La defensa del profesor de educación física Juan Francisco Trigatti, condenado por abuso sexual infantil, intentará que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo lo dejó en prisión preventiva. La audiencia ya fue agendada.

El docente permanece tras las rejas desde el 1 de noviembre, por orden de los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Carraro, quienes al momento de resolver tuvieron en cuenta que la Alzada había confirmado la condena a 12 años de prisión impuesta a Tigatti por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá.

El tribunal de segunda instancia que revisará la decisión estará conformado por los jueces Oscar Burtnik, Sergio Alvira y Matías Drivet. El primero es el único de los diez jueces de la primera circunscripción judicial (Santa Fe) que aún no actuó en la causa, razón por la cual intervendrán los camaristas de Rafaela

La audiencia fue fijada para el jueves 11 de diciembre a las 8.45, y se realizará en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los jueces que ordenaron la prisión de Trigatti resolvieron de forma unánime. Además, embargó al docente por 50 millones de pesos. La cautelar fue solicitada por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, y la querellante Carolina Walker Torres.

El abogado Marcos Barceló, quien está a cargo de la defensa del docente desde la denuncia radicada en 2021, había pedido que se mantuviera la libertad con restricciones en la que Trigatti pasó la mayor parte del proceso judicial. Tras el fallo adverso, decidió apelar.

En el recurso que presentó, Barceló cuestionó al tribunal de primera instancia y sostuvo que éste convirtió la cautelar en una medida de cumplimiento de una condena que no está firme. En esa línea, solicitará que se revoque la prisión preventiva, disponiendo la inmediata libertad de su cliente, y que se deje sin efecto el embargo.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante" en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores.

La investigación comenzó en 2021 y llegó a juicio el año pasado. El docente fue absuelto por los jueces de primera instancia Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres. Dicha resolución hizo referencias a la existencia de "inoculación" del relato de las víctimas y la ocurrencia de una "histeria colectiva" entre los familiares de las mismas.

Los seis camaristas -primero Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus; luego Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri- que analizaron el caso en instancias superiores criticaron la aplicación de dicho razonamiento, calificándola los últimos como la "clara exposición de un estereotipo que busca responsabilizar a las víctimas por lo sucedido".

En el fallo confirmatorio de la condena, la Alzada señaló la "contundencia y abundancia de las pruebas" para corroborar los abusos, y sostuvo que la evaluación de las declaraciones de las víctimas se realizó de forma conglobada con el conjunto de pruebas producidas en el debate, con la necesaria aplicación de la perspectiva de vulnerabilidad, género y niñez.

Un hombre fue imputado, y quedó en prisión preventiva, por haber robado en la escuela Santa Rita de Casia, ubicada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Además, le atribuyeron haber intentado cometer otros dos robos.

Jonatan Ariel Manarín, de 34 años, es investigado por el fiscal Arturo Haidar, quien dispuso su detención y solicitó que quedara tras las rejas mientras el proceso judicial avanza. La medida cautelar fue ordenada por el juez penal Nicolás Falkenberg, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales locales.

A Manarín le atribuyeron la autoría del delito “robo”, el cual fue consumado en una oportunidad y tentado en dos.

El robo en la escuela Santa Rita de Casia, ubicada sobre calle 11 de Marzo al 5400, ocurrió el 18 de noviembre pasado por la madrugada. Según lo imputado, Manarín ingresó alrededor de la 1.30 previo violentar una reja y una puerta de aluminio para lograr el acceso.

Una vez dentro del establecimiento educativo, desarmó un bebedero para llevarse tres canillas de metal. En el proceso, dañó las cañerías del inmueble.

Algunas horas más tarde, pasadas las 4, el fiscal señaló que Manarín ingresó al club La Salle, ubicado sobre calle Juan Bautista La Salle al 5700. Rompió un candado y logró acceder al sector de baños del complejo, donde intentó sustraer una mochila de baño de color blanco y una prolongación con focos.

A diferencia de lo ocurrido en la escuela, no logró su cometido en el club porque fue sorprendido por dos hombres que realizan tareas de seguridad en el lugar, quienes llamaron al 911 y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

A esos hechos, el fiscal Haidar sumó un tercero, cometido el 28 de octubre. Según la atribución delictiva, Manarín forzó la puerta delantera de un automóvil Fiat Duna que se encontraba estacionado en la esquina de avenida Gorriti y Leiva.

“Aunque tuvo la intención de sustraer elementos que estaban en el interior del vehículo, ese hecho también quedó en grado de tentativa”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación inició de un modo peculiar, ya que no fue a partir de una denuncia. Haidar indicó que “nos enteramos a través de medios de comunicación locales lo que había sucedido en la escuela y que, aparentemente, personal de una subcomisaría se negó a recibir la denuncia, lo cual no debería ocurrir en ningún caso”.

“Entonces, desde la Fiscalía Regional 1 nos comunicamos con las autoridades de la institución que sufrió el robo y las guiamos para utilizar el sistema de denuncias online del MPA”, explicó el fiscal. “El establecimiento educativo aportó videos de cámaras de vigilancia que, junto con otras evidencias, permitieron identificar y aprehender al imputado rápidamente”, especificó.

Será imputada la mujer detenida por haber abandonado a su hijo de 9 años, quien tiene síndrome de Down, en una plaza de la ciudad de Santa Fe.

La audiencia fue solicitada por la fiscal Milagros Parodi ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), y sería agendada para este viernes por la mañana, en horario a confirmar.

Las autoridades se anoticiaron de lo ocurrido el martes cerca del mediodía. Personal policial que realizaba tareas de patrullaje por la zona del Palomar recibió una alerta y acudió a la plaza Colón -ubicada en la esquina de La Rioja y Rivadavia-.

Encontraron al pequeño jugando en el piletón del lugar e intervinieron. Pusieron al menor a resguardo y se activaron todos los protocolos de protección infantil, dando intervención al área local de Niñez.

Ayer, el secretario de Políticas Sociales de la ciudad, Hugo Marchetti, señaló que se realizó “una especie de pesquisa con las escuelas y distintas instituciones para dar con algún progenitor o alguien que pueda dar certeza de quién se trataba”.

Finalmente, con “la colaboración de la directora de una escuela local, se identificó al niño como alumno de la institución. Posteriormente, se logró localizar al progenitor”.

La identificación del niño fue clave para comenzar a determinar por qué apareció solo en la plaza. Su padre fue entrevistado, y tras la realización de una serie de medidas la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la detención de la madre del chico.

La aprehensión fue concretada el martes por la tarde en una casa de barrio Centenario, ubicada sobre calle Oroño al 600.

Sobre la mujer, Marchetti indicó que tiene antecedentes de consumo de sustancias y que “se había dado una situación de algún problema con el cuidado en el año 2021”. En esa línea, planteó que “uno siempre confía que los cuidados parentales son los adecuados, pero estas situaciones suceden, por lo tanto hay que trabajar también con la familia ampliada”.

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva impuesta a la pareja imputada por el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado en septiembre.

La jueza Martha Feijoó presidió la audiencia realizada el lunes, solicitada por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes pretendían conseguir la excarcelación de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

Ambos fueron imputados por el fiscal Alejandro Benítez como coautores del “homicidio triplemente agravado” de Strada. Ante la Alzada, el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y pidió que las prisiones preventivas fueran confirmadas.

