La medida cautelar busca evitar maniobras sospechadas de vaciamiento. Se da en el marco de la causa penal por presunta estafa.

La Justicia Penal de Rosario prohibió cualquier modificación de la composición accionaria de la Vicentin Saic y sus firmas vinculadas. También solicitó que se levante el secreto bancario, bursátil y fiscal sobre todo el grupo. La medida había sido reclamada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien investiga por estafa a los dueños de la agroexportadora, y apunta a evitar maniobras de vaciamiento de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores tras cesar pagos por u$s 1.400 millones.

La prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de la empresa que tomó el juez Nicolás Foppiani incluye a las firmas en las que Vicentin Saic tiene participación y a las sociedades que tienen a miembros de su cúpula como representantes legales. Al extenderla a todo el conglomerado, la Justicia Penal rosarina va un paso más allá que los tribunales federales porteños, donde se investigan los cuantiosos créditos otorgados por la anterior administración del Banco Nación a la agroexportadora.

“El juez federal Julián Ercolini había impedido algo similar propuesto por el fiscal Gerardo Pollicita”, subrayó el abogado Gustavo Feldman, quien como representante de uno de los acreedores de Vicentin presentó la denuncia penal por estafa que se sustancia en los tribunales locales. La medida, explicó, busca impedir que “se siga produciendo la fuga y el vaciamiento”.

De hecho, los antecedentes que cita el propios fiscal de la causa en el pedido al juez son la venta de Friar, la disposición de acciones de Renova y los movimientos de bienes realizados por integrantes del directorio para “reducir” su patrimonio.

Feldman resaltó la decisión de la Justicia local, porque “está emulando lo que se ha hecho en New York y en Asunción, que es intentar desbaratar esta arquitectura financiera que permitió la toma de deuda, diagramó el default bajo la falacia del estrés financiero y ahora pretende terminar de vaciar Vicentin”. Al mismo tiempo, insistió con la necesidad de prohibir la salida del país de los directivos de la firma. Y, de paso, volvió a criticar al juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores, Fabián Lorenzni. Advirtió que, si ese proceso termina en quiebra, “se abrirá otra investigación penal por insolvencia fraudulenta”.

Tras la denuncia presentada por el abogado, Moreno aceptó en julio abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin. Es en ese marco que pidió al juez la prohibición de ovimientos que afecten el paquete accionario. En su solicitud se hizo eco de la información periodística sobre la venta de acciones de Vicentin en Friar y la venta del 16,67 por ciento del capital accionario de Renova a Glencore. También se apoyó en los informes presentados por las actuales autoridades del Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UFI) sobre “el desprendimiento de activos valiosos y sospechosos movimientos de dinero hacia el exterior”.

La medida incluye a las empresas Bos Co, Algodonera Avellaneda, Playa Puerto, Renova, Biogas Avellaneda, Río del Norte, Diferol, Friar, Oleaginosa San Lorenzo,Juviar, Buyanor, Emulgrain, Si Cotton,Terminal Puerto Rosario, La Porfia, Vicentin Desarrollos, Logística Río Arriba, Los Amores, Pedro Vicentin, Los Amores de Vista Flores, Servicios Fluviales y El Renuevo. También se ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal de estas empresas y las siguientes: Bioceres, Enav, Sottano, La Isabelina, Los Colombo, Sudeste textiles, Doña Rosa, Negu, Goldenuno, Industrias Colsa, Los Nenecos y Mercosol.

En la presentación que dio lugar a la medida, el fiscal recordó las denuncias de La Clementina y Cuatro Hojas, empresas a las que Vicentin compró y recibió granos hasta pocas horas antes de declararse en cesación de pagos. También la que realizó la firma Olzen contra la agroexportadora por “licuación del patrimonio empresarial, desvío de fondos hacia cuentas del exterior y la disminución de los patrimonios particulares de las personas físicas asociadas”.

Señaló que la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”. Y, citando el informe que el director del Banco Nación Claudio Lozano presentó a la Justicia federal, subrayó que esa imposibilidad de pago se dio en una firma que “entre 2015 y 2018 no hizo más que expandir su facturación”. Por eso, busca determinar si hubo una “crisis autogenerada, a los efectos de no abonar las sumas adeudadas”.

En su escrito, Moreno recogió las presentaciones realizadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe en el proceso concursal que se tramita en Reconquista, y los fundamentos de la causa que se sigue en la Justicia federal porteña por el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a Vicentin y Algodonera Avellaneda. De ese último expediente extrajo una presentación de la UIF que reporta indicios sobre una “simulación” del estado de cesación de pagos por parte Vicentin, que además “habría utilizado su estructura exterior y/o la de Glencore, para remitir sus ganancias al extranjero”.

