se registraron durante las últimas semanas.

Esta vez, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un vecino de 45 años que estaba en la vereda junto a su hija.

Este hombre cayó desplomado. Lo trasladaron de urgencia en una ambulancia del servicio público de emergencias 107 al Hospital Jaime Ferré de Rafaela y luego lo derivaron al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, para ofrecerle una atención de mayor complejidad.

Su estado de salud sería desesperante.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inmediatamente dispuso una serie de medidas que encomendó a la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives trabajaron con rapidez y luego de distintas tareas de calle pudieron individualizar al presunto autor del hecho, que cayó en horas de la tarde.

Apenas culminado el operativo en el barrio 2 de Abril, quien habló con la prensa fue el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien destacó el trabajo conjunto del MPA, la PDI, la Unidad Regional y la Municipalidad de la cabecera del departamento Castellanos.

“Se halló evidencia y tenemos un sospechoso en calidad de aprehendido. Ahora la fiscalía tendrá que trabajar con todo ese material que pudo conseguirse”, señaló.

Por otra parte, aseguró que desde el ministerio se trabajará para “fortalecer la presencia policial en el barrio y así dar tranquilidad a los vecinos. Además, estamos en contacto con la familia de la víctima. La estamos acompañando en este momento muy difícil”.

A su turno, el fiscal regional Carlos Vottero también resaltó el resultado “positivo” de los procedimientos. “Hablamos con los vecinos para explicarles todo lo que se está haciendo en relación con el hecho, que está caratulado como tentativa de homicidio”, afirmó.

Por otra lado, aseguró que con el correr de los días habrá nuevas medidas en el lugar y que las balaceras registradas en ese parte de la ciudad no son hechos aislados. “Todo está vinculado y distintas personas son las responsables”, enfatizó.

Un joven de 19 años fue imputado este domingo por haber sido uno de los dos presuntos autores del asesinato a tiros ocurrido el pasado jueves en un búnker ubicado en San Martín al 7000, en la zona sur de Rosario, donde fue ejecutada Daniela Salva (34) de un disparo en el cráneo y otras dos personas sufrieron heridas de arma de fuego. 

Thiago Gabriel Sosi fue llevado a audiencia este domingo por la mañana en el Centro de Justicia Penal. Ante la jueza María Trinidad Chiabrera, el fiscal Luis Schiappa Pietra lo ubicó como uno de los dos sospechosos que ingresó al punto de venta de droga y abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros sin mediar palabra. 

En el caso de Sosi, el fiscal lo sindicó como el presunto autor de los tiros que hirieron a una mujer de 35 años en el tórax y a un adolescente de 15 años en las piernas. Su cómplice –permanece prófugo–, de acuerdo a la acusación, fue quien mató a Daniela Salva de un balazo en la cabeza. 

Horas después del homicidio, el sospechoso cayó en un operativo que realizó el Comando Radioeléctrico en Rosa Silvestre y Clavel, en barrio Las Flores. Ahora, la jueza Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. 

Este martes se confirmó la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

El operativo para dar con el presunto capo narco se dio en conjunto entre la Policía Bonaerense en colaboración con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. Allí, en el sur de Lima lograron dar con Tony Janzen Valverde Victoriano.

En el video que se difundió sobre el momento de su detención, el acusado se identifica con su nombre y luego expresa “al final es al que le echan la culpa, pues. Sí, pues”, mientras era esposado por los efectivos que llevaron a cabo el operativo.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones del operativo que logró dar con el sospechoso del brutal asesinato de las tres mujeres, fuentes del caso explicaron a Infobae que seguían y monitoreaban los movimientos de su teléfono.

A partir de eso, descubrieron que viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro hasta llegar a Perú. Una vez en este país, abordó el camión en el que lo capturaron. Iba a encontrarse con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la plaza Parque Lima. No llegaron ninguno de los dos al punto de encuentro.

Pequeño J se escondía en un camión. Una operación de inteligencia de la DDI de la matanza y un dato bajo llave que conocían sólo 3 personas. Mañana en #MañanasArgentinas les cuento cómo se operaron las detenciones y quién puso en serio riesgo la detención de Pequeño J pic.twitter.com/dwKF3mPS8U

El arresto, que ocurrió en la ciudad Pucusana -al sur de Lima-, se conoció apenas un poco más de una hora después de que cayera su mano derecha, Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por el triple femicidio.

