Tres miembros de la Policía de Santa Fe permanecían detenidos este miércoles, a la espera de audiencia imputativa, fijada en horas de la tarde en los tribunales locales.

Se trata de los oficiales Matías Adrián M., Pedro José G. y el subinspector Eduardo Manuel M. quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado sábado 22 de noviembre en horas de la tarde.

Consultado sobre el tema el subsecretario de Control de la Unidad Especial de Asuntos Internos, el Dr. Lucas Covacich, confirmó que llevan adelante una investigación por “un procedimiento en Los Zapallos” luego de que entrara “una denuncia de una persona a la que habrían presionado para que pague una coima”.

Covacich apuntó que “se hizo la consulta a la Fiscalía” la cual “dispuso que lleguen al lugar del control” que ya se había levantado; y en su defecto “que vayan a la base de San Javier, donde secuestran dinero por más de $ 1.400.000 durante la requisa”.

Ese sábado al mediodía, los tres sindicados participaron de un control de tránsito montado en el km 27 de la ruta provincial Nº 1, en el departamento Garay, donde inspeccionaron una camioneta a la que le faltaba la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

Según consta en la denuncia, al menos dos de los uniformados le pidieron al conductor la suma de $ 500.000 para dejarlos continuar el viaje, lo que derivó en una negociación en la que se produjeron pagos en efectivo y a través de transferencias.

Del relato de las víctimas se desprende que realizaron una transferencia por $150.000, a la cuenta de una mujer domiciliada en Colonia Teresa; y reunieron otros $200.000 en efectivo, el cual se distribuyó en partes iguales entre billetes de mil y dos mil pesos.

Pero una vez habilitados a continuar el viaje, el conductor del vehículo en infracción se detuvo al llegar a la localidad de Los Zapallos, donde radicó la denuncia en la Subcomisaría 5ta. de la Unidad Regional VII.

Tras la presentación, se comunicaron con el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, quien le dio participación a la Unidad Especial de Asuntos Internos para que realice las medidas correspondientes.

Con la información suministrada, una comisión de AI viajó hacia la costa, pero al llegar al punto señalado en la denuncia el retén policial ya no estaba, por lo que debieron viajar hasta la ciudad de San Javier, donde se encuentra la base operativa de la Guardia Policial.

Producto de la requisa, los efectivos de Asuntos Internos hallaron $1.420.000 y 400 dólares dentro de un chaleco balístico; además $140.000 en el interior de una billetera y $210.000 en el interior de la guantera del automóvil particular de uno de los involucrados. Además, fueron secuestrados los teléfonos celulares de los tres integrantes de la patrulla.

Los tres iban a ser imputados este miércoles por la tarde en el subsuelo de tribunales, en una audiencia presidida por el juez Sergio Carraro. En tanto que por la defensa de los acusados se presentaron la defensora pública Virginia Segado; y los abogados particulares Juan Carlos Galetto y Alberto Crucci.

Consultado por el caso el Dr. Galetto se refirió a la situación de su defendido Eduardo M. sobre quien asegura que “estaba por otro lado, haciendo control de alcoholemia” y que nada tiene que ver con la maniobra delictiva.

Sostiene el defensor que su cliente “nunca habló con las víctimas” y que “se enteró de lo que estaba pasando cuando llegó Asuntos Internos a la base de San Javier”. Para sostener sus dichos asegura que ninguno de los testigos/víctimas nombra a su cliente en la maniobra y que existen fotos que demuestran que se encontraba a distancia, realizando otras labores.

“Podrán pensar que todos estaban de acuerdo pero en los hechos nunca tuvo contacto ni habló con los denunciantes”, cerró el defensor.

La escena dura exactamente 35 segundos, es el momento definitorio en el que el jurado popular decide el destino del hombre que se encuentra sentado en el banquillo de los acusados. El juez da la orden de lectura del veredicto y una voz masculina da a conocer la deliberación secreta.

Antes, el juez Lisandro Aguirre hace una introducción: “El Pueblo ha arribado a un veredicto. Es una decisión soberana que le pido a todos la acepten con respeto, porque es una manifestación popular que ordena nuestra constitución”.

El Dr. Aguirre remarca: “Este es el segundo juicio por jurados en la ciudad de Santa Fe, el tercero en la provincia, que es Cuna de la Constitución Nacional 1853, por lo tanto se trata de un momento trascendental para la vida democrática”.

