La decisión fue tomada por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo. Los chicos denunciantes, que se habían escapado del lugar, fueron reubicados en otros hogares. El MPA investiga el caso.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Patricia Chialvo se refirió a la denuncia hecha sobre maltrato y supuestos abusos en un hogar de alojamiento transitorio de barrio Hospitales de Rosario.

La funcionaria afirmó que los tres chicos se habían fugado este jueves y que ya fueron reubicados. Agregó que el caso es investigado por el Ministerio Público de la Acusación y que el personal señalado por supuestos golpes fue separado: "Veremos cómo reubicamos a los trabajadores. Lo primero que se hace es separarlos mientras está la investigación".

Con todo, advirtió que "dentro de las entrevistas hechas, no dieron cuenta de lo que se está diciendo (de maltrato y abusos). Igual, la investigación sigue su curso". 

"Este era un dispositivo de urgencia, donde se llevan a chicos de forma transitoria. Ayer, tres chicos se fugaron. Nuestros hogares son de puertas abiertas. Es bajo el nivel de fuga que tenemos, pero no es la primera vez que nos ocurre. A veces, quieren volver a sus casas", señaló.

Chialvo enfatizó que desde un primer momento se dio intervención a la Justicia provincial al activar la búsqueda de paradero y añadió que una vez que fueron hallados, los nenes "fueron reubicados en otros centros residenciales". 

Los chicos fueron encontrados en inmediaciones del Parque Independencia pidiendo ayuda. De acuerdo al testimonio que le dieron a la persona que se acercó a ver qué necesitaban, habían huído del lugar por los constantes maltratos y acoso que sufrían.

“Llamé a la policía y me dijeron que los retenga. En un momento le pregunté a la nena qué tenía en el cuello y me dijo que le hizo un chupón la mujer que vive en el hogar. Justo en ese momento ya estaba el agente que le preguntó qué era para ella un chupón y ella le contestó que la había besado”, contó la mujer.

Después de ese episodio, el agente trasladó a la nena a la comisaría para tomarle declaración y dejó un patrullero en el lugar al cuidado de los otros dos nenes. Simultáneamente, avisaron a Niñez desde donde ordenaron volver a llevar a los niños al lugar del que se habían escapado.

Los vecinos de la zona se manifestaron en la noche del jueves frente al lugar para exigir que los chicos sean llevados a otro dispositivo de alojamiento, algo que finalmente sucedió hoy, según Chialvo. 

La justicia Penal de La Plata juzgó al sacerdote Carlos Bareuther, acusado de abusar sexualmente de dos menores que asistían a un colegio parroquial. Los hechos fueron denunciados en el año 2018 cuando las jóvenes tenían 14 y 16 años, pero declararon en el juicio oral ya que adquirieron la mayoría de edad y confirmaron todo lo que habían relatado en Cámara Gesell durante la instrucción de la causa que llegó a juicio oral.

La identidad de las víctimas se mantendrá en reserva para preservar su intimidad. En lo medular de sus declaraciones ante el juez Hernán Decastelli del Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, dieron detalles de cómo fueron los abusos. Se trataron de abrazos prolongados contra su voluntad y manoseos en partes íntimas, además de besos en el cuello.

En su declaración durante el debate, el sacerdote negó haber manoseado y besado a una alumna de 14 años en las instalaciones del establecimiento escolar donde cumple el rol de capellán.

"Los abrazos que le brindaba a los chicos siempre fueron de contención. No cometí ningún delito y quiero aclarar todo", dijo el religioso en la primera jornada. También rechazó haber cometido alguna conducta impropia contra otra estudiante de 16 años. 

Bareuther ingresó a la sala del primer piso del fuero penal de 8 y 56, con el cuello clerical, sin esposas ni custodia policial. "Llevo cinco años angustiantes, de dolor y hasta de vergüenza. El dolor es moral y hasta afectó mi salud por la diabetes y la hipertensión que sufrí. Soy inocente y elegí llegar a este juicio oral, rechazar el abreviado y contar todo, porque en la anterior declaración en la fiscalía me dijeron que sea rápido y concreto", aseguró el acusado.

En otro tramo de su testimonio, el religioso ordenado en 2001, sostuvo que su función en el colegio era la de "acompañante pastoral de la escuela, de los docentes y de los alumnos".

No obstante, Bareuther reconoció tratar a una de las menores que lo denunció. Habló del modo de trabajar y los lugares por los que circulaba en el colegio. También señaló que no conocía al alumnado porque había sido enviado recientemente a ese destino por el obispo. 

El imputado detalló que esa menor "estaba angustiada por los problemas de salud de su madre, que debía operarse. Por eso estaba rindiendo mal en la escuela. Además, se descubrió que se había cortado un brazo. Le recomendé que hable en su casa, que pida ayuda, pero ella no quería hacerlo. Y si su madre quería echarla de la casa, como ella misma me dijo, le respondí que podía conseguirle un lugar donde vivir. También le dije que, si la madre no la entendía, estaba 'loca'. En el colegio informé que la chica necesitaba ser atendida por la psicóloga y recomendé que entrevistaran a sus padres. Con el tiempo, la vi mejor, había empezado una terapia que luego dejó".

A preguntas del fiscal Mariano Sibuet, el sacerdote reconoció que hubo otros encuentros con la chica, pero que siempre fueron en lugares cercanos a otras dependencias del establecimiento escolar. 

También admitió conocer a la otra menor que lo denunció. Dijo que "solo les daba abrazos de contención", negando que las haya besado o realizado tocamientos. 

En el juicio declararon las menores y sus madres. Dieron cuenta de los abusos a los que habrían sido sometidas y las secuelas que les provocó. Bareuther es capellán en el colegio Santa María de Cañuelas, localidad perteneciente al departamento judicial de La Plata.

Declaración por Zoom

En otro momento del juicio, declaró vía zoom, la psicopedagoga María Victoria Boyaviner, quien refirió que trabajó con el hermano mellizo de una de las menores, en un centro educativo para chicos con discapacidad. En ese contacto, se enteró de la situación que atravesaba la joven y comentó: "Ella llegaba bastante angustiada a la sala de espera. Supe por la propia madre que tenían problemas a partir de un abuso de alguien de la escuela y que estaba muy preocupada por ese motivo. En otro momento, en octubre de 2018, la madre me solicitó un certificado para pedir otra fecha para que la menor pudiera asistir a la Cámara Gesell".

También dio su testimonio la psicóloga Silvana Larrosa, quien dijo que en 2018 recibió a una de las menores en su consultorio, donde pudo comentar situaciones de abuso con un adulto. "En una ocasión contó que el cura del colegio la pasaba a buscar por el aula y se la llevaba para hablar con ella. Se le acercaba y la manoseaba", dijo la profesional. 

Ante las preguntas del juez Decastelli, aclaró que "eran besos en el cuello y un manoseo en sus partes genitales". 

Señales por Whatsapp

"Me quiso tocar, así de una, y me manoseó. Me decía que iba a estar todo bien, que me quedara tranquila", relató la alumna de 14 años para denunciar que un cura y docente de la institución abusó sexualmente de ella en una de las oficinas. Lo contó a través de una serie de mensajes de Whatsapp que les envió a algunos de sus compañeros de clase debido a la angustia que le generó la situación.

Aquel día, después de lo ocurrido, la joven regresó a su aula en medio de un fuerte llanto. Sus amigos le preguntaron qué le ocurría, pero ella se abstuvo de contarlo. Con el correr de las semanas, tomó valor y a través de los mensajes de texto decidió revelar el horror al que había sido sometida por el sacerdote, un hombre en 2018 tenía 47 años, quien daba clases de catequesis tanto en primaria como a estudiantes del secundario.

El relato en los mensajes de la adolescente estremece y da detalles de cómo la sometió. "Cuando abro la puerta me pone el pie. Y me abraza de la cola. Me toca la cola básicamente. Y me decía que iba a estar todo bien. Y atinó a querer tocarme adelante. Yo le di un manotazo y me puse a llorar. No sabía lo que podía hacer. Y bueno, me dijo que no salga así", escribió la chica.

Tras la difusión de los chats, el escándalo y la conmoción estallaron. La madre de la víctima realizó durante una denuncia y el entonces fiscal Lisandro Damonte, extitular de la UFI 1 de Cañuelas, comenzó a investigar el caso.

En un primer momento, los padres se acercaron al colegio para exigir una explicación, pero la respuesta de las autoridades educativas dejó mucho que desear. Les dijeron que no iban a hacer nada hasta que no se hiciera la denuncia y decidieron no separarlo inmediatamente. Básicamente, denunciaron que la escuela mientras quiso ocultar la situación, el cura continuó con sus actividades y hasta siguió organizando un campamento al que viajaría con chicos.

Pero la reacción de la comunidad no se hizo esperar. Como repudio a lo que denunció la joven, alumnos del nivel secundario se movilizaron al grito de "Santa María, nos vas a escuchar". Llevaron carteles para manifestarse contra la iglesia, el sacerdote acusado y también contra las autoridades del colegio, ya que la institución hizo público el caso después de que la noticia trascendió en los medios locales.

Fue así que las autoridades de la escuela y del Obispado de Gregorio de Laferrere -que tiene jurisdicción sobre el colegio- emitieron un comunicado en el que reconocieron la denuncia y señalaron que se le pidió al sacerdote que "suspenda sus actividades".

En el documento, el equipo de Directivos del Obispado advirtió que "según el protocolo de la entidad, se le pidió al sacerdote que suspendiera toda actividad y presencia en relación a los alumnos del colegio. Lamentamos profundamente que un tema así sea tratado en la esfera pública ya que se trata de una menor y es conveniente resguardarlo", agrega el texto.

Tras el juicio oral el fiscal Sibuet pidió una condena de tres años de prisión. En tanto los abogados Juan Manuel Fontana e Isidro Digdanian compartieron el planteo del alegato pero requirieron una pena de seis años de prisión.

Por su parte el defensor particular Horacio Velaz rechazó todos los cargos, sostuvo que el sacerdote no cometió ningún abuso y abogó por su libre absolución. La resolución del veredicto se conocerá en el mes de agosto.

Aleman y un grupo de exreferentes, entre ellos Víctor Ayala, Nelson Insfrán y Matías Pérez García, formaban parte de un grupo que se hacía llamar ‘Los Ninjas’, acusados de haberse excedido con juveniles que se sumaban a entrenar con el plantel profesional mediante “bautismos de iniciación”

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata está al tanto de un hecho que tomó notoriedad en los medios de comunicación y actualmente se encuentra en plena investigación interna: aseguran que un grupo de exreferentes del plantel profesional habrían abusado de juveniles de la institución en los famosos “bautismos de iniciación” por sumarse a entrenar con el plantel profesional.

El pasado fin de semana, Banfield y Gimnasia igualaron sin goles. El partido, carente de emociones, terminó con el juvenil Ignacio Miramón expulsado, después de una agresiva entrada contra Brahian Aleman, quien luego se cruzó con sus ex compañeros en el vestuario. Esa patada, descalificadora y sin piedad contra el volante, destapó la ‘olla’. Aparentemente, no fue un hecho aislado ni casual.

Durante su estadía en el club, Aleman y un grupo de exreferentes, entre ellos Víctor Ayala, Nelson Insfrán y Matías Pérez García, formaban parte de un grupo que se hacía llamar ‘Los Ninjas’. Según pudo saber Doble Amarilla, estos jugadores dedicaban a ‘recibir’ a los jóvenes que subían a primera división. El famoso ‘ritual de iniciación’. Pero cruzaron un límite.