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, el narco acusado de ordenar los asesinatos de Brenda, Morena y Lara pic.twitter.com/HMjjmZJnP0

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas y declararon.

En este marco, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló minutos después de que se conociera el arresto y en diálogo con A24 explicó: “El jueves de la semana pasada llegamos tres horas tarde a la casa de Pequeño J, casi lo agarramos. Teníamos una expectativa de que vuelva a ese lugar porque teníamos intervenidos tres teléfonos de él. Con el mismo chip lo cambiaba de teléfono e iba teniendo comunicaciones con diferentes personas".

“El jueves estuvimos esperándolo 48 horas y el viernes estuvieron dándonos las antenas, ahí nos enteramos de que estaba en José C. Paz. El viernes nos enteramos de que se subió a un micro, entonces allanamos al departamento. Antes no entrábamos porque nosotros sabíamos que él dejaba vigilando gente los lugares donde estaba. Cuando allanamos encontramos fotos del pasaporte de él y del primo, y allí la policía lo identificó. Estaba parado mirando cómo allanábamos, no lo teníamos nosotros porque no está ligado al crimen”, agregó.

Y siguió: “La otra persona, el peruano de Varela, es una persona muy cercana a él porque es del mismo barrio donde él vivía en Perú. Pequeño J lo hace venir para trabajar con él en Argentina y, nosotros, entendemos que le da la organización de la venta de droga en La Matanza. La logística comienza en esa casa".

“Nosotros tenemos dos personas que vieron el video que filman cuando las matan. Ese video lo vio una persona cercana a Pequeño J y otra cercana a Ozorio. En el video dice que ‘esto le pasa a los que me roban’. Puede ser que él tuviera que rendir cuenta ante otros y usar a las chicas para dar un mensaje, más allá de lo que las chicas hayan hecho, nada lo justifica. Pero puede ser que lo hayan hecho para mandar un mensaje a sus superiores, a Perú. Hay información de inteligencia que en la que puede ser que Pequeño J esté vinculado con Marco Antonio, otra lo relaciona con Los Pulpos, una banda de su barrio”, completó.

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela siempre tuvo como principal sospechoso a “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano.

La hipótesis da cuenta que habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales. Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito.

El propio Alonso lo describió como “un sádico” y “terriblemente cruel”. Para el ministro bonaerense, Valverde Victoriano “quería ganar un espacio en la venta de Tusi con sus vínculos con Perú”. Y, justamente, en Perú fue su ocaso.

Ariel Giménez, el sexto detenido por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Se trata del acusado que habría sido contratado para cavar los pozos a fin de enterrar los cuerpos de las tres víctimas, los cuales fueron cubiertos con una carpeta de hormigón.

Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), los primeros cuatro arrestados se encuentran alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

A su vez, Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino, fue atrapado el viernes en Villazón y las autoridades concretaron su extradición.

Este hombre era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas.

En tanto, continúa la búsqueda de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el peruano que lideraba la banda y que ordenó los asesinatos tras corroborar que una de las jóvenes le había robado droga, y de Matías Agustín Ozorio, de 23 años, sobre quien pesa una orden de captura internacional.

La Justicia investiga las causas de la muerte, que por ahora es “dudosa”.

El cuerpo de un hombre de 60 años estaba tirado debajo de un árbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse. Tras el macabro hallazgo, corrieron a avisarle a los adultos que estaban con ellos y una mujer llamó al 911.

El caso generó conmoción en la zona y tomó aún más relevancia en las últimas horas cuando se supo que la víctima había sido denunciada apenas dos días antes por un presunto abuso sexual contra su nieta.

El hallazgo, la investigación y las primeras pistas

Según relataron testigos, los chicos salieron corriendo despavoridos al descubrir que el “bulto” debajo de un árbol era en realidad un cadáver.