Entonces habló el ciudadano: “Nosotros el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Mario Humberto Romero culpable del delito de homicidio criminis causa, conforme a requerimiento de la acusación”, leyó de pie y en voz alta el presidente del jurado, mientras “Baracus” Romero asentía con los ojos entornados, el puño cerrado, y se podía leer en sus labios la afirmación: “Bien, bien…”

El acto, reproducido en vivo y en directo por el canal de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe, aparece como un rasgo de desprecio e ironía del reo, que se mantuvo con una media sonrisa socarrona a lo largo de los dos días de debate.

Romero sólo atinó a decir “yo no cometí el hecho”, tras los alegatos de clausura. Sin embargo, no asomó en su rostro la sombra del arrepentimiento, ni la disculpa.

Una vez cumplido con el ritual de la lectura, el juez desobligó a los integrantes del jurado popular para que abandonaran la sala en absoluto anonimato, y así dar lugar a la audiencia de cesura, en la que se definió la pena máxima.

Romero, un changarín de San Javier que realizaba tareas de jardinería para la señora Dominga Erminda Favot, fue encontrado culpable por los delitos de “hurto” y “homicidio criminis causae”. Así lo determinó la voluntad popular en la tarde noche del martes 18 de noviembre, en el subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Durante el juicio iniciado el lunes 17, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Francisco Cecchini y Guillermo Persello, lograron vencer el principio de inocencia que pesaba contra Romero y comprobar que fue él quien la mató para robarle.

A pesar de la asistencia técnica de los abogados del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Virginia Segado y Nicolás Mosconi, los testigos y la evidencia introducida durante el debate confirmaron la autoría material de Romero del brutal crimen.

La jubilada, murió asfixiada y con un puñado de vellos del pecho de su agresor, cuyo análisis de ADN eliminó cualquier duda sobre su inocencia.

Además, Romero fue condenado por el delito de “hurto” de una tarjeta de débito de la víctima -el 6 de diciembre de 2022-, la cual intentó usar sin éxito en un cajero automático de San Javier, donde quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Erminda Dominga Favot tenía 79 años, cobraba una jubilación y vivía sola en una casa de la calle Libertad 2170 de San Javier. Fue asesinada dentro de la vivienda, la madrugada del lunes 26 de diciembre de 2022. Para ingresar, Romero forzó una ventana y dejó su huella marcada sobre el mantel de la mesa de la cocina.

El cuerpo de Favot fue hallado al día siguiente por familiares y todas las sospechas recayeron sobre Romero, de quien la víctima desconfiaba, quien fue inmediatamente detenido.

De Romero, se supo luego que cuenta con frondosos antecedentes penales, entre ellos, otro homicidio cometido en Santo Tomé en 2008 por el que cumplió 9 años de prisión y fue declarado reincidente en 2010, por otros delitos como hurtos y robos.

La Justicia impuso penas de 23 años de prisión para Mariano Alberto Caridad (23) y Agustín Nicolás Coria (24), considerados coautores de la ejecución a mano armada de Gastón Nazareno Copes (25), ocurrida la mañana del domingo 23 de octubre de 2022, en la ciudad de Santo Tomé.

“En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, resuelve: condenar a Caridad Alberto Mariano y Coria Agustín Nicolás, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a cumplir la pena de 23 años de prisión”.

El veredicto fue leído este lunes por la presidenta del tribunal de juicio oral, la jueza Susana Luna, en voto unánime con sus pares, los Dres. Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Staiger, este último por videoconferencia.

Los imputados Coria y Caridad, que presenciaron el juicio en la sala durante toda la semana pasada, estuvieron presentes en forma remota desde su lugar de detención, para la lectura del veredicto.

La imposición de la dura condena contra los agresores motivaron un sentido abrazo entre los familiares de Copes, con su madre a la cabeza, como querellante durante el proceso. Representada por el abogado particular, Martín Peón, habían solicitado 25 años de prisión para la dupla de agresores, no obstante se mostraron conformes con el fallo final.

“Es una condena ejemplar, se ha hecho justicia”, destacó el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, junto con su colega de la Unidad de Delitos Complejos, Laura Urquiza.

Los representantes del MPA habían solicitado 23 años para Caridad y Coria por considerar que fue “una situación muy grave, ante una víctima que no tuvo posibilidad de defenderse, a la que apartaron del grupo de gente en la que estaba, e hicieron correr peligro a un montón de personas”.

El Dr. Giavedoni remarcó que “al momento de mensurar el monto de la pena” debe tenerse en cuenta que “el tipo penal seleccionado tiene una pena que va desde los 10 años y 8 meses a los 33 años de prisión y el monto de pena que nosotros pedimos está ubicado dentro del segundo tercio de esa escala penal en la parte máxima”. Por eso “creemos que es una buena interpretación de parte del tribunal”.