Fútbol Femenino: la Selección Argentina goleó 4 a 0 a Chile en el primer amistoso

Esto lo reconoció el actual presidente, Mariano Cowen, consciente de que por los pasillos del club estaba el rumor de que existía este grupo. “Si voy a hablar de lo que se dijo en estas 24 horas y nos pusimos como Comisión Directiva a trabajar para conocer qué paso. Percibir los hechos cómo fueron”, detalló en diálogo con C5N.

La pretemporada que se llevó adelante en junio del 2021, en el Howard Johnson, marcó un antes y un después para muchos de los pibes. Para estos jugadores (preservamos sus identidades), cada noche, durante la estadía en ese hotel, fue un verdadero calvario. La pasaron realmente mal. En vez de disfrutar las instalaciones que ofrecía el lugar o de cada cena junto al resto del plantel, se iban a dormir pensando en lo que podía llegar a suceder. ¿A qué me refiero? Fueron víctimas, en reiteradas oportunidades, de golpizas desmesuradas, agresiones descalificadoras y abusos reiterados, según pudo averiguar Doble Amarilla. Incluso, a uno de ellos llegaron a pegarle con una madera astillada en la zona de los glúteos. Una verdadera locura.

#GELP ⚽️¡Los Ninjas atacaron en Cardales!?Así quedaron Agustín Bolivar y Tomás Durso con su bautismo de primer pretemporada.#VamosLosPibes pic.twitter.com/YUAoJqcH0N

— #Gimnasia ? (@gimnasiaoficial) July 18, 2017

Otro de los puntos a destacar es que, una de las víctimas, era menor de edad. Tenía 17 años. Y tampoco tuvieron piedad con él. Fue su familia que, alertada por lo sucedido, habría intentado denunciar lo ocurrido. Pero desistieron. O los obligaron a desistir. Aún no está claro.

Tras estos gravísimos episodios, el grupo de ‘pibes’ recurrió a los responsables del plantel. Según le confiaron a este medio, solicitaron una reunión de carácter urgente con la dupla técnica de ese entonces: Mariano Messera y Leandro Martini. ¿La respuesta que obtuvieron? “Del tema no se habla, las cosas se resuelven puertas para adentro”… Claro está que la CD estaba al tanto. Gabriel Pellegrino se enteró de lo sucedido, pero tampoco tomó las medidas correspondientes.

Incluso, la noticia se difundió en ese momento, aunque sin los detalles escabrosos que se cuentan en estas líneas. Martini fue quien dio las explicaciones del caso, aunque intentó minimizarlo: “Cualquier cosa que trascienda de un grupo, se sobredimensiona. No comparto la violencia, ni esas cosas que son costumbres que muchas veces están establecidas. Nosotros lo hablamos con ellos, previo a que se expandiera esta situación. No fue tan grande como se pensó. Se sobredimensionó. Se aclararon las cosas, se pidieron las disculpas pertinentes y volvieron a entrenar”, reconoció el DT a los pocos días.

Unión vende entradas generales para el clásico santafesino

Estos hechos, que carecen de toda ética y moral, no se volvieron a repetir. Sin embargo, la dirigencia del ‘Lobo’ se encuentra investigando el hecho. Cowen adelantó en ese mismo canal de televisión que, de momento, ningún familiar y/o futbolista dijo que fueron víctimas de abuso. Por otra parte, fuentes de la dirigencia tripera le dijeron a este medio que el club estará a disposición de las presuntas víctimas y prestará colaboración con la Justicia en caso de que se avance con algún tipo de denuncia.

Pero la historia sigue, y habrían existido varios llamados con el correr de la tarde del jueves: los juveniles habrían recibido llamado de los ex referentes para que no se toque más el tema públicamente y muera en el olvido cuanto antes, según pudo saber Doble Amarilla.

Además, el plantel Tripero emitió un comunicado negando los posibles casos de abuso en los “bautismos”. En el mismo, también hacen hincapié en la posición del club y su “rechazo a toda forma de violencia en el deporte”.

#Grave | Crece la tensión en #Gimnasia por posibles casos de abusos a juveniles en los "bautismos de iniciación"

?La dirigencia ya está al tanto y se encuentra investigando el hecho

?Quiénes son los apuntados

✍️@NachoGenovarthttps://t.co/6LGpyT6tTt

— doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) February 16, 2023

“Nuestro trabajo es curar a las personas y aliviar su sufrimiento. No podemos y no tenemos derecho a mirar con indiferencia el daño deliberado a la salud del político Alexéi Navalny”, dice la misiva que han publicado en Facebook los médicos Alexánder Polupan y Alexánder Vaniukov.

El opositor ruso Alexéi Navalny ha sido encerrado 10 veces en una celda de castigo desde que fue trasladado a la cárcel de régimen estricto IK-6 el pasado verano. La última, el 31 de diciembre, justo antes de Año Nuevo, fue el castigo por haberse lavado la cara media hora antes de su turno. Su abogado asegura que no le llegan medicamentos y que comparte calabozo con otro preso enfermo. Un grupo de 170 médicos se ha dirigido al presidente ruso, Vladímir Putin, con el riesgo que eso conlleva, a través de una carta abierta para exigirle que se preste toda la atención médica necesaria al activista.

El estado del opositor preocupa a algunos médicos. “Nuestro trabajo es curar a las personas y aliviar su sufrimiento. No podemos y no tenemos derecho a mirar con indiferencia el daño deliberado a la salud del político Alexéi Navalny”, dice la misiva que han publicado en Facebook los médicos Alexánder Polupan y Alexánder Vaniukov. Otras 168 firmas acompañaban la carta difundida este martes en medios independientes como Meduza.

“Las condiciones de su detención y la apariencia física de Alexéi Navalny nos causan una gran preocupación por su vida y por su salud”, agrega el escrito, que recuerda que la atención sanitaria es un derecho recogido en la Constitución y que “la negativa de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal para permitir que le lleguen los medicamentos genera una amenaza para su vida”.

Google y Apple eliminaron la aplicación “Navalny” por orden de Rusia

“Exigimos el fin de los abusos contra Alexéi Navalny; exigimos que dejen de enviarle a la celda de castigo; exigimos que unos médicos civiles puedan verle y, si hay pruebas, que sea hospitalizado en un centro médico”, concluye la carta.

Navalny tiene extremadamente restringido el acceso a su familia al estar recluido bajo régimen estricto, y solo disfruta de hora y media de paseo fuera de su celda al día. Su abogado, Vadim Kobzev, es su nexo con el mundo exterior, y este ha denunciado a través de Twitter que su cliente está enfermo, pero las autoridades no permiten que reciba medicinas. ” Desafortunadamente, el arma bacteriológica funcionó”, lamentaba el letrado, haciendo referencia a un compañero de celda que, según sugiere el activista, podría haber sido utilizado por los responsables de la cárcel para contagiarle la gripe. “Navalny se encuentra en la celda con fiebre y tos. Estamos tratando de conseguirle medicinas”, añade.

“Así se arruinaron mis planes para un elegante Año Nuevo. Tenía un paquete de patatas fritas y una lata de caballa”, ha ironizado Navalny en las redes sociales gracias al apoyo de su equipo, que gestiona sus canales en su ausencia. Según el activista, que este martes sumaba 722 días de cárcel, en la última jornada del año se reunió una comisión penitenciaria para dictar sentencia por su último desafío contra el sistema: “Un operador de la videovigilancia ha grabado que te lavaste la cara a las 05.24 [horas] de la mañana, cuando, según tu horario, te levantas a las 05.00 y te lavas a las 06.00. Dada la gravedad de la violación, serás enviado a una celda de castigo por un tiempo máximo de 15 días”.

El opositor ruso Navalny denuncia torturas en la cárcel

“Arma bacteriológica”

El opositor comparte calabozo “con dos viejos amigos” a los que apoda “Psicópata” y “Vagabundo”. Según su relato, este último fue sacado de la celda durante apenas un día, entre el 3 y el 4 de enero, “pero no para ser llevado al barracón, como todo el mundo, sino que fue declarado enfermo y le trasladaron a la unidad médica, llena de contagiados de gripe”. “Aquí hay una epidemia y exactamente un día después lo trajeron de vuelta a la celda. Parece que lo utilizan como un arma bacteriológica”, denunciaba el opositor.

Pese a las duras condiciones que afronta en la cárcel, donde es visible que ha perdido mucho peso, según se puede ver en sus intervenciones judiciales por videoconferencia, Navalny no ha perdido el sentido del humor. “Aquí se apagan las luces a las 21.00 horas, así que por primera vez en seis años dormí toda la Nochevieja. Estoy contento: la gente paga dinero para celebrar el Año Nuevo de una forma inusual y yo lo logré gratis”, ironizaba en su mensaje el activista.

El activista fue trasladado en verano de la cárcel de régimen general de la ciudad de Pokrov ―donde se encontraba― a una prisión de régimen estricto en Melejovo, a unos 240 kilómetros de Moscú.

El político afronta penas de cárcel de más de una década a través de varios casos abiertos en su contra. Primero fue detenido al regresar a Moscú en enero de 2021 por violar la libertad condicional cuando estaba hospitalizado en coma en Alemania tras ser envenenado con Novichok, sustancia que fue hallada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y cuya procedencia señala al Kremlin, según los servicios de inteligencia occidentales. La justicia rusa consideró que el opositor tenía que cumplir con los términos de la libertad condicional, pese a casi morir envenenado, por el caso Yves Rocher, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había considerado un “proceso arbitrario”.

Meses después, en marzo de este año, Navalny recibió otra condena de nueve años bajo la acusación de enriquecerse a través de su Plataforma contra la Corrupción, la organización con la que investiga el patrimonio oculto de la élite rusa. El activista aseguró que aquel juicio era una trampa, pues las denuncias provenían de cuatro donantes sospechosos que habían aportado largas sumas de dinero, y reveló una presunta grabación entregada por uno de los testigos en la que este recibía instrucciones del Comité de Investigación para el juicio. Sus pruebas no impidieron, sin embargo, que fuera trasladado a la prisión IK-6, una cárcel de mala fama que en los últimos años ha protagonizado varias acusaciones de torturas.

La investigación del doble homicidio en barrio Autódromo tiene en vilo a toda la provincia. Aún resta la confirmación de la identidad de los cuerpos encontrados.

Córdoba aún no sale del horror que se conoció el domingo pasado, cuando dos jóvenes confesaron que habían asesinado a su -aparentemente- madre y tía, y las habían enterrado en su casa. Sin embargo, era sólo el inicio de una historia que involucra presuntos abusos, incesto y violencia.

De la vivienda de calle Oscar Cabalén al 6500 recuperaron los cuerpos de un pozo que tenía más de 50 metros de profundidad. Si bien no está la confirmación oficial, se cree que se trata de Sara y Esther, dos hermanas asesinadas por Ismael y Esteban Castro. La Justicia aún no puede determinar el parentesco certero pero serían hijo y sobrino de las víctimas fatales. Ambos están imputados.

El lugar del crimen se conoce ahora como “La Casa del Horror”, donde aún continúan trabajando los investigadores para confirmar o descartar una nueva teoría: que exista, al menos, un cadáver más en ese patio. Mientras tanto, en el barrio circulan versiones que van desde “ritos satánicos” hasta violencia contra las mujeres de la casa.

