En pleno Día Internacional de la Mujer el congreso de ese país aprobó la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que contempla hasta 10 años de cárcel para la mujer que se practique un aborto.

El Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.

La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”, mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un “aborto calificado”, informó la agencia de noticias AFP.

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“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”, dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

“Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.

“Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

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Hernández añadió que la ley provocará el “estigma” y la “intolerancia” hacia las personas diversas y que “a todas luces es inconstitucional”.

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

“No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios”, afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.

En medio de un cuestionario hecho por la influencer Leyla Bechara la diputada realizó un comentario que generó un sinfín de reacciones en redes sociales. La diputada por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, generó una fuerte reacción cuando se refirió a que en San Luis se está produciendo misoprostol verde con sabor a menta.

En una entrevista con Leyla Bechara (politóloga, creadora de contenido digital) para El Destape, la legisladora respondió: “Aborto saborizado. Aborto legal, seguro, gratuito y saborizado”.

En el minuto de video que fue subido a todas las redes sociales, se ve el fragmento de entrevista en donde Bechara abre el tema: “Hablábamos con la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia y nos dijo que San Luis está produciendo misoprostol verde con sabor a menta. ¿Lo ves posible?”, le preguntó.

Ofelia Fernández respondió que: “Ay, qué fuerte. Aparte no pensé que eran masticables, pensé que era como un ibuprofeno”.

“Este tiene la particularidad de ser sublingual, te lo ponés abajo de la lengua… bueno, compraremos como caramelos”, dijo Bechara

“Abortos saborizados. Aborto legal, seguro, gratuito y saborizado”, finaliza Ofelia Fernández.

Otras polémicas de Ofelia Fernández Una de las polémicas frases más recordadas de Fernández se dio en el marco de un vivo de Instagram junto al reconocido influencer Santiago Maratea en el año 2020, con quien habló de “la estigmatización a los cartoneros”, y sostuvo: “Si sos un pibe de 18 años y te dicen: ‘Vos tenés tres opciones: podés agarrar un chumbo y salir a robar, ganarte una buena guita por día e irte a tu casa con dos celulares. Tenés otra opción: te doy esta bolsa de falopa y te ocupas de venderla. Son dos opciones muy rentables… Y una tercera opción que es tener que cargar un carro todo el día'”.

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La más reciente estuvo relacionada al caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y su pareja. Con respecto a esto, Fernández cuestionó: “Cuando son lesbianas es bastante más rápido que cuando mata un tipo”, haciendo referencia a que la orientación sexual de las acusadas tuvo incidencia en la decisión de la justicia.

Misoprostol con “sabor a menta” En agosto del 2021, la directora técnica de Laboratorios Puntano, Valeria Cianchino, aseguró que los comprimidos desarrollados “son de 400 microgramos, de color verde y tienen sabor y aroma a menta, semejantes a las aspirinetas pediátricas”, según informó Télam.

“El comprimido orodispersable se coloca en la boca y se va a dispersar muy rápido, de manera que esté biodisponible el activo y sus efectos serán muy rápidos en el organismo”, añadió Cianchino.

Como era de esperarse tras el antecedente de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la despenalización del aborto en Coahuila, por lo que marcó precedente para todo el país.

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De esta forma, el máximo tribunal del país modificó varios artículos del Código Penal de esa entidad que criminalizaban la interrupción del embarazo voluntario y sancionaban la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil con una pena menor que la establecida para el delito de violación en general.

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Al confirmar que la actual legislación vulnera los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres, los togados aprobaron la propuesta del magistrado Luis María Aguilar Morales con 10 a 11 votos; el sufragio faltante fue por la ausencia del jurista Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Tras avanzar el visto bueno, ahora se la sentencia e alega que no debe pesar ninguna sanción penal en contra de las mujeres o personas con la capacidad de gestar que decidan “sobre su vida, su cuerpo y su elección a ser o no madre”.

Las normas impugnadas establecían que: “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” (artículo 195) y que: “Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella” (Artículo 196).

RESOLUCIÓN HISTÓRICA

Una vez que se fijó jurisprudencia, se obliga al resto de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que buscan criminalizar al aborto.

Fue un largo proceso, dado que en 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad asegurando que el Código Penal de Coahuila atentaba contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.

Para el movimiento feminista salteño representó una visibilización de los abortos clandestinos que se producían desde antes, pero que recién ahora el estado provincial comenzó a registrar. Sacar a la luz la clandestinidad, después del decreto 1170.

De acuerdo a un informe que envió el Ministerio de Salud Pública de Salta a la Cámara de Diputados provincial, las interrupciones legales del embarazo (ILE) se incrementaron de manera exponencial en los últimos tres años en el territorio salteño. Sólo de 2018 a 2020, las ILE pasaron de ser 77 a 948, lo que para el movimiento feminista salteño representa una visibilización de los abortos clandestinos que se producían, pero que el Estado provincial comenzó a registrar recién ahora. 

Una de las cosas que exhibe esa estadística fue la adhesión que realizó la provincia en mayo de 2018 al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE, a través del decreto provincial 584/18. Esa adhesión se conquistó después de que el feminismo salteño lograra la derogación del decreto 1170/12, que establecía un protocolo propio, que fijaba un tope de 12 semanas para acceder al procedimiento y pedía una declaración jurada para darle curso. 

El protocolo salteño surgió después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el conocido Fallo FAL (2012), que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible.

La abogada feminista Mónica Menini señaló a Salta/12 que el decreto 1170 creó un “protocolo obstaculizador a un derecho que ya tenían las mujeres” y que ya incluía la causal de salud, que permite el acceso a un aborto no punible si existe un peligro para la vida o la salud de la madre.

“Incluso obstaculizaba el acceso al aborto en caso de las violaciones a las niñas”, manifestó Menini, que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Argumentó quequedó en evidencia en 2018, cuando el ex gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que adherir al protocolo nacional porque en la provincia se estaba impidiendo el aborto a una nena de 10 años que quedó embarazada a causa de la violación de su padrastro.

En el informe que se envió a la Cámara de Diputados de Salta el Ejecutivo provincial precisó que desde 2012 a 2017 en Salta se produjeron 29 abortos no punibles como consecuencia de una violación. Para este momento, estaba en vigencia el decreto 1170/12. 

La médica Alicia Naranjo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, contó que en ese tiempo a los trabajadores de la salud que realizaban los procedimientos de ILE se los perseguía constantemente; además, en Salta no se tenía en cuenta la causal de salud integral. 

Naranjo relató que por las trabajadores de la salud venían realizando estas prácticas “completamente fuera del registro”, ya que lo único que se registraba en las historias clínicas era el ingreso de las personas y no su salida, donde debía anotarse el procedimiento de ILE.

Para Menini, la derogación del decreto 1170 se logró gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ que se manifestaron constantemente, y que pusieron el pedido como consigna en cada manifestación que se hacía en las calles de Salta. “Cuando Urtubey lo deroga, las mujeres y las personas gestantes salteñas se interesaron en esa situación y aprendieron que podían acceder al aborto por causales”, agregó. 

