Tras años de lucha en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en todo el país, lo que invalida los artículos del Código Penal Federal que castigan que mujeres y personas gestantes lleven a cabo la interrupción del embarazo.

“La Primera Sala de #LaCorte resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, publicó la Corte.

El fallo resultó positivo para la lucha de miles de mujeres mexicanas. Foto: TW SCJN

La senadora Olga Sánchez Cordero explicó que la resolución de la Corte significa que ninguna autoridad tiene la facultad de sancionar a quien acuda a realizarse un aborto o a quien lo realice en alguna institución de salud. Sin embargo, aclaró que todavía se debe interponer un amparo para llevar a cabo el procedimiento.

Indicó que falta que el Congreso legisle sobre el tema y además las clínicas y hospitales públicos del país deberán dar el servicio de manera gratuita.

“Las mujeres o personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas”, informó Sánchez Cordero.

El ministro Arturo Zaldívar fue uno de los principales actores políticos en celebrar la resolución de la Corte: “¡Hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre!”.

Las personas son conscientes de que aún hay mucho trabajo por hacer en esta área. Foto: RRSS

Javier Milei fue la gran sorpresa de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) al convertirse en el candidato a presidente más elegido con el 30,3% de los votos.

A pesar de que se le asignaba un declive de su imagen y no ser el favorito en las encuestas, el lider de La Libertad Avanza abrió un escenario totalmente inesperado tanto para el Gobierno como para Juntos por el Cambio.

El anuncio de su plan de medidas económicas, como la reducción del gasto público y la eliminación del Banco Central, ayudó a generar previsibilidad en un electorado sin muchas propuestas por parte de los demás precandidatos. Sin embargo, con los resultados sobre la mesa, algunas de sus ideas más radicales generan polémica y debate el día después de las PASO.

Eliminar el Ministerio de la Mujer

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que si llega a ser elegido Presidente de la Nación en 2023, cerrará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández.

"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", aseguró el diputado libertario cuando presentó en la Feria del Libro su libro "El camino del libertario".

En este sentido, Milei plantea modificaciones en la Administración Pública, que comienzacon la reducción de ministerios, dejando únicamente ocho: Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Relaciones Exteriores y la creación de la cartera de Capital Humano, que agruparía a las actuales carteras de Desarrollo Social, Educación y Salud.

La Educación Sexual Integral (ESI) dejará de ser obligatoria

Milei aseguró en el texto que se presentó ante la justicia electoral que la Educación Sexual Integral (ESI) dejará de ser obligatoria en las escuelas y que se reemplazarán los colegios públicos por un sistema de vouchers para quienes no pueda pagar puedan estudiar.

El libertario llegó a denunciar que la ESI es parte de una agenda que tiene que ver con la destrucción de la familia, el núcleo social más importante, según justificó.

Milei considera que la ESI, programa aprobado por Ley en 2006, es un ataque directo contra la familia y "está vinculada con otras cosas, que tiene que ver con la discusión del ecologismo".

Derogar el aborto legal

También, en sintonía con su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, asegura que "se defenderá al niño desde su concepción", similar a lo que propuso la integrante de la fórmula sobre derogar el aborto legal que se implementó durante el actual Gobierno.

Portación legal de armas

Otro de los puntos que más polémica generan dentro de la plataforma electoral de Javier Milei es en materia de seguridad, ya que busca "eliminar las cláusulas garantistas" y facilitar el acceso a las armas en la población. Para eso, se lo escuchó en diferentes oportunidades usar la frase: "Aplicar una doctrina de Seguridad Nacional".

Venta de órganos

Pero más allá de sus radicales propuestas económicas, es en el ámbito social donde sus ideas han causado mayor revuelo.

En varias ocasiones, especialmente durante la campaña presidencial, Milei sostuvo que estaba a favor de que los argentinos pudieran comprar armas libremente, a raíz del incremento de los casos de inseguridad que se registran en algunas zonas del país.

Tal vez la propuesta más polémica ha sido la de legalizar el mercado de venta de órganos, una actividad prohibida por la ley del país.

“Hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes, hay algo que no está funcionando bien. Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema”, dijo el candidato 

"Dinamitar el Banco Central"

En estos programas fue armando lo que es la base de su propuesta económica:

Primero: la dolarización de la economía, imitando el modelo de otros países de la región como Ecuador.

“Los ecuatorianos están muchísimo mejor que los argentinos. Los números de Ecuador son impresionantes. Se multiplicó por diez el ingreso y se pulverizó la inflación”, le dijo Milei al diario español El País.

Segundo: el cierre del Banco Central. Milei ha sostenido en varias entrevistas que la creación de esta entidad -ocurrida en 1935- fue el inicio de todos los problemas del país.

Tercero: una drástica reducción en el gasto público. Entre sus propuestas se incluye la reducción de ministerios presidenciales a solo ocho (actualmente hay 18 ministerios, sin contar otras agencias del Estado).

“Estamos dedicados a analizar una reforma del Estado donde pueda lograrse más eficiencia y menores costos. El gasto público total tiene que reducirse, pero no por cortes abruptos, ni mucho menos por licuación con la inflación, sino dando prioridad a ciertos gastos”, dijo Diana Mondino, economista de Ucema y miembro del equipo de gobierno de Milei.

El candidato de La Libertad Avanza propuso la reducción de subsidios a las empresas que prestan servicios y que el valor de la tarifa real sea transferido a los usuarios.

Otra propuesta que está en la carpeta es retirar el cepo al dólar, que es una medida actual que limita la cantidad de dólares que un ciudadano argentino puede adquirir por mes.

Estas propuestas, especialmente la de dolarización del país y la del cierre del Banco Central, han recibido fuerte críticas de otros expertos económicos.

La eliminación de la educación y salud pública

Milei enfatizó su plan de privatización del sistema de salud y educación pública y reiteró su idea de llevar adelante un sistema de "vouchers" para pagar la instrucción.

"Debemos ir en el largo plazo a los sistemas privados de salud y educación y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa", afirmó. Así, remarcó que en este plano no habrá quitas inmediatas: "Hasta tanto no se haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, trabajo y bienestar; la eliminación de la asistencia social es un crimen".

"El mejor sistema de salud es el privado, en el cual cada argentino pague por sus servicios. En el sistema privado los argentinos tienen mejor servicio", añadió.