LA REVELACIÓN DE UNA FOTO FAMILIAR DE LOS CASTRO

Si bien no trascendieron imágenes actuales de las víctimas y victimarios, se conoció una foto de la familia Castro, donde se puede ver a Armando Castro -padre de la familia- sosteniendo a Esther y abrazando a sus dos hijos mayores, Benjamín y Gabriel, y a la madre, “Lolita”, que ya llevaba en el vientre a Sara.

La foto fue tomada en Berazategui, Buenos Aires, según detalló Cadena 3, lugar donde la familia dio sus primeros pasos. Después, se mudaron a barrio Autódromo de la ciudad de Córdoba, donde Castro fue denunciado varias veces por violencia.

“DON CASTRO”: EL PATRIARCA DE LA FAMILIA

Facundo Armando Castro murió en febrero de este año, a sus 78 años. Nació en Deán Funes, vivió en Buenos Aires y luego, se radicó en Córdoba. De la provincia porteña regresó con su esposa “Lolita”, tres niños y una, en camino.

Familiares del fallecido contaron a Cadena 3 que su relación no fue buena cuando volvió. En Córdoba, tuvo dos hijos más: Joel y Pablo, seis en total. Cuando su esposa murió, los niños vivieron aferrados a otra época y sólo salían a vender el pan casero que hacía Don Castro.

Un día, una de sus hijas quedó embarazada y despertó la sospecha del pueblo. Por eso, una hermana de Castro decidió denunciar la situación, asegurando a la Justicia que los menores eran víctimas de abuso e incesto.

Desde ese momento, los Castro se fueron de Dean Funes y se radicaron en la ciudad de Córdoba. Esther, la hija mujer más grande de Castro, ya tenía dos hijos, se cree que serían Ismael y Esteban -sus presuntos asesinos-. Sara, en tanto, tuvo al menos tres hijas.

Con el correr de los años, los hijos varones dejaron esa vivienda. Pero las mujeres y los nietos se quedaron. Ismael y Esteban fueron un tiempo al colegio primario. Mientras que los más chicos, son un misterio hasta para los vecinos.

Buscan un tercer cadáver en la casa de las hermanas asesinadas en Córdoba

DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA “DON CASTRO”

Según detalló el mismo medio, en 2014, Ester fue a Tribunales y denunció a Don Castro por violencia familiar. La causa recayó en el hoy Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar de 4° Nominación.

En esa oportunidad, se dispuso que el hombre fuera excluido del hogar. En tanto, Esther y Sara ingresaron a un programa de asistencia psicológica para Víctimas de Violencia Familiar, además de ordenar que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) relevara todo el domicilio, en relación a los chicos que allí vivían. Fue allí que la Policía secuestró un arma de fuego.

En julio de 2015, la intervención judicial fue revocada. Por lo que, Don Castro volvió con sus denunciantes.

En 2017 llegó una segunda denuncia por violencia familiar. Esther y sus hijos, Esteban e Ismael, volvieron a denunciar a Armando por agresiones, por lo que se dispuso una orden de exclusión en contra del hombre.

Otra vez el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar de 4° Nominación activó el mismo protocolo. Se les ofreció a Ester y a Sara ayuda económica para mudarse y en julio de 2017, se firmó una prórroga de la orden de exclusión en contra de Armando. En agosto, las mujeres ya no quisieron avanzar en contra de su padre y todo quedó archivado.

Hallaron dentro de un pozo los cuerpos de las hermanas asesinadas en Córdoba

LA JUSTICIA AÚN NO PUEDE DETERMINAR LOS LAZOS FAMILIARES

En la familia, hay una bebé de sólo nueve meses. Se cree que sería hija de Sara, pero los investigadores policiales sospechan que podría ser nieta de ella, hija de la adolescente de 17 años imputada de encubrimiento.

Sin embargo, hay dos niñas más, de 12 y seis años, que podrían ser hijas de Sara. Pero, no hay confirmaciones aún de los lazos entre ellos.

La fiscal de la causa, Andrea Martín, no descarta situaciones de abuso familiar y continúan investigando este extraño y perturbador entramado de relaciones.

La compañía Nickelodeon durante los últimos tiempos se ha visto en el ojo de polémica tras los múltiples denuncias y escándalos de abuso infantil, acoso a menores, pedofilia, inducción a menores en bebidas alcohólicas, conducta sexual inapropiada, por parte de algunos directivos, guionistas, etc.

Dentro de las producciones más exitosas de la famosa multinacional de entretenimiento infantil se encuentran Drake & Josh, ¡Carly, Victorius o Zoey 101.

Ex actriz de Nickelodeon revela los abusos de su niñez

Este último ha sido uno de los programas con mayor revuelo dentro de la empresa, en ella se narra la historia de Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) dentro del internado, Pacific Coast Academy (PCA) en Malibú y en donde se hace de grandes amigos como Chase Matthews (Sean Flynn-Amir), Lola Martínez (Victoria Justice), Quinn Pensky (Erin Sanders), Nicole Bristow (Alexa Nikolas) y varios más.

Esta última fue una de las primeras amigas de Zoey en PCA, sin embargo, poco tiempo paso para que saliera de manera inesperada de la serie debido a problemas con el productor, Jack Salvatore, Jr, así como con la protagonista y hermana de Britney Spears.

A más de 10 años de su salida de Zoey 101, Alexa Nikolas hizo frente a su pasado y se pronunció en contra del actuar de Nickelodeon con sus trabajadores, así como la ola de denuncias que han salido a la luz en contra de uno de los ex productores más famosos de la empresa, Dan Schneider.

Dentro de la serie de fotografías que compartió en sus redes sociales, la actriz que dio vida a Haley en The Walking Dead colgó un post donde mencionó que durante su estancia en Nickelodeon nunca velaron por ella y los acusó de abuso infantil: “Nickelodeon no me protegió”.

Estos señalamientos serían los segundos con mayor revuelo por parte de una figura pública que colaboró durante su infancia con Nickelodeon, los primeros fueron por parte de Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly.

Una publicación compartida de Alexa Nikolas (@matchthesource)

Fue el pasado 9 de agosto cuando salió a la venta para todo público una de las publicaciones impresas más esperadas por el mundo del entretenimiento, I’m Glad My Mom Died, escrito por la ex ¡Carly donde describe una serie de anécdotas de abuso, su lucha como ex actriz infantil, los trastornos alimentarios que padeció, las adicciones, su relación complicada con su autoritaria madre, y cómo retomó el control de su vida después de alejarse de la escena del espectáculo.

Dicha publicación se ha logrado posicionar a tan solo unos días de su liberación pública como uno de los grandes éxitos de las librerías, pues ha dado de que hablar a los más ávidos fanáticos de la actriz. Uno de los casos que han llamado fuertemente la atención de los medios al rededor del mundo fue cuando habló de como altos ejecutivos de Nickelodeon le ofrecieron dinero para callar los abusos que sufrió por más de un lustro dentro de la empresa infantil.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió la actriz retirada de la escena del espectáculo internacional en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider. “Interviene el gerente número 2 […] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó.

Un tribunal cuestionó un abuso sexual por la ropa “sexualmente provocativa” de la víctima

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, publicó en tercera persona y fue difundido por Variety el primer fin de semana de agosto.

En el inicio de su viaje de “peregrinación penitencial”, el Sumo Pontífice instó a tener memoria del doloroso capítulo de las escuelas impulsadas por el gobierno y manejadas por religiosos católicos o anglicanos, donde murieron al menos 6.000 menores

El papa Francisco se reunió este lunes con sobrevivientes de una antigua escuela residencial para indígenas en Canadá, para renovar el pedido de perdón por el papel que tuvo la Iglesia por más de un siglo en la violencia infligida a miles de menores de pueblos autóctonos.

“Somos racistas”: el papa Francisco critica a la UE por dividir a los refugiados

Francisco arrancó su gira de seis días en Maskwacis, provincia de Alberta, a unos cien kilómetros al sur de Edmonton, donde se encuentra la antigua escuela residencial de Ermineskin, una de las más grandes de Canadá, abierta de 1895 a 1975. Después de una oración silenciosa en el cementerio, pronunció su primer discurso, en español, ante unas 15.000 personas, entre ellas antiguos alumnos de los pensionados indígenas. El Papa pidió perdón por el “mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas” de Canadá, y lamentó la cooperación de la Iglesia en lo que calificó de “destrucción cultural.”

El papa Francisco puso nuevas normas al Opus Dei

“Llego hasta sus tierras para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación; para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes, y por ustedes (…) Lo siento. Pido perdón, en particular, por la forma en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también con su indiferencia, en proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada”, expresó el Sumo Pontífice, quien reconoció que este viaje se trata de “una peregrinación penitencial”.

“Esperaba este momento para estar con ustedes, en este lugar tristemente evocativo”, afirmó ante los fieles.

“Ustedes han vivido en estas tierras durante miles de años”, destacó el papa Francisco (@Pontifex_es) en su encuentro con la comunidad indígena de #Canadá. #25Jul#AhoraVPItv https://t.co/CXz4rk98gK pic.twitter.com/Tw5teX5Pak

— VPItv (@VPITV) July 25, 2022

Asimismo, el Papa comentó que se le pidió que devolviera unos mocasines, signo del sufrimiento padecido por los niños indígenas, que meses atrás fueron entregados al Vaticano a modo de ofrenda. “Quisiera inspirarme en este símbolo, que en los meses pasados reavivó en mí el dolor y la vergüenza. El recuerdo de esos niños exhorta a actuar para que todos los niños sean tratados con amor, honor y respeto”.

Francisco instó a seguir un camino juntos “para que los sufrimientos del pasado dejen un lugar de reconciliación”. “Es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o la muerte”.

Después, el jerarca católico estará desde las 16.30 locales (22.30 GMT) en la iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos de Edmonton, una de las más antiguas de la ciudad, reconstruida tras un incendio en 2020, y donde pronunciará un segundo discurso frente a las comunidades indígenas.

El pontífice argentino, de 85 años, arribó el domingo a Edmonton (provincia de Alberta) para una visita de seis días que ha sido muy esperada por los pueblos aborígenes locales principalmente de tres grupos: Primeras Naciones, Metis e Inuit.

Llegó en una silla de ruedas a Muskwa Park (Parque del Oso) para el encuentro del lunes con las poblaciones. Se detuvo unos minutos para orar en un cementerio en soledad. Luego, fue recibido por los líderes indígenas con cánticos y ritmos, mientras se acercaba a la multitud que lo esperaba bajo una leve llovizna y algunas ráfagas de viento.

Mientras el Papa estaba en el escenario, ingresó una larga bandera roja que llevaba los nombres de muchos niños que murieron en las polémicas escuelas administradas por la Iglesia.

En el centro de este “peregrinaje penitencial” está el doloroso capítulo de las “escuelas residenciales” para niños indígenas, un sistema de asimilación cultural que causó la muerte de al menos 6.000 menores por enfermedad, desnutrición, negligencia o abusos desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, y que creó un traumatismo en varias generaciones.

El gobierno canadiense, que ha indemnizado con millones de dólares a antiguos alumnos, se excusó oficialmente hace 14 años por haber creado estas escuelas para “matar el indígena en el corazón del niño”.

Después de que lo hiciera el gobierno, la iglesia anglicana también presentó sus disculpas. Pero la iglesia católica, a cargo de más del 60% de estas escuelas, había rehusado hacerlo hasta ahora.