Con la adhesión al protocolo nacional, los números vinculados a los casos de ILE se modificaron de una manera exponencial. Desde 2018 la provincia comenzó a registrar los abortos no punibles por tres causas: peligro para la salud integral; riesgo para la vida y violación. Ese año se registraron 77 ILE, de las cuales 55 fueron por la primer causal; ningún caso de la segunda y 22 por la tercera. 

Mientras que en 2019, se contabilizaron 445 procedimientos: 414, por peligro para la salud integral; 3, por riesgo para la vida y 28, por violación. Ya en 2020, el número se elevó a 948 interrupciones legales del embarazo. De ese número, 918 fueron por salud integral; 11, por riesgo para la vida y 19, por violación. 

De acuerdo al informe, 268 abortos fueron practicados por personas de hasta 19 años y 1234, por mayores de 20 años. 

Con la derogación del decreto 1170, la médica contó que se pudo avanzar en capacitaciones respecto del concepto de salud integral establecido en el protocolo nacional. Aparte de que se empezó a ver que fueron disminuyendo las trabas para acceder a la ILE por una violación. Con el decreto 584/18, “simbólicamente en los equipos de salud se legalizó la ILE”, manifestó Naranjo.

La médica añadió que antes existía el temor de garantizar el derecho al aborto y, si se hacía, sólo era permitido entre sus pares por causa de violación. Pero cuando se adhirió, “nos empezamos a permitir acompañar ILE por salud integral”, lo que posibilitó que esos procedimientos empiecen a registrarse en el sistema de salud, teniendo como resultado los números presentados por la cartera que dirige Juan José Esteban.

Una muestra de ese cambio también se dio con la llegada del misoprostol, el medicamento que produce contracciones en el útero, provocando la expulsión del contenido uterino. Por ende, se procede a un aborto sin intervención quirúrgica.

Naranjo también resaltó la visibilización que se logró en 2018 por el debate del aborto legal en el país. “Muchas mujeres llegaron preguntando más abiertamente sobre la ILE y sus causales”, recordó. Eso provocó que el propio sistema de salud de la provincia también deba ir la par, estableciendo más abiertamente el acceso al aborto no punible.

A modo de ejemplo, la médica contó que la transformación más palpable se dio con el Programa de Salud Sexual de Salta, al antes tenían que ir personalmente a buscar las medicaciones para los abortos, más la burocracia que eso incluía. “Era muy engorrosa la práctica, pero después se empezó a aceitar”, hasta llegar a hoy, cuando la mayoría de la medicación ya llega a los centros de salud. “Se institucionalizó la vía en los últimos tres años“, expresó. 

Con el aborto legal aprobado en Argentina desde el año pasado, Naranjo sostuvo que es más simple acceder a la ILE o incluso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), porque los suministros están llegando. “Lo que pasa es que al ser IVE, a las mujeres no les hace falta tener que pasar por un lugar donde se certifique que tiene riesgo social. Eso lo vamos viendo en la atención a la paciente”, explicó.

Es decir, si ven que se requiere algún tipo de asistencia se hace una derivación, pero si no, se continúa con lo que ordena la Ley N°27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La médica hoy trabaja en la zona sudeste de la Capital, una de las más vulnerables de la ciudad, pero donde ve que “las mujeres se autoderivan”, ya que asisten a consultas para saber cómo se accede a un aborto legal. 

Naranjo recordó que la provincia aún no adhirió a la actualización del Protocolo Nacional que instrumentó el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019. Sin embargo, reconoció que de igual manera se empezó a usar esa norma en la actualidad.  

Menini indicó que si se piensa en los números, lo que se deja en evidencia es la cantidad de abortos clandestinos que ya se practicaban pero que el Estado provincial no registraba. Para la abogada, con la registración “se  está visibilizando el número que estaba en la sombra y la clandestinidad”; planteó además la necesidad de establecer otras “políticas públicas urgentes, permanentes y fortalecidas”, al alcance de las personas. 

“Todo eso necesitamos para que ese número se vaya reduciendo” porque como feministas y militantes de los derechos humanos “no esperamos que el número suba, sino muy por el contrario, esperamos que baje”, precisó. 

Consideró que por eso sigue vigente el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la distribución gratuita de los anticonceptivos, que actualmente tiene faltantes. 

“Preventivamente necesitamos ESI porque no queremos llegar a la situación del embarazo no deseado, pero si llega, es imprescindible tener el acceso al derecho a la salud”, manifestó. 

La novedad fue confirmada por Mónica Lobos, abogada que patrocina a este particular. La letrada aseguró que la mujer gestante ya fue notificada por la Justicia.

La Sala III de la Cámara Civil -conformada por los jueces Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Noguera Ramos y Sergio Rodríguez- avaló la cautelar presentada por un sanjuanino para que su pareja no aborte. Esta resolución llegó luego de que los abogados defensores de este particular apelaran el fallo desfavorable que obtuvieron en primera instancia cuando la jueza Amanda Días del Juzgado N.º 11 decidió rechazar el pedido por errores procedimentales.

“Es una gran noticia porque protege los derechos esenciales de un papá que simplemente representa a su hijo por nacer y que quiere ejercer la responsabilidad parental”, precisó a DIARIO HUARPE Mónica Lobos, abogada del interesado. “Estamos muy contentos con esta primera medida”, agregó.

La letrada contó que apeló la primera resolución de la magistrada Días porque consideró que “no hubo una valoración de la prueba” y que se “desacreditó la labor profesional en vez de abocarse a analizar el caso conforme a la ley procesal”. Este sábado la Cámara Civil avaló el pedido recurrido y dictó la medida de protección del embarazo.

Lobos contó que la mujer gestante ya fue notificada de la medida judicial por lo que deberá proteger el embarazo. La abogada del sanjuanino contó que tras analizar varios informes de clínicas y sanatorios en ninguno consta que la mujer se haya sometido a la interrupción del embarazo.

“El embarazo continúa adelante. Se presentaron tres oficios en los cuales se acreditaba que en ninguno se había autorizado la práctica abortiva. Constaba la existencia de la vida del niño por nacer, como también el peligro de la demora porque estaba el pedido de aborto. Tanto el Sanatorio Argentino como el Ministerio de Salud confirmaron que la práctica no había sido realizada”, puntualizó Lobos.

Luego de esta resolución se vendrá un “proceso urgente” para la protección del niño por nacer y del padre, según manifestó la abogada. “El padre quiere ejercer la responsabilidad legal en cuanto a su hijo”, explicó Lobos. En el marco de la investigación, la pareja del interesado tiene un embarazo aproximado de entre 11 a 12 semanas, es decir, que según la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estaba dentro de los plazos establecidos para concretar el aborto, si es que ella decidía ponerle fin a este proceso gestacional.