En cuanto a las defensas de los condenados, a cargo de los abogados Raúl Sartori -por Caridad-, y Elsa Tracy Dunigan y Raúl Sánchez Lecumberri -por Coria-, habían propuesto penas de 15 años para sus pupilos.

A propósito de ello, la Fiscalía recordó que en la primera jornada del juicio -audiencia de cesura- las partes acordaron “tener por probados los hechos”, con lo cuál el debate giró en torno al monto de la pena únicamente.

“Esto en base a que había muy buena calidad de prueba obtenida. Además de las cámaras (públicas y privadas), teníamos testigos presenciales que logran reconocer a los acusados”, explicó el Dr. Giavedoni. “Es decir, una seguidilla de información que daba muy buena calidad de prueba para tener por acreditado el hecho y la participación de los acusados en el hecho”.

El juicio oral y público por el crimen de Copes comenzó el lunes 20 de octubre pasado y se extendió durante la jornada del miércoles, cuando se exhibieron los videos de las cámaras de seguridad del 911 y privadas y se tomaron declaraciones testimoniales. El viernes fueron los alegatos de clausura, que fueron la antesala de este veredicto.

A diferencia de otros homicidios ocurridos en la jurisdicción, el de Copes tuvo la particularidad de que varias cámaras registraron la cruenta ejecución, lo que permitió ver con claridad la crudeza del ataque por parte del tribunal.

Copes había ido a bailar con amigos a la ciudad de Esperanza, donde mantuvo una pelea con otros jóvenes de Santo Tomé. Al regresar a su ciudad, estacionó el auto VW Passat que conducía delante de la heladería Veneto que está en Las Cinco Esquinas y los ocupantes descendieron del vehículo.

Instantes después, una cámara detecta un Chevrolet Cruze que pasa por la Avenida 27 de Marzo en dirección oeste-este y al ver el auto de Copes gira en “U” y se estaciona detrás. Luego, descienden los dos ocupantes, con un arma cada uno y tras separarlo del grupo comienzan a gatillarle a corta distancia.

sperados. Tras la estampida, los agresores sacaron las patentes del auto en el que circulaban y escaparon del lugar. Gastón Copes fue trasladado al hospital Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado hasta su fallecimiento, el 5 de noviembre de 2022.

Caridad fue detenido el mismo domingo de la ejecución y Coria se entregó en fiscalía días más tarde. Desde entonces, ambos permanecían en prisión preventiva aguardando el juicio por el que ahora deberán cumplir condena.

En el marco de una investigación judicial por microtráfico de estupefacientes y asociación ilícita, efectivos de Prefectura Naval Argentina detuvieron el miércoles pasado a Walter Nicolás Filippa, alias “El Rengo”, conocido integrante de la facción disidente de la barrabrava de Colón denominada “La Negrada”.

La aprehensión se produjo durante un allanamiento en el distrito costero de Alto Verde, donde Filippa se encontraba junto a otros dos adultos: una mujer identificada con las iniciales NMC, de 29 años, y un hombre de 30 años, BLBDA, vinculado a un apellido conocido en la zona.

En poder del trío, las fuerzas federales incautaron 52 gramos de marihuana, 49 de cocaína (ambos fraccionados para su comercialización), teléfonos celulares, una balanza de precisión y cámaras de seguridad, en lo que podría tratarse de un búnker de drogas.

Filippa no es un desconocido para la Justicia santafesina.

En abril de 2022 fue imputado por asociación ilícita, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad, luego de protagonizar junto a otros barras disturbios en la previa del partido de Copa Libertadores entre Colón y Peñarol, que terminó con policías y un hincha herido. En esa causa, había quedado en prisión preventiva sin plazo.

El procedimiento de Alto Verde fue parte de un megaoperativo coordinado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el que se realizaron 12 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe y requisas en dos unidades penitenciarias: la Cárcel de Las Flores (provincial) y la Unidad Federal N°36 de Coronda.

En total, se detuvo a 19 personas, de las cuales seis ya estaban privadas de su libertad en los penales mencionados. El resto fue capturado en domicilios particulares, entre ellos Filippa.

En los demás allanamientos en Alto Verde, también fueron detenidas dos parejas: GAC (34) y JEA (28) -les incautaron una escopeta recortada, una balanza y una planta de marihuana-; y AAN (27) y RAA (29) -con 124 gramos de cocaína, una balanza y 5 celulares-.