En la misma línea estuvo el planteo del Dr. Iván Carrión, que representó a Víctor Strada, el padre de la víctima, quien se constituyó como querellante en la causa y participó de la audiencia. Ante la jueza, manifestó que teme por su familia, que “si les da la libertad a los imputados pueden irse y no van a llegar a juicio” y exigió: “Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Los argumentos de las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) giraron en torno a las agravantes del delito imputado, el principio de inocencia y los riesgos procesales.

Señalaron que, a su entender, cuando el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva no respetó la excepcionalidad del encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que para ellas no existirían riesgos procesales.

Otro de los agravios de la apelación se enfocó en el agravante “criminis causa”, ya que para las defensoras no se logró acreditar que Tacundo y Roberts hubieran amenazado a Strada con un cuchillo para exigirle dinero. Por ende, no se podría probar que el motivo del crimen fuera el ocultamiento del delito previo.

Balanda sostuvo que Tacundo vive en Laguna Paiva, por lo que su libertad no supondría riesgos para la familia de la víctima, que reside en otra localidad. Lo mismo planteó Estrada sobre Roberts. Por eso, solicitaron la libertad bajo medidas alternativas. Subsidiariamente, Balanda propuso la aplicación de la prisión domiciliaria.

A su turno, Arietti defendió la resolución de Szeifert, detalló los pormenores del caso y recordó que hay registros fílmicos de los imputados llevando a la víctima en moto, entre ellos dos, hasta el lugar del crimen y luego regresando solos.

El querellante Carrión sostuvo que a Strada lo mataron porque no pudo darles más dinero, y para ocultar la extorsión. Para él, los riesgos procesales existentes son “altísimos”, y en esa línea indicó que “si estando libres hicieron lo que hicieron para ocultar el hecho, sabiendo Tacundo dónde vive la familia de Strada, sería capaz de ir allí”, lo que supondría un gran riesgo para la familia.

La camarista Feijoó analizó los agravios defensivos y decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, que continuarán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.

Dispusieron la prisión preventiva para Juan Francisco Trigatti, el profesor de educación física condenado por haber abusado de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.

El tribunal conformado por los Dres. Lisandro Aguirre, Sergio Carraro y Pablo Spekuljak resolvió por unanimidad, ordenando que Trigatti quedara preso. Los jueces consideraron necesario cautelar el proceso penal, debido a la existencia del peligro de fuga. También impusieron un embargo de 50 millones de pesos.

La audiencia de medidas cautelares se realizó a puertas cerradas, con presencia de representantes de amicus curiae y familiares de las víctimas.

Trigatti fue condenado como autor de "abuso sexual gravemente ultrajante” en perjuicio de cuatro niñas y "abuso sexual simple" en perjuicio de una quinta alumna, agravados por tratarse del encargado de la educación de las menores. Recientemente, la Cámara de Apelaciones confirmó la condena.

El tribunal dio sus fundamentos de forma oral. El primero fue Aguirre, quien señaló que “si bien la regla es la libertad y la prisión preventiva es excepcional e instrumental, la situación procesal cambió radicalmente tras el segundo pronunciamiento condenatorio”.

Este hecho constituye un "elemento nuevo" que, según el criterio de la Corte Suprema, permite valorar la prisión preventiva como medida cautelar indispensable y proporcional.

La existencia de una condena no supone la evaluación de una "pena abstracta" o posible, sino de una pena concreta. En este caso, a 12 años de prisión. El magistrado sostuvo que el doble conforme supone que las vías de revisión ordinarias se agotaron, y esto proyecta un mayor riesgo de fuga debido a la inminencia de la ejecución efectiva de la condena.

Además del riesgo procesal, Aguirre hizo hincapié en la especial gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las cinco víctimas, de escasa edad. En esa línea, invocó la Convención de Belém do Pará, que exige un deber de diligencia debida y reforzada por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Dr. Spekuljak adhirió a los argumentos de su colega y destacó que ya son seis los jueces que han confirmado la existencia de los abusos y la autoría por parte de Trigatti.

Una de las controversias durante la audiencia giró en torno a la existencia del riesgo de fuga, y para responder el juez citó doctrina y jurisprudencia. Esta le permitió sostener que el doble conforme es un elemento de riesgo procesal suficiente, ya que la superación de etapas procesales proyecta una mayor probabilidad de evasión.

Además, en sus fundamentos el magistrado recordó que en el devenir del proceso judicial intervinieron 3 tribunales de juicio, 19 jueces penales, “el imputado ha gozado del ejercicio de sus derechos y ha tenido una defensa”.

El tercer interviniente fue el juez Carraro, quien confirmó que el segundo pronunciamiento de un tribunal de Alzada que confirma la condena de 12 años justifica las solicitud y aplicación de la prisión preventiva.

Los magistrados coincidieron en que el proceso avanzó, y que durante los últimos cuatro años Trigatti contó con amplias garantías. Carraro explicó que la garantía del principio de inocencia "va cediendo" frente a los pronunciamientos adversos, que fueron confirmados en doble instancia.

Por lo tanto, concluyeron que, al encontrarse agotadas las vías ordinarias y existir un incentivo claro para que Trigatti pueda darse a la fuga ante la inminente ejecución de una pena severa, la única opción es la prisión preventiva.

Fue confirmada la condena impuesta al profesor de educación física Juan Francisco Trigatti por haber abusado sexualmente de cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

El docente fue juzgado y absuelto en primera instancia, y condenado por la Cámara de Apelaciones.

 Su defensa realizó una apelación horizontal, y este viernes el tribunal integrado por los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri decidió confirmar la condena a 12 años de prisión.

Condenaron a Francisco Mario Sánchez por haber atropellado y asesinado al joven Luciano Nicola la mañana del 25 de diciembre de 2020 sobre la ruta nacional 168, a la salida de una fiesta.

El veredicto fue dado a conocer este lunes por la mañana por el juez penal Lisandro Aguirre, quien halló a Sánchez responsable de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima".

El magistrado impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso para el condenado y una inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el plazo de 6 años. Además, Sánchez deberá realizar tareas comunitarias vinculadas a la educación y prevención vial por un total de 150 horas, y cumplir con las reglas de conducta establecidas.

El condenado contó con la representación de los abogados Martín Montegrosso y Mariano Herrera, quienes habían solicitado su absolución.

El choque que provocó la muerte de Luciano ocurrió la mañana del 25 de diciembre de 2020. Esa madrugada, la policía desarticuló varias fiestas “clandestinas” que se realizaban en casas quintas de Colastiné Sur y alrededores, debido a que las reuniones multitudinarias estaban prohibidas por la pandemia de coronavirus.

Luciano había ido a una fiesta junto a su novia y tres amigos. Salieron de la ciudad de Santa Fe en un transporte, pero cuando el evento fue suspendido no tenían cómo regresar. Por eso, como tantos otros jóvenes, comenzaron a caminar a la vera de la ruta.

Lo mismo sucedió en la fiesta en la que se encontraba el acusado, Sánchez, quien estaba usando el auto de su madre. Alrededor de las 5.45, mientras circulaba camino a Santa Fe, chocó a Nicola.

Testigos, tanto allegados a la víctima como al acusado, dijeron que había mucha gente caminando a la vera de la ruta. A esto se suma que Sánchez manejaba a alrededor de 100 kilómetros por hora y, según los análisis de sangre, estaba alcoholizado.