“Se llevaron el susto de sus vidas. En el barrio nadie escuchó ruidos ni discusiones previas”, contó María del Carmen de Figueroa, una vecina, a Contexto Tucumán.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal que trabajaron en la escena concluyeron en forma preliminar que el hombre no habría muerto en ese lugar.

En este sentido, explicaron, no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en la cancha.

Frente a este escenario, la principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que el cuerpo fue descartado en ese lugar después de su muerte.

La causa es investigada por el fiscal Carlos Sale, quien confirmó a los medios locales que el hombre que encontraron muerto había sido denunciado el lunes anterior en la comisaría 9ª por un supuesto abuso sexual contra su nieta. Por ese motivo, los familiares directos de la víctima quedaron bajo la lupa de la Justicia.

Sin embargo, tanto en el barrio como en el aserradero donde trabajaba el hombre, nadie informó sobre conflictos recientes. “Hasta ahora no encontramos ningún testimonio que indique peleas o problemas entre ellos”, señaló una fuente policial cercana a la causa.

El fiscal ordenó a la División Homicidios, bajo la dirección de los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, que realicen las primeras averiguaciones. Al mismo tiempo, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) llevó adelante pericias en el lugar.

Qué dice la autopsia y cuál es la principal hipótesis

La autopsia preliminar reveló que la víctima presentaba una herida sangrante en la cara, aunque esa lesión no habría sido la causa de la muerte.

Los forenses ahora buscan establecer cómo murió y si hubo participación de terceros. Mientras tanto, los investigadores siguen entrevistando a familiares y allegados, y esperan los resultados de las pericias médicas y del análisis de dispositivos tecnológicos.

La posibilidad de que el crimen esté vinculado a la denuncia por abuso sexual sigue siendo una de las principales líneas de investigación.

Un giro inesperado sacudió este lunes la causa por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, la mujer que fue asesinada de 57 puñaladas hace ocho años en la provincia de Salta. A horas del inicio del juicio, se suicidó el principal acusado del caso.

Javier Saavedra ya había perdido mucha sangre cuando lo encontró otro interno en el baño de la Alcaidía General, donde ambos estaban detenidos. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital del Milagro, murió antes de llegar.

Jimena Salas fue asesinada a puñaladas el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una localidad cercana a la capital salteña. Su esposo, Nicolás Cajal Gauffín, fue quien encontró su cuerpo y también a sus dos hijas encerradas en el baño de la casa.

La investigación tuvo idas y vueltas. En 2021, el viudo fue juzgado por encubrimiento agravado, pero resultó absuelto por falta de pruebas.

También fue absuelto Sergio Horacio Vargas, un vendedor ambulante señalado como presunto “campana”, quien había llegado al debate con prisión preventiva.

Pero cuando el caso amenazaba con quedar impune, surgieron nuevas líneas de investigación y la Justicia puso el foco sobre los hermanos Saavedra: Javier Nicolás, Adrián Guillermo y Carlos Damián. Los tres fueron acusados de “homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio”.

Además, Javier enfrentaba una imputación extra por “tentativa de homicidio calificado” contra el agente de policía Ariel Mariano Guantay, tras un intento de fuga durante su traslado desde Santa Victoria Este.

El procurador general Pedro García Castiella explicó cómo la investigación dio un giro tras el primer juicio fallido. “En el primer juicio se siguió un camino desacertado, una hipótesis que fracasó”, sostuvo.

Por eso, se formó una nueva unidad fiscal, con investigadores que no habían participado antes, para empezar de cero.

El trabajo fue minucioso: analizaron denuncias, delitos y bandas que operaban en la zona, además de rastrear redes sociales. Así, identificaron a los hermanos Saavedra, y especialmente a Javier, como principal sospechoso.

La prueba más contundente fue el análisis genético de ADN, que arrojó un resultado positivo entre Javier Saavedra y uno de los perfiles encontrados en la escena del crimen.

“El electroferograma es como un DNI que tenemos cada uno. Cuando se determina un match de una muestra de ADN como las que había en el lugar del hecho con una persona, eso determina que hay un millón seiscientas mil posibilidades a favor de que sea esa persona y no cualquier otro individuo del universo”, detalló García Castiella.

El procurador remarcó que “no puede haber contaminación” porque las muestras genéticas estuvieron en la escena desde el primer día y nunca se alteraron.