“Marcará un antecedente”Lobos consideró que esta resolución, sin dudas, “marcará un antecedente en el país”. “Ya está marcando un antecedente no tan solo en nuestra provincia que sigue en vilo a más de una semana y media, sino que en todo el país porque es un padre que pide solamente la protección de su hijo por nacer y la responsabilidad parental”, manifestó.

La abogada del hombre confirmó que él se contactó con ella “angustiado” por el terror que le provoca el “perder a su hijo”.

Una mujer pidió a una obra social, establecida en San Juan, la autorización para hacerse un aborto en una clínica privada, pero su esposo quiere “ejercer su derecho a ser padre y que se respete la vida de su hijo”. Para ello contactó a los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta para que estudien el caso. Este miércoles presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Si bien la letrada Mónica Lobos tiene la confianza de que se “respetará la Constitución Nacional y que se garantizará derechos esenciales del progenitor y su hijo”, estudia junto al abogado Zuleta otros recursos en la Justicia sanjuanina.

El hombre y la mujer (de quien se resguarda su identidad por pedido expreso) están distanciados en este momento por el pedido de aborto.

“Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, que quiere proteger a su hijo y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, dijo la abogada Lobos, que representa su causa.

“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”, explicó la letrada.

“Pedimos que se proteja la vida del niño y que la obras sociales, como cualquier otra entidad pública o privada se abstengan de realizar la práctica abortiva porque esta aniquilación de derechos no es subsanable. Una vez muerto el niño sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto a los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”, resaltó después.

“En los fundamentos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue común escuchar que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, lo cual ahora me pregunto: la libertad de una mujer ¿es un derecho absoluto? ¿Puede imponerse aun vulnerando y eliminando derechos de otras personas? ¿Qué igualdad pretendemos lograr como sociedad? ¿Un enfrentamiento entre hombres y mujeres o una igualdad real que tienda a la justicia?”, agregó preguntándose.

En el análisis de la doctora Lobos la reciente Ley IVE sancionada se opone a la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Confiamos en que la justicia pueda resolver y garantizar derechos esenciales de los más vulnerables”, cerró. Desde el lado de la Justicia se puede establecer un precedente en la provincia con respecto al derecho que tengan los hombres sobre ejercer su paternidad.

La mujer tiene 12 semanas de embarazo y solo quedan dos semanas para que pueda practicarse el IVE. Según la normativa, las mujeres pueden realizarse el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

La muerte de María del Valle González López, ocurrida este domingo en el hospital Perrupato de San Martín, se encamina a generar un escándalo nacional. Investigan si existió mala praxis en la práctica de un aborto legal.

La muerte de María del Valle González López, ocurrida este domingo en el hospital Perrupato de San Martín, se encamina a generar una gran polémica de carácter nacional. La joven era la presidenta de la Juventud Radical de La Paz y la justicia investiga si murió producto de una mala praxis en la interrupción voluntaria del embarazo que se habría realizado la semana pasada.

La causa fue caratulada como “averiguación de muerte” y la Justicia ya pidió el secuestro de la historia clínica de la joven y la realización de la necropsia correspondiente al cuerpo de la militante radical.

La muerte de la joven radical se encamina a generar una gran polémica nacional a raíz de que varios grupos provida convirtieron en tendencia el hashtag #MurióPorAbortoLegal tomando la muerte de la militante radical como un ejemplo de los riesgos asociados al aborto legal.

“Ahora las feministas dicen “Todo procedimiento tiene riesgos” porque una mujer murió en un aborto legal. Lástima que no hablaron de esos riesgos cuando militaban el aborto diciendo que en el hospital sería seguro. Cínicas y cómplices de la muerte de María”, fue uno de los mensajes que se viralizó en medio de la polémica.

El periodista de LN+ Eduardo Feinmann también se sumó a la polémica en Twitter. “Este aborto legal se llevó dos vidas. Legalmente se apagaron dos vidas, seguramente mataron dos vidas, gratuitamente se perdieron dos vidas. Así lo querían”, fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

Este aborto legal se llevó dos vidas. Legalmente se apagaron dos vidas, seguramente mataron dos vidas, gratuitamente se perdieron dos vidas. Así lo querían. https://t.co/Z9CdtSQuXk

Lo cierto es que la Justicia investiga si la joven murió como consecuencia de una mala prescripción. Inicialmente, la investigación se inició en la Fiscalía de Santa Rosa, pero este lunes recaerá en la Fiscalía de San Martín.

La causa de la muerte de la militante radical la deberá determinar el Cuerpo Médico Forense tras realizar la necropsia correspondiente, cuyos resultados se conocerían en las próximas horas. La interrupción voluntaria del embarazo en cuestión se habría realizado en el Hospital Arturo Illia, de La Paz, donde le habrían prescripto la medicación para interrumpir el embarazo a la joven.

Este domingo, tanto el ex gobernador de Mendoza y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, como el gobernador Rodolfo Suarez lamentaron la muerte de la militante radical y enviaron sus condolencias a familiares y amigos.

En el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno nacional habilitó un formulario para que las mujeres que se topen con impedimentos en la práctica de la interrupción del embarazo o en el acceso a medicamentos para tal fin, puedan realizar reclamos ante las autoridades.

En el mensaje que acompaña el formulario, el ministerio de Desarrollo Productivo, a través del área de Defensa del Consumidor, señala que si la farmacia, obra social o prepaga niega o restringe el derecho a la Interrupción del embarazo, se puede reclamar a través de esa vía.

En el formulario la persona deberá dejar constancia de sus datos personales (nombre, apellido y fecha de nacimiento); DNI, domicilio; correo electrónico, número de teléfono móvil, nombre de la obra social o prepaga, y especificar el problema que tuvo. Todos los datos quedarán bajo confidencialidad.

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Vale señalar que, en el artículo 16 de la ley, queda claro que la práctica formará parte del Plan Médico Obligatorio. Así, obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán incluirlo dentro de sus prestaciones.

De esta manera, las personas gestantes podrán acceder al aborto en hospitales, clínicas, consultorios privados, sanatorios e incluso en el hogar.

La manera más económica y sencilla de acceder al aborto es la farmacológica, recomendada para todos los casos excepto en aquellos que excedan las 12 semanas de gestación o si hubiera alguna patología particular. Es entonces cuando se recomienda otro tipo de intervención como la aspiración manual endouterina.

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A la o el paciente le bastará sólo con comunicar su decisión para que los profesionales médicos a cargo tengan la obligación de brindar información y garantizar la práctica. Los objetores de conciencia deberán derivar el caso sin dilaciones.

De acuerdo a lo señalado por el ministro de Salud Ginés González García, reflejado en Página 12, el Estado adquirió en la última licitación cajas de misoprostol por 2.800, pesos menos de la mitad de lo que cuesta en farmacias.