La causa llegó a juicio impulsada por la familia de Luciano, que se constituyó como querellante y contó con la representación de los abogados Juan José Patiño, Martín Scurato y Sergio Fabbro. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la investigación, pero la querella privada acusó, llegó a juicio y logró probar que lo que ocurrió fue un homicidio culposo.

“Es una condena a medias, pero bueno, algo logramos”, comentó Rodrigo, el papá de Luciano, “es muy difícil ir contra todo un equipo de fiscales que está en contra, contra gente poderosa, contra los hijos del poder, que tienen plata. Tuvieron el abogado desde el primer momento. Nosotros tuvimos apoyo legal quince o veinte días después”.

“Los fiscales actuaron de una manera realmente horrible, porque nunca estuvieron de nuestro lado. Nosotros pedimos pruebas que nunca las hicieron”, aseguró.

"Yo pienso que las cosas tienen que empezar a cambiar. Conducir un vehículo que pesa mil, dos mil kilogramos, imprudentemente.. el auto bien usado es un vehículo para transportarse y mal usado, bajo los efectos del alcohol y por gente imprudente, es un arma”, sentenció.

“Hay cosas que yo siempre le dije a Francisco Mario Sánchez, hubiese sido distinto si él se hubiese bajado y hubiese intentado auxiliar a mi hijo”, dijo Rodrigo. “Él es un cobarde y no es gente valiosa para la sociedad. Tendría que estar detenido”, cuestionó.

“Luciano descansa en paz, se conoce la verdad de que a Luciano lo mataron”, señaló el Dr. Patiño tras la lectura del veredicto. “Sánchez venía alcoholizado, a una velocidad que no era la apropiada para el momento” cuando atropelló al joven de 19 años.

“La fiscalía, en esos momentos iniciales de investigación, tuvo en cuenta otros elementos que, por lo que se vio, no eran los correctos”, explicó el abogado.

Respecto a la condena, “entendemos que para la pena que se pidió, seis años de cumplimiento efectivo, están todos los agravantes. Incluso se reconoció el agravante de que se fugó”, por lo que aguardarán a conocer los fundamentos para definir “si apelamos o no”.

“Ante el tribunal se trajo no solamente lo que ocurrió en el momento del hecho, sino posteriormente, que fueron con todas estas diligencias a los fines de extraerle sangre” para determinar si Sánchez estaba bajo los efectos del alcohol y las pericias que determinaron a qué velocidad circulaba.

“Con respecto de los homicidios en ocasión de la conducción, hay un proyecto de reforma, pero lo más trascendente para Santa Fe es que esta conversión -en querella privada-, estos particulares, la víctima, pudo llevar adelante esta persecución penal. Es un antecedente, creo que el único”, aseguró Patiño.

Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que agredió a su expareja el lunes de la semana pasada en el interior de un edificio ubicado en calle Francia al 2700 de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Maximiliano Ariel S., de 38 años, quien fue detenido el lunes 20 de octubre pero, debido a que se había provocado lesiones de gravedad, recién fue imputado este jueves. El fiscal Matías Broggi realizó la atribución delictiva, endilgándole la autoría del delito de “tentativa de femicidio, también calificado por el vínculo”.

La audiencia se realizó en los tribunales locales, ante el juez penal Sebastián Szeifert, y contó con la presencia de la Dra. Magalí Mazza, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp). El imputado participó de la audiencia de forma remota, ya que permanece hospitalizado, con custodia policial.

El fiscal Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató, “la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cesara la situación violenta”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras culminar el ataque, Maximiliano S. se fue a las cocheras del edificio y, una vez allí, se autolesionó en el cuello, provocándose un profundo corte en el cuello. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva. Si bien su estado mejoró, continúa internado, con custodia policial.

El día del hecho, uno de los hijos de la mujer le explicó a El Litoral que “ellos ya habían terminado hace un año, pero él la seguía acosando. Le mandaba mensajes, sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella hizo denuncias, fue al Ministerio de la Mujer, y nada pasaba. Tenía medidas de restricción, pero siempre quedaba libre. Era barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras”.

El chico también señaló: “Mis hermanos chicos estaban en casa, vieron todo después. Ella subió ensangrentada, se quedó con ellos. Yo me enteré por un mensaje y ahí llamamos a mi abuela, que pidió urgencias”.

Desde el entorno de la víctima aseguraron que el acoso era constante y que existen episodios de violencia previos. El hijo dijo que “hace años viene pasando esto. Él siempre se salía con la suya porque tenía contactos. Mi mamá vive con miedo hace mucho”.

Tras concretar la imputación, desde la fiscalía informaron que “solicitaremos la prisión preventiva, fundamentalmente para resguardar a la víctima”, e hicieron hincapié en que “al ponderar la pena en expectativa y los riesgos procesales, deberá contemplarse que el imputado tiene dos antecedentes penales condenatorios”.

Condenaron al abogado santafesino acusado de haber montado un vivero narco de marihuana en Arroyo Leyes. Se trata de Osvaldo Ernesto Ceresole, alias “Patato” quien ejerció su propia defensa en juicio.

La sentencia fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. Hallaron a Ceresole responsable de los delitos de “cultivo de plantas para producir estupefacientes” en dos hechos, “tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” y dos hechos de “hurto”.

La pena impuesta al letrado de 56 años consiste en 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 72 unidades fijas. Ceresole asumió su propia defensa, y también contó con la representación del defensor público oficial, Fernando Sánchez.

La acusación estuvo a cargo del Fiscal General, Martín Suárez Faisal, quien consideró a Ceresole el organizador del vivero narco.

La causa conocida como “Vivero narco” se originó tras los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en el verano de 2024, los días 13 y 14 de febrero.

Estos operativos se centraron en dos emprendimientos de producción de cannabis sativa: un predio rural ubicado en Arroyo Leyes (a la altura del km 19 de la ruta provincial 1) y una casa en la calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe.

Los operativos resultaron en el secuestro de una gran cantidad de material estupefaciente y logístico: se incautaron 1.531 plantas de marihuana producidas en invernaderos y a campo, más otras 575 plantas cultivadas bajo la modalidad indoor. Adicionalmente, se decomisó gran cantidad de insumos para cultivo, sistemas especiales de iluminación y climatización, y armas y municiones.

Ceresole, quien llegó a juicio privado de su libertad (quedó tras las rejas a mediados de febrero del año pasado), fue señalado por la fiscalía como la "pieza fundamental" y el "organizador" de una red de producción y venta de estupefacientes.

La acusación sostuvo que Ceresole utilizaba como "pantalla" una aparente inscripción ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para el cultivo experimental de cannabis sativa. En contraposición, durante el debate la defensa sostuvo que existía autorización para el cultivo, negando la existencia de delito.

El juicio comenzó el 1 de octubre con ocho personas en el banquillo de los acusados. Siete de ellos decidieron firmar juicios abreviados que supusieron condenas a penas de entre 2 y 4 años de prisión. El único que no aceptó fue el abogado Ceresole.

Dentro de los condenados al comienzo del debate se encuentran el barrabrava del Club Atlético Colón, Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel y el organizador de eventos Mauricio José Zambón. Ellos acordaron penas de cuatro años de prisión en juicios abreviados por los mismos delitos.

También aceptaron los abreviados Adrián Cesar Poncio Nerbutti, Tomás Francisco Benítez, Napoleón Sebastián Cardo, Gastón Celestino Persoglia y Marco Patricio Rioja. Este último fue quien facilitó el uso del campo, mientras que el resto ejerció tareas vinculadas al cultivo.