El dirigente libertario agregó que "nosotros queremos avanzar hacia un modelo de libre elección y competencia en la educación. Para eso promoveremos, en acuerdo con las provincias, programas piloto de educación pública a través del sistema de vouchers, donde los argentinos puedan seguir teniendo educación".

Jubilados: la vuelta de las AFJP

El diputado liberal y precandidato a presidente Javier Milei aseveró que, de ganar las elecciones 2023, tiene la intención de volver a establecer las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Este sistema, dispuesto en 1993 por la gestión de Carlos Menem y eliminado en 2008 por Cristina Kirchner, suponía la presencia de empresas encargadas de gestionar de forma privada los haberes previsionales de quiénes optaran por ello.

En una entrevista con Radio Mitre en abril de 2023, Milei indicó que es "toda su intención" la de volver a aplicar las AFJP, y aclaró que es preciso hacerlo "sin vulnerar derechos".

El referente liberal explicó que él propone esta modificación como parte de las reformas de segunda generación de su plan. Para Milei, antes de volver a establecer las AFJP, es preciso hacer una reforma profunda del Estado.

El Tribunal Supremo parece abocado a eliminar este derecho en las próximas semanas.

Los demócratas del Senado de EE UU no consiguieron este miércoles suficientes votos para sacar adelante un proyecto de ley destinado a proteger el aborto a nivel federal, un derecho que el Tribunal Supremo parece abocado a eliminar en las próximas semanas.

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La iniciativa naufragó en una votación clave, ya que los demócratas no consiguieron los 60 apoyos necesarios para que comenzara a ser debatida en el Senado.

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Con la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, presidiendo la sesión, los 50 republicanos votaron en bloque en contra, mientras que los demócratas uno por uno fueron votando a favor mientras gritaban: “¡aye!” (sí). El único demócrata que rompió filas con su partido fue Joe Manchin, el último en votar y quien dejó el marcador en 49 votos a favor y 51 en contra.

La votación se produjo en un clima de alta tensión después de que la semana pasada el medio Politico publicara un borrador de un fallo del Tribunal Supremo de EE UU que apunta a la revocación del derecho al aborto que ese tribunal consagró en la histórica sentencia “Roe contra Wade” en 1973.

La filtración puso a los demócratas a la defensiva, ya que la derogación de “Roe contra Wade” permitiría a los republicanos restringir e incluso eliminar ese derecho aprobando leyes en los parlamentos estatales.

“La votación de hoy es una de las más importantes que celebraremos en décadas“, afirmó antes del voto el líder de los demócratas en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

Schumer había impulsado la votación con el objetivo de obligar a los senadores a posicionarse públicamente pese a que tenía pocas probabilidades de salir adelante. Actualmente, el Senado está dividido por la mitad con 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas, quienes detentan la mayoría gracias al voto de desempate Harris, que ejerce como presidenta de la cámara.

En concreto, si el Tribunal Supremo anula la protección al aborto, 26 de los 50 estados tomarán medidas para restringirlo. Eso implicaría que aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso a ese servicio en el territorio donde viven, según cálculos de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos.

La ministra de Familias canadiense, Karina Gould, se solidarizó con las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió el “derecho a elegir”.

El Gobierno canadiense aseguró que las mujeres estadounidenses que no puedan interrumpir sus embarazos en su país podrán hacerlo en Canadá, en pleno debate sobre la potencial anulación de un fallo que autorizó el aborto en Estados Unidos.

“Si vienen aquí y necesitan acceso (al aborto), es un servicio que les proveeríamos”, dijo este miércoles la ministra de Familias canadiense, Karina Gould, durante una entrevista con la televisión pública CBC.

Un día antes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había defendido el “derecho a elegir” de las mujeres.

Estados Unidos evalúa anular el derecho al aborto

Esta semana, un sitio de noticias estadounidenses publicó un borrador que le fue filtrado con un dictamen preliminar de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de anular el fallo de Roe vs. Wade de 1973, que garantizó el derecho al aborto durante casi 50 años.

Si el fallo efectivamente se anulara, el acceso al aborto quedaría restringido en Estados Unidos, a merced de medidas que puedan tomar por separado cada uno de los 50 estados del país.

Biden aseguró que prepara una “respuesta” para defender el derecho al aborto en EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, se manifestó en contra de la posible anulación y abogó por consagrar el derecho al aborto con una ley aprobada en el Congreso, algo que parece imposible con la actual composición parlamentaria.

Este domingo murió la abogada estadounidense Sarah Weddington, quien defendió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el histórico caso “Roe contra Wade” que permitió el aborto legal. Tenía 76 años.

En 1971, Weddington y otra abogada, Linda Coffee, presentaron una demanda colectiva en nombre de Jane Roe, el seudónimo elegido por Norma McCorvey, una mujer embarazada que impugnaba una ley del Estado de Texas que prohibía el aborto.

El entonces fiscal de condado de Dallas, Henry Wade, aseguró en ese momento que seguiría procesando a aquellos médicos que practicaran abortos. “Había una regla de procedimiento que decía que si los funcionarios electos locales continúan procesando después de que un tribunal federal declarara inconstitucional una ley, habría derecho a apelar ante el Tribunal Supremo”, contó después Weddington.

En 1973, la Corte Suprema falló a favor de Roe por 7 votos a favor y 2 en contra. El derecho al aborto en Estados Unidos no está garantizado por la legislación federal, sino que se basa en la jurisprudencia de este caso.

En 1992, el Tribunal aclaró que este derecho es válido hasta que el feto es “viable”, es decir, alrededor de las 22 ó 24 semanas de embarazo.

Weddington también se desempeñó como legisladora estatal de Texas durante tres períodos a partir de 1972. En 1977 se convirtió en consejera jurídica general del Departamento de Agricultura federal y entre 1978 a 1981 trabajó como asesora sobre asuntos de la mujer para el presidente Jimmy Carter.

Estados Unidos debate el futuro de la ley del aborto

El derecho a decidir en disputa A pesar de que pasaron casi cinco décadas del fallo, los actuales jueces de la Corte Suprema, de mayoría conservadora gracias a las nominaciones del expresidente Donald Trump, parecen decantarse por cambiar el marco legal que ha garantizado el derecho a decidir de las mujeres en Estados Unidos.