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó la muerte de Saavedra y el fiscal penal Santiago López Soto dispuso todas las medidas para esclarecer el hecho.

Aunque el Poder Judicial aún no informó oficialmente la suspensión del juicio, se descuenta que la audiencia prevista para este martes 16 de septiembre será postergada tras la muerte del principal acusado.

En el barrio lo conocen como “Pituco”. Dijo que lo habían confundido con un ladrón y la fiscalía abrió una investigación de oficio contra el conductor de la Duster. Investigan qué pasó.

En San Justo, partido de La Matanza, un hombre fue atado con una soga a una camioneta Renault Duster y fue arrastrado varias cuadras por vecinos que lo acusaron de haber asaltado a una mujer.

El episodio ocurrió el domingo y fue registrado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se escucha a los vecinos gritarle al hombre: “Ahora no le vas a robar a ninguna señora”. Mientras él le rogaba al conductor: “¡Ey, pará amigo!”.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó en Montañese y Charrúa y terminó a unos 200 metros, en Canadá y Charrúa. Allí fue encontrado el hombre, identificado por las iniciales S. S., quien presentaba lesiones leves en la espalda y muslos.

Vecinos de San Justo reducen a un ladrón y lo entregan a la policía tras un intento de robo"​​San Justo, La Matanza – En un claro acto de hartazgo por la creciente inseguridad, un presunto motochorro fue reducido por los propios vecinos de la zona tras un intento de robo a una… pic.twitter.com/V5Jdbha2yD

Al ser asistido por los efectivos, aseguró que había sido confundido con un ladrón por los vecinos y que ellos mismos le habían provocado las heridas.

Según informaron en Mediodía Noticias, el hombre vive en el barrio San Alberto, donde es conocido con el apodo “Pituco”, y tiene antecedentes penales por distintos delitos, como robos, hurtos y tenencia de drogas.

El hombre se negó a aportar más datos, no quiso recibir asistencia médica y se retiró del lugar por sus propios medios.

Aun así, la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza, dispuso iniciar una causa de oficio para investigar tanto al conductor de la Duster, y para saber si efectivamente se trató de un robo.

“No hay denuncia”, aseguraron fuentes policiales.

Orlando Manzoni, un joven de 19 años oriundo de Paraná, Entre Ríos, y fundador de Argentitienda, una tienda online que ofrecía productos importados a precios atractivos, se encuentra detenido por defraudar a 193 de sus clientes. Según fuentes judiciales, Manzoni prometió envíos de productos a precios promocionales, pero nunca cumplió con las entregas, causando un perjuicio económico cercano a los 10 millones de pesos.

La investigación, liderada por la UFECI del fiscal Horacio Azzolin, comenzó en enero tras recibir varias denuncias de usuarios afectados. Las quejas crecieron rápidamente en redes sociales, lo que llevó a la Policía de la Ciudad a intervenir. Manzoni fue detenido y se le incautaron diversos elementos, como su computadora, iPhone, tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales, y tres relojes de lujo.

Durante la investigación, se descubrió que Manzoni tenía una cuenta en Binance, una plataforma de criptomonedas, lo que llevó a las autoridades a solicitar el congelamiento de sus fondos y el secuestro de sus tokens. Los investigadores también están tratando de determinar si el joven actuaba con cómplices en esta estafa.

Manzoni aún no ha sido indagado, pero la causa por estafa continúa en el Juzgado Criminal N°14, mientras se espera una pericia digital más profunda en su celular. Esta causa se enmarca en una serie de investigaciones recientes sobre fraudes digitales, como el caso de Iván David Cudde, detenido en septiembre de 2024 por liderar una red internacional de estafadores especializados en phishing.

La investigación sigue su curso, y las autoridades continúan analizando los detalles del caso para determinar la magnitud total del fraude y si existen otros involucrados en este esquema delictivo.

Un brutal crimen sacudió a la ciudad de Tabira, al noreste de Brasil. Un nene de dos años, identificado como Arthur Ramos Nascimento, fue asesinado este domingo en un caso de violencia doméstica que generó indignación en la comunidad.

