En pleno Día Internacional de la Mujer el congreso de ese país aprobó la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” que contempla hasta 10 años de cárcel para la mujer que se practique un aborto.

El Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.

La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”, mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un “aborto calificado”, informó la agencia de noticias AFP.

Despenalizaron el aborto hasta las 24 semanas de gestación en Colombia

“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”, dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

“Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.

“Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

8M: las mujeres de Santa Fe marcharon para bajar a la provincia del podio de femicidios

Hernández añadió que la ley provocará el “estigma” y la “intolerancia” hacia las personas diversas y que “a todas luces es inconstitucional”.

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

“No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios”, afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.

Para el movimiento feminista salteño representó una visibilización de los abortos clandestinos que se producían desde antes, pero que recién ahora el estado provincial comenzó a registrar. Sacar a la luz la clandestinidad, después del decreto 1170.

De acuerdo a un informe que envió el Ministerio de Salud Pública de Salta a la Cámara de Diputados provincial, las interrupciones legales del embarazo (ILE) se incrementaron de manera exponencial en los últimos tres años en el territorio salteño. Sólo de 2018 a 2020, las ILE pasaron de ser 77 a 948, lo que para el movimiento feminista salteño representa una visibilización de los abortos clandestinos que se producían, pero que el Estado provincial comenzó a registrar recién ahora. 

Una de las cosas que exhibe esa estadística fue la adhesión que realizó la provincia en mayo de 2018 al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE, a través del decreto provincial 584/18. Esa adhesión se conquistó después de que el feminismo salteño lograra la derogación del decreto 1170/12, que establecía un protocolo propio, que fijaba un tope de 12 semanas para acceder al procedimiento y pedía una declaración jurada para darle curso. 

El protocolo salteño surgió después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el conocido Fallo FAL (2012), que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible.

La abogada feminista Mónica Menini señaló a Salta/12 que el decreto 1170 creó un “protocolo obstaculizador a un derecho que ya tenían las mujeres” y que ya incluía la causal de salud, que permite el acceso a un aborto no punible si existe un peligro para la vida o la salud de la madre.

“Incluso obstaculizaba el acceso al aborto en caso de las violaciones a las niñas”, manifestó Menini, que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.Argumentó quequedó en evidencia en 2018, cuando el ex gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que adherir al protocolo nacional porque en la provincia se estaba impidiendo el aborto a una nena de 10 años que quedó embarazada a causa de la violación de su padrastro.

En el informe que se envió a la Cámara de Diputados de Salta el Ejecutivo provincial precisó que desde 2012 a 2017 en Salta se produjeron 29 abortos no punibles como consecuencia de una violación. Para este momento, estaba en vigencia el decreto 1170/12. 

La médica Alicia Naranjo, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, contó que en ese tiempo a los trabajadores de la salud que realizaban los procedimientos de ILE se los perseguía constantemente; además, en Salta no se tenía en cuenta la causal de salud integral. 

Naranjo relató que por las trabajadores de la salud venían realizando estas prácticas “completamente fuera del registro”, ya que lo único que se registraba en las historias clínicas era el ingreso de las personas y no su salida, donde debía anotarse el procedimiento de ILE.

Para Menini, la derogación del decreto 1170 se logró gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ que se manifestaron constantemente, y que pusieron el pedido como consigna en cada manifestación que se hacía en las calles de Salta. “Cuando Urtubey lo deroga, las mujeres y las personas gestantes salteñas se interesaron en esa situación y aprendieron que podían acceder al aborto por causales”, agregó. 

Con la adhesión al protocolo nacional, los números vinculados a los casos de ILE se modificaron de una manera exponencial. Desde 2018 la provincia comenzó a registrar los abortos no punibles por tres causas: peligro para la salud integral; riesgo para la vida y violación. Ese año se registraron 77 ILE, de las cuales 55 fueron por la primer causal; ningún caso de la segunda y 22 por la tercera. 