Después de dos meses de negarse a intervenir, la actual Corte accedió en noviembre a escuchar las impugnaciones a la ley de Texas, que prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo y que no contempla excepciones por violación o incesto.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 1 de diciembre que “sigue” apoyando el caso “Roe contra Wade”, cuya resolución, había advertido Weddington en 1998, “es como una casa en la playa que corre el riesgo de derrumbarse”.

En septiembre, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que protege el derecho al aborto. Sin embargo, las posibilidades de que avance en el Senado son pocas.

La Pastoral cordobesa envió un cuestionario en el que consulta quién propondrá anular la ley sancionada en diciembre de 2020.

“¿Propondrá algún proyecto para derogar la ley de interrupción legal del embarazo?”. Con esta pregunta enviada a cada uno de los candidatos cordobeses para el Congreso Nacional, la Iglesia Católica comenzó a explorar cuáles son las posibilidades reales de derogar la legalización del aborto, ley aprobada en diciembre de 2020 y que demandó un vasto debate parlamentario.

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En concreto, los principales candidatos que competirán el 14 de noviembre recibieron un cuestionario de 14 puntos elaborado por la Pastoral Social de Córdoba, en el cual el capítulo aborto se vuelve central.

Restablecieron la ley que prohíbe los abortos en Texas

“¿Cuál es su posición concreta acerca del valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural? ¿Qué opinión le merece la implementación de la ley denominada ‘Interrupción Voluntaria del Embarazo’ y de la ‘Interrupción Legal del Embarazo’? ¿Propondrá algún proyecto para derogarla o modificar su implementación?”, son las tres preguntas que integran el módulo aborto en el cuestionario distribuido durante el fin de semana.

El interrogatorio de la Iglesia llamó la atención en los búnker de campaña: la mayoría de los principales candidatos ya dejaron sentada su posición respecto del aborto legal durante el debate. Incluso, varios de ellos (Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Héctor Baldassi, Soledad Carrizo, Carlos Caserio) votaron en Diputados o Senado en sendos debates.

En general, todos los candidatos tienen postura pública sobre el aborto legal. De los principales, el único que no hizo pública su opinión es Rodrigo de Loredo, cabeza de lista para la Cámara Baja de Juntos por el Cambio.

Aunque aborda diferentes problemáticas, sólo interroga sobre la derogación de una ley, la del aborto. “Es una pregunta compleja porque se trata de una ley debatida y sancionada por un poder de la república. El camino para cuestionar una ley no es el Congreso, sino la Justicia”, explicó uno de los candidatos que recibió el cuestionario durante el fin de semana largo.

En el marco de la agenda laica, la Iglesia también consultas respecto de la eutanasia: “¿Cómo votaría eventuales proyectos que propongan la legalización de la eutanasia?”, es la pregunta al respecto. Y también pone en foco la opinión de la despenalización de la marihuana para consumo recreativo: “¿Cuál es su posición concreta, y cómo votaría eventuales proyectos que propongan la despenalización del consumo de drogas como la marihuana?”, es la consulta.

“Aunque hay una mayoría de candidatos celestes, van a quedar expuestas las contradicciones en estos temas dentro de una misma lista. Caserio votó a favor del aborto legal y Martín Gill marchó con un pañuelo celeste y los evangélicos, por ejemplo”

“Aunque hay una mayoría de candidatos celestes, van a quedar expuestas las contradicciones en estos temas dentro de una misma lista. Caserio votó a favor del aborto legal y Martín Gill marchó con un pañuelo celeste y los evangélicos, por ejemplo”, es la síntesis de la sensación que causó cuestionario espinoso de la Iglesia en los equipos de campaña.

La incomodidad es transversal: Luis Juez es un declarado celeste y Laura Rodríguez Machado votó a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, otro ejemplo.

Entre los temas cívicos, la Iglesia pregunta a los candidatos si está a favor de la boleta única de papel y de la ficha limpia, y les pide precisiones de qué ley impulsaría para “pasar de la cultura del plan social o subsidio a la cultura del trabajo”.

Los colectivos feministas y de derechos humanos del país suramericano exigen que se abra un debate libre de consideraciones morales y religiosas.

Centenares de mujeres junto a organizaciones sociales, colectivos feministas y movimientos defensores de los derechos humanos, tomaron este martes las principales calles y avenidas de Caracas, capital de Venezuela, para exigir —en forma masiva— la despenalización legal y social del aborto en el país suramericano.

Chile: el 73% de la población está a favor del aborto

La convocatoria, realizada a través de la campaña Ruta Verde, comenzó a primeras horas de la mañana con una concentración realizada en la plaza Morelos de Bellas Artes, lugar que sirvió como punto de partida de una multitudinaria marcha que exige que deje de criminalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en Venezuela se penaliza el aborto excepto cuando se considere que existen amenazas a la salud de la mujer.

La Corte Suprema de México despenaliza el aborto

Por ese motivo, las más de 50 organizaciones y movimientos sociales que participaron en la movilización suscribieron un comunicado contra la criminalización de la interrupción del embarazo y llevaron una solicitud hasta la sede del Parlamento venezolano para exigir a los legisladores que deroguen de forma inmediata los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal vigente, que penalizan el aborto.

En el documento que se entregó a la Asamblea Nacional también plantean a los parlamentarios redactar una nueva “legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro” y proponen que se discuta en la agenda legislativa 2021-2022.

?Comunicado. Criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos.¡Exigimos la derogación inmediata de los artículos 430, 431,433 y 434 del Código Penal Venezolano!

?Visita nuestra web y accede ? al comunicado completo: https://t.co/Z0UESt0pUO #23Sep

— Ruta verde? (@rutaverdevzla) September 24, 2021

Además, este frente amplio de mujeres y organizaciones sociales pide al Poder Legislativo que se abra un debate nacional sobre el aborto basado en el respeto a los derechos humanos, la ética y la evidencia científica, que además esté “libre de consideraciones morales y religiosas, como corresponde en un Estado laico”.

¡Comenzó la Ruta Verde!

¡Por la despenalización social y legal del aborto en Venezuela!@rutaverdevzla pic.twitter.com/yvodmvSCR3

— FALDAS-R (@FaldasR_Ve) September 28, 2021

Los colectivos recalcan que Código Penal, un texto legal que no ha recibido modificaciones sobre el aborto desde hace más de 100 años, criminaliza y estigmatiza a casi todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

“Coincidimos y unimos nuestras voces para develar que no existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela”, dice parte del texto.