Además, expresó que que el Fondo de Población de Naciones Unidas ofreció otra partida a 400 pesos por caja. Paralelamente, se evalúa la provisión para todo el país a través del laboratorio público de Santa Fe que por ahora tiene permiso sólo para abastecer a esa provincia.

En Brasil el aborto está permitido para casos de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.

Una joven brasilera de 20 años viajó desde San Pablo a Buenos Aires para practicarse un aborto, luego de enterarse que desde el pasado domingo la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene plena vigencia en nuestro país.

La mujer se llama Sara y arribó a nuestro país en un viaje relámpago para practicarse un aborto, ya que en Brasil se considera delito salvo algunas circunstancias. Sara detalló a la cadena alemana Deusche Welle que pidió dinero a familiares para realizar el viaje, aunque no les dijo el motivo del mismo.

“Tener un hijo que no deseo y sin condiciones para criarlo, y ser obligada, sería una tortura”, declaró a la cadena europea mientras la acompañaban gran parte del trayecto.

La joven pidió unos 5 mil reales -80 mil pesos argentinos- para llegar a nuestro país y hacerse atender en algún hospital.

En tanto, en Brasil el aborto está permitido para casos de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso.

La reforma constitucional descarta la interrupción del embarazado incluso en casos de violación. La nueva disposición exige una mayoría de tres cuartas partes de los votos para cualquier cambio en el Parlamento.

El Congreso de Honduras, de mayoría conservadora, aprobó este jueves una reforma en la Constitución para endurecer la prohibición del aborto, vigente desde 1982, pese a presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas.

La reforma del artículo 67 de la Constitución, sancionado por una mayoría conservadora de distintas tendencias, “considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer” y contempla penas de entre 2 y 8 años de cárcel (aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al equipararlo a un homicidio). Añade que esta norma “solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional”.

El aborto ha estado prohibido en Honduras en la Constitución vigente, desde 1982. El artículo 67 recientemente modificado establecía que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley”. Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo a la AFP la diputada opositora, Doris Gutiérrez.

Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permitiera el aborto en algunos casos, como en violaciones. El pasado martes, expertas en derechos humano de Naciones Unidas condenaron desde Ginebra la reforma, asegurando que “bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y niñas en Honduras”.

En Honduras “una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años”, agregaron. Explicaron que la enmienda, presentada por el diputado oficialista Mario Pérez el pasado 11 de enero, era “alarmante” porque “en lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas es un retroceso”.

Recalcaron que Honduras es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o salud de las mujeres embarazadas está en peligro o en casos de malformaciones graves del feto. Honduras, con una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en la región, es uno de los seis países latinoamericanos que penalizan totalmente el aborto junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

El Presidente encabezó un acto para formalizar la entrada en vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Medio en broma y medio en serio, un día que me tocó hablar con un colectivo de mujeres, al cierre del discurso, me pregunté ‘qué más me podía pasar’. Recibí a la Argentina con una crisis económica, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia, y en el medio de esto, se les ocurrió terminar con el patriarcado. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos”, destacó el primer mandatario.

En ese sentido, resaltó: “Estamos haciendo una mejor sociedad entre todos y todas. Es un día de alegría porque cumplí mi palabra, hice campaña con esto, y hoy es ley. Cuando la palabra de la política parece depreciada, es importante cumplir con la palabra”.

Por otro lado, Fernández sostuvo: “Las mujeres son las primeras víctimas de la desigualdad, y muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, no nos gusta; hoy estamos dando un paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igual”.

Respecto de la promulgación de la llamada ley de los 1.000 días, el Presidente aseguró que “si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo que significa tener un hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los mil días, hoy saben que hay un Estado que le va a dar salud y garantías de ingresos para que ella y su hijo o hija puedan nacer y desarrollarse como corresponde”.

“Estamos ampliando la capacidad de decidir, que no es poco. Es llamativo que en el siglo XXI tengamos que discutir estas cosas. Nadie puede sentirse en paz consigo mismo viviendo en una sociedad sin igualdad”, sostuvo el Presidente.

En tanto, Fernández advirtió: “Nos queda una tarea seria que es garantizar una Educación Sexual Integral en todos lados para evitar embarazos que no se quieran. Sueño con que todos entendamos lo que estamos logrando, y que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres. La sociedad es mejor porque la capacidad de decidir se amplía”.

Por último, Fernández reconoció que la ley fue aprobada con apoyo del oficialismo y de sectores opositores: “Les agradezco a los legisladores de la oposición que acompañaron, que no piensan como nosotros pero nos acompañaron en esta decisión. Estamos haciendo una mejor sociedad”.

“Está claro que no terminó aquí la batalla por la igualdad, eso se va a terminar cuando no haya discriminación de ingresos entre hombres y mujeres, cuando una mujer no corra el riesgo de perder un trabajo por estar embarazada”, concluyó.

La primera en tomar la palabra durante el acto fue Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, quien destacó que “no habría sido posible llegar hasta acá sin un trabajo de transversalidad política, se construyó la ley con referentes de todos los espacios políticos. Trabajamos de forma fraterna y con mucha confianza. La media sanción de 2018 fue un paso imprescindible para llegar a esto”.

“Esto es una forma feminista de crear y hacer política. Nunca más en este país va a morir una mujer por un aborto clandestino, pero también va a implicar un cambio cultural respecto de los cuerpos y los deseos de las mujeres”, aseguró Gómez Alcorta.

Luego fue el turno de Vilma Ibarra, secretaria general de la Presidencia y una de las impulsoras de la ley. La funcionaria, visiblemente emocionada, no se olvidó de destacar que la ley de los 1.000 días ″fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras. La de IVE viene a dar respuesta a un grave problema de salud pública, que es el aborto clandestino. Han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que volvió la democracia”.

“Hasta hoy el Estado respondía con amenaza de cárcel y procesos penales; ahora cambiamos el paradigma: el Estado va a recibir a las mujeres y personas gestantes, las va a tratar con dignidad y respeto, y esto nos pone en un nuevo lugar frente a la sociedad”, concluyó.

El Presidente promulga la ley hoy, y mañana se publica en el Boletín Oficial. Habría una reglamentación parcial.

Este jueves, finalmente se promulgará la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego de la sanción por parte del Senado, será el turno del presidente Alberto Fernández de firmar el documento. El aborto sin restricciones hasta la semana 14 se publicará en el Boletín Oficial el viernes. Ocho días corridos después, entrará en vigencia en todo el país. Desde entonces, quien lo decida tendrá el derecho a acceder a esta práctica.

Durante el mismo acto, que se realizará en el Museo del Bicentenario, también se promulgará la Ley de los 1.000 días, sobre el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia para acompañar a las que elijan continuar con la gestación.