Conferencia del MPA

Si bien los allanamientos y requisas se efectuaron el miércoles por la noche, la noticia trascendió a los medios en la mañana del jueves, cuando la Oficina de Prensa del MPA convocó a una conferencia.

Estuvieron los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández; y el fiscal coordinador del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, Diego Vigo.

Según los fiscales intervinientes, los grupos investigados actuaban como dos organizaciones criminales independientes, aunque con ciertos vínculos entre sí.

Una operaba dentro y fuera de las cárceles, y la otra exclusivamente dentro del sistema penitenciario. El material estupefaciente era introducido de forma oculta o solapada y luego distribuido entre los internos.

El resultado total de los procedimientos fue el siguiente:

19 personas detenidas

Aproximadamente 500 gramos de cocaína y 650 gramos de marihuana secuestrados

35 teléfonos celulares incautados

Dinero en efectivo por un total estimado de $1.500.000

Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito en la comuna de Villa Saralegui, ubicada en el departamento San Cristóbal, derivó en la detención este jueves, del ex mandatario comunal, Walter A. Sola.

El caudillo local fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos del MPA, la Dra. Bárbara Ilera. Además, se encuentra privado de la libertad su hijo Nicolás.

La noticia comenzó a circular a media mañana y este mediodía fuentes del MPA confirmaron sendas detenciones.

Aunque la causa remite al pueblo de VIlla Saralegui, los allanamientos -unos diez en total-, se realizaron este jueves en la ciudad de San Justo, ubicada a 33 km al oeste, por ruta provincial Nº 2.

Una mutual, un hotel, un estudio contable, comercios y viviendas particulares, estaban siendo resguardados esta mañana por la fuerza policial especializada, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de distintas unidades regionales de la zona.

Las detenciones se produjeron como resultado de una denuncia iniciada en 2023 y ampliada en 2024, cuando un grupo de productores rurales de la zona pusieron bajo sospecha el destino de los fondos recaudados en concepto de la tasa por hectárea, que desde su asunción tuvo aumentos exorbitantes, alcanzando cifras de hasta el 400%.

En ese entonces se produjo lo que se denominó una “rebelión fiscal” por parte de los productores locales, que ya habían instalado el caso a nivel nacional, luego de un hecho de violencia en octubre de 2022, cuando los Sola -padre e hijo-, golpearon al productor Leonardo González Kees, vecino del lugar y cuñado del diputado nacional José Luis Espert.

Por ese hecho, Walter y Nicolás Sola deberán enfrentar un juicio oral, fijado primeramente para agosto, pero reprogramado para el 17 de octubre próximo, bajo los cargos de "lesiones, daños y amenazas".

Entre tanto, el 7 de marzo de 2024 el nombre de Sola volvió a los medios, cuando fue acusado de instigar una tentativa de homicidio, cuando un ladero suyo -Rodrigo Nicolás Basigaluppo, quien actualmente está detenido- atacó a balazos a Matías Gamboa, quien lo había enfrentado en las últimas elecciones y había salido electo como primera minoría.

Una nueva banda delictiva integrada por cordobeses fue condenada en Santa Fe por una seguidilla de robos cometidos el 9 de marzo de 2024, en el estacionamiento del shopping La Ribera, ubicado en el Dique 1 del Puerto local.

Utilizando un inhibidor de señal, abrieron al menos tres vehículos y luego ingresaron a un domicilio particular usando llaves sustraídas. Fueron atrapados tras una persecución en barrio Candioti. Esta semana se cerró el caso con la condena de los dos últimos implicados mediante juicio abreviado.

La audiencia se realizó este miércoles 20 de agosto ante el juez Lisandro Aguirre, con la intervención de los fiscales Rosana Peresin y Manuel Cecchini, y la defensa técnica a cargo del abogado particular Patricio Jullier. Los imputados participaron de manera remota desde la cárcel de Las Flores.

Los condenados son Mario Andrés Portillo (37), quien también utilizaba las identidades de Mario Alberto Portillo o Mario Alberto Gómez, con domicilio en Córdoba, aunque su familia reside en Santa Fe; y Ariel Heber Benavídez (33), oriundo de la vecina provincia.

La pena impuesta fue de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, puesto que ambos cuentan con antecedentes penales condenatorios.

Ya en diciembre pasado había sido condenado el tercer integrante de la banda, Carlos Bordón (37), también oriundo de Córdoba, quien recibió 3 años de prisión de cumplimiento efectivo en otro juicio abreviado, llevado adelante por el juez Aguirre.