Según informó la Policía Civil, Arthur ingresó al Hospital Regional Afogados da Ingazeira con heridas graves en varias partes del cuerpo, pero no logró sobrevivir. La investigación reveló que la víctima estaba bajo el cuidado de Antonio Lopes Severo, alias “Frajola”, y Giselda da Silva Andrade, que fueron señalados como principales sospechosos del homicidio.

Las autoridades confirmaron que la pareja ya había sido detenida por delitos como tráfico de drogas y asesinato, informó el portal de noticias g1. Tras el crimen, ambos escaparon y se emitieron órdenes de captura en su contra.

Las autoridades confirmaron que la pareja de sospechosos ya había sido detenida en el pasado por delitos como tráfico de drogas y asesinato. (Foto: Patosonline)

Luego de una intensa búsqueda, fueron encontrados en una zona rural de Carnaíba, a casi 50 kilómetros de Tabita, en la noche del martes pasado y detenidos por efectivos de la Policía Civil y Militar.

El arresto, sin embargo, terminó en un violento episodio. Al llegar a la comisaría, una multitud de vecinos interceptó a Antonio Lopes Severo y lo linchó en plena vía pública. El sospechoso fue rescatado por la policía y trasladado a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas.

Antonio Lopes Severo, alias “Frajola”, y Giselda da Silva Andrade fueron encontrados por la policía tras fugarse a una zona rural a casi 50 kilómetros de donde cometieron el crimen. (Foto: X/@crimesreais)

El linchamiento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, en los que se puede ver a decenas de personas golpeando al detenido. La Policía Civil abrió una investigación para identificar a los responsables de la agresión y también evaluar el accionar de los agentes policiales presentes en la escena.

Mientras tanto, Giselda da Silva Andrade fue trasladada a una comisaría para ser interrogada. La Policía confirmó que la madre del nene no estaba implicada en el crimen, ya que desde hacía dos meses se encontraba en otro estado por trabajo. Sin embargo, no se brindó información sobre el paradero o la situación del padre del niño. Asimismo, se investiga por qué Arthur quedó al cuidado de la pareja de sospechosos.

A população de Tabira em Pernambuco cercou uma delegacia onde seria preso um casal de lixos humanos que matou e estuprou uma criança de 2 anos.Retiraram uma das escórias da humanidade do carro e o mataram na paulada.Ninguém ficou triste com a eliminação desse estrume. pic.twitter.com/YwIvzIvCHy

Al llegar a la comisaría, una multitud de vecinos interceptó a Antonio Lopes Severo y lo linchó en plena vía pública. (Video: X/@renato_battista)

El cuerpo del chico fue sometido a pericias forenses y las autoridades esperan los resultados del informe para esclarecer los detalles del homicidio. “La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del crimen contra el menor”, informó la Policía Civil en un comunicado.

La Policía Bonaerense se encuentra trabajando en un intenso operativo para poder encontrar a Thiago Daniel Aguirre, un joven acusado de homicidio que se escapó mientras estaba siendo trasladado desde La Plata hacia el interior de la provincia.

El episodio ocurrió el lunes, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Ituzaingó y Ruta 215, en la localidad de Coronel Brandsen, cuando los agentes a cargo del operativo hicieron una parada técnica. En ese momento, el adolescente de 16 años pidió ir al baño. Según detallaron, el recluso escapó tras haber atacado al guardia que lo custodiaba.

Inmediatamente, las fuerzas policiales iniciaron una intensa búsqueda, aunque hasta el momento no han logrado localizarlo. El joven estaba siendo trasladado desde La Plata hacia la localidad de Azul, en el interior de la provincia, un recorrido de casi 300 kilómetros.

Aguirre es considerado un delincuente peligroso debido al cargo de homicidio que enfrenta. Por tal razón, las fuerzas de Seguridad desplegaron numerosos patrullajes y controles vehiculares en el centro de Brandsen y en áreas circundantes, con el objetivo de localizarlo antes de que pueda abandonar la región.

También se reforzaron los rastrillajes en rutas y otros accesos a la ciudad, con el objetivo de cerrar posibles vías de escape. Se espera que en las próximas horas se sumen más efectivos a la búsqueda para intensificar los esfuerzos.