En el marco de la condena a Ceresole, el tribunal federal ordenó decomisar diversos bienes utilizados o vinculados a los ilícitos. Esto incluye dos camionetas Toyota Hilux, y las armas de fuego secuestradas junto a sus municiones.

Los elementos decomisados serán remitidos a la ANMAC. Como excepción, se ordenó la devolución de una escopeta larga doble cañón, previa acreditación de su titularidad.

Tras dictar la sentencia, el tribunal fijó audiencia para dar lectura a los fundamentos de la condena. La misma comenzará el miércoles 29 de octubre 12.

Imputaron por abuso sexual al hombre que agredió a una mujer el martes de la semana pasada en el interior del ascensor de un edificio de oficinas ubicado en el sur de la ciudad de Santa Fe. En la misma audiencia se definió que continuará tras las rejas.

La fiscal Luciana Escobar Cello atribuyó a Gastón Rodrigo Mieres, de 35 años, la autoría del delito de “abuso sexual simple”, tras lo cual solicitó la prisión preventiva. Los abogados Clemente Rodríguez Moreno y Alejo Almirón Petrone, quienes asumieron la defensa, decidieron consentir la aplicación de la cautelar.

La audiencia se realizó este martes pasado el mediodía, en los tribunales locales. La misma fue presidida por la jueza penal Cecilia Labanca, quien dispuso la prisión preventiva sin plazos para Mieres.

La víctima acudió a la sala 3 del Palacio de Justicia y, a puertas cerradas, realizó una declaración. Manifestó sentir mucho temor.

La agresión ocurrió el martes 17 de septiembre en un edificio de oficinas ubicado sobre calle Sara Faisal al 1700. Según la atribución delictiva, Mieres engañó a una persona para que le permitiera ingresar.

Una vez dentro, merodeó por el edificio, subió hasta el séptimo piso y luego volvió al hall de entrada. Allí se quedó mirando su celular, mientras otros pasaban, hasta que la víctima arribó y, sin prestarle mucha atención, se dirigió al ascensor.

Fue entonces cuando Mieres la siguió y subió con ella, cerrando la puerta detrás de él. Cuando el ascensor comenzó a funcionar, la abordó sorpresiva y violentamente, tapándole la boca con una mano para abusar de ella con la otra.

La víctima forcejeó con él, pero esto no lo frenó. Cuando se detuvieron en el segundo piso, el agresor se fue corriendo, bajó por las escaleras y desapareció.

Los gritos de la mujer alertaron a quienes estaban cerca, que la socorrieron y llamaron a la Central de Emergencias 911. La víctima contó lo sucedido y, ya en sede policial, brindó un relato más detallado y aportó los registros de las cámaras de seguridad del edificio. Un médico policial constató lesiones en la espalda, las manos y el rostro de la mujer.

Tras la denuncia, intervino la Policía de Acción Táctica y personal de la Motorizada, y se notificó de lo ocurrido a la fiscal Escobar Cello, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.

Los investigadores lograron individualizar al sospechoso. Las cámaras de seguridad del edificio aportaron evidencia clave, ya que registraron el ingreso y la salida del hombre.

Con la identificación, se ubicó su vivienda y su lugar de trabajo -una empresa de limpieza- y se dispuso la realización de operativos en las inmediaciones para lograr dar con Mieres.

Cuando los uniformados acudieron a su domicilio, fueron atendidos por la pareja del imputado, quien les contó que lo reconoció en las imágenes que se viralizaron y lo llamó para preguntarle qué había pasado. “Me decía ‘dejame pensar, dejame pensar, yo no hice nada’”, recordó.

Finalmente, Mieres fue detenido el viernes y le secuestraron el teléfono celular. Ahora, continuará preso mientras el proceso judicial avanza.

Uno de los miembros de la “Banda del Pasillo”, imputado por haber acribillado a Brian Joel Rodas en diciembre de 2023, pidió recuperar la libertad. La justicia santafesina no se lo concedió.

Javier Paredes continuará en prisión preventiva por decisión del juez penal Pablo Spekuljak, quien este lunes rechazó el pedido de excarcelación realizado por el defensor particular Claudio Torres del Sel.

Imputado como coautor de “homicidio calificado por haber sido cometido con un arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas”, Paredes permanece tras las rejas desde junio de este año. Es investigado por el fiscal Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rodas fue asesinado la madrugada del sábado 9 de diciembre de 2023 en el interior de su casa de barrio San Lorenzo, al suroeste de la ciudad de Santa Fe. Lo acribillaron. En el lugar encontraron numerosas vainas servidas, de calibre .45, .38, .22 y 9 milímetros.

El hombre de 27 años falleció en el acto, producto de las múltiples heridas en zonas vitales. La autopsia reveló que fue alcanzado por diez proyectiles.

La hipótesis fiscal es que cuatro miembros de la “Banda del Pasillo” acordaron concretar el homicidio y ese sábado por la madrugada, alrededor de las 4.30, se presentaron en la vivienda de la víctima.

Para Marchi fue Paredes el primero en disparar, despertando la lluvia de balas que terminó rápidamente con la vida de Rodas. Fue cuestión de segundos. Cuando los asesinos se fueron del lugar, algunos familiares cargaron el cuerpo del joven en un auto particular y lo llevaron al Hospital José María Cullen en un desesperado intento por salvarle la vida, sin saber que había fallecido en el acto.

Las primeras detenciones se efectuaron recién en marzo de 2024, cuando cayeron Alejandro Manuel Sosa Rey y Mariano Emir Pavón. El primero de ellos es señalado como el líder del grupo criminal.

A Paredes lo encontraron durante una Intervención Barrial Focalizada, un operativo de prevención efectuado por fuerzas locales y efectivos de Gendarmería Nacional. Estaba en una casa de calle Uruguay a la altura del 3900, la misma cuadra en la que está la vivienda de Rodas, donde fue ejecutado.

Sosa Rey, Pavón y Paredes permanecen tras las rejas, imputados como coautores del homicidio, mientras un cuarto involucrado continúa prófugo. Al jefe de la “Banda del Pasillo” le atribuyen haber cometido dos crímenes más y tres intentos de asesinato.

El reconocido muralista santafesino "Cobre" fue condenado a 7 años y medio de prisión, por haber violado a su expareja. La sentencia se dio a conocer este viernes, pasado el mediodía, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El juez Lisandro Aguirre halló culpable a Andrés Iglesias, alias "Cobre" o " Niño de Cobre", por el abuso sexual con acceso carnal ocurrido el 17 de diciembre de 2022 en su casa de Villa California, en San José del Rincón.

El condenado arribó a la sala 6 junto a su abogado, Ignacio Alfonso Garrone, y allí se reunió con el otro miembro de su defensa, Sebastián Oroño. Tras conocer la sentencia, se retiró del recinto sin realizar declaraciones.

Los fiscales Luciana Escobar Cello y Matías Broggi se mostraron conformes con el resultado del juicio, aunque esperarán a conocer los fundamentos detrás de la decisión del magistrado, ya que pretendían que la pena fuera de 10 años de prisión. Además, habían solicitado la prisión preventiva de Iglesias, lo que fue rechazado por Aguirre.

“Tenemos que ver, de las cosas que nosotros planeamos, cómo las vio el juez, qué es lo que entendió, y en función de eso vamos a evaluar si recurrimos” la sentencia, indicó Broggi.