Fue el pasado mes de abril que todo cambió, cuando el papa Francisco presentó excusas en el Vaticano y había prometido venir a Canadá. Por lo que ahora miles de indígenas esperan a que el Pontífice reitere las disculpas, esta vez en su territorio.

“Viaje de sanación”

“Espero que esta visita sea el inicio de un cambio en la historia (…) y una forma de comenzar nuestro viaje de sanación”, declaró George Arcand Jr., gran jefe de la Confederación de Primeras Naciones del Tratado n. 6, a la televisión pública canadiense.

En abril, el Santo Padre había presentado por primera vez sus excusas en el Vaticano por el rol jugado por la Iglesia en los 130 pensionados indígenas del país, lamentando la “colonización ideológica” y la “acción de asimilación” de la que “tantos niños fueron víctimas”.

Alrededor de 150.000 niños indígenas fueron matriculados a la fuerza en estos centros, donde fueron separados de sus familias, de su lengua y de su cultura y a menudo fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

Canadá está abriendo paulatinamente los ojos a este pasado calificado como “genocidio cultural” por una comisión nacional de investigación. El descubrimiento de más de 1.300 sepulturas anónimas en 2021, cerca de dichos centros, provocó una ola de rechazo.

Esperada por mucho tiempo, la visita papal suscita esperanza entre algunos sobrevivientes y sus familias. Muchos esperan también gestos simbólicos, como la restitución de objetos de arte indígenas conservados en el Vaticano desde hace décadas.

El martes, el papa celebrará una misa en el estadio Commonwealth de Edmonton donde unas 65.000 personas son esperadas, antes de dirigirse al lago Sainte-Anne, sitio de una importante peregrinación anual. El miércoles visitará la ciudad de Québec antes de la última etapa del viaje, el viernes en Iqaluit (Nunavut), ciudad del norte canadiense en el archipiélago ártico.

Debilitado por dolores en las rodillas, el jesuita argentino se presentó el domingo en silla de ruedas pero sonriente durante su llegada a Edmonton. Su agenda fue acomodada para evitar grandes desplazamientos por su estado de salud, según los organizadores.

La Cámara de Apelaciones de la Sala I de Morón hizo lugar a un recurso presentado por la querella sobre el cómputo de la pena del padre Grassi y se decidió que el sacerdote saldrá en libertad recién en 2028, el fallo extiende por dos años más su permanencia en la cárcel.

La resolución se dictó este martes y determinó que la pena impuesta a Grassi vencerá el 30 de mayo de 2028 en lugar del 7 de agosto de 2026. El abogado de la querella, Juan Pablo Gallego, presentó un recurso por el “mal calculo de la pena”, ya que la misma “no rige desde el 23 de octubre del 2002 -día en que Grassi se profugó- por lo que no le cabe el beneficio del 2 por 1”.

El padre Grassi pidió prisión domiciliaria por el riesgo de contagiarse coronavirus

En 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón condenó a 15 años de prisión a Grassi solo por el caso de Gabriel y lo absolvió de las otras dos acusaciones. En 2013, la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena y el Tribunal ordenó su detención por considerarlo “autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí, que a su vez concurren idealmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda, cometidos en perjuicio de un menor”.

En ese momento, se computó la pena y el cura fue beneficiado con el 2×1, beneficio que el querellante apeló y que fue derogado este martes.

Finalmente, el padre Grassi entregó su muestra de ADN para el registro de violadores

El abogado dijo que el recurso contra el cómputo del tiempo que debía permanecer Grassi en prisión lo presentó hace un año porque, en el momento en que el tribunal que lo condenó “trazó la pena e incluyó fechas erradas al contabilizar días en los cuales estuvo en libertad”. Y especificó: “Por ejemplo, la del 23 de octubre de 2002, ese día, Grassi se escapó de un canal de televisión en el baúl de un vehículo. Sin embargo, ese día estaba computado como vivido en prisión”.

Docentes de la Escuela Nuestra Señora de Itatí nucleados en Sadop decidieron suspender las clases hasta el martes 21 próximo tras el tiroteo del lunes

Creer que todo empezó la semana pasada en calle Clavel al 7200 es un gesto de insensibilidad o ceguera: es no conocer barrio Las Flores, ni sus legendarias urgencias y tragedias. La semana pasada la comunidad escolar de la Escuela N° 1257 se movilizó por el robo número 15 que dejó a los 450 escolares y docentes sin agua. A los dos días, a pocos metros y por la misma calle, en el jardín N° 80 una pueblada con cascotes, balas de gomas de la policía y heridos fueron una crónica lamentable viralizada por las redes tras la denuncia de un supuesto abuso de un docente a una niña. Y este lunes, a unas cuadras, en Las Flores Sur, se vivió un tiroteo frente a la escuela privada que depende del Arzobispado, Nuestra Señora de Itatí (Flor de Nácar 7002), con más de 700 alumnos y 100 docentes.

“Este no es un caso aislado, son unas 30 las escuelas ubicadas en sectores vulnerables de la ciudad y que deben enfrentar distintos tipos de violencia y echar mano a protocolos para actuar en momentos críticos y resguardar a la población escolar”, dijo el representante de las cien escuelas parroquiales, Walter Van Meegrot, en diálogo con La Capital.

Estudiantes de Rosario se filmaron robando un poste de estacionamiento medido

Los 450 alumnos de la Escuela N°1.257 están sin clases tras el robo de las bombas de agua Lo cierto que hoy cuatro escuelas, las tres en nombradas más una especial, siguen sin clases en ese castigado rincón del sur de la ciudad, donde no solo maestros y chicos comparten clases, sino también se come. “Los docentes decidimos no volver a clases hasta el martes, tomarnos unos días para que se ajuste el protocolo y pensar cómo trabajar con los chicos estos temas cuando retomemos la supuesta normalidad”, dijo el maestro y delegado de Sadop, Darío Gauna, quien se crió en el barrio.

Ante el panorama, el ministerio de Educación provincial armó una mesa interministerial para buscar salidas a conjuntas en todos los frentes. Estuvieron presentes los ministros de Salud, Trabajo, Desarrollo Social, Gobierno y Seguridad. Así lo confirmó el delegado Regional de la cartera, Osvaldo Biagiotti.

“Es la cuarta instancia que convocó la ministra, los procedimientos están y las escuelas saben cómo usarlos: cuando hay vulneración de derechos, un hecho extremo de violencia o presunto delito o si la familia no denuncia se sabe qué hay que hacer. Eso está aceitado, pero hay que revisar siempre porque está en juego la responsabilidad de todos los adultos, con esto no se juega y nadie encubre nada desde la cartera, por el contrario, estuvimos desde el primer momento en cada caso, más allá de las críticas gremiales”, dijo el funcionario. “Estamos ajustando todo lo necesario para darles más efectividad a las escuelas ante estos casos extremos y sumar referentes de todos los ministerios”.

Biagiotti aseguró que este lunes funcionarios ministeriales estuvieron personalmente “con la directora y la maestra de la nena cuya madre denunció haber sido víctima de abuso; está mal emocionalmente y este martes dialogará con ella una psicóloga y si necesita una licencia especial la tendrá. Ayer también un equipo socioeducativo estuvo con la familia de la nena y con los abogados de Amsafé y el del ministerio evaluamos los pasos a seguir judicialmente”.

“El viernes las supervisoras estuvieron en el jardín desde las 17 a las 23. Digo esto para que se sepa que estuvimos, como debe ser”.

Rosario: un alumno robó en su propia escuela y amenazó de muerte a la directora

Diferencia entre pueblada y tiroteo

El lunes no fueron pocas las voces que metían todo en la misma bolsa. “Otra pueblada en una escuela de Las Flores”, se escuchó y leyó por las redes. Pero docentes, directivos y representantes gremiales dejaron en claro que no se replicó en la escuela Nuestra Señora de Itatí lo que había ocurrido el viernes pasado en el Jardín N° 80.

“Hoy, a la salida, a las 17.15 se armó un tiroteo en la puerta entre dos personas. Varias maestras que esperaban el colectivo tuvieron que entrar y otros grupos que estaban por salir, resguardarse. Llegó la policía y se le pidió a la supervisora si podíamos volver a contar con un patrullero en la puerta”, dijo Sandra Medina, docente de la escuela y delegada del gremio que nuclea a los y las docentes particulares (Sadop).

Van Meegrot, representante de esta escuela parroquial y de otras 99 en Rosarios, dijo que “lamentablemente” los protocolos de seguridad por balaceras ya se debieron poner en práctica el año pasado, por la “inseguridad propia de Rosario”.

Luis Vilardell era oriundo de Formosa y murió en el cerro Tolosa. Se autodefinía como montañista apasionado y dejó un sueño por completar

Pese a su amplia experiencia en la montaña, las condiciones climáticas hicieron que Luis Vilardell sufriera un accidente y muriera tras caer por un precipicio de 400 metros en el cerro Tolosa, ubicado en Mendoza. En su sitio oficial, el andinista resaltaba su pasión por la naturaleza, la altura y un sueño profesional que deseaba realizar de manera grupal en la Patagonia.

Mientras ascendía por la pared Enana del cerro Tolosa, lindero al Aconcagua, una fuerte ráfaga de viento empujó a Vilardell y lo hizo caer a una canaleta. En ese momento, Bernardo Baena, uno de sus tres colegas, se acercó al lugar y al divisar el cuerpo descubrió que estaba muerto. Por tal motivo, inició el descenso para pedir ayuda.

Rescatan a 6700 metros de altura a un andinista que se descompensó en el Aconcagua

Si bien el trágico hecho se produjo el pasado sábado, el martes Baena fue encontrado por los andinistas Diego MacDougall y Nicolás Dios, quienes lo socorrieron debido a que se encontraba con principio de congelamiento e hipotermia. Tras ser hospitalizado en Uspallata, los médicos lograron estabilizarlo y relató cómo ocurrió el trágico accidente.

Tanto Vilardell como Baena estudiaron en la Escuela de Guía de Montaña en Mendoza y conocían la dificultad que implicaba el ascenso que estaban realizando. Si bien Luis era andinista y guía profesional, las condiciones climáticas y el fuerte viento provocaron su caída desde unos 400 metros. Debido a las graves lesiones del impacto, el hombre murió en el lugar. Ahora, es recordado por su valentía y pasión por su profesión, de hecho, consideraba que “un día en la montaña es un día ganado”.

La víctima de 35 años era oriundo de Formosa y decidió alejarse del calor de su provincia para dedicarse a su pasión por las montañas, informó Mendoza Post. Por tal motivo, se formó como guía profesional de trekking de montaña y contaba con la certificación de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking y era miembro de la Asociación Argentina de Guías Profesionales.

En su sitio web, Vilardell detallaba que también era técnico de Emergencias Médicas Agreste por la Fundación EASPA y obtuvo el nivel 1 de nieve y avalancha en la Association Nationale Etude Neige et Avalanches. Más allá de trabajar en Grajales Expeditions Aconcagua, también contaba con un emprendimiento propio llamado Oxigenar Expeditions donde ofrecía servicios de ascensos en distintas montañas del país.

Más allá de las certificaciones o títulos, Vilardell se autodefinía: “Antes que guía de trekking de montaña soy montañista”. Y al hablar sobre su pasión por la naturaleza, remarcó que fue en las montañas donde encontró su “refugio, me encontré más a mi mismo, a gente muy querida y sobre todo encontré la satisfacción que estaba buscando y que no conseguía en la ciudad”.