La #RutaVerde #AbortoLegalYaVzla con diputadas y diputados de la Comisión Permanente para el Desarrollo Social ???#SeraLey en #Venezuela HOY MARCAMOS UN HITO HISTÓRICO de la agenda feminista por la Despenalización del Aborto en nuestra puebla venezolana. pic.twitter.com/YRPRtpiw2F

— Ruta verde? (@rutaverdevzla) September 28, 2021

Además resaltan que “los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las más vulnerables”, y agregan que su criminalización vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud y al desarrollo de su personalidad.

?✊¡Ya ingresaron compañeras a la @Asamblea_Ven para entregar el Comunicado. Criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos en #Venezuela!Accede al documento aquí: https://t.co/Z0UESsIOwe#AbortoLegalYaVzla #RutaVerde #SeraLey #28S pic.twitter.com/QiRmXg9j5v

— Ruta verde? (@rutaverdevzla) September 28, 2021

De igual forma, denuncian que el actual marco legal venezolano vulnera el derecho de la mujer a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y “a vivir una vida libre de violencia”.

“Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos y mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica“, añaden.

¡Llegó el día, mujeres, estamaaaas en la plaza Morelos de Bellas Artes, #Caracas, para dentro de un rato salir a marchar! ???✊✊✊@MovMujeres @entintavioleta @Ctejiendonos @MetodoWom

¡Juntas y juntes por la Despenalización del Aborto en #Venezuela! ?#AbortoLegalYaVzla pic.twitter.com/0JjXI6yqsZ

— Ruta verde? (@rutaverdevzla) September 28, 2021

La profesional de la salud era la única de Tartagal que no era objetora de conciencia. La joven de 21 años pidió acceder a una ILE con un embarazo de 22 semanas con consentimiento informado.

En Salta detuvieron a una médica que realizó una interrupción legal de un embarazo (ILE) de 22 semanas y dos días a una joven de 21 años.

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En Salta detuvieron a una médica que realizó una interrupción legal de un embarazo (ILE) de 22 semanas y dos días a una joven de 21 años. La profesional es la única de Tartagal que no es objetora de conciencia. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15. Actualmente, la médica permanece detenida en la Ciudad Judicial de Tartagal.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón por realizar el aborto.

La joven de 21 años se acercó al hospital mencionado para acceder a la ILE. Todo consta en historia clínica y, tal como indica la Ley, la mujer fue asistida por un equipo de profesionales de la salud que, ante su solicitud para interrumpir el embarazo, consideraron que su pedido era viable.

Según indicó la integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta, Verónica Cuevas, a Radio Nacional, las complicaciones comenzaron cuando un médico, que no respetó la confidencialidad de la paciente, se comunicó con un familiar de la joven y le informó que se estaba por realizar un aborto.

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A partir de estas declaraciones, los familiares de la joven realizaron una denuncia penal contra la médica acusándola de homicidio. El fiscal penal y el juez dieron lugar a la acusación y ordenaron la detención de la profesional. “El acto jurídico del juez y el fiscal está privando a las mujeres del NOA al acceso de un derecho”, sostuvo Cuevas, y agregó: “Estamos todos en alerta nacional: antes iban por las mujeres y ahora van por los profesionales”.

“El fiscal tiene 10 días para resolver, es decir que puede estar 10 días privada de la libertad”, afirmó Cuevas sobre la situación de la médica.

“Están basados en una justicia patriarcal. Hay un hostigamiento claro de grupos anti derechos que están fogoneando desde las redes y los medios públicos difundiendo falsa información”, expresó la delegada de la Red.

Desde la Red de Profesionales por el derecho a decidir emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido y exigiendo la liberación de la médica. Además, convocaron a un pañuelazo a las 12 del mediodía frente al hospital y a las 15 concentrarán con distancia en la Casa de la Provincia de Salta: Roque Sáenz Peña 933 CABA.

No es la primera vez que hay problemas en el Hospital Juan Domingo Perón: recientemente, se inició una investigación en la que se acusó a un médico de pedir un pago de 20 mil pesos, o encuentros sexuales, para practicarle un aborto en una clínica privada a una mujer y, el año pasado, otro médico discriminó y se negó a asistir a una chica que se desangraba porque creyó que había abortado.

El Ministerio de Salud presentará este viernes el protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo adecuada a la nueva normativa aprobada en diciembre último en el país.

Será durante un acto online del que se espera participen funcionarias nacionales, y los detalles del protocolo los brindará la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla

También participarán del encuentro la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y Marta Alanís de Católicas por el Derecho a Decidir.

La presentación del protocolo coincide con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

La norma establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive.

La presentación será a las 9 de este viernes a través del canal de YouTube del Ministerio de Salud.

Organizaciones feministas de San Luis repudiaron el fallo de una jueza puntana que dictaminó inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esta provincia y en los próximos días presentarán sus fundamentaciones legales contra esta medida.

En un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San Luis, Villa Mercedes, Merlo y Traslasierras, expresó que “no tiene valor por sí misma” la sentencia del juzgado laboral N°2 que se conoció ayer, a cargo de la jueza María Eugenia Bona, por la acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno de San Luis.

Negre de Alonso, una ferviente defensora del rechazo al aborto, solicitó que “cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial” que ocasiona la “contradicción” entre dos artículos de la ley del aborto legal, y el artículo 19 de Código Civil y Comercial, y se prohíba en San Luis “la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610”.

En sus justificaciones, la Campaña alegó que la presentación carece de ‘’legitimación activa entre otras cosas porque la actora se arroga la representación del sector de la sociedad estrictamente afectado”.

Además, que “su planteo es un debate superado ampliamente en el tratamiento de la Ley 27.610 y en su trayecto histórico hasta su sanción” en diciembre del año pasado.

También, destacó que “dicha presentación fue orientada hacia un juzgado Laboral de Primera Instancia sabiendo que es afín, por lo que esta sentencia no tiene carácter definitivo, no obliga, ni impide nada”.

Por último, señala la declaración que en el fallo la jueza Bona “se arroga la capacidad de definir en primera instancia la disarmonía entre artículos de la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el nuevo Código Civil y Comercial, las leyes 26.061 y la 27.610, reconociendo que eso es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Además, subrayó que “desde la Campaña Nacional y con el aporte de compañeras expertas en la materia jurídica de distintas partes del país se están elaborando fundamentos que acercaremos a la Justicia construidos en años de lucha y experiencia por el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

Por otro lado, durante todo el día se viralizó en la redes sociales una foto del pañuelo verde con una leyenda que decía “En San Luis es y seguirá siendo ley”, que fue compartido por funcionarias y funcionarios provinciales, entre ella la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Por su parte, ayer la Fiscalía de Estado respondió en el marco de las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para analizar la “disarmonía” en el ordenamiento legal que alegó Negre de Alonso.