El 9 de marzo de 2024, entre las 19:30 y las 21:45, los tres delincuentes, a bordo de un Volkswagen Suran negro con vidrios polarizados, recorrieron el estacionamiento del shopping La Ribera.

Mediante un inhibidor de señales bloquearon los cierres centralizados de al menos tres camionetas Toyota (una Hilux roja, una SW4 gris y otra Hilux gris doble cabina), de las cuales sustrajeron documentación, llaves, controles remotos, anteojos de sol, billeteras y otros objetos personales.

Posteriormente, utilizando uno de los juegos de llaves robadas, ingresaron a un domicilio de calle Ituzaingó al 2000, donde se apoderaron de una valija, mochilas con ropa y una suma de $1.600.000 en efectivo. Sin embargo, la huida fue interrumpida por el accionar de la propia víctima, que los observó retirarse y alertó a la policía.

Los ladrones salieron corriendo por calle Alvear y doblaron hacia el oeste por Balcarce, para luego tomar hacia el sur por Las Heras. Personal policial que patrullaba la zona recibió señales de la víctima en Ituzaingó y Belgrano, y tras disparos disuasivos con postas de goma comenzó una persecución a pie que terminó en calle Gobernador Candioti al 2100.

Allí, los efectivos encontraron tres teléfonos celulares, una mochila negra con dinero en efectivo, zapatillas, un control de portón eléctrico y una llave de automóvil Volkswagen, todos elementos reconocidos como robados.

La investigación determinó que los imputados se encontraban momentáneamente alojados en una quinta alquilada en la localidad de Sauce Viejo.

Tanto Benavídez como Portillo contaban con condenas anteriores. El primero, por una sentencia del 9 de abril de 2021 dictada por la Cámara Correccional Criminal N° 12 de Córdoba, donde se le impuso pena de 4 años de prisión. El segundo, por una condena del 13 de octubre de 2021 en Goya, Corrientes, a 3 años de prisión efectiva.

En ambos casos, si bien las penas ya estaban cumplidas al momento de los hechos en Santa Fe, se dispuso declarar la reincidencia.

Las víctimas de los hechos prestaron conformidad con los acuerdos abreviados, al igual que la Fiscalía Regional. La causa fue calificada como hurto calificado por el uso de instrumento semejante a llave (en tres oportunidades); robo calificado en poblado y en banda y mediante uso de llave verdadera sustraída en grado de tentativa; y supresión de la numeración de un objeto registrado.

Una carta de lectores permitió conocer el caso de un jubilado de 86 años de la ciudad de Santa Fe, el cual fue despojado de los ahorros de toda su vida, hace dos semanas, en su casa del barrio Sur. La maniobra fue tan sencilla como efectiva cuando se trata de personas mayores, especialmente aquellas que atraviesan esa etapa de su vida en soledad.

Fueron los vecinos y amigos quienes se pusieron en marcha para ayudarlo a encontrar a los culpables, y aportaron los datos para que quienes deben investigar lo hagan sin retardo.

Una de las personas que se solidarizó fue el abogado Jorge Iribas, quien narró el hecho delictivo, dejando entrever sus sospechas acerca de los responsables, pero también marcando la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades. “Evidentemente fue un despropósito policial y judicial, porque nadie se preocupó cuando hicimos la denuncia”, expresó el entrevistado.

Hace dos semanas, el jueves 26 de octubre, en horas del mediodía, una voz masculina se comunicó telefónicamente con un vecino de calle Urquiza, entre Amenábar y 3 de Febrero, en el barrio Sur. Invocó nombres propios, como el del “Dr. Iribas” y “Tati”, otra vecina y amiga de toda la vida; y con la excusa de un supuesto cambio de billetes que saldrían de circulación al día siguiente, fue a la pesca del dinero que el jubilado guardaba en su casa.

El sospechoso se encontraba en las cercanías del domicilio mientras un cómplice realizaba la llamada. 

En total, la suma asciende a $ 1.500.000, según dijo al día siguiente en las oficinas de Centro Territorial de Denuncias. A la descripción oral, el damnificado sumó material fílmico, que el propio abogado de confianza intentó presentar ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Adjuntamos ahí mismo una foto del autor que el mismo denunciante reconoce como quien fue a retirar el dinero” pero desde la fiscalía “nos dijeron que no reciben la denuncia sino hasta dentro de una semana”, lamentó el letrado.

“Le dejé un escrito al fiscal de turno, del cual hasta hoy no tengo novedades; luego me comuniqué con una radio; y finalmente opté por enviarle a ustedes la carta” contando lo que estaba sucediendo.