Ambas leyes se publicarán en el Boletín Oficial el viernes. “Ocho días después comenzarán a aplicarse. Superado ese plazo, no habrá excusas. Esto quiere decir que cualquier persona con capacidad de gestar podrá acercarse a un efector de salud y le tendrán que brindar información y garantizar la interrupción del embarazo o derivarla con un profesional que pueda hacerlo. El plazo máximo es de 10 días”, detalla la abogada Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Si bien se contempla la objeción de conciencia individual, todo profesional debe ofrecer información y asistir a la mujer para que acceda a la práctica si así lo decide. En este sentido, se incorporó como delito la obstrucción al aborto con penas de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

En el marco de la promulgación, se espera que el Presidente efectúe un veto parcial al que se comprometió previo a la sanción de la norma, con el objetivo de lograr el consenso necesario para la legalización.

El proyecto transformado en ley detalla como causales de aborto legal en cualquier momento de la gestación (también superadas las 14 semanas) al embarazo como consecuencia de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la mujer, algo que ya contemplaba nuestra legislación desde 1921. Con el veto parcial quedaría eliminada la palabra “integral” de esa parte del texto. El cambio sería una formalidad ya que para este tipo de casos se tiene en cuenta el concepto de salud integral que propone la Organización Mundial de la Salud y se refiere a la salud física, emocional y social de la persona con capacidad reproductiva.

Sobre la regulación, la referente de Amnistía Internacional Argentina sostiene que “no es necesario que se reglamente para que pueda implementarse”.

“Tenemos el protocolo de aplicación de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que incluía las tres causales por las que hasta esta ley ya se autorizaba a abortar en Argentina. Se renovó en varias oportunidades, la última a fines de 2019. Este texto puede servir de guía para las instituciones médicas aunque la ley es bastante operativa por lo que solo sería una herramienta más”, señala García Rey.

Cuenta que dicho protocolo suma precisiones “sobre la administración del misoprostol, cantidades y modo de uso, según el caso”. También insiste sobre la importancia de garantizar los derechos de las mujeres, entre ellos, el de ser informadas sobre sus opciones.

La intención del Gobierno es realizar una reglamentación parcial, que estaría lista dentro de un mes. El objetivo es incorporar algunas aclaraciones sobre los alcances de, por ejemplo, la objeción de conciencia.

Con la IVE promulgada también se aguarda el sobreseimiento de mujeres criminalizadas por causas derivadas de abortos. “Hay mujeres presas por este tema. No tenemos el número exacto ya que no todas fueron condenadas por el mismo delito. En algunos casos, se las acusó de homicidio agravado por el vínculo por interrumpir el embarazo”, comparte García Rey.

“Por el principio de aplicación de la ley penal más benigna, que tiene carácter retroactivo, habría que empezar a liberar a estas mujeres”, agrega.

Se promulgará la Ley IVE y habrá aborto legal, seguro y gratuito en Argentina

La nueva norma impactaría sobre 1.532 causas por abortos y 37 por eventos obstétricos que hay en el país, según un relevamiento del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Mabel Bianco, fundadora y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), le dijo a este diario que la promulgación es un “paso formal necesario” y que el veto parcial para retirar la palabra “integral” no representa un cambio significativo.

“La palabra salud ya implica el completo bienestar físico, psíquico y social, no la mera ausencia de enfermedad. Salud es salud, por más que no diga integral”, remarca Bianco, que es médica y tiene un máster en Salud Pública.

Además, asegura que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, en los efectores de salud tendrán la obligación de informar, explicar y guiar. “Es probable que el Ministerio de Salud tenga que realizar capacitaciones, como hizo en su momento con el tema de los anticonceptivos”, sostiene.

Bianco destaca que existe un 0800 del Programa de Salud Sexual y Reproductiva al que la mujer puede llamar “para pedir asistencia y reclamar, si es que no logró que le dieran la ayuda que necesitaba”.

“La objeción de conciencia de algún profesional, que debe quedar por escrito y sostenerse tanto en el ámbito público como privado, no tiene que limitar las posibilidades de la mujer”, advierte Bianco. Y sigue: “Ese profesional debe brindar información clara y derivarla. La ley no dice nada en relación a la objeción de conciencia institucional”.

Sobre las acciones judiciales que referentes pro vida adelantaron que van a iniciar, Bianco señala: “Ya nos pasó con la ley de Salud Sexual y Reproductiva. Imagino que va a haber denuncias. Seguramente sean un inconveniente, pero no van a frenar la IVE”.

Entre las intervenciones, banderas y carteles creados por quienes se manifestaron a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el martes por la noche, impactó una particular iniciativa. Bajo el lema “adiós a las perchas”, los ganchos luminosos, de color verde, coparon un sector de la plaza y captaron la atención de los presentes, y también en las redes.

La campaña llamó la atención en la plaza. (Foto: Télam).

El texto remarcó que las perchas “son símbolos asociados a las prácticas de abortos inseguros con las que muchas mujeres arriesgan su vida en la clandestinidad”. Por ese motivo, el lema “adiós a las perchas” se mantuvo desde el inicio de la campaña en 2015 y fue utilizado también hace dos años, cuando se trató el primer proyecto en el Congreso.

“Los senadores deben saldar una deuda histórica que tiene Argentina con las mujeres, niñas, y personas con capacidad de gestar”, indicó Amnistía antes de que iniciara el debate. “Además de tratarse de una cuestión sanitaria, el acceso al aborto en condiciones de seguridad es esencial para la realización integral de los derechos humanos y el logro de la justicia de género, social, reproductiva y económica”, agregó el comunicado.

✊ Es hora de decir ADIÓS a los abortos clandestinos.

? Hay mucha emoción y gran expectativa en los alrededores del Congreso.

¡La marea verde pide #AbortoLegal2020!#EsAhoraSenado ? pic.twitter.com/xsL6R1ULbs

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) December 30, 2020

En esa línea, el texto agregó que el Congreso tenía “una nueva oportunidad de honrar los compromisos internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos y que son parte de su Constitución Nacional”.

“No podemos seguir esperando, el aborto debe ser legal en 2020”, había remarcado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El Estado debe sumar al país a los que ya dijeron ‘Adiós’ al aborto inseguro”, agregó.

Hacia la noche, la zona de los “verdes” de la plaza del Congreso se iluminó por las perchas y las imágenes recorrieron las redes sociales rápidamente.

La votación, que se concretó a las 4.12 de la madrugada de este miércoles, terminó con 38 votos a favor, 29 en contra, 4 ausencias y 1 abstención.

Con el apoyo de los cinco legisladores que hasta último momento estaban dentro del grupo de los indefinidos, lograron sacar una diferencia en el poroteo de votos.

De esta manera, el aborto pasa a ser legal en la Argentina y se puede implementar hasta la semana 14 de gestación por decisión de la mujer.

La iniciativa, que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, llegó al Senado desde Diputados, que le dio media sanción el pasado 11 de diciembre por 131 votos a favor contra 117 negativos.

La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo 38 votos a favor, 32 en contra. Asimismo, cuatro legisladores no estuvieron presentes al momento del cierre y hubo una abstención.