Por el momento,y hasta tanto la condena adquiera firmeza, “Cobre” continuará en libertad bajo las mismas restricciones que le fueron impuestas al inicio del proceso judicial, a mediados de 2023. Entre estas, la prohibición de salir del país y de contactar a la víctima.

Consultado sobre las características del caso, el fiscal sostuvo que “no diría que es la palabra de la víctima contra la palabra del acusado, por distintas cuestiones. Por este juicio desfilaron un montón de testigos”, como “la psicóloga de la víctima, que le aplicó tests, además de amigas; y también estaban los chats intercambiados”.

Contaron con “mucha más información que solamente la palabra de la víctima”, explicó Broggi. En cuanto al vínculo entre el muralista y la víctima, la fiscalía indicó que se desarrolló en un contexto de “violencia de género, sobre todo violencia psicológica y simbólica”.

La víctima contó con la representación legal de las Dras. Jaquelina Bussi y Paula Condrac, del Estudio Lazos, que señalaron: “Nos vamos con un veredicto favorable, en cuanto a que logramos una condena. Desde la parte querellante estamos cuerpo a cuerpo con la víctima, la hemos acompañado en este proceso porque nuestro estudio jurídico es interdisciplinario”.

Tras el veredicto, sostuvieron que se reunirían con la mujer para evaluar los pasos a seguir en el proceso judicial, que si bien obtuvo una condena, aún no ha concluido.

Si bien desde la defensa no hubo manifestaciones, todo indica que apelarán el fallo del juez Aguirre en pos de lograr la absolución.

"Cobre" llegó a juicio acusado de haber sometido sexualmente a su expareja mientras aún mantenían un vínculo, el sábado 17 de diciembre de 2022. La relación, que duró nueve meses, fue catalogada por los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como "sumamente abusiva, desigual y violenta".

En el marco de la acusación, la fiscalía sostuvo que "él celaba y manipulaba a su pareja, le controlaba el uso del teléfono celular y la comunicación con las personas de su entorno, tanto sus amistades como su familia". También "controlaba el modo en que la víctima se vestía, sus publicaciones en las redes sociales y la forma en que se desenvolvía en reuniones sociales".

Para los acusadores, Iglesias "ejercía violencia física, psicológica y sexual sobre la mujer", y el punto cúlmine de esto fue la violación denunciada. La mujer denunció que la madrugada del 17 se despertó con él encima, y que a pesar de sus intentos por evitarlo, él la violó. En su declaración, el muralista dijo que eso "no pasó".

Iglesias sostuvo su inocencia desde el comienzo de la investigación, por lo que su defensa insistirán con la absolución.

En 2020 “Cobre” fue denunciado por otra mujer con quien también mantuvo una relación de pareja. Le imputaron el delito de "tentativa de extorsión" enmarcado en un contexto de violencia de género.

La denuncia en su contra fue radicada luego de que posteara en sus redes sociales una imagen de la mujer con mensajes agraviantes, y de que la amenazara con publicar sus fotos íntimas.

El proceso penal se cerró mediante la firma de una suspensión de juicio a prueba, medida conocida como "probation". La misma implicó que "Cobre" se retractara públicamente y pidiera perdón, el pago de una reparación económica y la realización de un curso sobre "violencias del patriarcado".

El pasado martes una pareja fue detenida en su casa ubicada en la zona de la Costanera de la ciudad de Santa Fe, durante un allanamiento realizado en el marco de una causa judicial por el robo de motocicletas. Los imputaron este viernes.

La noticia tuvo gran impacto, no sólo debido al delito y al lugar en donde se llevaron a cabo los procedimientos, sino también porque la mujer detenida es hija del destituido ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Roggiano.

El fiscal Ignacio Lascurain atribuyó a María Belén Roggiano y Enzo Francisco Costilla la coautoría de los delitos de "robo calificado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública" y "encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro, y por dedicarse con habitualidad a la comisión de estos hechos".

La audiencia estuvo a cargo del juez penal Leandro Lazzarini, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por la Dra. Gisela Alemandri, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

La fiscalía solicitó que se fije audiencia para discutir medidas cautelares, la cual será la semana próxima.

Las detenciones se efectuaron el martes 8 de julio en una vivienda del barrio 7 Jefes. Según la atribución delictiva, la pareja robó una moto el 15 de abril por la madrugada. El vehículo, una Guerrero Trip de color azul, estaba estacionado en la vía pública, y para sustraerlo le rompieron la linga de seguridad y el trabamanubrio.

Se la llevaron de las inmediaciones de Eva Perón y San Martín, y huyeron del lugar por Eva Perón hacia el este. Unos días más tarde, la noche del 23 de abril, un control policial los detuvo y comprobó que se conducían en una moto robada.

Durante la audiencia, se indicó que Roggiano llevaba consigo un elemento cortopunzante, tipo cuchillo con sierra, de unos 15 cm., y Costilla una pinza de corte tipo alicate "corta candado", de unos 30 cm. Los aprehendieron y trasladaron hasta una comisaría, donde fueron identificados y el vehículo fue secuestrado.

La Policía de Investigaciones, que trabajaba en pos de resolver el robo, se anotició del secuestro de la moto y la identificación de Roggiano y Costilla. Realizaron una serie de medidas que permitieron fortalecer las evidencias del vínculo entre la pareja y el hecho ilícito, y a raíz de esto el fiscal solicitó el allanamiento.

Durante el operativo hallaron diversas partes de motos: guardabarros trasero y delantero, una cacha lateral, una pechera, un asiento, un tablero, una cacha cubre pierna, un baúl negro, 5 manubrios, 3 caballetes central, 2 cristos, una horquilla trasera, 2 cigüeñales, un volante, coronas, pedalines de freno, 8 pedalines de goma y 10 manijas de agarre.

Ahora, resta aguardar a la audiencia de la próxima semana, en la que la fiscalía podría exponer nuevos detalles de la investigación.

El apellido Roggiano es conocido en Santa Fe, sobre todo en el ámbito judicial. Julio César Roggiano, padre de la mujer imputada, fue juez de Menores y en 2003 fue sorprendido "in fraganti" mientras recibía una coima de $3.000 en la esquina de Tucumán y Peatonal San Martín.

El dinero había sido marcado y entregado al magistrado por la madre de una adolescente de 17 años, que buscaba su liberación. El hecho marcó el fin de la carrera del juez, que fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y posteriormente destituido.

La brutal golpiza que recibió una mujer de 59 años en su casa de Monte Vera el pasado martes generó gran consternación entre los vecinos. Lo que a priori fue denunciado como un golpe accidental, terminó con uno de los hijos de la víctima preso.

Se trata de Ezequiel "Fury" S., de 34 años, quien este lunes fue imputado por la fiscal Luciana Escobar Cello. Tanto a él como a su amigo Norberto T., alias "Paraguayo", les endilgaron la coautoría de "robo agravado por ser perpetrado con arma y por causarle a la víctima una inhabilitación mayor de 30 días y causarle peligro de muerte".

Así fue cómo clasificó la fiscalía lo ocurrido el pasado 15 de abril en la casa de Vilma Morales, quien actualmente permanece en coma y con asistencia respiratoria a causa de graves golpes en su cabeza.