Falleció un andinista ruso mientras escalaba el Aconcagua

“Amo las montañas por su belleza intrínseca, sus formas, tamaños y colores, pero también porque presentan retos físicos y psicológicos a superar, que te llenan completamente el corazón no sin antes realizar el esfuerzo requerido”, describió en su presentación. De hecho, el andinista no solo realizó el ascenso de diversas montañas del país, sino que subió tres veces al Aconcagua y varios ascensos “desde Ushuaia hasta el Bolsón, pasando por Chaltén”.

Vilardell vivió en El Bolsón y mantenía un sueño intacto en relación a su profesión. Motivado por su pasión por las montañas de todo el país, su deseo era armar junto a un grupo de amigos guías “un red que va hasta Ushuaia para brindar servicios en otras montañas de Argentina”. De esa manera, deseaba acercar y fomentar la actividad del montañismo en toda la Argentina y a partir de guías profesionales dado que la montaña es un “lugar extraordinario y caótico. Cada una de ellas presentan sus peligros objetivos”, planteaba.

El actor volvió a apostar al amor con una joven de 23 años, bailarina de Pasión de Sábado, y ya blanquearon su relación.

Fabián Gianola parece haber encontrado la luz en medio de la oscuridad. El actor volvió a apostar al amor y está en pareja con una joven, con quien blanquearon su relación en redes sociales en medio del escándalo judicial y mediáticos por as denuncias que el actor recibió por acoso y abuso sexual.

Renunciaron las abogadas de Fabián Gianola

Fabián Gianola parece haber encontrado la luz en medio de la oscuridad. El actor volvió a apostar al amor y está en pareja con una joven, con quien blanquearon su relación en redes sociales en medio del escándalo judicial y mediáticos por as denuncias que el actor recibió por acoso y abuso sexual.

Nito Artaza dijo que su hija Sabrina fue “víctima” de Fabián Gianola

Allegados aseguran que Gianola está en su peor momento. Está sin trabajo y muchas de las personas de su entorno lo abandonaron luego de haber sido denunciado por varias mujeres del medio y la empleada doméstica de un vecino.

Hasta su novia, Nora Kriegshaber, con quien estuvo en pareja algunos meses el año pasado. La mujer lo dejó y le dio la espalda luego de ver varios mensajes con otras mujeres y denuncias que el actor tenía relaciones paralelas.

Aunque en el último tiempo encontró una compañía en Florencia Elizabeth, una joven con quien viajó a las Cataratas del Iguazú para pasar el Día de los Enamorados, según reveló Ulises Jaitt en su ciclo radial, El show del regreso (Radio Ensamble).

Sobre su relación, cómo y dónde se conocieron no hay datos. Aunque se conoce que Florencia tiene 23 años, es una de las bailarinas de Pasión de Sábado y da clases de Zumba.

A ambos se los vio muy enamorados en las fotos que la joven subió a sus redes. Ella y Gianola viajaron a las Cataratas del Iguazú, destino que eligieron para celebrar San Valentín juntos.

Fue a principios de febrero que Nito Artaza reveló que Sabrina, su hija, era otra víctima de acoso de Fabián Gianola. Precisó que el hecho ocurrió en 2018, cuando los dos trabajaron en la obra de teatro “Entretelones”. La joven de 35 años se lo contó primero a su papá y ahora lo contó en los medios.

En aquel momento, Sabrina renunció al elenco por un viaje que tenía programado a Francia junto a su pareja. Y ahora, desde allá, habló del tema en el mismo ciclo de chimentos de chimentos que ahora cuenta con la conducción de Flor de la V.

“Le escribí un mensaje a mis compañeros de ‘Entretelones’ para explicarles lo incómoda que yo me sentía en ese momento. Y calculo que les habrá sorprendido, porque yo me veía muy feliz, muy contenta en ese momento, que lo estaba, de hecho”, contó la actriz en una videollamada desde Francia.

En cuanto a cómo era trabajar con Gianola, comentó: “Siempre me sentí incómoda con él, que me sentí intimidada. Siempre fue medio baboso, desde que lo conocí como productora. Siempre tenía palabras conmigo que yo no sabía cómo contestar. Yo ponía sonrisitas, como quien se ríe de un chiste malo, dejaba pasar y listo… En ese momento estaba pasando un súper buen momento personal, laboral, estaba re contenta con mi personaje”.

“‘Sos divina, sos dulce, sos linda, sos buena actriz, buena persona’, de una forma excesiva y sin necesidad. Es un hombre que se te queda mirando como esperando algo, que te relojea de arriba abajo, que incluso se toma el atrevimiento de querer acariciarte, hacerte un masaje, pasarte la mano por la cintura, agarrarte la cintura, agarrarte los cachetes como si fueras una nena… Está mal”, resaltó.

El Papa Francisco ha dispuesto una reforma de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe para, entre otras cosas, agilizar los procesos acerca de temas disciplinarios, como los casos de abusos que arrollan a la Iglesia.

El pontífice ha redactado el “motu proprio” (documento papal) “Fidem servare” (Servir fielmente) para modificar la estructura interna de esta Congregación que se encarga de velar por la fe y que actualmente está en manos del jesuita español Luis Ladaria Ferrer, su prefecto.

El texto, divulgado hoy por la Santa Sede pero datado el 11 de febrero, separa claramente las dos competencias del organismo:

Francisco no alude específicamente en el documento a los casos de abusos sexuales a menores que sacuden la Iglesia. pero la restructuración del antiguo Santo Oficio tiene mucho que ver con ello, pues los casos llegan a sus estancias desde todo el mundo.

La reforma establece que el prefecto de la Congregación estará asistido por un secretario al frente de cada una de las dos secciones de este ente, heredero de la Inquisición medieval.

La parte disciplinar se ocupará de gestionar todos los delitos tratados por la Congregación mediante la jurisdicción del Tribunal Supremo Apostólico, y es aquí donde entra la espinosa cuestión de los casos de abusos sexuales o de poder por parte de clérigos.

“La muerte no es un derecho”: Italia debate la eutanasia y el papa Francisco se opone

El pasado diciembre, Francisco promulgó una nueva versión de las “normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, es decir, “los delicta graviora”, que perjudican de forma particular a la Iglesia Romana.

Y el 11 de octubre de 2021 había reescrito los delitos por los que la Doctrina de la Fe podría juzgar a cardenales, patriarcas, legados apostólicos y obispos, entre otros miembros de la alta jerarquía.

El artículo 6 de este “vademécum” establece como “grave delito contra la decencia” la violación del Sexto Mandamiento (“No cometerás actos impuros”) por un clérigo contra un menor de dieciocho años o personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

Aclara además que “la ignorancia o el error por parte del clérigo sobre la edad del menor constituye un atenuante” en el juicio.

La Doctrina de la Fe también juzga “la adquisición, posesión, exhibición o divulgación, con fines libidinosos o de lucro, de imágenes pornográficas de menores” por parte de un clérigo.

El Papa, separando las dos vías de la Congregación, la disciplinar y la doctrinal, agiliza los procesos: “Para que se pueda promover una recta administración de la justicia”, escribe Francisco.

Es decir, cada sección, dotada de un secretario propio, tendrá una mayor autonomía y, presumiblemente, se agilizarán los procesos por abusos, a los que sin embargo Francisco no alude en el texto.

Esto debido a que los numerosos casos contra sacerdotes, sobre todo de abusos a menores, estaban acumulando retrasos.

Otros “delicta graviora” que podrán ser tratados son los cometidos contra la fe, como la herejía, la apostasía o el cisma; contra la Eucaristía, como la profanación o el sacrilegio, o contra la Penitencia, como escuchar confesiones sin permiso u ordenar mujeres.

La otra sección, la doctrinal, se ocupa de cuestiones que tienen que ver con la promoción y protección de la doctrina, de la fe y de la moral, y favorece los estudios pertinentes para difundir el catolicismo en todo el mundo, para la evangelización.

Este apartado de la Congregación tendrá la tarea de estudiar los documentos publicados por otros organismos de la Curia romana y de los textos u opiniones “problemáticos” para una fe “recta”.

Francisco sigue inmerso en la solución del mayor desvelo para la Santa Sede, los escándalos de abusos surgidos a lo largo y ancho del planeta, en Chile, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Irlanda o Polonia.

“Es el momento de la vergüenza”, aseguró el pontífice en la audiencia general del 6 de octubre, en referencia a la “incapacidad de la Iglesia” de gestionar los casos de pedofilia.

Un problema que incluso ha turbado el retiro del papa emérito Benedicto XVI, señalado por otra investigación en la diócesis de Múnich y que asegura que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pedófilos cuando era arzobispo allí.

Incidente en audiencia del papa Francisco: retiran a un hombre irrumpió a los gritos

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, ha confesado Ratzinger, de 94 años.

Benedicto XVI dice que fue “profundamente doloroso” ser etiquetado de mentiroso debido a su “descuido” en un testimonio.

El papa emérito Benedicto XVI pidió perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido.

Su declaración se dio a conocer en una carta, publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich.

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, subraya Benedicto XVI.

El papa emérito Benedicto XVI fue acusado de inacción en cuatro casos de pedofilia

Joseph Ratzinger, de 94 años, añade en la misiva que “tanto más grande es mi dolor por los abusos y errores que han ocurrido durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares” y asegura que es necesario, por parte del clero, “el momento de la confesión”. Asimismo añade: “Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas”.

“En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia”, admite.

“Un descuido”

A pesar de su petición de perdón, Benedicto XVI niega en otro documento, publicado también hoy por sus colaboradores, cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.

En su carta, Ratzinger empieza defendiendo el “gigantesco” trabajo en la redacción del documento de respuesta a la investigación que entregó en su momento a los investigadores y explica que “se produjo un descuido” sobre su participación en el Ordinariato (reunión de obispado de Múnich y Freising) del 15 de enero de 1980.

Benedicto culpa de los abusos sexuales del clero a la revolución sexual de los ´60

En aquella reunión, según la investigación, se trató el traslado de un sacerdote acusado de abusos a menores, Peter H., quien después volvió a cometer abusos en la archidiócesis de Múnich, lo que motivó que fuera trasladado de nuevo. En un principio, Benedicto XVI aseguró que él no había participado en esa reunión, pero después se retractó de esta declaración y explicó que se había tratado de un error.

“Este error, que desgraciadamente se ha producido, no ha sido intencionado y espero que sea disculpable”, escribe el papa emérito, quien añade que le ha “sorprendido profundamente” que el descuido haya hecho dudar de su veracidad y que incluso le hayan presentado “como un mentiroso”, al tiempo que destacó haber recibido numerosas cartas de apoyo y las oraciones del papa Francisco.

Benedicto XVI concluye la carta diciendo: “Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y miedo, sin embargo, tengo un estado de ánimo alegre porque confío firmemente en que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias y es, por tanto, como juez, al mismo tiempo mi abogado”.

El papa Francisco afirmó este miércoles que aquellos que tienen responsabilidades educativas en las familias, parroquias y lugares recreativos y deportivos tienen el deber imprescindible de proteger a los jóvenes de los abusos.

Francisco hizo este llamamiento al final de la audiencia general de este miércoles al recordar que mañana la Iglesia católica italiana celebra la primera jornada de oración por las víctimas y supervivientes de los abusos.

El papa Francisco habló de los abusos de menores en Francia: “Siento vergüenza”

Y agregó entonces que es “un deber imprescindible” de quienes “tienen responsabilidades educativas en las familias, en las parroquias, en las escuelas y en los lugares recreativos y deportivos, proteger y respetar a los adolescentes, a los chicos que se les confían, porque en estos lugares es donde suceden la mayoría de los abusos”.