También, la fiscalía consideró que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres” y advirtió que es “una ley de orden público y de aplicación obligatoria” en todo el país.

Legisladoras nacionales del Frente de Todos acompañaron la marcha del colectivo feminista del Chaco en repudio a la medida cautelar de una jueza en lo Civil y Comercial que frenó la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa provincia y coincidieron en que el fallo produce “desigualdad” y “discrimina”.

“Esta medida cautelar lo que vino a hacer es dejar a las mujeres y a los seres gestantes de la provincia del Chaco en situación de desigualdad y discriminación respecto al resto del país”, dijo hoy a Télam la senadora nacional del Frente de Todos Marín Pilattti Vergara en la manifestación de repudio al fallo que bloqueó la Ley 27610.

En tanto, la diputada nacional Lucila Masin, también del Frente de Todos, acompañó la marcha de hoy en Resistencia y aseguró que “la medida cautelar presentada la semana pasada marca un precedente jurídico nefasto para la conquista de nuestros derechos y para la garantía efectiva de miles de mujeres y personas gestantes en nuestro país”.

Suspendieron la validez de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Chaco

Asimismo, Pilatti Vergara dimensionó el impacto del fallo de la jueza Civil y Comercial 19 Marta Aucar de Trotti al señalar que Chaco “es una de las provincias donde más embarazos en niñas de muy corta edad existen y la sanción de la ley trae aparejado poner a nuestras mujeres como a las del resto del país en un estricto pie de igualdad respecto de aquellas que sí tienen recursos económicos para hacerse un aborto seguro”.

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Además, subrayó: “No promovemos, no aconsejamos ni le deseamos a nadie que tenga que pasar por un aborto pero la mujer cuando decide abortar por los motivos que fueran lo hace, la diferencia es que cuando tiene recursos lo hace con recaudos de seguridad, higiene y salubridad, y cuando no los tiene, cae en manos de curanderas y de gente que practica de manera ilegal la medicina con La legisladora remarcó la obligatoriedad del cumplimiento de la norma porque Argentina no es “una confederación como Estados Unidos, donde cada estado puede resolver aplicar una política distinta respecto a otra”, sino que es “un estado republicano donde cada provincia es autónoma pero no es soberana y ante una ley nacional de orden público los estados provinciales tienen obligación de respetarla y hacerla respetar”.

“Me han gritado ´mata bebés´, ´hay que matarte feminista´, ´hay que meterte un palo..´ mientras me golpeaban”, relato María en su denuncia.

“Todo comenzó cuando una mujer que estaba acompañada por otras personas me dijo que debía sacarme el barbijo, a lo que le conteste: tengo todo el derecho de dejármelo y eso parece que le molesto, porque comenzó a golpearme, al igual que las otras personas que estaban con ella”.

El chofer continuo la marcha por unas 10 cuadras hasta que llego a la comisaría primera de Mar del plata, donde María, acompañada por otra pasajera, que salió de testigo, radicó la denuncia ante la sede policial.

La policía informó que una de las agresoras fue demorada e identificada y se la notificó del inicio de una causa judicial.

Luego de la denuncia policial, la joven fue trasladada a un hospital, donde le hicieron las curaciones pertinentes y fue dada de alta.

En el hecho interviene la fiscalía de Flagrancia a cargo de la doctora Ana María Caro.

“Todas las mujeres que a partir de hoy tengan la necesidad o sienten que tienen el derecho de tener un aborto dentro de los marcos que fija la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo van a poder hacer”, aseguró el ministro de Salud, Daniel Gollan.

El Gobierno bonaerense presentó este lunes la guía de acción para orientar en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los profesionales de la salud del distrito, en el marco de la promulgación de la Ley 27.610 y la firma de la resolución que aprueba su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

“Todas las mujeres que a partir de hoy tengan la necesidad o sienten que tienen el derecho de tener un aborto dentro de los marcos que fija la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo van a poder hacer”, dijo el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, durante el acto de presentación de la guía, realizado en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata.

Precisó que “el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires va a dar respuesta a todas las mujeres que quieran realizar, dentro del marco que establece la ley, una interrupción voluntaria del embarazo”.

“Sin la lucha en las calles, esto no hubiese sido posible, si no hubiese existido esa marea verde, quizás algunas legisladoras y legisladores no hubiesen cambiado su manera de pensar”

La Guía está dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarios públicos, con el objetivo de “orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto”.

“El objetivo es garantizar estas prácticas, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas”

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, celebró la elaboración de la guía y dijo que “hoy es un día de alegría, emociones, y de derechos conquistados”

Precisó que la guía !es un documento de más de 30 páginas preparado especialmente para los efectores de salud de la provincia de Buenos Aires, que viene a ser un documento segmentario del protocolo de implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Recordó asimismo que estaba vigente en el Código Penal desde 1921 la Interrupción Legal del Embarazo con protocolos del Ministerio de Salud de la Nación al que adhirieron como Provincia al inicio de la gestión de Axel Kicillof.

Ahora, dijo, se suma el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, que es lo que incorpora la ley 27.610 que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la semana pasada, que incluye la atención de la mujer post aborto, y que entrará en vigencia a partir del próximo 24 de enero.

La ministra adelantó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo estará accesible “en todo el sistema de salud, público, privado, con obras sociales incluidas”.

“En la práctica, la mujer se realiza la atención ginecológica en los consultorios de planificación familiar y a partir de ahí, hay diez días, según lo que establece la ley como máximo para que se de la respuesta para que se acceda a la práctica”

Agregó que la práctica se realiza durante el primer trimestre, con un medicamento, que es el misoprostol, que se elabora en la provincia de Santa Fe y que la provincia ya utilizaba para la Interrupción Legal del Embarazo que existía hasta ahora.

“El sistema público de salud las va a tener para dar, también el programa de salud reproductiva compró, porque así como entrega los insumos de métodos anticonceptivos, también ha incorporado el misoprostrol que lo entrega para que llega a todo el país”, dijo Díaz.