También recordó el reporte en el que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) destaca “la tendencia de Vicentin a transferir capital accionario” dentro de las empresas del mismo grupo económico, y el informe en el que Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti describen a pedido del Banco Nación el detalle de estas operaciones. En ese trabajo se expone además el proceso de creación de filiales y holding en el exterior que fueron adquiriendo participaciones en firmas del grupo que antes estaban controladas por Vicentin Saic. Destaca también el entrecruzamiento de directores entre vinculadas. Y le suma los casos detectados de “desprendimiento de bienes” por parte de los directivos de la empresa, a través de donaciones, ventas y desprendimientos de cuotas sociales.

De ese modo, en base a “la evidencia colectada hasta la fecha, y teniendo en consideración la profusa investigación vinculada a la estructura de propiedad de Vicentin Saic y las distintas sociedades que la componen”, Moreno solicitó la medida cautelar sobre empresas y directivos para que no puedan “modificar su composición accionaria”.

Consideró que el requerimiento está justificado por la investigación preparatoria que llevó a cabo a partir de las denuncias recepcionadas, y que están relacionadas con “la criminalidad compleja” por la presunta comisión de los delitos de estafa, defraudación, asociación ilícita y lavado de activos. El pedido fue aceptado.

El Gobierno nacional, a través de un comunicado, anunció en la madrugada de este martes que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores clave.

“La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo”, informó el Gobierno nacional.

Asimismo, el Gobierno anuncia que “Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio”.

De todos modos, el Ministerio de Economía también aclaro que las modificaciones no significan “aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora”.

¿Cómo serán los pagos? .1- Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

.2- Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

.3- Los nuevos bonos 2030 en USD y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

.4- Los nuevos bonos 2038 en USD y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

“Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en USD, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020”, enumera el comunicado.

“En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada”, completa el informe.

Los 3 fondos de acreedores de deuda de la Argentina que tienen más de un tercio de bonos globales rechazaron formalmente, a través de un comunicado, la propuesta argentina presentada en la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, Securities Exchange Commission). Al mismo tiempo presentaron una contrapropuesta conjunta.

El gobierno argentino, a través de declaraciones del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Martín Guzmán, habían repetido que esa oferta iba a ser la última.

“Creemos que nuestra propuesta va a representar el alivio a corto plazo que la Argentina necesita y va a ser una solución a largo plazo para asegurar el futuro del país y su acceso a los mercados de capitales internacionales. Asimismo va a proporcionar el marco legal necesario para obtener las inversiones necesarias para poner a la economía en el camino de una recuperación sostenida”, dice el comunicado difundido este lunes firmado en conjunto por el Ad Hoc Argentine Bondholde Group, el Argentina Creditor Committee y el Exchange Bondholder Group.

Argentina recibió este viernes tres contraofertas por parte de sus acreedores a la propuesta de canje de deuda realizada el 22 de abril, informó por la noche el Ministro de Economía, que ratificó la continuidad del “diálogo constructivo” para alcanzar un acuerdo sostenible con los bonistas.

Así lo reveló la cartera que conduce Martín Guzmán mediante un comunicado en el que precisó que “el ministro, junto a su equipo y los asesores financieros de la República, están analizando las características de estas propuestas y sus implicancias para el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

“La República Argentina recibió en el día de la fecha tres contraofertas por parte de sus acreedores a la oferta de canje de deuda realizada el día 22 de abril del corriente año”, expresó el Ministerio, sin precisar qué grupo de tenedores acercó hoy su propuesta al Gobierno ni los detalles de las mismas.

Las propuestas terminaron de dar cuerpo las expectativas que se venían generando en los últimos días respecto a que los bonistas realizarían su contraoferta al gobierno, luego que el viernes pasado venciera el plazo inicial para la aceptación de la propuesta argentina para el proceso canje de más de US.000 millones.

El mismo Guzmán, había dicho durante la tarde -al participar de una videoconferencia ante el Council on Foreign Relations (CFR)-, que hasta ese momento no se había recibido “una contraoferta alineada con los principios de sustentabilidad”, pero aseguró que “los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una alternativa”.

“Estamos abiertos para escucharlas”, subrayó.

En esa misma línea, el breve comunicado distribuído esta noche planteó que “el gobierno argentino y los acreedores de la República continúan el diálogo constructivo en pos de alcanzar un acuerdo sostenible en el proceso de la reestructuración de la deuda pública externa”.

La posibilidad de una contapropuesta de los acreedores que pudiera significar un acercamiento en las negociaciones fue uno de los factores que mencionaron los analistas de mercado para explicar el comportamiento de los bonos en dólares, que hoy subieron hasta 11,3%.