Mientras que en 2019, se contabilizaron 445 procedimientos: 414, por peligro para la salud integral; 3, por riesgo para la vida y 28, por violación. Ya en 2020, el número se elevó a 948 interrupciones legales del embarazo. De ese número, 918 fueron por salud integral; 11, por riesgo para la vida y 19, por violación. 

De acuerdo al informe, 268 abortos fueron practicados por personas de hasta 19 años y 1234, por mayores de 20 años. 

Con la derogación del decreto 1170, la médica contó que se pudo avanzar en capacitaciones respecto del concepto de salud integral establecido en el protocolo nacional. Aparte de que se empezó a ver que fueron disminuyendo las trabas para acceder a la ILE por una violación. Con el decreto 584/18, “simbólicamente en los equipos de salud se legalizó la ILE”, manifestó Naranjo.

La médica añadió que antes existía el temor de garantizar el derecho al aborto y, si se hacía, sólo era permitido entre sus pares por causa de violación. Pero cuando se adhirió, “nos empezamos a permitir acompañar ILE por salud integral”, lo que posibilitó que esos procedimientos empiecen a registrarse en el sistema de salud, teniendo como resultado los números presentados por la cartera que dirige Juan José Esteban.

Una muestra de ese cambio también se dio con la llegada del misoprostol, el medicamento que produce contracciones en el útero, provocando la expulsión del contenido uterino. Por ende, se procede a un aborto sin intervención quirúrgica.

Naranjo también resaltó la visibilización que se logró en 2018 por el debate del aborto legal en el país. “Muchas mujeres llegaron preguntando más abiertamente sobre la ILE y sus causales”, recordó. Eso provocó que el propio sistema de salud de la provincia también deba ir la par, estableciendo más abiertamente el acceso al aborto no punible.

A modo de ejemplo, la médica contó que la transformación más palpable se dio con el Programa de Salud Sexual de Salta, al antes tenían que ir personalmente a buscar las medicaciones para los abortos, más la burocracia que eso incluía. “Era muy engorrosa la práctica, pero después se empezó a aceitar”, hasta llegar a hoy, cuando la mayoría de la medicación ya llega a los centros de salud. “Se institucionalizó la vía en los últimos tres años“, expresó. 

Con el aborto legal aprobado en Argentina desde el año pasado, Naranjo sostuvo que es más simple acceder a la ILE o incluso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), porque los suministros están llegando. “Lo que pasa es que al ser IVE, a las mujeres no les hace falta tener que pasar por un lugar donde se certifique que tiene riesgo social. Eso lo vamos viendo en la atención a la paciente”, explicó.

Es decir, si ven que se requiere algún tipo de asistencia se hace una derivación, pero si no, se continúa con lo que ordena la Ley N°27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La médica hoy trabaja en la zona sudeste de la Capital, una de las más vulnerables de la ciudad, pero donde ve que “las mujeres se autoderivan”, ya que asisten a consultas para saber cómo se accede a un aborto legal. 

Naranjo recordó que la provincia aún no adhirió a la actualización del Protocolo Nacional que instrumentó el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019. Sin embargo, reconoció que de igual manera se empezó a usar esa norma en la actualidad.  

Menini indicó que si se piensa en los números, lo que se deja en evidencia es la cantidad de abortos clandestinos que ya se practicaban pero que el Estado provincial no registraba. Para la abogada, con la registración “se  está visibilizando el número que estaba en la sombra y la clandestinidad”; planteó además la necesidad de establecer otras “políticas públicas urgentes, permanentes y fortalecidas”, al alcance de las personas. 

“Todo eso necesitamos para que ese número se vaya reduciendo” porque como feministas y militantes de los derechos humanos “no esperamos que el número suba, sino muy por el contrario, esperamos que baje”, precisó. 

Consideró que por eso sigue vigente el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la distribución gratuita de los anticonceptivos, que actualmente tiene faltantes. 

“Preventivamente necesitamos ESI porque no queremos llegar a la situación del embarazo no deseado, pero si llega, es imprescindible tener el acceso al derecho a la salud”, manifestó. 