Por su parte, la directora provincial de Equidad de Género del ministerio de Salud bonaerense, Sabrina Balaña, explicó que esta guía ayudará a garantizar la aplicación de la ley y que los equipos de salud acompañen a las mujeres en su decisión.

Mientras el precandidato presidencial Joaquín Lavín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, se manifestó en contra del aborto porque, según él, “en eso soy más conservador”, la delfín de la expresidenta Michelle Bachelet, la socialista Paula Narváez, afirmó que apoyaría un proyecto de despenalización.

A dos días de la reanudación del debate por la despenalización del aborto en el Congreso, los precandidatos al sillón presidencial de La Moneda comenzaron a hacer pública su postura sobre el proyecto de ley que divide a los chilenos.

Se espera que este miércoles se retome la discusión de la despenalización del aborto hasta la semana 14 en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego que un grupo de parlamentarias de la oposición pusiera el tema sobre la mesa una vez aprobada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de Argentina.

A favor del proyecto está la delfín de la expresidenta Michelle Bachelet, la socialista Paula Narváez, quien aseguró en una entrevista televisiva que “apoyaría un proyecto de despenalización del aborto justamente con muchas consideraciones desde el punto de vista de las semanas, tal como se discute en el resto del mundo”.

La precandidata socialista afirmó también que cree “en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde una de las dimensiones tiene que ver con el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones específicas”.

Desde la misma vereda, el precandidato comunista Daniel Jadue, uno de los principales referentes de la oposición chilena y alcalde de la capitalina comuna (barrio) de Recoleta, también se mostró partidario de la interrupción voluntaria del embarazo.

A través de su cuenta en Twitter, Jadue aseguró que en Chile se debe hablar sobre “matrimonio igualitario, aborto libre y seguro hasta las 12 semanas, legalización de las drogas, gratuidad en la educación y salud universal, estado plurinacional e intercultural”.

Desde el oficialismo las posturas son diferentes.

El precandidato presidencial Joaquín Lavín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), se manifestó en contra del aborto porque, según él, “en eso soy más conservador”.

No solamente fue concreto en rechazar la iniciativa, sino que en el anuncio de su precandidatura afirmó: “Yo creo en la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente”.

Otro precandidato que coincide con Lavín es el exministro de Defensa y excarabinero Mario Desbordes, quien aseguró que “uno debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo he dicho siempre”.

“Yo no soy partidario del aborto, ya está el de tres causales pero no soy partidario”, dijo Desbordes a Radio Agricultura.

El tema del aborto en Chile está en debate desde la semana pasada cuando la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó a discutir un proyecto de ley presentado hace tiempo, pero con poco éxito.

El debate legislativo reactivó de inmediato la discusión pública.

Sondeos

Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano, publicada este lunes, sostuvo que el 42,7% de las personas está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la despenalización del aborto, mientras que el 32,2% se mostró “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.

Este proyecto de despenalización del aborto iniciará su primer trámite legislativo por segunda vez, luego que en agosto de 2018 fuera ingresado por diputadas opositoras, en un intento infructuoso por reformar el Código Penal, que estipula sanciones contra la interrupción voluntaria del embarazo, excepto por unas pocas excepciones.

La última vez que el movimiento feminista se anotó una victoria en este tema fue en septiembre de 2017, cuando se aprobó y promulgó la Ley de Aborto que despenaliza la interrupción del embarazo para tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

El movimiento pro aborto legal viene creciendo en Chile, y tomó aún más fuerza después de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de Argentina, una votación celebrada por miles de personas en las calles y redes sociales en el país y la región.

El Presidente promulga la ley hoy, y mañana se publica en el Boletín Oficial. Habría una reglamentación parcial.

Este jueves, finalmente se promulgará la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego de la sanción por parte del Senado, será el turno del presidente Alberto Fernández de firmar el documento. El aborto sin restricciones hasta la semana 14 se publicará en el Boletín Oficial el viernes. Ocho días corridos después, entrará en vigencia en todo el país. Desde entonces, quien lo decida tendrá el derecho a acceder a esta práctica.

Durante el mismo acto, que se realizará en el Museo del Bicentenario, también se promulgará la Ley de los 1.000 días, sobre el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia para acompañar a las que elijan continuar con la gestación.

Ambas leyes se publicarán en el Boletín Oficial el viernes. “Ocho días después comenzarán a aplicarse. Superado ese plazo, no habrá excusas. Esto quiere decir que cualquier persona con capacidad de gestar podrá acercarse a un efector de salud y le tendrán que brindar información y garantizar la interrupción del embarazo o derivarla con un profesional que pueda hacerlo. El plazo máximo es de 10 días”, detalla la abogada Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Si bien se contempla la objeción de conciencia individual, todo profesional debe ofrecer información y asistir a la mujer para que acceda a la práctica si así lo decide. En este sentido, se incorporó como delito la obstrucción al aborto con penas de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

En el marco de la promulgación, se espera que el Presidente efectúe un veto parcial al que se comprometió previo a la sanción de la norma, con el objetivo de lograr el consenso necesario para la legalización.

El proyecto transformado en ley detalla como causales de aborto legal en cualquier momento de la gestación (también superadas las 14 semanas) al embarazo como consecuencia de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud integral de la mujer, algo que ya contemplaba nuestra legislación desde 1921. Con el veto parcial quedaría eliminada la palabra “integral” de esa parte del texto. El cambio sería una formalidad ya que para este tipo de casos se tiene en cuenta el concepto de salud integral que propone la Organización Mundial de la Salud y se refiere a la salud física, emocional y social de la persona con capacidad reproductiva.

Sobre la regulación, la referente de Amnistía Internacional Argentina sostiene que “no es necesario que se reglamente para que pueda implementarse”.

“Tenemos el protocolo de aplicación de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que incluía las tres causales por las que hasta esta ley ya se autorizaba a abortar en Argentina. Se renovó en varias oportunidades, la última a fines de 2019. Este texto puede servir de guía para las instituciones médicas aunque la ley es bastante operativa por lo que solo sería una herramienta más”, señala García Rey.

Cuenta que dicho protocolo suma precisiones “sobre la administración del misoprostol, cantidades y modo de uso, según el caso”. También insiste sobre la importancia de garantizar los derechos de las mujeres, entre ellos, el de ser informadas sobre sus opciones.