Más allá de la crítica, el Dr. Iribas reconoce que “este lunes me hablaron de Investigaciones de la Policía y me dijeron que están revisando los antecedentes del caso. Y me pedían más datos, porque son varias filmaciones que fue haciendo la cámara” en la que se registra la llegada y la partida del sospechoso.

En cuanto a la existencia de un entregador, el Dr. Iribas fue claro al señalar que “la maniobra coincidió en mencionarnos a dos amigos para que nos entregara el dinero", lo cual da la pauta de cierto conocimiento o inteligencia previa.

"Le hablaron por teléfono y le dijeron que estábamos en el banco, que era el último día para cambiar los billetes viejos de mil y él les entregó un millón y medio” de pesos cuando le ofrecieron "mandar a alguien a buscarlos". "Y él, sin averiguar, le dijo que sí, confiando en que éramos nosotros”.

Llegar a la línea de surtidores de combustibles dejó de ser un trámite más en la rutina de los argentinos en los últimos días, especialmente en centros urbanos como los de las provincias de Córdoba y Entre Ríos, donde la escasez comenzó a notarse en la semana posterior a las elecciones generales del 22 de octubre. Y la ciudad de Santa Fe no fue la excepción, así como otros puntos de gran concentración poblacional de la bota.

Este sábado, quienes decidieron acercarse a llenar el tanque, se encontraron con los primeros obstáculos, al desayunarse que para cargar había que hacer largas filas y con ello una demora que en algunos casos desencadenó en enojos y reclamos airados para con los playeros, que como último eslabón de la cadena de reparto, fueron receptores directos del mal humor social.

Zona norte

Hacia el norte, las estaciones Axion de Facundo Zuviría y la del Puente Negro, presentaban colas que en algunos casos hasta complicaron el flujo normal del tránsito matutino en dos avenidas troncales.

En el caso de la YPF de Facundo Zuviría y Martín Zapata en cambio la playa estaba directamente cerrada al mediodía, aunque según se podía observar, también se realizaban trabajos de mantenimiento o refacciones, pero significó un punto de carga menos en la ajetreada mañana. Recién pasadas las 13, con la llegada del camión cisterna, volvieron a abrir al público y en pocos minutos se formó una hilera de entre 50 y 100 metros.

“Recién llegó el camión pero nos dijeron que en media hora” iban a poder abrir las mangueras, relató una automovilista que llegó primera, cuando todavía estaban todas las islas cerradas “pero ya tengo una cuadra de autos atrás”, graficó.

Entre bulevares

La escena se repetía en las YPF de bulevar Pellegrini y 25 de Mayo y en la de calle San Lorenzo, en cercanías del estadio de Unión.

Afortunadamente la situación no era la misma en todas las marcas. En la YPF de Suipacha y Rivadavia “tienen todos los combustibles”, aportó otro entrevistado, aunque aclaró que “se habla de que varios vienen a llenar el tanque por el rumor” de que puede haber faltante entrada la tarde.

Afortunadamente la situación no era la misma en todas las marcas. En la YPF de Suipacha y Rivadavia “tienen todos los combustibles”, aportó un entrevistado. Crédito: Mauricio Garín

“Hoy cargué sin problemas en la Shell de Avenida Freyre y Tucumán”, informó otro entrevistado, que precavido, evitó el horario pico y de mayor congestión vehicular.

“Recién pasé por dos Shell y no había colas, pasa que no hay de la común”, dijo otra fuente consultada, en referencia a la nafta Súper, que es más barata que las denominadas “especiales”.

En el secuestro, Gendarmería contabilizó más de 45 millones de pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros. Crédito: 

La situación procesal de Ángel Yamil Benavídez, el "arbolito" detenido en el puerto de Santa Fe el martes de la semana pasada, podría agravarse de un momento a otro, si es que la Justicia Federal decide ampliarle la declaración indagatoria por un nuevo delito.

Al menos así lo adelantó este jueves el Fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, en un escrito remitido al juez de la investigación, el Dr. Aurelio Cuello Murúa, a quien le expresó los motivos por los cuales el "Turco" Benavídez debería continuar el proceso en prisión preventiva y en un establecimiento carcelario.

El caso en cuestión refiere al hallazgo, en el marco de una investigación provincial, de una "cueva" de dinero que funcionaba en un departamento, de un conocido complejo habitacional del puerto local. En el lugar, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y luego Gendarmería Nacional (GNA), contabilizaron 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros. Allí mismo fue detenido Benavídez, como único ocupante del inmueble.