El Senado de la Nación fue escenario de un intenso y crucial debate sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya aprobado en la Cámara de Diputados, en una sesión especial con extensa lista de oradores.

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Asimismo, tanto Carlos Menem como José Alperovich, no estuvieron presentes al momento del cierre por motivos de salud y judiciales, respectivamente.

La discusión fue seguida desde la calle por miles de personas que se juntaron frente al edificio del Congreso, separados por un vallado entre “verdes”, favorables al aborto, y “celestes”, en contra.

En el primer discurso de la sesión, la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango, anunció que se acordó con el Poder Ejecutivo una corrección a la letra del proyecto que se plasmará en el proceso de reglamentación, lo cual puede sumar apoyos a la iniciativa.

Durante las primeras cuatro horas de discusión, los senadores que están a favor del proyecto superaron a los que votarán en contra de la iniciativa, de acuerdo con los discursos que se escucharon en ese lapso.

Entre los que anunciaron su apoyo a la iniciativa se encuentran los oficialistas Norma Durango (La Pampa), Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Neuquén), Nancy González (Chubut), Silvina García Larraburu (Río Negro), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Ana Ianni (Santa Cruz) y Nora Giménez (Salta).

Por el lado de la oposición, votarán favorablemente la mendocina Pamela Verasay, el misionero Humberto Schiavoni, la cordobesa María Laura Rodríguez Machado.

Debate por el aborto en el Senado.

En contra, anunciaron su decisión los peronistas Dalmacio Mera e Inés Blas, de Catamarca; Maurice Closs, de Misiones; y Antonio Rodas, de Chaco; y los representantes de Juntos por el Cambio: Mario Fiad (Jujuy), Víctor Zimmermmann (Chaco), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Roberto Basualdo (San Juan).

Sin embargo, la sesión no se agotará allí, ya que los legisladores tienen previsto debatir, luego, el proyecto que establece el Plan de los Mil Días de acompañamiento al embarazo y la primera infancia.

La discusión comenzó pasadas las 16, cuando la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista pampeana Norma Durango.

Debate por la legalización del aborto en el Senado.

Previamente, los legisladores aprobaron una nueva extensión de la licencia para el oficialista tucumano José Alperovich, quien fue denunciado ante la justicia por presunto abuso sexual.

El ex gobernador, junto con el riojano Carlos Menem, recuperándose de una infección urinaria en un sanatorio porteño, son –por ahora– los únicos dos ausentes de la sesión.

Ambos integrantes del bloque del Frente de Todos iban a votar en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según Durango, se acordó con el Gobierno nacional el veto parcial a dos incisos de la norma para eliminar la palabra “integral”. Se trata de los artículos 4 y 16 del proyecto en discusión.

El artículo cuarto establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: si el embarazo fuera resultado de una violación” o si “estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

El artículo 16, en tanto, modifica el artículo 86 del Código Penal sobre que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional”.

Fuera del plazo establecido, no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación o si “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Esas modificaciones allanarían el camino para que dos de los legisladores que firmaron los dictámenes en disidencia parcial, pero no habían resuelto su apoyo a la norma, como el oficialista enterriano Edgardo Kueider y el rionegrino aliado al Frente de Todos, Alberto Weretilneck, voten favorablemente.

En la vereda de enfrente, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que “el derecho a la vida es el capítulo inicial”.

El legislador advirtió que “quienes apoyan este proyecto se refieren al fracaso de la criminalización” y advirtió que “aquí parece que viene bien criminalizar a los médicos, porque una palabra de más los puede condenar”.

El mandatario se refirió al proyecto de ley que será tratado este martes en la Cámara Alta del Congreso.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que el aborto es un “problema de salud pública” y que las críticas al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) constituyen un “acto de hipocresía”, a horas de que el Senado inicie el debate por esa iniciativa.

El mandatario ratificó su deseo de que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo “salga” este martes, pero aclaró que tampoco quiere “convertirlo en un tema de disputa”.

“Para las mujeres tiene que ver con derechos de la mujer, y para muchos es un problema de salud pública, que tiene que ver con la mujer, claramente”, planteó el mandatario en declaraciones al programa “Desiguales” que se emite por la TV Pública.

El jefe de Estado repasó que “desde la democracia hasta hoy, más de 3 mil mujeres murieron al intentar un aborto”, lo que le parece “mal”, además de que -dijo- no sabe “cuántas mujeres, por abortos mal practicados, han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvadas”.

“Tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía”, reiteró. “Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad”, enfatizó.

Fernández abogó por la sanción del proyecto oficial, que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, para que “las mujeres que decidan abortar, en las condiciones que la ley permite, lo puedan hacer garantizándole la salud a todas”.

“No engañé a nadie, no lo saqué de la galera porque el momento político me resultaba oportuno”, dijo y recordó: “Hice campaña por el aborto y estoy convencido de que es un tema que debemos resolver”.

Al respecto, el Presidente planteó que “hay un colectivo de mujeres inmenso que asomó en 2018, para sorpresa de todos nosotros, y eso no puede ser desatendido”.

Sobre los senadores del Frente de Todos que ya anticiparon su voto en contra de la IVE, el mandatario dijo que los “respeta” porque nunca fue “amigo” de los “discursos únicos”.

Si bien dijo tener en claro que el tema es “sensible” y que “la religión se mete”, también llamó a ver mañana “hasta dónde llega la paridad” en el Senado.

“Ante un hecho que día a día se consuma, quiero que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica”, subrayó.

Tras admitir que “lamentaría mucho” si la ley no se sancionara, Fernández reiteró sus intenciones de no presentar el tema “en términos de disputa ni de supermartes” legislativo.

“Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad”, concluyó.

Mañana habrá en las calles puestos de hidratación, reparto de tapabocas y alcohol en gel, tarea que estará a cargo de Cruz Roja y rescatistas populares.

Los alrededores del Congreso serán mañana escenario de vigilias y pañuelazos “verdes” y concentraciones “celestes” que están preparando desde hoy los sectores a favor y en contra del derecho al acceso al aborto legal para acompañar la sesión del Senado que tratará la iniciativa, actividades que se replicarán en distintos lugares del país.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito iniciará una vigilia a las 14 para acompañar el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), acción que se repetirá en distintos lugares del país y en el exterior.

El escenario “verde” que identifica a quienes apoyan la legalización ya está montado en la intersección de las calles Rivadavia y Callao para que, quienes se acerquen, puedan seguir las intervenciones de las y los senadores.

La Campaña sugirió a las personas que participen de la vigilia que lleven reposeras y que respeten las pautas de autocuidado en el contexto de pandemia por coronavirus.

Habrá puestos de hidratación, reparto de tapabocas y alcohol en gel, tarea que estará a cargo de Cruz Roja y rescatistas populares.

Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña detalló a Télam que “desde las 16, en el escenario, vamos a ir intercalando en pantallas el debate con videos internacionales”.