La audiencia fue presidida por el juez penal Lisandro Aguirre, y contó con la presencia del defensor público Sebastián Amadeo. "Fury", el hijo de Vilma, manifestó "soy incapaz de hacerle algo así a mi mamá" y le dijo al juez que "voy a esperar a que mi mamá se recupere y ella va a explicarle, porque ella sabe qué pasó".

Trascendió que el suceso estaría relacionado con el consumo problemático de estupefacientes, algo que afectaría a los tres agresores, quienes habrían perpetrado el robo para conseguir dinero y así satisfacer sus adicciones.

Un golpe "accidental"

El martes de la semana pasada una vecina de Monte Vera se comunicó con la policía para solicitar asistencia en la casa de Vilma, ubicada en calle Rivadavia al 5500. Lo hizo por pedido de "Fury", quien le dijo que su madre se había caído y golpeado la cabeza.

Cuando los agentes arribaron al lugar se encontraron con una escena dantesca. El hombre de 34 años sostenía en brazos a su madre, que yacía en un charco de su propia sangre. La presencia de los uniformados alteró a "Fury", que esperaba que la vecina sólo pidiera una ambulancia.

La mujer fue trasladada de urgencia, y al examinar los médicos indicaron que sus lesiones no eran consistentes con las de una caída, sino que había sido golpeada al menos tres veces con un objeto contundente. Fue entonces que la policía se apresuró a buscar al hijo, que no había acompañado a su madre hasta el nosocomio.

Cuando llegaron a la casa, el imputado ya había limpiado la escena del hecho. Visiblemente alterado, intentó desligarse de lo ocurrido, pero sin darse cuenta señaló el arma utilizada para atacar a su madre: un sapito de cemento.

Entre tres

Hasta el momento, la fiscalía logró reconstruir que ese día, entre las 19 y las 19.30, "Fury" arribó a la casa de su madre junto al "Paraguayo" y otro sujeto, apodado "Pepi". Éste último ya fue identificado y sobre él pesa una orden de detención.

Los tres ingresaron a la vivienda y agredieron a Vilma con un sapito de cemento que habían encontrado en el patio. Los golpes fueron dirigidos a la cabeza de la mujer, que sufrió múltiples heridas y a casi una semana del hecho todavía pelea por su vida.

El fin era reducirla, para así poder sustraer de la vivienda dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un conjunto deportivo y un celular marca TCL. Luego, el hijo de la víctima se quedó en el lugar y sus cómplices se dieron a la fuga.

Prisión preventiva

Cuando Escobar Cello terminó de dar lectura a la imputación, "Fury", visiblemente acongojado, señaló: "El conjunto que le robaron a mi mamá me lo compro para mi cumpleaños, que es el 27 de abril".

La fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de ambos imputados, la cual se realizará el próximo miércoles en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

En tanto, el defensor Amadeo hizo una serie de planteos respecto a la atención médica y el lugar de alojamiento de Ezequiel "Fury" S., que manifestó haber sido agredido pro internos de la Subcomisaría 2da, en donde se encontraba detenido.

Por eso, el juez Aguirre dispuso que se corra vista de la denuncia efectuada por la defensa y se oficie al MPA para que actúe de conformidad con la ley, y ordenó el traslado de "Fury" a otra comisaría y que sea examinado por un médico forense a los fines de constatar si presenta lesiones.

Además, el magistrado dispuso el traslado del imputado a un efector público para que se le brinde la atención médica necesaria a los fines de resguardar salud física y mental, ya que previo a su detención se trataba en el Hospital Mira y López.

Valentin Giordano, el joven de 19 años que embistió y mató a un matrimonio la noche del 24 de noviembre en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, volverá a prisión.

El tribunal de la Cámara de Apelaciones, integrado por el juez Roberto Prieu Mántaras, declaró la nulidad parcial del fallo de primera instancia. En el mismo, la jueza Cecilia Labanca le había concedido la libertad bajo medidas alternativas a Giordano.

El recurso ante la Alzada fue interpuesto por la fiscal al frente de la investigación, Rosana Marcolín, quien entendía que la jueza no dio fundamentos a su decisión.

Familiares de las víctimas se manifestaron este lunes en Plaza 25 de Mayo. Foto: Flavio Raina

De la audiencia participaron familiares de las víctimas, Marcos Arias y Norma López. Su hija, constituida recientemente como querellante, declaró que tanto ella como su hermano de 16 años -quien presenció el hecho- recibieron amenazas, que el chico "no hay noche que no tenga crisis" y que "lo mejor que nos podría pasar dentro de esta situación es que -Giordano- espere la condena en la cárcel".

A su turno, el imputado, quien se mantuvo cabizbajo durante toda la audiencia, sostuvo: "No me va a alcanzar la vida para pedir perdón, nunca pensé que esto podría pasar". Su defensa está en manos de los abogados Agustín Márquez y Esteban Yossen.

Pasada la 1 de la tarde, a más de tres horas desde que inició la audiencia en la Sala 5 de los tribunales santafesinos, el Dr. Prieu Mántaras resolvió declarar parcialmente la nulidad del fallo de la jueza Labanca.

La Alzada dio razón a la fiscalía en torno a que "la decisión de la jueza carece de motivación suficiente, incumpliéndose así con la obligación de fundamentación de las decisiones judiciales", la cual está dispuesta tanto en la Constitución nacional, en la provincial, y en el Código Procesal Penal de Santa Fe.

Prieu Mántaras dispuso la inmediata detención de Giordano. Foto: Flavio Raina

"La sola expresión por parte de la jueza de que las medidas alternativas resultaban suficientes para cautelar debidamente los riesgos procesales resulta en una decisión fácticamente arbitraria, y supone una fundamentación meramente aparente", concluyó el camarista.

"Surge palmaria y evidente la omisión de la jueza de explicitar las razones por las cuales entendía que las alternativas podrían mitigar los riesgos procesales que ella misma estaba declarando", subrayó, "no se requieren desarrollos minuciosos y exhaustivos, pero sí al menos una fundamentación que permita entender por qué la jueza resolvió de la forma en que lo hizo".

Además, en su fallo Labanca "omitió el tratamiento de planteos fiscales que resultaban decisivos para la resolución del conflicto. En particular la conducta asumida por Giordano luego el hecho, y cómo ésta impactaba respecto de las alternativas que concedía".

Respecto a la situación procesal de Giordano, Prieu Mántaras consideró que "corresponde la imposición de la prisión preventiva, por entender que las alternativas propuestas por la defensa no resultan, al menos en este estadío del proceso, suficientes para neutralizar el riesgo procesal de fuga".

Esto, debido a la "flexibilidad de las medidas impuestas, cuya observancia quedaría sólo sujeta a la voluntad" del imputado.

Para el magistrado, no puede esperarse la sujeción a las alternativas por parte de una persona que "habiendo protagonizado semejante conducta, con plena representación de la probabilidad de producción del resultado que a la postre produjo, en lugar de quedarse donde ocurrieron los hechos para asumir las consecuencias de su obrar, intentó escapar".

La pena en expectativa, y el hecho de que esa será de cumplimiento efectivo, sumando a que Giordano "falseó su domicilio, estableciéndolo en Corrientes" y a que "conoce todas las evidencias en su contra", también fueron tenidos en cuenta por la Cámara de Apelaciones a la hora de resolver sobre la cautelar.

El juez dispuso la inmediata detención de Giordano, que fue retirado de la sala de audiencias esposado.

Tras conocer el fallo, la fiscal Marcolín explicó que "el juez entendió exactamente lo mismo que entendimos desde la fiscalía en el momento que salimos de la audiencia -de primera instancia-, no podíamos creer lo que había pasado".