Ampliación indagatoria

En un primer momento, el fiscal Rodríguez pidió que se lo indague al detenido por los delitos de "lavado de activos agravado", "intermediación financiera no autorizada" y "defraudación especial en 39 oportunidades". Sin embargo, este jueves, en un documento dirigido al magistrado Cuello Murúa, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que "de un nuevo estudio de la situación, el hecho delictivo también queda atrapado por las disposiciones de los artículos 285 en función del 282", que regula la falsificación de moneda.

Según entiende la fiscalía, ésto se debe a "la corroborada falsificación de 39 tarjetas de débito" que Benavídez tenía a su disposición, que pertenecían a personas de origen marginal y en algunos casos vinculados a una facción de la barrabrava de Colón.

Si bien desde el juzgado se aguarda la nueva presentación fiscal, existen lecturas en ese sentido que señalan que una nueva indagatoria podría extender el plazo legal, tanto para expedirse el juez sobre la situación procesal, como de la medida de coerción adecuada para el caso.

Socio presidiario

Mientras tanto, de la información del expediente surge que Benavídez está señalado como socio del expresidiario y barrabrava de Colón, Carlos Raúl Quartucci, con quien comparten desde el 16 de noviembre de 2022 la titularidad de la firma "Servicios La resistencia Sociedad Simple". Empresa de la cual, se presume, se valieron para hacer circular y dar apariencia de licitud a sumas de dinero cuyo origen legal no pudo justificarse hasta el momento.

Quartucci fue condenado en 2016 como integrante de una banda que cometió diez entraderas. En aquel entonces recibió pena de 3 años y 8 meses deprisión de cumplimiento en firme, como coautor de los delitos de "asociación ilícita", "robo calificado por uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda" y "resistencia a la autoridad".

Barrabravas

Asimismo, salta a la luz pública la vinculación de este intermediario de alto perfil social, con personas carenciadas y hasta con integrantes de la facción "La Negrada". El contacto está dado a partir de los titulares de los 39 plásticos secuestrados en el operativo, los cuales pertenecen en todos los casos a "personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados, con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física", según informaron desde el Área de Investigaciones de la AIC.

Además, se aportó que los domicilios fueron ubicados en los barrio Centenario (6), Chalet (4), San Lorenzo (3), Yapeyú (4), Adelina (2) y Las Vegas (9) de Santo Tomé, entre otros. Y como dato extra, surge en varios casos, que se trata de grupos de vecinos o familiares, como lo son el hermano, el primo y un tío Brian Emanuel "Chuki" Ríos, exjefe de la facción "La Negrada" de la barrabrava de Colón, quien permanece detenido.

Si bien el fiscal Rodríguez resaltó que se trata de "maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social", no deja de advertir los "vínculos (de Benavídez) con sujetos caracterizados por el ejercicio de la violencia" como lo son los barras.

Un tal "Juan García"

Del mismo informe surge que las maniobras delictivas relatadas se retrotraen al mes de septiembre de 2020 y se extienden de forma habitual hasta la actualidad. El órgano acusador sostuvo que durante ese período y bajo el alias de "Juan García", Benavídez se dedicó al cambio de billetes de moneda extranjera; como agente financiera no autorizado y como intermediario en la adquisición de criptomonedas.

Por otra parte, refiere a dos hechos puntuales, uno de ellos llamativamente violento, que pone de relieve el riesgo que podría significar para la sociedad su pronta liberación. Se trata de una entradera a mano armada ocurrida el 7 de julio en un estudio jurídico de calle 25 de Mayo al 3300 (el mismo que fue allanado la semana pasada). La crónica periodística -se cita al medio LT10- hablaba de dos disparos de arma de de fuego y el robo de lo que fue descripto como "un fajote de dólares", en un hecho del cual no se radicó denuncia policial.

A propósito de dicho episodio criminal, un informe de Gendarmería Nacional resalta que el local asaltado "tiene un ligamen y vinculación concreta con Benavídez" y otra persona de su entorno con la que tendría negocios en común. 

Un docente de 42 años sobre el que pesa una reciente condena por el abuso sexual de una menor de edad, fue visto la semana pasada, al frente de un curso de quinto grado, en una escuela pública de Villa Ana, un pueblo del departamento General Obligado, ubicado 439 km al norte de la capital provincial.

Las denunciantes son la madre y la tía de la víctima (hoy de 17 años), que a su vez son vecinas del establecimiento educativo. Por el caso se abrió una instancia de investigación y será la Justicia la que deberá evaluar si con su accionar, el docente incumplió las reglas de conducta que firmó al momento de la sentencia.