Recientemente, el papa urgió a “una formación renovada” de todos los religiosos que trabajan con niños para prevenir que se vuelvan a repetir los casos de abusos de menores y de poder, en un mensaje enviado a un encuentro sobre la defensa de los menores en la época de la COVID-19 organizado por la comunidad Papa Juan XXIII.

Francisco instó a “hacer todo lo posible para crear una cultura capaz de evitar que tales situaciones no sólo no se repitan, sino que no encuentren espacio para ser encubiertas y perpetuadas”, como ya había escrito en su carta al Pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018.

Sobre la lucha contra la pederastia en la Iglesia, el pontífice explicó que se trata de un viaje que todos deben hacer “urgidos por el dolor y la vergüenza de no haber sido siempre buenos custodios, protegiendo a los menores que nos han sido confiados en nuestras actividades educativas y sociales”.

“Algunos me querían muerto”, denunció el papa Francisco

Retrocesos en la paz y justicia globales

Este miércoles, el Papa también hizo hincapié en las “numerosas contradicciones del sistema económico y político” que se han hecho evidentes con “la crisis” de la pandemia mientras que denunció la “tendencia a retroceder” en los compromisos de paz y justicia globales.

“La crisis actual ha revelado numerosas contradicciones del sistema económico y político, mientras persisten desafíos no resueltos que requieren el compromiso conjunto de muchos actores”, dijo el pontífice en su discurso a los participantes del encuentro mundial de las Comisiones de Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales de todos los países que ha organizado el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

Se trata de una cita virtual que se estructura en torno al rol de las Iglesias locales al servicio del desarrollo humano integral en la era (post) Covid y que tiene en cuenta los desafíos actuales y las perspectivas para el futuro a la luz de las encíclicas ‘Laudato si’ y ‘Fratelli tutti’ que concluye este jueves.

Francisco señaló que el contexto actual está caracterizado por la “crisis sanitaria y social” que ha provocado la pandemia de Covid-19 y los “viejos y nuevos focos de conflicto” que están abiertos en tanto que se tiende a “retroceder en los compromisos adquiridos tras las “enormes tragedias del siglo pasado”.

El Papa pidió a los entes eclesiales locales que actúen con “esperanza”, “determinación” y “creatividad” y a buscar alianzas con otras comunidades de fe, así como con las autoridades civiles regionales e internacionales.

Para el Papa la justicia y la paz solo se pueden construir a través de dos caminos que son “el cuidado de la casa común” y la “fraternidad y amistad social”. “Dos caminos que se originan en el Evangelio de Cristo” – dijo el Papa- que también reconoció que para lograr que se hagan realidad “se puede caminar junto a muchos hombres y mujeres de otras confesiones cristianas”, “de otras religiones” e incluso junto a personas que no cuentan con “una afiliación religiosa específica”.

El papa Francisco expresó “vergüenza” por sí mismo y por la Iglesia católica ante la magnitud de los abusos sexuales contra menores dentro de la institución en Francia y reconoció errores a la hora de priorizar las necesidades de las víctimas.

El Sumo Pontífice se expresó de esta manera en su audiencia general semanal en el Vaticano, reportan medios internacionales. El reporte se conoció este martes y estimó que unos 330.000 menores franceses fueron víctimas de abusos por parte de sacerdotes y otras figuras con autoridad en la jerarquía eclesiástica desde la década de 1950.

Escándalo en la OMS: empleados cometieron más de 80 abusos sexuales en África

“Desafortunadamente, hay un número considerable. Me gustaría expresar a las víctimas mi tristeza y dolor por el trauma que sufrieron”, dijo Francisco. El papa argentino añadió: “Esto es además mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones”. Además, solicitó que todos los obispos y superiores religiosos tomen todas las acciones necesarias “para que no se repitan dramas similares”.

Según el reporte, un estimado de 3.000 sacerdotes y un número indeterminado de personas relacionadas con la Iglesia abusaron sexualmente de menores. Como ha ocurrido en otros lugares, la Iglesia gala ha tenido que enfrentarse a los vergonzosos secretos que escondió durante décadas.

El Vaticano reforma sus leyes para castigar abusos contra menores y adultos

El presidente de la comisión independiente que publicó el reporte, Jean-Marc Sauvé, destacó el martes que las autoridades católicas francesas habían ocultado los abusos cometidos a lo largo de 70 años de una “forma sistemática”. Las víctimas acogieron con agrado un informe que creen que debería haber llegado mucho antes y el presidente de la Conferencia Episcopal francesa les pidió su perdón.

Tres obispos de Argentina junto a otras autoridades eclesiásticas fueron denunciados ante el Vaticano por encubrir abusos sexuales por parte de sacerdotes, en lo que constituye la primera presentación de este tipo desde que el papa Francisco reformó el Código Canónico, informó hoy el abogado de la víctima.

Se trata de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, junto a su auxiliar, Marcelo Mazzitelli, y el obispo de La Rioja, Dante Braida, quienes fueron denunciados por Nicolás Bustos, en la causa conocida como Cristo Orante.

Además de los tres obispos, la denuncia ante el Vaticano abarca a Ricardo Medina, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y a los presbíteros Ricardo Poblete y Mario Panetta, de la Arquidiócesis de Mendoza.

En su escrito, presentado el pasado 1 de junio, el mismo día en que fue anunciada la reforma del Código Canónico, Bustos pidió al Vaticano que “se los investigue y determine las eventuales responsabilidades” en el encubrimiento de los supuestos abusos de los que fue víctima cuando era menor y estudiaba para monje en el Monasterio del Cristo Orante, en Tupungato, Mendoza.

El caso se conoció en enero de 2019, cuando Bustos denunció en la justicia penal a Diego Roque y Oscar Portillo, dos de las autoridades del monasterio, ubicado en el valle de Uco y cerrado por decisión del arzobispado tras el escándalo.

Ahora, el joven, quien aseguró haber sido víctima de los abusos durante cinco años, pidió al Vaticano que “se investiguen por las acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir la investigación canónica, administrativa y/o penal” por parte de Portillo, ya que Roque sí está bajo investigación canónica en el tribunal interdiocesano de Buenos Aires.

La misma presentación fue realizada ante la Nunciatura apostólica de Buenos Aires, sede del Vaticano en el país.

Es que el pasado 1 de junio, el Papa Francisco presentó una reforma del Código de Derecho Canónico, la primera y más profunda en cuarenta años, que agrava las sanciones contra los sacerdotes abusadores y define a la pederastia como “un delito contra la dignidad humana”.

Pero además, equipara algunos casos de abusos a mayores de edad con la misma gravedad que los cometidos contra menores, en una medida que apunta a evitar los ataques dentro de los seminarios.

Por último, la reforma impone “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, es decir, busca limitar la discrecionalidad de los obispos a la hora de investigar y sancionar los abusos.

“Entendemos que hubo negligencia por parte de los obispos en interferir o en obstaculizar este tipo de investigaciones. Bergoglio se jacta de de ser transparente a la hora de investigar los abusos, bueno, lo ponemos a prueba, más allá de que nosotros mantenemos nuestro escepticismo”, le dijo a Télam Carlos Lombardi, abogado de la víctima y especialista en Derecho Canónico.

Entre las pruebas aportadas figuran las actas de las entrevistas que el anterior arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, tuvo tanto con la víctima como con Portillo.

Allí, según consta en esa documentación, Portillo reconoce “haber tenido conductas inapropiadas en lo afectivo sexual que ha querido ‘blanquear’ con la comunidad y Nicolás siempre se opuso. Le recuerdo que al ser él el superior, tiene la mayor responsabilidad y queda marcada la relación para siempre”.

En otro tramo agregó que le agradece “la apertura y confianza” a Portillo por su confesión y lo invitó “a tomarse todo el tiempo que haga falta para dilucidar esta situación”.

Además, aunque Bustos denunció una violación, en el acta de la reunión con Franzini sólo se habla de “tocamientos y besos”.

Si bien lo que se estaba denunciando era un abuso sexual, Franzini, fallecido en 2017, resolvió “amonestar paternalmente al presbítero Oscar Portillo exhortándolo a cuidar con prudencia sobrenatural y una conducta consecuente su vocación sacerdotal y monástica”, según consta en la presentación ante el Vaticano.

Por esta razón, en el escrito entregado ante la Santa Sede, el abogado de la víctima sostuvo que “estas graves irregularidades forman parte del abuso de poder y manipulación de la extinta autoridad eclesiástica contra el Sr. Bustos Norton y prueba cómo el Arzobispado de Mendoza no es la primera vez que manipula y revictimiza a las víctimas de abuso sexual”.

En otro tramo, Lombardi agregó que con la amonestación que recibió Portillo por parte de la Iglesia, queda claro que “se banalizaron hechos gravísimos como los abusos sexuales denunciados y que el obispo Franzini supo en todo momento que los hechos denunciados constituían delitos”.

Los abusos habrían sido cometidos entre 2009 y 2015. Fue el 17 de junio de ese último año que Bustos recurrió a Franzini para denunciar lo que ocurría en el seminario. En marzo de este año, casi seis años después de aquel encuentro, el arzobispado de Mendoza resolvió sancionar a Portillo y le prohibió por cinco años “el ejercicio presencial o virtual del ministerio presbiteral, lo cual incluye expresamente presidir celebraciones eucarísticas u otras sacramentales, con participación de fieles, el ejercicio del ministerio de la palabra en cualquiera de sus formas”.

Sin embargo, aclaró que “no es una causa por abuso sexual ni tiene relación con los juicios que llevan adelante desde diciembre de 2018, la Justicia mendocina y el Tribunal eclesiástico de Buenos Aires, respectivamente”.

El papa Francisco ha reformado el Libro VI del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia Católica y ha establecido que los abusos a menores son delitos contra la dignidad de las personas, informó el Vaticano.

Este es uno de los siete libros que forman el Código de Derecho Canónico y su modificación entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre. “Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia (católica) en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por san Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, con el Código de Derecho Canónico”, explicó el pontífice.

El trabajo de revisión se inició en 2007 con el papa emérito Benedicto XVI y concluye ahora, con un texto que “introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas”, en palabras de Francisco. También se ha mejorado “desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal, una determinación más precisa de las penas”.

Ahora se ofrecen “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación de las penas, “especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en la comunidad”, añade el pontífice.

Reconoce el abuso contra adultos y ataca la discreción

Los cambios más significativos están contenidos en dos artículos, 1395 y 1398, que tienen como objetivo abordar las principales deficiencias en el manejo del abuso sexual. La ley reconoce ahora que también los adultos pueden ser victimizados por sacerdotes que abusan de su autoridad, y establece que los laicos con responsabilidades en la iglesia pueden ser castigados por abusar de menores o de adultos.

Por primera vez, la ley de la iglesia reconoce además oficialmente como criminal el “grooming” o engaño utilizado por los depredadores sexuales para establecer relaciones con sus víctimas (vía chat de Internet, por ejemplo) para luego explotarlas sexualmente.

La ley también elimina gran parte de la discreción que durante mucho tiempo había permitido a obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando claro que pueden ser considerados responsables de omisiones y negligencia al no investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados.