"La jueza nos había dado la razón en todo el panteón de la fiscalía, en cuanto a que se daban todos los requisitos para la imposición de la prisión preventiva, y después de una manera totalmente inesperada varió su fallo y le dio la libertad" a Giordano, recordó.

Esta "es una cuestión constitucional, los fallos tienen que estar fundados y se tiene que explicar el porqué de la decisión", por eso la funcionaria del MPA decidió recurrir la resolución de Labanca.

Respecto a la investigación, aseguró que "continuamos sin pausa", que ya se realizaron diversas pericias y que se pudo establecer que la velocidad del automóvil conducido por Giordano era de 136 kilómetros por hora (en un rango de entre 110 y 162) cuando embistió a las víctimas.

Por el hecho también fue imputado otro hombre, Nicolás L., que habría estado corriendo picadas con Giordano la noche del 24 de noviembre de 2024.

La fiscalía cree que el VW Bora de Giordano y el BMW de Nicolás L. corrían una picada que se dividió en dos tramos: el primero entre calle Calcena -pasando el faro hacia el norte- y el semáforo de Almirante Brown y Salvador del Carril, y el segundo, entre ésta última arteria y el lugar donde se produjo el siniestro, unos 300 metros de distancia, pasando las instalaciones del Lawn Tenis Club.

Distintos análisis de planimetría, cámaras de seguridad cuadro por cuadro y la disposición de los cuerpos luego del impacto, permitieron a Marcolín inferir que el VW Bora viajaba a una velocidad que superaba los 100 km/h en una zona en la que la velocidad permitida es de 60 km/h.

La fiscal señaló durante la audiencia de prisión preventiva que los automóviles de los dos imputados estaban "tocados" para correr carreras. Según un informe técnico, el VW Bora tenía reprogramada la computadora, un escape de alto rendimiento y bajados los amortiguadores. El BMW tenía intervenciones similares.

Apenas cuatro horas después del doble crimen en barrio Barranquitas, un hombre recibió un balazo en el abdomen en el barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió pasadas las 22 del martes 11 de febrero, en inmediaciones de calle Regis Martínez y Pasaje Paraguay.

Un hombre fue baleado en el estómago en circunstancias que permanecen desconocidas.

El 107 lo trasladó hasta el Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. Se encontraría fuera de peligro.

Investiga el fiscal Iglesias.

Al arribar al nosocomio, la víctima estaba, aparentemente, bajo los efectos de estupefacientes. No aportó su identidad, ni la de su atacante.

De lo ocurrido fue notificado el fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

Algunas horas antes, un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el interior de una casa de calle Lamadrid al 3900, en barrio Barranquitas.

El tiroteo alarmó a los vecinos del lugar, que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para dar aviso de lo acontecido.

El tiroteo alarmó a los vecinos de Barranquitas. Foto: Manuel Fabatia

Al arribar a la zona, la policía halló a las víctimas agonizando. Uno estaba en el ingreso del domicilio, mientras que otro de ellos se encontraba en el patio.

Si bien fueron trasladados hasta el Hospital Cullen en un intento por salvar sus vidas, ambos fallecieron a causa de la gravedad de sus heridas.

Algunos de los testimonios recogidos señalan que las víctimas fueron perseguidas por la vía pública por una automóvil, en cuyo interior había tres individuos, y que estos iniciaron la balacera cuando la pareja intentó refugiarse en la vivienda.

Otros testigos indicaron que cuando los asesinos arribaron al lugar, las víctimas estaban dentro del inmueble.

Tres homicidas. En esto coincidieron todos los testigos.

A cargo de la investigación está, también, el fiscal Iglesias, quien se encuentra de turno.

Un jefe policial santafesino fue denunciado por su primo, por haber abusado sexualmente de él entre 1997 y 1999. Se trata del Subdirector de Policía C.A.M.F., que actualmente desempeña sus funciones en Coronda.

David, de 37 años, denunció que fue sometido desde los 10 hasta los 12 años, es decir, desde que su primo tenía 19 años hasta que ingresó a la policía. El chico quedaba a cargo de su tía, y cuando ésta salía a hacer mandados, los juegos se convertían en abusos.

La denuncia fue radicada el 28 de agosto pasado en una comisaría de Rosario, donde actualmente reside David. Debido a que dijo que los hechos ocurrieron en Coronda, de donde es oriundo, el legajo se trasladó hasta esa jurisdicción y quedó en manos del fiscal Marcelo Nessier.

La investigación fue llevad adelante por la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1. Crédito: Archivo/Mauricio Garín.

Como el denunciado trabaja en la zona, y en el marco de sus funciones tiene contacto con la fiscalía, en noviembre Nessier solicitó que la causa pasara a la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe. Ahora, el fiscal Matías Broggi está a cargo de la investigación.

Pasaron cinco meses desde que David denunció, siente que la justicia comenzó a avanzar y espera lograr una respuesta concreta.

Juegos y prendas

Cuando David tenía 9 años, como sus padres trabajaban, él y su hermana comenzaron a pasar las mañanas en la casa de su tía, la madre de C.A.M.F. Cuando la mujer se ausentaba del domicilio, para realizar trámites o mandados, quedaban solos con su primo mayor.

“Hacíamos juegos” explicó David, “y en un momento él comenzó a poner prendas”. Dice que así comenzaron los abusos, que fueron escalando con el paso del tiempo. Primero enmarcados en “juegos” y “prendas”, luego bajo amenazas: “Si yo no lo hacía él le iba a decir a mi papá que yo lo tocaba, que no cumplía las promesas. Me hacía creer que yo era el malo”.

Los sometimientos se agravaron, y cuando el chico cumplió 10 años se tornaron en abusos con acceso carnal. Para ese entonces, la hermana ya no pasaba las mañanas en esa casa. Los abusos continuaron hasta que C.A.M.F. ingresó a la policía.

25 años después

David logró hablar de los abusos con su madre y su hermana recién en 2024. Al día siguiente radicó la denuncia. Al exponer lo ocurrido, su hermana dijo que también fue víctima del primo. Lo mismo hizo otro primo en común.

Según pudieron reconstruir entre ellos, “arrancó con mi hermana, cuando ella tenía 10 y él 17, y siguió con mi primo de 8 años, cuando él tenía 18”, explicó David. “Después yo”, dijo escuetamente, con la voz apagada.

Desde que la investigación está en manos del fiscal Broggi, tiene expectativas renovadas: “Me entrevistaron el lunes pasado, y me trataron muy bien”. A pesar del transcurso del tiempo, espera “que se resuelva favorablemente, porque las causas de abuso no deberían prescribir jamás, porque uno lo va a tener hasta el último día de su vida en la espalda”.

David y su abogado buscarán lograr una condena, amparándose en una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que revocó la prescripción de los abusos que denunció el periodista rosarino Juan Pedro Aleart.

El denunciante hizo hincapié en que su primo es un alto jefe policial, por lo que está armado, y que vive a pocas cuadras de la casa de su madre en Coronda. “No sé lo que puede pasar por la cabeza de una persona que de repente se encuentra con esta situación encima”, admitió, “por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme a mí o a mi familia”.

“Buscamos visibilizar el caso para que avanzara” y ahora “tenemos ganas de que se haga justicia”, cerró.