La intención del Gobierno es realizar una reglamentación parcial, que estaría lista dentro de un mes. El objetivo es incorporar algunas aclaraciones sobre los alcances de, por ejemplo, la objeción de conciencia.

Con la IVE promulgada también se aguarda el sobreseimiento de mujeres criminalizadas por causas derivadas de abortos. “Hay mujeres presas por este tema. No tenemos el número exacto ya que no todas fueron condenadas por el mismo delito. En algunos casos, se las acusó de homicidio agravado por el vínculo por interrumpir el embarazo”, comparte García Rey.

“Por el principio de aplicación de la ley penal más benigna, que tiene carácter retroactivo, habría que empezar a liberar a estas mujeres”, agrega.

Se promulgará la Ley IVE y habrá aborto legal, seguro y gratuito en Argentina

La nueva norma impactaría sobre 1.532 causas por abortos y 37 por eventos obstétricos que hay en el país, según un relevamiento del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Mabel Bianco, fundadora y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), le dijo a este diario que la promulgación es un “paso formal necesario” y que el veto parcial para retirar la palabra “integral” no representa un cambio significativo.

“La palabra salud ya implica el completo bienestar físico, psíquico y social, no la mera ausencia de enfermedad. Salud es salud, por más que no diga integral”, remarca Bianco, que es médica y tiene un máster en Salud Pública.

Además, asegura que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, en los efectores de salud tendrán la obligación de informar, explicar y guiar. “Es probable que el Ministerio de Salud tenga que realizar capacitaciones, como hizo en su momento con el tema de los anticonceptivos”, sostiene.

Bianco destaca que existe un 0800 del Programa de Salud Sexual y Reproductiva al que la mujer puede llamar “para pedir asistencia y reclamar, si es que no logró que le dieran la ayuda que necesitaba”.

“La objeción de conciencia de algún profesional, que debe quedar por escrito y sostenerse tanto en el ámbito público como privado, no tiene que limitar las posibilidades de la mujer”, advierte Bianco. Y sigue: “Ese profesional debe brindar información clara y derivarla. La ley no dice nada en relación a la objeción de conciencia institucional”.

Sobre las acciones judiciales que referentes pro vida adelantaron que van a iniciar, Bianco señala: “Ya nos pasó con la ley de Salud Sexual y Reproductiva. Imagino que va a haber denuncias. Seguramente sean un inconveniente, pero no van a frenar la IVE”.

Esta mañana, la presidenta de la Banca Mujer del Senado, Norma Durango, publicó en sus redes sociales que el próximo jueves 21 de enero se promulgará la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Nº 27.610) y el aborto será legal, seguro y gratuito en toda la Argentina.

El acto tendrá lugar en el Museo del Bicentenario y se hará esta semana dado que se cumplen los diez días hábiles desde que la ley fue sancionada el 30 de diciembre, plazo establecido para que entre en vigencia.

https://www.facebook.com/SenadoraNormaDurango/posts/2872857782955436

La reglamentación, por otra parte, estuvo a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. En ella se tuvieron que agregar los cambios que negoció el oficialismo para la aprobación definitiva del Senado.

Gómez Alcorta dijo, en diálogo con la TV Pública, que una vez que se promulgue la ley, “tanto los médicos, las médicas, como las personas, no van a estar cometiendo un delito y todas las personas que están imputadas en causas o condenadas por haber llevado adelante un aborto hasta la semana 14 de gestación serán sobreseídas”.

A su vez sostuvo que la implementación “va a depender mucho de las redes de profesionales que ya hoy existen” y que “la ley es de alcance nacional, pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras”

La madrugada del miércoles 30 de diciembre de 2020, día en que el Senado aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención) marcó un antes y un después en la historia Argentina. Como sucedió con la Ley de Divorcio (1987) o la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la sanción de la normativa generó indignación entre los sectores vinculados a la Iglesia y, en este caso, entre las llamadas agrupaciones “pro vida”.

En la provincia de Tucumán por ejemplo, más específicamente en la localidad de Yerba Buena, el intendente Mariano Campero (JxC) dispuso que las banderas oficiales del Municipio permanecieran a media asta y se decretaron cuatro días de duelo “por los bebés que no van a nacer”. Por otro lado, integrantes de organizaciones civiles y religiosas realizaron una suelta de globos negros frente al Palacio de Justicia de la provincia.

Javier Jantus, Secretario de Relaciones Institucionales de la localidad tucumana, calificó la ley como “trasnochada y aberrante”. Además, apuntó contra la gestión del actual Presidente y los legisladores. “El gobierno de Alberto Fernández y los diputados y senadores que apoyaron la ley van a contramano de la sociedad”, escribió en su cuenta de Twitter.

En comunicación con Infobae, Jantus explicó los motivos de esta resolución que estuvo vigente entre el jueves 31 de diciembre de 2020 y el lunes 4 de enero de 2021. “Desde el año 2017 Yerba Buena es una una ciudad pro vida. Es más, desde el año 2012, todos los 25 de marzo aquí conmemora el ‘Día del niño por nacer’. Es por esto que tomamos la medida de decretar un duelo en rechazo a la ley”, dijo el funcionario.

Según Javier Jantus, que trabaja desde hace años junto a Mariano Campero, hace tiempo que Yerba Buena viene “dando batalla” contra la legalización del aborto y contó que, desde el Municipio, realizan un trabajo social “muy fuerte” para ayudar a las mujeres que quedan embarazadas y no tienen recursos.

“En septiembre de 2020 inauguramos un Espacio de Primera Infancia donde, tanto madres como niños, reciben un acompañamiento integral. Se trata de una política pública mucho más profunda que facilitar un aborto”, explica. Hace una pausa y agrega: “Trabajamos por las personas y cuando digo personas me refiero a una persona desde su concepción”.

Además de Secretario de Relaciones Institucionales de Yerba Buena, Jantus es abogado y padre de familia. Una de sus hijas, cuenta a este medio, tiene Síndrome de Down. “Desde el Gobierno hablaron de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para ocultar lo que verdaderamente abala esta normativa que es la supresión de la vida de un bebé. Dicen que la ley habilita a abortar cuando hay ‘peligro de la salud integral’ pero, en realidad, lo único que buscan es eliminar a las personas que tienen alguna discapacidad. Prever el aborto es la eugenesia más vil y más cruel que hay. En Islandia pasó lo mismo y no hay habitantes con Síndrome de Down. Los matan antes de que nazcan”, apunta Jantus.