La dirigente contó que llegaron “mensajes de 50 países: Alemania, Irlanda, Francia, Italia, España, Ecuador, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, entre otros”.

Además, habrá un momento para “recuperar nuestra genealogía, nuestro recorrido” a través de un video que recordará los 15 años de trabajo de la Campaña.

“También van a subir al escenario todas las regionales y redes que conforman la Campaña, así que va a ser bien federal, para mostrar toda la construcción de lo que venimos haciendo en cuanto a la despenalización social”, destacó Waldhorn.

Para las 19 está previsto “un pañuelazo federal simultáneo en todo el país, va a haber más de 50 vigilias en distintas ciudades, y pañuelazos en España, Canadá, Chile, Guatemala, Bélgica, Bolivia y México”.

En paralelo, el activismo se concretará en las redes sociales con el hashtag #AbortoLegal2020.

A las 21 está prevista una conferencia de prensa sobre el escenario y luego habrá intervenciones culturales y música en vivo.

Tal como ocurrió el 10 de diciembre, cuando el proyecto obtuvo la media sanción en Diputados, la plaza frente al Congreso estará dividida con un vallado para los sectores que apoyan el acceso al derecho y quienes se oponen, que desde 2018 se identifican con el color celeste.

Belén Diez, integrante del Frente Joven de la red de organizaciones Unidad Provida, dijo a Télam que el sector “celeste” concentrará a partir de las 18.

“Va a haber bandas, oradores, va a estar Viviana Canosa. Vamos a tratar de que sea algo festivo, que la gente que vaya pueda pasar un grato momento con la familia, que es el público que nos caracteriza”, señaló.

Diez destacó que van “a estar representando a la mayoría celeste, haciéndole el aguante a los senadores, que es lo más importante, que ellos sientan el apoyo del pueblo. Queremos reforzar la idea de que el aborto no es la solución”,

Las concentraciones de los sectores “celestes” también se realizarán en distintos puntos del país.

La plaza frente al Congreso estará dividida con un vallado a la mitad hasta la calle Paraná, y dejará espacio del lado de Avenida Callao y hasta Avenida Corrientes para el sector “verde”, indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, del lado de Avenida Entre Ríos y hasta la Avenida Belgrano se ubicarán quienes no están de acuerdo con el acceso al derecho al aborto.

Presiones políticas y concesiones a provincias lograron revertir votos que inicialmente se habían expresado en contra del proyecto de legalización del aborto que impulsa el Gobierno; falta que se definan cuatro senadores

Una combinación de presión política y de concesiones del Poder Ejecutivo para algunas provincias le garantizaría al Gobierno los números para sancionar el proyecto de ley de legalización del aborto, que el Senado tiene previsto debatir en el recinto mañana en una sesión que, se espera, podría alcanzar las doce horas de duración.

En un escenario de voluntades volátiles en el que las convicciones de hace dos años parecen haber dejado lugar a la conveniencia política, menos de 48 horas antes del debate el tablero marca una paridad en 34 votos, con cuatro senadores en el rubro de los indecisos o de posibles abstenciones.

Sin embargo, entre los 34 legisladores que rechazan la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo figuran dos que difícilmente puedan votar. Ellos son los oficialistas Carlos Menem (La Rioja), que se encuentra internado tras sufrir un problema cardíaco, y José Alperovich (Tucumán), de licencia hasta el primero de enero por las denuncias de violación que pesan en su contra.

En medio de “verdes” y “celestes” se ubican cuatro senadores que podrían inclinar la balanza para cualquiera de las dos posiciones, en una lista en la que conviven legisladores que ocultan sus votos para evitar las presiones y los escraches de ambos sectores con aquellos que no terminan de convencerse con la letra del proyecto.

En la primera de esas categorías se inscriben las senadoras Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y la entrerriana Stella Olalla (UCR), quienes mantienen guardada bajo sietes llaves su decisión.

Alberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerseAlberto Weretilneck, a quien todos contaban como un voto a favor del proyecto, reclamó cambios. Ante la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones, analiza abstenerse Crédito: Prensa Senado

“Se van a enterar de mi voto cuando apriete el botón”, afirmó Crexell a LA NACION. Algo similar expresó la senadora radical, cuyo domicilio se convirtió en meca de peregrinación para los “celestes” entrerrianos el pasado 28 de noviembre, cuando los que rechazan el aborto se movilizaron a nivel nacional en contra de su legalización.

En la segunda categoría revistan el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos) y el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Kueider fue clave para que el proyecto consiguiera dictamen en el Senado. Sin su rúbrica no hubiese alcanzado la mayoría necesaria en Justicia, una de las tres comisiones que discutieron la iniciativa. Eso sí, firmó en “disidencia parcial”, postura que justificó por la necesidad de introducirle cambios al proyecto.

Por su parte, Weretilneck, a quien todos contaban a favor del proyecto, se plantó en el último plenario de comisiones reclamando que se introduzcan cambios. Además de cuestionar la amplitud de la frase “salud integral”, establecida como una de las causales que justificarían un aborto después de las 14 semanas, también pidió establecer la obligatoriedad de formular la denuncia penal para los casos por violación.

Entre los “verdes” del oficialismo confiaban en que el rionegrino finalmente terminaría votando a favor y conformándose con las promesas de que sus reclamos serían contemplados en la reglamentación de la eventual ley.

Sin embargo, el panorama pudo haberse modificado luego de que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, rompiera el frágil equilibrio alcanzado por los senadores oficialistas con el rionegrino cuando dijo que el Gobierno no pensaba introducirle cambios al proyecto. Después de esa irrupción, Weretilneck analiza abstenerse.

Cambios clave

La todavía frágil mayoría que tiene la legalización del aborto se logró no sin arduas negociaciones para reducir el fuerte rechazo al aborto que existe en la tropa oficialista con la intención de darle al Gobierno al menos un logro político antes de fin de año.

Uno de esos casos es el de la rionegrina Silvina García Larraburu, que en 2018 votó en contra y ahora firmó el dictamen y apoyará el proyecto. Las convicciones de la legisladora parecen haber mutado luego de un persistente trabajo de “presión política” de sus compañeras de bancada que la llevó a declarar que ahora las condiciones han cambiado, que hay un gobierno que se preocupa por la salud y que lo votará porque no se trata de una jugada del “duranbarbismo”, como en 2018.

La imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del abortoLa imagen de Cristina Kirchner en las inmediaciones del Congreso, en una movilización de quienes promueven la legalización del aborto Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez

La Casa Rosada, en tanto, tuvo que apelar a su poder de persuasión con el salteño José Leavy, que hace dos años votó en contra cuando era diputado nacional.

Luego de reunirse con Alberto Fernández y de que este anunciara la concreción de un plan de viviendas en su provincia, “el Oso” Leavy aseguró que estaba “repensando” su postura. No es el único. Si hace falta, otros podrían seguir su camino.