El conductor de la lancha que embistió a otra en el río Paraná la noche del 7 de diciembre, a la salida de una fiesta, fue imputado y quedó en prisión preventiva.

El fiscal Arturo Haidar atribuyó a Pedro Agustín Bertossi (35) los delitos de "homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor" y "lesiones leves culposas".

La audiencia fue presidida por la jueza Celeste Minniti, que primero escuchó declarar a las víctimas. Familiares de Adrián Javier Taborda -quien fue embestido de lleno por la lancha y falleció debido a fracturas de cráneo, politraumatismos y aplastamiento de tórax- también participaron del debate, y hablaron ante la magistrada.

La audiencia fue presidida por la jueza Celeste Minniti. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Bertossi fue representado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, quien propuso una serie de medidas no privativas de la libertad. Las mismas fueron consideradas insuficientes por Minniti, de cara a los peligros procesales. El imputado también declaró y dijo que "nunca supe que había un chico que había muerto" y pidió disculpas a la familia de Taborda.

Al concluir la audiencia, el fiscal Haidar consideró "justo" el resultado de la misma. Hoy "se le hicieron conocer los hechos como presunto responsable de homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria, imprudente y negligente de un vehículo con motor", explicó.

El choque se produjo el sábado 7 de diciembre entre las 22 y las 22.30 en inmediaciones de la isla "La Paciencia", en el río Paraná, a la altura del kilómetro 585, "a la salida de una famosa fiesta que se llama Malibú".

Si bien Bertossi no registra antecedentes condenatorios, "consideré que los riesgos procesales estaban latentes y se verificaban para que transcurra el proceso privado de la libertad".

El delito imputado tiene una pena mínima de 2 años, y la máxima de 5 años. No obstante, el fiscal explicó que en caso de condena la pena se alejaría del mínimo. "La jueza consideró que están dados los presupuestos, fundamentalmente el entorpecimiento probatorio, para dictar la prisión preventiva".

En libertad, el imputado "podría obstaculizar la investigación", algo que surge de su accionar luego del hecho. "Era público que había un herido, no podía desconocerlo. Sin embargo, se retiró a su domicilio, y antes limpió la parte de la proa que entiendo era la parte con la que colisionó al momento del accidente". En esa línea, el fiscal advirtió que "no hubo fuga ni omisión de auxilio", ya que la lancha de Bertossi quedó varada después del choque.

El hombre se presentó ante las autoridades recién a las 7 de la mañana del domingo, junto a su abogado. Pasadas las 8 se le tomaron muestras para los análisis de alcohol y narcóticos en sangre.

El tribunal oral pluripersonal que integran los jueces Pablo Busaniche -presidente-, Cecilia labanca y Martín Torres, absolvió por unanimidad al profesor Juan Francisco Trigatti, quien llegó a juicio oral y público acusado por el abuso sexual de al menos cinco niñas del jardín de infantes Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El fallo fue unánime. Además de la absolución, los magistrados ordenaron la remisión de copias de las actuaciones a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad para que se evalúe la responsabilidad administrativa que podría corresponderle al personal que prestó funciones el 7 de octubre de 2021 durante la vandalización de la institución educativa y del domicilio de la familia Trigatti.

En esa línea, también dispusieron que se envíen copias a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tanto para que profundice la investigación sobre los hechos vandálicos como para que evalúe cuestiones relativas al desempeño del organismo durante la investigación que derivó en la acusación formal al profesor de educación física.

La causa que tomó trascendencia nacional luego de que se divulgaran los videos en los que empresario millonario le robaba a su vecino en el country Altos de la Ribera (Santo Tomé) terminó en condena.

Lucas Nasim, de 45 años, admitió su responsabilidad al firmar un juicio de procedimiento abreviado que este martes fue presentado ante el juez penal Luis Octavio Silva. Además del robo, el empresario reconoció haber amenazado con un arma de fuego a otro vecino.

La fiscal Rosana Marcolín y los defensores particulares Martín Durando y Néstor Oroño acordaron la condena a 3 años de prisión en suspenso y la imposición de una serie de reglas de conducta.

Como parte de éstas, Nasim aceptó someterse a un tratamiento psicológico en el Sanatorio Adventista del Plata, más conocido como Puiggari, ubicado en Libertador San Martín (Entre Ríos). Fue derivado por un psiquiatra, quien efectuó una orden de internación por ideaciones suicidas, trastorno obsesivo compulsivo y cleptomanía.

El condenado también aceptó restituir hoy, 13 de agosto, los 20 millones de pesos y 15 mil dólares que sustrajo de la vivienda de Oscar Gómez el 31 de julio.

Con gran congoja, Gómez presenció la audiencia. Tras ser condenado, Nasim pidió dirigirse a él.

"Quiero mirarlos a la cara y pedirle disculpas por lo sucedido. Me aproveché de su bondad. Lo digo de corazón, no para quedar bien con nadie. No le puedo dar una explicación de por qué hice lo que hice, pido disculpas y ojalá que en el futuro, cuando termine mi condena, volvamos a ser buenos vecinos, como creo que lo fuimos".

"No se sienta mal, es una cuestión mía, yo he cometido un error y voy a pagar por el mismo", sostuvo Nasim al ver a Gómez angustiado.

El empresario admitió haber ingresado al domicilio de su vecino el 31 de julio alrededor de las 19.30.

Forzó la cerradura de la puerta trasera, introduciendo un elemento en la misma para dañarla y así logró entrar al inmueble. De allí sustrajo 20 millones de pesos que había en una bolsa, que era la recaudación de las distribuidoras que posee la víctima.

Luego, Nasim se dirigió hasta una habitación, y del interior de un ropero extrajo otra bolsa que contenía 15 mil dólares, los cuales iban a ser utilizados para comprar una camioneta.

Las amenazas que también reconoció ocurrieron alrededor de un mes antes, el 26 de junio por la tarde. Nasim amenazó a otro vecino, esgrimiendo un arma de fuego, utilizando frases como: "Te voy a matar el perro", "te voy a romper el auto", "te voy a romper la casa", "salí cagón".

La víctima de este hecho, al igual que Gómez, prestó su conformidad con la realización del juicio abreviado.

Tras acordar la pena de 3 años de prisión en suspenso, la fiscalía valoró que Nasim prestó colaboración con la investigación, abriendo su casa y dando acceso a su celular, que no posee antecedentes y que se comprometió a restituir el dinero sustraído.

Durante el tiempo de condena no podrá acercarse a menos de 200 metros del perímetro del country Altos de la Ribera, tendrá prohibido contactarse y acercarse a las víctimas y sus familiares, no podrá tener ni portar armas y deberá abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. También tendrá que someterse al control del Patronato de Liberados.

Este martes por la tarde Nasim se internará en Puiggari.

El jardinero

Al ser consultada por los rumores de que habría un jardinero preso injustamente por un robo también ocurrido en el country, delito que se dice que habría sido cometido por Nasim, la fiscal aclaró que "no hemos conseguido ninguna evidencia de la existencia de este jardinero".

"Entiendo que lo que puede pasar es que se haya liberado alguna orden de detención y que haya habido alguna imputativa, pero no que esté actualmente privado de la libertad", explicó Marcolín.

"Yo creo que a esta altura ya sabríamos si hay una persona en prisión preventiva y su identidad", pero "nadie ha aparecido, ni familiares del hombre supuestamente privado de libertad ni denunciantes", ni se han presentado ante la fiscalía.