Desde que se emitió el código de 1983, abogados y obispos se quejan de que era completamente inadecuado para hacer frente al abuso sexual de menores, ya que requería juicios que consumían mucho tiempo. Las víctimas y sus defensores, mientras tanto, han argumentado que dejaba demasiada discreción en manos de obispos con interés en encubrir a sus sacerdotes.

Protesta contra el abuso sexual de sacerdotes católicos contra menores en EE. UU. (archivo, 2013).

En este marco, se incorporan también al Código delitos tipificados en los últimos años en leyes especiales, como el intento de ordenación de mujeres, el registro de confesiones y la consagración eucarística con finalidad sacrílega.

Lo mismo ocurre con algunos casos presentes en el Codex de 1917 que no fueron aceptados en 1983, como la corrupción en actos oficiales, la administración de sacramentos a sujetos a los que no se les pueden administrar, el encubrimiento a la autoridad legítima de cualquier irregularidad o censura en la recepción de las órdenes sagradas.

A todos ellos, se añaden algunos casos nuevos, como la violación del secreto pontificio, la omisión de la obligación de ejecutar una sentencia o decreto penal o la omisión de la obligación de notificar la comisión de un delito.

El texto contiene una determinación de las leyes penales que antes no existían, para poder dar una indicación precisa y segura a quienes deben aplicarlas. Los delitos están mejor especificados, se distinguen aquellos que antes estaban agrupados, las sanciones se enumeran de forma exhaustiva y se detallan parámetros de referencia en todas partes para orientar las evaluaciones de quienes tienen que juzgar las circunstancias concretas.

La modificación aprobada busca proteger a la comunidad y prestar mayor atención a la reparación del escándalo y la indemnización por daños, pero también disponer de los medios necesarios para prevenir delitos, y poder intervenir a tiempo para corregir situaciones que pudieran agravarse, según el Vaticano.

Se ha establecido la posibilidad de aplicar la pena de suspensión a todos los fieles, y ya no solo a los clérigos, y también se ha cambiado el plazo de prescripción de delitos, con el fin de favorecer la conclusión de los procesos en un tiempo razonablemente corto.

El violento crimen ocurrió en julio de 2018 y conmocionó a la sociedad rusa. Las acusadas son las jóvenes María de 17 años, Angelina de 18 y Krestina Khachaturyan de 19 años, quienes admitieron haber matado a su padre después de que éste las sometiera a años de abusos físicos, mentales y sexuales.

En estas últimas semanas, la Justicia rusa las acusaba de planificar la muerte de su padre. El cargo era por “conspiración para asesinar en grupo”, con una pena que tiene entre 8 y 20 años de cárcel. Ahora, esa situación podría cambiar. 

Así se debe a que el Comité de Investigación abrió este mes una causa penal contra su difunto padre, Mikhail Khachaturyan, por cargos de agresión sexual, coacción para realizar actos sexuales y tortura. 

Alexei Parshin, uno de los abogados de las hermanas Khachaturyan, declaró a The Moscow Times que espera que este hecho haga que se retiren los cargos. Si su padre es declarado culpable, “esto es una prueba más de que fueron agredidas repetidamente a lo largo de varios años y de que su vida y su seguridad estuvieron en peligro”, dijo Parshin.https://2bb7f43fb8fad9187fb8e65d3597bba1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

“La investigación ya estableció que sufrieron graves daños corporales. Esto nos señala el estado de legítima defensa necesaria en el que se encontraban. Si estaban en estado de legítima defensa necesaria, no pueden ser declaradas culpables y el caso contra ellas debe ser retirado”, agregó.

Las defensoras de los derechos de las mujeres, en tanto, dicen que las hermanas deben recibir rehabilitación psicológica en lugar de una sentencia de prisión y exigen que el padre sea juzgado en forma póstuma, algo que podría ocurrir. 

Según los medios rusos, las hermanas habían planeado matar a su padre y lo atacaron cuando estaba en su sillón: la menor lo apuñaló al menos 35 veces. La segunda de las hermanas empleó un martillo para romperle el cráneo, mientras que otra le tiró gas en la cara.

Al parecer los abusos comenzaron cuando las jóvenes aún eran unas niñas y la madre de ellas escapó por miedo a ser asesinada. 

Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que Khachaturyan había puesto cámaras en la casa para así vigilar a la distancia a sus hijas cuando él no estaba.

Además informaron que las jóvenes mujeres relataron que una vez el hombre les pidió que cepillaran a su perro, y después las obligó a comerse el pelo del animal mientras él miraba.

Las dos hermanas mayores, Krestina y Angelina, serán juzgadas juntas por asesinato. María, que era menor de edad en el momento del asesinato, fue acusada después de cumplir 18 años y es juzgada por separado del mismo cargo.

Dos abogados presentaron una cautelar. Consideran que el traslado por la fuerza de integrantes de poblaciones aborígenes a centros de aislamiento, sin informar a sus familias donde están, configura el delito de “desaparición forzada” de personas.

“Entiéndase bien Sres. Jueces, lo que ocurre es equivalente a que mañana aparezcan personas hablando en Persa (asumo que ninguno de los juzgante habla ese idioma) en nuestro domicilio, vestidos con sus atuendos típicos y se lleven a un familiar nuestro. Así de trágica, caótica y desesperante es la situación por la cual se encuentran atravesando estas personas a la fecha”. Con esta apelación directa a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia. Los letrados ya intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.

Indignante: denuncian que en los centros de aislamiento de Formosa hay niños encerrados

Suizer y Oneto describieron crudamente ante los integrantes de la CIDH la situación que están viviendo las comunidades originarias Wichi, Pilagá y Qom de Formosa. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares”.

Los abogados acudieron al máximo organismo internacional en el continente en temas de derechos humanos por considerar que se está frente a una violación por parte del estado formoseño de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que define a esta figura como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Según relataron en la cautelar, debido a estas prácticas por parte de las autoridades de Formosa, muchos de los integrantes de estas comunidades originarias optaron por irse a vivir al monte, situación que los equipara -según los abogados- en “desplazados internos”, tal como lo entiende la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.

Amnistía Internacional alertó por la violación de los DDHH en Formosa

En la presentación detallaron cómo funciona la política sanitaria formoseña, caracterizada por un confinamiento extremo, falta de información y decisiones discrecionales. “En las comunidades originarias, policías y personal de salud les realizan hisopados, y en caso de que uno de ellos tenga resultado de hisopado positivo para COVID-19, es sacado de su comunidad, y trasladado a un centro de cuarentena del gobierno. Dichos centros son escuelas, y se encuentran en la localidad de Ingeniero Juárez, distante a unos 100 kilómetros de sus comunidades en algunos casos. Allí son encerrados por 14 días y en caso que el hisopado realizado ya bajo el encierro, nuevamente resulte positivo, se quedan por otros 14 días encerrados, sin conexión con sus familiares. Sin embargo, están apareciendo quejas de que aún los dejan encerrados cuando el hisopado da negativo”, explicaron sobre el rígido sistema sanitario establecido en Formosa que ya fue denunciado por la oposición y la organización Amnistía Internacional como violatorio de los derechos humanos.

Pese a las críticas crecientes sobre esta política “autoritaria” y “violatoria de los derechos humanos” por las condiciones de hacinamiento e “infrahumanas” de los centros de aislamiento, el Gobierno descalificó las acusaciones, a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

“La mayoría de los miembros de comunidades originarias no hablan idioma español, solo su idioma nativo, por ende no existe comunicación con las personas que se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y del estado no existe un mínimo esfuerzo para poder hablar su lengua. De ese modo, a los originarios no les informan a donde se llevan a sus familiares, configurándose así los tres requisitos para que exista una desaparición forzada, 1) privación de libertad 2) participación de agentes estatales, 3) omitir informar a los familiares del detenido a donde lo llevan”, sostuvieron Suizer y Oneto en su presentación ante la CIDH, a la que accedió Infobae.

En cuanto a los lugares en donde se los alojan, los abogados alertaron que “carecen de las comodidades mínimas, están hacinados, no tienen agua potable, ni tampoco atención médica y psicológica permanente para que los contengan”, y solo están “cuidados por una guardia policial”. Esto derivó, por ejemplo, en el caso de Normanda Agüero, quien debió permanecer 14 días encerrada esas condiciones, lejos de su familia, de sus hijos, de sus padres. Tras iniciar una huelga de hambre, el 19 de octubre pasado sufrió una descompensación, y al no haber médicos en el lugar, “otras originarias oraban en su lengua implorando a Dios la recuperación”, según relataron los letrados en la presentación.

“Es necesario decir que es el Estado de la provincia de Formosa el que ordena estos encierros en estas condiciones, ninguno de los originarios es llevado a esos lugares por su propia voluntad”, abundaron Suizer y Oneto.

“Acciones como las descriptas vienen siendo práctica común en la provincia de Formosa con las comunidades originarias, muy lejos de cumplirse lo establecido por la CIDH en su Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, las acciones del gobierno de Formosa, actualmente y conforme pruebas gráficas y documentales que se adjuntan, resultan totalmente desproporcionadas, irrazonables y violatorias de los derechos humanos de las comunidades originarias”, señalaron. La presentación fue acompañada de más de una docena de videos, audios, testimonios y fotos de caciques, dirigentes originarios, pastores religiosos, madres originarias, personas originarias privadas de su libertad y puestas en cuarentena lejos de sus familias y sus tierras.

“Esto genera un temor abrumador, que hace que muchos originarios huyan a vivir en los montes. Ante la falta de comunicación, solo tienen la vivencia de que unos desconocidos llevan a sus familiares, sin saber el motivo ni el lugar donde son trasladados”, buscaron hacerle entender a los integrantes de la CIDH cómo viven los aborígenes las irrupciones de los efectivos policiales sin las debidas explicaciones.

“Madres originarias, que detectaron a sus familiares, fueron a buscar una respuesta a la situación y solicitar mejores condiciones de alojamiento, pero lejos de otorgarle una respuesta, el estado de la provincia de Formosa, a través de la fuerza policial, las detiene y las encarcela”, alertaron los abogados, quienes agregaron que “su derecho de peticionar a las autoridades se viene violentando sistemáticamente”, agregaron.

Sin medios de supervivencia

Suizer y Oneto recordaron en el escrito enviado a los siete integrantes de la CIDH que, por las rígidas restricciones de circulación establecidas por el Gobierno provincial, los pueblos originarios no pudieron continuar con sus actividades de supervivencia, como la caza, la pesca y la venta de artesanías, “quedando sin la posibilidad de moverse para conseguir comida”. Y señalaron que tampoco les fue permitido trasladarse hacia alguna ciudad cercana, donde exista un cajero automático para retirar dinero.

“Se observa entonces que la limitación del Estado, deja a los originarios sin posibilidad de conseguir dinero y sin posibilidad de conseguir alimentos. Muchos de ellos, que trabajaban en la cosecha en la provincia de Salta quedaron sin trabajo, y decidieron volver a sus comunidades, pero, a modo de aislamiento, el estado provincial los aísla en carpas, en el monte, sin luz, sin agua, sin sanitarios y en pequeñas carpas de lona para dos personas. Situación violatoria de los derechos humanos”.

Este cuadro fue planteado a la Justicia de Formosa mediante un habeas corpus presentado por Suizer, pero el juez Rubén Antonio Spessot no le hizo lugar. “Actualmente, la situación en vez de mejorar, ha empeorado, claramente con la complicidad de la justicia, que viendo situaciones extremas en la que colocan a los originarios, nada ha hecho siquiera por mejorar”, reclamaron los letrados en el escrito ante la CIDH.