La reforma constitucional descarta la interrupción del embarazado incluso en casos de violación. La nueva disposición exige una mayoría de tres cuartas partes de los votos para cualquier cambio en el Parlamento.

El Congreso de Honduras, de mayoría conservadora, aprobó este jueves una reforma en la Constitución para endurecer la prohibición del aborto, vigente desde 1982, pese a presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas.

La reforma del artículo 67 de la Constitución, sancionado por una mayoría conservadora de distintas tendencias, “considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer” y contempla penas de entre 2 y 8 años de cárcel (aunque se han dado casos en los que la condena ha sido de 40 años, al equipararlo a un homicidio). Añade que esta norma “solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional”.

El aborto ha estado prohibido en Honduras en la Constitución vigente, desde 1982. El artículo 67 recientemente modificado establecía que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley”. Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo a la AFP la diputada opositora, Doris Gutiérrez.

Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permitiera el aborto en algunos casos, como en violaciones. El pasado martes, expertas en derechos humano de Naciones Unidas condenaron desde Ginebra la reforma, asegurando que “bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y niñas en Honduras”.

En Honduras “una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años”, agregaron. Explicaron que la enmienda, presentada por el diputado oficialista Mario Pérez el pasado 11 de enero, era “alarmante” porque “en lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas es un retroceso”.

Recalcaron que Honduras es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o salud de las mujeres embarazadas está en peligro o en casos de malformaciones graves del feto. Honduras, con una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en la región, es uno de los seis países latinoamericanos que penalizan totalmente el aborto junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

En el mundo se reportan alrededor de 121 millones de embarazos no deseados al año, de los cuales 73,3 millones terminan en abortos provocados, un tercio de ellos considerados “muy riesgosos” y también la causa del fallecimiento de al menos 23.000 mujeres, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher.

Según el organismo sanitario dependiente de Naciones Unidas (ONU), de las 300.000 mujeres que fallecen al año por complicaciones relacionadas al embarazo o al parto, entre 14.200 y 40.000 son atribuibles a los abortos peligrosos, practicados por una persona que no está capacitada, se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas o ambas circunstancias.

La cifra del Instituto Guttmacher, una ONG dedicada al progreso de la salud sexual y reproductiva, es aún mayor, acercándose a los 35 millones de abortos clandestinos al año, de los cuales 23.000 resultan mortales.

El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%.

En líneas generales, mientras que en las regiones desarrolladas se registran 30 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos, la cifra aumenta hasta las 220 y las 520 por cada 100.000 en las regiones en desarrollo y en el África subsahariana, respectivamente.

En los países en desarrollo, hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas cada año a consecuencia de un aborto inseguro.

Según un balance publicado por la ONG sobre una investigación de la revista especializada The Lancet, el porcentaje de embarazos no deseados y de abortos, en términos comparativos, es similar entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y en los que está prohibido; no obstante, el índice de abortos sí es mayor donde está restringido.

En total, de las 73,3 millones de interrupciones provocadas anualmente a nivel global, alrededor de 24,4 millones se realizan sin condiciones mínimas de seguridad.

En base a estadísticas arrojadas por la OMS, sobre casos recabados entre 2015 y 2019, el continente asiático concentró más de la mitad de interrupciones clandestinas que hubo en el mundo.

Con respecto a Asia Meridional, el acceso a la ILE es garantizado con fines terapéuticos o si está en riesgo la vida de la mujer en Bután, Bangladesh, Afganistán, Pakistán y Sri Lanka, mientras que en India es posible bajo justificaciones socioeconómicas, y en Maldivas y Nepal es legal.

Entretanto, todos los países de Asia Central garantizan el acceso a la ILE, aunque generalmente se admite hasta la semana 12 de gestación, una limitación que se extiende a los 66 países del mundo en los que el aborto tiene ese estatus, y donde habitan 386 millones de mujeres en edad reproductiva.

Las estadísticas son más alarmantes en América Latina y África, donde tres de cada cuatro abortos practicados discurrieron en la clandestinidad.