Un día antes de la votación en la Cámara Alta, Jantus se mostró muy activo. Desde la marcha “en defensa de las dos vidas” que hicieron en Tucumán, y que también se replicó en otras provincias del país, el Secretario de Relaciones Institucionales de Yerba Buena instó a la senadora Beatriz Mirkin (PJ), para que votara en contra de la legalización del aborto.

“Sería una ley ilegítima e inválida además de atroz. ¿Por qué eliminar a quienes vienen al mundo con alguna discapacidad? Gestione por el bien de la provincia, no por eliminar Tucumanos. Todos somos necesarios”, le escribió por Twitter.

Al final de la sesión, los votos de los tres senadores tucumanos estuvieron repartidos. Silvia Beatriz Elías de Pérez (UCR) votó en contra del proyecto de IVE; Beatriz Mirkin (PJ), en cambio, votó a favor; y José Alperovich (FpV) estuvo ausente. Dos días más tarde, Jantus hizo varios descargos en redes sociales. “Las reacciones en contra de esta trasnochada y aberrante ley van surgiendo en todo el país. Toda vida vale: con Mariano Campero y el gabinete municipal se lo decimos al mundo”, sostuvo.

Tucumán fue la primera provincia argentina en ser declarada “pro vida”. Con 39 votos a favor y 4 en contra, la legislatura tucumana aprobó la normativa el 2 de agosto de 2018, días antes de que el Senado de la Nación tratara el anterior proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En declaraciones a medios locales Mariano Campero, quien fue contactado por Infobae pero no devolvió los mensajes, sostuvo que tras mantener todas las banderas a media asta recibió amplio apoyo. “Se han comunicado con nosotros varias organizaciones y otros Municipio para felicitarnos, apoyarnos y nos comentaron que tomarán medidas similares”, contó.

“Después de todo esto pudimos comprobar que, los que impusieron el aborto son una mayoría bulliciosa; mientras que los que defendemos la vida somos una mayoría. Una mayoría silenciosa”, se despide Jantus.

Colectivos, organismos y activistas mexicanas celebraron este miércoles la histórica aprobación de la legalización del aborto en Argentina con la esperanza de lograr lo mismo en México, donde solo está plenamente despenalizado en la capital y en el sureño estado de Oaxaca.

“El movimiento feminista transforma, y hoy nos lo demuestra en Argentina, donde se aprobó dar un marco legal y seguro para que el aborto sea despenalizado y las mujeres decidan plenamente sobre sus cuerpos”, expresó en redes sociales Nadine Gasman, presidenta del Instituto Mexicano de la Mujer, que pertenece al Gobierno de México.

“Argentina se suma a Uruguay, Cuba y Guyana, además de la CDMX (Ciudad de México) y Oaxaca”, añadió Gasman.

Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación en Argentina, donde anteriormente solo estaba permitido a causa de una violación o por cuestiones de riesgo para la mujer.

En México, los únicos lugares en los que el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa son Oaxaca y la Ciudad de México.

Aunque en todo el país es legal en casos de violación, algunos estados tienen causas de pobreza extrema, malformación congénita y riesgo de salud de la madre.

“Y en el 2021 nos toca a nosotras. No es promesa, es predicción. Nosotras decidimos”, escribió en su cuenta de Twitter la agrupación feminista mexicana Las Brujas del Mar, mientras que el colectivo feminista Católicas México opinó que “hay mucho que aprender de Argentina” y aseguró que se unen a su “lucha”.

“¡Enorme Argentina! Esta madrugada ha sido aprobada la interrupción legal del embarazo en todo Argentina, sin duda, es un paso extraordinario por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Gracias feminismo argentino”, celebró por su parte Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado mexicano.

El partido del Gobierno, el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), manifestó en redes sociales sus felicitaciones hacia Argentina, lo que provocó que usuarios exigieran al partido, que tiene la mayoría en el Congreso, que proponga las reformas necesarias para que el logro argentino se replique en el país.

“¡Es Ley! La lucha de tantas generaciones hoy da frutos en Argentina. Se amplían los derechos en América Latina y las sociedades se hacen más justas y libres. Acompañamos este gran triunfo para todas las mujeres”, expresó Morena.

Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una postura ambivalente respecto al aborto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha expresado en varias ocasiones a favor de su despenalización.

El presidente de la Nación celebró la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo y destacó que, de esta manera, se “amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”.

El presidente Alberto Fernández celebró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al sostener que, con esta norma, “hoy somos una sociedad mejor, que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, y se recupera “el valor de la palabra empeñada”.

“El aborto seguro, legal y gratuito es ley”, tuiteó el mandatario al pronunciarse sobre la flamante legalización del aborto, aprobada por parte del Senado.

En ese marco, recordó su promesa en la campaña electoral. “Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, destacó desde su cuenta en la red social Twitter.

En la víspera de la votación por la legalización del aborto, Fernández sostuvo que se trata de un “problema de salud pública” y que las críticas al proyecto constituían un “acto de hipocresía”.

El jefe de Estado repasó que “desde la democracia hasta hoy, más de 3 mil mujeres murieron al intentar un aborto”, lo que le parecía “mal”, además de que -dijo- no sabe “cuántas mujeres, por abortos mal practicados, han tenido un daño en su salud que no pudieron ser salvadas”.

“Tengo un problema de salud pública, el resto es todo hipocresía. Decir que no existe es un acto de hipocresía”, reiteró. “Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad”, enfatizó.

Fernández apoyó la sanción del proyecto para que “las mujeres que decidan abortar, en las condiciones que la ley permite, lo puedan hacer garantizándole la salud a todas”.

Además, subrayó: “Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad”.

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región”, sostuvo un comunicado de la organización.

Amnistía internacional calificó hoy como “una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina” la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

“La definición del Senado repara una deuda de la democracia en el país y genera una señal para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, sostuvo un comunicado de la organización.

“Esta es una victoria del movimiento de mujeres en la Argentina, que hace décadas viene luchando por sus derechos. Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad. Desde Amnistía Internacional vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Argentina generó un importante avance en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, y también envió un fuerte mensaje al continente, donde las leyes restrictivas en acceso al aborto legal y seguro provocan graves riesgos a la salud y la vida de millones de personas”, dijo en tanto Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ley reconoce el derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y permite al Estado argentino avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud pública y derechos humanos, concluyó la organización.