Según informó el portal DLN, la Policía solicitó la colaboración de los vecinos para reportar cualquier información relevante llamando al 911, y recomendó extremar las precauciones ante la peligrosidad del fugitivo.

El hecho comienza con una discusión entre estos dos profesionales mientras la testigo está de pie prestando declaración. «No tienes que estar cuestionando mi independencia judicial y mi profesionalidad, que quede constancia en actuaciones, al minuto 44 de las actuaciones», le recrimina la fiscal al abogado. En medio de este pequeño caos, 'El Chalao', sin grilletes, aprovecha para levantarse del banquillo y correr contra la pared, chocando su cabeza en esta y quedando totalmente tendido en el suelo.

La escena asusta y sorprende a los allí presentes. La testigo se aleja rápidamente del acusado que se acaba de autolesionar. «Yo me quiero ir de aquí», se la escucha decir mientras se distancia del micrófono donde estaba tomando declaraciones. «¿Qué hace?», se pregunta, anonadado ante lo que acababa de presenciar una persona de la sala.

En la operación se ha detenido a 34 personas, de las cuáles cinco ya están prisión provisional

Inmediatamente, tanto la juez como la fiscal piden avisar al personal de seguridad de los juzgados para atender al herido, tendido en el suelo: «Por favor, llamen a seguridad ahora mismo». En ese mismo momento, el letrado comienza de nuevo a enzarzarse con las profesionales. «Haga el favor de sentarse», se le escucha decir.

Todo esto sucede mientras que el otro acusado, 'El Gordo', que por unos instantes parece quedarse inmóvil, sentado en el banquillo, se levanta para interesarse por el estado de la víctima, aturdido en el suelo. A los pocos segundos, varios miembros de la seguridad de los juzgados aparecen en la pequeña sala donde reina el caos.

Según ha podido conocer El Confidencial, Estefanía P.S. y Luis M.J. fueron atacados por los acusados -José Manuel I.L., alias 'El Gordo' y Víctor Manuel A.F, alias 'El Chalao'- en el mes de mayo. Al parecer, las víctimas llegaron a un acuerdo con los acusados, pero la Fiscalía decidió seguir acusando a los dos procesados. El juicio, que tuvo lugar en verano en la localidad madrileña, terminó sin condena para los dos acusados, tanto para 'El Chalao' como para 'El Gordo'.

Un convicto de 52 años con pasado de policía se encuentra en estado crítico en el Heca, donde ingresó en la noche del miércoles con graves quemaduras. Personal penitenciario lo trasladó desde la cárcel de 27 de Febrero al 7800, donde había sido alojado recientemente. Todo apunta a que se trató de un ataque incendiario llevado a cabo por otros reclusos, que estarían identificados.

De acuerdo con fuentes policiales, Alejandro Sixto Julín, la víctima, había sido alojado alrededor de las 21 del miércoles en el Complejo Penitenciario Nº 5, un predio que posee varios establecimientos. El Servicio Penitenciario lo ubicó en una celda de pabellón 2. Esa misma noche el detenido fue blanco de un ataque incendiario, que le provocó severas quemaduras en el rostro y torso.

Según pudo averiguar este medio, la mecánica del ataque está bajo investigación, pero se cree que un grupo de reclusos alojado en una celda de un piso superior diseñó un dispositivo incendiario con una soga, una botella y combustible para llevar a cabo el atentado.

La causa recayó en el fiscal de Homicidios Lisandro Artacho, que delegó la pesquisa en Asuntos Internos.

Julín, un ex suboficial que supo trabajar en la Comisaría 33ª de barrio Hume (cerrada hace más de un lustro), fue exonerado de la fuerza en la década pasada, tras haber sido condenado a 12 años por el homicidio de un hombre, cometido en 2012 en Cabín 9. Al momento del hecho, estaba en disponibilidad y trabajaba como remisero.

El motivo de su detención reciente, sin embargo, no era ese viejo expediente. Según se pudo averiguar, a partir de fuente ligadas con la causa, en las últimas horas Julín había sido arrestado por una denuncia de presunto delito sexual a cargo de la fiscal Alejandra Raigal, de la cual no trascendieron detalles. El ataque sobre su persona fue a poco de ingresar a la UP Nº 5 y hay tres reos bajo sospecha.