En el balance semanal los títulos públicos nominados en moneda extranjera avanzaron 10,9%, y de esta manera el riesgo país se fue acomodando a la baja en los últimos días hasta registrar hoy una caída de 6,80%, hasta los 2.837 puntos básicos, en el marco de la negociación.

El viernes próximo vence el segundo plazo que el Gobierno otorgó a los bonistas para que acepten una oferta de reestructuración de la deuda externa, luego de que fue mayormente rechazada en una primera instancia.

Argentina propone canjear US$ 66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, no pagar ni capitales ni intereses hasta el 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5%, que iría creciendo “hasta niveles sostenibles”, dijo Guzmán al presentar la oferta.

La oferta incluye una fuerte quita del 62 por ciento en los intereses y una del 5,4 por ciento para el capital.

La nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación coincide con el día en que Argentina podría caer en default ya que vencen los 30 días del período de gracia para el pago de US$ 503 millones de cupones de tres bonos Global.

Argentina también negocia cómo pagar otros US$ 44.000 millones que le debe al Fondo Monetario Internacional, a los que se suman US$ 2.100 millones al Club de París, y unos US$ 6.000 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación local.

El Fondo Monetario Internacional realizó un balance tras el paso de una misión por la Argentina.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó hoy al Gobierno medidas para reducir más la inflación y una quita importante a los acreedores privados del país al considerar que la deuda pública no es sostenible.

“La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales. Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda”, expresó el comunicado difundido por los técnicos del FMI.

“Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables. Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial”, agregó el staff del Fondo.

La misión terminó con optimismo pero sin definiciones en cuanto a las fechas de la negociación de un nuevo programa para pagar los USD 44.000 millones de dólares con el organismo multilateral.

Tras finalizar su paso por Buenos Aires, los técnicos del organismo multilateral indicaron que el Gobierno adoptó medidas para mejorar la situación fiscal y el frente externo, un esfuerzo que permitió estabilizar la economía. Los funcionarios pudieron ver el detalle de las proyecciones de los próximos años que definió el Gobierno.

“Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”, explicó el Fondo.

Respecto de la sensible cuestión de la deuda, afirmó que el riesgo se “deterioró significativamente” desde mediados de 2019 y que “desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado”. Por ello, “el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”.

“Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”, dijo el Fondo.

“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”, agregó.

El Fondo, tal como lo esperan los acreedores, cumplirá un rol decisivo en la definición del pago de la deuda pública argentina. Y aunque en el comunicado no se habla del porcentaje de la quita de la deuda a los acreedores privados, cuando se dice que la operación debe ser “definitiva” implica que debe conservar un equilibrio entre recuperar la sustentabilidad que se perdió en el gobierno de Mauricio Macri y, a la vez, ser suficientemente lógica como para lograr una alta aceptación. De este modo, se evitaría el problema legal que transitó el país entre 2005 y 2016.

“El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas,” reza el comunicado que concluye anticipando la próxima reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión del G-20 que se llevará a cabo este fin de semana en Riad, Arabia Saudita.

Este nuevo encuentro entre Guzmán y Georgieva será clave para definir la secuencia de la negociación con el Fondo, mientras el Gobierno les muestra sus cartas a los acreedores privados con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de abril próximo. Lo que queda claro es que en estas discusiones, tanto en Buenos Aires como en el exterior, el tono es técnico y está lejos de las diatribas políticas que lanzó la ex presidenta Cristina Kirchner, que pidió una quita de la deuda y acusó al organismo de violar sus estatutos.

El FMI pide un ‘proceso colaborativo’ entre el Gobierno y los acreedores privados para avanzar en la resolución del problema de la deuda. La misión tuvo el carácter de dialogar y conocer los números de la Argentina, que no fueron incluidos en el último informe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo. Si hubiera estado el auditor regional Alejandro Werner, se podría pensar que fue una visita para negociar, pero esa etapa todavía no llegó.

De todos modos, dado que en Washington hoy se reunió el directorio del organismo multilateral, que tenía previsto debatir el caso uruguayo, no se descarta que se pueda haber discutido el resultado de la misión que finalizó esta tarde.

De este modo, el primer capítulo formal del diálogo entre el FMI y el Gobierno concluyó en buenos términos, con un diagnóstico preciso del Gobierno a los técnicos del organismo sobre el plan económico y una hoja de ruta que se completará en los próximos dos meses. El Fondo, tal como lo esperan los acreedores, cumplirá un rol decisivo en la definición del pago de la deuda pública argentina.