Se trata de Julio Alberto Insaurralde (42), quien el 22 de febrero de 2023 suscribió un acuerdo de juicio abreviado, alcanzado por el fiscal de Reconquista, Juan Sebastián Marichal, el abogado del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Orlando Toniolo; y la abogada Luciana González, en su rol de querellante por la familia de la víctima.

Como resultado del acuerdo, el juez penal Gonzalo Basualdo declaró culpable a Insaurralde en su carácter de autor del delito de “abuso sexual simple de una menor de 13 años de edad”, por lo que le fue impuesta una conde a de 3 años de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta.

Entre las medidas que debía cumplir Insaurralde para seguir gozando de la libertad ambulatoria cuentan las de fijar domicilio (el que no podrá cambiar mientras dure la condena) en la ciudad de Villa Ocampo; además de una medida de distancia de 200 metros de la víctima y su familia, así como abstenerse de mantener contacto por cualquier medio.

Además, tiene una obligación de no consumir estupefacientes, ni de abusar de bebidas alcohólicas; tampoco deberá cometer nuevos delitos, ni portar armas de ningún tipo y someterse a un tratamiento psicológico.

Cabe consignar que la sentencia no lo inhabilita para ejercer profesión o cargo público y que tampoco obliga al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a notificar a las autoridades del Ministerio de Educación de la sanción legal impuesta, a pesar de que su ocupación es la docencia.

El hallazgo de dos cuerpos carbonizados al costado de un auto totalmente consumido por las llamas, en un camino rural del departamento San Jerónimo, sigue siendo un verdadero misterio para los pobladores de la ciudad de Gálvez, donde un testigo ocasional denunció el incendio en sede policial.

Hasta el momento se sabe que pasadas las cuatro de la tarde de este sábado 19 de agosto, un vecino de la zona rural se constituyó en la comisaría galvense para dar aviso a la policía de un incendio unos 3 kilómetros al sur de la Ruta Provincial 80s, camino al frigorífico.

No está claro si el denunciante pudo ver de cerca la tremenda escena que luego plasmaron en un acta los primeros uniformados que, guiados por una columna de humo, llegaron al lugar.

Operativo coordinado

Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XV y de la Comisaría 2a. De Gálvez comunicaron a Jefatura la magnitud del siniestro y rápidamente se montó un operativo coordinado por distintas secciones de la Regional, con conocimiento del fiscal en turno, Francisco Cecchini.

Lo cierto es que al costado del auto se hallaron dos personas carbonizadas. La crónica policial de El Litoral invocaba datos mínimos del hallazgo: que el vehículo sería de la marca Toyota y que había dos cuerpos calcinados, “uno a centímetros del auto, y otro con la cabeza adentro y el resto del cuerpo afuera”.

Todavía resuena la frase final, cuando un interlocutor anónimo confió al periodista corondino Juan Manuel Peratitis que los cadáveres estaban “irreconocibles, dos carbones son….”.

Total hermetismo

En medio de un profundo hermetismo policial y judicial, el fiscal Cecchini se limitó a confirmar que “se investiga como un homicidio”, en este caso doble, no obstante lo cual “no se descartan otras hipótesis” por el momento.

Asimismo, indicó que entre las medidas investigativas dispuestas, se encuentran trabajando en el lugar personal de Bomberos Zapadores y de la Agencia de Investigación Criminal de Coronda, junto con efectivos del Área Criminalística del departamento San Jerónimo.

Por lo que se pudo ver en la zona, la labor se inició en la tarde del sábado dentro de un amplio vallado perimetral y se reanudó este domingo con las primeras luces del día.

Todavía son NN

Consultado acerca de las identidades y el sexo de las personas fallecidas, el fiscal se limitó a decir que se encuentran a la espera del resultado de la autopsia. Asimismo, tampoco trascendieron datos del vehículo siniestrado: “Se está avanzando para identificar a las personas y el auto”, refirió.

En tanto, el Dr. Cecchini señalo que se encuentra al frente de la investigación en carácter de fiscal en turno, pero que una vez finalizadas las primeras medidas, seguirá en manos del fiscal de Coronda, el Dr. Marcelo Nessier.

A propósito de las teorías que se ciernen en torno al caso, la experiencia hace creer que se estaría ante una típica venganza narco, sin embargo, fuentes consultadas ampliaron el espectro de hipótesis, puesto que resulta prematuro ceñirse a una única línea.

Otras fuentes consultadas manifestaron que por el momento no se registran pedidos de paradero o denuncias previas que puedan directamente vincularse al macabro hallazgo.