Un hombre, acusado de abusar sexualmente de su nieta, fue encontrado muerto en Ensenada. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca a la altura del tórax. Ahora, las autoridades investigan si se trató de un suicidio, pero, hasta el momento, no descartan ninguna hipótesis.

El cuerpo del hombre, identificado como Celestino Villalba, de 75 años, fue encontrado por su esposa en su casa, ubicada en la zona de Haramboure e Ingrassia. Estaba de rodillas, tendido hacia adelante y con un cuchillo de hoja de unos 25 centímetros todo ensangrentado debajo de su cuerpo.

De acuerdo con la información a la que se pudo acceder, la mujer contó que el hombre había salido para alimentar a sus mascotas y, al percatarse de que se demoró cerca de una hora, decidió salir a buscarlo. De esta manera, se encontró con la trágica escena.

En consecuencia, alertó a las autoridades de lo sucedido, por lo que un grupo de agentes y personal de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar. Así, pudieron confirmar que el hombre presentaba dos lesiones cortantes y profundas a la altura del tórax.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condoní Alcorta. Durante las primeras tareas investigativas, se pudo conocer que Villalba había sido denunciado días antes por abuso sexual agravado.

La presentación fue realizada por su propia hija, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de su nieta de 11 años. Luego de que la menor relatara los abusos que sufría desde hace más de dos años, se desató una fuerte discusión familiar.

En este contexto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. De igual forma, creen que podría haberse tratado de un suicidio, dadas las características de la escena, ya que enfatizaron que no se encontraron elementos que indiquen la presencia de un agresor.

Emanuel de Marco, amigo y chofer de Elián Valenzuela (conocido como L-Gante), brindó un testimonio clave en el juicio que enfrenta el cantante de cumbia, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas. De Marco reveló detalles que comprometen aún más al artista, describiendo un incidente previo en el que L-Gante habría disparado un arma durante una tensa situación después de una fiesta.

De acuerdo con su declaración, el episodio ocurrió en mayo de 2023 cuando De Marco llevaba a L-Gante y a unas jóvenes después de la fiesta Bresh. Según relató, una de las chicas retó al cantante a disparar y, en respuesta, él sacó un arma y efectuó un disparo a través de la ventanilla. Tras este incidente, el grupo se dirigió a la casa de Darío Gastón Torres, uno de los denunciantes. Allí, L-Gante habría amenazado a Torres y lo obligó, junto a Rosa Catalina Passi, a subir a su camioneta bajo amenaza de muerte. Los mantuvo retenidos durante 20 minutos y les advirtió que los llevaría a un campo en Carlos Keen para matarlos.

El testimonio de De Marco contradice la versión de L-Gante, quien asegura no haber amenazado a nadie y que no portaba armas. A pesar de que Valenzuela escuchó las declaraciones de su amigo entre risas y desmentidas, el relato de su chofer añadió tensión al juicio.

La denuncia inicial fue realizada en mayo de 2023, cuando Torres y Passi, empleados municipales, declararon que el cantante los había amenazado y retenido contra su voluntad. Esto desencadenó una investigación que terminó con la detención de L-Gante el 6 de junio de 2023. Desde entonces, ha sido acusado de múltiples delitos, entre ellos amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad, en el marco de tres causas distintas.

En su declaración, Torres describió cómo L-Gante lo amenazó por teléfono, diciéndole que lo mataría a él y a su familia. Luego, relató cómo fue obligado a subir a la camioneta del cantante y llevado junto a Passi mientras eran amenazados constantemente. "Pensé que no iba a salir vivo", expresó Torres, agregando que durante el trayecto hacia Luján, L-Gante repetía que los llevaría a un campo para matarlos.

Además, Torres denunció una serie de represalias tras haber realizado la denuncia, como el incendio de su auto y ataques a su casa. La esposa de Torres también testificó, confirmando las amenazas y el temor que la familia ha enfrentado desde entonces.

El juicio, que mantiene en vilo al público, se espera que continúe hasta mediados de octubre, cuando se conocería el veredicto final.