En la cautelar se precisa que en Formosa habitan diversas comunidades de pueblos originarios, entre ellos las etnias Toba Qom, Pilagá y Wichí, que conforman el 7,2% de la población, convirtiéndola en la provincia de mayor población aborigen. Estas tres etnias – ubicadas en las localidades de Las Lomitas, Ramón Lista e Ingeniero Juárez – mantienen sus tradiciones y continúan hablando sus lenguas. Pero advirtieron que las comunidades aborígenes “tienen altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, se encuentran en zonas periféricas rurales, con una marcada desigualdad social y menor cantidad de oportunidades”.

Detenciones violentas

El 19 de enero pasado, más de 30 policías golpearon y detuvieron a varios miembros de las comunidades de San Miguel, en El Potrillo, que estaban realizando una protesta en una ruta cercana, reclamando un banco móvil para poder cobrar los planes sociales que les permitieran comprar mercadería. También pedían que les informen el paradero de los familiares que habían sido llevados a Formosa capital, distante a 500 kilómetros, para aislarlos por el COVID-19. Por ese reclamo, 15 de ellos y un menor de edad fueron detenidos por la Policia provincial, varios de ellos golpeados, y trasladados hasta Las Lomitas, distante a unos 200 kilómetros de su comunidad, donde quedaron detenidos en la comisaría.

Detención originarios Formosa

Los letrados sostuvieron en el escrito que “la detención con extrema violencia de los originarios por haber hecho una protesta porque no tenían para comer ni para subsistir” es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

“Entendemos que la situación de los pueblos originarios es insostenible, viéndose cercenados sus derechos humanos más básicos, motivo por el cual nos dispusimos a tomar cartas en el asunto”, concluyeron.

Los abogados -Suizer es formoseño y Oneto reside en la Ciudad de Buenos Aires- también sostuvieron que Gildo Insfrán viola el artículo 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone que “los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”.

No es la única norma internacional que el gobierno formoseño estaría violando, según Suizer y Oneto. La Convención Americana sobre Derecho de los Pueblos indígenas dispone que “los estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a usar sus propias lenguas e idiomas”; y que los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

Cautelar de Juntos por el Cambio

Esta nueva cautelar se suma a la ya presentada por los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri también ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se frenen los “aislamientos compulsivos” en los centros especiales ubicados para los casos sospechosos y confirmados de coronavirus.

La solicitud de intervención de los dirigentes de Juntos por el Cambio al tribunal internacional se produjo luego de que se agravara la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en los centro de aislamiento de Formosa, entre ellos el estado Cincuentenario de la capital provincial.

En esa presentación de carácter colectivo, los legisladores del radicalismo plantearon que se revierta la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia de Formosa e indicaron que la población afectada por esas medidas sanitarias puedan realizar la cuarentena en sus domicilios personales.

Según describieron, en sintonía con los testimonios de abusos de formoseños afectados, los centros de aislamiento “no cumplen con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de esta enfermedad potencialmente mortal”.

La Compañía de Jesús ha reconocido este jueves que al menos 81 menores y 37 adultos han sufrido abusos sexuales a manos de 96 miembros de su orden desde 1927, la fecha más lejana hasta la que se ha podido remontar la primera investigación interna de una institución católica en España. Ha llevado dos años, sigue el ejemplo de transparencia puesto en marcha, por ejemplo, en la Iglesia de Francia, Irlanda o Alemania, y comenzó a raíz de las informaciones de EL PAÍS y otros medios. “Sentimos vergüenza, dolor y pesar”, ha declarado Antonio España, provincial de la orden en la presentación del informe en Madrid.

La inmensa mayoría de estos casos, registrados en colegios, no eran conocidos hasta ahora y por eso es un dato llamado a reventar las escasas estadísticas conocidas sobre los abusos de menores en la Iglesia católica española. La contabilidad que lleva a cabo este periódico, ante la ausencia de datos oficiales y la negativa de diócesis y órdenes a investigar el fenómeno, señala hasta el momento 123 casos desde 1986, con casi 400 víctimas. Son cifras extraídas de procedimientos judiciales y hemerotecas. De ellos, solo ocho casos involucraban a jesuitas, y si ahora solamente esta orden admite de golpe 81 víctimas, queda en evidencia que el recuento conocido apenas refleja una parte de la realidad del escándalo, a la espera de que la Conferencia Episcopal Española (CEE), las diócesis y las órdenes religiosas acometan una investigación interna similar.

La congregación ha dado un dato esencial de contexto: sus 96 acusados suponen un 1,08% de los 8.782 jesuitas que han pasado por la congregación desde 1927. Si se extrapolara ese dato a otras congregaciones y a la Iglesia española en casi un siglo los datos se dispararían. El único estudio publicado en España en 1996, de Félix López Sánchez y editado por el Ministerio de Asuntos Sociales, estima que el 4,17% de los sacerdotes y religiosos podrían ser responsables de abusos, en línea con las estadísticas de Estados Unidos y otros países. Los propios jesuitas, que admiten que es “un estudio limitado”, aseguran que no saben cuántos de todos estos casos son nuevos, no publicados antes en los medios. Tan solo indican que los casos de 13 acusados no constaban en sus archivos y han aparecido en la investigación gracias a testimonios de víctimas. Se trata de siete jesuitas vivos y seis fallecidos.

La investigación, que comenzó en diciembre de 2018 con un primer estudio en Cataluña, marca un antes y un después en la respuesta de la Iglesia en su actuación contra el encubrimiento de los abusos. Iniciativas como esta son las que exigen las víctimas desde hace años a la CEE, para que promueva una investigación similar en las 70 diócesis españolas. Ha habido acciones aisladas y la propia estructura de la Iglesia complica una labor única, cada obispo y cada orden actúa por su cuenta, en función de su sensibilidad con el problema. La diócesis de Cartagena abrió una investigación de casos cometidos desde 1950. La de Bilbao hizo lo mismo y encontró solo tres casos. La de Solsona emprendió un estudio desde 1930. Todas las de Cataluña anunciaron una investigación interna.

Los jesuitas han recabado los datos de sus archivos, de las informaciones de los medios, y de testimonios internos y de las víctimas, que se han puesto en contacto con ellos en los últimos dos años, a través de comisiones de escucha y de un correo electrónico. Del casi centenar de acusados por abusos, solo 25 continúan con vida, 17 de ellos acusados de abuso de menores. La Compañía detalla que otros 15 acusados fueron exculpados, aunque solo algunos por los tribunales y el resto en procesos canónicos. En los casos que hay datos, pues de muchos se han perdido, de las 81 víctimas que eran menores de edad, 46 fueron niños y 18 niñas.

Las comunidades autónomas con más casos de abusos a menores son Andalucía (14), Cataluña (10), País Vasco (10), Madrid (ocho), Navarra (seis), Asturias (tres) y Castilla y León (tres). El superior de la orden, que ha pedido perdón “por la desconfianza generada”, ha admitido que la Compañía guardó silencio durante décadas y que no escuchó a las víctimas. En el informe se lee: “Sentimos el dolor de las víctimas, provocado por algunos compañeros nuestros. Sentimos las ocasiones en que no se escuchó a quien quería respuestas y en que se afrontaron de manera insuficiente acusaciones que deberían haber supuesto medidas tajantes (…) Los abusos a menores y personas adultas en la Iglesia y en la sociedad han sido durante demasiado tiempo una realidad mal entendida y gestionada”.

Otra novedad importante es que los jesuitas reconocen que en siete de estos casos la congregación pagó “una ayuda económica” a las víctimas, para terapias o apoyo, aunque ha puntualizado que no las consideran indemnizaciones, dado que no hay habido ningún proceso judicial de por medio. Es la primera vez que una institución religiosa admite esta práctica. Este periódico reveló los dos primeros casos conocidos en España de pagos a víctimas de abusos: en la abadía de Montserrat, 7.200 euros, y los jesuitas a una víctima de Salamanca, 72.000 euros en 2002. Posteriormente, en febrero de 2020, los maristas se convirtieron en la primera orden en pactar una indemnización con 31 víctimas de sus centros en Cataluña, tras un procedimiento judicial. No obstante, en el juicio solo fue procesado uno de los 18 profesores denunciados, que finalmente fue condenado a 21 años de cárcel.

En su investigación, la orden califica como abuso las conductas que van “desde el lenguaje impropio o provocaciones, a los tocamientos (estos son la mayor parte de los casos de los que tenemos constancia) y en algún caso relaciones sexuales”. Antonio Allende, delegado de educación de los jesuitas, ha reconocido que las víctimas y los medios de comunicación han hecho que la verdad salga a la luz: “No fuimos nosotros quienes dimos a conocer los abusos, fueron las personas que los sufrieron, y debemos agradecerles que dieran este paso. La respuesta básica que debemos dar es: creemos en lo que decís. Debemos poner el foco no en la defensa de la institución, sino en el reconocimiento de las víctimas. Con verdad, reparación y justicia”.

El caso más reciente del que la orden dice que tiene constancia fue cometido en 2012. La última denuncia, que hace alusión a un caso antiguo, les llegó en 2020 y actualmente está siendo investigada. En el pasado solo se llevaron a cabo cuatro procesos canónicos que, según los Jesuitas españoles, “acabaron con la suspensión del ejercicio del ministerio del acusado y su reclusión en comunidades aisladas”. Solo cuatro fueron juzgados civilmente: uno de ellos fue sobreseído, otro fue en los años 80, un tercero tuvo lugar en 2006 (se trata de abusos sobre un adulto) y el último está pendiente de juicio. También hay otro proceso canónico en marcha. En el resto de casos solo hubo “medidas canónicas disciplinarias internas”. De los 65 acusados de pederastia, seis fueron expulsados de la orden y otros siete la abandonaron. La Compañía ha aseverado que aquellos acusados que siguen con vida y forman parte de la congregación “están apartados del contacto con menores y cuatro de ellos suspendidos de su labor ministerial”.

La congregación no ha querido revelar los nombres de los acusados ni otro dato decisivo: los lugares concretos y los municipios donde tuvieron lugar los hechos (parroquias, colegios, seminarios…), tan solo ha dado datos por comunidades autónomas. Lo ha justificado porque no desea arrojar sospechas sobre determinados centros. A preguntas de este periódico, acerca de si la orden es consciente de que no divulgar esos datos hace perder uno de los principales medios para que salgan a la luz nuevos casos, la respuesta ha sido: “Hemos querido encontrar un equilibrio entre evitar una caza de brujas y enviar el mensaje de que las posibles víctimas se fíen de la voluntad de buscar la verdad de la Compañía”.

La asociación nacional de víctimas de abusos a menores Infancia Robada valora el paso de la Compañía, pero lo ve “insuficiente” porque las cifras son “ridículas”. “Se olvidan de que las víctimas no denuncian cuando quieren, solo cuando pueden, y en 1927 nadie podría denunciar algo así. Valoramos el esfuerzo de los jesuitas en bucear en el pasado, en informar de datos y estadísticas, pero esto debe ser considerado como solo un inicio liviano de algo más: reconocimiento y reparación. Asumir responsabilidades de facto y entablar una vía de comunicación con sus víctimas para depurar culpas y proceder a sanciones e indemnizaciones”, ha declarado Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación. Subraya que es necesario que cuenten con las víctimas y ha tendido su mano para colaborar con la Iglesia “para labrar un presente y futuro de dignidad, reconocimiento y reparación sin olvidar el pasado”.