Están firmados por una “Campaña para la conquista de derechos” que no existe, y nadie se hace cargo. Señalan al Frente Joven.

La mañana siguiente a que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo consiguiera dictamen en la Cámara Alta, el centro de la ciudad de Buenos Aires apareció inundado con carteles confusos que simulan ser de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, pero son todo lo contrario: son mensajes que se oponen.

Si bien están firmados por “Campaña para la conquista de derechos”, con un puño apretado y una muñeca con el pañuelo anudado, esta “Campaña para la conquista de derechos” no existe y nadie se hace cargo de su autoría.

“#Aborto legal por si sale con Síndrome de Down”, “#Aborto legal para que nadie se entere y te siga violando”, “#Aborto legal para bajar la pobreza matando pobres”, son algunos de los mensajes.

En las redes sociales, quienes apoyan el aborto legal salieron enseguida a repudiar esta campaña que simula estar a favor pero es contraria, y por eso la mayoría de los mensajes de repudio dicen “campaña sucia celeste”.

“El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su preocupación por la aparición de carteles callejeros y mensajes en redes sociales que difunden contenidos basados en prejuicios y sin rigor de verdad, enmarcados en una presión creciente hacia el debate legislativo que se prepara para votar la legalización del aborto el día 29 de diciembre”, dice un comunicado del INADI.

“El organismo reafirma la idea de que dicho debate se de en el marco de la garantía de las libertades democráticas, de creencias, de culto y sobre todo de manera seria e informada, sin dar lugar a mensajes cargados de odio e información falsa que solo buscan manipular a la opinión pública”, sigue el texto del INADI, que habla de “campaña malintencionada contra las evidencias que avalan la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo basadas en mensajes violentos que no pueden tener lugar en un marco de debate democrático y respetuoso”.

“Estas expresiones violentas se complementan además con distintas formas de amedrentamiento que han sufrido en ocasiones de manera directa diputados y senadores en sus provincias; como otro tipo de maniobras extorsivas por parte de grupos no identificados pero que coinciden en una postura que violenta a las personas que se manifiestan a favor de los derechos reproductivos de las personas gestantes y su acceso a la salud”, sigue y plantea: “Estas campañas son costosas y cabe preguntarse sobre el origen de los fondos que financian semejante despliegue de afiches y logística necesaria para su efectiva comunicación”.

“Hasta ahora nadie se la adjudicó”, explicó a Clarín Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida y uno de los principales oponentes del aborto del país. “No tenemos nada que ver con eso y lo repudiamos de forma terminante. Es delictiva porque hay hasta discriminación, es una falta de ética y de respeto, atrasa a la sociedad este tipo de agravios, no nos sirve a los argentinos decir ese tipo de cosas que son asquerosas, porque la verdad que es un asco eso”, dijeron desde Más Vida.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), negó su autoría. Desde la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable también negaron ser los creadores.

Desde el propio sector “celeste” que se opone al aborto legal aseguran que los autores son del Frente Joven, una agrupación que se presenta como que “promueve el compromiso y la participación de los jóvenes en la sociedad, aportando nuevas perspectivas y soluciones a través de un original estilo que conjuga formación, acción, comunicación y política”.

“Impulsa tanto acciones sociales como políticas públicas de promoción del derecho a la vida y a la salud integral de la mujer embarazada y su hijo”, sigue. Uno de sus programas principales es “Defensores de Mamás”: “Si no protegemos a las mamás embarazadas y a sus hijos Ponemos en riesgo el futuro de nuestro país”, dicen. Nadie de la agrupación contestó los llamados de Clarín.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de Caba explicaron que se autorizan los espacios pero no el contenido. Y ante la consulta sobre si tuvieron pedido de autorización para estos carteles, respondieron que no y que “en apariencia se ve ilegal”.

“Las personas con discapacidad no debemos ser usadas para oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo”, asegura un comunicado de la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI), que sacó a propósito de los carteles callejeros: “Sentimos la necesidad de aclarar que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados/as no implica de ninguna manera el aborto por motivos de discapacidad. Lamentablemente, durante esta semana de tratamiento del proyecto en el Senado hemos escuchado mensajes falaces, que hoy hemos visto en carteles en algunas calles respecto de que la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de convertirse en ley, permitiría a las mujeres abortar si se constatara que ese hijo/a podría nacer con una discapacidad”.

“Es falso que este proyecto vaya en contra del nacimiento de personas con discapacidad. Desde REDI avalamos este proyecto, convencidos/as de que resulta necesario que exista una política de salud pública que frene tantas muertes de mujeres por abortos clandestinos -sigue el comunicado- .Desde REDI exigimos a la opinión pública que no utilice a nuestro colectivo de manera falaz para manifestar su oposición a la despenalización del aborto”.

Tras más de 19 horas de debate, habla la última oradora en la Cámara Baja. Los que impulsan el proyecto creen que cuentan con los votos para lograr la media sanción

Luego de una jornada maratónica, la Cámara de Diputados ingresó esta mañana en el último tramo del debate del proyecto de ley de legalización del aborto, que se votará en los próximos minutos

En las inmediaciones del Congreso, los sectores ‘verdes’ y ‘celestes’ hicieron vigilia durante toda la madrugada y siguen con enorme expectativa las últimas alternativas de la discusión parlamentaria. donde realizaron una vigilia durante toda la madrugada.

A lo largo de la maratónica reunión del pleno del cuerpo, expusieron 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo están cerrando el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.

En el último tramo de la discusión, el diputado del Frente de Todos, Héctor Bárbaro, anticipó que se abstendrá en la votación del proyecto sobre la legalización del aborto en lugar del rechazo como hizo en el 2018, y que mantiene su postura porque cumple con su “palabra con el pueblo misionero”.

El tramo final fue para las diputadas Brenda Austin, Silvia Lospennato, Graciela Camaño, Silvana Ginocchio, Gabriela Estevez y Gabriela Cerruti, de uno y otro lado de la iniciativa.

La sesión especial, que comenzó ayer poco después de las 11, cuenta con la asistencia en el palco de invitados de la ministra de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria de Salud, Carla Vizzott, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, entre otros.

Tras la aprobación del proyecto se comenzará a discutir el dictamen que establece un Plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los primeros años de la infancia.

En el Gobierno asumen que no tendrán problemas para que la ley se vote. El número que tienen en el final del día es 131 a favor y 119 en contra. Los votos están. El principal escollo para lograr la aprobación no está en Diputados, sino en el Senado, donde podría llegar antes de que culmine el año.

Tras los cambios al texto original, así quedó el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y que hoy será tratado en la Cámara de Diputados.

– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

– El aborto se permitirá hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

– Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

– En caso de menores de trece (13) años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

– En los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16), deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.

– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

– Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.

– El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

– Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

– Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

– El Estado tienen la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.

– Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86”.

– El artículo 86 quedará redactado así: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”.